PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

INMIGRANTES – SITUACIÓN E INGRESO

SITUACIÓN TARJETAS MIDES

Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 14 de junio de 2018

(Sin corregir)

SEÑOR PRESIDENTE (Gonzalo Civila).‑ Habiendo número, está abierta la reunión.

Damos la bienvenida a la delegación del Ministerio de Desarrollo Social integrada por la señora ministra, Marina Arismendi, la señora subsecretaria, Ana Olivera, el señor director nacional de Promoción Sociocultural, Federico Graña, la señora directora nacional de Protección Integral en Situaciones de Vulneración, Eleonora Bianchi, el señor director del Instituto Nacional de Alimentación, Gerardo Lorbeer y la señora directora de la Unidad Asesora en Comunicación, Malena García.

  Como saben los integrantes de la delegación, esta convocatoria surgió a partir de una solicitud del señor diputado Pablo Abdala, representante que integra esta Comisión, para abordar la problemática relativa a las personas en situación de calle. En una sesión posterior, los señores representantes Ruben Bacigalupe y Gerardo Amarilla solicitaron que se incorporara a la convocatoria el tema referido al ingreso de inmigrantes ‑especifican en una nota que enviaron: dominicanos, cubanos, venezolanos, etcétera‑, a la situación de la tarjeta Mides y alguna cosa más que figura en la nota que fue remitida a la señora ministra.

  Así que los puntos por los que estamos recibiendo en el día de hoy a la delegación son los que refieren a las personas en situación de calle y al ingreso de inmigrantes.

SEÑOR ABDALA (Pablo).‑ Si la señora ministra y los miembros de la Comisión están de acuerdo, sugeriría como metodología de trabajo abordar los temas en el orden en que lo ha indicado el señor presidente, que es el que fue planteado en el ámbito de la Comisión.

  En ese sentido, para aprovechar el tiempo, personalmente haría un planteo referido al tema de las personas en situación de calle y luego podríamos pasar a los demás asuntos.

  (Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Entonces, dividiríamos la sesión en dos bloques, abordando primero el tema referido a personas en situación de calle y luego el relativo a los inmigrantes.

SEÑOR ABDALA (Pablo).‑ Procuraré ser lo más concreto y breve posible ‑lo digo con absoluta honestidad intelectual‑ para después escuchar a la ministra.

  Las personas en situación de calle nos preocupan a todos: al gobierno, a la oposición, a toda la sociedad; al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Desarrollo Social, a los gobiernos departamentales y al Parlamento. Notoriamente este asunto se ha ido problematizando, complicando, con el paso del tiempo, y ha ido creciendo el número de personas que viven en situación de calle, más allá de la fidelidad mayor o menor que puedan tener las cifras que se conocen a este respecto. Yo tengo la que se ha utilizado públicamente, y la que han manejado las autoridades, que proviene del censo de 2016: 2.651 personas en situación de calle, poco más o menos. Esa sería la cifra de 2016; todos tenemos la impresión de que en los últimos dos años se ha ido incrementando.

  Si ese era el dato de 2016, en ese entonces ya asistíamos por lo menos a una triplicación, o más, de la cifra que se manejó y que se tuvo como referencia en el país cinco años antes, cuando el Parlamento votó la Ley Nº 18.787 ‑la ministra la tendrá muy presente‑, en tiempos de la ministra Vignoli. Esa ley es de 6 de julio de 2011 ‑el Poder Ejecutivo la promulgó el 27 de julio‑, cuando tuvimos un invierno muy crudo, como el que estamos teniendo actualmente, y se produjo la circunstancia desgraciada de que falleciera más de una persona que se encontraba en situación de calle. En ese momento, hasta se especuló que la salida posterior de la ministra Vignoli estaba vinculada, en buena medida, a la falta de prevención del Ministerio de Desarrollo Social de aquel entonces o a la poca capacidad de reacción que se tuvo con relación a este asunto.

  En definitiva, esa fue la respuesta legislativa que se dio en aquel momento; tal vez un poco tardía, pero aconteció.

  Yo creo que ahora estamos en un contexto muy parecido, por lo menos, desde el punto de vista de las condiciones atmosféricas y climáticas que estamos viviendo particularmente en estos días. Quisieron las coincidencias que la comparecencia de la señora ministra se diera en una etapa en que los meteorólogos pronostican frío polar para el día de hoy y para los próximos días. Vamos a decirlo claramente: no sería de extrañar la circunstancia desgraciada ‑que por supuesto nadie quiere y ojalá no acontezca‑ de que pudiera reproducirse ahora esa realidad de 2011, por la mera circunstancia de que, como dice la propia Ley Nº 18.787, quienes viven en la calle ‑no hacía falta que lo dijera la norma: simplemente lo reconoció‑ se encuentran en situación de grave riesgo para su salud y para su propia vida, como es de mero sentido común. Por supuesto que esto es parte del análisis que corresponde que hagamos en el día de hoy.          

  El hecho es que esta es la realidad que tenemos planteada y, frente a ella, a un tema que se ha agravado y a una administración que con relación a este asunto viene actuando desde hace varios períodos de gobierno, no se le ha encontrado una solución, o no se han establecido los mecanismos suficientemente eficaces como para contener esta situación. La situación no se contuvo; es un dato objetivo, no estoy atribuyendo intenciones ni calificando o adjetivando las políticas ni las medidas que se tomaron o se dejaron de tomar. Estoy describiendo un hecho absolutamente objetivo.

  Ante este hecho objetivo, creo que caben dos posibilidades: una, que se haya actuado con gran negligencia por parte de la Administración, es decir, que no se haya actuado cuando se debió, que no se haya hecho nada ‑no digo que eso haya ocurrido, pero es una posibilidad objetiva‑, y la otra, que se haya actuado con conciencia y voluntad de asumir y enfrentar la realidad, pero las medidas que se tomaron por lo menos no resultaron eficaces, porque el problema no solo persiste, sino que se ha incrementado notoriamente. Repito que este problema nos preocupa a todos. Y con esto no queremos generar alarma o dramatismo desde determinado ángulo del sistema político.

  El intendente de Montevideo hace pocas semanas envió una carta al señor presidente de la República expresando su grave preocupación con relación a esto. Inclusive, el intendente Martínez después explicó que dicha carta tenía por finalidad dejar por escrito, con mayor solemnidad, una circunstancia que mucho lo preocupaba, y por esa vía intentaba sensibilizar al presidente de la República. Es una información muy relevante, sobre todo por venir de quien viene. Asimismo, el alcalde Varela, del Municipio B, dijo que estaba muy preocupado por la situación, porque había zonas donde había una o más personas viviendo en la calle.

  Los menciono como ejemplos de gobernantes del Frente Amplio que, con mucha sinceridad y honestidad intelectual, están viendo una realidad que, a mi juicio, rompe los ojos, que todos vemos, y que a todos nos preocupa. En ese sentido, no se trata de andar disimulando lo que, a mi juicio, es indisimulable, y sobre lo que es notorio que debemos actuar.

  Hace un par de semanas hubo algunos anuncios del Mides en el espacio de coordinación ‑no recuerdo el nombre formal‑ en el que participan distintos organismos ‑el Poder Judicial, la Intendencia de Montevideo‑ y la sociedad civil, que todos esperábamos con mucha expectativa. Lo que me quedó claro es que hubo un anuncio vinculado con el aumento de la capacidad de los refugios. Se agregaron nuevos refugios y doscientas nuevas plazas a los ya existentes. Con relación a esto ¿cómo estamos desde el punto de vista de la capacidad de albergar a las personas en situación de calle?

  ¿Por qué pregunto esto? Pediría que se cotejaran los números con relación a lo siguiente. Se dijo que en este momento tenemos algo así como 1.660 sitios para personas en situación de calle. Teníamos 48 centros para 1.445 cupos y ahora se agregaron 2 centros, lo que nos daría 1.660 cupos. Sin embargo, supuestamente en 2016, según la información que yo manejo, que ha tomado estado público ‑no digo que sea así y pido que se me aclare el dato concreto y preciso‑, teníamos más refugios y más cupos para personas en situación de calle. Según anunció el propio Mides, teníamos 1.791 cupos en refugios del Ministerio de Desarrollo Social.

  El número importa, pero relativamente; capaz que importan más los casos concretos y la información que ha venido surgiendo en los últimos días. Por ejemplo, el fin de semana pasado se publicó un caso que aconteció en Pando de una madre con cinco hijos que terminó durmiendo en una celda de una comisaría, según se publicó, y que determinó que la justicia, concretamente el juzgado de Pando, intimara al Ministerio de Desarrollo Social a otorgarle albergue en un plazo perentorio a esta familia que no pudo ser alojada porque en esa ciudad o en las zonas aledañas no había refugio disponible.

  Otro tanto ocurrió ‑tengo aquí un documento de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo‑ con cuatro inmigrantes nigerianos que llegaron al país en octubre y tampoco tuvieron refugio disponible. No importa que sean nigerianos; son habitantes de la República y los derechos están consagrados no solo para los ciudadanos, sino para todos los habitantes de la República. La Institución de Derechos Humaos tuvo que intimar al Ministerio de Desarrollo Social a que otorgara refugio a estos inmigrantes.

  Ayer se conoció un informe, que pongo sobre el tapete para que la ministra nos diga si es así, según el cual hay seis departamentos en los que hay gente viviendo en la calle porque allí el Mides no tiene refugios: Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó, Treinta y Tres y Florida. Simplemente, estoy trasmitiendo una información; no la afirmo ni la desmiento porque no me corresponde. La pongo sobre la mesa para que la ministra nos pueda dar la información correspondiente.

  Por supuesto que el tema no depende solamente de tener capacidad en los refugios, entre otras cosas, porque sabemos que hay personas en situación de calle que van a los refugios, y otras que se niegan a concurrir a ellos. Sabemos también que el problema de las personas en situación de calle es multicausal; no hay una sola causa, no es un problema solamente económico. Hay razones vinculadas a ruptura familiar, a adicciones, a vivienda. No desconozco la complejidad que tiene persuadir a estas personas a que abandonen la situación en la que se encuentran y convencerlas de pernoctar o concurrir a un refugio para proteger su vida y su salud. Pero a eso hay que encontrarle una salida, y quien lo tiene que hacer es el Poder Ejecutivo a través del Mides, porque para eso está. Esto está dentro de sus cometidos; alcanza con leer la ley de creación del Mides de 2005 para advertir que es al Mides al que le corresponde esa tarea, con ayuda de otros organismos, como los gobiernos departamentales. Tanto es así que hay normas vigentes que obligan a que esto sea así.

  Quiero saber cuál es la tesitura respecto a esto del Poder Ejecutivo, en particular del Ministerio de Desarrollo Social. Una de esas normas es la que ya cité: la ley que votamos en 2011, que no obliga al Ministerio a retirar a las personas de la calle, pero sí dice que puede hacerlo cuando, en días como hoy, esas personas corran riesgo de muerte o de grave afectación a su salud. Esta es una ley que votamos por unanimidad, que promovió el Poder Ejecutivo de la época, encabezado por el presidente Mujica, que establece que aun sin el consentimiento de estas personas, pueden ser retiradas de la vía pública a los efectos de protegerlas. En ese momento se dio un debate muy interesante, en el que participé, sobre la libertad y el derecho a la salud. El asunto lo zanjó el Parlamento con la aprobación de esta norma por unanimidad.

  Pero hay otra que promovió el Poder Ejecutivo anterior, el presidente Mujica y el ministro Bonomi, que fue muy enfático en cuanto a la necesidad de aprobarla: la ley de faltas. Aquí se establece claramente una obligación. Se me podrá decir que no es conveniente ‑tal vez alguien puede llegar a sostenerlo‑, pero está establecido. Con relación a ella el Gobierno tiene dos caminos: cumplir con la ley o promover su modificación o derogación. Hasta ahora no ha hecho ni lo uno ni lo otro.

  En esa ley de faltas se tipifica como tal la ocupación indebida de espacios públicos. No estoy de acuerdo con la criminalización de las personas en situación de calle, pero cuando se tipifica la ocupación de espacios públicos hay un inciso que alude expresamente al Ministerio de Desarrollo Social, y establece: " Siempre que se constaten las conductas referidas, la persona será trasladada a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social […]". Eso debería ocurrir, pero no está ocurriendo o, por lo menos, tengo entendido que no está ocurriendo; como veo a la gente durmiendo en la calle todo el tiempo advierto que no está ocurriendo.

  Pediría que se me aclare con relación a esto qué se piensa hacer, si se está de acuerdo o no, si se va a cumplir con la ley, si se va a modificar y cuáles son las medidas que se van a tomar al respecto.

  Yo sé que la ministra estuvo, la semana pasada, hablando de estas cosas en la Comisión de Derechos Humanos. Con relación a este tema, parecería que la ministra manejó esta posibilidad porque, inclusive, dijo que las personas deben ser retiradas por la intendencia y por el Ministerio del Interior.

  No sé quién se debe ocupar. Acá dice que serán trasladadas al Mides; quién las tiene que trasladar, no lo dice, pero alguien tendrá que trasladarlas. Creo que la interpretación lógica y sistemática es que si tienen que ser trasladadas al ministerio y no dice quién debe trasladarlas, es el Poder Ejecutivo el que debe hacerlo. No lo sé; no importa quién las traslade.

  Después, la señora ministra dijo que se necesita la firma de dos psiquiatras. Creo que se refería a la ley del 2011, que en realidad no habla de dos psiquiatras sino del certificado de un médico que acredite la existencia de uno de los riesgos que establece la ley

  En fin; me parece que ahí estamos en una zona gris donde, en tal caso, interpretamos la norma de distintas maneras, hablamos sobre hipótesis eventuales que pueden llegar a acontecer, pero después ninguna acontece y la gente sigue durmiendo en la calle; el invierno ha llegado y estamos como estamos.

  En esa misma instancia, la subsecretaria, profesora Olivera, dijo ‑y esta es otra pregunta‑ que la semana próxima se hará una evaluación ‑esto lo dijo la semana pasada, según algunas afirmaciones que trascendieron y que recogí‑ para saber quiénes son y qué perfiles tienen estas personas, y analizar qué respuestas tienen que dar a esta nueva forma de estar en la calle

  Está bien; por supuesto que hay que analizar perfiles y hay que diagnosticar. El tema es que ‑reitero‑ el tiempo sigue pasando, el problema se sigue agravando y todos advertimos ‑el intendente Martínez advierte, el alcalde Varela advierte, nosotros advertimos, creo que la población advierte‑ que el problema es real, que está allí y que no sabemos muy bien qué se hace para conjurarlo.

  Por ahora nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SEÑORA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL.‑ Muchas gracias por la invitación a la Comisión. Nunca nos cansamos de explicar estos temas, y estamos siempre a disponibilidad de cualquiera de las comisiones de la Cámara de Representantes y de la Cámara de Senadores. De todas maneras, nos gustaría que en lugar de las versiones que circulan, se adjuntara ‑si el presidente está de acuerdo poner a consideración de la Comisión, cuando esto sea necesario‑ la versión taquigráfica de la Comisión de Derechos Humanos de la semana pasada, donde todas estas preguntas fueron respondidas.

  Yo leí los trascendidos de prensa, que no condicen con la versión taquigráfica. La versión taquigráfica es la versión taquigráfica, como todos sabemos, y si cometimos errores en lo que manifestamos, nos hacemos cargo, pero están fielmente reflejados, no así lo trascendidos.

  Al principio, y con los años que conozco y respeto al diputado Abdala, cuando dijo que se informaba por El País creí que era el diario El País, pero no; después me di cuenta de que era el país en general, el Uruguay porque, si no, por ahí no iba a tener información fidedigna.

  Asimismo, quiero decir que solicitamos ‑las secretarias estaban presentes; en ese momento no se podía votar, porque se iban corriendo para la Asamblea General‑ que se adjuntara también la versión taquigráfica de la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia, donde la subsecretaria Ana Olivera también habló largamente sobre este tema. Digo esto porque como el tema continúa siendo…

(Interrupción del señor representante Pablo Abdala.‑ Respuesta de la oradora)

——¿Por qué digo esto? Comparecemos todas las veces que sean necesarias, pero creo que también hay que tener en cuenta las cosas que uno dice, porque si decimos cosas y la semana que viene me llama otra comisión para decir lo mismo, es un poco complejo.

  Voy a partir de dos o tres preguntas o de algunas afirmaciones que hizo el diputado Abdala y, después, voy a solicitar que hagan uso de la palabra la subsecretaria, profesora Ana Olivera, y la directora de Protección Integral en Situaciones de Vulneración. Es un largo título que le ponemos a las cosas, pero que tiene mucho que ver, porque de allí depende una de las direcciones, que es la que nosotros llamamos Calle, que es mucho más complejo de decir.

  En primer lugar, hablemos de hechos objetivos. La primera cosa que quiero descartar ‑porque son totalmente equivocados los trascendidos‑ es que en el caso de los nigerianos, lo que hubo fue un motín a bordo de un barco que se encontraba en aguas territoriales. En ese barco había polizontes, había personas de Nigeria que estaban allí clandestinamente, según nos informó en el Consejo de Ministros el ministro Menéndez, ya que al suceder en aguas jurisdiccionales uruguayas, quien actuó fue Prefectura. Como lo que ocurrió fue un motín, lo que hizo Prefectura fue llevar a esas personas y dejarlas en el ámbito de Prefectura.

