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| Comisión Especial de Equidad y Género S/C |
Versión Taquigráfica N° 1607 de 2018 |
| PRESIDE: | Señor Representante José Andrés Arocena. |
| MIEMBROS: | Señores Representantes Rosario Alaluf, Gabriela Barreiro, Cecilia Bottino, Margarita Libschitz y Stella Viel. |
| ASISTE: | Señora Representante Paula Pérez. |
| INVITADOS: | Por INMUJERES, señora Directora, asistente social Mariella Mazzotti; Directora de la División Violencia Basada en Género, Karina Ruiz y Directora de la División de Políticas Transversales y Empoderamiento Nohelia Millán. |
| SECRETARIO: | Señor Francisco J. Ortiz. |
| PROSECRETARIO: | Señor José P. Fasanello. |
SEÑOR SECRETARIO.‑ Está abierto el acto.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento de la Cámara de Representantes, corresponde elegir un presidente y un vicepresidente.
SEÑORA BOTTINO (Cecilia).‑ En virtud de las consultas realizadas, la Presidencia de esta Comisión le corresponde al Partido Nacional y la Vicepresidencia al Frente Amplio, para la cual proponemos a la señora diputada Stella Viel.
(Diálogos)
——Hemos acordado proponer al señor diputado Arocena como presidente de esta Comisión.
SEÑORA BARREIRO (Gabriela).‑ Estamos de acuerdo en que la Presidencia la ocupe el señor diputado Arocena. Sin embargo, queremos dejar constancia de que somos la única bancada, aparte del diputado Arocena, que está presente en esta Comisión, y no es un tema de ahora. No es que no apoyemos la candidatura a la Presidencia, porque eso está basado en acuerdos políticos, que respetamos. Lo que sucede es que la bancada del Frente Amplio ha sesionado sola en varias oportunidades ‑como consta en la versión taquigráfica‑, sobre todo, cuando la Presidencia la ocupó la diputada Bottino o el diputado Puig. Prácticamente, sesionamos en soledad.
Reitero que no tenemos problema con el diputado Arocena; al contrario, apoyamos su Presidencia, pero queremos dejar constancia de que solo se encuentra presente la bancada del Frente Amplio y el diputado Arocena.
SEÑORA BOTTINO (Cecilia).‑ Estoy de acuerdo con la diputada Barreiro.
Estas consideraciones las hemos hecho a lo largo de toda esta Legislatura y hemos resaltado la importancia y relevancia de esta Comisión y sus invitados. El diputado Arocena ha sido uno de los más firmes concurrentes; por lo tanto, su persona merece mi respeto, porque ha trabajado activamente en lo acordado. Sabemos que vamos a trabajar en forma coordinada, estableciendo el orden del día en virtud de los planteos realizados. Junto con la diputada Viel van a formar un buen equipo de trabajo para establecer un calendario de actividades en forma anticipada, como lo hemos reclamado.
Por lo tanto, la bancada del Frente Amplio confía en que va a ser un buen año de labor parlamentaria.
SEÑORA VIEL (Stella).‑ Quiero agradecerles a mis compañeras
Esta es una Comisión muy complicada. Es muy fácil decir de todo hacia afuera y luego no comprometerse con una Comisión que funciona una vez por mes. Me gusta el desafío. Junto con el diputado Arocena trataremos de cambiar todas estas cosas que se están viendo.
También quisiera que en la próxima Legislatura esta Comisión fuera permanente y se reuniera dos veces por mes, porque la sociedad lo necesita.
SEÑOR AROCENA (José Andrés).‑ Quiero decir a mis compañeras de Comisión que tenemos y tendremos diferencias de ideas o miradas distintas sobre el destino del país o de cómo armarlo, pero mi aprecio hacia cada una de ellas es genuino. A veces, las diferencias nos bloquean la realidad hacia otra persona, pero en este caso el cariño, el aprecio y el respeto se va engrandeciendo a pesar de ellas.
Muchas gracias por la nominación. Auguramos un buen año de trabajo en conjunto. Me encanta trabajar con la diputada Viel, por quien tengo un personal aprecio.
SEÑOR SECRETARIO.‑ Se va a votar la propuesta de que el diputado Arocena ocupe la Presidencia.
(Se vota)
——Cinco en seis: AFIRMATIVA.
(Ocupa la Presidencia el señor representante Arocena)
SEÑOR PRESIDENTE.‑ Se pasa a considerar el segundo punto del orden del día: "Vicepresidente. Elección".
Se va a votar la propuesta de que la diputada Stella Viel ocupe la Vicepresidencia.
(Se vota)
——Seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.
Corresponde poner a consideración la solicitud de cambio de horario de la sesión ordinaria del jueves 5 de julio, debido a que la invitada, la delegada del País Vasco, no puede concurrir antes del mediodía. En tal sentido, proponemos que se realice a la hora 14.
Se va a votar.
(Se vota)
——Seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.
Nos comunicaremos con ella para que nos dé información previa, que será oportunamente repartida a los miembros de la Comisión. Con muchísimo gusto también trasmitiremos a quien le interese toda comunicación informal que tengamos.
(Ingresan autoridades del Instituto Nacional de las Mujeres del Mides)
—La Comisión Especial de Equidad y Género da la bienvenida a las autoridades de Inmujeres, asistente social Mariella Mazzotti, directora; licenciada Karina Ruiz, directora de la División Violencia Basada en Género, y señora Nohelia Millán, directora de la División de Políticas Transversales y Empoderamiento, quienes han acudido para abordar el tema relativo al Consejo Nacional de Género.
Lamentamos que no haya podido concurrir la señora ministra, pero está debidamente representada por las autoridades aquí presentes.
SEÑOR BOTTINO (Cecilia).‑ Damos la bienvenida a la delegación.
Nuestra bancada del Frente Amplio, y particularmente quien habla, solicitó la presencia del Instituto Nacional de las Mujeres en este ámbito, con los siguientes objetivos.
En primer lugar, en el mes de marzo se presentó la estrategia nacional por la igualdad de género y entendimos que era necesario que las autoridades del Instituto Nacional de las Mujeres ‑como rector de estas políticas‑ hiciera una presentación general en esta Comisión especial, que es la que aborda en el Parlamento los temas de género e igualdad.
Esta Comisión ha trabajado y sigue trabajando enfocada en el tema de la violencia de género. A fines del año pasado aprobamos la ley integral de violencia de género, que se trabajó fundamentalmente en el Senado, que tuvo un largo proceso de elaboración. Durante todo 2015 se elaboró interinstitucionalmente fuera de este Parlamento y finalmente se presentó en abril de 2016. Durante todo ese lapso se trabajó mucho y recibimos varias veces a las distintas delegaciones en esta Comisión. O sea que a pesar de que no trabajamos activamente en el desarrollo de la norma ‑que, como dije se dio principalmente en el Senado‑ sí recibimos insumos y preocupaciones.
Rápidamente aprobamos la ley para que a fines de 2017 estuviera sancionada pero, sinceramente, estamos preocupados por algunas manifestaciones que se dieron en 2018 con respecto a lo que va a ser la instrumentación y la aplicación de la ley integral de violencia de género. Por eso, queríamos desarrollar particularmente el problema de la violencia de género.
En segundo término, nos preocupa el tema de la igualdad en el empleo. En ese sentido, hemos recibido al PIT‑ CNT, a distintos sindicatos, y nos parece fundamental lo concerniente a la autonomía económica de las mujeres: el acceso al empleo y luego de haber accedido, el tema de las remuneraciones y todo lo que significa igualdad, inclusive ligado con el problema de la violencia de género con respecto a la toma de decisiones de las mujeres.
Queríamos enmarcar nuestra propuesta de comparecencia del Instituto Nacional de las Mujeres en un asunto que para nosotros es estratégico, pero también pretendíamos que fuera programático, a los efectos de que esta Comisión tenga insumos para seguir trabajando.
Muchísimas gracias.
SEÑORA MAZZOTTI (Mariella).‑ Realmente, es un gusto estar en este ámbito, participando de la Comisión Especial de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.
Como es sabido, el Instituto Nacional de las Mujeres forma parte del Ministerio de Desarrollo Social y es el organismo rector de las políticas de género. Así entendimos la convocatoria y queremos trasladar el saludo de la señora ministra Arismendi, quien permanentemente está acompañando la labor que venimos llevando adelante.
Agradecemos especialmente esta invitación que nos parece muy importante en la medida en que hemos trabajado muy coordinadamente con el ámbito parlamentario. También tenemos contacto y buscamos profundizar nuestros vínculos con el Poder Judicial porque entendemos que el conjunto de la institucionalidad del Estado tiene un compromiso fuerte para ir haciendo realidad la igualdad de género en nuestro país, que es una de las dimensiones de los conceptos de igualdad, libertad y democracia que nuestra República tiene impregnados desde sus bases constitucionales en nuestra matriz cultural republicana. En ese sentido, tenemos mucho para trasmitir.
