CÓDIGO PENAL

Modificación de normas relacionadas con el delito de homicidio

Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 27 de junio de 2018

(Sin corregir)

SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).‑ Habiendo número, está abierta la reunión.

Pido disculpas por estos minutos de retraso. También agradezco la contemplación que se tuvo, ya que solicité que la reunión comenzara a la hora 10 y 30.

  En primer lugar, informo que el día 5 de julio, a la hora 9, hay un desayuno de trabajo en la antesala de la Cámara, con motivo de escuchar una presentación del Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente. Se solicita que los legisladores que asistamos confirmemos nuestra participación antes del 29 de junio.

  Además, la Mesa tiene pendiente la coordinación de la visita de la Fiscalía General de la Nación, como propuso el señor diputado Pasquet. Preferí esperar a la reunión de hoy porque me parece bueno consultar con los señores diputados sobre las preferencias en cuanto a las fechas y horas, teniendo en cuenta a los colegas del interior. Como estamos a fin de mes y no hay sesiones ordinarias, temí llamar al fiscal de Corte y que me propusiera venir esta semana, que quizá no sea la más indicada. Probablemente, me pida sugerencias en cuanto a los días y horas. No sé qué les parece mejor.

  (Diálogos)

——Lo llamaré hoy mismo y le diré que la reunión puede ser el próximo martes a la hora 10 o a la hora 14.

  Asimismo, informo que hay proyectos que pasarán al archivo.

  Por otra parte, los asuntos entrados tienen que ver con el día del trabajador y de la trabajadora del comercio y los servicios y con un planteamiento de una edila del departamento de Maldonado sobre descentralización y participación ciudadana.

  Corresponde definir el orden de los asuntos que comenzaremos a analizar a partir de hoy. Ya se aprobó el proyecto de publicidad oficial, cuyo informe ha sido presentado a la Comisión y será elevado al plenario. Por lo tanto, tenemos que decidir por dónde seguimos.

  Hemos recibido planteamientos en distintos sentidos. Algunos están vinculados con el proyecto relativo a contratos de seguros y, otros, con el de la Ley Orgánica de la Unidad Alimentaria de Montevideo. También trasmitimos el interés de algunos legisladores que integran la Comisión en cuanto a tratar la modificación del Código Penal relativa al delito de homicidio. Asimismo, está a consideración el estatuto de los funcionarios no fiscales.

  Tanto el proyecto sobre Unidad Alimentaria como el relativo a contratos de seguros, ameritan algunas convocatorias para explicar el alcance. En el caso de los contratos de seguros, tendríamos que recibir al Ministerio de Economía y Finanzas y, tal vez, a los aseguradores privados. En el otro caso, hay modificaciones bastante sustantivas a la ley de creación de la Unidad Alimentaria. Quizás habría que invitar al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

  ¿Qué orden sugieren realizar los señores diputados?

SEÑOR UMPIÉRREZ (Javier).‑ En alguna oportunidad, planteamos invitar a las delegaciones después del 18 de cada mes para hablar sobre los proyectos. Si mantenemos eso, debemos agendar a los organismos correspondientes. Quizás en las próximas sesiones en que la Cámara está en funcionamiento podamos votar los proyectos que no ameritan convocar delegaciones. No sé en cuáles tenemos acuerdo. Podemos trabajar con esa mecánica porque, de lo contrario, en las últimas sesiones del mes no votamos proyectos ni recibimos delegaciones.

SEÑOR RADÍO (Daniel).‑ El tema que figura en cuarto término del orden del día es una cuestión política. Hay que decidir si lo votamos o no. Creo que la designación del Centro Auxiliar de ASSE con el nombre de Bari González Modernell no exige mucho análisis.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Además, es un tema que estaba pendiente.

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).‑ En el mismo sentido de lo que expresaba el diputado Umpiérrez, habíamos acordado comenzar a recibir las opiniones de las Cátedras de Derecho de Familia sobre el asunto que figura en noveno término del orden del día: "División equitativa del tiempo de contacto de menores con sus padres". No sé si se pudo acordar esa visita.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Le agradezco que haya traído el tema a colación, porque hay noticias con relación a eso. Me acaba de informar la Secretaría que el 25 de julio van a comparecer las Cátedras de Derecho de Familia de la Universidad de la República y de la Universidad Católica, y la Universidad de Montevideo va a informar por escrito porque no puede concurrir a la Comisión.

