COMISIÓN HONORARIA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE SOLIDARIDAD

Modificación de su composición

FONDO DE ESTABILIZACIÓN ENERGÉTICA

Se autoriza al Poder Ejecutivo a transferir el monto
excedente a Rentas Generales

CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA RURAL

Se establece su reducción para los Ejercicios 2018 y 2019 a propietarios
de padrones rurales que reúnan determinadas condiciones

Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 11 de abril de 2018

(Sin corregir)

SEÑORA PRESIDENTA (Bettiana Díaz Rey).  Habiendo número, está abierta la reunión.

Dese cuenta de los asuntos entrados.

"1) FONDO DE ESTABILIZACIÓN ENERGÉTICA. Se autoriza al Poder Ejecutivo a transferir el monto excedente a Rentas Generales. (Carpeta 2948/2018. Repartido 919). (Con aprobación del Senado)

2) CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA RURAL. Se establece su reducción para los ejercicios 2018 y 2019 a propietarios de padrones rurales que reúnan determinadas condiciones. (Carpeta 2949/2018. Repartido 920). (Con aprobación del Senado)

(Distribuido por correo electrónico el 5/4/2018)

3) Mercadería en abandono en depósitos intra y extraportuarios. Texto remitido por el Departamento Jurídico de la Dirección Nacional de Aduanas. (A la Carpeta 1106/2016). (Asunto 139166).

(Distribuido por correo electrónico el 9/4/2018)

4) Invitación del Congreso de Intendentes a encuentro "Análisis y perspectivas de las economías fronterizas ante la aprobación del régimen de free shop en ciudades gemelas". Rivera, 20 de abril de 2018.

(Distribuido por correo electrónico el 10/4/2018)

5) Solicitud de audiencia de Quinieleros Unidos de Rocha. (A la Carpeta 13/2015). (Asunto 139201).

(Distribuido por correo electrónico el 11/4/2018)".

——La Comisión de Hacienda tiene el gusto de recibir a la Caja Notarial, representada por su presidente, el escribano Pablo Arretche Coelho; por su secretario, el escribano José Osvaldo Rocca, y por su gerenta provisional, la escribana Laura Guasch.

Los recibimos a solicitud de varios señores diputados, a los efectos de analizar el tema de la modificación de la integración de la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad.

Como tengo entendido que la solicitud también fue planteada a modo de inquietud por parte del colectivo, queríamos pedirle su opinión con respecto a este tema.

SEÑOR ARRETCHE COELHO (Pablo).  Queremos hacer una pequeña apreciación. Nosotros fuimos convocados por la Comisión de Hacienda. No fue una iniciativa propia de la Caja Notarial, si bien es cierto que en diciembre del año pasado cursamos una nota a la Comisión de Hacienda manifestando cuál era nuestro punto de vista relativo a las modificaciones que se pretendían implementar a la ley de la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad.

Para ir directamente a lo que estaba planteado en la convocatoria, nosotros nos manifestamos en la medida de que entendemos oportunos los cambios planteados. No nos oponemos en nada a la redacción del texto del proyecto de ley propuesto.

Entendemos que desde el momento de su creación, en el año 1994, la Caja Notarial ha estado participando en la administración y, fundamentalmente, en la recaudación de los fondos que hacen al objetivo primario de la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad.

Con el pasar del tiempo, el Fondo de Solidaridad también ha ido progresando, modificándose, tomando otro cuerpo que no tenía en su instancia de creación. Desde el año 2015, por una modificación de ley, se retira la instancia de recaudación por parte de la Caja Notarial, pasando a permanecer sin ese objetivo primario que fue previsto al momento de su creación. Con eso, lo que decimos es que ya hace más de dos años que la Caja Notarial no recauda el fondo y no lo vierte.

El Fondo de Solidaridad ha modificado su estructura y entendemos que la participación que venía desarrollando la Caja Notarial hoy en día no tendría mayor razón de ser. Por lo cual, el directorio de la Caja Notarial comparte en su totalidad la redacción del texto de modificación propuesto para la ley, en la cual se retira a la Caja Notarial en cuanto miembro integrante del mismo. Actualmente, tiene ocho integrantes. En su nueva redacción, pasaría a tener cinco miembros integrantes, por lo que la Caja Notarial no tendría participación alguna.

Reiteramos: no nos oponemos en nada a lo propuesto por la redacción.

Desde el año 2015, la Caja Notarial emite en forma conjunta con el Fondo de Solidaridad la constancia de estar al día con los aportes.

Actualmente, la emisión de esa constancia se hace en forma conjunta con el Fondo. Creemos que no tiene razón de ser en cuanto a que son organismos totalmente diferentes y que un integrante esté al día con uno de los institutos no implica por qué tendría que tener esa expedición en forma conjunta. Perfectamente podría estar al día con un organismo y tener alguna dificultad o no estar en condiciones normales frente al otro.

En el año 2015, nuestra gerenta previsional, en el seno de esta comisión, también hizo un planteo que nosotros querríamos reiterar, en el sentido de que esas constancias que se emiten en forma conjunta puedan ser emitidas por separado.

SEÑORA GUASCH (Laura).  Como decía el presidente de la Caja Notarial, en noviembre de 2015 participamos acá con la presidenta en ese entonces de la Caja respecto a las reformas que preveía la ley de presupuesto en los artículos relativos al Fondo de Solidaridad e hicimos una apreciación en cuanto a que  más con este nuevo texto, en el que ni siquiera vamos a participar de la organización ni administración  desde el año 2014 la Caja Notarial está desvinculada de lo que eran los estados de cuenta y todo el control del Fondo de Solidaridad y, desde el año 2015  como decía el presidente de la Caja Notarial , lejos de la recaudación. La única participación que tenemos hoy es en la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad

Como decía el presidente, no tenemos objeciones en salir de la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad, más cuando nos sentimos representados por la Agrupación Universitaria del Uruguay, por AUDU  la Asociación de Escribanos del Uruguay integra AUDU, o sea que el gremio de escribanos está representado en dicha Comisión , o sea que estamos de acuerdo con la no participación de la Caja Notarial, pero seguimos vinculados con el tema de emisión de la constancia de estar al día.

En el artículo 40 de la Ley Nº 17.437, se prevé que, anualmente, la Caja Notarial emitirá a los escribanos una constancia de situación regular

La ley del Fondo de Solidaridad establece que esa constancia acreditará, a la vez, estar al día con el Fondo de Solidaridad. Entonces, se dan situaciones que se tornan un poco inconsistentes, en primer lugar, por ejemplo, con el tema de lo que prevé la ley del Fondo de Solidaridad de que para solicitar jubilación en cualquier organismo de seguridad social se requiere estar al día con el Fondo de Solidaridad. Entonces, se da la situación de un escribano que debe a la Caja Notarial y, por tanto, no va a tener la constancia de estar al día, porque tiene que acreditar estar al día con ambos institutos, por lo que no podrá pedir una jubilación por otra actividad, por ejemplo, en el Banco de Previsión Social. Entonces, si la ley requiere estar al día con el Fondo de Solidaridad para poder tramitar una jubilación en un organismo, no parece sensato que por deber a la Caja Notarial tenga que verse impedido de solicitar esa jubilación.

Lo mismo sucede con el tema de las vigencias. Nuestra constancia tiene una vigencia anual. Al escribano se le emite en el mes de marzo o abril y le sirve hasta marzo del año siguiente. Si está al día con ambos organismos, recibirá su constancia de estar al día. El tema es que, si bien el Fondo de Solidaridad tiene por ley también una emisión anual de la constancia y las vigencias coincidirían, ahora tiene anticipos mensuales, trimestrales. Entonces, un escribano al que se le emitió su constancia en abril por estar al día con ambos organismos y que le servía por un año para cobrar sus remuneraciones en cualquier organismo público, si se atrasa en tres anticipos del año en curso, a pesar de que tiene vigente la constancia emitida, no la podrá volver a emitir, porque el Fondo nos va a avisar, por un intercambio diario de información que tenemos, que ese escribano está atrasado.

La tercera situación que se da es que la constancia de estar al día de la Caja Notarial impide el cobro de remuneraciones únicamente en organismos públicos. En cambio, la del Fondo de Solidaridad lo impide en organismos públicos y privados. Entonces, volvemos a la situación del escribano deudor de la Caja que hoy podría estar cobrando en una empresa privada. Sin embargo, como no va a tener la constancia de estar al día con el Fondo, porque le debe a la Caja Notarial, por esta unión de las constancias, tampoco va a poder cobrar sus haberes. Entonces, pensamos que se está limitando la autonomía de la Caja en cuanto a la emisión de sus propias constancias, llevando a situaciones que para nuestros afiliados no son consistentes.