Como ustedes saben, el Instituto Nacional de las Mujeres, como organismo rector, tiene una doble función. Una de ellas es ir estableciendo este efecto de permeación de todos los organismos del Estado para que las políticas públicas tengan una forma de diseño y de implementación dirigida a personas específicas, mujeres y varones, en su más amplia diversidad, desde una mirada integral que implica tomar en cuenta la edad, la ascendencia étnica‑ racial, la condición de discapacidad, la ubicación territorial y, sin ninguna duda, las condiciones de vida socio‑ económicas. En ese sentido, la política pública debe garantizar la igualdad. Ahora, la igualdad se garantiza en el reconocimiento de las diferencias de oportunidades y de cómo los derechos se hacen realidad de acuerdo a esas diferencias.
En ese marco de organismo rector, Inmujeres preside el Consejo Nacional de Género, espacio creado por la ley de igualdad de oportunidades y derechos de 2007 como órgano coordinador de la política pública.
En ese marco, en este período, el Consejo Nacional de Género ha llevado adelante un número muy importante de actividades interinstitucionales en conjunto: acciones de prevención en relación a la violencia basada en género; promoción de una educación y una cultura libre de estereotipos de género; promoción de programas y estrategias que apuntan a una salud integral; acciones vinculadas ‑como ustedes decían‑ a un elemento sustantivo, que es la autonomía económica de las mujeres, esto es, con relación a la cuestión del trabajo, de los cuidados, del empleo.
Para ello se trabajó con representación de las máximas autoridades ministeriales y de los organismos de la educación, del Banco de Previsión Social, del Instituto Nacional de la Infancia y la Familia, entre otros, y se decidió que era muy importante tener una mirada actual, con políticas concretas que podamos llevar adelante, y una mirada de mediano plazo para definir una política pública de largo aliento, para no actuar en el marco de las situaciones contextuales, coyunturales, concretas, sino tener una visión que permita un diseño de mediano plazo de la política pública.
En ese marco es que el Consejo Nacional de Género elabora, aprueba ‑en este momento, ya es decreto del Poder Ejecutivo; el decreto 382, del año 2018‑ la estrategia nacional para la igualdad de género al año 2030.
Este es, precisamente, uno de los puntos que tenemos para informar. Como decía la señora diputada Bottino, fue presentado el 8 de marzo de este año.
Para informarles sobre esta estrategia, hemos traído un breve video, que me parece interesante mostrarles, y hemos preparado una presentación que permite una mirada más concreta sobre qué es la estrategia nacional de género. También trajimos algunas publicaciones y una carpeta para las señoras diputadas y los señores diputados que contiene material informativo sobre los programas y políticas que el Instituto Nacional de las Mujeres lleva adelante.
Si me permite, señor presidente, nos gustaría mostrarles el video.
(A continuación, se proyecta el video)
——Esta es una rápida presentación de lo que tiene una estrategia.
(A continuación, se acompaña la exposición con una presentación power point)
——Una estrategia es esto: la definición, con una mirada de mediano plazo, de hacia dónde tiene que ir Uruguay para profundizar la democracia y para construir un desarrollo sustentable.
Nosotros pensamos ‑está en los estudios que ha desarrollado la OPP; se lo ha tenido en cuenta en la estrategia nacional para el desarrollo que está implementando la OPP‑ que la igualdad de género es un componente del desarrollo. Si se siguen sosteniendo ciertos elementos ‑desigualdades a nivel del trabajo, de la política de cuidados, de la participación social y económica, y la situación de violencia doméstica‑, las mujeres no formarían parte de ese componente de desarrollo. Por lo tanto, el desarrollo de Uruguay tendría esa ancla, que no lo haría viable.
Esta estrategia que desarrollamos implicó que todos los organismos públicos nos pusiéramos de acuerdo en la visión de qué es la igualdad sustantiva y en el diagnóstico de la situación de Uruguay en este sentido, tomando en cuenta a las mujeres de toda condición, pero también, la cultura que, de alguna manera, implica y genera desigualdades para mujeres y varones.
Como les decía, esto se elaboró en el marco del Consejo Nacional de Género, que es el ámbito interinstitucional creado por la ley de igualdad de oportunidades y derechos, de 2007. Implica la definición de prioridades de políticas públicas de género, el seguimiento de los programas y proyectos acordados y la rendición de cuentas de lo realizado.
En este marco, el Consejo Nacional de Género elabora esta estrategia para la igualdad que, como decía anteriormente, es un insumo para la Estrategia Nacional de Desarrollo, Uruguay 2050, que está llevando adelante la OPP.
¿Cuáles son los marcos orientadores, la mirada, el concepto sobre la igualdad como horizonte? Por un lado, el reconocimiento de lo que ya está contenido en la Estrategia de Montevideo, de la Cepal ‑es un documento regional, de América Latina y el Caribe, aprobado en octubre de 2016, que Uruguay asumió‑, en el sentido de que los nudos estructurales de la desigualdad de género implican la desigualdad socio‑ económica y la persistencia de la pobreza, fundamentalmente, en nuestro país, de niñas, niños, adolescentes y mujeres, la persistencia de patrones culturales discriminatorios y violentos, con un predominio de la cultura de privilegio, la división sexual del trabajo y la justa organización social de los cuidados, la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público.
En Uruguay, los estudios de prospectiva que hace la OPP reconocen que en Uruguay se constata ‑más allá de que ha habido cambios, por ejemplo, desde nuestra infancia hasta ahora‑ la persistencia de representaciones sociales tradicionales. Esto es el conjunto de creencias, de valores, de pautas culturales, de lo que pensamos que un niño, niña, hombre o mujer tiene que hacer o el lugar que debe ocupar en la sociedad. Siguen persistiendo representaciones sociales muy tradicionales, una distribución desigual de las responsabilidades y de las tareas de cuidado, relaciones de desigualdad en el mundo del trabajo y una alta prevalencia de violencia de género.
Vengo de la reunión del Mercosur. El número de mujeres muertas a causa de femicidio en Paraguay el año pasado es prácticamente el mismo que en el Uruguay, pero Paraguay tiene el doble de población. En Uruguay esta problemática es muy grave; es muy alta la prevalencia de la violencia de género.
También tenemos un déficit de participación paritaria y de toma de decisiones en el mundo político, social y económico. Acá también Uruguay está en los últimos lugares de la región. Hay un efecto de discordancia entre las políticas de protección social que tenemos ‑en las que somos ejemplo, como el Sistema Nacional Integrado de Cuidados‑ y algunos indicadores de desigualdad especialmente preocupantes que involucran al conjunto de la sociedad.
Un concepto fundamental a tener en cuenta es que no estamos hablando de las mujeres solo como sujetos de derechos humanos. Es importante tener en cuenta su situación de vida y el impacto que esto produce en el conjunto de la sociedad.
El concepto de igualdad sustantiva de género tiene que ver con la familia, la sociedad y las instituciones. Busca la promoción de la autonomía de las mujeres y dimensiones del bienestar social en un marco de desarrollos humanos y de desarrollo sostenible que tienen que ver con mejorar la cuestión de la distribución económica, de los bienes, de los servicios, del acceso a los recursos materiales por parte de las mujeres, y en el caso de las mujeres emprendedoras, el acceso al crédito y a la capacitación y el acceso a la tierra para las mujeres rurales.
Un concepto fuerte es que, cuando hablamos de igualdad, no estamos diciendo que las políticas deban ser idénticas para todas las personas. Debemos reconocer las desigualdades que hay al interior de los colectivos, provenientes muchas veces de la clase social de pertenencia, de cuestiones de étnia y raza, de la ubicación territorial y, obviamente, de temas de edad, de discapacidad y de orientación e identidad de género.
¿Cómo diseñamos esta estrategia? Esta estrategia se diseñó en el Consejo Nacional de Género ‑es decir que esto es interinstitucional desde su nacimiento‑, liderado por el Instituto Nacional de las Mujeres, en el marco de todos los compromisos que Uruguay ha ratificado con Naciones Unidas y teniendo en cuenta los insumos de los estudios de la OPP.
Para elaborar esta estrategia hicimos talleres y reuniones de consulta, es decir que hubo una metodología participativa. Trabajamos con ejes centrales, que tienen que ver con la violencia basada en género, con las cuestiones de la salud, la cultura y el deporte y con el trabajo, el mundo productivo y el mundo de los cuidados. Generamos un diálogo con la sociedad civil, con la interdepartamental de género del Congreso de Intendentes y con los directores departamentales del Ministerio de Desarrollo Social, porque ellos son los coordinadores de las mesas interinstitucionales de políticas sociales en cada uno de los territorios. Por lo tanto, pueden expresar las preocupaciones de las departamentales.
El libro que les vamos a entregar sobre la estrategia cuenta con antecedentes y justificación y con un capítulo muy importante sobre el diagnóstico de la situación actual y sobre las deudas con la igualdad de género en Uruguay. Se trata de un marco conceptual avalado ‑todo esto es decreto para nuestro país, así que es bien importante; es una orientación del Estado uruguayo‑ sobre igualdad sustantiva de género y las aspiraciones de igualdad al 2030.
En este momento, en el 2018, luego de aprobada la estrategia, estamos en un proceso de validación social a nivel territorial. Estamos yendo a todos los departamentos para entrar en contacto con los distintos actores institucionales y sociales a fin de bajar a tierra esta política pública universal.
