Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay
 

Comisión Investigadora sobre la gestión de ASSE
desde el año 2008 hasta la fecha y la
denominada estafa al Fonasa

Carpeta Nº 2147 de 2017
  Versión Taquigráfica N° 1241 de 2017

DIRECTORIO ASSE

(año 2015 a la fecha)

Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 2 de octubre de 2017


(Sin corregir)


 

PRESIDE:   Señor Representante Daniel Radío.
 
MIEMBROS: Señores Representantes Cecilia Bottino, Richard Charamelo, Luis Gallo Cantera, Martín Lema Perreta, Gerardo Núñez y Daniel Peña Fernández.
 
CONCURRE:   Señor Representante Eduardo José Rubio.
 
INVITADOS: Doctora Susana Muñíz (Presidente); doctor Mauricio Ardus (Vicepresidente); contador Jorge Rodríguez Rienzi (Vocal); licenciado Pablo Cabrera (Representante Trabajadores); señora Natalia Pereyra (Representante Usuarios); Asesores: doctores Martín Esposto y Fernando Rovira; procurador Daniel González (Adjunto en Relaciones Institucionales).
 
SECRETARIA: Señora Myriam Lima.
 
PROSECRETARIA:   Señora Viviana Calcagno.

 

SEÑOR PRESIDENTE (Daniel Radío).‑ Habiendo número, está abierta la reunión.

SEÑOR NÚÑEZ (Gerardo).‑ Quiero proponer un esquema de trabajo para el día de hoy que estuvimos conversando previamente con algunos diputados. La idea sería abordar el primer bloque ‑ojalá pueda ser en su totalidad‑ y establecer un procedimiento para ordenar el funcionamiento de la Comisión con el fin de sacarle el mayor provecho posible a este trabajo. Podemos comenzar por la unidad ejecutora que se entienda pertinente, realizar todas las preguntas, dar paso a las respuestas del directorio, repreguntar y que luego el directorio haga una síntesis.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Acordé con la presidenta del directorio de ASSE que vamos a referirnos solamente al primer bloque. Me parece correcto el planteo que hace el señor diputado Núñez, lo vamos a poner a consideración.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).‑ Comparto plenamente el planteo del señor diputado Rubio y propongo que el orden para abordar el primer bloque sea Bella Unión, Rivera, Cerro Largo, Dolores y Mercedes.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Comparto que el orden esté dado por las preguntas, pero a veces hay algunas más conceptuales o abstractas que involucran a más de un centro y no vamos a dejar de hacerlas por eso.

  (Ingresan a sala integrantes del directorio de ASSE)

——La Comisión investigadora da la bienvenida a la delegación del directorio de ASSE integrada por la presidenta, doctora Susana Muñiz; el vicepresidente, doctor Mauricio Ardus, el vocal contador Jorge Rodríguez Rienzi; la representante de los usuarios, señora Natalia Pereyra; el representante de los trabajadores, señor Pablo Cabrera, los asesores doctores Martín Esposto y Fernando Rovira y el procurador Daniel González, adjunto de relaciones institucionales.

  En la semana habíamos conversado con la señora presidenta del directorio para acordar que en el día de hoy solamente nos refiriéramos al primer bloque de preguntas que la Comisión diseñó y que tiene que ver con las unidades ejecutoras de Bella Unión, Rivera, Cerro Largo y Soriano. Vamos a tratar de organizarnos de acuerdo con la propuesta del señor diputado Núñez, sin perjuicio de que pueda haber preguntas más generales que abarquen a más de un centro.

  Tiene la palabra el miembro denunciante, señor Diputado Eduardo Rubio.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).‑ Saludo al directorio y agradezco su presencia en la Comisión investigadora.

  Como decía el señor presidente, hemos dividido los temas en bloques para poder hacer más accesible su tratamiento. Hoy nos referiremos a los hospitales de Bella Unión, de Rivera, de Cerro Largo, de Mercedes y de Soriano.

  Sobre el hospital de Bella Unión, lo primero que queríamos preguntar es una cuestión que se repite a lo largo de todas las unidades ejecutoras que respondieron a las auditorías. Me refiero a las irregularidades en la contratación de empresas tercerizadas.

  En la propia denuncia, resumíamos lo que habían constatado ambas auditorías. Por ejemplo, en casi ningún contrato aparece acreditado el depósito de garantía del fiel cumplimiento del contrato, es el caso de la empresa Jorge Lucero en Bella Unión; en la auditoría interna, refiriéndose a las empresas Lucero, Divaris S.A. y a San Jorge ‑y señalo que hay empresas que se repiten a lo largo y a lo ancho del país, reiterando las mismas irregularidades‑ no hay certificado único de la DGI, en la planilla de trabajo no se incluyen a algunos trabajadores y se indican salarios que equivalen a ocho horas cuando no coincide con el régimen de las seis horas.

   Todas estas cosas fueron constatadas en el Hospital de Bella Unión por las auditorías, poco antes de que ustedes asumieran como directores.

  Entonces, sobre esta situación tan generalizada ¿qué control ejerce ASSE sobre estas empresas contratadas en varias unidades ejecutoras y que son reincidentes en incumplimientos y en irregularidades? Hemos constatado, además, que estas empresas se siguen contratando. ¿Por qué se las sigue contratando? ¿Qué medidas se tomaron para cumplir con las recomendaciones dadas por las auditorías?

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ Buenos días a todas y a todos.

  Voy a ir ordenando mi exposición de acuerdo con lo que solicitó el diputado denunciante.

  Según surge de la denuncia contenida en el documento que presentó el diputado Rubio, en el Capítulo Tercerizaciones, a fojas 25, plantea algunas denuncias en relación a la contratación de empresas de limpieza, vigilancia, conserjería, mantenimiento y camilleros y denuncia que el servicio de conserjería con apoyo a registros médicos es adjudicado a la empresa Jorge Lucero y del expediente no surge acreditado el depósito de garantía de fiel cumplimiento del contrato.

  Al respecto, tenemos que informar que el depósito de garantía de contrato de la empresa Jorge Lucero se realizaba mediante un descuento del 5% de la facturación mensual. Asimismo, se agrega que el pliego de condiciones establece que la acreditación del depósito en garantía, en la medida en que el adjudicatario y la administración estén de acuerdo, se le retendrá el 5% de la facturación mensual, agregando que los importes retenidos le serán restituidos una vez que finalice el contrato, en la medida en que no existan inconvenientes con el adjudicatario en reclamos de personal.

  Esta disposición está en consonancia con lo dispuesto en el artículo 64 del Tocaf, según el cual los adjudicatarios deberán garantizar el fiel cumplimiento del contrato, mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza, aval bancario o póliza de seguros de fianza por un valor equivalente al 5% de la adjudicación. Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos, lo que deberá estar establecido en el pliego particular.

  En la aplicación de dicho artículo, se retuvieron $ 163.752 en la facturación correspondiente al año 2014 y un total de $ 2.291.136 en pagos a la empresa, lo que equivale al 7,14% de los pagos efectuados a la empresa Jorge Lucero.

