SINDICATOS DEL INAU Y DEL INISA

Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 1º de noviembre de 2017

(Sin corregir)

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).  Habiendo número, está abierta la reunión.

Corresponde votar el ingreso del proyecto relativo a la autorización al Mides para adquirir el inmueble Padrón Nº 82.635, ubicado en la calle General Urquiza Nº 3666. Se trata de un artículo aditivo al proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 2016.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Corresponde votar el ingreso del proyecto relativo al uso de ingresos por renta de un inmueble por parte del Mides. Se trata de un artículo aditivo al proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 2016.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

(Ingresan a sala representantes de Suinau e Inisa)

——La Comisión tiene el agrado de recibir a una delegación de Suinau, integrada por el señor José Lorenzo López, presidente, por el señor Carlos Salaberry, secretario general, y por la señora Tatiana Antúnez, secretaria de derechos humanos, y al señor Víctor Mango, presidente del sindicato de Inisa.

Nuestra comisión está muy preocupada; la idea es tener una versión de ustedes acerca de los últimos acontecimientos que han vivido los funcionarios y las funcionarias quemadas. Sabemos que hay otros casos de funcionarios agredidos. También queremos conocer la situación de las fugas de los internos. Para nosotros es sumamente importante tener de primera mano esa información.

SEÑOR LÓPEZ (José Lorenzo).  Quiero agradecer el recibimiento. Precisamente, estábamos a punto de solicitar una entrevista con la Comisión cuando nos llegó la convocatoria. Agradecemos que se haya podido adelantar esta visita en virtud de los hechos de público conocimiento.

Queremos plantear la preocupación que tenemos los trabajadores por cómo está funcionando todo el sistema de atención a los jóvenes que cometen infracciones a la ley penal, fundamentalmente los servicios de privación de libertad. Hay una preocupación muy grande por las diferentes situaciones que se vienen dando, algo que se viene agravando día a día en estos últimos dos años. Como saben, hay una nueva administración y, prácticamente no tenemos ningún relacionamiento con la presidenta del directorio de Inisa. En cambio, tenemos un relacionamiento muy adecuado con el actual director del Partido Nacional, Álvaro Viviano, y con el exdirector Eduardo Katz, mientras estuvo desempeñando su cargo. Eso nos permitió avanzar en algunas cuestiones importantes para los trabajadores con respecto a las condiciones de trabajo. Desde el punto de vista contractual, nosotros pudimos regularizar una serie de contratos que eran absolutamente precarios. Pudimos dar la pelea y conseguir el ingreso de personal, aunque sigue siendo insuficiente. Todo eso lo hicimos a través de negociaciones con el directorio.

Cabe señalar que el director Eduardo Katz  como fue público  renunció por diferencias con la señora presidenta. Fue el tercer integrante del directorio por el oficialismo que renunció en esta administración. Eso demuestra lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo en el sentido de que el relacionamiento con la señora presidenta es bastante complicado. No solo lo decimos los trabajadores, sino que quedó de manifiesto cuando tres integrantes del oficialismo tuvieron que renunciar, producto de algunas desavenencias.

El tema que más nos preocupa  esto es algo que deberemos soportar por determinado tiempo  es la situación que viven los gurises y los trabajadores. En algunos lugares los gurises están viviendo en condiciones que son realmente muy complicadas desde el punto de vista del hacinamiento, edilicio y de los programas que fueron desarticulados. Ustedes saben que en la administración anterior se había avanzado en determinados proyectos  después voy a pedir a la compañera Tatiana que se exprese sobre ello porque trabajó directamente en eso  vinculados con la posibilidad de inserción laboral, con las primeras experiencias laborales para los gurises. Estos proyectos se fueron desarticulando en todo este período. Lo mismo sucedió con el programa de educación y de salud. Hoy prácticamente lo que hay es un depósito de gurises, con una muy buena difusión hacia el exterior  sobre todo por parte de la presidenta , con un muy buen vínculo con los organismos internacionales. Pero en realidad, dentro de la institución  salvando algunos servicios que se vienen prestando desde hace muchos años como el hogar Ituzaingó, el Granja, el Desafío y el centro femenino, aunque ya han tenido algunos problemas  el resto de los servicios es permanentemente un caos, producto de una mala clasificación de jóvenes.