Sé que el Fondo de Solidaridad no está de acuerdo con nuestro planteo de separación de las constancias, porque piensa que es una presión más para que el afiliado pague, pero así como el Fondo está en condiciones de emitir la constancia de estar al día a los contribuyentes que no son escribanos, también se la puede emitir a los escribanos y que cada organismo pida, en lugar de una constancia única de estar al día con ambos institutos, una constancia por Caja Notarial y otra distinta por el Fondo de Solidaridad. En lo único que seguiríamos vinculados sería en esto. Volvemos a plantear que tiene inconsistencias la unificación de las constancias respecto de nuestros afiliados y nos parece que son bastante trascendentes.

Han venido a pedirnos constancias para presentarse a pedir una jubilación del Banco de Previsión Social y, si deben a la Caja Notarial, yo no se la puedo dar. Empiezan a dar vueltas, van al Fondo de Solidaridad y la piden y les dicen que no, porque la emite la Caja. Vienen a la Caja Notarial, la piden, y les decimos que no, porque es conjunta.

Esta ligazón de las constancias plantea esos inconvenientes y, de pronto, ya que se va a tratar un proyecto de ley en el cual se modificará la integración, podría agregarse un artículo en el cual se independizaran las constancias de cada organismo y que cada organismo, en base a su autonomía, expidiera, en función de la situación regular con el propio organismo y no dependiendo de otros.

Es el planteo que ya habíamos efectuado en noviembre y que volvemos a traer, ya que tenemos la oportunidad.

SEÑOR POSADA (Iván).  Como bien se dijo, en diciembre habíamos requerido una opinión de la Caja Notarial sobre este proyecto que fue presentado, precisamente, ese mismo mes, modificando la integración de la dirección del Fondo de Solidaridad.

Agradecemos la pronta respuesta que tuvimos, en ese sentido, de las autoridades de la Caja Notarial.

En la medida de que se entendió conveniente analizar este punto con más detenimiento y teniendo en cuenta especialmente un planteo que había hecho la Caja de Profesionales Universitarios en el curso del año pasado, nos parecía que era bueno tratar de ingresar en el estudio de este tema teniendo en cuenta otros aspectos, como el que se acaba de plantear en relación al tema de los certificados, que era otro de los planteos que se había hecho por parte de la Caja de Profesionales Universitarios.

Ese ha sido el sentido de esta convocatoria: de alguna manera, tener presente los distintos planteos que se han hecho al respecto, en este caso, por las autoridades de la Caja Notarial.

Nos parece que un abordaje de este tema debe ser de carácter global. Hasta ahora, por distintas razones, el Parlamento ha venido aprobando remiendos sobre una situación dada y, en todo caso, nos parece que es bueno poner en una ley  en la medida de que se plantean cambios en la integración  cambios en temas que nacieron unidos por la lógica de lo que fue la creación del Fondo de Solidaridad. Era absolutamente impensable en el año 1994 que este organismo que se creaba pudiera tener independencia, autonomía desde el punto de vista recaudatorio. Fue muy importante la participación que tuvo tanto la Caja Notarial como la Caja de Profesionales Universitarios para poder dar cuerpo al Fondo de Solidaridad. Por lo tanto, este era el motivo de la convocatoria.

En lo que nos es particular, queremos agradecerles por los aportes que han hecho, que nos parece que tienen que ser debidamente tenidos en cuenta en una modificación que ya tenga otro alcance, más allá del que está planteado en este único artículo del proyecto a estudio.

SEÑOR ARRETCHE COELHO (Pablo).  Quiero agradecer las palabras del señor diputado Posada.

Pretendemos ser lo más claros posible en cuanto a los dos puntos que eran nuestro objetivo. En primer lugar, queremos dejar planteada nuestra plena conformidad con el texto propuesto y, en segundo término, al no estar contemplado en ese artículo lo relativo a las emisiones de la constancias de estar al día con el pago, la posibilidad de que los señores diputados lo analicen y, de entenderlo conveniente, lo incorporen en su redacción.

SEÑORA PRESIDENTA.  La Comisión de Hacienda agradece la presencia de las autoridades de la Caja Notarial.

(Se retiran de sala autoridades de la Caja Notarial)

(Ingresa a sala una delegación de la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad)

——La Comisión tiene el gusto de recibir a una delegación de la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad, integrada por su presidente, ingeniero José Luis Genta; la asesora jurídica, doctora Carolina Torrens, y el gerente general, contador Enrique Miranda.

La Comisión Honoraria fue convocada para conocer su opinión sobre la modificación de su composición. Nos gustaría conocer su postura con respecto a este cambio.

SEÑOR GENTA (José Luis).  En primer lugar, agradecemos a los señores diputados por invitarnos a participar de esta sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.

Asimismo, quisiera decir que desde febrero de este año ocupo la presidencia de la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad, y que hoy vine acompañado del gerente general y de la asesora jurídica. También nos acompañará  espero que esté por llegar  el secretario de nuestra Comisión, el ingeniero Atilio Morquio, que es el representante de la Universidad de la República.

Con respecto al tema, en primer lugar, quisiera plantear una serie de elementos y antecedentes que, obviamente, por mi condición de ser un presidente reciente, me ha exigido estar muy involucrado. Me refiero a la resolución que tomó el Poder Legislativo en cuanto a la Ley Nº 19.589, que en diciembre de 2017 tuvo cambios significativos. Eso nos llevó a que en la primera reunión que llevó a cabo la Comisión Honoraria, en el mes de febrero, recibiera a la señora ministra de Educación y Cultura, la doctora María Julia Muñoz, ya que tenía interés en saludar al presidente saliente, el contador Mario Guerrero. En esa oportunidad, manifestó con mucha fuerza y vehemencia que se debía asegurar el cumplimiento de todas las modificaciones realizadas en la ley en el mes de diciembre.

Por otro lado, en febrero también se hizo una interpretación sobre uno de los conceptos que se incorporaron en el artículo 1º de la ley, relativo a la actividad profesional. Asimismo, se aprobó el presupuesto de este año tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 8º de la ley, que establece que los gastos administrativos no podrán insumir más de un 6% de los ingresos brutos del ejercicio inmediato anterior.

Posteriormente, en la reunión que se llevó a cabo en el mes de marzo, se hizo la reglamentación del Fondo de Reserva, que es algo que se incorporó en el artículo 2º de la ley.

Obviamente, todos estos elementos fueron enviados al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, ya que nos pareció importante, inclusive, para recibir opiniones sobre las reglamentaciones que hemos realizado.

En cuanto a la convocatoria del día de hoy, lo primero que tengo que decir es que informé a los integrantes de la Comisión Honoraria sobre esta comparecencia, la que analizaremos en forma conjunta en la próxima reunión, que se llevará a cabo el 25 de abril.

Por supuesto, somos conscientes de que la Comisión de Hacienda recibió a las tres instituciones que dejarán de integrar la Comisión Honoraria, lo que puede formar parte del diálogo que mantengamos, como así también lo que recibamos de su parte con respecto al establecimiento de los cambios incluidos en el artículos 2º de la ley. En ese sentido, en la reunión de la Comisión Honoraria que se llevó a cabo en diciembre del año pasado, recibimos a la delegada de la Caja Notarial, quien nos dio copia de la nota con la que respondieron a la convocatoria realizada por esta asesora, y nos dio su opinión al respecto. Además, como producto del intercambio con los representantes en estos dos días hábiles, recibimos una respuesta de la Agrupación Universitaria del Uruguay, que integra la Comisión Honoraria, la que planteó una visión favorable al cambio en la ley.

Por otro lado, la representante de la Universidad Tecnológica dijo que no estaba en condiciones de dar una opinión y que necesitaba hacer un análisis a nivel de su comisión directiva. Por tanto, esperamos poder conocer su opinión y realizar intercambios al respecto.

Más allá de estas informaciones, consideramos que la Comisión Honoraria, en su carácter de administradora, posiblemente  esta es mi opinión  no tome una decisión respecto a su integración; no parece razonable que lo haga. Sin embargo, como presidente de la Comisión Honoraria quiero dejar planteado  esto es algo que nos preocupa y lo hablamos con quienes me acompañan  que la modificación en la integración política e institucional de nuestra Comisión no puede significar cambios en los aspectos de la ley relacionados directamente con el cobro del Fondo de Solidaridad y el complemento, ya que eso generaría una situación de inestabilidad en cuanto a mantener los ingresos actuales del Fondo y, fundamentalmente, el pago de las becas.