Dentro de la estrategia tenemos aspiraciones al 2030, directrices de políticas públicas ‑que son orientaciones y lineamientos específicos para lograr las aspiraciones de la igualdad de género‑ y líneas estratégicas para la acción. Es decir que este documento aprobado interinstitucionalmente define qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y hacia dónde debe estar orientado. Es un material que orienta estos últimos años de la Administración con una mirada al 2030, así que es una hoja de ruta para la acción del Consejo Nacional de Género en el futuro.
Tenemos once aspiraciones ‑que no voy a repetir porque estaban en el video‑, con un concepto integral, donde se levantan no solo las políticas sectoriales fundamentales distribuidas por los distintos ministerios, sino también la cuestión de la infancia, de la adolescencia, de las personas mayores y de las personas con discapacidad y lo relativo a la educación, a la cultura, al deporte, al trabajo y a los cuidados y líneas transversales como el desarrollo sustentable y la participación social y ciudadana.
En las directrices de política pública quiero señalar a las que tienen que ver con el ámbito productivo, empresarial y laboral. Se plantea promover el acceso y el control igualitario de mujeres y varones sobre los recursos económicos y productivos; asegurar que las mujeres de todos los orígenes étnicos, raciales y edad accedan a empleos decentes en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna; garantizar que el sector de actividad de trabajo doméstico y de cuidados se valorice y alcance las condiciones de trabajo decente; favorecer la inclusión de las mujeres en todos los ámbitos agropecuarios, productivos y laborales; asegurar el acceso e incidencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones en el ámbito laboral y empresarial.
Cuando hablamos de trabajo, nos referimos al trabajo remunerado y no remunerado. La estrategia nacional para la igualdad tiene un capítulo específico sobre las políticas de cuidado que ya están establecidas en este período de Gobierno y que son sustantivas para las mujeres. Liberar el uso del tiempo no es solo un derecho, sino que permite que las mujeres puedan superar la brecha como población económicamente activa. Tenemos un 20% de diferencia en la brecha de ingreso al mercado de trabajo. Hay muchas mujeres que podrían ingresar al mercado de trabajo y convertirse en mano de obra. Este es un elemento fundamental para el desarrollo del país, sobre todo en un país con una tendencia al envejecimiento tan importante. Por lo tanto, se requiere más sostenibilidad económica y un mayor ingreso de las mujeres al trabajo.
Esta estrategia nacional hacia la igualdad, que define esta hoja de ruta al 2030, debería ser fortalecida con una ley de igualdad de género y no discriminación hacia las mujeres que incorporara una mejora en la arquitectura institucional de género y consagrara la importancia del trabajo en una gestión de calidad con equidad a nivel de los organismos públicos y de presupuestos sensibles al género.
El Consejo Nacional de Género, en febrero de este año, ratificó un proyecto de ley de igualdad de género y no discriminación a las mujeres que el Poder Ejecutivo también aprobó y envió al Parlamento para su discusión. Este proyecto de ley complementa la estrategia nacional para la igualdad de género. Además, viene a satisfacer algunos elementos fundamentales que se le pide al Uruguay.
En su primer capítulo establece la no discriminación. Esto es una observación que la Cedaw, el Comité de Naciones Unidas contra todas las formas de discriminación hacia la mujer ha observado a Uruguay y le ha solicitado que le dé rango legal a su política de no discriminación. Quiero señalar que este proyecto de ley aparece levantando esta observación.
Por otro lado, plantea los principios orientadores de las políticas de igualdad de género; las directrices de política pública para la igualdad y ratifica las competencias que tiene el Instituto Nacional de las Mujeres. Además, fortalece las competencias del Consejo Nacional de Género y establece las unidades especializadas de igualdad en cada uno de los organismos públicos. Es un proyecto de fácil tratamiento, que consta de 23 artículos y nos parece muy importante su rápido estudio porque complementa y sustenta una política pública de Estado en materia de igualdad.
SEÑORA RUIZ (Karina).‑ En la carpeta que vamos a entregar van a encontrar un informe del Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica que se elaboró en diciembre del año pasado donde se sistematiza el trabajo del Consejo Nacional del año pasado. A partir de la aprobación de la Ley Nº 19.580, pasó a ser Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género.
También está el proyecto de ley de igualdad y no discriminación del que habló la directora Mariella Mazzotti y un informe del Instituto Nacional de las Mujeres que abarca desde junio de 2017 a mayo de 2018 y donde van a poder encontrar toda una sistematización de lo que son las políticas públicas nacionales vinculadas a la temática de género.
Queremos compartir un documento que para nosotros es muy importante, que presentamos este año y que trata de políticas públicas en violencia basada en género para varones agresores. En él existen lineamientos y recomendaciones para el abordaje interinstitucional en lo que es la atención a varones que ejercen violencia de género contra sus parejas o exparejas, elaborado en el marco del Consejo Nacional Consultivo y en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres. Además, vamos a dejar la información que refiere a cómo está compuesto el sistema de respuesta del Instituto Nacional de las Mujeres, dónde están ubicados los equipos de atención a varones que ejercen violencia de género y un listado con los veintisiete servicios de atención a mujeres en situación de violencia de género situado por departamento, con la dirección, el teléfono y el horario en que funciona.
El Instituto Nacional de las Mujeres, dentro de lo que es su sistema de respuesta a la violencia basada en género, cuenta con veintisiete servicios de atención a mujeres en situación de violencia de género. Esto significa que estamos en todo el país; podemos decir, con mucha satisfacción, que en algunos departamentos tenemos más de un servicio. Ha sido un reclamo histórico el hecho de poder tenemos más de un servicio, no solo en las ciudades capitales, sino en algunas localidades. Además, contamos con dieciocho dispositivos de articulación territorial en cada departamento del interior del país. Me refiero a equipos técnicos multidisciplinarios que tienen la posibilidad de trabajar en el territorio y acercarse a las localidades más alejadas, trabajando en la prevención de la violencia, dando una primera respuesta a la violencia basada en género, pero con un fuerte énfasis en el trabajo interinstitucional, en la generación de redes de trabajo para que los servicios de atención a la violencia de género puedan ser cada vez más accesibles para las mujeres de todo el país.
Por otro lado, quiero señalar que contamos con seis equipos de atención a varones que ejercen violencia hacia las mujeres ‑que son o fueron sus parejas‑ en seis departamentos del país. Tenemos un servicio de atención a mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual que funciona en Montevideo, pero que tiene un equipo itinerante con alcance nacional. Es un equipo que se puede trasladar a dar respuesta en distintas partes del país.
Recientemente, hemos instalado un equipo territorial en Montevideo que trabaja en coordinación con otras instituciones y con la Asesoría para la igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo y que tiene, desde hace muchos años, las comunas mujer en donde se brinda una respuesta integral psicosocial y legal a mujeres de los distintos barrios de Montevideo. Esto nos permite contar con un entramado y un fuerte trabajo a nivel de territorio. Esto lo hacemos conjuntamente con los Programas del Ministerio de Desarrollo Social, los llamados Programas de Cercanía, Uruguay Crece Contigo, Jóvenes en Red, etcétera, que trabajan en todo el territorio. Muchas veces, son quienes se encuentran con estas situaciones de violencia hacia las mujeres y, al estar en el propio barrio o al realizar una visita al hogar, son las primeras personas que pueden detectar estas situaciones de violencia. Este equipo territorial de Inmujeres va a acompañar a estos programas del Ministerio de Desarrollo Social asesorando, pensando juntos cuál es la mejor estrategia para esa mujer y esos niños y niñas frente a esa situación. O sea que hemos ido ampliando y profundizando la respuesta a la violencia de género; todo eso en lo que tiene que ver con la atención especializada psicosocial legal.
Por otro lado, tenemos toda una línea de trabajo que tiene que ver con la protección y la consolidación de los procesos de salida de las situaciones de violencia. Para nosotros es muy importante lo que se acaba de mencionar y que es parte de la estrategia: todo lo que implica la protección de las mujeres, pero también su proyecto de vida y autonomía, ya que en estas situaciones de violencia de género, si no trabajamos hacia la autonomía económica de las mujeres es muy difícil cortar con el círculo de la violencia.
En este aspecto de la respuesta que da el Instituto, que tiene que ver con la protección de las mujeres, tenemos una casa de breve estadía para mujeres en situaciones de riesgo de vida por situaciones de violencia doméstica que funciona los 365 días del año, las 24 horas. Es una casa que viene funcionando ininterrumpidamente desde el año 2012, con una evaluación muy buena de los procesos que las mujeres pueden hacer allí porque cuenta con equipos técnicos multidisciplinarios, porque además de la atención psicosocial legal también hay asesoramiento jurídico y patrocinio en juicio. Esto quiere decir que muchas mujeres que llegan huyendo de sus hogares, con riesgo de vida, pueden iniciar un proceso de pensar junto con el equipo si hace una denuncia, si solicita una pensión alimenticia, puede trabajar lo relativo al régimen de visita para sus hijos; allí cuenta con el asesoramiento en juicio de abogados.
Este año, en el marco del proyecto de vida y autonomía, pusimos en funcionamiento un centro transitorio para mujeres e hijos o hijas en situación de violencia doméstica. Está destinado a las mujeres que requieren durante un lapso transitorio poder pensar cómo van a organizar su vida, si están dispuestas a hacer una denuncia, o no, si requieren protección. Es un lugar de tránsito de las mujeres frente a un proceso que inician de salida de las situaciones de violencia.