Hoy tenemos una particularidad que hace años no se veía y es que la gran mayoría de los problemas y las agresiones a los trabajadores no son porque estos intenten abortar una fuga o controlar un motín, sino que se generan entre los propios chiquilines, que vienen con problemas por los territorios en los barrios, muchas veces vinculados al narcotráfico. Después se encuentran con que la clasificación que se había prometido, que iba ser científica, no es tal y se los manda a los centros donde hay lugar. Eso genera que se enfrenten, y muchas veces los enfrentamientos son muy duros. Nosotros lo venimos a advertir acá y ya se lo hemos dicho al propio Directorio: en cualquier momento vamos a lamentar más de lo que hemos lamentado hasta ahora, que son accidentes gravísimos. Lo que vemos es que si en algún servicio en los que tenemos poco personal se da un enfrentamiento de esas características, los gurises se van a lastimar mal y se van a matar entre ellos. Esta es una modalidad nueva que se ha dado en el sistema y que nos preocupa mucho. En ese marco los trabajadores tienen que intervenir para evitar estos líos y terminan lastimados.

En una semana tuvimos cuatro compañeros que debieron ser atendidos en el Banco de Seguros del Estado; dos de ellos quemados con Jugolín caliente. Ustedes saben que el Jugolín tiene productos químicos; además, lo entreveran con orín y lo calientan. En este caso ni siquiera era una agresión hacia un compañero; el trabajador, por cubrir a otro chiquilín, quedó todo quemado. Después les podemos pasar las fotos de cómo quedaron los compañeros; es realmente desgarrador cómo quedan. Eso fue en el centro Sarandí.

En el centro Ser, por evitar un copamiento de un módulo a otro, un compañero de seguridad recibió cuatro puntazos con esas puntas de fabricación casera, por lo que el compañero terminó atendido en el Banco de Seguros de Estado. Dos días antes, también en el centro Sarandí, una compañera fue agredida a golpes de puño y patadas, siendo lastimada en la cara y cabeza por parte de un joven. O sea que en una semana tuvimos cuatro situaciones gravísimas. Pero si lo extendemos en el tiempo, en los últimos dos años van ciento sesenta compañeros que fueron atendidos en el sanatorio del Banco de Seguros del Estado.

Quiero aclarar que los compañeros que van al Banco de Seguros del Estado es porque ya no pueden seguir trabajando. Son muchos más los agredidos y lastimados, pero se atienden en la emergencia médica en el propio centro y a veces se quedan trabajando. En la Colonia Berro, cuando hay alguna situación complicada de estas características, se atienden en el hospitalillo, donde les dan las primeras atenciones, y si pueden seguir trabajando, siguen; si no, se van para sus casas, pero no llegan al Banco de Seguros del Estado.

Son más de ciento sesenta casos en los últimos dos años que se pueden corroborar con los certificados del propio sanatorio del Banco de Seguros del Estado.

Como verán, la situación es realmente complicada y nos preocupa. Por supuesto que nosotros somos el sindicato y velamos por los derechos de los trabajadores, pero también nos preocupan los gurises, que están siendo atendidos en condiciones que no son las mejores.

Nosotros estamos viendo un franco retroceso con respecto a lo que se venía avanzando en el período anterior. Esta desorganización del trabajo y esta manera de gestionar genera inestabilidad, porque permanentemente se cambian las direcciones de los establecimientos.

Por ejemplo, en el Centro Ser en dos años pasaron trece equipos de dirección. Eso implica que quienes asumen la responsabilidad en un centro, que es muy complicado, no pueden ni desarrollar un proyecto, porque cuando empiezan a convencer a los trabajadores y a los gurises del régimen de trabajo, lo cambian. Eso, en lugar de generar estabilidad, genera inestabilidad. y los problemas se siguen agravando día tras día.

Esta inestabilidad empieza a generar nuevamente fugas. Y las fugas complican a los gurises porque pueden cometer algunas otras infracciones a la ley penal y volver a la institución. Esta película ya la vimos a principios de 2000.

SEÑORA ANTÚNEZ (Tatiana).  Nosotros concebimos la herramienta sindical para transformar la realidad de los trabajadores y trabajadoras, pero también la de la población con la que trabajamos. Eso es algo fundamental y que guía nuestras prácticas cotidianamente. Por lo tanto, cuando suceden estas cosas, cuando los trabajadores son lastimados, cuando hay intentos de fuga o motines, lo que vemos es que efectivamente se están vulnerando los derechos de ambas partes.