  En cuanto al proyecto que figura en décimo término del orden del día, relativo al Código Penal Militar, está a la espera de un informe del Ministerio de Defensa Nacional, tal como lo acordamos en la sesión anterior.

  Como señala muy bien el diputado Radío, estaríamos en condiciones de tomar una decisión con respecto a los proyectos que figuran en tercer y cuarto término. Uno, es el proyecto del diputado Radío referido a los contenidos web ‑que estuvimos a punto de votar en alguna sesión anterior‑ y, otro, es la designación del Centro Auxiliar de ASSE de Santa Lucía, Canelones, con el nombre de Bari González, y la bancada de gobierno había pedido tiempo para tomar una decisión. En los demás, me afilio a lo que resuelva la Comisión. Creo que lo más eficiente sería definir un orden y avanzar en función de ese orden. Si vamos a comenzar con el proyecto relativo a la unidad alimentaria, pienso que deberíamos convocar a quienes tendríamos que convocar y, después, resolver; o podríamos analizar el que tiene que ver con los contratos de seguros. Soy partidario de ir uno a uno en lugar de ir tratando varios proyectos simultáneamente porque, por adelantar, tal vez terminamos entorpeciendo el avance del trabajo de la Comisión. Es una opinión personal; no sé qué les parece, pero estoy de acuerdo con lo que se resuelva.

SEÑOR PASQUET (Ope).‑ Coincido con el criterio que expone el señor presidente en el sentido de ir concentrándonos en determinados proyectos y no pretender abarcarlos todos de manera más o menos simultánea. En ese orden de ideas, creo que tendríamos que concentrar la atención en el proyecto relativo a los contratos de seguros, porque nos coloca en una disyuntiva. Si queremos hacer un estudio pormenorizado, artículo por artículo, considerando la posibilidad de modificar algunos, implícitamente estaremos decidiendo que esto pase a la próxima legislatura porque, en función del ritmo de trabajo y de la agenda que tenemos ‑ya que próximamente van a venir los proyectos del Senado sobre modificaciones al nuevo Código del Proceso Penal, etcétera‑, si vamos a ir artículo por artículo, no lo terminamos más. Creo que tenemos que hacer una apreciación general, utilizar los materiales del Senado, que ha recibido visitas de las cátedras, etcétera, y decidir si queremos aprobarlo a tapas cerradas o no. Esa es mi opinión personal sobre el tema. No quisiera que a este proyecto, que ha sido muy trabajado en su ámbito, le pasara lo que le está pasando al proyecto de ley sobre Derecho Internacional Privado, que trabajamos mucho, que era un proyecto muy importante, y que tenía un respaldo de la Cátedra de Derecho Internacional Privado, con los iusprivatistas más importantes del país, sin exclusión alguna. Resulta que se trancó en el Senado, duerme en un cajón, y todo indica que allí va a morir, porque algunos senadores, no conocidos precisamente por su versación en materia de Derecho Internacional Privado pero que, en ejercicio de sus atribuciones como legisladores, han cuestionado alguna disposición u otra, y eso duerme allí el sueño de los justos.

  Que no pase lo mismo con el proyecto sobre contratos de seguros porque, si no, las piezas legislativas más importantes van quedando por el camino. Son las cosas que después de toda la discusión política, de la hojarasca, podrían quedar, y van quedando por el camino. Entonces, no hagamos lo mismo, y démosle a este proyecto sobre contratos de seguros el tratamiento diligente que merece.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Muy bien. Personalmente comparto el criterio. No sé si les parece bien empezar por allí. Yo sugerí dos convocatorias, pero puede haber otras. Inclusive, sería bueno que la Secretaría nos dijera a quiénes recibió la Comisión de Constitución y Legislación del Senado para ver si hay algún invitado que es de interés de los diputados también convocar.

SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).‑ En el proyecto relativo a la unidad alimentaria, creo que el primer convocado debería ser la Intendencia de Montevideo, más allá de que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tenga que ver con el tema, porque es un proyecto que está hace años y lo que hace es reformular algunos aspectos. Pienso que el intendente o quien él designe tendría que explicarnos cuáles son los cambios y por qué y, luego, si hay necesidad de convocar a alguien más, se convoca. No estamos cerrados a convocar más gente, pero creo que deberíamos comenzar por la Intendencia de Montevideo.