SEÑOR POSADA (Iván).  Quizás esta asesora cometió una omisión al no enviar a la dirección del Fondo de Solidaridad la versión taquigráfica de la sesión en la recibimos, el año pasado, a una delegación de la Caja Profesional. En esa ocasión se realizaron una serie de planteos  la delegación de la Caja Notarial los reiteró el día de hoy  relativos a generar una separación en los certificados que acreditan estar el día con los pagos. Por tanto, me parece que sería importante que se enviara esa versión taquigráfica.

Por otro lado, el Poder Legislativo realizó algunos cambios en la ley, y el último que se hizo respondió, fundamentalmente, a un planteo llevado a cabo por las autoridades del Fondo y el rector de la Universidad relativo a la afectación que iba a tener la recaudación del Fondo de Solidaridad y el adicional debido a la modificación de la ley que fue aprobada en la rendición de cuentas. En realidad, había un proyecto de ley que establecía una serie de modificaciones y que iba a tener un impacto negativo en lo que refiere a la recaudación. Por esa razón, se aprobó una ley al final del año. Por tanto, los artículos a que hago referencia y que estaban incluidos en la rendición de cuentas no tuvieron vigencia, ya que esta ley, que se aprobó con posterioridad, los modificó; además, la vigencia de esos artículos comenzaba el 1º de enero de 2018.

Por otro lado, también hay que decir que el Poder Legislativo cometió alguna omisión con respecto a las modificaciones que se realizaron en la Ley Nº 19.589. Digo esto porque en la ley se hace referencia a jubilaciones servidas por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, la Caja Notarial y el Banco de Previsión Social, pero se omitió incluir, por ejemplo, a las de la Caja Bancaria, ya que puede haber situaciones de esa naturaleza que deberían estar comprendidas.

Por otra parte, también nos preocupa la resolución que dictó el Fondo de Solidaridad en cuanto a la interpretación de la Ley Nº 19.589. En primer lugar, porque la reglamentación de una ley no puede ser hecha por el Fondo de Solidaridad, sino a través de un decreto del Ministerio de Educación y Cultura. Entiendo perfectamente la buena voluntad que tuvo el Fondo frente a la realidad planteada, ya que trató de dar una respuesta. De todos modos, más allá de la interpretación que se hizo, nos parece que debe haber un decreto que establezca estos aspectos a fin de tener un marco legal adecuado.

El Parlamento también cometió una omisión con respecto al adicional a la Universidad de la República, ya que no dispuso una solución para los casos de cese al Fondo debido a una jubilación. No hay ninguna referencia en ese sentido, y hay que recordar que la regulación en materia del cese del aporte al adicional a la Universidad de la República viene desde el momento de su creación, y se mantienen los veinticinco años o la jubilación. Por lo tanto, las modificaciones ulteriores en cuanto al cese de aportación al Fondo por jubilación también deberían referirse al adicional.

Finalmente, el artículo 2º de la Ley Nº 19.589 estableció regulaciones distintas a las planteadas en el proyecto de ley de rendición de cuentas en relación a los gastos de administración y funcionamiento del Fondo de Solidaridad; en realidad, estableció un cronograma para su cumplimiento.

De todos modos, teniendo en cuenta que en el ámbito parlamentario hay una interpretación distinta en cuanto a cuáles son los ingresos computables a los efectos de establecer el límite al gasto de administración, quisiera hacer algunos comentarios. En primer lugar, tenemos claro que la gestión del Fondo necesita de los recursos necesarios para tener una respuesta adecuada a las obligaciones que surgen de la creación del Fondo de Solidaridad en lo que refiere al otorgamiento de becas. Sin embargo, la interpretación que se hizo en el ámbito parlamentario en relación al porcentaje establecido tenía que ver con los ingresos del Fondo de Solidaridad sin computar el adicional. Entonces, me parece que es bueno aclarar qué son los gastos de funcionamiento y qué perspectiva tiene el Fondo en cuanto a la aplicación de la Ley Nº 19.589 a efectos de evitar dificultades en el futuro, porque me parece que el Parlamento no tuvo la intención de generar dificultades en lo que tiene que ver con el funcionamiento.

Por último, hago una pregunta concreta en relación a los planteos que han hecho la Caja de Profesionales Universitarios y la Caja Notarial. Quisiera saber si el certificado de estar al día con el Fondo de Solidaridad y con el adicional es independiente del certificado de estar al día con las obligaciones inherentes a la Caja Profesionales Universitarios y a la Caja Notarial.

SEÑOR GENTA (José Luis).  Si me permiten, voy ceder la palabra a la asesora jurídica, señora Carolina Torrens, para que responda a las interrogantes del señor diputado.

SEÑORA TORRENS (Carolina).  En cuanto a la interpretación del concepto "actividad profesional", estamos totalmente de acuerdo con que lo mejor sería que la propia ley lo definiera, porque está directamente vinculado con el hecho generador y con la obligación de aportar. Lo ideal sería que la propia ley lo definiera o, en su defecto, un decreto. Pero, en la medida en que no teníamos ninguno de esos dos elementos, al ser el deber de la institución aplicar la normativa, también es un deber interpretar los conceptos legales; por eso se llegó a esa definición.

Con respecto al adicional, señalo que es correcto lo planteado en cuanto a que la causal de cese por jubilación quedó establecida solo para el tributo fondo, y al tener el adicional su propia regulación en la ley original, eso no se vio afectado. Esto genera incongruencia en el sistema y la dificultad operativa de aplicación. Por lo tanto, estaríamos de acuerdo con que se unificara el cese para ambos tributos.

SEÑOR MIRANDA (Enrique).  En relación a la inquietud del señor diputado Iván Posada, en referencia al acta de a Caja de Profesionales aludida, quiero señalar que sí la tenemos; inclusive, estuvimos repasándola ayer. Nos queda clara la postura de la Caja de Profesionales, en particular. En cuanto a la Caja Notarial, el único vínculo que tenemos desde el punto de vista operativo es a través del certificado de estar al día, pero, obviamente, no es así con la Caja Profesional.

De acuerdo con lo establecido en el Presupuesto Nacional de 2015  las últimas modificaciones que se hicieron al sistema , precisamente, se dejó a la Caja Profesional el cobro de todo lo que es ejercicio, junto con los aportes. Es más, en el artículo que lo regula se habla de indivisibilidad del cobro. A partir de esa ley, el fondo se comenzó a gestionar con los afiliados a las cajas de no ejercicio en forma directa.

Para dar una idea, los que están en ejercicio hoy en la caja son cuarenta y cinco mil contribuyentes del Fondo. Eso significa 36% de la recaudación del Fondo y la mitad en concepto de tributo adicional. Estas son cifras elocuentes e importantes. Si bien nosotros conseguimos desde el punto de vista sistémico, desde el punto de vista de nuestra administración, poder cobrar ese tributo en forma directa como una aproximación sucesiva, como la hemos tenido en los últimos años, en la última ley de 2015 nos quedamos con una parte; antes, la Caja cobraba dos tercios, y hoy, un tercio, aproximadamente. Es razonable que esto sea así para el futuro. Estamos dispuestos a prepararnos y a hacerlo en una forma ordenada, pero creemos que no es el momento por varios motivos. En primer lugar, por los ajustes de las leyes del año pasado, que en parte no entraron en vigencia porque hubo una última en diciembre. Lo que sí quedó vigente fue la salida del sistema a los veinticinco años. Sin duda, esto va a provocar una caída en la recaudación notoria en el año 2020. Me refiero a la recaudación y no a las becas.

Entonces, esta situación junto con la baja en los gastos de administración  que también está en vigencia  tendiendo al 5% en 2020, provocará que se contraigan los ingresos y se limiten más los gastos. Esto provocaría una dificultad operativa para hacer frente a ese nuevo escenario en el corto plazo. No obstante, en el mediano y largo plazo, estamos dispuestos a hacerlo.

En cuanto a los certificados  en esto están involucradas las dos cajas , podemos afirmar que es un instrumento instalado en la sociedad desde hace muchos años. El organismo no está en condiciones de crear para quienes aportan un certificado propio. Por lo tanto, habría que evaluar cuál sería el impacto en la concepción de los tributos el no tener los certificados con los que hoy contamos, junto con los aportes en ambas cajas, a esos efectos y a los efectos jubilatorios. Como dije, esto está inserto en toda la sociedad, no solamente a nivel público, sino también a nivel privado y de honorarios. Vale decir que no siempre se cumple con la exigencia de ese certificado, sobre todo a nivel privado y a nivel de honorarios.