Nosotros vemos que estamos en una institución en la que la gestión mantiene muy poco diálogo con los trabajadores. Para llevar adelante un proceso de cambio que beneficie a la población con la que trabajamos, es preciso que estén todas las voces presentes. Vemos que hay cierta dificultad y que cada vez se vuelve más seria la situación.

Por otro lado, es real que hubo idas y vueltas e improvisaciones en el sistema, algo que dejó como carne de cañón a la población con la que trabajamos y, por lo tanto, a los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué queremos decir con esto? A pesar de que varios programas que apuntaban directamente a la inclusión social  por ejemplo, el de inserción social y comunitaria, el de medidas curativas y el de diagnóstico, estudio y derivación siguieron funcionando  con el tiempo, gradualmente, fueron perdiendo su importancia.

Nosotros teníamos un trabajo hacia la inclusión que tenía que ver con una perspectiva de trabajo y estudio para los adolescentes que estaban en conflicto con la ley y, en particular, para los que estaban privados de libertad. Este proyecto, que contó con el apoyo de muchas empresas y con el compromiso de muchos sindicatos, dio la posibilidad a más de cuatrocientos jóvenes de salir a trabajar y a estudiar. Cabe señalar que, gracias a ello, la reincidencia de esos adolescentes fue muy baja. Hoy podemos decir que los adolescentes que se encuentran transitando por ese tipo de proyectos son contados con los dedos de una mano.

Nosotros podemos tener una situación conflictiva como sindicato, podemos no gustar a la administración  como queda claro , pero hay cosas que rompen los ojos. Todo esto pasa porque no hay una propuesta para los adolescentes y, si existe, no la conocemos.

El hecho de participar en este tipo de instancias es positivo porque, de alguna manera, se generan ciertos canales.

Vemos que bajó el número de los adolescentes privados de libertad; actualmente, hay cuatrocientos sesenta cuando en períodos anteriores teníamos más de setecientos. Pero parece que estamos en una situación peor en cuanto a las líneas de trabajo y a las cosas que hacen a la vida de los adolescentes que transitan por la institución y que, a la vez, hacen a la vida de los trabajadores. Nosotros decimos que si los trabajadores están bien, los adolescentes van a estar bien, y viceversa.

Queda claro que cuando los adolescentes salían a trabajar y a estudiar, a realizar actividades culturales fuera de los centros con horarios extendidos, de puertas abiertas, las cosas eran distintas. Hoy, estamos hablando de que hay un gran número de compañeros y de compañeras en el Banco de Seguros del Estado. Hay un gran número de situaciones que no venían sucediendo vinculadas con las fugas y con los motines, con todo lo que eso implica para la vida de los adolescentes. A un adolescente una fuga puede costarle su vida. Eso es responsabilidad de todos. Obviamente, al trabajador eso puede costarle su trabajo y hasta lesiones.

A nosotros, como sindicato, nos preocupa que esto esté sucediendo; nos preocupa que no haya ideas sobre la mesa acerca de cómo revertir esta situación. Más nos preocupa que, cuando hay ideas, no sea con nosotros.

Esperemos hacer nuestro aporte porque tenemos las puertas abiertas para el diálogo. Tenemos claro hacia dónde vamos, pero al parecer, quienes tienen claro adónde van, no tienen claro que tiene que ser con nuestra voz para construir perspectivas.

SEÑORA SANSEVERINO (Berta).  Quiero manifestarles mi solidaridad ante las agresiones que sufrieron los trabajadores. Siempre hemos estado muy cerca del tema, en momentos muy cruciales y complejos. Visitamos varios centros y sabemos que la legislación, los programas y las políticas dirigidas a los jóvenes infractores se debaten en varios espacios.

Entiendo la complejidad de los temas y cuál fue el mensaje que se ha venido dando. Cuando se conversó sobre esta cuestión en el Parlamento, a la luz de la rendición de cuentas, se nos hizo un informe muy alentador sobre algunas líneas de trabajo que se estaban desarrollando. Inclusive, pude apreciar en ciertas declaraciones públicas de la señora presidenta que se reforzaban los programas sociales dirigidos a los jóvenes, al punto de decir que iban a tener actividades culturales, educativas y de formación los 365 días del año. No sé si lo recuerdan porque lo dijo en un programa de televisión.