  Con respecto al proyecto relativo a los contratos de seguros que plantea el señor diputado Pasquet, es tal como él dice. En el Senado tenemos el más amplio abanico de voces. Sé que al final del tratamiento hubo voces discordes con algunos puntos de proyecto y no tengo ningún inconveniente en que vengan a esta Cámara y planteen los reparos que tengan que plantear, en el entendido de dar a todos la posibilidad de expresarse.

  También sé que la magnitud y la dificultad de este proyecto llevan a que el análisis sea complejo. Lo que más me preocupa es el tema de los reaseguros, que es cuando nosotros, como país, tenemos que asegurar cosas que no están dentro de la capacidad del Banco de Seguros del Estado, que es la entidad más fuerte, y tenemos que salir a asegurar afuera, porque el marco normativo que regula esa relación comercial no es esta ley. Tenemos una ley de orden público para los seguros a nivel nacional, y vamos a entrar a nivel internacional en un escenario de incertidumbre, que es lo que hoy se maneja en el mercado. Entonces, deberíamos tener presente que estamos haciendo un corsé para el país pero que, a nivel internacional, seguimos jugando según los vaivenes de las reglas de mercado.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Me parece que deberíamos ir definiendo, en primer lugar, la metodología. Aquí habíamos sugerido una, que fue ratificada y perfeccionado el planteamiento por parte del diputado Pasquet, de ir tema por tema. No sé si estamos todos de acuerdo en eso.

  (Apoyado)

——Ya han surgido algunas posibles convocatorias para cada uno de los temas que hemos venido conversando: el proyecto de ley sobre unidad alimentaria y el de contratos de seguros. Lo que tendríamos que terminar de definir es el orden de los asuntos. Vuelvo sobre el principio. Creo que hay dos proyectos de ley que podríamos ir despejando, resolver a favor o en contra. Me refiero a la iniciativa del diputado Radío, que quiero recordar que estuvo a punto de ser aprobado y que no hay ninguna diligencia pendiente en ese sentido.

  Después, tenemos otra, que no tiene que ver con ninguna reglamentación o solución legislativa pero sí con una decisión política importante, que es la designación de una institución de salud en Santa Lucía, presentada por el diputado Iturralde.

  Estas dos iniciativas están para resolver rápidamente. A partir de allí me parece bueno que se defina por dónde empezar, es decir, si por la iniciativa de contratos de seguros o por la unidad alimentaria. Quiero insistir con el proyecto de ley referido a la reforma del Código Penal que vino del Senado. Lo digo en términos democráticos, a fin de conocer si ahora hay voluntad política de aprobarlo ahora o en qué momento. Creo que es un proyecto de ley que, más allá de su entidad, tampoco demandaría demasiado tiempo de análisis ya que consta de dos artículos, y todos sabemos de lo que hablamos. No sé si al respecto la bancada de gobierno tiene alguna decisión tomada. Se podría tratar antes o después; está en el primer lugar del orden del día.

SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).‑ Comencemos por ese.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ En discusión.

SEÑOR PASQUET (Ope).‑ El proyecto de ley que aprobó el Senado modifica de manera significativa la iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo. Creo que es mejor el proyecto de ley que aprobó el Senado.

  En lo que hace al artículo 1° del proyecto de ley, que modifica el artículo 310 del Código Penal y eleva el mínimo del delito de homicidio intencional a dos años de penitenciaría, es obvio que esta disposición hoy no tiene la significación ni la relevancia que tenía hace unos años cuando regía el viejo Código del Proceso Penal. En aquel momento, dividíamos los delitos en excarcelables e inexcarcelables; el límite estaba en los dos años de penitenciaría. Eso ha desaparecido. En ese sentido, hoy sabemos que la prisión preventiva no es preceptiva en ningún caso y se mantiene ese criterio general establecido por el nuevo Código del Proceso Penal. Por lo tanto, dejó de haber delitos excarcelables o inexcarcelables y el aumento del mínimo punitivo previsto para el homicidio intencional desde veinte meses a dos años es simplemente es un aumento de cuatro meses en el mínimo, o sea, no tiene ninguna entidad ni relevancia. Por tanto, no me opongo a aprobar este artículo.