  El lunes de mañana se conversa sobre eso en el Consejo de Ministros. Inclusive, el presidente recordaba algo que ocurría en viejas épocas pero que tiene aplicación también ahora con todas las medidas que está tomando el Ministerio de Salud Pública con respecto a cosas mucho menores como que para ir de viaje a Brasil, a Rusia o al Congo ‑a donde viajaron periodistas ahora‑, tienen que llevar determinadas vacunas, etcétera. El presidente señalaba que hubo una época en la cual a las personas que llegaban en esos barcos se las ponía en cuarentena. No estaba claro lo que había sucedido arriba del barco, no se sabía cuáles eran las condiciones sanitarias, etcétera. Las personas que estaban en esa situación fueron atendidas y estuvieron, hasta su deportación, en dependencias de la Prefectura; en ningún momento fueron derivados al Mides ni a ninguna parte, porque era absurdo. Imaginen un refugio, donde hay una contención, donde hay un equipo que está trabajando, y donde nosotros, sin conocimiento ‑inclusive, sin posibilidades de comunicación, no con nosotros sino con el resto de las personas que están allí‑ de una situación que hubo que aclarar con respecto a qué había pasado arriba de ese barco, cuántos eran los que llegaron y cuántos eran los que bajamos del barco. Y cuando digo "bajamos" es porque yo soy parte del gobierno y de todo lo que hagamos me siento responsable y parte, pero eso, específicamente, nunca estuvo en el ámbito del Mides. Eso lo quiero afirmar para que quede claro.

  En segundo término, efectivamente, los hechos objetivos ‑después la subsecretaria y la directora los van a plantear‑ tienen que ver con tres etapas. Yo hablo siempre de tres etapas, porque como el Mides nació en el año 2005, claramente en el tema del trabajo tiene una continuidad y también modificaciones, porque la vida cambia, la realidad cambia, nosotros cambiamos a la realidad, es decir nosotros, todos los que estamos acá ‑Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial‑ la cambiamos para bien ‑a veces cambia para mal‑ y, entonces, tenemos que abordar, con nuevas herramientas ‑o con las viejas, según la situación‑, las nuevas realidades.

  Acá se referían a un par de leyes. Quiero decir también que, enviada por el Poder Ejecutivo y debatida por el Parlamento, hace muy poco tiempo se votó en este Parlamento una ley de salud mental, de la cual fuimos parte, porque el Poder Ejecutivo acompañó. Si bien el Poder Legislativo le hizo muchísimas modificaciones, hoy la ley existe y también tiene impacto en esto que estamos hablando, es decir que también la tenemos que incorporar al análisis porque, hipotéticamente, si abrimos ‑en esto la doctora Cristina Lústemberg, el doctor Lorbeer y no sé si tenemos otro médico por acá, me corregirán‑ las puertas, si abrimos los manicomios ‑porque eso es lo que se plantea, es decir la no institucionalización y todo eso‑, hay que saber que a algún lado las personas tienen que ir, porque si no van a algún lado que tengamos previsto, de acuerdo con esa persona, qué hacemos con ella. Como dice siempre la subsecretaria, no es una raviolera con cuadraditos y cada uno cabe en un cuadradito. ¿Qué hacemos con el que no cabe en un cuadradito?

  También está esto que decíamos el otro día en la comisión, a pedido de la señora diputada Gloria Rodríguez, quien nos hizo estas preguntas. Efectivamente ‑después lo podrán decir con mucha más propiedad‑, no es lo mismo el seguimiento cuerpo a cuerpo que se hace, persona a persona. Nosotros decimos que, en general, las políticas sociales deben tener dos, tres o cuatro talles, porque no podemos hacer trajes a medida con todo, pero en el caso de estas situaciones, el traje es a medida. No es lo mismo una persona que está en calle que otra que está en calle; pueden ser varones lo dos, pueden ser de la misma edad los dos y, sin embargo, ser situaciones distintas.

  En el día de ayer estábamos en Salto, en una actividad muy interesante de circuito de producción, comercialización y salud en la alimentación, y un periodista me preguntaba por los indigentes que están en calle. Le decía que yo no categorizo como indigente, porque puedo mencionar ‑no voy a dar los nombres, naturalmente‑ profesionales universitarios, algunos que estuvieron muy cerca de esta Casa cuando estábamos en el Parlamento que, por razones de consumo problemático de sustancias, hoy estamos atendiendo en situaciones donde se conjugan, en algunos casos, problemas de salud mental con el consumo, y donde un paso en la atención puede ser acompañarlos y otro poder hacer una atención médica en una dependencia de salud. Muchas veces no tienen ASSE; muchos tienen el sistema mutual, por el Sistema Nacional Integrado de Salud, y también tenemos que batallar con esas organizaciones privadas que son parte del sistema, que reciben cápitas por cada persona y, por lo tanto, tienen obligación de atenderla si esa persona está afiliada, y nos dicen: "Ah, no. Esta gente, nosotros no". Acá también hay un tema profundo, cultural, que se ha ido agravando; son de las cosas que se han ido agravando, que sé que no es el espíritu ‑nos conocemos desde hace muchos años‑ del diputado Abdala. En el espíritu del diputado Abdala el planteo central es cómo hacemos para atender a las personas que están en esta situación, que compartimos totalmente.

  Como decía la profesora Olivera en la comparecencia de la semana pasada, para poder internar ‑reitero: los médicos me corregirán‑, por ejemplo, en el Hospital Vilardebó, para poder estabilizar y medicar, en el Hospital Maciel o en el Hospital Saint Bois, según el tipo de situación que tenemos, precisamos dos firmas. Tenemos un médico psiquiatra que ASSE puso a disposición del Mides, que está desde el comienzo. Él dice que hace terapia en cuclillas, porque es el que atiende a las personas que están en calle. Él nos dice: tienen este y este problema, o no lo tienen.

  A esa persona la fuimos acompañando, la fuimos atendiendo, y nuestros equipos la conocen con nombre y apellido, con historia, porque el censo que mencionaba el diputado Abdala no es un conteo; fue un censo. En la tercera etapa cambiamos; pasamos de contar, como hacíamos en la primera y en la segunda etapa, a conversar directamente, a entrevistar. El censo fue una entrevista que nos dio una cantidad de datos que luego, cuando se cruzan con los datos administrativos, dan una cantidad de elementos para poder trabajar.

  Por otro lado, tenemos nuevas realidades cuando crece la cantidad de presos que salen de la cárcel. Que quede bien claro: no estoy diciendo que aquellos que están en calle sean todos salidos de las cárceles. Cuando hay más personas que salen de la cárcel con sus vínculos rotos, con una situación difícil, y por muchísimas razones no existen posibilidades ‑no estoy hablando de falta de recursos humanos que trabajen con ellos‑ de una atención y seguimiento que les permita hacer otras cosas ‑de ahí las medidas que ha tomado el Ministerio del Interior con la Posada que se ha abierto, precisamente, para ellos‑, seguramente, terminarán en la calle. Además, esas personas no quieren ir a un refugio con un montón de hombres, porque ya estuvieron con un montón de hombres en una cárcel.

  Esa es una medida, un talle, pero tenemos otros. Por ejemplo, el de los profesionales a los cuales estamos haciendo un seguimiento. Conocemos su vida, sus problemas, sus situaciones. Por ejemplo, puedo hablar del caso de un abogado joven que rescatamos en uno de los allanamientos que realizamos. Sorpresivamente, estos allanamientos no han tenido trascendencia. Conjuntamente con la Fiscalía, Crimen Organizado, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública, ASSE, nuestros equipos dedicados a personas con discapacidad y el instituto que atiende a las personas mayores, hemos realizado allanamientos a supuestos residenciales clandestinos, en los que encontramos situaciones espantosas y de donde hemos rescatado personas que derivamos a los hospitales para ser evaluadas. Entre ellos, rescatamos a este abogado joven, que recibía una pensión. Ahora está atendido y medicado como corresponde y es acompañado por nuestros asistentes personales para recibir atención psiquiátrica; está estable. Cuando allanamos el sitio en el que se encontraba estaba sobrepasado de litio. Lo derivamos a un hospital, y durmió durante dos días seguidos hasta que los médicos encontraron la medida de medicación que debían darle. Hoy, ese joven abogado, que tiene un niño y cuyo curador es su suegro, está siendo seguido. Esa persona fue rescatada de la gente que se aprovecha de este tipo de situaciones; a algunos le sacan la asignación; a otros, la pensión; en otros casos, se convierten en sus apoderados y, en el caso de muchachas con discapacidad, sencillamente, hacen explotación sexual. Por eso actuó la Fiscalía y Crimen Organizado. A esas personas las tenemos que poner en alguna parte, porque no tienen familia, no tienen vínculos; por eso se apropiaron de ellas.

  Como lo decíamos en la Comisión el otro día ‑la diputada Gloria Rodríguez compartía que ella había seguido muy de cerca ese tema y había estado en Río Branco, complejo lugar, si los hay‑, un connotado ciudadano de Río Branco tenía un supuesto residencial que fue cerrado conjuntamente por el Mides y el Ministerio de Salud Pública por las condiciones en las que estaban las personas allí alojadas. Entre ellas, había un funcionario jubilado del Palacio Legislativo, que recibía una fantástica jubilación, de la cual hacía uso. Finalmente, el dueño del residencial fue preso, pero como consiguió un certificado que expresaba que por razones de salud tenía que cumplir prisión domiciliaria, volvió a su casa. Estando en prisión domiciliaria volvió a llevar personas al supuesto residencial. Se hizo público, a través de la prensa, que como sabía que íbamos al lugar llevó a las personas que se alojaban en el residencial a las afueras de Río Branco, para esconderlas, pero fue descubierto por la Policía. Hoy está preso, después de un año, o más, que estuvimos detrás de estas cuestiones. Se trata de un connotado ciudadano; se lo conoce porque, inclusive, fue candidato en la localidad. Hoy está preso; está cumpliendo la sentencia donde corresponde, porque si lo dejamos en la casa abrirá nuevamente otro residencial.

  De estas cosas también nos tenemos que ocupar. En ese caso, como en el de los allanamientos, había personas que podían ir al hospital Piñeyro del Campo y allí fueron. Como muy bien señalaba el diputado Abdala, en muchos casos, apelamos a la Justicia para que de la orden de internación en el hospital Piñeyro del Campo. Si no, no podemos internar a las personas. Presentamos la denuncia y el juez resuelve que la persona tiene que ser aceptada en el hospital Piñeyro del Campo, debido a tal o cual situación.

  Tenemos otro caso, el de un periodista, que no es un indigente, pero el consumo problemático hizo que prendiera fuego la casa de su madre, tuviera prohibición de acercarse a su familia y estuviera durmiendo en la playa. Como tiene cierto nivel educativo y se daba cuenta de la situación, no aceptaba ir a un refugio. Entonces, empezamos por invitarlo a ir a ducharse al refugio. Después, lo invitamos a que fuera a desayunar y a lavar su ropa. Una vez, a uno de los tantos muchachos que atendemos, en este caso, con problemas de salud mental tremendos, le pregunté por qué no iba al refugio a bañarse, a lo que constestó: "No; yo me baño en ley de faltas". En realidad, tenía identificada la ley de faltas como un lugar para bañarse. Creo que fue una muy buena definición, porque para eso sí sirve, en el sentido de que ahí pueden bañarse, lavar la ropa, comer, pueden ser atendidos por un médico. Hoy, la persona de la que hablaba, el periodista, está consumiendo menos y ha aceptado la atención por parte de los móviles que tiene la Junta Nacional de Drogas. Tenemos la esperanza ‑nunca perdemos la esperanza con los seres humanos‑ de lograr que salga. En algún momento, cuando está en una fase mejor, conseguimos que escriba para algún medio y que le paguen.

  Puedo pasarme la tarde haciendo historias, porque la vida son personas concretas, que nos duelen, nos preocupan; nos desesperamos buscando cómo y con quiénes hacer alianzas, acuerdos y sociedades para trabajar.

  El diputado decía que no quiere poner dramatismo en sus palabras. Es muy aceptable que les ponga dramatismo, porque nosotros lo hacemos. El sábado, el domingo, el feriado, en la madrugada, todos nosotros estamos conectados y nos avisamos que Fulanita está en tal lado y el otro en tal otro. Hoy, antes de venir para acá, estaba mirando por la ventana del ministerio y le dije al director Graña: "Mirá. Allá va Fabián, otra vez". Iba con su capa característica, con su carrito característico. Es una persona que me visita en la puerta de casa. Yo le digo: "Fabián, hay alerta naranja. Tenés que ir al refugio". Entonces, va al refugio. Tiene un problema a nivel intelectual. Los vecinos ayudan. A veces, los vecinos, con su mejor buena voluntad, ponen sillones, colchones u otras cosas. La verdad es que eso no colabora. Como muy bien decía el diputado ‑lo que se dijo está en la versión taquigráfica; seguramente, lo explicarán mucho mejor mis compañeras‑, cuando las personas están ocupando espacios públicos, sí se sabe quiénes tienen que ocuparse de eso y lo hacen. Lo saben y lo hacen. Es parte de la tarea de Intercalle, la institucionalidad que señalaba el diputado. Quienes deben ocuparse son la Intendencia y el Ministerio del Interior. En ese caso, se afecta otro derecho: el derecho de los vecinos y vecinas de usufructuar el espacio público, ya sea una plaza, una calle, una esquina. Después, la cuestión es qué hacer con esas personas. Hay que ver quiénes son y qué problemas tienen.

  Algunos son viejos conocidos, porque los equipos recorren los lugares de día y de noche y los conocen; tienen vínculos. Tanto es así que muchas de las personas que están en la calle y no quieren ir a refugios, cuando quieren sentirse seguros van a la puerta del Mides. ¿Por qué? Porque los equipos conversan con ellos. En algunos casos, por el nivel que hay, les muestran dibujitos en el celular. Hay una cantidad de estrategias, de todas las gamas que podamos detallar.

  Entonces, sí tenemos para trasladar. Además, no solo atendemos a la gente que está en la calle ‑habrá que ajustarlo; esto se planteará claramente a continuación; si el presidente está de acuerdo, le pasaré la palabra a la subsecretaria‑, sino que tenemos refugios de distintos niveles para mujeres víctimas de violencia basada en género. Quizás, parte de los números que no le cierran al diputado tienen que ver con esto. Este tema se habló largamente la semana pasada en la Comisión Especial de Equidad y Género. Decía que tenemos refugios de distintos niveles porque hay casos en los que hay que proteger la vida de estas mujeres, otras están en un tránsito de salida a una vida familiar, a un trabajo, y hay otras que vienen o van a distintos lugares ‑obviamente, no vamos a exponer sus direcciones‑ y que, en cierta forma, están refugiadas en el Mides, pero no porque estén en situación de calle, sino por otra cosa. A veces, hay una mezcla de situaciones. Si se mezcla violencia con pobreza y falta de vínculos familiares, tenemos el cóctel perfecto. No separamos los casos ‑unos para Inmujeres, otros para Inmayores, otros para los programas de discapacidad‑ porque muchas veces se nos presenta todo junto.

  Por otro lado, tenemos las casas asistidas. Hay personas que no tienen donde estar, que no están como para quedar institucionalizadas en el Vilardebó, pero tampoco tienen condiciones para estar en su casa. Ahora, con los asistentes personales trabajamos de una manera distinta. En el caso del abogado, el asistente personal le da la medicación y lo acompaña a la consulta médica. Tenemos otras situaciones que involucran a personas de extrema vulnerabilidad, con problemas psiquiátricos, de parálisis cerebral o de incapacidad motriz, que son atendidas desde el Programa Nacional de Discapacidad, porque el peso mayor del problema está en su discapacidad. Desde allí se trabaja para que salgan adelante.

  El otro día, en la otra Comisión, se hacía una suma de números y el resultado no concordaba. Cuando digo que tengo más de tres mil personas que pasaron por los recursos, no estoy diciendo que todos ellos están al mismo tiempo en el refugio; me refiero a que en un año pasaron determinada cantidad de personas. La idea es que salgan, no que los vayamos amontonando y tengamos depósitos de personas que sacamos de la vista de los demás para que nadie se moleste, para que nadie se irrite y no afeen el paisaje.

SEÑOR ABDALA (Pablo).‑ Y para que no se mueran.

SEÑORA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL.‑ Y para que no se mueran.

  Una compañera nuestra decía: "En general, uno se muere donde vive". Entonces, si uno vive en la calle y no tiene familia, es altamente probable que muera en la calle, por distintas causas, no sólo de frío. Una de las medidas que hemos tomado en esos casos es pedir la autopsia, para saber exactamente cuál fue la causa. De todas maneras, estaba en calle, por lo que es una situación que vulnera sus derechos, aunque la persona lo quiera.

SEÑORA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.‑ El problema de las personas en situación de calle ha requerido a lo largo de los años una política. No es algo que se hace al tuntún, a ver qué sale y cómo. Efectivamente, a mí me toca trabajar con las personas en situación de calle desde el año 2001, cuando la Intendencia de Montevideo generó por primera vez una política para las personas en situación de calle, al declararse que iba a haber frío polar ‑como del que se está hablando ahora‑ ; quizás los más viejos recordarán que se llamó operación Frío Polar.