  Por lo tanto, se dio cumplimiento al contrato; se garantizó el cumplimiento del mismo a través de las mencionadas retenciones por un monto, inclusive, superior al solicitado en la norma. Dicho mecanismo estaba previsto en el contrato celebrado por las partes y cumplió con la finalidad de garantizar el cumplimiento, dando cumplimiento, a su vez, a los principios generales de actuación y contralor en materia de la ley de contabilidad y administración financiera del Estado establecidos en el Título VII, artículo 149 del Tocaf. Además, se retuvieron pagos por un total de 886.648 por créditos laborales impagos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley N° 18.251, del 6 de enero de 2008, según el cual, cuando el subcontratista, el intermediario de la empresa suministradora, no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la forma señalada, el patrón o empresario principal podrá retener de las obligaciones que tenga a favor de aquel o aquellos el monto correspondiente.

  Se deja constancia de que esta observación surge de la auditoría externa practicada por la firma Rueda Abadi Pereira, quienes con respecto al Hospital de Bella Unión auditan tres expedientes de licitaciones: el del servicio de conserjería con apoyo a registros médicos, el de empresa de vigilancia y el de servicio de lavadero. De los tres expedientes, la auditoría únicamente observa el referente a registros médicos; sin embargo, en los otros dos expedientes la auditoría concluye que no surgen irregularidades ni observaciones a realizar.

  En conclusión, de los tres expedientes auditados en el Hospital de Bella Unión por la auditoría externa practicada por la firma Rueda Abadi en el año 2014, uno de ellos tuvo una observación y dos no tuvieron observaciones ni fueron señaladas irregularidades.

  En cuanto a la irregularidad denunciada referida a que no surge acreditado el depósito de garantía de fiel cumplimiento del contrato, se dejó constancia de que el cumplimiento del contrato sí fue garantizado con un depósito equivalente al 7,14% de los pagos efectuados a la empresa Jorge Lucero, el cual se fue integrando mes a mes con el pago de las facturas.

  Finalmente, se dio cuenta del cumplimiento de los controles establecidos en el artículo 5º de la Ley N° 18.251 y de la aplicación del derecho de retención que en el mismo se consagra.

  Por lo expuesto entendemos que se ejercieron esos controles administrativos suficientes para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.

  En relación a la otra denuncia realizada por el diputado Rubio en referencia a los certificados del Banco de Seguros del Estado y de la DGI, corresponde informar que en cuanto a los certificados mencionados en el ítem, los mismos existen, lo que demuestra el correcto ejercicio de los controles administrativos. Se trata del certificado del Banco de Seguros del Estado, identificado con el número 100301040016, el cual acredita la vigencia de la póliza de accidentes de trabajo desde el 28 de febrero de 2014 hasta el 28 de febrero de 2015.

  Asimismo, se cuenta con certificado de cumplimiento de la Ley N° 16.074 emitido por el Banco de Seguros del Estado con póliza 414717, que fueran emitidos el 27 de agosto de 2014 y el 29 de julio de 2014.

  Por otra parte, en cuanto al certificado único de la DGI, tenemos la constancia expedida con el número 690500073259270, emitida el 1º de julio de 2014.

  La misma auditoría concluye que el Hospital de Bella Unión ha constituido una estructura de control de los servicios tercerizados, que es eficiente y eficaz en la práctica, debido a que funciona de manera autónoma, respecto de las empresas contratadas.

  Por otra parte, también tenemos las planillas de control de trabajo emitidas por la Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

  Con respecto a lo denunciado en el ítem 2, en cuanto a que en la planilla de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se indican salarios que equivalen al laudo de ocho horas, lo que no coincide con el régimen de seis horas que desempeñan los trabajadores de vigilancia en el hospital, se informa que el valor del sueldo de vigilancia corresponde a ocho horas, según los Consejos de Salarios. Pero en el lugar de la observación de la planilla de trabajo la empresa declara que la jornada laboral es de seis horas, así como también declara el valor nominal de los sueldos para esa carga horaria. En el libro de trabajo los empleados firman de conformidad que la carga horaria contratada es de seis horas diarias en forma mensual y que coincide con lo solicitado en el pliego de condiciones, en el cual las horas solicitadas son todas turnos de seis horas. De todo lo anterior se dejó constancia en la auditoría en empresas tercerizadas en el año 2014. Adicionalmente, en el mes de enero de 2017 la auditoría de seguimiento informó que los controles se estaban realizando.

  Con respecto a lo denunciado en cuanto a que un operario de mantenimiento de espacios verdes ‑no lo dijo ahora el diputado Rubio pero como está en el texto expreso de la denuncia lo aclaro‑ no cuenta con documentación que lo vincule a la empresa, debo decir que la persona se encuentra en planilla de trabajo desde abril de 2014, tratándose del funcionario Diego Larrosa, quien trabaja en el área de parques y jardines de dicho hospital.

  En cuanto a las recomendaciones realizadas por la auditoría interna, contenidas también en la denuncia a fojas 40, cabe informar que en cuanto a la recomendación de aplazar e impedir el trámite de pago de facturación a empresarios que omitan documentación, que exhiban registros no concordantes entre sí o cualquier otra incongruencia que exponga, en eventual subsidiaria a ASSE, se informa que se le retiene el pago a los proveedores de servicios tercerizados cuando a la empresa le falte completar documentación mensual. Una vez que se completa esa documentación se libera el pago al proveedor. Asimismo, en cuanto a la recomendación número 2, que sugiere fijar un criterio progresivo a la sanción teniendo presente la conducta habitual del proveedor, celeridad de respuesta a la observación y reincidencia en el incumplimiento, y establecer en la unidad de contaduría un sistema de archivo en papel o electrónico contemplando los recaudos necesarios para evitar el extravío parcial o total involuntario o deliberado de la evidencia, se informa a los señores miembros de la Comisión Investigadora que dicho hospital ha mejorado su archivo, organizándolo por año, por empresa, asegurando que la documentación esté al día; asimismo, dicha documentación no sale de la contaduría. Se informa, además, que los proveedores mencionados han cambiado a lo largo de los años.

  Por último, la auditoría recomendó evitar cláusulas imprecisas en los pliegos licitatorios y contratos que permitan la interpretación errónea, ocultación o la elusión de responsabilidades de la parte contratante y/o controlada. ASSE realizó esfuerzos por mejorar la capacitación de los funcionarios de compras, tanto a nivel central como en las unidades ejecutoras, a efectos de poder fortalecer el ejercicio de los controles administrativos, mejorar la redacción de los pliegos, así como la ubicación de responsabilidades cuando así correspondiere.

  Finalmente, corresponde destacar que en las conclusiones a las que arriba la auditoría interna, cuando señalábamos que el Hospital de Bella Unión ha constituido una estructura de control de servicios tercerizados eficiente y eficaz en la práctica, debido a que funciona de manera autónoma respecto a las empresas contratadas, se incluye además una comunicación de clausura de actuaciones de la fecha 15 de octubre de 2014 en la que se expresa que para vigilancia de los servicios tercerizados la estructura se juzga adecuada porque se fundamentan controles por oposición de intereses entre dirección administrativa y gerencia financiera.