En relación a los ingresos computables, la propia ley solicita su reglamentación y establece qué se consideran como tales. Estamos atentos a que eso se procese. Hoy en día seguimos aplicando el mismo criterio que se viene aplicando desde siempre y, además, el mismo criterio de ingresos y de gastos a esos efectos que las Cajas.

Vale decir que desde el punto de vista jurídico, consideramos el adicional como un ingreso genuino del sistema. ¿Por qué? Porque somos sujetos activos, participamos de la gestión, de los mecanismos de cobro a quienes no están al día en forma directa; es decir, no somos simplemente un agente de recaudación como, por ejemplo, la Caja misma u otra cobranza descentralizada, sino que incidimos en forma directa como sujeto activo en todo lo que es la gestión del Fondo. Obviamente, el destino es la universidad en lugar de las becas. Pero, a los efectos de la cobranza, de la participación, incidimos en forma directa.

SEÑOR GENTA (José Luis).  Complementando lo que manifestó el contador Miranda, quiero señalar que este aspecto de la ley que tiene que ver con el cobro y los certificados fue uno de los puntos que estuvo presente en el análisis que se hizo en diciembre y que se volvió a realizar por parte nuestra cuando preparábamos la visita a esta Comisión.

El artículo que se está planteando cambiar nada afecta en relación a todo ello, pero existe la preocupación  la asesora legal nos hizo llegar la discusión con la Caja de Profesionales sobre este punto en esta Comisión de Hacienda  de cuál sería el alcance y si esto tendría otras consecuencias. En ese aspecto, quiero adelantar que en la Presidencia y en el Poder Ejecutivo hay una fuerte preocupación de que no se innove en este aspecto. La decisión de cambiar la integración puede realizarse o no; pero si ello significa pasar a discutir esto, reitero, la postura que prefiere el Poder Ejecutivo es no innovar en ningún aspecto.

SEÑORA PRESIDENTA.  Queremos dejar constancia de que se integró a la delegación el ingeniero Atilio Morquio.

SEÑOR ASTI (Alfredo).  Antes que nada, quiero saludar oficialmente a la delegación.

Quiero señalar que hemos venido trabajando en este tema desde el año pasado. En particular, quiero hacer un razonamiento en voz alta delante de la delegación y de los demás miembros de la Comisión.

El actual artículo 8º de la ley que regula el Fondo  modificado en la ley de diciembre del año pasado  establece específicamente que la reglamentación determinará cuáles son los ingresos brutos computables del ejercicio a tales efectos. Hago esta puntualización por algo que se venía discutiendo antes. Entendemos que es necesario que el Poder Ejecutivo reglamente esta ley, porque expresamente ha venido una delegación del Poder Ejecutivo al Parlamento para tratar este punto específico. Por supuesto, reconocemos que la administración del Fondo tuvo necesidad de interpretar las normas que lo regían a partir, fundamentalmente, del cambio de quienes cesaban y quienes no; sobre eso es la reglamentación que dictó el Fondo, y nos parece correcta. Como decía anteriormente el señor diputado Iván Posada, creemos que es el Poder Ejecutivo, a través de un decreto, quien debe reglamentar la ley y, en particular, el artículo 8º.

SEÑOR GENTA (José Luis).  Son de recibo todas los planteamientos que se han hecho y trasladaremos al Poder Ejecutivo que hay interés en que se reglamente. Agregaríamos el análisis especifico sobre cuáles son los fondos computables para establecer el porcentaje correspondiente. En la próxima reunión de todos los integrantes de la Comisión Honoraria vamos a hacer un chequeo directo respecto de los cambios establecidos estrictamente en la integración y los potenciales cambios que se planteen. Reitero, en nuestra condición de Comisión Administradora esto es lo que más nos preocupa. Independientemente de que la Comisión esté integrada por cinco o por ocho miembros, los aspectos de administración planteados son clave para asegurar el funcionamiento y el establecimiento del programa de becas.

SEÑORA PRESIDENTA.  Quedamos a las órdenes para recibir la información que nos quieran hacer llegar.

Agradecemos su comparecencia rápida a la Comisión a efectos de tratar este tema.

(Se retira de sala la delegación de la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad) 

 SEÑOR PENADÉS (Gustavo).  Recuerdo que varios de los integrantes de las delegaciones que oportunamente fueron invitadas a concurrir a este ámbito para considerar el conocido tema de Balcedo  por decirlo de una manera que todos entendamos  se comprometieron a remitir información a la Comisión.

En caso de que dicha información no haya sido remitida, solicito que la Presidencia y la secretaría insistan a dichos organismos para que sea enviada a la brevedad.

El segundo aspecto que quiero considerar tiene que ver con algo que recién conversamos informalmente, pero que sería interesante que constara en la versión taquigráfica, que tiene que ver con el proyecto presentado por el señor diputado Olaizola relativo a mercaderías en abandono en depósitos intra y extraportuarios. Conocemos el texto sobre el que se ha llegado a un acuerdo, que es el que ha remitido la Dirección Nacional de Aduanas.

Como tenemos entendido que por recomendación de la mencionada Dirección la bancada de Gobierno debería hacer una serie de consultas al Ministerio de Economía y Finanzas, a la DGI y al Poder Judicial, sugiero que dicha solicitud de información sea remitida a la brevedad para que en forma rápida se puedan obtener y conocer las opiniones sobre dicha iniciativa.

SEÑORA PRESIDENTA.  Señor diputado: vamos a dar trámite a un oficio para insistir en las respuestas sobre el caso Balcedo.

En cuanto al otro tema, nos parece importante dejar constancia de que hay una incongruencia entre los textos del proyecto de ley del señor diputado Olaizola sobre mercadería en abandono en depósitos intra y extraportuarios que estuvieron circulando. Tal como se ha planteado aquí por parte de la delegación de Aduanas, se trata de logar un texto acordado, que no es el que circuló entre los señores diputados.

Por lo tanto, hicimos circular las diferencias que había en el texto; también hicimos las consultas del caso y esperamos las opiniones del Poder Judicial y del Ministerio de Economía y Finanzas, tal como se comprometió en la sesión anterior.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).  Simplemente, quiero dejar constancia de que existe un texto de acuerdo. Es verdad que en determinado momento circularon dos textos distintos debido a una descoordinación en su remisión, pero debe quedar claro que hay un solo texto acordado entre la Dirección Nacional de Aduanas y el señor diputado Olaizola, que es el que dicha Dirección hizo circular y que la secretaría distribuyó en los últimos días.

Solo quiero que quede claramente determinado que no hay dos textos, sino uno solo, sobre el que hay acuerdo entre el diputado que lo presentó y la Dirección Nacional de Aduanas.

SEÑOR POSADA.  La señora presidenta acaba de manifestar que se hicieron consultas al Poder Judicial, por lo que quisiera saber a qué repartición se hizo.

SEÑORA PRESIDENTA.  La consulta la hacemos a sugerencia de Aduanas, que estuvo presente en la sesión anterior, y está dirigida a la máxima responsabilidad del Poder Judicial, es decir, a la presidenta.

Esperamos que en organismo determine quién elabora el informe.

Con relación al otro tema, debo decir que la delegación de la Dirección Nacional de Aduanas que concurrió a la sesión anterior dejó constancia de que hay un texto de acuerdo, que fue redactado en forma conjunta con el señor diputado Olaizola.

Precisamente, en el día de hoy, remarcamos las diferencias que teníamos con el texto que había circulado y el texto acordado.

(Ingresa a sala una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto)

SEÑORA PRESIDENTA.  La Comisión de Hacienda recibe a representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, delegación integrada por el economista Chistian Duade, director de Asesoría Macroeconómica y Financiera, y a la economista Ana Inés Morató; y a representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, delegación integrada por el profesor Pedro Apezteguía, director de Descentralización e Inversión Pública, y el magíster Juan Ignacio Dorrego.

SEÑOR DAUDE.  Buenos días, es un gusto estar aquí.

Comienzo mi intervención por el proyecto del Fondo de Estabilización Energética, cuya tipificación viene por el cambio en la matriz energética.

El Fondo de Estabilización se creó en el año 2010, luego de dos importantes sequías que tuvimos en los años 2008 y 2009, con importante costo fiscal para el país, aproximadamente, el 1% del PBI, incrementándose el déficit a raíz de las escasas lluvias. El objetivo planteado cuando se creó este Fondo era brindar estabilidad en el costo, dado que la principal fuente de energía eléctrica en el país era la hidráulica y que las otras opciones renovables no superaban el 10% de la matriz.