También en este primer semestre del año pusimos en funcionamiento, en convenio con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, una casa de medio camino para mujeres que ya están en un proceso de mayor autonomía de salida, con mayores posibilidades de autonomía económica. La idea es que las mujeres, una vez que hacen ese tránsito por esa casa, puedan lograr una vida totalmente independiente y por supuesto que ya hayan cortado todas las situaciones de violencia que vivían anteriormente.
Otro dato importante que quiero compartir con ustedes es que también en el marco de las alternativas habitacionales para las mujeres en proceso de salida de las situaciones de violencia tenemos un convenio con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ‑que también tiene varios años y es muy exitoso‑ de subsidio y garantía de alquiler. Se trata de un subsidio gratuito durante dos años para que puedan alquilar una vivienda mientras están en proceso de atención en nuestros servicios especializados y de otras instituciones, como podrían ser las intendencias, el Ministerio de Salud Pública; distintas organizaciones que trabajan en la temática de la violencia también pueden derivar a este programa que coordina el Instituto Nacional de las Mujeres y que, además, hace un seguimiento.
Para nosotros es muy importante, en toda esta política de respuesta a la violencia, el seguimiento que hacemos porque sabemos que muchas veces estas mujeres que han vivido muchos años situaciones de violencia ‑quienes hemos trabajado en esta temática lo sabemos‑, por el propio daño que han sufrido, requieren un acompañamiento, un seguimiento, un sostenimiento para que realmente puedan llegar a superar esa situación, consolidar el proyecto de salida y tener un proyecto de vida autonóma.
Otro aspecto bien importante del sistema de respuesta a la violencia de género del Instituto es un convenio de capacitación para el empleo que firmamos con el Inefop y que ya tiene un año de funcionamiento. Para nosotros esta es una herramienta de trabajo muy importante en el sentido de que vamos complementando y dando una respuesta mucho más integral, no solo psicológica, social y legal, sino también en lo que tiene que ver con la protección de las mujeres, las alternativas habitacionales y este componente que tiene que ver con la capacitación para el empleo, poniendo fuerte énfasis en que muchas de estas mujeres tienen mucho potencial para trabajar, para tener autonomía económica, pero como parte de ese proceso de violencia han estado en situaciones de aislamiento o alejadas de las posibilidades de trabajar. A veces son mujeres que están capacitadas para el empleo, pero no han tenido posibilidades de trabajar por el propio ejercicio de la violencia del agresor, que lo que hace es no permitirle trabajar para generarle ese nivel de dependencia económica que hace muy difícil que las mujeres puedan superar esa situación.
Por lo tanto, para las mujeres que están en nuestros veintisiete servicios de atención y, además, muchas de ellas en programas del Ministerio de Desarrollo Social, con múltiples discriminaciones, estamos llevando adelante estos cursos para prepararlas para un empleo, para tener un proyecto de vida más autónomo que les permita empoderarse y salir adelante en esas situaciones.
Me gustaría compartir con ustedes que para el Instituto Nacional de las Mujeres esto ha sido un gran desafío y que también está haciendo un énfasis muy importante en la atención a los varones que ejercen violencia. En este momento tenemos seis servicios en seis departamentos, con una proyección de llegar a seis departamentos más. Es muy importante la atención de estos varones que ejercen violencia y que requieren tener ese espacio y esa posibilidad de reconocimiento del ejercicio de la violencia que realizan, que puedan asumir la responsabilidad que tienen en el ejercicio de esa violencia y las consecuencias que esta genera.
Por supuesto que eso implica un trabajo muy importante porque en nuestro país no existen grandes cantidades de recursos humanos que tengan experticia en la atención de los varones que ejercen violencia; por lo tanto, además de brindar atención, paralelamente, también estamos generando líneas de formación y de capacitación permanente a distintos operadores y a profesionales de todo el país y a organizaciones no gubernamentales que tienen el interés de empezar a trabajar en esta temática porque nos parece que cada vez tienen que ser más los profesionales que puedan brindar esta atención.
Si bien en un principio el Instituto brindaba atención solo a los varones que estaban en el marco del programa de tobilleras ‑o sea, el programa interinstitucional con el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación‑, a partir de marzo de este año hemos ampliado la atención y estamos trabajando también con varones que se presentan voluntariamente manifestando su interés en querer iniciar un proceso de resocialización para cuestionarse su forma de vida, su forma de relacionamiento, la forma de resolver sus problemas, su masculinidad, el ejercicio de esa masculinidad en forma tan hegemónica y violenta.
Reitero, en esos servicios brindamos atención tanto a varones que están en el marco del programa de tobilleras ‑que han pasado por el Poder Judicial, que tienen una denuncia, y se ha detectado que son de alto riesgo‑ y también a varones que se presenten voluntariamente. Para nosotros también es un cambio muy importante que viene a profundizar la política de respuesta a la violencia porque no solo atendemos a las mujeres sino también a los varones.
Por otro lado, es importante el trabajo que venimos realizando con el Instituto del Niño y el Adolescente, pues aunque no tiene competencias para la atención de niños, niñas y adolescentes tenemos una fuerte coordinación y articulación entre el Inau y Sipiav ‑Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia‑ para atender a niños, niñas y adolescentes, muchas veces víctimas directas cuando las mujeres solicitan ayuda a nuestros servicios.
Por lo tanto, ahí hubo un fortalecimiento de trabajo con el INAU para dar una respuesta integral a la atención de las mujeres, pero también a la niñez y a la adolescencia.
SEÑORA MILLÁN (Nohelia).‑ Mi presentación será muy breve, entre otras cosas, porque el Instituto no tiene programas propios con autonomía económica; nuestro trabajo se desarrolla en el marco del Consejo Nacional de Género con integración de todos los ministerios, otras instituciones públicas, la sociedad civil, cámaras empresariales y el movimiento sindical. Si bien en este momento como comentó la asistente social Mazzotti, estamos orientados a las aspiraciones referidas a la estrategia, sobre todo, la aspiración 7, que refiere a corresponsabilidad y necesidades de cuidados y la 8, autonomía económica, empleo, emprendedurismo y todo el paquete de acceso a la tierra, trabajo doméstico, brecha salarial, desde hace muchos años el Instituto ha puesto el énfasis concreto en líneas de trabajo siempre en un marco interinstitucional.
Quiero detenerme en algunos puntos que nos parecen relevantes. Uno, es el proceso de trabajo en el marco de la Ley de Acoso Sexual, concretamente laboral. La reglamentación de la ley a partir del año pasado consolidó parte del proceso que veníamos haciendo hace diez años. Nuestra línea de trabajo, sobre todo, con las entidades públicas y privadas ha sido establecer protocolos siempre en un nexo muy directo con la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, potenciar protocolos y guías de trabajo con la norma, identificar el problema, tratarlo y hacer un seguimiento y una resolución.
La característica del acoso sexual laboral es que afecta directamente las relaciones laborales y que todo el proceso, desde la denuncia hasta la investigación y resolución se hacen en el lugar de trabajo. Por lo tanto, es muy importante que las organizaciones tengan comisiones técnicas para tratar el tema, protocolos que contengan las particularidades de la institución, y con un registro debido del seguimiento y resolución llevadas a cabo con discrecionalidad y protección.
Estamos por publicar la guía de acoso sexual laboral para las entidades públicas. Fue elaborada en coordinación directa con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con la Oficina Nacional del Servicio Civil. Estamos trabajando en una guía para las entidades privadas que esperemos esté disponible al público antes de fin de año.
La Ley de Acoso Sexual así como el proceso que relaté previamente se trabajaron en el marco de la tripartita por igualdad de oportunidades y derechos. La planificación y funcionamiento de la tripartita en lo que refiere a empleo es parte de la planificación del trabajo del Instituto Nacional de las Mujeres. A partir de este año la tripartita configuró una planificación con algunos aspectos centrales que hacen al empleo decente y la pretensión es trabajar en los dos años siguientes con mayor profundidad, sobre todo, en lo referido a corresponsabilidad. La autonomía económica de las mujeres está determinada mayoritariamente por la división sexual del trabajo, lo que marca las oportunidades de desarrollo, las posibilidades de generar ingresos propios y las formas de uso del tiempo de esas mujeres. Por lo tanto, trabajar en corresponsabilidad pensando en que las necesidades de cuidado y el derecho a ser cuidados es parte del compromiso que tienen las familias, el Estado y el mercado, pensar en línea de corresponsabilidad en la negociación colectiva es muy importante porque quitamos a las mujeres, sino todo por lo menos una parte de las responsabilidades del cuidado. Alguna tiene que ver con el amor y es muy difícil transferirla; quienes tenemos hijos lo sabemos.
Otro punto que se priorizará en la planificación de la tripartita por igualdad de oportunidades y derechos tiene que ver con la brecha salarial. Más allá de que viene variando y de que a través de datos del INE podemos analizar sus particularidades según el grupo de empleo, la idea es profundizar esa mirada, visualizar quiénes generan compensaciones, nocturnidades, oportunidad de generar horas extra; eso implica ir un poquito más allá de ver el monto global anual y ver quiénes tienen oportunidades para mejorar sus ingresos.