  Asimismo, la legalidad de las contrataciones ha sido aprobada sin observaciones por parte del Tribunal de Cuentas, excepto en el primer bimestre del 2014. Sin perjuicio de lo cual, concluye la auditoría que el equipo de gestión admite que existen tercerizaciones de servicios médicos como ser traslados, cuyos procedimientos no se ajustan a las normativas vigentes, pero se mantienen con la finalidad de brindar atención a la salud en la comunidad, lo cual integra la tercera parte de la denuncia de la cual seguramente va a hablar el diputado.

  Quisiera agregar un aspecto importante. El 6 de diciembre de 2016 el diputado Lema elevó un pedido de informes donde solicitaba se explicaran los motivos del incremento de los montos ejecutados en 2015 en comparación a años anteriores por contratación de servicios de limpieza, aseos y fumigación. En la respuesta a dicho pedido de informes identificábamos las causas del aumento, que están asociadas a un aumento de las plantas físicas y lugares a cubrir, al aumento de costo hora sujeto a IPC, y al aumento de salarios en base al Consejo de Salarios.

  Adicionalmente, se informó con gran detalle respecto del aumento de las plantas físicas y lugares a cubrir, el que fuera identificado como una de las causas del incremento cuestionado.

  En ese sentido, me parece importante señalar que a partir del año 2007 se comienza un plan de inversiones con el que se logró hacer un hospital con importantes incorporaciones en cuanto a su estructura edilicia y tecnología y ampliar la cobertura de prestaciones. En dicho período, entre los años 2007 y 2012, tenemos que acordarnos de que el hospital no contaba con cobertura de pediatría; los usuarios no tenían más de cuatro especialidades que concurrían a la localidad y no contaban con la estructura edilicia adecuada. Dentro de esa ampliación, en esos años, se incluyó la emergencia nueva, con diez puestos de atención; consultorio general y ginecológico; boxes de observación; área de sillones; reanimación; sala de observación con dos camas y área de cuidados especiales con un respirador para ventilación asistida. Se incorporó toda la tecnología necesaria para soporte vital avanzado; médico de guardia presencial las veinticuatro horas los 365 días del año; farmacia veinticuatro horas al día para que los usuarios tengan accesibilidad y continuidad; laboratorio nuevo con cobertura de veinticuatro horas los 365 días del año; disponiendo de todos los estudios paraclínicos necesarios para la unidad ejecutora; centro de materiales nuevos; servicios de apoyo nuevo; cocina y lavadero; block quirúrgico nuevo con dos salas operativas, con áreas pre y pos anestésicas; sala de parto y preparto; la contaduría y administración también nuevas, y los dormitorios médicos nuevos. El aumento de la planta física y el aumento de pacientes aparejaron el necesario aumento del servicio de limpieza.

  En virtud de lo expuesto, entonces, concluimos que de la denuncia que luce a fojas 40 del documento, ASSE ejerció los controles administrativos requeridos por la normativa vigente, aportando certificados del Banco de Seguros, DGI y Ministerio de Trabajo. Asimismo, las recomendaciones efectuadas por la auditoría interna fueron implementadas por la unidad ejecutora, demostrando vocación de mejora en cuanto a su gestión. En materia de contralor de empresas tercerizadas, limpieza, conserjería y vigilancia, ASSE ejerció todos los controles a disposición de la Administración para asegurar que la contratación administrativa sea en pie de igualdad entre el sector público y el sector privado, en un contexto de colaboración público privada.

  En cuanto al incremento de gastos en los servicios de limpieza del Hospital de Bella Unión, sin perjuicio de que el mismo no estaba incluido en la denuncia que motivara la Comisión Investigadora, estamos informando que las causas tienen que ver con la ampliación de los servicios provistos en el hospital.

  Por último, cabe destacar que varias de estas empresas que en su momento fueron observadas no mantienen contratos vigentes con la Administración.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).‑ La respuesta que da la presidenta, muy extensa y detallada, me deja una duda.

  En primer lugar, la información que tenemos es que la auditoría externa, que se contrató con la firma que dijo la doctora Muñiz, fue hecha por mail, fueron preguntas hechas por mail y respondía el que quería. La auditoría interna fue una auditoría mucho más presencial, fue realmente una auditoría. Ante esa respuesta, quisiera saber si la auditoría se equivocó en las señalizaciones que hizo. ¿Estaba equivocada? ¿Esto estaba todo bien? ¿Las irregularidades que marcó la auditoría no eran tales o se corrigieron después de que la auditoría las marcó? Me queda la duda de si una auditoría bien hecha, como la interna, a fondo, detecta todas estas irregularidades que resultaron no ser irregularidades, estaba todo bien.

  Entonces, la pregunta es si se corrigió después o si se equivocó la auditoría.

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ Hay aspectos que, obviamente, se fueron corrigiendo con el tiempo. Pero también es cierto que cuando llegan a veces las auditorías al lugar, no tienen la documentación y, por lo tanto, las auditorías informan que no se están realizando esos controles. Aunque después se presenten, en la auditoría queda esa constancia. ¿Me explico?

SEÑOR RUBIO (Eduardo).‑ Bien.

SEÑOR LEMA (Martín).‑ Agradecemos a las autoridades del Directorio de ASSE por comparecer al ámbito de esta Comisión Investigadora.

  Quiero hacer algunas consultas bien puntuales, muy concretas en esta primera tanda, sobre esta unidad ejecutora que estamos analizando. Independientemente de que se haga una presentación escrita y se le dé lectura, muchas de las preguntas que voy a hacer son para responder sí o no, o sea que podrían requerir una respuesta directa.

  Celebro este tipo de ámbitos y la buena disposición que hay de todas las partes, porque nos permiten esclarecer algunas respuestas que, inclusive, se nos dan a nosotros cuando, como legisladores, solicitamos pedidos de informes.

  Hace unos minutos, la presidenta de ASSE hacía referencia a una respuesta que me había dado. Le quiero decir que vienen bien estos ámbitos, porque hay respuestas que se dan puntualmente a los legisladores que son incorrectas y estos ámbitos nos permiten esclarecer esas respuestas incorrectas. Como traje ejemplos de respuestas incorrectas, me voy a basar en ellos porque, una vez que nos llega una respuesta por parte del Directorio de ASSE, posteriormente, tenemos que estar supervisando si esa respuesta es efectivamente así, ya sea producto de errores y demás.

  Voy a poner un ejemplo concreto. En agosto de 2016, desde el Directorio de ASSE me decían que la empresa Siemm SRL en Bella Unión solamente se contrataba para traslados especializados y que los traslados comunes se hacían con ambulancias propias. Eso no es así, porque encontramos resoluciones por las cuales también se adjudicaban traslados comunes.

  Entonces, valoro que se haga referencia, en la pregunta que hizo el diputado Rubio, a un pedido de informes que hicimos y a una respuesta que se dio, porque a modo de una serie de ejemplos, algunas de las respuestas que se han dado al Parlamento y a legisladores ‑por lo menos, en mi caso‑, son incorrectas. Entonces, estos ámbitos permiten profundizar el conocimiento en consultas bien concretas.

  Sobre la situación del Hospital de Bella Unión voy a hacer preguntas bien detalladas y aspiro a tener las respuestas concretas y detalladas.