  Esto tuvo características de emergencia porque no teníamos experiencia ‑y menos desde la Intendencia de Montevideo‑, en cuanto a abordar una situación de ese tipo. Por lo tanto, hicimos lo que a veces vemos en las películas: levantar a las personas, llevarlas a un lugar y asegurarnos de que tengan una ducha caliente y un plato de comida.

  Quienes trabajamos en eso, aprendimos que no puede haber una institución sola. No hay una institución que abarque únicamente todos los problemas de una persona que está en situación de calle. Además, una institución no se debe superponer a otras. En aquel momento, se generó la articulación desde la Intendencia y no había por qué atender los problemas de salud mental. Sí existía la necesidad de que actuaran otras instituciones. Durante 2001, 2002, 2003 y 2004 las instituciones que colaboraron fueron: el Banco de Previsión Social, el INDA, el Ejército y el Ministerio de Salud Pública, a pesar de que la Intendencia tiene la División Salud. Era necesaria una actuación integral para no sustituir competencias que son de otros.

  Cuando se crea el Ministerio de Desarrollo Social, el plan de emergencia ‑que también fue pensado con anterioridad a que asumiéramos el gobierno‑ incluía el plan de atención a las personas en situación de calle, sabiendo que era una política concreta que se requería porque hasta ese momento había una actuación invernal: algunos refugios ‑no centros, que es lo que hoy tenemos‑ y organizaciones sociales para adultos mayores del Banco de Previsión Social.

  En es momento decíamos ‑con la generación de una estrategia y la creación de los cinco primeros centros‑ que era imprescindible actualizar esta institucionalización. Teníamos otros problemas en la calle, que hoy no tenemos. Esto es lo que señaló la señora ministra en cuanto a que ha habido transformaciones, muchas en un sentido positivo. Muchos de ustedes recordarán los grupos de niños que estaban concentrados en la Plaza Libertad, en la Plaza del Entrevero, en la Plaza de los Treinta y Tres, a la intemperie.

  Por lo tanto, esta interinstitucionalidad vinculada con la calle, que se sostiene hasta el día de hoy, incluyó al INAU como un elemento sustantivo. Hoy, no tenemos niños durmiendo en la calle. Si nos enteramos de que hay alguno, se actúa rápidamente. Sabemos ‑y lo conversamos en nuestra interinstitucionalidad‑ que hay familias que desarrollan estrategias para que los niños estén en la calle. El INAU, mediante varias instituciones, trabaja con esos niños que desarrollan estrategias de calle, lo que no quiere decir que vivan en la calle.

  La interinstitucionalidad se amplió; se generó con el INAU y se mantuvo con el Banco de Previsión Social, el INDA y el Ejército. Asimismo, se mantuvo la inclusión de la Intendencia que, por competencia, tiene el deber ‑esto lo aprendí por mis años en la Intendencia, no como intendenta, sino como responsable del Servicio Central de Inspección General‑ de librar el espacio público al uso público. Esto lo dictaminó un juez en el año 1996, cuando requerimos a la Justicia y a la Policía para hacerlo. La Intendencia libra al uso público el espacio que está ocupado asistida por el Ministerio del Interior. Además, la Intendencia tenía su política social vinculada a colaborar con los centros. De hecho, desarrolló lo que se llamó, en una estrategia de salida, la Pensión Social.

  La primera definición del plan es que esto no se puede desarrollar solamente desde el Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio sí tiene la competencia de articular que le dio la ley. Por lo tanto, el Ministerio convoca sistemáticamente y ha ido ampliando con la creación de nuevas institucionalidades o con el surgimiento de nuevos problemas a otras institucionalidades.

  Hoy, en el transcurso del tiempo, eso que parece una entelequia ‑y no lo es porque trabaja temas muy concretos‑ está integrado por el INAU, el Inisa, el Banco de Previsión Social y el Ministerio del Interior en dos competencias distintas y, por lo tanto, con doble representación: aquellos que se ocupan de la Ley de Faltas y, simultáneamente, la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Asimismo, ASSE está representada en esta interinstitucionalidad en dos versiones. El número 105 es la emergencia que debe acudir cuando hay un problema sanitario. En esta interinstitucionalidad participa el director personalmente y, en forma simultánea, el área de salud mental. Más allá de esto, ASSE tiene destinadas cuatro personas, de la cuales una es psiquiatra, para trabajar en el apoyo, tanto en la intemperie como en los centros que tenemos. También está el equipo de calle del Ministerio de Desarrollo Social y la Intendencia, que tiene doble representación: la que tiene que ver con la política social y la de quien hoy dirige el centro de emergencia departamental, que lleva adelante el trabajo en conjunto con el Ministerio del Interior en cuanto a la aplicación de la Ley de Faltas, y lo subrayo. Esta ley se aplica. Es infame lo que salió en la prensa el otro día. Digo esto en defensa de la representante del Poder Judicial que tenemos en Intercalle. En un medio se dijo algo que no tiene nada que ver con lo que yo dije en comisión la semana pasada. La Ley de Faltas es algo mucho más amplio que las personas en situación de calle. Para llevar adelante la aplicación de esta ley somos tres los organismos que actuamos: la Intendencia de Montevideo ‑este es un tema metropolitano, lo que no quiere decir que no exista en todo el país, pero con una dimensión muy distinta‑, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social. En Intercalle hay una representante del Poder Judicial con la que hemos trabajado. Hace dos años, ella públicamente ‑no es algo secreto que yo plantee en comisión‑ dio una opinión ‑lo que pasa es que las cosas pasan y después se olvidan‑ en una conferencia de prensa. Dijo que sentía que la aplicación de la Ley de Faltas con relación a las personas en situación de calle no era eficiente. Esas personas no están cometiendo un delito ‑no criminalizo a las personas en situación de calle‑ ; por lo tanto, como muy bien dijo el señor diputado, la persona es sacada del lugar, llevada al centro de faltas, allí lava la ropa a veces. A algunos logramos captar para que se queden y, otros, vuelven a la calle. La Ley de Faltas prevé que después de nueve faltas, hay que dar una tarea comunitaria. Eso no es sencillo por la trashumancia de estas personas.

  La Ley de Faltas sí se aplica. En la interinstitucionalidad hay alguien que también representa al Poder Judicial.

  En este plan hay otra definición: una cosa son las personas que están en los centros y, otra, las personas que están a la intemperie. Todos actuamos ‑no solo el Mides‑ en ambas situaciones: en los centros para que las personas, una vez que ingresan, puedan reinsertarse e incluirse en la vida de la sociedad, y en las que están a la intemperie para llevarlas a un centro o para que lleven adelante un tratamiento vinculado con su adicción. Otro integrante muy importante de la interinstitucionalidad es la Junta Nacional de Drogas, que tiene una unidad móvil de atención. En diferentes puntos ‑nosotros los difundimos‑ atiende a aquellas personas que tienen adicción. Según el censo al que se hacía mención ‑hablando cara a cara: sabemos quiénes son, cómo se llaman, de dónde vinieron y, lo más importante, por qué están en la calle‑, el 80% de los entrevistados que en ese momento estaba a la intemperie declara el consumo de alguna sustancia. Las más consumidas, alcanzando el 60%, son el alcohol y la pasta base; les sigue la marihuana. El consumo mayoritario de estas sustancias es diario: seis de cada diez entrevistados así lo declaran. Por lo tanto, la acción es sustantiva. No puede ser del Ministerio de Desarrollo Social, sino del organismo que tiene la especialidad en este abordaje y lo hace en la calle, articuladamente con el Ministerio, junto a nuestro equipo móvil que atiende a las personas denunciadas o a aquellas que sabemos que tienen una "residencia permanente" ‑entre comillas‑ en la calle, pero que son visitadas regularmente. A veces, logramos llevarlas a un refugio.

  Hace quince días, se dio la situación de una persona con trastornos mentales que estaba ubicada a dos cuadras del Hospital Vilardebó porque su hijo estaba internado allí. Nuestra gran preocupación era qué iba a pasar cuando el hijo saliera. El hijo salió, fue a vivir con él a Blandengues y San Martín. Estaba siendo permanentemente seguido por nuestro equipo móvil. El hijo murió y en ese momento intervino el psiquiatra, el equipo de calle, la Intendencia de Montevideo. Un sábado al mediodía se logró, finalmente, la internación. Y hoy tenemos otra persona que está en un centro de 24 horas, adulto mayor, diagnosticado, con múltiples problemas de salud, no solo de salud mental ‑que a esta altura son lo menos‑, que está en pleno proceso de duelo de su hijo.

  Entonces, esto es así por parte de nuestros equipos con cada una de esas personas que están a la intemperie, que hace mucho tiempo que están a la intemperie.

  ¿Qué significa tener una política hacia las personas que están en situación de calle? Esto significa tres pasos: una política de prevención, una política de atención y una política de salida de la situación de calle. La política de prevención fundamentalmente la estamos abordando desde la institucionalización, porque los censos no se hacen para contar, sino para saber cómo actuar, nos dan pistas para desarrollar nuestra estrategia. Tenemos que cinco de cada diez declaran haber estado privados de libertad en algún momento de su vida; tres de cada diez dicen haber estado institucionalizados en INAU; dos de cada diez declaran haber estado internados en una institución psiquiátrica. Considerando la trayectoria de los entrevistados por instituciones totales, se observa que algo más de seis de cada diez ha vivido al menos un episodio de institucionalización. Por lo tanto, una de las maneras de prevenir es el abordaje desde la institución, para que las personas no salgan a la calle. De ahí esta estrategia que se logra plasmar con las personas que son liberadas de cárcel de adultos, con la intervención de la Dirección Nacional del Liberado y la creación de este primer centro. Allí está el INAU abordando los temas de la salida, donde hay dos problemas. Uno es el de las salidas de las personas que tienen trastornos psiquiátricos. ¡Vaya si hemos estado atrás de estas situaciones ‑muchas veces he conversado de esto en los lugares a los que concurrí‑, con aquellas personas que están en clínicas psiquiátricas pagas por el Estado, de esos cuatro mil niños y niñas que están institucionalizados en INAU hoy! Y otro problema es el de aquellos que salen porque fueron institucionalizados a partir de no poder mantener el vínculo con la familia.

  ¿A dónde salen estas personas? Esta es una tarea sustantiva que tiene que desarrollar el INAU, y lo hace vinculando el tema con el trabajo, por lo cual tiene múltiples convenios en el preegreso ‑prefiero decirle "presalida" porque "egreso" es una palabra que no me gusta mucho‑, entre otros, con el Ministerio de Vivienda ‑convenio que también abarca al Inisa‑, para acceder a un alojamiento acompañado. El Inisa tiene una situación similar y bien interesante con múltiples convenios de trabajo, entre otros, en Montevideo, con la Junta Departamental y la Intendencia; hace un par de meses, firmó uno con el Sunca por cien cupos, para el trabajo antes del egreso, en la presalida, que continúa cuando salen. Y, como dije, también está el convenio con el Ministerio de Vivienda, para los casos en que las personas no puedan volver con su familia y que cuando salen sean, además, mayores de edad.

  Estas son las medidas de prevención. Sin lugar a dudas, hay otras medidas de prevención más grandes, más universales, que tienen que ver con todas las campañas que podamos realizar vinculadas con el consumo problemático, porque este problema no tiene sector social: muchos de los que salen luego de haber estado institucionalizados y privados de libertad no vienen ‑no hay que criminalizar la pobreza‑ de la pobreza, sino que han rapiñado por el consumo problemático.

  Entonces, es un combo complejo ‑como muy bien reconoció el diputado‑ y tenemos que estar todos juntos; por eso es una actividad que desarrollamos juntos. Y en este desarrollo en conjunto, además del trabajo en la prevención, está el trabajo en la atención, de la que no se encarga solamente el Ministerio de Desarrollo Social, porque nosotros no tenemos competencia en el abordaje de los problemas de orden psiquiátrico, y a eso hizo referencia la ministra. Estamos en una transición vinculada con los temas de salud mental, en la que nos es imprescindible el trabajo y el abordaje que hace el psiquiatra que ASSE puso a disposición del Mides, porque, en la medida en que el Hospital Vilardebó trabaja con agudos, muchas de las personas que están en calle, cuando están en crisis, concurren allí, pero hacen un ciclo que es Vilardebó‑ calle, porque, a su vez, no tienen condiciones para convivir con treinta o cuarenta personas en un centro. Por lo tanto, hace un tiempo que venimos trabajando con ASSE a ver si logramos pequeños dispositivos para estas personas que no tienen posibilidad de retornar a ningún hogar, en algunos casos ‑y estoy hablando de familias de sectores medios‑, porque en el hogar no los van a recibir tampoco. Hemos estado atrás de judicializaciones en algún par de casos en que la persona hasta tiene ingresos.

  Por lo tanto, esta es la complejidad que se aborda, y se aborda de esta manera, con este detalle que estoy contando.

  Respecto a la atención, hemos crecido en centros, donde tenemos personas que padecen las rupturas familiares que mencioné, e, inclusive, hay muchas que son salidas también de la privación de libertad, etcétera. ¿Qué son esos centros? No son la calle con techo. Los centros implican equipos técnicos que abordan la situación de esas personas para restablecer vínculos familiares, para conseguirles un trabajo ‑si uno dice que vive en un refugio no es tan fácil conseguir un trabajo‑, para abordar el tema de su salud. Tenemos personas en nuestros centros que se están haciendo quimioterapia en este momento. Y como los centros 24 horas son para adultos mayores o personas con discapacidad, en muchos de estos casos, los adultos deben concurrir al único centro diurno que hoy tenemos.

  Hoy tenemos necesidad de generar nuevos centros diurnos, y en eso estamos trabajando en conjunto con la Intendencia, con la Secretaría Nacional de Drogas, para abarcar las diversas problemáticas que existen. Entonces, la atención es no solamente darles un techo y comida, sino trabajar con esas personas. Si consiguió un trabajo, el centro quizá no sea el lugar más adecuado para que esté, por lo cual, a veces se da esa circulación de que la persona va a una pensión y, cuando no le da más para pagarla, vuelve al centro. En general, ese no vuelve a vivir a la intemperie. Hay otros que hacen ese otro circuito que comenté. Me acuerdo que una vez que fui al Canal 10, una mamá me esperó en la puerta, para hablarme de su hijo, que hacía el circuito pensión‑ calle y no quería ir a un refugio: ese era el circuito que hacía un ex trabajador público de un ente. Cuento esto para que se vea esta diversidad de la que estoy hablando.

  El último punto, que sinteticé en dos, es la atención que trabaja para esa otra parte que es el egreso.

  Por otra parte, quiero referirme a la banalización que se hizo cuando hablé de la nueva forma de estar en calle. No fue una frase que dije por gusto. Es el diagnóstico para lo que estamos haciendo. O sea, nosotros ‑todos, ninguno de nosotros ni de nosotras nos hacemos los distraídos‑ nos encontramos con que hoy tenemos campamentos. Hace dos años, teníamos algunos pequeños campamentos totalmente identificados. Uno bien claro es el del parque Segunda República Española, que está muy vinculado con la salida de Santiago Vázquez, etcétera. También teníamos el de la plaza de la Restauración o la plaza del Hospital Pasteur, como cada uno prefiera llamarla. Y para eso, en conjunto con los vecinos, porque es muy importante el rol que juega la sociedad, hoy tenemos una solución.

  Los vecinos, que conversaban y trabajaban mucho con las personas que estaban allí, plantearon que esas personas nunca iban a ir a un refugio en el Centro. Y en una reunión con los rotarios de la Unión ‑soy socia de la Comisión de Fomento de la Unión‑ les dije que teníamos uno en 8 de Octubre y Berro. Lo intentamos, pero no logramos llevar allí más de uno o dos. Hoy, tenemos un nuevo centro que, además, es puerta de entrada en la Unión y la población que está allí es la que estaba en la plaza y alrededores. Por lo tanto, esta estrategia de descentralización, que ya habíamos pensado con anterioridad, la estamos llevando adelante y estamos haciendo la experiencia en la Unión.

  Si hablamos de una nueva forma de estar en calle, entonces, no es para lavarnos las manos, como dijo alguna periodista. Decir que hay una nueva forma de estar en calle es para actuar, y esta actuación la estamos haciendo en conjunto la Intendencia de Montevideo, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social, aplicando la Ley de Faltas e identificando quiénes son estas personas que están en calle y por qué motivos. O sea que, efectivamente, no hay un nuevo censo, pero sí vamos registrando ‑esto Eleonora lo ha dicho ene veces‑, a través de los refugios y de las intervenciones en calle, quiénes son los nuevos que ingresan y quiénes son los que salen.

  Estas personas son mayoritariamente hombres; son agrupamientos de seis, siete y hasta nueve personas ‑es el máximo que hemos detectado‑ ; y un 60% de los registrados en la primera actuación, que se hizo durante dos semanas ‑ahora vamos a hacer la segunda ola con otros diferentes‑, provienen de haber salido recientemente de la cárcel, no quieren ir a un refugio y, además, mantienen en la calle el criterio de la cárcel de agrupamiento. A su vez, ahora, en un centro de contingencia tuvimos un grupo que, como tal, se acercó a ese refugio de contingencia y quiso aplicar algunas prácticas carcelarias que inmediatamente el equipo técnico del centro logró desarmar. Se está trabajando mucho por parte de dicho equipo técnico.