En ese momento, era muy importante contar con un significativo volumen de recursos para evitar que la variabilidad en el costo de abastecimiento se trasladara a las finanzas públicas o a la tarifa.

Desde al año 2010 al día de hoy hubo un cambio muy importante en la capacidad de la oferta energética en el país, con una gran diversificación  lo llamamos cambio en la matriz energética  y un incremento muy importante de algunas energías renovables, como la eólica, la biomasa o la solar, que actualmente representan el 44% de la capacidad de la matriz energética del país.

Esto llevó a una reducción importante en la variabilidad del costo de abastecimiento de la demanda. Eso significa que en escenarios de sequía o de menor hidrolicidad, no enfrentemos un aumento importante en el costo de abastecimiento, porque no hay que recurrir a la térmica en la misma intensidad y, por lo tanto, el costo es mucho más estable, lo que implica que el valor óptimo de los recursos que hay que mantener dentro del Fondo de Estabilización haya disminuido.

Los estudios técnicos indican que el valor óptimo para enfrentar una importante sequía estaría en US$ 80.000.000. Nosotros creemos que hay que dar cierto margen hacia un escenario más negativo, por lo que se propone que el Fondo mantenga, aproximadamente, US$ 120.000.000, es decir, 1.000.000.000 de unidades indexadas, que es 1,5 veces ese valor óptimo del Fondo para hacer frente a problemas que el país sigue enfrentando o podría enfrentar.

Al mes de junio del año pasado el Fondo disponía de US$ 297.000.000 y ahora tiene poco menos de US$ 300.000.000. Como en el Fondo quedarían US$ 120.000.000, el excedente, es decir, US$ 173.000.000, deben ser traspasados a Rentas Generales  tal como establece el proyecto  para que luego en instancias presupuestales se determine el destino específico que el Parlamento indique. 

 SEÑOR POSADA (Iván).  En primer lugar, quiero reconocer de parte del Poder Ejecutivo, más específicamente, del señor ministro de Economía y Finanzas, el contador Danilo Astori, el cumplimiento del compromiso que nos trasmitiera respecto al envío de un proyecto de ley para determinar la desafectación del fondo.

Particularmente, me importa resaltarlo, porque en determinado momento el Poder Ejecutivo había hecho esta desafectación por decreto, cuando a nuestro juicio no había norma legal habilitante. Por lo tanto, nos parece bueno resaltar cuando hay un compromiso y este se cumple, como corresponde.

En segundo lugar, pueden entenderse perfectamente lo que son las valoraciones que se hacen desde el punto de vista del cambio en la matriz energética y, en especial, de las necesidades que, eventualmente se tendrían, que quedarían a buen recaudo con ese incremento en un 50% sobre la perspectiva futura.

En realidad, nuestra discrepancia es fundamentalmente con el destino del excedente, porque si hay un excedente como consecuencia de un ahorro extraordinario  se hizo un sobreahorro sobre lo que era el Fondo de Eficiencia Energética , lo que parece adecuado, teniendo una situación de déficit fiscal  además, se haría por única vez  es que la totalidad de este importe, de estos US$ 173.000.000, se afecte en la misma ley a la disminución del déficit fiscal. Ese es el cuestionamiento que nosotros hacemos a este proyecto.

Para nosotros, el artículo 3º debería decir que el destino del excedente transferido se afectará a la reducción del déficit fiscal del año 2018.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).  Efectivamente, en el mismo sentido que planteaba el señor diputado Posada, quiero decir que nosotros, a través del señor diputado Gandini, el año pasado hicimos la observación sobre el destino de este fondo sin la autorización parlamentaria, con un destino que se había dicho públicamente cuál era.

En un momento en el que el país está con el déficit fiscal, como dijo el señor diputado Posada, pero también con otra situación mucho más grave, que afecta al desarrollo productivo del país, no parece razonable que este sea el destino del Fondo, que está excediendo, pero que a su vez va de la mano de la variación de la política energética del país. Tengo un informe de la cantidad de contratos de energía eólica empresa por empresa, cantidad de megas producidos y cuánto se paga por mega y el año próximo el país va a estar enfrentado una situación complicada cuando tenga la obligación de comprar el excedente a UPM 2.

La señora ministra de Industria, Energía y Minería dijo acá que hoy el país no necesita más contratos de energías alternativas, de energía eólica, fotovoltaica o biomasa, pero evidentemente el sobrante de UPM del año próximo será el doble del que hoy tiene UPM 1, porque la planta UPM 2 va a producir el doble. Será la planta más grande del mundo y tendrá un excedente de energía muy grande que debe estar en el contrato de entendimiento que se va a tener que comprar.

A su vez, lo que decía al principio: hoy el país tiene una traba en su desarrollo productivo en el costo de la energía. Entonces, no parece razonable que a la producción lechera se le baje el 15% de su costo energético de producción de leche en el país por dos meses  únicamente por dos meses  y no se piense en destinar parte de este fondo a dar una ayuda, no solamente al tambo, sino a toda la cadena productiva, cuyos costos de producción dependen, en gran medida, del costo de la energía.

SEÑOR ASTI (Alfredo).  Quiero hacer dos consideraciones.

En primer lugar, como correspondía y así se había reclamado, inclusive, en esta misma comisión, viene este proyecto de ley para dar un marco legal al excedente que se ha generado por lo que ya se ha expuesto, el exceso que tiene en este momento la cobertura del Fondo en lo que tiene que ver con la posibilidad de extremos de problemas de generación hidráulica. Está expresado claramente en el artículo 2° que ese excedente, formado por el Fondo más un 50% con respecto a lo que hoy se tiene, pasará a Rentas Generales. Obviamente, esto es por única vez. Por lo tanto, no puede ser establecido para ninguna política permanente.

El artículo 3° establece claramente que el destino del excedente transferido se determinará en las próximas instancias presupuestales; esto es, con la participación del Parlamento. Todo fondo que tenga como destino Rentas Generales, obviamente tiene impacto fiscal y tiene un impacto, en principio, de reducción del déficit fiscal si no hay aumento del gasto público. Si hay aumento del gasto público, llevará a reducir ese incremento a través de un ingreso, por única vez, en este ejercicio 2018. O sea que no puede ser para un uso permanente. Además, con esta redacción, que vamos a resolver en este Parlamento, tiene impacto de cualquier manera en la reducción del déficit fiscal, porque es un ingreso por única vez que se va a computar como tal, independientemente luego de cuál sea el resultado final de las próximas instancias presupuestales, en particular de la rendición de cuentas 2017 que trataremos a partir de julio de este año

Creemos que el proyecto de ley tiene la redacción adecuada. Es a lo que se había comprometido, en su momento, el ministro de Economía y Finanzas en esta misma comisión y creo que queda poco por decir para aclarar este tema y desde nuestra posición política apoyar este decreto.

SEÑOR DAUDE (Christian).  Como decía el señor diputado Asti, el destino del excedente está yendo a Rentas Generales y luego en la rendición de cuentas se podrá definir cuál será el uso de estos fondos.

Coincido en que al ser ingresos por única vez tanto pueden ir a una reducción temporaria de déficit como financiar parcialmente alguna inversión, etcétera. Probablemente ese sería el uso más prudente de esos fondos, porque son fondos por única vez. Más allá de eso, creo que el Parlamento tendrá voz y voto en cuál será el destino de estos fondos. Por lo tanto, creo que tanto en el proyecto de ley como en la rendición de cuentas se cumple con lo que inicialmente se nos había pedido, que era no destinar estos recursos a través de un decreto. Estamos siguiendo el proceso legislativo integralmente.

El señor diputado Lafluf planteaba el tema de UPM. Solo quiero hacer una aclaración. La producción de biomasa de UPM 2 primero tiene que acordarse. La empresa tiene que tomar la decisión de la inversión, luego tiene que construirse la planta y después de eso empezaría la oferta. No será el año próximo que esta oferta adicional de producción de biomasa se vertería al mercado energético. Estamos hablando de que eso sucedería dentro de tres o cuatro años. Por lo tanto, también hay que tomar en cuenta que eso reduce la necesidad probablemente de inversiones adicionales en el sector. O sea que en este momento tampoco creo que eso sea dañino desde el punto de vista de las cuentas fiscales.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).  Simplemente hice referencia a UPM en cuanto a que, según la señora ministra de Industria, Energía y Minería, hoy el país no necesita hacer más acuerdos para la producción de energías alternativas

Ustedes sabrán mejor cómo es el contrato, el convenio o el memorándum, pero estoy absolutamente seguro de que UPM exigirá la compra por parte del Estado de la energía sobrante. A su vez, esos no son contratos a tres o cuatro años. Entonces, lo que hice fue simplemente una aclaración en cuanto a la obligación que tiene el país de comprar. No será menos de ochenta y pico de dólares el mega o noventa dólares, como se está comprando en UPM 1 y evidentemente son muchos millones de dólares que se producen por semana y por mes, pero era simplemente la aclaración en cuanto a la necesidad o no que tiene el país, pero que sí va a tener la obligación de la compra.