  La primera pregunta que quiero hacer es si el Directorio conocía la conformación de Siemm SRL y, por lo tanto, la vinculación de sus socios con ASSE.

  La segunda pregunta es si Siemm SRL tenía habilitación del Ministerio de Salud Pública.

  En tercer lugar, quisiera saber si en las licitaciones a las cuales se presentó Siemm SRL declaró el oferente estar en condiciones de contratar con el Estado. Quiero que nos adjunten, que nos brinden la oferta de la firma Siemm SRL en cada una de las licitaciones a las que se ha presentado. Concretamente, quiero saber si los propietarios manifestaron y expresaron su vínculo con ASSE.

  Por otro lado, quiero saber si el Directorio conocía que, además de los kilómetros contratados por el proceso licitatorio a Siemm SRL, se le contrataba en forma directa para servicios de traslados comunes y especializados, práctica que se realizó desde el año 2013 en adelante. Muchas veces, se dice que llevó una licitación. Es cierto que se hicieron licitaciones abreviadas, pero también es cierto que una cantidad de kilómetros se realizaron a través de contrataciones directas.

  La siguiente pregunta es sobre ambulancias especializadas. Curiosamente, en el año 2013 se adjudica a Siemm SRL. Fíjese que en cuanto a ambulancias especializadas ‑según respuestas que nos dieron de ASSE‑, la unidad ejecutora tuvo dos ambulancias especializadas en los años 2010, 2011, 2012 y casi todo el año 2013. Después de Siemm SRL, en 2014, 2115 y 2016, tuvo una, o sea, de dos ambulancias especializadas, pasó a una.

  Respecto a ambulancias comunes, queríamos saber ‑porque se nos proporcionó una información en la cual una ambulancia Hyundai se compra cero kilómetro en el año 2012 y se da de baja el mismo año que se compra‑ como se da que en el año 2013 se empieza a contratar esta empresa Siemm SRL. Uno puede dudar de por qué se da que empieza a bajar el número de ambulancias propias del hospital para realizar por sí el servicio de traslados.

  Muchas veces desde el Directorio de ASSE se dice que las preguntas que hacen los legisladores son contestadas. Entonces, cuando yo hago esta pregunta, cuando pregunto por qué se le da de baja, cuál fue el procedimiento técnico por el cual se recambió o se le da de baja, me contestan con una resolución del año 2014, que no tiene nada que ver con mi pregunta concreta. Yo quiero saber sobre la ambulancia común del año 2012. ¿Cuál fue el procedimiento por el cual se dio de baja? Es una Hyundai 160. Quiero saber el procedimiento por el cual se le dio de baja en el año 2012; no quiero saber sobre una resolución del año 2014 que no tiene nada que ver con mi pregunta. Estoy tratando de llevarla al área lo más concreta posible porque a uno le llaman la atención muchos incrementos que se dan a partir de la contratación de la empresa Siemm SRL. Veo una baja en la cantidad de ambulancias tanto especializadas como comunes y no se entiende cómo el hospital bajó en cuanto a los recursos propios para prestar el servicio.

  Siguiendo el mismo razonamiento, voy a hacer otra pregunta. Desde el año 2012 hasta setiembre de 2013, el hospital contaba con dos ambulancias especializadas. Sin embargo, los kilómetros con ambulancias propias presentan una gran diferencia.

  En el año 2012 la cantidad de kilómetros con móviles propios fue de 101.242, y en el año 2013, de 48.708, mientras que en este año se constataron 80.593 kilómetros. Además, la licitación adjudicada a Siemm en julio del año 2013 estima la cantidad de kilómetros para lo que resta del año 2013 en 22.500. O sea que la estimación fue menor.

  A mí lo que me gustaría saber es si el Directorio sabe la razón por la cual se contrataban tantos kilómetros en estos casos concretos por encima de lo licitado considerando que, según informe de ASSE, las ambulancias propias no estaban inactivas, o sea que estarían en actividad. Por lo tanto, me gustaría saber por qué se da ese incremento en la contratación de forma directa, por fuera de la licitación.

  El 18 de enero del año 2007 el Directorio de ASSE hizo una consulta al Tribunal de Cuentas sobre si procedía o no la contratación de la empresa Siemm SRL. Lo que dice la consulta es que el costo sería muy elevado si lo brindara ASSE, porque en ese momento, ASSE no disponía de los recursos humanos y materiales que dicho servicio necesita. En la propia consulta se argumentó a favor de una empresa privada por parte del Directorio de ASSE. El Directorio de ASSE ejerce una consulta directa a favor de una empresa privada o argumentando por qué había que contratar a una empresa privada.

  El 15 de febrero de 2017 hay un dictamen del Tribunal de Cuentas que por unanimidad y en forma contundente sostiene que según el artículo 46 del Tocaf ‑que se invocó hace un rato‑ no procedían este tipo de contrataciones. Pero, curiosamente, señor presidente, el 23 de febrero ‑mire con qué agilidad; ocho días después del dictamen‑ ASSE resuelve prestar el Servicio 105. Parece bastante curioso que en el mes de enero se sostenía que iba a ser muy elevado que ASSE lo realizara en forma propia y que no se tenían los recursos materiales ni humanos para prestarlo, y que una vez conocido el dictamen, a los pocos días, ya se resuelve prestar el servicio en forma propia. Tenemos entendido que el servicio se está prestando con total eficacia; lo han dicho miembros del directorio de ASSE. Por lo tanto, eso que se decía de que no se disponía de los recursos materiales y humanos no sería tan así, porque, de lo contario, no se estaría prestando el servicio de forma tan satisfactoria como se ha expresado por propios miembros del Directorio.

  La pregunta es: antes de contratar a una empresa privada, jerarcas ¿no pensaron en dar el servicio desde la propia ASSE en vez de estar privatizándolo?

  Por otro lado, se decía que el costo iba a ser muy elevado. En un intercambio público, el señor miembro del Directorio Pablo Cabrera habló de un monto de $ 13.000.000 al año que podía llegar a costar el servicio prestándolo la propia ASSE. ¿Esto efectivamente es así?

  Escucho en los medios de prensa decir: "Ya le contestamos en la interpelación; está todo solucionado. Ya está todo encaminado". Una de las preguntas que hice en la interpelación del 21 de febrero hasta el cansancio y en el pedido de informes hasta el cansancio refiere a la cantidad de kilómetros que se realizaron en forma contratada en el hospital de Bella Unión en el año 2012. Se tienen muchos datos del año 2013 en adelante a partir de la contratación de la empresa Siemm, pero el mundo no empieza cuando se contrata a la empresa Siemm. Se supone que antes se hacían contrataciones. Yo quiero saber cuáles son los kilómetros. La presidente de ASSE en forma muy honesta ‑lo destaco‑ en la interpelación dijo que desconocía el dato de la cantidad de kilómetros contratados del años 2012. Me gustaría volver a insistir; si hicieron un repaso y si al final encontraron la cantidad de kilómetros contratados en el año 2012 en Bella Unión por concepto de traslados contratados.