  Como dijimos, la amplia mayoría de la población de los campamentos es masculina; mayoritariamente se trata de personas salidas de la cárcel, con las que estamos trabajando una estrategia. Ahora, la primera estrategia fue y sigue siendo desarmar esos campamentos, que se desarman y se arman rápidamente. Sobre este tema también ha sido banalizada alguna frase de la ministra respecto al la proliferación de carpas, sillones, camas, etcétera. Les doy un ejemplo muy claro que estuvimos trabajando el otro día en esa interinstitucionalidad, cuando hicimos la evaluación de nuestra actuación juntos en relación con los campamentos. Uno que todos ven es el que está en Tres Cruces, frente al Hospital Italiano, que es sistemáticamente abordado por parte de la Intendencia, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Desarrollo Social. Eso ha ido cambiando.

  El sábado pasado, cuando varias instituciones juntas nos dirigíamos a un asentamiento, pasamos y advertimos que tenían una carpa, un hermoso iglú. Inmediatamente avisamos al Cecoed para que fuera levantado. Allí detectamos que había niños adentro de la carpa. Intervino el INAU y está haciendo el seguimiento. Por lo tanto, no es que hacemos diagnóstico; nos ocupamos de las nuevas situaciones que tenemos.

  ¿Por qué es esto? Porque la sociedad ha ido cambiando. Tenemos que abordar más intensamente el trabajo de las adicciones y prevenir; por eso la importancia del trabajo en el interior de las cárceles.

  Este tema estuvo planteado el día en que la ministra compareció en la Comisión de Seguridad, porque el diputado Pasquet entiende que debería ser el Mides el que desarrolla el trabajo dentro de la cárcel. En realidad, es el propio Ministerio del Interior, con equipos técnicos, el que desarrolla la tarea dentro de las cárceles y, a su vez, el que trabaja junto con la Dirección Nacional del Liberado, para brindar el acompañamiento a las personas que salen. Esto incluye un convenio con Inefop para la capacitación y la posterior inclusión laboral.

  Nos gustaría ir a las preguntas concretas, referirnos a los números y a otros aspectos, sacando lo que la prensa dice, y contestar en concreto lo que se planteó sobre la situación que se dio en Pando.

SEÑORA BIANCHI (Eleonora).‑ Voy a tratar de dar información, respondiendo a la vez las preguntas formuladas. Comenzaré por lo particular y luego iré a lo general.

  Se nos consultó sobre dos cuestiones importantes. Una es la situación que se planteó el 4 de junio con la señora que fue a solicitar refugio en la ciudad de Pando, que tenía cinco chiquitos; niños y niñas de entre año y medio y diez años.

  La primera solicitud la realizó en horas de la tarde‑ noche. Se acercó a una seccional en la zona de Pando. Esa noche se hicieron las consultas a los refugios de Pando en los que hay madres con niños, niñas y adolescentes, pero allí no disponíamos de cupo. Por lo tanto, esa noche, efectivamente pernocta en la cocina de la seccional y hubo apoyo de algunas organizaciones sociales del entorno que colaboran con alimentos.

  Al día siguiente, hubo una comunicación de la seccional y de la señora con la oficina técnica del Mides de Pando y se comenzaron a hacer las coordinaciones para ubicarla. La intención que tuvimos el día martes fue que la señora pudiera permanecer en Pando porque ‑más allá de que estaba desde hacía unos meses allí, en casa de unos amigos de la familia, donde no podía permanecer‑ desarrollaba algunas actividades transitorias, pero no pudimos resolverlo ese día. En algunas oportunidades nos ocurre, sobre todo cuando se trata de departamentos del área metropolitana porque, en algunos casos, exceden las demandas.

  Estábamos trabajando con ella. Además, intervino la jueza de familia, que convoca a las directoras departamentales de Canelones y de Montevideo para el día siguiente, a efectos de que le diéramos solución. Obviamente, se presentaron las dos directoras. También se convocó a la directora departamental del INAU de Montevideo.

  Por lo que relaté con anterioridad, ya veníamos actuando, pero cuando nos convocaron, obviamente fuimos. Allí se planteó lo que ocurrió la segunda noche, cuando solicitamos al Ministerio del Interior que pudiera permanecer en la seccional, dado que no habíamos podido resolver ese día la ubicación de la señora. Obviamente, ya estaban hechas las comunicaciones a la justicia. La primera parte de esa noche, la señora permanece nuevamente en la seccional, pero luego es derivada, porque hay una organización social de la zona cercana que le ofrece refugio hasta la mañana siguiente. En ese ínterin, se había logrado hacer las coordinaciones para que la señora fuera trasladada a Montevideo pero, además, está el oficio de la jueza, solicitándonos también que se le diera refugio.

  La señora hoy está en un dispositivo nuestro. En este momento, se está reintegrando a los niños a los servicios de educación porque los chiquitos habían perdido la vinculación con la escuela y con los CAIF respectivos. Ahora, un servicio nuestro, de atención a las familias, y un servicio del INAU están trabajando con la mamá y los niños en Montevideo.

  Vale la pena señalar que, en todas las oportunidades en que se presentan familias, que tienen una vinculación familiar, procuramos hacer esos contactos nuevamente. Esta señora tiene a su mamá en el barrio de Piedras Blancas. En general, procuramos que esos contactos se vuelvan a retomar. Nos parece importante que las redes familiares o sociales se intenten reactivar. Esta es la circunstancia de esta situación en Pando.

  Cuando se trata de familias numerosas como esta ‑una mamá y cinco chiquitos‑, a veces nos resulta más difícil, en la medida en que no es común que queden libres cupos para tantas personas. Piensen que los centros que tenemos tienen treinta cupos.

  Cuando necesitamos resolver una situación con estas características no siempre es sencillo alquilar rápidamente ‑me refiero a horas‑ una pensión, porque muchas veces no aceptan niños. Pero cuando tenemos que llegar a esas circunstancias intentamos que haya un seguimiento. Ese es otro de los temas que nos preocupan. Para nosotros, los centros que atienden tanto a familias como a personas individuales, tienen técnicos capacitados para hacer su seguimiento. No es lo mismo cuando nos vemos obligados a alquilar lugares en una pensión, porque no tenemos la misma posibilidad de contención ni de control, y no es de veinticuatro horas. Ahí hacemos intervenciones con los servicios de atención a la familia, que van en distintos horarios del día, pero no hay una continuidad. Nos preocupan bastante esas situaciones. Por eso, en general, lo primero que hacemos es intentar encontrar cupo en refugio o en un centro nuestro. Cuando no tenemos la posibilidad, lo hacemos en una pensión.

  Si bien puede parecer muy duro ‑seguramente lo es‑ tener que pernoctar en una comisaría, quiero señalar que el del Interior es de los ministerios con los que nosotros coordinamos estas actuaciones. Sabemos que se tiene un importante cuidado en esas circunstancias. Es tremendo no haber podido brindar atención inmediatamente, pero la atención del Estado hacia la familia estuvo presente.

  En cuanto a los departamentos en los que tenemos servicios y en los que no, en realidad, el Ministerio de Desarrollo Social puede brindar servicios en el conjunto de los departamentos del país. ¿Por qué? Porque de la misma manera que en Montevideo trabajamos para el área metropolitana con la mesa interinstitucional de calle, en el resto de los departamentos del país trabajamos con las mesas interinstitucionales de políticas sociales. ¿Qué quiere decir esto? El Ministerio, tiene por obligación, de acuerdo con lo que establece la ley, convocar a estos organismos, a las mesas interinstitucionales de políticas sociales, en las que participan las intendencias y también los ministerios que tienen competencias de carácter social. Allí se establecen los criterios que aplicamos en cada uno de los departamentos cuando hay que hacer actuaciones de este estilo. Para ello, en algunos lugares del interior funcionan dispositivos, centros que atienden situaciones de hombres o mujeres en situación de calle.

  En algunos casos, también se atienden en esos lugares, en coordinación con otros organismos del Estado, otras situaciones que a veces se plantean en los departamentos y que están vinculadas con familiares que tienen que acompañar a personas a hacerse tratamientos médicos. Entonces se trasladan del interior del departamento a la capital y necesitan de algún tipo de asistencia.

  Obviamente, se dan también situaciones de violencia de género. ¿Qué hacemos en esas circunstancias? Articular los servicios que prestan las distintas instituciones, incluida ASSE que, en muchas oportunidades, en sus propios servicios, en los hospitales, atiende a personas que circunstancialmente necesitan refugio. Lo hacen también las intendencias. Cuando eso no se puede resolver en el departamento, el Ministerio de Desarrollo Social aporta a esos dispositivos elementos vinculados con alimentación o con la instalación del centro, como ser, ropa de cama, camas y colchones. Dependiendo de la circunstancia, se procura el trabajo conjunto del Estado en sus distintos niveles: el Estado nacional, el Estado departamental y, cuando corresponde, el Estado local.

  Esto me parece importante porque señala que la población del conjunto del país dispone de protección. Tratamos de hacer el uso más adecuado de los recursos públicos, coordinando qué es necesario en cada lugar.

  Me imagino que para ustedes debe ser de interés saber qué hacemos en circunstancias como las actuales, en las que tenemos una advertencia de frío y de inclemencias del tiempo: ponemos en acción todos los recursos de que disponemos y tratamos de hacerlo de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? A veces son las mesas interinstitucionales y en otras, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). Ahí tomamos contacto con todas las instituciones viendo qué aporta cada una.

  Estamos en eso ahora. Hace un ratito recibí una consulta del director nacional de Gestión Territorial que me decía: "En tal lugar precisan tal cosa. ¿Cómo hacemos para que les llegue?". Y lo hacemos de diversas formas. En algunos casos, los envíos se hacen desde acá, pero en general, a través del director departamental del Mides, se establece qué cosas se necesitan, se solicitan los presupuestos correspondientes, se selecciona el más adecuado, se compra en el lugar y desde acá, nosotros hacemos una transferencia a través de un banco. En realidad, ese es el formato que decidimos adoptar porque nos parece que es el más práctico, el que resuelve más rápidamente.

  En algunos casos, la solución no se puede obtener en el departamento de origen; entonces, hacemos un traslado al departamento más cercano que disponga de los recursos necesarios. En último caso, hacemos el traslado hacia Montevideo. ¿Por qué digo "en último caso"? Porque apelamos a que la persona no se sienta desprotegida. Si un adulto nos solicita refugio, va a obtener un refugio nocturno, tanto para mujeres como para hombres. Si la persona es del norte del país, no es lo mismo estar en un refugio nocturno en su departamento o en alguno cercano, que venir a Montevideo, porque ¿qué hace durante el día? ¡Pierde sus redes! Por eso procuramos que haya la menor cantidad posible de traslados; a veces, no hay más remedio. Son bastante comunes las comunicaciones hacia Montevideo, pero también lo son las derivaciones que nosotros hacemos hacia otros departamentos cercanos, y ahí se dan las coordinaciones entre las direcciones departamentales.

  Eso es lo que quería decir para responder a la pregunta de si hay departamentos que no tienen servicio. Lo que puede suceder es que no tengan un dispositivo específico, pero servicio tienen todos.

  Me parece importante señalar algo que ya dije en la sesión de la semana pasada y es cómo atendemos a las personas en situación de calle, fundamentalmente en el área metropolitana. ¿Por qué insisto tanto con el área metropolitana? Las cifras que nosotros dimos en la conferencia de prensa que se hizo el día que anunciamos lo que llamamos el plan Invierno o los refugios de contingencia son, exclusivamente, las que refieren a Montevideo y área metropolitana. Por eso los números son distintos y por eso parece que estuviéramos brindando menos servicio. Como las realidades son distintas, decidimos dar la información específica del área metropolitana, exclusivamente de los servicios que brinda la Dirección Nacional de Protección Integral en Situaciones de Vulneración. ¿Por qué? Porque son los que están referidos a la población en general y no son los específicos ‑que estaban incorporados en ediciones anteriores, pero que decidimos separar‑ que atienden a mujeres en situación de violencia y a la población con discapacidad. Esos dos dispositivos existen, se continúan dando por parte de otras direcciones, pero no están dentro de la población en general. Por eso no están considerados en los números que dimos este año, que son los 1.660 mencionados. O sea que ahí no estamos considerando mujeres en situación de violencia ni discapacitados y, además, refiere exclusivamente al área metropolitana.

  A lo largo del año tenemos 1.445 cupos, a los que estamos sumando algo más de 200, lo que termina resultando en los 1.660 de los que disponemos en invierno. Este plan no sigue exactamente los criterios estacionales, sino que comienza el 15 de mayo y termina a fines de octubre. O sea que es un poquito más largo que el invierno porque, en realidad, en nuestro país, el frío se hace sentir durante un tiempo un poquito más largo. Es en ese período en que mantenemos esos cupos.

  Además de los dispositivos comunes, estamos sumando doscientos cupos más: cien en centros de contingencia y cien en los refugios habituales, a lo que sumamos tres nuevos cupos durante el invierno. Esto lo hacemos de esta manera porque así hacemos los llamados a licitación. Cuando convocamos a las organizaciones de la sociedad civil para su presentación, establecemos cuál es el cupo habitual y cuál el cupo de invierno. En este momento, tenemos cuarenta y ocho centros funcionando en este esquema; cuarenta y tres están en Montevideo.

  De momento, no tenemos dificultad en los cupos para varones como para mujeres, ni en los de contingencia. O sea que tenemos disponibilidad para todos aquellos que se estén acercando a solicitarnos lugar.

  Por lo que mencionaba hoy, siempre es más complejo lo que refiere a mujeres con niños, niñas y adolescentes, pero resolvemos las situaciones en la medida en que se nos van planteando. O sea que tenemos respuesta. Lo que hacemos es estudiar más el caso a caso y ver qué es lo más adecuado en cada circunstancia.

  ¿Qué tipo de centro tenemos o qué tipo de atención prestamos? Prestamos atención en el programa Calle, en el programa Atención a mujeres con niños, niñas y adolescentes y el programa Cuidados.

  El programa Calle tiene más de una instancia o departamento trabajando. En Captación y Derivación trabajamos con puerta de entrada, con el call center, con el equipo móvil y con la puerta de entrada de la Ley de Faltas. Voy a explicar qué es cada uno, lo más brevemente posible.

  La puerta de entrada es el dispositivo que recibe a las personas, les hace las entrevistas y los deriva. Desde este año incorporamos algunas modificaciones; algunas ya las ha señalado la señora subsecretaria. Lo que se procura es tener el menor tiempo posible a la persona en espera. Para ello hemos implementado algunos dispositivos nuevos, pero procuramos transformarlos casi totalmente sobre el fin de este año.

  Primero generamos un centro, el de La Unión, que tiene una puerta de entrada propia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nuestros equipos están recorriendo la zona de La Unión y adyacencias, por círculos concéntricos, ya van identificando personas y les van señalando adonde pueden ir. Se pueden presentar directamente en el centro; no tienen que ir a puerta de entrada del centro de Montevideo para ingresar.

  Cuando comenzó el plan Invierno, decidimos sustituir el sistema de asignar cupo a las personas día a día. Entonces, no hay personas que tengan que ir diariamente para recibir un lugar día a día. Las asignamos a los centros en contingencia, lo que permitió sacar a las personas de esa espera cotidiana y esa cuestión tan tediosa de no saber dónde van a dormir a la noche, sobre todo, si tienen disposición a ir a un lugar.

  Lo que sí pueden ver hoy en puerta de entrada del centro de Montevideo son las personas que se van acercando diariamente. Ellas sí tienen que ir y les tenemos que asignar el cupo.

  A su vez, estamos trabajando para que en el futuro muy cercano no tengamos gente esperando en la calle porque eso también nos parece inadecuado. No creemos que corresponda tener que hacer una cola durante el día en la calle. Ya estamos adecuando un nuevo lugar que tiene el espacio suficiente para que quien tenga que esperar a que se le asigne lugar, lo pueda hacer. Además, es un lugar accesible, en planta, con los espacios adecuados y un patio interior que permite que aquel que por un ratito quiere fumar, lo pueda hacer al aire libre, sin tener que estar en la vereda. A la brevedad esperamos decirles cuándo empezamos.