SEÑOR ASTI (Alfredo).  En la situación actual podemos tener excedente de generación de energía que nos permite, inclusive, exportar a otros países, pero también en algún hecho puntual podemos tener que importar, porque económicamente es más rentable que prender una usina térmica.

El país va a seguir creciendo, en el orden del 3% anual o esperemos que más, lo que requerirá más utilización de energía. Esperemos que se dé lo que dijo la señora ministra de que en la situación actual no vamos a encarar nuevas inversiones en el sector, porque además está la posibilidad planteada y en el Parlamento consta cómo se ha avanzado en este tema ante la posible instalación de UPM, con valores exactos y cálculos de cuánto es lo que se pagaría si UPM decide hacer la planta y cuánto consumiría, pero tampoco podemos dejar de pensar que cuando esto esté pronto, el país ya habrá crecido acumuladamente un porcentaje muy importante y que eso implicará un requerimiento de mayor energía, también muy importante.

SEÑOR POSADA (Iván).  En la ley se dice que el Parlamento o que el Poder Legislativo determinará el destino de este excedente. Esta es una ley. Por tanto, me parece que sería una muy buena señal de parte del Poder Legislativo, en una situación delicada desde el punto de vista fiscal  el propio director de Asesoría Macroeconómica y Financiera ha señalado las dificultades para el cumplimiento de los objetivos que se han trazado por parte de las autoridades económicas  que esa señal fuera que en esta misma ley estuviéramos determinando que ese excedente se afectará a Rentas Generales, pero con el destino de abatir el déficit fiscal. Eso no es menor, porque todos sabemos lo que pasa en las instancias presupuestales. El grado de ocurrencia para encontrar financiamiento a distintas propuestas determina que muchas veces, en definitiva, el destino de fondos como estos queden de alguna manera en una situación de incertidumbre y seguramente no va a faltar quien, aun cuando sea un importe por una única vez, le encuentre un destino diferente al que debería establecerse en la propia norma.

Por lo tanto, no nos es satisfactorio que se diga que el Poder Legislativo definirá en futuras instancias el destino de estos fondos. Nos parece que en esta instancia tenemos todas las facultades como para dar una señal bien positiva, en el sentido de que este excedente será afectado a abatir el déficit fiscal.

SEÑOR ASTI (Alfredo).  Entiendo la propuesta del señor diputado Posada, con quien muchas veces coincidimos, pero me parece mucho más responsable que el Parlamento decida, inclusive con la intervención de los integrantes de esta misma comisión, luego de tener el marco de la situación fiscal total del país, actualizada a junio del año 2018 y con las proyecciones de lo que sucederá en el país en 2018, en 2019 y hasta 2020. El efecto va a ser el mismo, porque esto es para reducir el déficit fiscal.

Entonces, si optamos por esto, que va a reducir el déficit fiscal de 2018, cuando aprobemos el Presupuesto, si hay gastos endógenos o nuevos que deban ser cubiertos por Rentas Generales, se va a dar un impacto sobre el déficit fiscal. Por tanto, me parece mucho más razonable que el tema lo veamos en ese marco y no aisladamente ya que, en definitiva, sumando ambos actos legislativos  este y el de la rendición de cuentas  el resultado global va a ser el mismo.

SEÑOR DAUDE (Christian).  Claramente, los recursos son fungibles; por tanto, coincido con lo que dijo el diputado Asti en cuanto a que es más transparente y mejor considerarlo en conjunto. Si hoy se decide que esto va a reducir el déficit fiscal, es parte de los recursos que, de todas maneras, están sobre la mesa en la redición de cuentas. Entonces, a los efectos prácticos, creo que el resultado puede ser exactamente al mismo.

Por otro lado, el diputado Lafluf hizo referencia a la rebaja de la tarifa eléctrica de los tambos y a algunos otros esfuerzos que se están haciendo, por ejemplo, en los regantes del sector arrocero. Esas medidas transitorias fueron aprobadas por el Parlamento  obviamente, con iniciativa del Poder Ejecutivo  para atender alguna de las situaciones preocupantes del sector agropecuario, que tienen un costo. Hablamos de US$ 8.000.000 anualizados, si bien los apoyos se realizan durante la zafra, que es cuando se requieren. De hecho, en una de las discusiones que mantuvimos con los actores del sector  el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca lo anunció hace unos días en la apertura de la zafra del arroz  se dispuso que algunos de ellos continúen realizándose.

Probablemente, para realizar parte de esos apoyos específicos se requiera algún financiamiento, lo que está sobre la mesa. Además, teniendo en cuenta que se trata de apoyos por única vez, tiene sentido pensar en esos fondos. Digo esto porque debe considerarse que lo que vaya a Rentas Generales va a financiar ese tipo de apoyos que decidimos que se lleven a cabo.

SEÑORA PRESIDENTA.  A continuación, solicitamos la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el proyecto de ley sobre Contribución Inmobiliaria Rural, que establece su reducción para los Ejercicio 2018 y 2019 a propietarios de padrones rurales que reúnan determinadas condiciones.

SEÑOR DAUDE (Christian).  Entre los integrantes de la delegación acordamos que el Ministerio realizara la presentación inicial y que los colegas de la OPP complementaran la información y brindaran algunos aspectos adicionales.

En cuanto al contexto de este proyecto de ley, es importante tener en cuenta que la contribución inmobiliaria rural pasó de ser la principal fuente de financiamiento de los gobiernos departamentales a ser la tercera, ya que actualmente está por debajo de las patentes de rodados y de la contribución inmobiliaria urbana.

La medida que se está proponiendo consta de dos aspectos: por un lado, la rebaja del 18% para aquellos productores que no tengan más de 1.000 hectáreas índice Coneat 100 y, por otro, un 10% adicional para aquellos que no tributan IRAE. Esta medida tendrá una renuncia fiscal  estimada por nosotros  de US$ 7.000.000 u US$ 8.000.000, es decir, unos $ 260.000.000 o $ 280.000.000. Es importante incluir esto en el contexto de todos los recursos de los que disponen los gobiernos departamentales, para los que la resignación fiscal sería de 0,8%, incluyendo las transferencias de Rentas Generales del gobierno central. Por tanto, estamos hablando de menos del 1% de los ingresos de los gobiernos departamentales.

En realidad, creemos que esta propuesta se hace en el contexto de otorgar medidas paliativas para el sector agropecuario que, en algunos casos, tiene importantes problemas de rentabilidad.

Esta medida se suma a los otros esfuerzos que ya se han realizado  se han votado algunas leyes , que implican un costo fiscal para el gobierno central de unos US$ 18.000.000. Me refiero a la reducción del precio del gasoil y de la tarifa eléctrica para varios sectores agropecuarios y la congelación de la renta de colonización. Además, este proyecto de ley implicará un financiamiento por parte de los gobiernos departamentales de un tercio del total de las medidas que se han tomado hasta ahora; esas son las reglas que tenemos en términos de compartir recursos con los gobiernos departamentales. Según los datos de Opypa, la presión fiscal del sector agropecuario ronda los US$ 280.000.000, y un tercio de esta presión fiscal está constituida por la contribución inmobiliaria rural. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que es un planteo equitativo en término de las importantes ayudas que se están planteando para el sector.

Es claro que esta medida va a beneficiar a la gran mayoría de los productores, ya que, según nuestras estimaciones, llegará al 84% de los productores, quienes tendrán una reducción importante en el costo de la producción rural.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).  En primer lugar, quiero decir que nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley, y lo hablamos con los intendentes. Sin embargo, nos hubiera gustado que se incluyera una partida para compensar a las intendencias por esta exoneración.

Por otro lado, quiero decir claramente que fui uno de los pocos de mi partido que votó la derogación de la exoneración del 18%; ahora se está poniendo nuevamente este beneficio. Evidentemente, estamos hablando de dinero de los gobiernos departamentales; si bien este porcentaje lo fija el gobierno nacional, lo recaudan los gobiernos departamentales.