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ Tal cual lo señala el diputado Lema, la situación de Siemm en Bella Unión ha sido superada en la actualidad. Los jerarcas del hospital en la actualidad no están vinculados con la empresa y el hospital restableció sus servicios de traslados propios, comprando externamente solo los casos en que la capacidad propia se ve excedida.

  Voy a analizar la situación vinculada con Siemm desde el punto de vista de la gestión pública, así como también los antecedentes.

  Como ustedes saben, la empresa Siemm es contratada en julio de 2013 para prestar servicio de traslados al hospital de Bella Unión. Sin embargo, antes de Siemm, no existía otra empresa tercerizada, sino que el hospital contaba con un servicio propio de traslado no tercerizado. Cabe destacar que desde el año 2007 hasta el año 2012, la unidad ejecutora Bella Unión dispuso de tres médicos de retén, que se repartían de a diez días cada uno para realizar los traslados. El pago se efectuaba por comisión de apoyo local. Distintas circunstancias determinaron que el servicio se fuera erosionando hasta que fuera imposible su continuación. Un factor determinante fue la renuncia paulatina de los médicos empleados en el servicio hasta que en el año 2013 todos se habían retirado. Las renuncias responden a distintos motivos. Una de las doctoras renunció por embarazo; otro porque se vino a estudiar a Montevideo. Lo cierto es que el servicio se vino abajo.

  Consultada la Dirección de la regional norte sobre las razones de esas renuncias, se identificó la baja retribución. No se olviden que eran pagos por comisión de apoyo local y el régimen de veinticuatro horas de guardia como factores protagónicos.

  El laudo que paga ASSE por este tipo de traslados no nos ha permitido contar con un servicio propio de traslado especializado hasta la fecha, más si se considera que además no hay suficientes médicos residentes en Bella Unión que pudieran hacer ese tipo de traslado, por lo que para generar el servicio, los médicos deben trasladarse desde otras parte del país, y la remuneración no contempla dichas circunstancias

  Por estas mismas razones, no se pudo conseguir otros profesionales que cubrieran los cargos vacantes.

  Adicionalmente, la situación previa a la instalación de la emergencia Siemm en Bella Unión era que para traslados especializados se contrataban servicios de ambulancias de Salto o Artigas, pero, a veces, las empresas demoraban demasiado. Por ejemplo, EMMI iba desde Salto a Bella Unión con un recorrido de 140 kilómetros, pero en el caso de Artigas, en invierno, con mal clima, los vehículos no tienen paso por la ruta y no era posible contar con ellos. Hay que destacar que además hay patologías que son tiempo dependientes y que la demora en el traslado hasta llegar a un centro de referencia puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, por ejemplo, los politraumatizados graves, patologías cardiovasculares, cerebrovasculares, gineco ‑obstetras y neurológicas, entre otras.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).‑ ¿Usted está afirmando que hasta que se contrató a la empresa Siemm el hospital de Bella Unión no disponía de un móvil para traslados especializados?

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ No; tenía el móvil, pero se había quedado sin los médicos. Habían renunciado los tres médicos y no se pudo cubrir esas vacantes.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).‑ Entiendo que hasta que se dio esa circunstancia de los médicos que además coincide con que se funda la empresa en Bella Unión y contrata a algunos médicos que estaban en el hospital, el hospital tenía capacidad de hacer traslados especializados. Los hizo; no tenía que contratar ni en Salto ni en Artigas. En general, los podía hacer.

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ No todos. La primera cuestión es que no se debe olvidar que de Bella Unión a Montevideo hay ocho horas: donde haya un paciente que este viniendo en un traslado y aparezca un segundo paciente que haya…

  (Interrupciones)

——Sin lugar a dudas. O sea que, en realidad, siempre se recurrió a la compra por otros servicios.

  Lo cierto es que ese servicio de 2007… En 2013 ya llega que no hay ningún médico, pero las renuncias empezaron a darse en 2010, 2011. Por lo tanto, ya se había empezado a comprarles mucho más a las empresas tanto provenientes de Salto como de Artigas.

SEÑOR LEMA (Martín).‑ Me gustaría tener el listado de los médicos que fueron renunciando.

  Además, se está hablando de traslados especializados, pero Siemm también se contrata para traslados comunes. Se habla de las dificultades en las ambulancias especializadas, ¿cuál era la dificultad en los traslados comunes, para que se empezara a contratar a Siemm?

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ Para contestar brevemente, las renuncias que traje hoy aquí son la de la doctora Carolina Pereyra Souto, que renunció por embarazo; la del doctor Jesús León, porque empezó la especialización; y la del doctor Daniel Manassi, que no plantea cuál es el motivo. Son los tres médicos que tenían en ese momento.

  Continúo. Las circunstancias llevaron a que en el mes de julio del año 2013 se hiciera una licitación para traslados, la N° 23 de 2013. La única empresa que se presentó en ese momento fue Siemm, con el valor agregado de disponer de unidades móviles en la propia ciudad de Bella Unión, extremo que solucionaba problemas asistenciales existentes hasta el momento.

  Con respecto a la pregunta que hizo el diputado Rubio, aquí se señala que los dueños de la empresa son el hoy director general del Centro Hospitalario Pereira Rossell, Federico Eguren; el director del Hospital Pediátrico del mismo centro, Rodrigo Barcelona; y el director del Hospital de Salto, Marcos García. En el año 2011, cuando se creó la empresa, Eguren era director del Hospital de Bella Unión y Barcelona se desempeñaba como pediatra. De 2013 a 2014, el director en Bella Unión fue el doctor Marcos García.

  Desde la Administración no corresponde pronunciarse sobre la integración de dicha empresa, pero sí damos cuenta de la cronología de la integración de los sucesivos equipos de gestión del Hospital de Bella Unión. Entre 2004 y 2005, la directora fue María Elena Curbelo, la subdirectora, Yamila Solari, y la directora administrativa, María del Rosario Souza. Entre 2015 y 2007, el director fue Gerardo Aires y el subdirector, Rodríguez. De 2007 a junio de 2012, el director fue Federico Eguren, el subdirector, Washington Pereira, el adjunto, Marcos García, la administradora, Rosario de Souza, y la gerente financiera, la contadora Mercedes Moraes. De junio de 2012 a agosto de 2014, el director fue Marcos García, el subdirector, Washington Pereira, la administradora, Rosario de Souza, la administradora, Mariel Pereira, la gerente financiera, la contadora Mercedes Moraes. Y de agosto de 2014 a mayo de 2015, quedan, como director interino, Washington Pereira, como administradora, Mariel Pereira y, como gerente financiera, Mercedes Moraes. De mayo de 2015 a marzo de 2016, la directora fue Valeria Celada, el subdirector, Washington Pereira, el adjunto, Andrés Silva, la administradora, Mariel Pereira, la gerente financiera, la contadora Mercedes Moraes. Y de marzo de 2016 a la fecha, la directora es Natalia Domínguez, el subdirector, Washington Pereira, el adjunto, Andrés Silva, la administradora, Rosario de Souza, y la gerente financiera, Mercedes Moraes.