Recuerdo una revista  que no recibí más; no sé si sigue saliendo  que nos brindaba cierta información sobre algunos actores y programas. Me gustaría saber si nos pueden informar objetivamente acerca de estos programas. Quiero conocer cuántos jóvenes están haciendo escuela o liceo, qué materias cursan, en qué programas están y cuántos están trabajando. Recién se citó el número de jóvenes recluidos, que ha bajado considerablemente.

Por otra parte, a raíz de estas graves circunstancias, deseo saber si hubo reuniones de trabajo o si se habló sobre la forma de mejorar las condiciones de salud y de protección de los trabajadores.

SEÑOR SALABERRY (Carlos).  La revista que se editaba con el directorio anterior  cuando existía el Sirpa  mostraba el desarrollo de la institución. Como saben, por ley se creó una comisión delegada para generar determinados programas, que luego se ampliaron; todo eso sucedió antes de la creación del Inisa. Por ejemplo, había programas de educación, de salud, y de inserción social y comunitaria. La idea era reducir la cantidad de horas de encierro. Entonces, ya sea por la vía de asistir a clase o de ir a trabajar se buscaba que la mayoría de los adolescentes fuera solo a dormir a su centro. Eso funcionó bien.

Nos interesa destacar que estas situaciones de fuga, de agresión a los trabajadores y de encierro no fueron continuas en los últimos veinte años; hubo momentos en los que eso no ocurrió. Y hubo momentos en que dejó de haber fugas y agresiones a los trabajadores. La tensión en el sistema decayó, producto de estas políticas y programas. Hay una cosa que es bastante evidente y es que en una situación de encierro, la tensión entre las personas sube, ya sea entre pares o hacia los trabajadores.

Esta situación de reiteradas agresiones por la que fuimos convocados no es normal o inevitable. Se arribó a ella luego de un deterioro del sistema que, con limitaciones  como siempre, pero que se pueden mejorar , había alcanzado ciertos niveles de calidad en la atención.

Esa revista que se editaba iba dando cuenta de los avances en el área de salud, de educación, laboral, etcétera. Hay números que se los podemos acercar. Desde que se creó el Inisa y con esta nueva administración comenzó un proceso de desarticulación de todas esas estructuras y no solo desde el punto de vista de la continuidad, sino de los responsables. El hecho de cambiar constantemente a los responsables es una política de la administración. En determinado momento, nosotros tuvimos un conflicto muy importante porque la administración resolvió rotar a los directores de estos programas. Al director de educación lo sacó y pasó a uno para un lado y a otro para otro, como si fueran fichas, cuando había un proceso en el tiempo de construcción de distintas herramientas de trabajo. Y eso destrozó la situación.

Nuestra visión es que lo que se comunica hacia afuera es falso. La realidad es que el sistema tiene un gigantesco retroceso respecto a lo que recibió la actual administración en todos esos campos. Acá lo que ha crecido es el encierro, el hacinamiento. Estas situaciones de agresión, de fuga y de tensión en el sistema son la prueba de que eso no es cierto. Cuando se aplicaron distintos programas de educación, de salidas laborales o de trabajo dentro de los propios servicios, la tensión disminuyó y eso está probado. Nuestra visión es la opuesta: se declara una cosa, pero en realidad lo que se está haciendo es otra.

SEÑOR MANGO (Víctor).  En cuanto a las cuestiones puntuales que pasan dentro del sistema, a modo de ejemplo, en la Colonia Berro hay un centro modelo que es el hogar Ituzaingó. En su momento había una competencia sana entre el hogar Ituzaingó y el centro Sarandí de la Colonia Berro, que estaba trabajando en forma estupenda con una apertura prácticamente total, con los chiquilines constantemente afuera. Con la llegada de esta administración, el centro Sarandí ha descabezado su dirección; los incidentes más importantes de los últimos días se han suscitado ahí adentro. Se cambió el perfil de los chiquilines y se cambió la dirección. Se hizo una división en el medio. Las autoridades del sistema pensaron que los conflictos entre los jóvenes se solucionaban con un muro en medio del módulo.

Estamos hablando no solo de ciento sesenta trabajadores, sino de dos chiquilines que fallecieron por suicidio en el sistema, de entre cincuenta y sesenta fugas, de más de trece direcciones en un centro y de descabezamiento de programas.

Si tienen oportunidad de ir a algún centro, podrán comprobar la situación física que tienen esos chiquilines. Estamos pidiendo no sólo que no haya más trabajadores lastimados, sino que no hayan chiquilines en estas condiciones.