Otra línea muy importante que tiene el Instituto Nacional de las Mujeres y sobre la que se viene trabajando profundamente es el modelo de gestión de calidad con equidad. Este modelo de gestión organizacional este año cumplirá diez años; esta es su tercera versión. Quizás, alguien lo conoce; este modelo asocia la perspectiva de género con la gestión de calidad, con los procesos observando ocho indicadores de género, y a partir de cuatro niveles que se auditan en forma progresiva monitorea la gestión de una organización desde una perspectiva de igualdad.
Además de observar la voluntad política y monitorear permanentemente, los ejes que observa van desde la comunicación de la institución ‑cómo se comunica con las personas que allí trabajan y con el público en general‑, las características salariales, es decir, cuál es el salario de base, cuáles son las compensaciones, quiénes se las toman; quiénes tienen las licencias, si son especiales; las líneas de corresponsabilidad, las formas de trabajo con violencia; si existen comisiones o dispositivos para derivación asertiva de situaciones de violencia doméstica, si hay una comisión de acoso sexual laboral. Asimismo, las capacitaciones de una organización, qué tipo de capacitación, sus fórmulas, si se hacen en horario de trabajo o no ‑sabemos que para una mujer es muy difícil si las capacitaciones se brindan fuera del horario de trabajo‑, si hay capacitaciones en el exterior, qué tipo son, si son una oferta luego se configura en un progreso en la carrera funcional, quiénes hacen esas capacitaciones pudiendo salir al exterior o interior del país.
Otra de las líneas que mira el modelo de gestión de calidad con equidad, tiene que ver con la carrera funcional. Conocer si efectivamente hay una carrera funcional a través de concursos, quiénes se presentan, cómo se convocan y cuáles son las formas de entrada a la organización: cómo se hacen esos llamados, si están sesgados, cómo se hace una entrevista de trabajo, cuáles son las pautas de la entrevistas, si estas pautas muchas veces están sesgadas y asociadas con las responsabilidades de cuidado que tiene la persona.
Ese modelo que comienza con un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de las Mujeres tiene cuatro niveles: el de compromiso, de implementación, de mejora y de sostenibilidad. Cada uno de esos niveles dura un año, y es el Ministerio de Desarrollo Social que hace la evaluación.
Hay dieciséis organizaciones públicas y una público‑ privada que está en proceso de implementación; siete son Facultades de la Universidad de la República, está el Banco Central del Uruguay, OSE, UTE, Antel, ANP, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Instituto Pasteur, la Oficina Nacional del Servicio Civil. Es una de las líneas de programa más concreto y fuerte que tenemos en el ámbito de trabajo.
Para finalizar, me voy a referir a nuestro trabajo permanente con la Dirección de Emprendimientos e Inclusión Laboral del Ministerio de Desarrollo Social, de la Dinesil. En este momento, estamos cerrando un trabajo conjunto que hicimos para valorar la perspectiva de género en cuatro de los programas que tiene la Dirección: Cooperativas, Emprendimientos, Uruguay Trabaja y Ruralidad, y a partir de allí una planificación para el fortalecimiento de la llegada asertiva de esos programas de empleo para las mujeres menos favorecidas. Nuestra línea de trabajo tiene que ver, sobre todo, con generar apoyos a las otras instituciones del Estado que están trabajando en torno a la autonomía económica. Tenemos una línea de trabajo muy fuerte con los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca e Industria, Energía y Minería y con el Instituto Nacional de Colonización en esto del acceso a la tierra, el financiamiento y el acceso a la asistencia técnica para las mujeres. Nuestra tarea siempre es con otros. En este momento, las cosas están cambiando, sobre todo, porque hay oportunidades de formación terciaria en género, lo que hace que las instituciones públicas puedan munirse de personas que saben de género y de cuestiones determinadas de la política pública.
Estamos a la orden por cualquier ampliación de la información.
SEÑORA MAZZOTTI (Mariella).‑ El Instituto Nacional de las Mujeres tiene un área de descentralización y participación con un equipo que trabaja en todo el territorio del país. También tiene un equipo de formación que apuntala las necesidades de formación de distintas instituciones que está volcado, fundamentalmente, a esta tarea de descentralización y de trabajo en los distintos departamentos. Asimismo, cuenta con el Sistema de Indicadores de Género, que es un equipo técnico que trabaja con los datos del INE para profundizar en la igualdad de género. Trabajamos especialmente con el Departamento de Mujeres Afrodescendientes las políticas étnico‑ raciales, y también tenemos un equipo especializado en educación, salud y género que coordina permanentemente con el Ministerio de Educación y Cultura, con la ANEP y con el Ministerio de Salud Pública. El trabajo es arduo; estamos en todo el territorio nacional.
Dejamos por aquí nuestra presentación; podemos profundizar en los aspectos que las señoras diputadas y los señores diputados quieran.
SEÑOR PRESIDENTE.‑ La señora diputada Bottino sabía lo que hacía cuando las invitó.
SEÑORA BARREIRO (Gabriela).‑ Agradezco la presencia de la delegación. Realmente, esta ha sido una presentación de lo más interesante.
No es la primera vez que ustedes vienen a la Comisión, por eso conocíamos el trabajo que vienen realizando. Creo que sí es la primera vez que vienen luego de haber sido aprobada la ley integral y, por lo tanto, una de las preguntas va en dirección a una preocupación que tenemos algunos miembros de esta Comisión que tiene que ver con los recursos para llevar adelante en el marco de la Rendición de Cuentas que se avecina. Queríamos saber con qué recursos se cuenta para llevar adelante esta ley tan importante que ha sido votada en el período pasado. Más allá de la voluntad, la ley en sí no va a lograr que la violencia se erradique, pero sabemos que para llevar adelante algunas cuestiones se necesitan recursos, y eso es lo que nos preocupa en este momento.
Acá se habló de la interinstitucionalidad, del convenio con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ‑ya teníamos presente desde la comparecencia anterior‑ y me gustaría saber qué sucede cuando se detecta violencia hacia una niña o adolescente, cómo se transfieren las comunicaciones con respecto al Ministerio de Educación y Cultura y si hay algún dispositivo o algún convenio de cooperación. Más allá de que sé que se han llevado adelante algunas políticas con el Ministerio de Educación y Cultura, quiero conocer ese vínculo interinstitucional.
Sin lugar a dudas, la autonomía económica va en línea con la independencia que pueden tener las mujeres que son vulnerables, que muchas veces tienen que quedarse, por sus hijos, con el golpeador o el violento. Me interesaría tener una idea de número, de cuáles han sido los avances, no solo en ese tema, sino también con respecto a la vivienda. Quiero saber si tenemos algún número en cuanto a las soluciones que se han encontrado a raíz de todas las políticas que viene llevando adelante Inmujeres.
SEÑOR PRESIDENTE.‑ Iba a hacer algunas consultas, pero la señora diputada Barreiro ya hizo la misma apreciación.
La ley de Violencia hacia las mujeres basada en género, que si mal no recuerdo es la N° 19.580, tuvo un trámite express en esta Comisión, porque tuvimos cuarenta y ocho horas para estudiarla y poderla votar, ya que era de urgencia poder aplicarla. Por eso nos llama muchísimo la atención que no se haya reglamentado y puesto en funcionamiento. El 6 de marzo de 2017, hace un año y algo, el propio ministro del Interior pidió la urgencia de ese proyecto de ley. Nos llama mucho la atención que se diga que no hay dinero, y por eso queremos saber cuál es el conflicto que hay dentro del Poder Ejecutivo entre los distintos ministerios que están pidiendo y otros que no lo hacen. Nos llama la atención la urgencia para aprobar la ley ‑que sabemos cuál era‑ y que, al mismo tiempo, no sea aplicada.
Coincidimos con lo que mencionó la señora diputada Barreiro con respecto a la vivienda, ya que lo vivimos a diario sin ver que haya una solución, como también lo que tiene que ver con la falta de trabajo de las mujeres, que notamos, sobre todo, quienes venimos del interior. Coincido también con lo que acaban de decir en cuanto a la vulnerabilidad de la mujer que está sin trabajo y que, además, es víctima de violencia.
Lo único que puedo acotar a lo que dicen ustedes ‑con lo que coincidimos‑ es que nunca manejan la variable del tiempo, y ese no es un tema menor, sino bien fundamental en cuanto a cuándo se dan las respuestas.
Voy a poner dos ejemplos de la ciudad de Sarandí Grande del departamento de Florida, porque no quiero abundar en temas sobre estas realidades. El 4 de mayo visitamos a una familia que vive en el sitio más espantoso que se puedan imaginar, que no se puede llamar ni siquiera cobertizo. No tiene luz, no tiene agua, piso ni baño. Allí vive un matrimonio con dos chiquilines con una patología, por lo que el Sistema Nacional de Cuidados les está dando su asistencia. Viven realmente mal. Nosotros llamamos al Mides de Florida y hablamos con su directora, contándole de esta realidad. Nos contestó que no podía asistir hasta el 25 de mayo. El Mides demoró 21 días en ir, porque fue efectivamente el 25 de mayo. Demoraron 21 días en recorrer 50 kilómetros, cuando nosotros les habíamos alertado de esa realidad. El Sistema Nacional de Cuidados evaluó que había que darles asistencia, y eso está bien, pero la realidad también decía que hay una familia, con dos menores muy pequeños, que no tiene trabajo y que vive en condiciones infrahumanas.