Además, si bien es cierto que el 30% del total de la presión fiscal del sector agropecuario puede ser de los gobiernos departamentales, convengamos que estos gobiernos tienen una gran cercanía al sector productivo y lo apoyan de una manera importante. Digo esto porque cuando se habla del valor de la contribución inmobiliaria rural, equivocadamente, se hace referencia al valor de la tierra, pero el productor no vive de la venta de la tierra, sino de la producción. Asimismo, el valor del arrendamiento de un campo depende del precio de la producción. Por tanto, si en un predio se planta soja, y esta bajó US$ 300, ese campo no sigue valiendo lo mismo, porque los arrendamientos se hacen en kilos de producto. Entonces, si la soja vale la mitad, la renta también vale la mitad.

Por otra parte, la participación de las intendencias en el desarrollo productivo  el profesor Pedro Apezteguía conoce bien el trabajo de las intendencias  es muy grande. Por tanto, como dije anteriormente, me hubiera gustado que se planteara una partida compensatoria para paliar esta rebaja. Hace muchos años se otorgó una partida en ese sentido, aunque nunca llegó a ser equivalente al porcentaje que se dejó de recaudar.

Por otro lado, cuando se habla del apoyo al sector productivo se debe recordar que el país disfruta de que la celulosa sea el segundo rubro de exportación  si se hace UPM 2, en tres años será el primero  porque las intendencias estuvieron 24 años sin cobrar contribución rural. En realidad, las intendencias apostaron al desarrollo….

El diputado Mendiondo me dice que no, pero esa es la realidad: las intendencias estuvieron 24 años sin cobrar contribución inmobiliaria rural. ¿Para qué? Para apostar a un desarrollo forestal que hoy le permite al país realizar esa exportación. ¿Está mal? No; está bárbaro, está muy bien, porque el país lo pensamos entre todos.

También tengo que reconocer que en el año 2008  el profesor Pedro Apezteguía estaba , con una negociación fuerte, se obligó a las empresas forestales a empezar a pagar contribución.

(Interrupción del señor representante Constante Mendiondo)

——Eso surgió porque íbamos a empezar a cobrar la tasa de transporte forestal, entonces, compensamos cobrándole la contribución.

¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a acompañar el proyecto, ya que constituye un apoyo al sector productivo. También quiero decir que este apoyo lo harán las intendencias, y que se verán afectadas, por más que la recaudación de este impuesto esté en tercer lugar. Hablamos de una renuncia fiscal de US$ 7.000.000. Se había dicho que el total de la renuncia fiscal debido a las medidas para el sector agropecuario era de alrededor de US$ 9.000.000, pero hay que agregarle el que tendrán las intendencias.

Por supuesto, también es cierto que este beneficio tiene sus limitaciones, ya que no es para todo el mundo. Digo esto porque se beneficiarán los productores que no tengan más de 1.000 hectáreas, y aquellos que no tributen IRAE, con un 10% más, que es la inmensa mayoría.

De todos modos, el país, frente a esta circunstancia de extrema gravedad por la emergencia que estamos viviendo, tiene que pensar en todos, no solo en el productor familiar. Es cierto que hay cosas que afectan más al muy pequeño productor, al productor familiar, pero otras cosas afectan al país. Digo esto porque no se está evaluando que debido a la sequía las vacas no quedaron preñadas y que el país tendrá trescientos mil terneros menos. Por lo tanto, hay que pensar el impacto que esto tendrá a nivel país y a nivel producción

El exministro Aguerre siempre dijo  lo hizo durante todos sus años en el Ministerio  que debíamos llegar a tener tres millones de teneros, pero ahora, aparte de los que ya faltaban, vamos a tener trescientos mil menos.

Quería hacer estas salvedades, no como una crítica, sino como un aporte al tema que estamos tratando.

SEÑOR ASTI (Alfredo).  Este tema, obviamente, nos retrotrae a las discusiones que tuvimos en esta misma sala, hace un par de años, cuando aprobamos la eliminación de la reducción del 18% del valor de la contribución inmobiliaria rural.

Sin embargo, hay que ver esta modificación en el marco de la recaudación que actualmente realizan los gobiernos departamentales, que es muy distinta a la de aquella época. Inclusive, podemos decir que año a año ha ido cambiando, fundamentalmente, teniendo en cuenta el impacto que ha producido para los gobiernos departamentales el cobro del Sucive, que se creó en el período anterior. Esto les ha permitido, año a año, tener un crecimiento sostenido por ese concepto.

Además, hablamos de ingresos que están asegurados, porque recordemos que en la ley de Sucive se cambió la forma de liquidar el tributo, lo que aseguraba que las intendencias no perdieran. Por supuesto, lo que ganaban de más se lo quedan, porque no lo compartían con el gobierno nacional. En realidad, si perdían, se las compensaba, pero si ganaban  en los números que se presentaron quedó claro que lo hicieron, y probablemente lo sigan haciendo visto el incremento del parque automotor que está teniendo el país  no lo tenían que compartir. Por lo tanto, tenemos que ver la situación en ese marco.

Asimismo, tenemos que considerar  no voy a reiterar lo que dijo el Poder Ejecutivo  la coparticipación en la tributación, fundamentalmente, del agro, que en su momento hizo estos reclamos que llevaron a la toma de estas medidas. También se debe tener en cuenta  como decía el diputado Lafluf  lo que significa para los gobiernos departamentales el contacto con los productores rurales.

Por lo tanto, en esta oportunidad los gobiernos departamentales compartirán con el gobierno nacional la reducción de ingresos. Los gobiernos departamentales tendrán menores ingresos, y el gobierno nacional tendrá mayores egresos o una reducción de ingresos por renuncias fiscales en devolución de IVA. Creo que esto es justo si se tiene en cuenta la participación general que se tiene sobre la presión tributaria y sobre los aportes que realiza el gobierno nacional a los gobiernos departamentales, que están en su nivel máximo de las últimas décadas.

SEÑOR MENDIONDO (Constante).  Solicité la palabra para disculparme  soy delegado de sector en esta Comisión , porque no estuvo bien que hiciera ademanes cuando estaba haciendo uso de la palabra el diputado Lafluf, con quien representamos a Río Negro y nos esforzamos por tener una buena relación, ya que con eso se beneficia el departamento.

De todos modos, creo que hay cuestiones que uno debe plantear.

En realidad, cuando hablamos de salud nos fijamos que falta papel higiénico en un baño, armamos lío, y nos olvidamos de todo lo que se hizo. Asimismo, cuando hablamos del tema forestal nos olvidamos de que esta ley es de 1988, de los decretos que se eliminaron en 1992, y de que en 2008 se comenzó a cobrar nuevamente la contribución inmobiliaria.

Entonces, pongamos las cosas en claro. Todos podemos caminar y seguir avanzando en el proceso forestal, pero no debemos olvidar que esto tiene más de quince años.

A eso me refería cuando interrumpí. Sé que el diputado Lafluf votó la derogación de la exoneración del 18%, pero debemos poner las cosas en claro, porque nos hacen sentir que nosotros trajimos esos emprendimientos, que le dimos todas las exoneraciones y que siempre renunciamos a los cobros, pero nuestros gobiernos han hecho tributar mucho más a todo el proceso productivo forestal.

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).  Sin ánimo de plantear una discusión con el diputado Mendiondo, quiero decir que me avala mi actuación en el Parlamento, ya que he sido uno de los diputados que más ha reconocido las cosas que se le deben reconocer a este gobierno. Además, durante los diez años que me desempeñé como intendente, fui de los que más reconoció las cosas que se hicieron bien.

Durante mis diez años de intendente, fui de los que más reconocí las cosas que se hicieron bien; en los primeros tres años, le puse el pecho a las balas en conjunto con el Gobierno nacional para que hoy sea una realidad UPM 1. Por lo tanto, yo no soy de los que tiro piedras y no reconozco. Precisamente, en la sesión de ayer en la se trató el tema del Comisionado Parlamentario para el Sistema Nacional Integrado de Salud, reconocí todo lo que se había trabajado con el Ministerio de Salud Pública al respecto. La diputada María Cristina Lústemberg Haro, que está presente, no me deja mentir.