SEÑOR DASTUGUE (Álvaro).  El año pasado, con la Comisión Especial de Población y Desarrollo estuvimos recorriendo algunos centros, principalmente los de la Colonia Berro, y es como lo dicen los sindicatos aquí presentes. El hacinamiento, el depósito de chicos, la situación edilicia es lamentable.

Iba a hacer una pregunta, pero la acaba de responder el señor Mango. En el centro Ituzaingó hablamos con el director, compartimos con los padres un asado. Vivimos un clima espectacular; practican deportes, tienen quinta y chanchos. Impresionante. Un trabajo de novela: estaban todos caminando; no había casi nadie encerrado. Vimos sonrisas, juegos, talleres de cerámica, de pintura. Espectacular. Eso es rehabilitación. Ahí hay un trabajo responsable y profesional. Me pregunto por qué en los otros centros no se logra hacer algo parecido. Si bien entendemos que se deriven chicos según su problemática y que los que tienen mayores problemas vayan a centros más encerrados y los otros no tanto, si en ese centro se logró cierto funcionamiento importante para la recuperación de estos chicos ¿por qué en el resto de los centros no se logra? Entiendo que está respondida la pregunta: el problema es la administración, los cambios, el descabezamiento.

SEÑOR LÓPEZ (José Lorenzo).  Con respecto a lo que planteaba la diputada Sanseverino, vamos a recabar la información sobre la cantidad de chiquilines que estudian o trabajan. No nos va a ser muy difícil porque son muy pocos los que están en esa situación.

Sabemos que han recorrido los centros, pero los invitamos a corroborar lo que estamos diciendo. Es sabido, público y notorio que hay un enfrentamiento sobre todo entre la presidenta y el sindicato y quizás se pueda pensar que venimos a decir cosas fuera de lugar. Ya sabemos que han ido en otras oportunidades, pero lo que nosotros decimos es lo que se ve; no le agregamos absolutamente nada.

En el día de ayer participamos de una actividad en esta Casa sobre el nuevo Código del Proceso Penal, la modificación al Código de la Niñez y la Adolescencia y las consecuencias que va a tener eso dentro de la institución.

Creemos que conceptualmente los parlamentarios tomaron una decisión que no fue la más adecuada para la situación de la juventud de nuestro país, sobre todo si comparamos un delito que va a cometer un mayor con uno que va a cometer un menor de dieciocho años. La pena para el menor va a ser mucho mayor que para el mayor de edad. Eso consagra  como dijo algún diputado que concurrió a la actividad que realizamos ayer  lo que quisimos evitar desde muchos sectores: bajar la edad de imputabilidad; como sosteníamos, ser joven no es delito. Entonces, eso va a repercutir directamente en el sistema. La extensión del plazo para las medidas cautelares va a generar que el número de recluidos, que había caído sustancialmente de setecientos a alrededor de quinientos jóvenes, se agrande considerablemente. Si el sistema está en una situación de caos hoy, imaginen lo que puede ser dentro de seis meses. La institución no está preparada, y ayer lo dijo el director Álvaro Viviano. Creo que la presidenta, cuando vino a alguna comisión del Parlamento, mostró su preocupación por esa situación. El sistema no está preparado para abordar la demanda que va a tener por este cambio en el Código del Proceso Penal, fundamentalmente en lo que implica a los adolescentes que cometen infracciones a la ley penal. Queremos dejar reflejada nuestra preocupación de antemano. Es un elemento más que complica.

En cuanto a la pregunta concreta de por qué los centros Ituzaingó o Granja funcionan, debo decir lo siguiente. El centro Ituzaingó es un proyecto de dieciséis años. Cuenta con un equipo de dirección totalmente sustentable y tiene una metodología de trabajo. No entendemos cómo no se quiere replicar eso en otros lugares. La gran mayoría de las cosas que se hacen ahí es por decisión del equipo de trabajo y no por un apoyo sustancial de la administración.

Lo mismo sucede con el centro Granja, a pesar de que no tiene tantos años. Sin embargo, su directora es una compañera que está al frente del centro desde hace seis años, con un proyecto de trabajo que intenta llevar adelante. El resto hace lo que puede porque no es culpa de los directores si los sacan y los ponen a cada rato.