Voy a mencionar otra realidad de Sarandí Grande. La señora Natalia Torres ‑me autorizó a dar su nombre‑, el 29 de abril de este año fue echada por su pareja ‑literalmente‑ con tres menores de edad y terminó viviendo en una carpa en un baldío de Florida. En este caso, el Mides también fue el 25 de mayo y le dijo que le iba a dar una respuesta el 25 de junio.
¿Ustedes tienen en cuenta el tiempo? Hablamos con la señora directora, que se mostró absolutamente conteste a darnos explicaciones y no la responsabilizo a ella de modo alguno. Me dijo que iba a ir tal día y fue. Pero ¿esta situación les parece correcta? ¿Manejan la variable del tiempo? Podría dar veinte ejemplos más. No es un tema menor. Se sabe que no se puede solucionar todo; sería infantil pensarlo. Ustedes deben saber que las soluciones no se concretan porque no hay trabajo, no hay vivienda, o porque el Mides hizo todo lo que podía, como otorgar una tarjeta de $ 2.000 o $ 3.000 por mes, que en la mayoría de los casos es el único ingreso que tienen; no lo estamos criticando, sino valorando. Cuando hablamos de gestión de calidad ‑esa expresión tan maravillosa‑, tienen que incorporar la variable tiempo; si no, los hechos siguen sucediendo y la gente se acomoda. Entonces, no armemos preciosas publicaciones, cuando se dan casos como los que acabo de citar. Miren que conocemos muchísimos casos similares. Todo lo que ustedes han dicho lo sabemos y lo avalamos, pero incluyan el factor tiempo. No pueden pasar dos meses para dar una respuesta a una muchacha que está en la calle. Averigüen lo que les estoy relatando y, si estoy equivocado, háganmelo saber.
La ley de violencia basada en género era importante, y así lo dijo el señor ministro del Interior. Hace pocos días escuchamos al señor director Nacional de Policía diciendo que no recibía la colaboración del Mides. No es un tema para discutir ahora, pero se dijo. El señor ministro del Interior, el 6 de marzo del año pasado pidió la ley y no se está aplicando. Me hubiera gustado preguntárselo a la señora ministra, porque no son temas para festejar.
SEÑORA BOTTINO (Cecilia).‑ Fue riquísimo el contenido de la presentación sobre un tema tan complejo como este, que tiene historias detrás. Tendríamos que hablar de parámetros culturales que tenemos que cambiar, y en eso la responsabilidad es de toda la sociedad. Este tema se ha puesto sobre la mesa recién en los últimos años, desde que existe el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de las Mujeres, que proyectan políticas estratégicas de género. Se ha puesto sobre la mesa desde que los legisladores podemos aprobar un presupuesto nacional para un ente rector en políticas de género. Por eso celebramos esta presentación. Sabemos que hemos avanzado mucho y somos conscientes de que queda muchísimo por hacer. Lógicamente, vamos a insistir en que haya recursos para estas políticas, pero somos conscientes de que no van a ser los que pretendemos. Se requiere involucramiento de todos los organismos, tanto nacionales como departamentales. Sabemos que hay seis servicios de respuesta para resocialización de los varones y se va a hacer un esfuerzo para implementar seis más.
También está la inequidad territorial. Los que somos del interior lo hemos dicho una y otra vez. Lógicamente, si hay dificultades en la capital del país, también las hay en las capitales departamentales, y ni qué hablar en el interior profundo. Cualquiera de nosotros podría dar testimonio al respecto, al igual que lo hizo el diputado Arocena. En nuestro caso, que recorremos el departamento de Paysandú, vemos situaciones de violencia que se detectan en instituciones educativas, como decía la diputada Barreiro. Allí es donde se constatan en primer término esas situaciones, y en esos lugares particularmente no tenemos respuesta. Por eso tenemos interés en que se den refuerzos presupuestales, pero sabemos que se logra con voluntad de los gobiernos nacional, departamental y municipal. Y, en ese sentido, las respuestas son disímiles. Hay gobiernos departamentales comprometidos con la igualdad de género, como el de Paysandú, que creó específicamente la Unidad de Género, Generaciones y Derechos Humanos. Luego de que el Frente Amplio asumiera nuevamente la Intendencia de Paysandú, volvió a participar activamente en las mesas interinstitucionales de políticas sociales, luego de cinco años de ausencia. Ahora sí podemos ir dando respuestas más inmediatas con los recursos que tienen los gobiernos departamentales y municipales sobre todo que son los que están más cerca de la gente.
Quisiera que se refirieran a esa ampliación; es decir, cómo sería, hacia dónde, y cómo se pueden reforzar esos acuerdos con las intendencias. Fundamentalmente, quisiera saber si van a existir recursos para el sistema de respuesta.
Quiero hacer una consideración respecto a la ley integral de violencia de género. Me preocupa muchísimo ‑me hago cargo de lo que voy a decir; lo digo en forma personal‑ la respuesta que se da desde el Poder Judicial. Hay cuestiones de la ley que no requieren reglamentación; me refiero específicamente a la tipificación de los delitos. No puede existir resistencia en este aspecto, pero sabemos que la hay.
Hemos recorrido varios departamentos y vemos que en las mesas departamentales de violencia de género los integrantes del Poder Judicial son quienes generan más resistencia, al igual que cuando se promulgó la ley de violencia doméstica. Esto nos preocupa y queremos dejarlo asentado. Estamos hablando de quien tiene que aplicar la ley; inclusive hubo algunas acordadas, que nos llamaron poderosamente la atención, dictadas por la Suprema Corte de Justicia.
Acá se plantearon algunas preocupaciones por actos del Poder Ejecutivo, en mi caso particular, tengo una especial preocupación por algunos pronunciamientos públicos, normativos y expresiones que desde el Poder Judicial se hacen sobre la aplicación de la ley integral de violencia de género.
SEÑORA VIEL (Stella).‑ Tengo un compañero de despacho que es historiador, investigador de la violencia; nos pasamos horas hablando de historia desde principios de siglo a la fecha. Digo esto para centrar mi reflexión, a partir de un Ministerio de Desarrollo Social que tiene doce o trece años de vida y que comenzó a los ponchazos; sin embargo, hoy tenemos un Ministerio.
Si me detengo en los debe, evidentemente, es para que podamos seguir construyendo, pero a propósito de violencia ‑de la que se habla tanto en este momento‑ me gustaría que tan solo nos detuviéramos en cualquier literatura de principios del siglo pasado. No pretendo justificar para nada ‑lo dije ayer en el plenario‑ la violencia, sino simplemente destacar qué se ha hecho hasta ahora.
Entonces, vaya el mayor de mis respetos a estas instituciones y a este Gobierno que se ha comprometido con todo, no sin dificultades, para tratar de resolver un problema que es cultural, que ya no se sabe dónde nace. Algunos decimos que en la casa; otros en la pasta base; otros echan la culpa al Gobierno; otros se la quieren echar a Bonomi. Es decir, pasa de todo, pero las soluciones actuales siempre han venido desde acá, desde el ministerio; bien o mal, acá vemos mucha gente trabajando en la violencia, en la violencia de género, en la igualdad.
Como el diputado, también recorremos el territorio, y ahí encontramos problemas para solucionar.
Tenemos juzgados donde las familias pasean, donde no hay respuestas, y si las hay es para dos o tres personas; no sabemos si las respuestas son personales o hay involucrados. Quienes estamos afuera, nos enteramos de las dos respuestas.
A mi entender, debemos articular los esfuerzos de todos, de nosotros mismos con las intendencias y con los organismos, porque no estamos hablando de autos de carrera, ni de un banco, sino de nuestra sociedad, que está enferma. Realmente, el problema se agrava por falta de sintonía, violencia y más violencia. Tenemos intendencias que no articulan, a lo que se suma una descentralización que no funciona.
Si vamos a hablar de violencia, debemos tener en cuenta toda la estructura institucional, los municipios, la comisión del barrio, la escuela, etcétera. Es decir, no existe la necesaria articulación, y creo que todos somos cómplices de esto. No podemos decir que no tengamos la culpa, todos tenemos distinta responsabilidad en lo que está pasando porque no vamos donde tenemos que ir, no golpeamos donde corresponde, o por el famoso "no te metas".
Estoy muy agradecida. Sé que hay debes y los trato de conversar con los organismos, porque si los legisladores nos paramos donde el diputado vio la carpa y no golpeamos las puertas correspondientes ‑en buenos términos‑, no avanzaremos.
Sigo sosteniendo que el problema de la violencia lo vamos a solucionar entre todos, de la violencia en general, no solo de género; la semana pasada me plantearon el caso de violencia de un niño con su mamá; su abuela pasea por lo juzgados buscando amparo. ¿Qué hacemos, entonces? Golpeamos las puertas que haya que golpear y nos hacemos responsables de lo que está pasando.
A mi entender, no nos podemos lavar las manos con el problema de la violencia, porque es responsabilidad de todos, porque cuando la sociedad está realmente descontrolada no hay color político.
Por eso, creo que las intendencias deberían involucrarse, como lo hace la de Montevideo; venimos de Canelones y me consta que allá es un empuje constante.