  En cuanto al artículo 2°, creo que merece otras consideraciones. Uno de los informes está firmado por el extinto doctor Langón Cuñarro. El otro no está firmado, pero por el estilo en que está redactado supongo que es del doctor Germán Aller, pero es simplemente una conjetura, es decir, no digo que efectivamente sea así. Aquí se pone en duda la necesidad de introducir esta disposición, porque dice esa persona ‑que supongo es el doctor Aller‑ que matar a una persona por su condición de funcionario policial, juez o fiscal, sin más, ya configuraría un homicidio cometido con brutal ferocidad. Esta es la hipótesis del numeral primero del artículo 312, que ya está contemplado en el Código, porque lo que esto no sería necesario.

  Tengo mis dudas de que sea efectivamente así, porque si bien puede haber un ámbito de superposición o coincidencia entre esa hipótesis de homicidio con brutal ferocidad en el sentido de móvil banal, injustificado, abyecto, etcétera, y esta disposición que se introduciría en el numeral 9°, creo que podría haber hipótesis que caerían dentro de lo que se propone como numeral 9° del artículo 312 que no podrían tener cabida en el numeral 1° del mismo artículo porque no sería en el caso de un móvil banal o trivial por tratarse de un homicidio con brutal ferocidad. Supongamos un homicidio que se cometa contra un funcionario policial, juez o fiscal como venganza por actos realizados por esos funcionarios en ejercicio de sus funciones; una venganza largamente meditada, un propósito de venganza mantenida a través de los años, objeto de una planificación, etcétera, que lo excluye totalmente del ámbito de la insignificancia del móvil. Sería algo muy diferente. Además, podría ser un móvil de venganza alentado o ejecutado por organizaciones criminales con la finalidad de amedrentar a otros funcionarios que en el futuro tuvieran que tomar decisiones como lo hicieron esos funcionarios, jueces o fiscales que se los mata por ese motivo. Todas estas hipótesis no entran en el numeral 1° del artículo 312, y ello justifica la introducción de esta disposición en el numeral 9°. Por eso me inclino a votar a favor.

  Por otra parte, advierto que con la redacción actual ‑una persona que revista la calidad de funcionario policial, juez o fiscal‑ no queda comprendida en la disposición la situación de las personas que hayan cesado en el desempeño de sus funciones porque se jubilaron o lo que fuere, que las matan por los actos cometidos en el ejercicio de su función. Eso estaría dentro de la razón para sancionar esa disposición. Creo que podría haber alguna modificación en la redacción que contemple esa posibilidad. El funcionario que cesa, deja de tener la protección policial que tienen los funcionarios que desempeñan esta tarea, queda expuesto y, sin embargo, lo matan porque cuando era policía, juez o fiscal tomó tal o cual medida o determinación. Creo que allí, además, estaríamos fuera del caso estricto por el cual se mata por la calidad de funcionario de tal o cual escalafón, ya no por haber sido funcionario sino por haber realizado tales o cuales actos en el ejercicio de las funciones. Son hipótesis distintas, entonces creo que también eso, quizás, merecería un ajuste en la redacción.

  En general, estoy a favor del artículo 2º del proyecto y me parece que si se aprueba el artículo 2º, el 3º cae por su propio peso, es decir, hay que sancionarlo igual porque lo que contempla el artículo 310 bis es una circunstancia agravante que ahora vendría a pasar a ser el contenido del numeral 9) del artículo 312. O sea que también estoy a favor del artículo 3º.

  Por todas estas razones, habré de votar afirmativamente el proyecto, pero tendríamos que considerar modificaciones a la redacción del artículo 2º.

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).‑ Para dejar constancia de que estamos en condiciones de votar afirmativamente el proyecto tal cual vino del Senado. Como lo hemos expresado en sesiones anteriores, creemos que es un tema de gran sensibilidad, que deberíamos abordar de inmediato.

SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).‑ Voy a hablar a título personal. Nosotros vamos a acompañar el proyecto tal cual está. No compartimos el artículo 2º. En el mismo ejercicio intelectual que plantea el señor diputado Ope Pasquet, de organizaciones que intenten amedrentar a funcionarios, podrían incorporarse también los hijos y las parejas de los funcionarios, jueces o fiscales, que ejerzan la tarea y que, como forma de amedrentarlos, sean secuestrados o se dé muerte a sus hijos y parejas.

  Eso pasa hoy en el mundo real. En México vemos todos los días que hijos de jueces son secuestrados y muchas veces se les da muerte como forma de amedrentar a esos funcionarios.

  Me parece que una vez más estamos utilizando el Código Penal para dar mensajes. A mi entender, es una forma errónea de legislar. El bien jurídico protegido en el artículo que estamos estudiando es la vida; yo considero que la vida tiene el mismo valor, sea la de un policía, la de un juez, la de un fiscal, la de un maestro, la de un almacenero o la de un médico que debe prestar servicios ‑obligado muchas veces‑ en zonas donde hay dificultades de seguridad. Cuando empezamos a valorar o a dar determinado valor a la vida de un funcionario por su función, entramos en un escenario donde seguramente vamos a estar cometiendo injusticia, que inclusive puede ser catalogado en algún rango de absurdo.

  De todas maneras, estamos votando por decisión política; en tal sentido, con estas reservas que hemos planteado y que ahondaremos en oportunidad de la discusión en sala, es que vamos a acompañar el proyecto.

SEÑOR RADÍO (Daniel).‑ No me son indiferentes las expresiones que hace el señor diputado preopinante, pero venimos de aprobar el proyecto de femicidio en el que, de alguna manera, pasa una situación similar.

  Confieso que estoy a favor del proyecto como viene. Me parecen acertadas las observaciones que realiza el señor diputado Pasquet: que tal vez haya alguna fórmula que revista o haya revestido la calidad de funcionario policial, fiscal o juez, siempre que fuera cometido a raíz de…, y me parece que por ahí podemos subsanar la situación.

  En principio, adelanto que voy a votar el proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Simplemente, quiero dejar constancia de que estoy de acuerdo con la propuesta, de que la voy a votar y de que creo es una buena solución.

  Entiendo que está en la lógica de las circunstancias agravantes que estipula y tipifica la legislación penal vigente, que implican ‑si se quiere‑ una forma de discriminación, pero que se realizan por una razón de interés general y que, a mi juicio, no va en desmedro de la protección legal y de la protección penal del derecho a la vida, garantizado por la Constitución y, al mismo tiempo ‑desde mi punto de vista‑, protegido por las disposiciones del Libro y del Título correspondiente del Código Penal que es, precisamente, el que tipifica en el artículo 310 el homicidio simple con carácter general y que los artículos subsiguientes agravan en términos de circunstancias agravantes especiales y muy especiales.

  Creo que aquí hay una definición de política criminal y que es una decisión política ‑en el buen sentido del término‑ que se adopta en función de la realidad que enfrentamos los uruguayos todos los días. La actualidad registra o reviste una circunstancia muy preocupante y alarmante porque, lamentablemente, los homicidios que se han cometido y que se siguen cometiendo sobre funcionarios policiales se suceden sin solución de continuidad. En lo que va del año ya han muerto cuatro policías en el ejercicio de su función y desde ese punto de vista creo que está bien que los Poderes públicos, que el Poder Ejecutivo, con su iniciativa ‑que no es privativa en este caso, pero que la ha ejercido‑, y el Parlamento, a partir de la correspondiente aprobación legislativa, den este paso que aquí se está preconizando.

  Además, quiero recordar que esto tiene un antecedente que no tiene por qué ser ‑y no lo es‑ determinante para la decisión legislativa pero que, sin embargo, hace a la historia fidedigna de esta norma. Este fue uno de los cuatro acuerdos que se realizaron o se llevaron adelante entre todos los partidos políticos, a excepción de la Unidad Popular, en el ámbito de la Presidencia de la República, a partir de un proyecto promovido por legisladores de la oposición referido exclusivamente a los funcionarios policiales. Fue a partir de una iniciativa de los representantes del Poder Ejecutivo ‑avalada por los representantes del Partido de Gobierno que intervinieron en aquella negociación y que compartimos‑ que se incorporó a la figura del juez y a la figura del fiscal, o de los jueces y los fiscales, en esta misma circunstancia agravante que aquí se está incorporando a la nómina preestablecida por el Código Penal.