Había un centro que funcionaba muy bien en Montevideo, el Paso a Paso, ubicado en la calle Garibaldi cerca de 8 de Octubre, pero lo desarticularon totalmente. Estas son las situaciones que no entendemos. Estamos muy preocupados por todo lo que está pasando y por lo que puede pasar a partir de esta nueva realidad.

En la actividad que hicimos ayer contamos con la presencia de Guillermo Payssé, defensor de menores, y con un fiscal, que planteó la preocupación desde su lugar. También tuvimos a integrantes del directorio del INAU y de Inisa, quienes reflejaron las complicaciones que pueden generarse a partir de este cambio y de la situación que se va a empezar a vivir a partir de hoy.

Por otra parte, quiero plantear aquí una violación de derechos humanos.

Tenemos una situación puntual como consecuencia de lo que fue el conflicto de 2015, con el famoso video. En ese momento, el sindicato tomó la decisión de declarar la huelga y de entregar las llaves de tres centros militarizados. Cabe señalar que cuando los trabajadores de la totalidad de esos centros adhirieron a la huelga, inmediatamente el Poder Ejecutivo decretó la esencialidad del servicio. Luego, nos convocaron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y nosotros concurrimos como sindicato. En ese momento, había una representación de la comisión delegada del Sirpa, del directorio del Inau y de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Desarrollo Social. Allí, acordaron una salida de inmediato para retomar los puestos de trabajo. Nosotros exigimos que se hiciera una requisa porque los gurises habían quedado a cargo de la policía metropolitana y de algunos funcionarios con rango de dirección que se habían quedado adentro. Nosotros estábamos en la puerta, en un campamento.

Comunico esto acá porque, a más de dos años, en estos días se notifica a los compañeros que participaron de esa huelga que iba a haber sanciones. Como saben, la huelga es un derecho constitucional. Cuando los trabajadores salieron del servicio, la sanción impuesta por el Poder Ejecutivo fue el decreto de esencialidad. Nosotros lo cumplimos de inmediato, exigiendo la requisa. Ni siquiera hubo una notificación formal del decreto de esencialidad. Luego de la requisa  tres o cuatro horas después de decretada la esencialidad , los trabajadores ingresaron nuevamente a sus puestos de trabajo. Sin embargo, ahora se conoce que se hizo un sumario a todos los trabajadores y que hay un pedido de sanciones por haber participado de una huelga. Para nosotros, esa es una violación de un derecho humano fundamental; me refiero al derecho a expresarse y a organizarse.

Si bien esto lo vamos a plantear en la Comisión de Legislación del Trabajo, queríamos dejarlo reflejado acá porque nos parece totalmente improcedente. Esto demuestra el accionar de la administración.

SEÑORA PRESIDENTA.  Conocemos muy bien los centros porque los visitamos prácticamente a todos.

Cuando recibimos al directorio de Inisa, le manifestamos nuestra preocupación por el hacinamiento y por las condiciones infrahumanas. Somos conscientes de que son menores que cometieron infracciones  por algo están allí , pero tampoco tienen que estar en condiciones de tortura.

Acá, la señora presidenta reconoció que en el Inisa se estaban violando los derechos humanos; lo dijo cuando le manifestamos todas las situaciones que pudimos ver personalmente. Inclusive, había celdas con cuatro o cinco gurises en invierno, con un frío espantoso. Ella dijo: "Sí, sienten más frío adentro que en el patio. Por eso compramos mucha ropa para ponerles como cebollitas". Son cosas terribles.

Por otro lado, vemos que se habla de los avances. Hablamos con el directorio sobre la atención en salud y, hace muy poco, salió un afiche con los avances para los internos. Se muestran muchísimos avances sobre todos los servicios que se vienen brindando. Nos preocupan esas cosas porque hay una realidad interna y otra externa; lo digo con propiedad. Cuando llegó a mis manos ese afiche me sorprendió y me generó mucha tristeza porque sabemos que no cuentan con esos servicios.

Nosotros nos solidarizamos con la situación de los trabajadores. Hace muy poco estuve en uno de los centros y pude ver a una funcionaria que le fue a alcanzar la leche a uno de los chicos y este se la tiró en la cara. Fue una situación de mucha violencia. También vemos el deterioro del funcionario que está allí. Nos manifestaban que había muchos con licencia médica. Yo creo que también es a raíz de la situación de estrés que se vive allí.

Por otra parte, como prácticamente se han bajado todos los programas, los gurises están en un encierro total y no podemos esperar otra cosa de ellos.