  Otra cosa nueva que hemos anunciado es el nuevo funcionamiento del call center, que comenzó hace dos meses. Antes era una cooperativa que atendía las llamadas y, luego, nosotros las procesábamos. Ahora, ingresaron al Ministerio equipos de profesionales vinculados al área social que hacen la doble tarea: algunos días atienden el teléfono, y otros, trabajan con la gente en la calle. Decidimos hacer esto porque nos parece que es mucho más adecuado que quien atiende el teléfono al vecino que llama preocupado por una situación de este estilo, pueda explicarle con precisión qué hacemos, pero además, para que pueda comprender muy bien qué tenemos que atender en la calle y, por lo tanto, mejorar nuestra intervención. Así hacemos derivaciones mucho más adecuadas al equipo móvil que está trabajando en la calle. Ese sí trabaja directamente con la población, lo hace entre la hora 9 y la hora 22 y 30; nosotros igual tenemos servicio hasta la hora 24. Estamos recorriendo y viendo las situaciones que se plantean. Estamos informándole a la gente que está en la calle a qué lugares puede ir, qué tipo de servicios se les brinda allí y cuando nos encontramos con gente que no quiere ir a los refugios o a los dispositivos, igualmente mantenemos un contacto, porque muchas veces esa gente accede de muy buen modo y eso nos permite revincularlos con distintos servicios ‑de salud, de identificación civil‑, indicarles adónde pueden ir a comer o buscarles alternativas que, además, nos permitan revincularlos, a veces con nuestros centros y, otras, con sus familias o redes sociales.

  Por último, dentro de este departamento tenemos la puerta de entrada de la Ley de Faltas ‑en la que interviene la Intendencia y el Ministerio del Interior‑ que, tal como se aclaró, es una puerta especial, que siempre dispone de cupo. Esa puerta les permite bañarse, lavar su ropa, en oportunidades comer algo y salir de allí con un lugar adonde dormir, si así lo aceptaran.

  Otro departamento es el de mujeres con niños, niñas y adolescentes. Este es un servicio de centros de veinticuatro horas. Ahí tenemos distintos tipos de centros. Se hace un análisis de la familia que llega, se evalúa si tiene una mayor o menor autonomía y se define a qué tipo de centro debe ir, qué tipo de acompañamiento tienen que hacer los equipos técnicos, cómo se debe acompañar a esa mamá o a esa mujer en el apoyo a los niños, cómo nos aseguramos de la asistencia de los niños a escuelas, liceos o centros CAIF, cómo restablecer el vínculo de esa mujer, si tiene las condiciones, con el trabajo y si necesita que los servicios de salud atiendan las dificultades vinculadas con la salud o la salud mental.

  También acompañamos procesos vinculados con violencia y con violencia de género, aunque no es nuestro metier específico; de eso se encargan las compañeras de Inmujeres.

  Las familias van transitando por estos centros hasta obtener la salida y volver a una pensión o a un alquiler con subsidio. Esa es la meta deseada; a veces la alcanzamos y, otras veces, no.

  Otro tipo de dispositivo es el que llamamos de cuidados. Parte de la población que atendemos son mujeres u hombres que, teniendo la posibilidad de acceder a un refugio nocturno, durante las horas del día no pueden quedar en la calle. Puede ser que sean personas muy mayores y necesiten cuidados especiales. Tenemos centros diurnos que pueden atender a adultos que no pueden estar transitando en la calle, por ser mayores, por estar enfermos, por tener discapacidades o algún problema de salud mental, para lo cual deben recibir la medicación a lo largo del día. Para todos estos casos hay centros especiales que los reciben durante el día para luego volver al nocturno.

  Tenemos otro centro, que es un viejo conocido porque antes tuvo otras funciones, que es el Centro Tarará, que hoy atiende a noventa y ocho personas. Fundamentalmente, atiende a nuestra propia población. La gente que está en los refugios, como todo el mundo, a veces tiene que ser internada o tiene procesos largos de atención en salud, y cuando vuelve del hospital no puede ir directamente a un centro, sino que tiene que hacer la convalecencia en algún lugar. El Centro Tarará tiene ese objetivo.

  Tiene también otro objetivo. La señora ministra hoy planteaba que cuando tenemos que hacer derivaciones, por ejemplo, al Hospital Piñeyro del Campo, necesitamos de una orden judicial que en algunas oportunidades se tramita en forma rápida, en otras mediante un proceso más largo y en otras a través de un proceso muy largo, pero hay personas que necesitan una atención especial. Tenemos varios usuarios entre los noventa y los cien años, y algunos con más de cien. Esas personas, que en este momento son más de treinta, no pueden estar yendo y viniendo, así que permanecen siempre en este dispositivo. Igual continuamos con los trámites correspondientes para sus internaciones pero, mientras tanto, están en el Centro Tarará con atención las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año.

  Me parece importante señalar las otras coordinaciones que hacemos. Tenemos coordinaciones con los dispositivos de la Red Nacional de Drogas, con los que trabajamos en forma permanente. Ellos tienen la unidad móvil que permite la atención de las personas en situación de calle con consumo problemático. A través de estas unidades pueden vincularse con apoyo médico y de enfermería. Las personas que están en la calle tienen altas probabilidades de tener distinto tipo de afecciones, por ejemplo, en la piel, etcétera, por lo que necesitan de un cuidado especial. Esto lo puede hacer la UMA. Se trata de un dispositivo itinerante que, de lunes a viernes, entre las 17 y 30 y las 22 horas, recorre los distintos barrios de Montevideo y de Canelones. Por ejemplo, los lunes está en la Terminal Goes; los martes en la Plaza 25 de Agosto de La Teja; los miércoles en la calle Julio Herrera y Obes, esquina Galicia; los jueves en la Plaza Libertad, y los viernes en la peatonal de Cipriano Miró. Me estoy refiriendo exclusivamente a Montevideo, pero también hace prestaciones en Las Piedras y en Pando.

  Asimismo, tenemos vínculo con otros grupos, que son equipos de proximidad, y se llaman Aleros. Estos equipos son más de carácter barrial. Circulan en los distintos barrios de Montevideo, se vinculan con las organizaciones sociales del territorio y prestan servicio a la gente en los barrios.

  También está el dispositivo Achique de Casavalle, en el barrio Las Acacias. Es un dispositivo permanente en el barrio, en el que se atiende a muchachos y muchachas con adicciones. Durante el día se brinda distinto tipo de servicios: contención psicológica, talleres laborales, alimentación y vínculos con las policlínicas del barrio.

  Tenemos un trabajo muy cercano con ASSE, con el Ministerio del Interior y con el INAU para lo que son todas las derivaciones interinstitucionales que se dan a lo largo del día.

SEÑORA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL.‑ Quiero enfatizar un par de cosas y mencionar alguna que no quiero dejar sin atender.

  En primer lugar, me referiré a la famosa carta no enviada. El otro día decía en un medio de comunicación que cuando yo era adolescente, hace mucho tiempo, había una película muy emocionante que se llamaba "La carta no enviada". La carta no enviada es la del intendente de Montevideo, Daniel Martínez, con quien, como expresó nuestra hincha de la Intendencia de Montevideo, nuestra subsecretaria, trabajamos todos los días sobre este tema.

  Lo otro que está atado a esto y que apareció en varios medios de prensa, es lo siguiente. A veces me sorprendo de cómo de una afirmación o de un hecho se pueden sacar conclusiones tan diversas, pero es parte de la nueva época, en el mundo entero. En ningún momento el intendente de Montevideo dijo que quería sensibilizar al presidente, porque al presidente de la República, por suerte y porque es como es, y lo mismo el expresidente Mujica, no hay que sensibilizarlo con estos temas. Ellos están muy sensibilizados con estos temas. De no estarlo ambos, no hubiéramos podido hacer todo lo que hicimos que, en última instancia, es parte de la preocupación permanente que existe y del trabajo cotidiano, del que no hacemos exhibición, y no por nosotros, sino por las personas que atendemos. Uno podría contar muchas historias de vida con datos duros, pero no se puede, porque las personas tienen derechos. La persona que está debajo de un nylon, que está tirada en la calle, que está consumiendo drogas, que está consumiendo alcohol, que tiene una historia de vida, también tiene derechos. Para empezar, tiene derecho a que nosotros trabajemos para preservar su intimidad.

  A tal punto esto es así que, cuando se hizo el censo, nos preguntábamos si nos iban a contestar las preguntas. Sin embargo, los profesionales jóvenes, que tienen la camiseta puesta y mucha dedicación al trabajo, decían: "No entendemos por qué nos contestan con tantos datos, con tanta facilidad. ¿Por qué cuando hacemos la entrevista, las personas nos cuentan su vida?". Yo tengo dos hipótesis, para que las estudien quienes analizan estos fenómenos sociales. La primera es que nos tienen confianza. Yo creo que nos tienen confianza porque trabajamos todos los días con ellos, conocen a los equipos y a las personas. La segunda, que no es contradictoria con la primera, es que su vida ha sido tan tremenda, tan golpeada y están en una situación de tanto desamparo, que les da lo mismo. Lo que a nosotros nos costaría contar de nuestra vida, de nuestras circunstancias, de nuestros problemas, a ellos ya dejó de importarles. Esta puede ser una de las causas por las que establecen esos vínculos con nosotros.

  Yo hablaba de tres etapas. El actual presidente Tabaré Vázquez entregó el plan de emergencia al entonces presidente Batlle, al poco tiempo de que éste último asumiera, porque ya lo teníamos elaborado. En esta Casa, en su otra mitad, muchas veces, como senadora, presenté parte del plan de emergencia, sobre todo a partir del 2002, como propuestas para que se votaran, porque hacían a la emergencia que estaban pasando las personas. No es que un día que nos levantamos y dijimos: "¡Ganamos! ¡Vamos a ver qué inventamos!". No. Por eso hablo de la sensibilidad. En esa primera etapa teníamos familias enteras en la calle. Ahí aprendimos ‑por esto que decíamos de que la vida cambia, la sociedad cambia y nosotros cambiamos a la sociedad que nos presenta nuevos desafíos‑ que no es bueno, por distintas razones, tener familias enteras en los refugios. Tampoco es buena cosa tener mujeres con niños donde hay hombres. Aprendimos que eso es algo que no hay que hacer, por más buenos equipos que tengamos.

  En la segunda etapa, y acá viene la sensibilidad del expresidente Mujica, se toma la decisión de crear los centros de veinticuatro horas para mujeres con niños, que en el primer Gobierno del Frente Amplio no los teníamos. En la segunda etapa del Mides se entendió que esas mujeres con sus niños necesitaban esta complejidad de atención y estar amparadas veinticuatro horas.

  ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo deseable? ¿A qué aspiramos? ¿Para qué trabajamos? Lo que queremos es que esas mujeres tengan autonomía y salgan de los dispositivos. Para salir del centro y tener autonomía, en el caso de que sean mujeres que tengan capacidad para tenerla, se necesitan dos cosas: un techo y un trabajo. El Estado las va a tener que acompañar hasta el último día de sus vidas, porque no cuentan con quién las acompañe y no tienen autonomía: no van a poder solas. Hay otras que van a aprender cómo hacer un presupuesto mensual; cómo hacer las compras; cómo hacer la comida; cómo hacer el desayuno. En muchos casos en los centros, son los equipos los que levantan y trabajan con los niños para que lleguen a tiempo a la escuela o al centro educativo, para que ese niño o adolescente no se pierda de ir a clase, porque esas mamás, esas señoras, esas muchachas, todavía no pueden asumir lo que lleva la maternidad, el cuidado de sus hijos, y algunas no lo van a poder hacer nunca por problemas de otro tipo, discapacidades diversas, etcétera.

  El otro día apareció un refrito ‑como dicen los periodistas‑ que se hizo de la versión taquigráfica de la Comisión de la semana pasada y es fantástico cómo se arma la historia. Parecería que como ahora el intendente le mandó una carta al presidente para sensibilizarlo, entonces a nosotros se nos ocurrió abrir un centro en la Unión; se nos ocurrió descentralizar la puerta de entrada; ahora se nos ocurrió hacer cursos, capacitaciones y generar emprendimientos junto con la Dirección Nacional de Economía Social e Integración Laboral; ahora se nos ocurrió convocar a monotributistas, que se vaya a una capacitación del Inefop o que se retome el estudio; ahora se nos ocurrió lo de las cosas que se hacen en los espacios de comercialización con mi alcalde, Carlos Varela Ubal, o con el alcalde del municipio CH, quien nos ha brindado unos fantásticos lugares de comercialización, también para gente que está en los centros, que va aprendiendo a hacer plantines, adornos. Lo que hacemos es generar las condiciones para que puedan producir y que esa producción se venda. Pero insisto: los cambios no acontecen porque ahora se nos ocurrieron. Los cambios suceden porque a través del análisis ‑el señor diputado Abdala preguntó sobre esto y respondió la señora subsecretaria‑ evaluamos si lo que estamos haciendo impactó o no.

  Además, como decíamos, en algunas cosas la sociedad cambió para mal. Cuando vamos a abrir un nuevo refugio, precisamos un local, una casa; necesitamos ponerle varios baños, si nos lo tiene. Ahora no sucede lo que pasaba en la primera etapa del Mides, cuando el IMPO nos cedió la vieja imprenta nacional o la Contaduría General de la Nación nos dio un edificio y ahí metimos las camas y todas las cosas. Las organizaciones sociales nos apoyaban y ahí metíamos a las familias que no tenían dónde vivir, pero esta es otra situación. Ahora: ningún dueño de casa que la ponga en alquiler, ni ninguna inmobiliaria, se desmelenan por alquilarnos a nosotros, y menos con precios que pudieran ser aceptables, o aunque no fueran aceptables, como también hemos alquilado. Y después hay vecinos para los que todo está muy lindo pero dicen: "no me los pongas en la esquina". Hace dos años nosotros tuvimos ‑digo "nosotros", no porque el centro fuera nuestro, sino por "nosotros‑ Estado"‑ un centro para personas con parálisis cerebral, que estaba atendido por una organización social en Malvín, y hubo que cambiarlo de lugar, porque los vecinos se organizaron y juntaron firmas para eso. Esas personas con parálisis cerebral no molestaban a nadie: estaban en un lugar hermoso, que tenía aire, fondo, y no representaban un peligro para nadie; pero ese centro no era para ese barrio y lo tuvimos que mudar. Esas son las cosas nuevas que surgen y si no hubiéramos trabajado para tener cuarenta y ocho centros; si no hubiéramos trabajado en esta modalidad a la que referimos; si no hubiéramos atacado esta cosa nueva que aparece de los campamentos, todas esas personas estarían en la calle.

  Por otro lado, podemos arrimar a la persona a la institución para que se la atienda en el Piñeyro del Campo o en otro lado: están las leyes, están las normas, está todo, pero después están las personas. Y algunas personas son muy vocacionales y dedicadas y tienen mucho amor para hacer las cosas y otras no; eso también lo aprendí yo, por lo menos. La persona que está haciendo las cosas tiene un peso determinante en la vida de los otros seres humanos que dependen de su decisión. Yo a veces hablo del poder del sello: "Yo tengo el sello y mi poder es que si yo no lo pongo, presidente, usted no pasa a otra instancia del trámite que está haciendo". Entonces, depende de mí poner o no poner el sello. Hay que tener en cuenta todas estas cosas que son de una sociedad uruguaya que por un lado se conmueve y, por otro, tiene actitudes como las referidas.

  Realmente uno disfruta instancias como las de ayer, participando de una actividad fantástica interinstitucional con organizaciones sociales; un encuentro de pluripartidismo, con todos los colores, con alcaldes, ediles, con la producción en Salto, sana, trabajando con todas las instituciones del Estado. Insisto: integrantes de todos los partidos políticos.

  Y tenemos la gente que se arrima: los cuatro mil y tantos voluntarios que este año se anotaron ‑el año pasado eran tres mil y este año son más de cuatro mil‑ y que eligen ir a trabajar a un hospital, al Inisa o a lugares duros, pero también tenemos el que dice: "Está todo muy lindo, Marina, precioso: yo estoy muy convencido de todo, pero no me vayas a poner un refugio o un centro en la esquina de mi casa. No vayas a poner un centro de niños, porque esos niños no son iguales a los míos". Este es un problema que también debemos analizar y contra el cual peleamos; por eso, defendemos con mucho fervor todos estos logros.

  Lamentablemente hay gente en esta situación y no solo en el Uruguay, sino en todo el mundo; inclusive, se ve en el primer mundo, con características muy duras. Hay mucha gente que fruto de patologías, de ruptura de vínculos ‑como se decía aquí‑, de consumos y otras razones, termina en estas situaciones. Entonces ‑el diputado Abdala preguntaba sobre esto‑ es retirada por la Policía, en virtud de la ley de faltas; se actúa con la Intendencia y se hace todo lo que se decía, pero para obligarla, es preciso que se dictamine que tiene problemas. ¿Y qué pasa si se determina que tiene que cumplir tareas comunitarias? Esto lo dijimos la semana pasada y quiero volver a decirlo ahora. La jueza que participa en el programa Intercalle dice que eso no sirve, porque si el juez manda a la persona, por ejemplo, a barrer la Plaza Libertad, y no quiere ir, no hay cómo obligarla. Y los jueces tienen muchísimo trabajo y dicen "está muy bien, pero ¿quién la lleva a barrer la Plaza Libertad?". Entonces, las herramientas existen y las precisamos: nosotros cumplimos con la ley, pero no se prevén estas cosas.

  Podemos discutir si estamos de acuerdo o no; esa es otra discusión que yo daría con gusto, en otro momento y en otra circunstancia, porque creo que preservar la vida de la persona cuando hace frío, cae granizo o lo que sea, está antes que el derecho de la persona de elegir morirse en el medio de la calle, porque eso es lo que elige, pero esa es otra discusión. Entonces, dentro de la ley, hacemos lo que podemos con las herramientas de la propia ley.