  Por todas estas razones, quiero dejar constancia de mi voto favorable y de la satisfacción de que, por lo que han expresado los señores legisladores, estemos en condiciones de pasar a votar este proyecto de ley.

  Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

  (Se vota)

——Once por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

  En discusión particular.

  En discusión el artículo 1º.

  Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

  (Se vota)

——Once por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

  En discusión el artículo 2º.

SEÑOR PASQUET (Ope).‑ Voy a proponer alguna modificación, de acuerdo con los criterios que fueron mencionados anteriormente. Tomo la sugerencia del señor diputado Radío y propongo un adicional al final de la oración, de manera que la redacción quedaría así: "9º) Contra una persona que revista o haya revestido la calidad de funcionario policial, juez o fiscal, siempre que el delito fuera cometido a raíz o en razón de su calidad de tal, o de actos cumplidos en ejercicio de sus funciones". Con esta redacción o con la que adopte la Comisión es importante sancionar esa disposición porque, además del efecto obvio sobre la pena, tiene un efecto procesal, que es sustraer a esta hipótesis del ámbito del proceso abreviado que puede funcionar siempre que el mínimo de la pena prevista no supere los seis años de penitenciaría. Si no incluimos el homicidio de estos funcionarios en el artículo 312, que establece un mínimo de quince años, estas hipótesis podrían quedar en el ámbito del artículo 310 y aun en el del 310 bis, mientras no se derogue. Esto lo dejaría con un mínimo inferior a los seis años, dejando a estas hipótesis pasibles de inclusión en el ámbito del proceso abreviado y de entrar en esas negociaciones entre fiscales y defensores que provocan rechazo de la opinión pública, cuando se traducen en penas muy benignas, como las que estamos viendo en estos días.

  Me parece que de esta manera, entre otras cosas, evitamos que eso suceda y garantizamos para estas hipótesis de máxima gravedad el tratamiento en el ámbito del juicio oral, con todas sus garantías y en la plenitud de sus efectos, que es lo que corresponde.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Tenemos que considerar la propuesta que viene del Senado y la propuesta sustitutiva que acaba de ser presentada por el señor diputado Ope Pasquet.

  Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º tal como vino del Senado.

  (Se vota)

——Siete en once: AFIRMATIVA.

  Solicito que se rectifique la votación.

  Se va a rectificar la votación.

  (Se vota)

——Once por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

  Quiero dejar constancia de que acompañé la propuesta del señor diputado Ope Pasquet porque resolvía de mejor manera el asunto. En la medida en que no resultó aprobada, solicité la rectificación de la votación para que el artículo quedara aprobado tal como vino del Senado.

  En discusión el artículo 3º.

  Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

  (Se vota)

——Once por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

SEÑOR DE LOS SANTOS (Darcy).‑ Quiero dejar constancia de que he votado el articulado tal como vino del Senado ‑producto de los acuerdos políticos logrados tanto en ámbitos interpartidarios como en el propio Parlamento‑, pero con una visión crítica, en función, entre otras cosas, de algunos aspectos discriminatorios que entiendo no ayudan.

  Haciendo analogía con algunos temas tratados en el último fin de semana, veo que estamos encaminados hacia las listas positivas, en las que vamos agregando a aquellos ciudadanos cuya afectación, por ser víctimas de un crimen, genera un marco diferente al de otros. Entiendo que no es el camino a tomar; de hecho, quizás nos traiga el reclamo de otros colectivos para estar presentes en esa consideración.

  Reitero que acompañé el proyecto en función no de una disciplina partidaria pero sí de legitimar los ámbitos colectivos de construcción que como sociedad nos hemos dado, dejando mis consideraciones acerca de esa visión no tan positiva, sino más bien crítica, al proyecto.