Lo que ustedes nos están planteando es una situación sumamente grave. Después vamos a hablar con los compañeros de la Comisión qué pasos vamos a seguir. Obviamente vamos a visitar los centros y a ponernos en contacto con ustedes para ver qué centros nos indican visitar.

Nuestro compromiso como Comisión es seguir el tema, hablar nuevamente con el directorio del Inisa, y como legisladores cada uno de nosotros tomará el tema como lo considere. Acá somos todos responsables desde el momento en que se nos está advirtiendo que de un momento a otro puede suceder algo sumamente grave.

Les agradecemos la visita y les reiteramos nuestro compromiso de trabajar en el tema.

(Se retira de Sala la delegación del Suinau y del Inisa)

SEÑORA EGUILUZ (Cecilia).  En el día de hoy recibimos una denuncia de la nueva asociación de empleados y exempleados de la Intendencia de Canelones, que vino hace muy poquito tiempo a esta Comisión a informarnos, entre otras cosas, que había 2.500 denuncias realizadas contra dicho organismo. La directiva de la nueva asociación está compuesta por actuales funcionarios municipales. La denuncia que recibimos en el día de hoy en forma verbal de parte de varios integrantes de la directiva tiene que ver con que su presidente está siendo víctima de persecución por parte de la Intendencia de Canelones. Fue trasladado dos o tres veces en una semana. A partir de que esta asociación obtuvo su personería jurídica, ha iniciado algunas acciones contra la Intendencia por estos reclamos que vienen desde hace muchos años. La inquietud de estos funcionarios es que los demás miembros del directorio, que todavía son funcionarios de la Intendencia, sean trasladados de sus puestos de trabajo, quedando bastante lejos de sus domicilios. Lamentablemente todos sabemos que muchas veces pasa esto. Ellos advierten que va a seguir pasando con el resto de los directivos como le pasó al presidente.

Yo les pedí que mandaran una nota por escrito a la Comisión para poder tratarlo. Por tanto, solicito incluirlo en el orden del día y volver a recibirlos. Esperemos que el haber estado en esta Comisión y hacer toda esta movida por los derechos humanos no les sea un problema en su ámbito de trabajo, sino que sea una forma de brindarles apoyo.

SEÑORA PRESIDENTA.  Yo recibí una denuncia de una madre que está denunciando a su padre por violación a las nietas. Hizo la denuncia correspondiente a la justicia, pero pasados tres meses, no han sido convocados ni los denunciantes ni el denunciado. Es una situación sumamente lamentable. Concurrió con la menor y solicita ser recibida por esta Comisión. Está dispuesta a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Son de la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja; la denunciante es una funcionaria policial.

SEÑORA EGUILUZ (Cecilia).  ¿Ya se pudo enviar la situación de los 252 cesados de Salto a la Institución Nacional de Derechos Humanos? Pregunto para poder hacer el seguimiento y que no tengamos el mismo inconveniente que la vez pasada.

SEÑORA PRESIDENTA.  Me acota la secretaria que sí.

Se da cuenta de los asuntos entrados. Se lee:

-      Grupo de ciudadanos de la Municipalidad de Aguas Corrientes presenta denuncia ante la Institución Nacional de DD.HH y Defensoría del Pueblo contra el Estado, por violación a los derechos humanos por los iodos del proceso de potabilización que se vuelcan al cauce del río Santa Lucía desde la Usina de OSE de Aguas Corrientes.

-      Sr. Nelson Banchero solicita intervención de la Institución Nacional de DD.HH. y Defensoría del Pueblo ante denuncia pública del Sr. Fiscal Enrique Viana. Requiere investigación al respecto.

(Se remiten con fecha 23 de octubre de 2017)

-     Denuncia de trabajadores del Hospital Español, agremiados en la FFSP, de la huelga de hambre del señor César Pisciottano en respuesta a sanción aplicada por haber denunciado irregularidades.

(Se remite con fecha 25 de octubre de 2017)

Montevideo, 1º de noviembre de 2017.

(Diálogos)

——De ser confirmada la entrevista, el miércoles 8 vamos a recibir a la presidenta del Inisa y al señor intendente de Canelones; asimismo, la diputada Eguiluz y yo daremos un informe de la visita que realizamos a la zona de Aguas Corrientes, departamento de Canelones.

Se levanta la reunión.

Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.