  A ninguno de los presentes escapa que estas situaciones traen como consecuencia licitaciones, contrataciones, alquileres y cuestiones que muchas veces no son del agrado del Tribunal de Cuentas. Y yo digo acá qué es lo que hago ‑porque no estoy ocultando nada‑ : si tengo que elegir entre poner a una mujer con niños en un hotel o dejarla en la calle, aunque sé que eso lo va a observar el Tribunal de Cuentas, me va a observar el Tribunal de Cuentas. Y yo les voy a decir a sus integrantes: "Tienen razón, perdonen, pero yo voy a reiterar el gasto".

  En ese sentido, hay un artículo sin costo que va a venir en la próxima rendición de cuentas donde pedimos que se faciliten algunos procedimientos ante este tipo de situaciones. Es una norma que en nuestra opinión mejora la situación ‑se basa en un artículo del Tocaf‑ : en estas circunstancias demostradas ‑no es para cualquier cosa‑ facilita al Mides el trámite de todo esto.

  Disculpe lo extenso de mi exposición, señor presidente.

SEÑOR ABDALA (Pablo).‑ Agradezco mucho a las señoras ministra, subsecretaria y directora por toda la información que proporcionaron y por todo el tiempo que nos dedicaron que, por supuesto, apreciamos y mucho. Ha sido muy interesante escucharlas y hemos tomado debida nota de los distintos aspectos que aquí se volcaron. Creo que la información proporcionada es muy valiosa desde todo punto de vista y por supuesto con relación al tema que estamos analizando. Los aspectos que aquí se han comentado van al centro de la cuestión, sin perjuicio de lo cual voy a hacer algún comentario y alguna valoración de carácter general sobre ellos. Antes, quisiera hacer un par de aclaraciones y luego de mi valoración, quiero dejar una pregunta final a la señora ministra.

  Las aclaraciones iniciales tienen que ver con un aspecto que hace a las relaciones entre la ministra y nosotros, entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que creo debemos comentar. Es legítimo que otras comisiones del Parlamento convoquen a la ministra para hablar de estos mismos temas y por supuesto que es legítimo, y está bien, que la ministra concurra. Pero si es legítimo que vaya a otras comisiones, más legítimo es que venga a esta, porque esta es la comisión del ramo: la Comisión Especial de Población y Desarrollo. De la misma forma en que la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, inexorablemente debe concurrir a la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara antes que a ninguna otra ‑y lo mismo con la ministra de Industria, Energía y Minería, quien debe concurrir antes que nada a la Comisión de Industria, Energía y Minería‑, si hay una comisión a la que no puede dejar de asistir la ministra de Desarrollo Social ‑como no ha dejado de hacerlo nunca, salvo cuando se ha hecho representar por la señora subsecretaria‑ es a la Comisión Especial de Desarrollo Social. Entonces, me parece bueno que si hace pocos días habló de estos mismos temas, aproveche esta instancia ‑como creo que lo ha hecho‑ para hacer precisiones o aclaraciones sobre los trascendidos. Creo que en ese sentido le hemos dado una oportunidad a la ministra, para que aclare, ajuste o precise lo que considere necesario.

  En su intervención inicial la ministra ha hecho referencia a un montón de casos particulares, muy ilustrativos, que fue muy interesante escuchar. Inclusive dijo, tomé textualmente la expresión: "Puedo pasarme la tarde haciendo historias" ‑contando historias, habrá querido hacer, trasmitiendo experiencias‑, y yo la entiendo: yo también podría pasarme la tarde haciendo comentarios sobre todo lo que aquí se dijo, pero no pretendo mortificar ni a los colegas, ni a la delegación, ni a la propia ministra. Pero sí quiero detenerme en un solo caso concreto ‑los demás los puedo juzgar, por supuesto; tomo por ciertos y por válidos todos los hechos que la ministra ha narrado‑ : no tengo más remedio que volver al caso de los cuatro nigerianos, simplemente para que quede constancia, porque la ministra dijo que en ese tema el Ministerio de Desarrollo Social no tuvo nada que ver, no tenía nada que ver o no tenía relación con él. Y esto yo no lo leí en el diario El País ni en ningún otro diario; tengo aquí el pronunciamiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que es muy categórica y que hace referencia a estas cuatro personas de nacionalidad nigeriana, que llegaron al país el 21 de octubre, que el juez de primera instancia en lo penal de 22º turno determinó que fueran a un refugio del Mides y que al llegar a la puerta de entrada se le comunicó al funcionario de la Prefectura que no tenían más espacio en ningún refugio. Después, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo se hace eco de una expresión del funcionario de Prefectura, que dice que no se podían quedar allí, que no podían ser alojados en calabozos. Por ese motivo, la Institución emplaza al Poder Ejecutivo a través de distintos organismos, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Social, a conjurar la situación en un plazo de diez días. La vinculación con el Ministerio de Desarrollo Social parece bastante clara.

  Quiero hacer otra aclaración que tiene que ver con la carta que existió o no, que fue enviada o no. No traje este tema a colación para marcar contradicciones en el elenco de Gobierno, en el sentido más amplio ‑más allá de que uno es el gobierno departamental y el otro el nacional‑ ni para apuntalar la tesis de que el expresidente Mujica o el presidente Vázquez no tienen la dosis de sensibilidad suficiente. Parto del supuesto de que sensibilidad tenemos todos y nadie tiene el monopolio de la sensibilidad frente a estas situaciones que han motivado la atención de la Comisión en la mañana de hoy. La carta existió y el intendente de Montevideo dijo que la mandó para sensibilizar al presidente; esto es así. Tengo aquí las versiones de prensa, que nunca fueron desmentidas; además, lo escuché. No solo lo leí en el diario; escuché en los medios de comunicación oral que el intendente Martínez dijo: "Mi idea con el presidente fue sensibilizarlo. La Intendencia no trata de trabajar por fuera ni ser protagonista de nada. No se trata de una crítica al Mides, pero obviamente hay un incremento notorio de la cantidad de gente que está viviendo en la calle". Lo dijo y lo escribió. Es un dato. Repito: lo tomo por venir de quien viene, es decir, una autoridad con competencia directa en el tema y con enorme responsabilidad, porque es el jefe del Gobierno Departamental de Montevideo. Ya que la ministra lo mencionó, y como hice referencia al tema anteriormente, me pareció necesario hacer esa aclaración.

  En cuanto a los temas de fondo, tengo la impresión de que se están haciendo muchas cosas. Con esto hago pública una conclusión respecto a la duda inicial de si había negligencia o ineficacia. Se están haciendo todas las cosas que aquí escuchamos y las tomo como válidas; se están llevando a cabo. Parto del supuesto de que eso se está haciendo en beneficio de muchas personas que están en situación de calle y, por lo tanto, están mereciendo la atención que aquí se describía.

  Aquí tengo que hacer un corte. Cuando hablamos de personas en situación de calle nos referimos a una casuística interminable, pero por lo pronto hay una categorización inicial en la que todos coincidimos. Una es la de los que viven exclusivamente en la calle durante el día, y otra la de los que viven siempre, de día y de noche, es decir, duermen en la calle. En este último caso ‑todos importan, pero este último conjunto nos obliga a actuar con un sentido de urgencia mayor‑ no me queda claro si las medidas van a arrojar resultados positivos por lo menos en el corto plazo. Me da la sensación ‑por las expresiones que hemos escuchado, tanto de la señora ministra como de la señora subsecretaria‑ de que muchas de esas medidas que se están tomando ‑la ministra dio a entender que no necesita que el intendente de Montevideo o alguien los llame a la sensibilidad para hacer lo que están haciendo, para que abran un centro en la Unión, para descentralizar la puerta de entrada‑ fueron por reacción ante una realidad que se nos vino encima, que se le vino encima al país, a la sociedad que cambió, y que no fuimos capaces de preverlo. Esa es la conclusión que extraigo. El convenio con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a los efectos de las soluciones habitacionales; la creación de nuevos centros diurnos con la Intendencia de Montevideo y eventualmente con los demás gobiernos departamentales; las medidas que describía la directora Bianchi, son todas positivas, todas muy bienvenidas, pero con relación a esas personas que duermen en la calle, resultan tardías. Por lo que aquí se ha dicho, algunas medidas ya se están implementando y otras están en etapa de negociación o de diseño, pero esta realidad que rompe los ojos, no es nueva, no empezó este invierno, sino que viene de años anteriores. Por lo visto, no fuimos capaces de advertir que este problema que a todos nos preocupa iba a adquirir la dimensión que adquirió. Asumo la cuota parte de responsabilidad que me corresponde, porque todos somos hombres y mujeres de Gobierno. Pero yo soy integrante del Parlamento y estoy en la oposición; con esto no quiero minimizar mi responsabilidad, pero el Mides tiene una responsabilidad mayor, por ser el Mides. No le estoy asignando culpas a la señora ministra ni a quienes están a cargo del Mides. Estoy tratando de ser muy objetivo y describir las cosas, pero me parece que francamente esto es así.

  Independientemente de que esto sea así o no ‑yo creo que lo es pero alguien puede sostener lo contrario‑ hay un problema real con seiscientos o setecientos uruguayos o uruguayas que van a dormir durante el próximo invierno en la calle, según las cifras que han manejado en los últimos días las autoridades, la subsecretaria y la directora Bianchi, con quien he compartido algunos espacios en los medios de comunicación sobre este mismo tema. Respecto de eso quisiera saber qué se piensa hacer en el marco del Plan Invierno. Le voy a hacer una pregunta concreta a la señora ministra, y con esto termino porque no quiero extenderme demasiado; todas las medidas que se anunciaron, que no comento, me parece que están muy bien. Ya que la señora subsecretaria decía que se cumple con la ley de faltas ‑está muy bien‑, y que la señora ministra decía que entre la atención del derecho a la salud y la vida de las personas, opta por esta última, y como creo que está en juego la vida de las personas, quisiera saber qué piensa hacer en la noche de hoy ‑el invierno entra dentro de pocos días formalmente, pero se nos ha adelantado, como es notorio‑ con relación a una facultad que se le otorga por una norma que promovió el expresidente Mujica, la Ley N° 18.787. Esa ley no obliga al Ministerio, pero sí le da una facultad al Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios de Desarrollo Social, Salud Pública e Interior, que tienen la competencia directa de aplicarla o no. Se establece que en caso de muerte o de grave riesgo a la salud esas personas pueden ser llevadas a refugios, aun sin su consentimiento, una vez que un profesional médico acredite esa circunstancia en cada caso concreto.

  Más allá de valoraciones de algún tipo, pregunto a la ministra si esta disposición legal se está aplicando. ¿O se va a aplicar? ¿Se va a procesar lo que aquí se dice, en cuanto a que los profesionales médicos constaten en el caso de esas seiscientas o setecientas personas que duermen en la calle, si corren riesgo de muerte inminente o riesgo muy grave a la salud? ¿Se está haciendo o no? ¿Se va a hacer? ¿Eso forma parte del Plan Invierno?

  Esa es una pregunta concreta que quería formular, aparte de las valoraciones que ya hice, que dan por cumplida la instancia de hoy, porque más de acá no podemos avanzar.

SEÑOR VIERA (Nicolás).‑ Quiero hacer algunas consideraciones.

  En mi corto paso por este Parlamento creo haber presenciado en estas horas que llevamos de reunión una de las presentaciones más acabadas, más técnicamente excelentes, que nos han dibujado el contexto donde estamos parados, por la complejidad que tiene a la hora de evaluar, condicionar o dar opiniones sobre este tema tan delicado. Esto me lleva a reflexionar sobre algunas cuestiones. En el fondo, todos y todas los presentes, miembros de este Parlamento, coincidimos en que es un tema que la sociedad uruguaya en su conjunto debe abordar, en este caso institucionalizado en el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social, desde un punto de vista proactivo, positivo, proponiendo, tratando de ayudar, como bien ha hecho el diputado Abdala a través de sus planteos, que han tenido a esta Comisión como parte de este proceso de intercambio.

  En relación a esta interacción que hacemos entre los Poderes, creo que el Ministerio de Desarrollo Social ha sido muy consecuente en cuanto a las comparecencias al Parlamento, en esta y en otras comisiones, ya que siempre ha estado cuando se lo convoca y nunca hay inconveniente. Pero creo que en algún momento sería bueno optimizar los tiempos y generar trabajos colectivos entre varias comisiones a la hora de plantear temas comunes. Pero eso escapa a lo institucional; es una cuestión de funcionamiento político, porque cada comisión tiene la competencia de citar a cualquier delegación.

  En esta etapa de presentación del Mides he visto una cuestión que transversaliza todo el planteo, que es el profundo humanismo que cargan la ejecutividad de las políticas públicas, el desarrollo técnico a la hora del trabajo en territorio y la visión que tiene el Ministerio a efectos de ejecutar las políticas que atienden a personas en situación de calle. Es un tema muy complejo y a la vista está.

  He sacado apuntes, con flechas hacia todos lados, porque es un tema que abarca mucha cosa. Siempre digo que las políticas públicas, sociales, como las que ejecuta el Mides, y también las educativas, en el caso de Educación Primaria ‑que es lo que más conozco‑, no se pueden visualizar si no tenemos en cuenta los diferentes cambios que la sociedad va generando. Si no somos capaces de amoldarnos a esos cambios difícilmente podamos ser eficientes a la hora de los resultados.

  Veo ‑lo he intercambiado con integrantes del equipo del Mides y con mis compañeros‑ que acá no hay ninguna respuesta a una reacción puntual. Creo que se ha dado un proceso donde se han hecho determinadas evaluaciones en el momento que corresponde y se actúa en consecuencia, basados en los cambios de la sociedad. Plantear que el Mides da determinadas soluciones por una acción‑ reacción me parece que no es correcto y le quita seriedad al trabajo que realiza. Es como cobrar al grito. Eso no es así. Evidentemente, hay un plan que se viene desarrollando y las respuestas se dan en ese marco. Creo que esos cambios van acompasados de los continuos desafíos que presenta el desarrollo y el crecimiento que ha tenido el país. Por suerte, desde hace unos cuantos años tenemos un Ministerio de Desarrollo Social que unifica todas estas políticas sociales, y a la hora del trabajo parlamentario también unifica a quién recurrir, de lo contrario, tendríamos que llamar a un representante de la intendencia, a uno del Ministerio del Interior, y a otra cantidad de gente.

  En definitiva, se ha avanzado mucho, pero queda mucho por hacer aún, y eso está sobre la mesa. Me parece que en la medida en que podamos depositar la confianza en las autoridades que tienen que ejecutar este tipo de políticas vamos a avanzar. Creo que este Parlamento apunta a eso y se ve en las diferentes intervenciones de los distintos legisladores. La contribución de nuestras ideas va en ese sentido.

  Creo que también va en la forma en cómo miramos el mundo. Podemos estar horas ‑como dijo la señora ministra‑ hablando de situaciones puntuales. Recuerdo claramente el caso que la subsecretaria planteaba de Blandengues y San Martín; tenemos la posibilidad de visualizarlo. Imaginemos un titular que diga: "Murió en la calle una persona", o podemos decir que se trabajó socialmente, se le dio contención y ahora ‑por decirlo de alguna manera‑, como Estado, hemos logrado que esa persona esté en condiciones humanas, en un determinado destino, en un refugio del Ministerio de Desarrollo Social.

  Me resulta sumamente interesante todo el planteo. Tomé muchísimos apuntes, pero la versión taquigráfica ‑que muy bien se realiza en este Parlamento‑ va a tener muchos detalles que nos van a permitir seguir trabajando.

  Mi intervención era, en ese sentido, para aclarar algunos puntos de vista y brindar el respaldo absoluto a esta presentación que han realizado tan brillantemente.

  Muchas gracias.

SEÑORA RODRÍGUEZ (Lucía).‑ En primer lugar, quiero sumarme al agradecimiento por la exposición que se ha realizado, no solo en esta sesión de la Comisión Especial de Población y Desarrollo, sino también en la de la Comisión de Derechos Humanos de la semana pasada que, por un problema de tiempo, tuvimos que levantar y no pudimos generar un intercambio sobre la cantidad de información que brindaron.

  Lo que quería hacer en la Comisión de Derechos Humanos del otro día era agradecer esta mirada que tienen sobre el caso a caso, sobre las historias puntuales de las que muchas veces no nos enteramos porque, obviamente, no son las que difunde la prensa y tampoco son el foco de lo que se discute cuando hablamos de las políticas sociales.

  Me parece que ilustra mucho la expresión que utilizó la señora ministra sobre el traje a medida. Se trata de uno de esos fenómenos sociales donde no se puede aplicar una medida única sino que hay que ver el caso a caso.

  Es lógico que a esta altura del año, desde esta Casa, nos preocupemos por saber qué pasa con la gente sin hogar. Es reiterativo que, desde el Parlamento, se convoque a los equipos del Ministerio de Desarrollo Social para saber qué pasa con las personas sin hogar cuando llega el invierno, y también si hay preocupaciones por parte de la prensa. Es completamente legítimo que surja ese interés, pero parece que el objetivo fuera sacar a la persona de la calle, ponerle un techo y damos por satisfechos los esfuerzos. Es decir, que la policía o, inclusive, el ejército meta a todas las personas en un camión, les ponga un techo arriba y, entonces, se cumplió la política pública.