SEÑOR PASQUET (Ope).‑ A título de fundamento de voto quiero expresar que entiendo que esta disposición que hemos votado tal como vino del Senado, para respetar la sacralidad de la que sabemos está investida la Cámara alta, no se aparta de criterios admitidos desde siempre en el Código Penal, en el sentido de proteger no a determinadas personas por su calidad de tales, como si hubiera vidas que valen más que otras vidas ‑eso solo se hizo en el caso del femicidio sobre el que, como se sabe, hablé y voté en contra‑, sino de proteger funciones. Ocurre que los delitos muchas veces son pluriofensivos: afectan a un bien jurídico y a otros bienes jurídicos. Cuando se mata a una persona, no solamente se está afectando el valor vida, obviamente, sino que también se puede estar afectando otros bienes jurídicos. Matar al presidente de la República, por ejemplo, produce en la sociedad una conmoción que justifica el tratamiento aparte de esa figura. Si se mata a un jefe de Estado extranjero que viene de visita al país, no solamente se siega una vida que vale igual que cualquier otra, sino que además se puede afectar muy seriamente las relaciones internacionales de la República, razón por la cual eso tiene un tratamiento distinto. No es discriminar en función de la calidad personal de un individuo o de otro, sino de atender a los distintos efectos, a las distintas consecuencias dañinas que puede generar un mismo hecho en distintos planos.

  Esta disposición que acabamos de votar va en ese sentido y esto no es por ninguna especulación ni conjetura, sino porque sabemos que hay una envestida de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, según informan los servicios de seguridad, que se ha traducido nada menos que en un aumento alarmante de la cantidad de homicidios que se han producido. Sabemos, por lo que pasa en otros países, que cuando eso no se corta a tiempo ‑en Uruguay no se está cortando‑ se traduce en el ataque contra los policías, los jueces y los fiscales.

  ¿Que puede haber otras formas de ataque que vayan hasta los familiares de esos funcionarios? Sí, claro; cuando estemos en esa situación habrá que redactar textos jurídicos que contemplen esas posibilidades. Nada de eso ha pasado hasta ahora. El doctor Miguel Langón Cuñarro dijo que no sabía que hubiese alguna muerte de juez o fiscal en la lucha contra el crimen. Pensamos que puede pasar. No me parece mal; al contrario, me parece bien que tomemos las previsiones del caso, sabiendo que no son las únicas, y que quizás la realidad nos obligue a ir más allá. Hoy esto es lo que tenemos planteado y lo que podemos hacer y, en ese sentido, hemos votado.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Corresponde designar al miembro informante.

SEÑOR DE LOS SANTOS (Darcy).‑ Propongo al señor diputado Pablo González.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Se va a votar.

  (Se vota)

——Diez en once: AFIRMATIVA. Unanimidad.

  Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Señor senador Leonardo De León. (Acusación ante la Cámara de Senadores)".

  El señor senador ha sido notificado, pero aún no hemos tenido noticia alguna.

  Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Contenidos web. (Se establece que los Poderes del Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatal deberán asegurar su accesibilidad universal)".

  En discusión.

SEÑOR RADÍO (Daniel).‑ Quiero dejar constancia de que si bien la Agesic ha propuesto muchas modificaciones al articulado del proyecto, conservan el espíritu que propuse en el proyecto original, que es la accesibilidad a los contenidos web.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Eso hace que, al menos nosotros, analicemos las propuestas de la Agesic con otra disponibilidad y confianza.

  Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

  (Se vota)

——Diez por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

  (Diálogos)

——Se pospone la consideración en particular del proyecto hasta la próxima sesión.

  Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Bari González Modernell. (Designación al nuevo Centro Auxiliar de ASSE de la ciudad de Santa Lucía, departamento de Canelones)".

  En discusión.

  (Se suspende la toma de la versión taquigráfica)

——Se posterga su consideración.

  Los asuntos que siguen en el orden del día son más complejos y su tratamiento requeriría alguna convocatoria. Tenemos que decidir por dónde seguimos: ¿por la modificación de la Ley Orgánica de la Unidad Alimentaria de Montevideo o por el proyecto sobre contrato de seguros?

  (Diálogos)

——Para la próxima sesión convocaremos a la Intendencia de Montevideo y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para considerar el proyecto de modificación de la Ley Orgánica de la Unidad Alimentaria de Montevideo.

  Asimismo, nos proponemos terminar la consideración de este asunto con la mayor prontitud y abocarnos al proyecto sobre contratos de seguros.

SEÑOR RADÍO (Daniel).‑ El proyecto de ley que figura en el octavo lugar del orden del día, que refiere a pensión alimenticia, establece que los deudores de alimentos deberán prestar declaración jurada obligatoria de bienes e ingresos.