  Sin perjuicio de los aspectos denunciados y de las observaciones referidas por la auditoría interna, también se concluyó ‑como ya dijimos‑ que el equipo de gestión, si bien construyó una estructura de servicios tercerizados eficiente y eficaz, admite que existen tercerizaciones de los servicios médicos cuyos procedimientos no se ajustan a las normas vigentes, pero se ejercen con la finalidad de mejorar la atención a la comunidad.

  Por otra parte, con respecto al ítem contenido a Foja N° 51 de la denuncia, que señala que la auditoría interna y de gestión de ASSE de octubre de 2014, en sus conclusiones, advierte por el gasto generado en la contratación de Siemm, estableciendo que el mismo estuvo viciado en su origen por carecer la empresa de habilitación del Ministerio y presentar varios indicios de conflicto de intereses, con múltiple personal de ASSE afectado a tareas similares en el Hospital de Bella Unión, y que también dice que más adelante, en noviembre de 2013, la auditoría interna de ASSE, en lo que refiere a traslados asistenciales, advierte por conflicto de intereses en relación a la contratación de traslados comunes y especializados a Unión de Emergencia Médica Siemm, cabe informar que ‑tal y como fuera indicado en la interpelación‑ al tomar conocimiento de esta observación, solicité a los directores regionales información al respecto y el Directorio dispuso la instrucción de una investigación administrativa.

  Asimismo, el 9 de diciembre de 2015, el Directorio de ASSE se hizo presente en la Comisión de Salud de Diputados, presentó copias de todas las auditorías realizadas. El 6 de mayo del año 2016, en virtud de las conclusiones de la investigación, asesoradas por la Dirección de jurídica de ASSE, se sanciona al director por una falta administrativa. Se consideró, para la gravedad de la sanción, que el propio sancionado, cuando era director de Bella Unión, solicitó por nota escrita, fechada el 11 de marzo de 2013, se designara otro ordenador de gasto en la unidad para la licitación vinculada a traslados.

  Por otra parte, el 2 de agosto de 2016 se envía respuesta al diputado Lema acerca de una serie de consultas, entre las que se encontraban varias vinculadas a traslados. Con respecto al incremento del gasto, el cual se califica como inexplicable en la denuncia realizada por los señores diputados, corresponde informar que el gasto de contratación de servicios tercerizados de traslado en el año 2012 se corresponde a lo que no se podía cubrir con los servicios propios de la unidad ejecutora. Asimismo, hasta mediados del año 2013, el equipo de traslados de la unidad ejecutora siguió funcionando. A partir de las renuncias de estos profesionales que recién mencionamos, el sistema colapsó, por lo que la contratación de un servicio tercerizado fue inevitable. Se realizó el procedimiento licitatorio correspondiente y se adjudicó.

  Por lo tanto, la comparación que se realiza entre 2013 y 2014 debe tener en cuenta que el gasto de 2013 se corresponde con seis meses de la empresa tercerizada y seis meses de equipo propio. Y en el año 2014 se corresponde completamente con los costos de la empresa contratada. Esto se corrobora, en la medida en que los gastos de 2015 son similares a los de 2014.

  Por último, en 2016 se realiza nuevamente un proceso licitatorio, de acuerdo con lo que marca la ley, sin que hubiera habido aumento de costo en relación a 2014 y 2015.

  A modo de conclusión con respecto a la denuncia presentada por los traslados en Bella Unión, nuestra intervención se centra en dar cuenta de la existencia de motivos reales y suficientes que justificaron plenamente la tercerización del servicio. En ese sentido se da cuenta de la renuncia de los tres médicos que integraban el servicio, que coinciden temporalmente con el preámbulo de la licitación del servicio. Se evidenciaron las razones existentes para no acudir a la contratación de empresas fuera del departamento, esgrimiendo que dichas empresas demoraban demasiado: por ejemplo, EMI, que venía desde Salto, a 140 kilómetros, y las de Artigas, que no tenían paso. Estas circunstancias concretas y reales determinaron que se ponderara y posteriormente resolviera licitar el servicio. Con esto no estamos justificando en forma alguna el eventual conflicto de interés denunciado.

  Por otra parte, existen elementos en la denuncia sobre los cuales no nos corresponde pronunciarnos, como la enunciación de los propietarios de las empresas. Sin embargo, sí hemos dado cuenta de la integración de nuestros equipos de gestión, para que el Parlamento tenga la información completa y hemos procedido y procederemos en la sede judicial con respecto a los procedimientos en curso.

  En cuanto a lo expresado en la denuncia y en múltiples medios de prensa por los señores legisladores respecto del incremento del gasto en traslados de Bella Unión, hemos aportado datos del contexto histórico, dando cuenta de los motivos por los cuales ese gasto se incrementó.

  Por otro lado, ese incremento es producto de que se pasó de tener un servicio propio de traslados a un servicio mixto ‑público y privado prestaban el servicio‑, a un servicio eminentemente basado, después, en el privado. Por lo expuesto, el multicitado incremento responde a que cuando el servicio era propio, el gasto no era documentado de la misma forma, ya que implicaba pago de salarios, compra de insumos, camionetas, combustible, gastos que, en definitiva, se adicionan en distintas cuentas, en un complejo sistema de contabilidad de los público, mientras que, en la tercerización, sueldos, inversiones, gastos de funcionamiento y renta de la empresa se adicionan todos juntos en el precio del contrato, expresando una cifra total final. Por ello, en el caso de la tercerización es más fácil de ver el gasto en traslados, ya que alcanza con ver el aumento en lo facturado a ASSE, mientras que tratándose del mismo servicio, pero prestado por ASSE, el gasto se fracciona en diferentes cuentas públicas: gastos, inversiones, sueldos. Esta compleja explicación pretende aclarar el hecho de que no es cierto que antes no se gastaba nada en traslados o muy poco y luego se gastó mucho, lo cual nos hace incurrir en un razonamiento falaz y circular consistente en considerar o bien que antes no se hacían los traslados necesarios o bien que luego se hacían demasiados traslados producto de la tercerización.

  En ASSE nos auditamos para encontrar errores y cuando los encontramos, investigamos hasta llegar a la causa y a la hora de aplicar sanciones o correcciones lo hacemos pensando en la mejor administración de los servicios. En este caso, decidimos hacer una consulta al Tribunal de Cuentas sobre la situación en concreto. Esto se llevó a cabo en una reunión que mantuvimos junto con el señor ministro de Salud Pública y la subsecretaria, con el presidente del Tribunal de Cuentas, en aquel momento el doctor Siegbert Rippe. Asimismo, enterados de que la justicia había decidido investigar el caso de los traslados en Bella Unión, personalmente instruí al secretario letrado y director de la Unidad de Transparencia, que hoy nos acompaña, el doctor Martín Espósito, para que pusiera a ASSE a total disposición a fin de colaborar con la investigación, aportando en forma rápida y segura, toda la información que fuera necesaria y al momento ya hemos enviado al juzgado más de 3.000 fojas de documentos.