  En estas historias que ustedes fueron compartiendo, me dejó muy gratamente sorprendida el grado de acompañamiento que se hace a estas personas en salud, en salud mental y en atención de adicciones, que no forman parte de las competencias directas del Mides. Pero, dentro de este marco de articulación, hay que destacar cómo se trata de que la persona pueda generar herramientas para llegar a una situación diferente a la que está viviendo que, en muchos casos se puede lograr y, en otros, es mucho más difícil. Pero me parece que es por ese lado que lo ha encarado el Mides.

  No se trata ‑como decía el diputado Viera‑ de que parece que ahora el Mides se da cuenta de que existe esto, o de que el intendente haga un comentario de que parece que el Mides se ocupa. No; es un trabajo permanente que se hace de manera silenciosa, que muchas veces está también muy influido por el compromiso que tienen las personas que trabajan directamente con la población que está en calle, que es fundamental. También hay que entender que se trata de que el diagnóstico sea permanente. No se trata de un diagnóstico para no hacer sino de un diagnóstico para hacer mejor. Seguramente, la población que hoy está en calle tiene características distintas a las que se habrá encontrado la subsecretaria en el año 2001, durante uno de sus pasajes por la Intendencia de Montevideo, y será distinta a la que habrá, quizás, el año que viene, porque es un problema que se retroalimenta. Las respuestas que hay que dar son distintas y tenemos que estar por encima del problema. Veo que el Mides lo está haciendo, no solamente con lo que plantearon en términos de prevención, sino también tratando de conocer a las personas, de conocer las situaciones que están viviendo para poder dar las respuestas adecuadas y para que esa persona pueda encontrar un camino diferente, que pueda reestructurar su trayectoria de vida con el fin de, eventualmente, poder salir de la situación de vulnerabilidad que está viviendo.

SEÑORA RETTICH SZOMBATY (Elizabeth).‑ Agradezco mucho la extensa exposición respecto a todo este problema, que nos ilustró profusamente acerca de sus actividades, pero me queda una duda, bastante grande, con respecto a cuál es el verdadero motivo o cuál es la función del Ministerio de Desarrollo Social, si solamente es atender los casos problema que estuvimos viendo. De acuerdo con los datos estadísticos presentados ‑tanto por los aquí presentes como por el diputado que hacía las preguntas iniciales‑, el problema, lejos de achicarse, lejos de estar solucionándose, parece estar agravándose, porque cada vez tenemos más gente en la calle; en un principio eran casos puntuales pero llega un momento en que se hace costumbre verlos por todos lados.

  Como vivo en el interior, vivo en Maldonado, y realmente salgo poco de noche, pero las pocas veces que salgo ‑aunque salga de día‑ veo que la gente no solo se refugia para pasar la noche, sino que está durmiendo ‑esto es lo lamentable‑ a plena luz del día. Entonces, uno se hace preguntas, y todos tenemos una serie de respuestas.

  ¿La función del Ministerio de Desarrollo es solamente ir atendiendo estas situaciones, dando paliativos a un problema que cada vez es mayor y que nos está ahogando a todos? Cuando digo todos, estoy pensando en que nuestra función no es solamente proteger a los más débiles, a los que tienen discapacidades, a los que han tenido problemas mentales. Todo eso lo entiendo y me preocupa, pero también me preocupa la situación de la ciudadanía general, que está sufriendo en su propia puerta.

  Por suerte esto en Maldonado no lo he visto ‑si hay alguien que lo conozca mejor, que me diga‑, pero en Montevideo, sí. He visto también que la gente, que el ciudadano común, el que trabaja, el que tiene su familia, el que atiende a sus hijos, el que está formando a nuestros ciudadanos futuros, correctos, sanos, trabajadores, estudiosos, no tiene derecho a entrar ni a salir de su casa, porque tiene a dos o tres personas durmiendo en la entrada. Eso ocurre ya no solo en los espacios públicos, lo cual es bastante desagradable, y no solamente a la vista. Hay gente que ha dado su testimonio diciendo que le cobran un peaje para entrar a su edificio, para entrar a su casa.

  Entonces, no solo habría que estar aplaudiendo todos esos casos, muy humanos, por cierto. Yo también soy maestra, por lo tanto, he trabajado mucho con gente con dificultades. Sabemos que hicimos lo posible, pero que la solución no está en ese paliativo. La solución está en algo más de fondo, en hacer una investigación de por qué seguimos aumentando la cantidad de gente que necesita del amparo, cómo lo podemos mejorar, y cómo podemos dar respuesta al resto de la ciudadanía, que también está esperando.

  Agradezco muchísimo, pero esta es una preocupación y ustedes saben que no es solo mía; es de todo el mundo, porque uno lo escucha en la calle.

  Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ En primer lugar, voy a hacer algunas consideraciones desde la presidencia que tienen que ver con el funcionamiento de la Comisión y, luego, si el resto de los legisladores me lo permiten, voy a hablar como integrante de la Comisión.

  Quiero comentar que a la hora 13 comienza a sesionar una Comisión especial sobre empresas públicas en derecho privado, que también presido, a la que está invitado el Tribunal de Cuentas, y por ese motivo me voy a tener que retirar.

  Como vieron, estaban conversando integrantes de las distintas bancadas para ver cómo seguir, porque también hay algunas otras actividades pautadas para la tarde, y tenemos dificultades para poder continuar con la sesión de la Comisión mucho más allá de esta hora.

SEÑOR MERONI (Jorge).‑ Acordamos con los compañeros legisladores de la oposición levantar esta sesión.

  El diputado Bacigalupe, uno de los miembros convocantes, había hecho un pedido de informes al Ministerio sobre el INDA. Si bien todavía hay plazo para contestarlo, acordamos en que se respondiera lo antes posible.

  En cuanto al tema migrantes, el señor diputado Amarilla, que era el convocante, se tuvo que retirar porque tenía otra actividad. Entonces, dejaríamos ese tema para considerarlo en otra sesión y levantaríamos esta sesión. No solamente el presidente tiene otra comisión sino también varios legisladores.

  Estamos pidiendo disculpas a las autoridades del Ministerio, pero no pensamos que la Comisión iba a durar tanto.

SEÑOR BACIGALUPE (Ruben).‑ Quiero recordar que hicimos un pedido de informes el 5 de abril del año pasado por otro tema y no se nos ha respondido.

  Pero yendo a este tema, que es de actualidad, nos gustaría que se pudiera responder rápidamente este pedido de informes o, si es necesario, iríamos al Ministerio. No sé; lo podríamos coordinar; no hay ningún problema. Sabemos que hay compañeros que tienen comisiones; nosotros también tenemos comisión más tarde, así que estamos dispuestos a que se nos pueda responder.

  Les agradecemos su presencia y también a los compañeros por la disponibilidad que han tenido.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Para cerrar este asunto, que es de orden, estaríamos acordando agotar la lista de oradores que tenemos sobre este punto. Seguramente, la ministra o los integrantes de la delegación tengan algo más para decir, porque se han hecho algunas preguntas y comentarios. Después, estaríamos levantando la sesión.

  Sobre el otro punto, hay un pedido de informes que las autoridades del Ministerio responderán. En cuanto al tema migrantes, que es el otro punto que estaba a consideración, lo abordaríamos en otra sesión.

  Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el procedimiento acordado.

  (Se vota)

——Diez por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

  Creo que, como ya se ha dicho, la intervención de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social ha sido muy completa, muy exhaustiva. Han informado a la Comisión sobre un conjunto de iniciativas que se están llevando adelante y que entiendo son muy importantes para atender la problemática que fue motivo de la convocatoria a la señora ministra y su equipo en el día de hoy.

  Me parece que cuando abordamos un tema de esta naturaleza es muy importante tener en cuenta que estamos hablando de un montón de personas que están en una situación de extrema vulneración de derechos. Por ende, tenemos que ser muy cautelosos para no incurrir en ninguna forma de utilización política baja del tema. Con esto no estoy acusando a nadie, porque, desde mi punto de vista, la intervención del diputado Abdala no transitó por esos carriles. Entiendo que es una inquietud legítima y sincera la que lo anima. Esta es una advertencia que, en todo caso, nos cabe a todos, sin importar a qué fuerza política pertenezcamos. No debemos utilizar este tema con ningún objetivo que no sea tratar de resolverlo porque, efectivamente, lo que se expresa en este tipo de situaciones es un conjunto de problemas. Muchos de esos problemas tienen un origen estructural y otros tienen que ver con la historia de vida de personas que, en muchos casos, no tienen más recursos que los que el Estado pueda brindar para tratar de encontrar una salida a una situación que, en general, es bastante incierta porque existen obstáculos muy grandes para que esas salidas puedan concretarse. Además, las soluciones no pasan solamente por lo que el Estado pueda hacer.

  Me parecía importante decir esto.

  La metáfora del traje a medida que mencionaba la ministra y de la que también hablaba la diputada Rodríguez es especialmente importante. Estamos ante una problemática en la cual la atención personalizada, tratando de encontrar respuestas adecuadas para el caso específico de cada una de las personas, exige un tipo de abordaje muy distinto al de otras problemáticas sociales.

  Sin duda, para un Estado y para unos mecanismos institucionales que tienen que abordar muchas problemáticas, teniendo en cuenta, además, que desde lo institucional estamos acostumbrados a abordarlas de una manera más generalista y a tener enfoques que clasifican y atienden las situaciones de una manera más general, esto es un desafío muy grande.

  Entiendo que el enfoque que han planteado las autoridades del Ministerio contempla esto y demuestra que hay un compromiso muy grande por tratar de encontrar soluciones de ese tipo, pero todos los que estamos acá somos conscientes de la dificultad enorme que esto conlleva. No lo digo desde un lugar de impotencia. Tal vez se podría interpretar que es así o que estamos diciendo que no hay una solución inmediata. Lo que estoy diciendo es que tenemos que hacer los máximos esfuerzos para que esas soluciones existan. Debemos tener en cuenta que esas soluciones deben estar planteadas siempre desde una perspectiva de integración y solidaridad. Al escuchar lo que mencionaban los integrantes de la delegación, la subsecretaria, inclusive, la ministra, en cuanto a que ciudadanos que están en una situación infinitamente más ventajosa que los que viven en situación de calle reaccionan frente a determinados dispositivos o políticas, diciendo: "No los quiero ver. No los quiero tener cerca. Me molestan", me parece que estamos asistiendo a un problema que va bastante más allá de las personas que están viviendo en situación de calle. En realidad, tiene que ver con una sociedad que no se reconoce en el otro, que no se reconoce en el que está en una situación de mayor vulneración y que piensa en el otro más como un límite, como un obstáculo, como un problema para desarrollar su propia vida integrada, que como alguien que es necesario incorporar, porque también tiene un aporte para hacer a la sociedad y porque, ante todo, es un ser humano que está sufriendo una situación de vulneración extrema.

  Creo que todos los que desempeñamos tareas políticas, de representación, tareas ejecutivas y demás tenemos un desafío adicional en torno a este tema, que es el de trabajar con el conjunto de la sociedad para revertir esas actitudes y esos sentidos comunes, por decirlo de alguna manera, que colocan al más vulnerado, al más desamparado, como un enemigo, en lugar de como alguien con quien hay que construir y al que hay que tenderle una mano. Creo que en eso hay un desafío enorme por delante y no es responsabilidad exclusiva de un ministerio, sino que tiene que ver con una construcción social en la que es necesario avanzar.

  (Ocupa la Presidencia el señor representante Álvaro Dastugue)

SEÑOR PRESIDENTE (Álvaro Dastugue).‑ Agradezco toda la información vertida, que ha sido muy rica.

  Sabemos que la población de la cual estamos hablando es muy difícil. Me gustaría saber si conocen el porcentaje de personas adictas que se encuentran en la calle con respecto a la totalidad, que imagino es un número importante.

  Con respecto a lo que decía la directora Bianchi, dado que soy de la zona y sensible al tema, me gustaría hacer una pregunta. Observé una entrevista televisiva que hicieron al director del Mides en Pando. Me gustaría saber si ese refugio del que se habla está tercerizado o si los funcionarios son del Mides y si se tomaron algunas acciones después de la demora para dar un lugar a esta mamá con sus cinco hijos. En la prensa de Pando se difundió que se había demorado más de cuarenta horas en otorgar un lugar a esta señora. No sé si es así, porque no tengo los datos exactos del momento en que esta persona solicitó ayuda por primera vez.

  También quisiera saber qué pasa con las personas que piden ayuda o quieren ingresar a los centros después de la hora 22. Lo pregunto porque a partir de la tardecita, luego de varias horas de sentir frío, a veces, entran en razón y solicitan ayuda.

SEÑOR DE LOS SANTOS (Óscar).‑ Quiero sumarme a aquellos que plantearon si no sería necesario generar, entre el Mides, esta Comisión y, tal vez, alguna otra Comisión, un evento de otra dimensión ‑no acotado a tres horas de intercambio, con preguntas puntuales que planteamos los legisladores y que el Ministerio responde‑ para ver si es posible, por lo menos, acordar o definir las bases de una estrategia común, haciendo una lectura de la realidad, lo cual puede ser más complejo.

  No estoy haciendo ninguna propuesta ni un juicio de valor. Efectivamente, hay una serie de políticas públicas que pasaron a atender la situación con una estrategia distinta y hay diversas lecturas de esa estrategia. Si no nos ponemos de acuerdo en cuál es la estrategia para encarar esta situación, no sobre la base de que estamos en un tubo de ensayo, aislados de la realidad, sino conscientes de que en el mundo hay una serie de tendencias que parecen consolidarse y debemos ver cómo las entendemos, será muy difícil que salgamos de esta justa relación que existe entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Creo que la Comisión Especial de Población y Desarrollo tiene más competencias, además de convocar a los ministerios.

  Capaz que si generamos un evento, no internacional, sino un evento entre el Ejecutivo, el Parlamento, actores departamentales y locales, más alguna ayuda en términos de conocimientos científicos y académicos, que nos permitan conocer más sobre el tema ‑y no dejar las definiciones a nuestro libre albedrío, según nuestra experiencia personal‑, podamos conocer elementos de tendencia en cuanto a cómo encarar este tipo de situación. Inclusive, a la luz de una rendición de cuentas que no tiene margen de recursos, debemos pensar en una estrategia para abordar temas vinculados a la generación de empleos alternativos, de vivienda y otras políticas de contención social.

  Quizás, ese podría ser un aporte importante, particularmente, en este momento tan coyuntural, cuando ya estamos comenzando la mitad de un tercer período de Gobierno. Creo que aparte de rendir cuentas, el sistema político puede buscar bases de acuerdo.

  Hago el planteo en ese sentido y nada más que con esa motivación, ni siquiera para resolverlo hoy.

SEÑORA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL.‑ Quiero enfatizar un par de cuestiones, porque seguramente no me expresé bien. A veces, nos cuesta hacernos entender; estamos tan compenetrados en lo que hacemos, que solemos decir, en broma, que hablamos en clave. Como manejamos siglas, que inventamos nosotros mismos, y estamos tan metidos en estas cuestiones, a veces, no nos damos cuenta de que es difícil entender la multiplicidad de temas.

  Quiero volver a enfatizar en que las modificaciones no son fruto de una reacción.

  (Interrupciones)

——No es un problema de creer o no creer. Insisto, el señor diputado Abdala, sumamente respetuoso, plantea las preocupaciones bien informado, como siempre lo hace, con solidez. Da gusto intercambiar ‑lo digo en serio; los compañeros saben que es así, porque lo he comentado‑, cuando la persona que pregunta sabe de qué está hablando. Lo digo realmente convencida.

  Nosotros planificamos estos cambios. Voy a referirme, por ejemplo, al cambio del llamado call center, o centro de recepción. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en estos temas, en la primera etapa, cuando el director del Pronadis era Alberto Della Gatta, que venía con una larga experiencia de la Intendencia de Montevideo, el call center era una cooperativa de personas ciegas y de baja visión que se habían capacitado y se atendía desde el Instituto Artigas. Al comienzo, les conseguimos trabajo en las instancias de las elecciones de las directivas de cuadros de fútbol ‑no recuerdo si eran Peñarol y Nacional‑ y empezaron trabajando en el ámbito privado. Inclusive, los servicios estaban físicamente separados, en el sentido de que el call center estaba en el Instituto Artigas y los equipos de atención de calle salían del Ministerio de Desarrollo Social.

  En esta tercera etapa acordamos que todo estuviera en el mismo lugar físico. Esta planificación ya la habíamos hecho con la directora anterior, Mayra Aldama, que hoy está en el INAU, sobre la base de un trabajo ‑como muy bien decía el diputado Óscar de los Santos‑ de evaluación de la academia, de la Universidad de la República. Entre las cosas que se sugerían ‑estoy hablando del año 2016‑ se planteaba lo que la directora Bianchi explicaba, es decir, que las mismas personas, profesionales, que atienden las llamadas ‑no es un call center cualquiera‑ lo hicieran durante una semana, mientras otras salían a la calle a tomar contacto directamente con las personas y que, después, las que estaban en la calle pasaran al teléfono y las que estaban al call center, al trabajo en la calle.