  La ley Nº 19.480 creó el registro de deudores, pero no estableció ninguna penalización en caso de que el deudor de alimentos mienta en sus ingresos que, desgraciadamente, es una práctica bastante habitual. Es común que la gente que tiene que pagar la pensión alimenticia de sus hijos, pero no vive con ellos, miente con respecto a sus ingresos. Cuando alguien, por alguna circunstancia del azar, descubre que está mintiendo, se corrige, y a partir de ese momento empieza a pagar lo que le corresponde.

  Lo que nosotros establecemos en el proyecto es, en primer lugar, que el prestador de la pensión deba presentar una declaración jurada de bienes e ingresos. Por tanto, si realiza una declaración jurada falsa, estará violentando la ley.

  Asimismo, el proyecto establece que en la eventualidad de que la declaración jurada presentada sea falsa, se deba realizar una reliquidación retroactiva de lo que no se haya pagado y que los costos del juicio sean de cargo del deudor.

  Me parece que este proyecto tiende a proteger a las madres ‑que, en general, son las que se hacen cargo de los hijos‑, pero también apunta a que el centro de gravedad esté puesto en la defensa de los derechos del niño que, en definitiva, es el beneficiario de la pensión.

SEÑOR PASQUET (Ope).‑ ¡Apoyado!

SEÑOR RADÍO (Daniel).‑ El proyecto tiene un solo artículo, y es complementario a la Ley Nº 19.480, que se aprobó en 2017, y que creó el registro de deudores. En realidad, ofrece una contribución adicional, ya que además de contar con un registro se deberá presentar una declaración jurada.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Entonces, este proyecto también será incluido en el orden del día de la próxima sesión en un lugar preferencial, a fin de que pueda ser aprobado.

SEÑOR PASQUET (Ope).‑ Creo que no debemos sacar del foco el proyecto de ley relativo al Estatuto de los Funcionarios no Fiscales de la Fiscalía General de la Nación.

  Este proyecto es importante, porque recuerdo que cuando vino la representación de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay señaló que uno de los problemas que tiene ‑entre otros‑ para desempeñar su tarea es que no está determinado con claridad el régimen de los funcionarios no fiscales. Esto determina que cuando los fiscales ‑abrumados por la carga de trabajo a la que tienen que hacer frente hoy‑ tienen que desempeñar funciones durante los fines de semana, no tienen funcionarios administrativos que los acompañen porque ese aspecto no está debidamente regulado. Entonces, los funcionarios fiscales trabajan en solitario. Por tanto, creo que si estudiamos el Estatuto de los Funcionarios no Fiscales de la Fiscalía General de la Nación podremos contribuir a solucionar esa dificultad que tienen los magistrados fiscales en la actualidad.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Entiendo que podría ser conveniente tener una conversación con el fiscal de Corte para que nos explique algunos de los intersticios del proyecto, a fin de avanzar sobre su consideración.

  De pronto, podemos aprovechar la visita que haremos próximamente para conversar del tema y, eventualmente, cuando llegue el momento, tratarlo formalmente en la Comisión.

  (Interrupción del señor representante Darcy de los Santos)

——Tal vez no sea muy ortodoxo ir a la Fiscalía a hablar en profundidad de un proyecto de ley, pero ya que vamos, podemos aprovechar para conversar del tema y nos ahorramos que el fiscal de Corte tenga que volver a la Comisión. Si les parece bien, podemos sugerirle eso al fiscal.

  (Se suspende la toma de la versión taquigráfica)

——Capaz que es un exceso de sensibilidad de mi parte, pero me gusta que me expliquen los proyectos, porque por algo se propone lo que se propone. Además, este refiere a realidades que uno no conoce desde el punto de vista práctico, y creo que sería interesante contar con alguna explicación o asesoramiento de carácter general; no digo que sea demasiado preciso pero, por lo menos, deberíamos contar con una presentación.

  Por supuesto, no quiero entorpecer las cosas, ya que la visita estaba planteada para hablar de otro tema, pero de pronto, podemos generar un espacio para analizar esto también. Si después vemos que es necesario profundizar, lo haremos; de lo contrario, lo votaremos en la Comisión.

  Se levanta la reunión.

Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.