Por otra parte, en mi intervención anterior dije que las forestales estuvieron veinticuatro años sin pagar contribución. La ley de promoción forestal se aprobó en 1986. Estoy conforme con esto y con que, de la mano del ministro Astori, derogáramos la exoneración de la contribución rural. También, me tienen que aceptar que en la oportunidad en que fueron los ministros a hablar de UPM en el Senado, dije que esta UPM no tiene nada que ver con la primera UPM, porque esta utilizó los recursos que el Estado tenía aprobados de beneficios fiscales para instalarse. Se instaló con los recursos, con las exoneraciones y las renuncias fiscales que el país le ofreció, la ley de zona franca, la ley de promoción de inversiones. Esto no se puede dejar de reconocer porque seríamos un carnaval como país. Eso es una cosa; otra son beneficios extras.

SEÑOR APESTEGUÍA (Pedro).  Del tema de la contribución inmobiliaria, hemos hablado muchísimas veces y desde hace tiempo con el señor diputado.

Hemos estado trabajando en un taller con los directores de Hacienda y con los técnicos de las diversas intendencias departamentales. Allí se habló de las cuestiones de registración contable, de la transparencia y de la disponibilidad de la información. En el caso de la contribución inmobiliaria, se ha hecho un esfuerzo muy importante. Los últimos datos disponibles son de la rendición de cuentas de 2016, que fue el primer año en el cual se aplicó el artículo que derogó la exoneración de 18%, que tenían la totalidad de las hectáreas del país.

En términos generales, este es un país de 17.000.000 de hectáreas; 16.000.000 de hectáreas pagan contribución inmobiliaria. Hay algo más de 900.000 hectáreas que están exoneradas por que son de productores de menos de 50 hectáreas. Estimamos que la recaudación de 2018 iba a ser de $ 2.600.000.000. Si dividimos $ 2.600.000.000 entre 16.000.000, da unos $ 170 pesos por hectárea.

Más allá de eso, vale la pena señalar los motivos de aquella eliminación de la exoneración del año 2001, que estaban vinculados con los esfuerzos en caminería departamental. Es decir, el Gobierno nacional en aquella oportunidad generó un nuevo aporte, el programa 994, el cual dotó de $ 450.000.000. Y en la negociación que se hace en los últimos días de julio para que el Poder Ejecutivo se ponga de acuerdo con los intendentes, se acordó que ante cada aporte del Gobierno nacional a los proyectos, debería haber un aporte de los gobiernos departamentales en la relación setenta a treinta. Pero, en el marco de la discusión vimos que hacíamos la cuenta al revés y que si levantábamos la exoneración del 18%, los Gobiernos departamentales podrían estar recaudando en aquel momento alrededor de $ 400.000.000 más, lo que les permitía financiar la totalidad de la contrapartida departamental y las contrapartidas nacionales para caminería.

Hay una diferencia importante en el proyecto que viene hoy y es que el 18% se realiza, exclusivamente, sobre aquellas extensiones rurales menores a 1.000 hectáreas. Por lo tanto, el 64% de la recaudación proviene de esas producciones, que son las grandes extensiones de campo. La rebaja es sobre el 32% de la recaudación; sin embargo, abarca al 82% de los productores. Esto deja claro cuáles son las relaciones de propiedad de la tierra y cuáles son los efectos en la concentración de la tierra.

Hay un efecto que no quiero dejar de resaltar y que genera distintos esfuerzos según las intendencias departamentales. Me refiero a que la composición de las extensiones rurales no es la misma en el departamento de Río Negro que en los departamentos de Florida, de San José y, ni qué hablar, de Canelones, y tienen la composición tributaria de los ingresos ajustada a esa realidad. Los departamentos de Florida, San José, Canelones, tienen productores de menos de 50 hectáreas que no pagaban la contribución inmobiliaria rural; por lo tanto, este instrumento no le provoca ninguna afectación a este sector.

El último número al que me quiero referir ha sido preocupación de los intendentes. Cuando el Gobierno tuvo que tomar la decisión de cómo responder con una medida general a la sensibilidad manifestada por los intendentes con respecto a la problemática del agro, se pensó en ajustes diferenciales en cada una de las Juntas departamentales y por eso se recurrió a la contribución inmobiliaria. El proyecto prevé que esto es por un par de ejercicios para que no vaya a pasar lo mismo que pasó en 2001m es decir, se tomó una medida ajustada a la crisis que duró casi quince años, aunque el PBI agropecuario aumentó y se multiplicó varias veces.

Por último, quiero decir que las intendencias, de acuerdo con la proyección que habíamos realizado, debían aportar algo así como el 16% de la recaudación de la contribución inmobiliaria, como contrapartida de la caminería rural. En este caso, la rebaja aumenta esa contribución al 19%; o sea, no es en esos términos algo que nos preocupe significativamente. Nosotros no creemos que los programas de caminería rural se vayan a ver afectados en este sentido, sobre todo, con los datos disponibles de la trayectoria de resultados de ingresos y egresos de los gobiernos departamentales. Si bien el último dato disponible que tenemos es el cierre de 2016, el contacto permanente con los directores de Hacienda y los intendentes, el conjunto de indicadores nos permite decir que la salud financiera de las intendencias es razonable. A nosotros nos preocupa la salud financiera de las intendencias, porque son las que prestan los servicios más cercanos a la población, y no se va a ver afectada con esta medida.

SEÑOR DAUDE (Christian).  Solamente quería aclarar algunas de las cifras que se han manejado.

El señor diputado Omar Lafluf Hebeich dijo que las medidas que se habían tomado ascendían a US$ 9.000.000. Quiero aclarar que esa cifra no es tal y que lo que nosotros manejamos está entre US$ 17.000.000 y US$ 18.000.000 con respecto a las medidas que se han impulsado en rebaja de gasoil y de la tarifa eléctrica.

Inicialmente, sí se manejó la cifra que se mencionaba, pero hubo ampliaciones importantes que incluyeron a los molinos en el sector arrocero, a la industria láctea  aunque inicialmente incluía a los tambos  con respecto a la tarifa eléctrica. Como es sabido, la rebaja del gasoil inicialmente estaba planteada para los tambos, el sector arrocero y la granja hortifructícola y, luego, se incorporó al sector ganadero que, aunque usa poco gasoil, son muchos. Eso también adicionó alrededor de US$ 4.000.000 a la cuenta. Estas cifras todavía no incluyen lo que dije en mi intervención anterior. Para esta zafra, se va a extender para el sector arrocero la reducción en la tarifa eléctrica, que estimamos será una renuncia fiscal de entre US$ 2.000.000 y US$ 2.500.000.

Quería aclarar estas cifras, porque con este paquete estamos en un tercio, dos tercios, aproximadamente.

SEÑORA PRESIDENTA.  Vamos a tomar en cuenta las aclaraciones que se han hecho de este proyecto.

Agrademos su rápida comparecencia a la Comisión a efectos de brindarnos información sobre esta iniciativa.

(Se retira de sala una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto)

——En consideración proyecto relativo al Fondo de Estabilización Energética.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Seis en nueve: AFIRMATIVA.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).  Mociono para que se suprima la lectura y se vote en bloque.

SEÑORA PRESIDENTA.  Se va a votar.

(Se vota)

——Nueve por la afirmativa. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se va a votar los artículos 1º al 3º.

(Se vota)

——Seis en nueve: AFIRMATIVA.

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).  Propongo a la señora diputada Bettiana Díaz como miembro informante.

SEÑORA PRESIDENTA.  Se va a votar.

(Se vota)

——Cinco en nueve: AFIRMATIVA.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).  Hay acuerdo en el Partido Nacional para que el señor diputado Omar Lafluf Hebeich sea el miembro informante en minoría.

Como el señor diputado Iván Posada no se encuentra en sala, quiero que quede constancia en la versión taquigráfica de que él se ha manifestado en contra de votar este proyecto y que presentará también un informe en minoría.

SEÑORA PRESIDENTA.  Al no estar el Diputado en sala, dejamos eso como parte de la discusión en el Pleno.

En consideración el proyecto relativo a la Contribución Inmobiliaria Rural.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).  El Partido Nacional va a votar este proyecto de ley, pero con salvedades, que serán expresadas oportunamente en sala.

SEÑOR ASTI (Alfredo).  Mociono para que se vote en bloque y que se suprima la lectura.

SEÑORA PRESIDENTA.  Se va a votar.

(Se vota)

——Nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se va a votar los artículos 1º al 3º.

(Se vota)

——Nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda aprobado el proyecto.

SEÑOR CIVILA (Gonzalo).  Propongo al señor diputado Alfredo Asti como miembro informante del proyecto.

SEÑORA PRESIDENTA.  Se va a votar.

(Se vota)

——Ocho en nueve: AFIRMATIVA.

Se levanta la reunión.

Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.