  Quiero destacar que, con fecha 29 de setiembre de 2016, la auditoría de ASSE informó que en las auditorías realizadas en 2015 y 2016, en las unidades Bella Unión, Soriano, Dolores, Florida y Flores, no se detectaron nuevas situaciones de conflicto de interés entre los integrantes de los equipos de gestión de las unidades ejecutoras auditadas con empresas contratadas. Y quiero reafirmar la vocación de este Directorio, que es la de administrar los servicios de salud poniendo como eje principal a los usuarios, sin descuidar la correcta administración de los recursos y hacerlo en un marco de absoluta transparencia.

  De las preguntas que hacía el diputado Lema, varias quedaron contestadas.

SEÑOR LEMA (Martín).‑ La presidenta de ASSE dijo que en Bella Unión, antes de Siemm, no se contrataba empresas para el servicio de traslados. ¿Es así?

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ No, lo que dije es que teníamos una ambulancia de traslados y tres médicos que hacían traslados. Esos médicos fueron renunciando. Pero inclusive, por la pregunta que hacía el diputado Rubio, mientras se realizaban traslados, muchas veces surgía la necesidad de contratar alguna empresa, sea la de Salto o la de Artigas.

  En relación a la pregunta inicial que hacía el diputado denunciante, en cuanto a si teníamos conocimiento de que participaban funcionarios de ASSE, respecto del Directorio anterior, no lo puedo saber; voy a contestar en forma personal: sí tenía conocimiento de que participaban funcionarios de ASSE, lo cual es bastante común y diría que es la regla general que las personas en la salud, en este país, tengan uno o varios empleos, por lo menos, en salud y, fundamentalmente, en el interior del país. La inmensa mayoría trabaja como dependiente, pero sucede también que, a veces, hay varios que son dueños de tecnologías o de empresas de procedimientos que venden a los lugares donde trabajan o a otros lugares. Muchos de los trabajadores tienen empresas que brindan servicios privados. El caso de Bella Unión no escapa a esta situación general. Hasta el momento, eran médicos que iniciaron una empresa conforme a las reglamentaciones vigentes y fueron autorizados a su creación por el Poder Ejecutivo, que yo en ese momento no integraba.

  La empresa fue autorizada a crearse por una resolución firmada por el ministro de Salud Pública que me precedió y el presidente de la República. Y en la constitución de la empresa, no solo no había nada malo sino que, por el contrario, era una buena noticia para la ciudad de Bella Unión.

  Ustedes saben que los servicios de salud en el interior del país son mucho más difíciles de sostener que en Montevideo o en las capitales departamentales por obvias razones. La primera y principal es la carencia de recursos humanos especializados. Si en el interior es difícil, cuanto más lejos se está de Montevideo, esa dificultad se acrecienta.

  Esas personas iniciaron un emprendimiento que se regía por las reglas del derecho privado. Por lo tanto, tenía otras facilidades de contratación de personal, compra de vehículos, materiales y otros insumos. Esa no es la situación de ASSE, en donde, como saben, estamos topeados en cuanto a los rubros, a las vacantes y los procedimientos de contratación, lo que muchas veces no se adecua a las necesidades asistenciales.

  Además, en el supuesto de que la creación de esta empresa de traslados era un beneficio para la población de Bella Unión que contaría con ella, cuando fui invitada a participar en mi calidad de ministra, no dudé en hacerlo, porque era una buena noticia para Bella Unión. Así es que participé en un acto público con vecinos, prensa, autoridades locales y nacionales. No fui a escondidas a realizar ninguna actividad que no correspondiera.

  Otra circunstancia muy diferente es la situación administrativa de la contratación de este servicio por parte de ASSE.

  Lo que quiero dejar en claro es que no participé desde el Ministerio de Salud Pública en la creación de la empresa. Una vez en ASSE, como presidenta y junto al Directorio, hemos decidido precisamente, seguir una línea de transparencia. Ustedes saben que hemos publicado el ciento por ciento de las resoluciones que hemos adoptado como Directorio.

  En cuanto al plan de auditorías del cual surge que en Bella Unión pudo haber problemas de conflicto de interés, se hizo por parte de esta administración una investigación administrativa. Es decir, que esto surge de parte de nuestras auditorías y, luego de conocido el informe, hacemos una investigación para esclarecer los hechos. De esa investigación surgió que uno de los funcionarios de ASSE tenía una incompatibilidad por la que no podía firmar la licitación. Para hacerlo de forma sucinta, puesto que ya hemos explicado esto al Parlamento, en la interpelación, reitero que la división jurídica asesora al Directorio en el sentido de que solo uno de los funcionarios era pasible de sanción, que la misma debía ser atenuada por el hecho de que el funcionario había advertido, por escrito, a la Administración, que podía llegar a haber un conflicto y solicitaba no participar del procedimiento. Luego, por demoras en el procesamiento de esa solicitud, termina participando, por lo que es considerado una falta y se lo sanciona. Una vez que el hecho tomó estado público, el fiscal inicia una investigación en la órbita del Poder Judicial y desde ASSE nos pusimos a las órdenes desde el primer momento.

  En cuanto a las contrataciones de esta empresa, fuimos nosotros, el Directorio, el que solicitó al Tribunal de Cuentas que nos diera por escrito una resolución en cuanto a la regularidad o no. Hicimos una consulta en general dado que muchas veces el Tribunal de Cuentas ha entendido que ASSE tiene que ser considerada como una única empresa y otras veces admite que se pueda manejar como distintas unidades ejecutoras. Me parece que es bien importante señalar eso.

  El Tribunal nos contestó de forma unánime y categórica que ASSE era una sola, que no correspondía la contratación de empresas de personas vinculadas a ASSE y, por este motivo, decidimos dejar sin efecto la contratación de Siemm, entre otras.

  El servicio de hoy se cubre con ambulancias propias, salvo situaciones de emergencia en las que corra riesgo la vida de las personas. Es lo que decíamos hoy: si mientras se está realizando un traslado, aparece otra persona que tenemos que trasladar, se recurre a la compra directa.

  Quiero destacar ‑y que conste en la versión taquigráfica‑ que la situación sanitaria en Artigas, en especial en Bella Unión, antes del año 2006 era calamitosa. Todos recordamos las cifras de mortalidad infantil ‑sobre las que se volvió a hablar hace pocos días en el Parlamento‑, que eran de las peores del país. Las condiciones eran pésimas; la salud llegaba en cuentagotas.

  Luego de la reforma de la salud, se multiplicó la inversión en Bella Unión y se lograron avances sustanciales: una sala de internación médico‑ quirúrgica con 16 camas; Maternidad nueva con 8 camas; Pediatría, con 8 camas y ahora se cuenta con pediatra las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año. Esas son las 32 camas sobre las que les hablaba. Son habitaciones con dos camas y su baño privado. El block quirúrgico con dos salas, fue inaugurado en 2011, con mesas de operaciones nuevas y electrónicas, cialíticas, carros de anestesia de gran calidad, torre de cirugía laparoscópica, videograbación, instrumental laparoscópico, cajas para esterilización en autoclave, entre otros recursos. También en 2011 se comenzó a brindar el servicio de imagen con radiografías, ecógrafo y mamógrafo. Desde ese mismo año también se realizan tratamientos oncológicos. La farmacia de Bella Unión tiene servicio de veinticuatro horas. En 2002, instalamos un centro de recolección de leche materna. Hay nursery de baja complejidad con dos incubadoras, termocuna e incubadora de traslados.