La articulación entre el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio del Interior y las intendencias debe servir para empujar puertas, porque si no, nos quedamos en el eslogan. Me parece bárbaro todo lo que se ha hecho, pero no nos podemos quedar ahí.
No me voy a detener a discutir qué pasa, si hay o no presupuesto, porque tengo que seguir adelante, y sé que acá hay muchos que piensan como yo. Estamos involucrados socialmente con nuestra gente y debemos seguir adelante. Por eso, no me voy a detener y pelearé por el presupuesto donde corresponda.
Creo que el tiempo es poco y que tenemos que aportar mucho más, no solo en la teoría, sino en la práctica: dar y estar pegados a la gente.
Muchas gracias a las tres, porque sé que trabajan.
SEÑORA ALALUF (Rosario).‑ Reafirmo alguna de las cosas que han dicho las compañeras.
El hecho de que estemos analizando estos temas en este ámbito indica que hubo voluntad de ocuparse de estas cuestiones, de dar protagonismo a estos asuntos, de crear organizaciones para que se ocuparan de ellos. Este es un aspecto principal a destacar, porque de lo contrario hoy no estaríamos hablando de esto.
Es cierto que hay debes; siempre los habrá. Cuando uno empieza a ocuparse de las cosas, empieza a resolver, pero también a ver cuánto falta. ¿Esto quiere decir que uno se conforma? Por supuesto que no.
A mi sí me importa que haya presupuesto, porque no es lo mismo. No hay que aceptar, sino pelear para que haya presupuesto.
También me preocupa lo que se dijo recién del Poder Judicial; ese es un gran debe que tiene la democracia. Es un debe de la democracia no haber logrado los votos necesarios para obtener de los sueldos más altos de los militares plata para destinar a otras cosas. Se habló de inconstitucionalidad; sin embargo, se hizo lo mismo con la Caja Bancaria y no hubo tanto pataleo. Lo concreto es que esa plata no está y se podrían haber hecho otras cosas.
Creo que este intercambio nos permite reflexionar cómo podemos avanzar mejor en lo que estamos haciendo.
El año pasado, una de las preocupaciones planteadas por parte de quienes trabajaron junto con Inmujeres sobre el tema de la ley integral, que debe estar sobre la mesa y seguir siendo parte del análisis porque es un debe grande, tiene que ver con que la violencia basada en género castiga siempre a la mujer; incluso, las soluciones. En realidad, no tenemos presupuesto porque los veintisiete lugares que existen no alcanzan. Al que hay que sacar de la casa es al violento, y no desarraigar a la mujer y a sus hijos. Eso es un debe.
Hoy hablábamos de la independencia económica de la mujer. El problema es que acá la propiedad privada, en general, tiene que ver con el varón. Discúlpenme los compañeros varones, pero es así. Lo que se guarda y se cuida es el lugar de la propiedad del varón, entonces, se saca a la mujer, se la desarraiga. Deberíamos ver la posibilidad de cambiar esto porque, además, debe ser mucho más barato. Hay un poco más mujeres que hombres; por lo tanto, se deberían encontrar lugares para aislar al violento ‑además de las tobilleras‑, ver cómo se educa a los varones y no seguir castigando a la víctima. No estoy hablando de cadena perpetua ni de gillotina. Estoy diciendo cómo se educa mejor a los que se equivocan. Creo que hasta nos costaría bastante menos plata que cuidar a la víctima con sus hijos y aislarla, lo que impide que vaya a trabajar y que los niños concurran a la escuela.
Quería manifestar esta preocupación y agradecer la posibilidad de este intercambio, porque existe el dispositivo para hacerlo desde hace algunos años, no tantos.
SEÑORA VIEL (Stella).‑ Cuando me referí al presupuesto no dije que no saliera, ¡por favor, no! Quise decir que no lo necesitamos para seguir remangándonos. Lamentablemente, pasó lo que pasó con la caja militar y ahora la pelea es de otro lado.
SEÑORA MAZZOTTI (Mariella).‑ Para nosotras y nosotros, uruguayas y uruguayos, la ley de violencia de género contra las mujeres era una ley urgente. Realmente, fue muy importante que fuera promulgada el año pasado. Ahora estamos en un nuevo escenario, que es su implementación.
En ese sentido, sabemos por ejemplo que el CEJU está brindando capacitación para jueces y juezas. Sabemos que hay muchas personas analizando y estudiándola. Dentro de poco tiempo habrá un seminario en el marco de la Facultad de Derecho
Esta ley se enmarca en la institucionalidad del Estado uruguayo, del Estado democrático. Fue aprobada por el Parlamento de la República, y promulgada. Así que es derecho positivo ‑de acuerdo con el lenguaje jurídico‑ ; está absolutamente vigente y en un proceso de implementación. Nosotros sabíamos que era progresivo y, por tanto, era muy importante que se votara para estar ahora en este escenario.
Como ustedes saben, esta ley es muy compleja. Tiene un número muy importante de artículos, se refiere a distintos capítulos y está vigente. Tenemos derechos que están consagrados y las mujeres pueden reclamarlos. Hay una tarea muy importante de los abogados defensores, para que apoyen a las mujeres en el reclamo a los nuevos derechos que se le asignan; muchos de ellos de protección al trabajo, como se decía hoy. Muchas veces, las mujeres en situación de violencia doméstica corren riesgo de perder su trabajo, por los trámites, por las faltas que pueden ocasionarse. Esto está resguardado y protegido en la ley. Lo mismo ocurre con el derecho a mantenerse en su propia vivienda.
En poco tiempo, el Instituto de las Mujeres, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con la representante del Poder Judicial, que participa en el Consejo Nacional Consultivo, vamos a hacer un curso para los abogados de los servicios de atención en todo el país, a fin de capacitar y trabajar con respecto a los derechos que esta ley otorga. Es más, hace pocos días, el tribunal de apelaciones, con el ministro redactor, el doctor Cavalli, dictó una sentencia en la que tomó en cuenta no solamente la ley de violencia doméstica y las recomendaciones de las Reglas de Brasilia y de la Cedaw, sino también, expresamente, la Ley Nº 19.580. Sabemos que muchos fiscales están usando la Ley Nº 19.580 respecto a los delitos sexuales, que allí están definidos. Por tanto, tenemos muchos ejemplos para dar garantías porque esta es una ley de nuestro país, forma parte de nuestra institucionalidad, está vigente y se está aplicando.
También tenemos conocimiento ‑quiero decir esto porque nos embarga una profundísima preocupación‑ de que algunos fiscales de la República y jueces ‑acá ya no estamos hablando de la institucionalidad, sino de algunas personas‑ señalan que la ley no está vigente. Este es un error que confunde. Es bien distinta la progresividad de la aplicación de la ley a la vigencia de los derechos y delitos que la ley consagra. Consideramos que es una ley que, en términos de asignación de deberes que se le otorgan al Poder Ejecutivo, así como de la creación de los juzgados especializados en violencia de género y las fiscalías especializadas, implica cosas en marco de su progresividad. Nosotros tenemos una alta expectativa: que rápidamente la Suprema Corte de Justicia, en el marco del artículo que la ley prevé, redistribuya las competencias. Sabemos informalmente que Fiscalía General de la Nación lo realizará. Necesitamos la transformación de los juzgados de violencia doméstica, así como de las fiscalías de violencia doméstica en juzgados y fiscalías de violencia de género. Esto representa una decisión institucional que está dentro de las competencias de los organismos indicados y no requiere presupuesto.
También sabemos, porque tenemos muchos años en la gestión pública, que los gastos se pueden reestructurar y reasignar. Así que también allí tenemos una alta expectativa en términos de los mandatos de la ley y de las decisiones institucionales que se puedan tomar, tanto a nivel del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial.
Por otro lado, también sabemos que ya teníamos una institucionalidad débil en relación al acceso a la Justicia, así que también sabemos que se requiere aumentar el presupuesto. Por lo tanto, consideramos que el presupuesto seguirá aumentando progresivamente. Tenemos altas expectativas de que este presupuesto mejore el gasto en relación a las políticas públicas de violencia de género. Tanto para los organismos ministeriales como para fiscalía y el Poder Judicial tenemos esa expectativa, pero creemos que no va a ser el cien por ciento de lo necesario. Tenemos expectativa de que esto continúe. En poco tiempo tendremos un nuevo presupuesto quinquenal, que seguramente poder dar un salto cualitativo en este sentido.
En definitiva, la ley está vigente, se está aplicando y consideramos que algunos aspectos de la asignación de competencias tienen que ver con la progresividad que hace a una mejora paulatina del presupuesto.
En cuanto al Instituto de las Mujeres en particular, quisiera señalar que el país y la política pública social tienen una alta complejidad, y por eso acordamos lo que ustedes también señalaban en cuanto a que la respuesta es interinstitucional y que convoca al conjunto de los dispositivos del Estado uruguayo: Estado nacional, departamental y municipal, a los tres niveles de gobierno, y también a la actuación de la sociedad civil organizada, y a las diversas instituciones sociales que hay, porque todos ponemos un granito de arena para prevenir o para fomentar la violencia social y la violencia de género en particular.