  Eso implicaba varias cosas: primero, había que poner en marcha todo eso y, segundo, no podíamos dejar la cooperativa de personas ciegas sin trabajo. Disculpen que yo explique todo esto, pero las cosas llevan su tiempo; ojalá tuviéramos la varita mágica para poder hacerlo en el mismo momento en que lo planificamos. Todo esto significa contrataciones y cambios. En el caso de la cooperativa, por suerte, había muchas direcciones que necesitaban tener ese servicio de call center y no tuvimos que despedirlos.

  En cuanto a lo de La Unión, que señalaba la subsecretaria, debemos tener en cuenta que es un proceso con los vecinos, con el trabajo en calle con las personas que estaban alrededor del hospital Pasteur, con la experiencia que íbamos realizando. Había que conseguir un lugar para alquilar en La Unión o buscar algún inmueble del Estado. Somos grandes buscadores de inmuebles en el Estado. Hay un listado, pero hay que ir a ver las propiedades y determinar si sirven o no, teniendo en cuenta la accesibilidad. Las viejas casas que, en general, son propiedad del Estado, a las que tenemos posibilidad de acceder, tienen escaleritas, como también pasa en los residenciales privados; todos lo sabemos. La accesibilidad no es menor. Hay que ver si se puede resolver con una rampa, una plataforma o una oruga, que es un elemento que se agrega o se saca, según se necesite. Cada una de esas decisiones implica escuchar a los equipos, que tienen opinión porque son los que están todos los días con las personas. Esas transformaciones se van dando. Celebramos cada vez que avanzamos, cuando tenemos cambios, cuando resolvemos. Me sentí muy emocionada cuando el ministro interino de Salud Pública, doctor Quian, dijo: "Es preferible que Salud Pública cargue con el peso de tener las personas en el hospital a que sigan siendo abusadas. Allanemos. Digámoslo a la fiscalía y vamos". El tema era dónde los metíamos. Esas cosas también pasan y las tenemos que atender.

  Hay una planificación. Hay elementos nuevos que nos desafían a pensar cosas nuevas. Hay una realidad en el mundo ‑y no lo digo para sacarnos de encima la responsabilidad; muy por el contrario, la responsabilidad es mucho mayor‑ : los famosos iglús que levantamos nosotros, el invierno pasado estaban en París, bajo nieve. Al mirar el programa de las hermanas Kardashian, advertimos que cuando recorren las calles de Las Vegas, están llenas de iglús; es la misma carpa. Hacen un planteamiento de caridad, como forma de poner el tema sobre la mesa. Cuando uno visita Nueva York y encuentra a las personas en la calle, advierte que es un problema que está tomando mucha dimensión. No estoy hablando de los inmigrantes. En Uruguay, por ahora, ese no es el problema, pero sí lo es en toda Europa.

  Hay un fenómeno que no solo nosotros tenemos que estudiar, como muy bien dijo el señor diputado De los Santos. A través de la cooperación eurosocial, hemos traído expertos en personas sin techo. En este momento están aquí otra vez. Hay destacados académicos y prácticos que tienen un programa que me encanta ‑si pudiéramos, lo haríamos‑, que se llama House First ‑primero la casa‑ ; está en Canadá, en Nueva York, en París. Trajimos a estos expertos para hacer intercambio y capacitar a nuestros equipos. Ellos dicen: "Primero el techo y luego todo este acompañamiento que estamos haciendo". Llevan adelante ese programa y tienen éxito. A mí me encanta, pero no lo puedo hacer; de verdad.

  Tampoco es consuelo que cuando uno se reúne, a través de estos intercambios, con técnicos de otros países de América Latina nos digan que somos regios: "¡Qué bien, ustedes!". Nosotros estamos desesperados. Nuestra responsabilidad es asumir el tema, trabajar y resolverlo. Sé con qué afecto nuestros compañeros manifiestan que agradecen la confianza. Los alemanes tienen un dicho que dice que confiar está bien, pero controlar es mejor. Controlar es la función del Poder Legislativo. Nosotros agradecemos el control.

  La inquietud que planteó la señora diputada me parece totalmente válida como expresión de muchas personas, que a veces no tienen el ámbito donde plantear estos temas; otras veces, abundan los ámbitos para plantear las cosas. Como dijo el señor diputado De los Santos, nos tendríamos que sentar con tiempo, tomarnos un café, mostrarles videos y contarles cosas que disfrutamos porque son logros.

  Para esas personas trabajadoras, que llevan a los niños a la escuela, tenemos una economía estable en un mundo de vendavales en la región; hicimos una reforma tributaria para que pague más el que tiene más y para que pague menos el que tiene menos ‑todo es mejorable‑ ; hay consejos de salarios que están funcionando, donde se hace una negociación colectiva por el salario; tenemos una educación pública y una subvención a la educación privada ‑que es dinero que el Estado resigna‑, y tenemos el Sistema Nacional Integrado de Salud, mediante el que todos tienen cobertura de salud.

  Además, tenemos el Sistema Nacional de Cuidados ‑la novedad de esta tercera etapa‑, que abarca a todos los niños y niñas de la primera infancia ‑no solo a los más pobres‑ y a las personas que no se pueden valer por sí mismas, que tienen una dependencia severa, ya sea por discapacidad o por vejez. Al día de hoy, el 61% de las personas que tienen un asistente personal ‑más de cinco mil; además, son puestos de trabajo genuinos, con capacitación‑ son personas de entre cero a veintinueve años: son niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad severa que no se pueden valer por sí mismos. Esta es una cuarta parta de la protección social, nueva, moderna, con una concepción universalista que está teniendo el Uruguay. Nosotros, como Mides, somos parte de ese sistema; la secretaría está radicada en el Mides.

  Los niños, las mujeres, los jóvenes, las personas mayores, las personas con discapacidad, la economía social y solidaria y la inclusión laboral son temas universales del Mides, que no solo tienen que ver con las personas con mayores carencias. Obviamente, en cuanto a las personas con carencias, a veces con un poco de disgusto y, otras, mandándonos la parte, como Ministerio decimos: "Si no las atendemos nosotros, ¿quién las va a atender?". Terminan siendo parte del trabajo que hace el Ministerio.

  Por otro lado, el señor diputado Dastugue nos hizo una invitación y en estos días acordaremos la fecha.

  Asimismo, el director del INDA me pasó la respuesta ‑todavía no la leí‑ al pedido de informes que hizo el señor diputado. Es decir que en un par de días esto estará por los andariveles que corresponda y llegará a sus manos. Si no, le mandaremos una copia para que llegue antes que lo que lleva la burocracia.

  Estamos de acuerdo con intercambiar cosas que acá no quisimos traer. Estas cosas son las que no se saben. Como dicen los periodistas más destacados ‑esta es una antigua premisa del periodismo‑ : noticias son las cosas que mucha gente no quiere que se sepan. Entonces, todas las cosas buenas que hace el Mides, mucha gente no quiere que se sepan; por eso no son noticia.

SEÑORA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.‑ El censo de las personas en situación de calle está colgado en la página web del Ministerio de Desarrollo Social. Lo hicimos para entender razones ‑como plantea la señora diputada‑ y para comparar. Teníamos elementos de comparación, aunque los anteriores eran de conteo y no de cuestionario. Había datos, por ejemplo, las edades; hay un cambio sustantivo en las edades de las personas que están en la calle. Eso implica medidas.

  El resumen de las características de la población en calle, que es muy sencillo, contesta la pregunta que hizo el diputado Dastugue: el 80% de los entrevistados declara el consumo de algún tipo de sustancia. Después, dice cuáles son y, luego, expresa que seis de cada diez entrevistados consumen diariamente. Estos son los que están a la intemperie. Por eso la importancia de la unidad móvil.

  ¿Existe mayor consumo? Sí. Podrían convocar a los que integramos la Junta Nacional de Drogas, que es un ámbito interinstitucional, para ver cómo se aborda la prevención, para saber de la red de atención, de la secretaría de drogas. El lío aquí es la prevención porque el consumo de drogas está vinculado a todas las características del consumo: la droga es una mercancía. Esa es otra discusión. Pero este punto es sustantivo porque las personas, cuando contestan por qué están en la calle, aluden como primera respuesta la ruptura familiar y, como segunda respuesta, el consumo.

  La semana pasada estuvimos en una comisión y alguien dijo: "Seguramente, la ruptura del vínculo familiar lo llevó al consumo". Mi apreciación no es esa; es que, en general, el consumo culmina en la ruptura del vínculo familiar. Esto no tiene sector social.

  Hay un caso muy conocido: el de la presidenta de las madres de la plaza del Entrevero, una connotada directora de teatro, que murió. Se intentó de todo con su hijo; ha pasado por todo tipo de tratamiento y retoma el consumo. Le habían aconsejado a la madre que no le permitiera más el ingreso a la casa. La señora ministra planteó una situación similar, en la que el juez determinó que la persona no puede acercarse a la casa de la familia. Este es un tema a ver.

  El otro asunto que no es menor está vinculado con las causas de los provenientes de la institucionalización. Por eso abordamos la prevención, trabajando con el INAU, el Inisa y la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Podríamos ir más atrás y averiguar por qué hay más niños institucionalizados. Si nosotros pensamos en términos globales, la cifra de dos mil personas ‑entre las que están a la intemperie y las que están en los refugios‑ para nuestra escala es mucha gente y, simultáneamente, amerita este análisis de trayectoria individual.

  Respecto a los cuatro mil niños institucionalizados, es una cantidad muy grande. Ahora, hay más cantidad de niños institucionalizados porque estamos abordando un trabajo de cercanías, que es lo nuevo de estos últimos dos períodos, un trabajo capilar en los hogares, a través de Uruguay Crece Contigo, del Programa de Cercanías, de Jóvenes en Red, de los servicios de atención familiar, por medio del cual se detectan problemas que se han ido naturalizando, vinculados con el abuso, con la violencia y, en muchos casos, culmina en este proceso de institucionalización. Hoy estamos trabajando mucho con nuestros técnicos, porque ellos rápidamente se dan cuenta de determinadas situaciones cuando ingresan a un hogar. ¿No existía antes esto? ¿Es un fenómeno nuevo? No; hoy tiene una dimensión que es fruto de un trabajo que se hace en miles de hogares, del cual di cuenta en una de las Comisiones a las que vine, que creo fue la Especial de Seguridad y Convivencia. Ahora, el problema es cómo abordamos estas diferentes institucionalizaciones y cómo logramos que esos niños, esas niñas y esos adolescentes no lleguen a la calle.

  Por otra parte, si bien puede parecer medio raro que conozcamos tanto las situaciones, también podemos dar cuenta de todas las transformaciones a lo largo de estos años; podemos dar cuenta de aquella cronificación, que hoy es mucho menor que cuando comenzamos, de por qué la población ya no es tan adulta mayor: la población que hoy está a la intemperie es mayoritariamente menor de treinta años. Pero este resumen tiene una frase final que dice: "La mayoría de las personas en calle se encontraba sola al momento de ser entrevistada". ¿Podíamos avizorar que las personas iban a cambiar de estrategia y se iban a nuclear? A veces sucede que, frente a la estrategia que desarrolla el Estado, otros desarrollan otra estrategia, y hay que generar una nueva política. Por eso este estudio que estamos haciendo juntos Interior, Intendencia y Mides respecto a estas personas que están agrupadas como una forma de protección y de mantenimiento de determinadas formas de vida; por eso el levantamiento sistemático de los campamentos, que es lo que estamos haciendo. De alguna manera, estamos abordando el problema y, al mismo tiempo, mirando cómo es la mejor manera de intervenir para que estas personas no estén en la calle.

  Por último, si ha habido otro caso de cobro de peajes, tienen que plantearlo, porque el único que tuvimos fue el de un edificio en Pocitos, frente a La Pasiva, donde había un grupo de personas instalado que estaba impidiendo acceder al edificio. En ese mismo momento, se intervino en forma coordinada entre Calle, la Subsecretaría y el Ministerio del Interior. Además, hubo que negociar con el comercio de enfrente, porque allí se nucleaban todas las motonetas y eso había generado un campamento.

  Entonces, tenemos esto de ir solucionando caso a caso ‑que plantearon la directora y la ministra‑, porque se van generando nuevas estrategias, y eso implica reacción, en el sentido de dar respuesta. Eso es lo que buscamos: a cada una de las nuevas situaciones, dar respuesta, porque no actuamos solos.

SEÑORA BIANCHI (Eleonora).‑ No vi la entrevista, pero supongo, por lo que se señaló, que fue una entrevista a la persona encargada del refugio. En todos los casos, nuestros refugios son licitaciones con organizaciones de la sociedad civil. En ese caso específico no sé quiénes eran. Los equipos estables o del Ministerio son los equipos de técnicos, que están vinculados con el call center, la gente que trabaja en calle, pero la gestión de los refugios se hace por llamados a organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo controlamos su desempeño? Ahí, sí, tenemos equipos de supervisores, que son funcionarios del Mides, con quienes las Direcciones respectivas planifican el trabajo y son quienes controlan el funcionamiento.

  Respecto a la segunda pregunta, creo que acá se pueden analizar varios tiempos de demora. La solución efectiva para la señora la tuvimos el miércoles en la mañana. La señora había solicitado el refugio para ella y sus niños el lunes, a últimas horas de la noche. ¿Por qué demoramos? Demoramos por lo que señalé anteriormente: es una familia muy numerosa, preferimos ubicarla, primero, en Pando y, cuando no pudimos encontrar un lugar allí, tuvimos que trasladarla a Montevideo. Lo deseable es que hubiésemos demorado menos, pero hicimos los mayores esfuerzos y no pudimos trasladarla durante el día martes. Lo que demoró más su traslado el miércoles en la mañana fue que ella se quedó allí porque estaba convocada por la jueza, nosotros también fuimos y recién sobre las 18 horas del miércoles logramos terminar con toda la situación y trasladarla a Montevideo. Reitero: no es lo deseable, pero fue lo que nos ocurrió en esta instancia. En general, podemos resolver bastante más rápido.

SEÑORA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL.‑ El diputado Abdala preguntó si, con los equipos y con lo que la ley dice en cuanto a si un médico interviene, se podía llevar a la persona, en caso de que el médico diga que se necesita hacerlo. La respuesta es que sí, lo hacemos siempre. O sea, trabajamos los 365 días del año. ¿Cuándo reforzamos? Reforzamos en el invierno, porque logramos que la gente acceda más. ¿Interviene el médico? Sí, interviene el médico. Inclusive, hemos logrado conectar los distintos números a los que se llama: el 911, el 105, los 0800, el del INAU y el nuestro. Antes, la gente saturaba alguna de esas líneas; ahora, en vez de decirle: "No es acá, cuelgue y llame al otro número", se pasa la llamada al número correspondiente y, de esa manera, se facilita la tarea a la gente, que llama a uno o a otro. En ese caso, el médico, por ejemplo, dice: "Esta persona tiene peligro de hipotermia o tal enfermedad", y si es el caso, se la traslada al hospital, con el 105. Pero también es verdad que, después, cuando la persona se mejora y sale de la situación aguda ‑que es lo mismo que en el caso del Vilardebó o del Piñeyro del Campo o de cualquier hospital‑, cuando ya está bien, se va, y puede ir al refugio o volver a la calle, y si va a la calle, hay que empezar otra vez, porque las opciones son refugio u hospital, según la situación, esos elementos los tenemos.

  El trabajo con el 105 es el siguiente. A la población le decimos: "Si usted ve que no se siente bien, llame al 105". De todas maneras, tuvimos que conectar los números para que la gente pudiera llamar a uno u otro.

  Y usamos también muchas veces ‑lo repito‑ la orden del juez, cuando no podemos entrar a una persona a determinada institución. En el caso de los nigerianos, es verdad, tenemos esta comunicación de la Institución. Trabajamos muy bien con la Institución; nos critica, nos propone, a su vez, trabajamos juntos cuando es necesario. En esa madrugada, la Institución se comunicó con la subsecretaria, como sucede normalmente con nuestros teléfonos, pero la conclusión a la que se llegó por parte de las autoridades competentes ‑que no éramos nosotros en ese momento, y que incluso fue motivo de análisis en el Consejo de Ministros, como hoy conté, con la cuarentena y todo eso de lo que el presidente habló‑ fue que era correcto que quedara en el ámbito de la Prefectura, fruto de que había sido un motín en aguas territoriales. Si hubiera sido en aguas territoriales argentinas, el lío lo tenían ellos, pero como fue en aguas territoriales uruguayas, correspondía que interviniera Prefectura, porque había que hacer todo un seguimiento de quiénes eran, cómo habían llegado, porque vinieron clandestinos adentro del barco y hubo un motín.

  Muchas veces, por ejemplo, el juez nos dice: "Consígale casa al diputado Abdala porque le doy la orden". Entonces, le decimos: "Señor juez, primer punto, yo no soy el Ministerio de Vivienda; segundo, no tiene tal y cual perfil. Podemos, sí, ofrecer tal otra salida", pero le contestamos. Y también apelamos a la justicia para poder atender en estos casos.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ La Comisión agradece la presencia de la delegación del Ministerio de Desarrollo Social.

  No habiendo más asuntos, se levanta la reunión.

Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.