Como señalaba la directora Karina Ruiz, comenzamos esta gestión en el Instituto Nacional de las Mujeres en el año 2015 contando con dieciocho servicios departamentales y cerramos 2017 con veintisiete servicios de atención integral psicosocial que atienden en la emergencia y en las situaciones concretas a las que acceden las mujeres. Los servicios tienen veinte horas semanales de atención.
También tenemos los equipos de dispositivos territoriales para ir a las localidades: esto debemos ampliarlo para mejorar. En realidad este año ya tenemos veintiocho servicios, porque inauguramos uno en la ciudad de Piriápolis y estamos articulando un convenio con la Intendencia de Río Negro y la mutualista privada de la ciudad de Young para crear un servicio allí. Esta va a ser una experiencia piloto tripartita. En el presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres tenemos previsto que esta experiencia piloto tendrá plazo hasta que creemos el servicio de atención en Young ‑la licitación pública sale en pocos días‑, que es una ciudad muy importante, porque tiene una zona de influencia de muchas pequeñas localidades rurales.
También está prevista la creación de un servicio en Río Branco ‑ayer estuve todo el día allí‑ y la ampliación de la licitación está en curso dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Así que vamos a terminar este año con treinta servicios de atención a mujeres en situación de violencia de género.
Además, como decía la directora Ruiz, tenemos presupuestados seis equipos de atención a hombres agresores, que van a concurrir mandatados por el juez, o voluntariamente. En ese sentido, con las organizaciones sociales hacemos un trabajo de encuentro con hombres que son conscientes de la problemática y quieren cambiar de conducta. Entonces, vamos a contar con estos seis nuevos equipos en los departamentos de Florida, Treinta y Tres, Cerro Largo, Paysandú, Salto y Tacuarembó. Por lo tanto, vamos a llegar a fin de año con doce equipos y tenemos la expectativa de terminar esta gestión con el país completo.
Asimismo, vamos a crear una casa de breve estadía para situaciones de riesgo de vida de mujeres en el norte del país: claramente aquí hay un aumento presupuestal.
Si bien no es mi competencia, porque no formo parte del Ministerio del Interior, como es de público conocimiento, esta Cartera va a continuar invirtiendo en tobilleras y esto también implica aumento presupuestal, independientemente de las capacitaciones y las sensibilidades permanentes.
Ahora bien, quiero decir que aun no estamos conformes, si bien hemos hecho y estamos haciendo mucho; hay una tarea interinstitucional muy importante y trabajamos con mucha fuerza con el Ministerio de Educación y Cultura ‑esto lo preguntaba la diputada Barreiro‑ y con la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP. Creemos que allí hay un rol muy importante de prevención. En ese sentido, en la campaña de la segunda edición del año pasado de "Noviazgos libres de violencia" participaron más de doce mil adolescentes. Es una campaña donde los propios chiquilines son los protagonistas: adolescentes mujeres y varones. Para nosotros esto es clave para que el problema que supone esta realidad tan fuerte en el Uruguay vaya disminuyendo.
Por supuesto que hay situaciones graves que se nos escapan. Hay muchas mujeres que viven esta problemática, sobre todo en pequeñas localidades, con vergüenza, con miedo, que no consultan y no saben a dónde ir: les cuesta hablar con otros. Entonces, tenemos un alto porcentaje de femicidios de mujeres que nunca se animaron a pedir ayuda. Esta es una pauta cultural que debemos tener en cuenta para trabajar.
Hay situaciones que tienen que ver con los varones, por lo que debemos profundizar en qué pasa con los hombres: estamos trabajando en tal sentido ‑hay una investigación con lineamientos aprobados por el Consejo Nacional Consultivo‑ a nivel interinstitucional y con la sociedad civil. En definitiva, todo lo que hacemos a nivel de la política pública ‑sobre lo que vamos sentando las bases‑ apunta a trabajar, sin distinción, con todas las ciudadanas y con todos los ciudadanos.
Por supuesto que debemos responder a nivel de la urgencia y eso nos desvela. En muchos casos lo podemos hacer, pero necesitamos urgentemente del trabajo en el interior del país con el apoyo de las intendencias departamentales. Hay que lograr que se cree un sistema de respuesta interinstitucional en todos los departamentos.
Nosotros trabajamos en violencia de género y advertimos que la pobreza y la extrema pobreza se traducen en situaciones mucho más complejas, con varias dimensiones importantes. En este sentido, coordinamos con el Ministerio de Desarrollo Social. Por supuesto que todavía nos siguen faltando muchos recursos. Ahora, no nos hacemos los distraídos y estamos buscando permanentemente mejorar nuestras actuaciones.
Tendríamos muchos casos para contarles, por ejemplo, situaciones de mujeres en total aislamiento en el medio rural. Tenemos algún caso absolutamente confidencial del departamento de Florida, donde le hemos salvado la vida a la mujer y a su familia: allí el Plan Ceibal fue el primer punto de contacto que permitió que esa mujer se pudiera conectar y la escuela rural tuvo un papel fundamental. No voy a dar más detalles porque trabajamos con mucha confidencialidad
También quiero decir que estamos coordinando con el Ministerio del Interior en forma permanente. Tenemos un convenio de complementariedad muy fuerte y trabajamos en conjunto con el observatorio de violencia de género.
En definitiva falta mucho pero, como ustedes han manifestado, hicimos muchas cosas. En ese marco, siempre nos importa la opinión crítica en el marco del diálogo y de la actuación conjunta.
Por tanto, agradecemos esta convocatoria para dar cuenta de nuestras actuaciones: creemos haber respondido a todas las preguntas formuladas. Quedamos siempre a disposición de ustedes, porque creemos fuertemente en el trabajo colaborativo entre los tres poderes del Estado.
Quiero decirles que los números que nos solicitó la diputada Barreiro figuran en los informes que les hemos repartido. Nosotros trabajamos caso nuevo, no los casos de seguimiento. En particular, los datos que tenemos de soluciones habitacionales son los que ingresaron en el año 2017. La solución habitacional dura entre dos y tres años, por lo que hay muchos casos en que sigue el subsidio y otros en que se incorpora. Lo que figura en el informe, es lo que se incorporó en 2017. En este momento estamos con más de trescientas familias con régimen de garantía de alquiler y subsidio para superar la situación de violencia doméstica.
Muchas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE.‑ Si no se hace uso de la palabra, solo resta agradecer la presencia de nuestras invitadas.
(Se retiran las autoridades del Instituto Nacional de las Mujeres del Mides)
——Quiero hacer dos propuestas a la Comisión.
La primera de ellas es que enviemos una nota a la señora Natalia Oreiro para agradecer su testimonio en la radio de Moscú y el hecho de haber usado la camiseta que lució en la oportunidad.
Si están de acuerdo, la redactamos, la firmamos todos y se la enviamos.
La otra propuesta, en función de lo que decía la señora diputada Bottino y lo que hemos sostenido acerca de la Justicia, es hablar con el ministro Chediak ‑lo he visto muy participativo en la prensa; muy accesible‑ y tratar de coordinar una visita para plantearle nuestras inquietudes. No es de estilo que el Poder Legislativo mantenga estas relaciones con el Poder Judicial, pero basta con consultarlo para ver si es posible. La idea no sería reunirnos aquí, para no darle carácter oficial a la entrevista, sino ir a visitarlo a él. Podría participar una pequeña delegación de la Comisión o todos los integrantes. La idea sería conversar acerca de cuáles son los inconvenientes para mejorar, sobre todo, nuestra calidad legislativa.
Podemos pensar en esta propuesta y decidirla en la próxima sesión.
SEÑORA BOTTINO (Cecilia).‑ Me parece correcta la propuesta del señor presidente de la Comisión.
En realidad, nuestra preocupación es por la instrumentación de las leyes, es decir, por cómo se empiezan a implementar y aplicar las leyes, luego de que nosotros legislamos. Ese seguimiento también es un rol de los legisladores; creo que es una de las tareas que tenemos por delante. Por eso hacíamos referencia al Poder Judicial. Tenemos presente que allí, en el máximo órgano, que es la Suprema Corte de Justicia, se ha logrado una mayor participación de mujeres. Inclusive, quien la preside actualmente es una mujer. Nos interesa conocer cuáles son los dispositivos con que se cuenta y cuál es la voluntad del máximo órgano judicial en materia de género. Lo digo expresamente porque hemos recibido planteos en los que advertimos con preocupación que no hay una mirada de género, fundamentalmente, por parte de quienes después tienen que aplicar la ley. Nosotros legislamos con esta mirada de género, pero si quienes tienen que aplicar la ley diariamente no tienen en cuenta esa mirada, se nos dificulta muchísimo el cumplimiento de los objetivos que perseguimos con la legislación.
Por eso me parece que es bueno acordar ese contacto con la Suprema Corte de Justicia, como forma adecuada de trasmitir nuestras inquietudes.
SEÑOR PRESIDENTE.‑ Nosotros sugerimos hablar con el ministro Chediak, pero también podríamos dirigirnos a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Si alguno la conoce personalmente ‑no es mi caso‑ y quiere hablar con ella, dejamos abierta esa posibilidad.
Si los integrantes de la Comisión están de acuerdo, encaminamos las dos propuestas.
(Apoyados)
——Se levanta la reunión.
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 Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo. |