  En el año 2013 se instaló una nueva oficina de atención al usuario y se mejoraron los servicios de apoyo, como cocina y lavadero. Bella Unión tiene un laboratorio propio y desde 2015, centro de materiales para realizar fisioterapia.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Seguro que en diez años se hicieron muchas cosas, pero yo le pediría que se remitiera a lo que está referido en las preguntas. Estamos hablando de un período de casi diez años y si nos va a contar todo lo bueno que se hizo, que seguramente se deben haber hecho muchas cosas… Le pediría que se refiriera a las preguntas.

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ En referencia a las preguntas que hizo el señor diputado Lema, prácticamente ya las contesté todas, salvo algunas.

  La ambulancia Hyundai, que se compró en 2012, se da de baja. En realidad, lo que no existían eran los recursos humanos para esa ambulancia.

  Lo del aumento del gasto, por qué baja en el año 2013, el cambio en los kilómetros, ya se explicó; también la consulta al TCR. Y cuánto sale una ambulancia especializada, no lo trajimos hoy, pero se lo mandamos con muchísimo gusto. Una ambulancia especializada al año, aproximadamente, cuesta US$ 1.000.000, con los recursos humanos.

SEÑOR LEMA (Martín).‑ No tengo ningún inconveniente en reconocer que se pueden haber hecho cosas no solamente en Bella Unión, sino en muchos lugares del país, y eso obedece a muchas decisiones que se pueden haber tomado correctamente, aunque hay de las otras, como en cualquier tipo de administración. La Comisión Investigadora en este momento, precisamente, no está cuestionando ni repasando ninguno de esos hechos que pueden haber ocurrido favorablemente, y hay que reconocerlo. Quiero hacer un reconocimiento a las afirmaciones que hizo la señora Presidenta de ASSE. En primer lugar, dijo que hay auditorías realizadas por la propia ASSE, y tiene razón. Cuando el miembro de la oposición en el período pasado solicitó la realización de auditorías, es verdad que fue acompañado por el resto del directorio y, en ese sentido, se le hace un reconocimiento.

  (Interrupciones.‑ Diálogos)

——Por otro lado, es cierto que se hizo una consulta al Tribunal de Cuentas. Lo que me llama la atención es que se hizo cuatro años después de estar contratando a la empresa y en vísperas de una interpelación. Acá empiezo con las repreguntas de lo que no fue contestado. ¿Es cierto lo que dijo el miembro del directorio, Pablo Cabrera, en el programa Todas las Voces, en cuanto a que el servicio desde ASSE va a tener un costo de $ 13.000.000 al año? Quiero saber si es cierto.

  En segundo lugar, quisiera saber si la presidenta de ASSE en el año 2011 recomendó a hacer un convenio con Siemm Srl. Quiero saber si eso es cierto.

  Por otro lado, quisiera saber si cuando ella era ministra, cuando un ministro es el rector y la policía sanitaria tanto en materia asistencial como en la administración de recursos, no le llamó la atención que en la inauguración de una empresa privada estuviera la presidenta de ASSE, con directores de hospitales de ASSE. Yo entiendo, y es cierto, que el ministro de Salud Pública de ese entonces puede haber asistido en forma protocolar, como en las muchas inauguraciones a las que pueda concurrir. Pero, cuando va una presidente de ASSE antes de empezar a funcionar con ASSE, ¿en calidad de qué está la presidente de ASSE? ¿No le llamó la atención? En su rol de ministra de Salud Pública, ¿no le dio algún tipo de curiosidad?

  Por otro lado, hay algo que no puedo dejar pasar. Se dijo que la ambulancia en el año 2012 se dio y, después, se dio de baja porque no había recursos humanos. ¿No hay una planificación a la hora de entregar una ambulancia? O sea, se entrega una ambulancia sin saber cómo va a funcionar, si están los recursos humanos y demás. Eso habla de una gestión bastante compleja.

  Insisto, se hace la comparativa de 2013 en adelante. Parecería que solamente se puede medir Bella Unión en traslados desde que se adjudica a Siemm Srl. Nunca se preguntó el incremento 2013, 2014, 2015… Estoy hablando de 2012 a 2013. Insisto, ¿cuántos kilómetros fueron en 2012? No de 2013 en adelante, porque esa información ya la han suministrado. Quiero hacer el comparativo en cantidad de kilómetros.

  Por otro lado, tengo resoluciones de Gremeda, pero lo voy a dejar para una segunda instancia. Por ahora, eran estas repreguntas concretas.

  (Diálogos)

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Tengo varios diputados anotados. En primer lugar, al señor diputado Gallo.

  (Interrupciones)

SEÑOR GALLO (Luis Enrique).‑ No… Puede hacer uso de la palabra el señor Rubio...

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Tiene la palabra el señor diputado Rubio entonces.

  (Interrupciones)

SEÑOR RUBIO (Eduardo).‑ Sí, acá hay muchos bandos, diputada. Para privatizar hay uno solo y otros estamos en contra. Hablando de bandos…

  (Interrupciones)

——Hablando de bandos, digo… Como allí hablaron de los bandos.

  (Interrupciones)

SEÑOR PRESIDENTE.‑ No dialoguen por favor. Tiene la palabra el señor diputado Rubio.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).‑ Yo la escuché, diputada.

  La Presidente de ASSE plantea que cuando asume, y es verdad, no estaba en ASSE cuando se contrata a esta empresa. Tenía claro conocimiento de quiénes eran los dueños. No le pasó lo mismo a la doctora Beatriz Silva que fue a Bella Unión sin saber quiénes eran los dueños de la empresa.

  Me gustaría saber si la opinión del directorio de ASSE es que este tipo de contratos es impresentable. Si este directorio coincide en que no es que pudo haber conflicto de intereses, sino que estos contratos están mal. No pueden contratar con ASSE funcionarios de ASSE que tengan empresas; no se pueden contratar a sí mismos. Esta es una opinión que me gustaría tener de la presidenta o del directorio.

  Hasta el 2012 Bella Unión resolvió la mayor parte de los traslados. Está claro que cuando los móviles están ocupados y hay una emergencia, naturalmente, hay que salir a buscar las soluciones ‑eso es la excepción, no la regla‑ y, además, se justifica por una razón de vida. Pero justo en 2011, 2012, cuando uno de los dueños de la empresa es director, el hospital empieza a quedarse sin posibilidad de cubrir los traslados. Cuando la empresa se funda en 2012, Siemm, a partir de ahí, el hospital de Bella Unión empieza a tener problemas; hasta entonces, cubría traslados especializados, comunes, y cuando no daba abasto, contrataba. Tengo un dato acá que dice que hay un promedio de dos traslados diarios en Bella Unión. No sé si es correcto, pero es una cantidad importante.

  Se habló del doctor Manassi, que creo fue uno de los últimos que estuvo cubriendo casi veinte días de guardia. Sé que tuvo problemas en el hospital; terminó yéndose de Bella Unión. Tengo entendido que tuvo serios conflictos, precisamente, con los directores de la emergencia y algún conflicto interno. Quiero saber si hay alguna información oficial sobre esta situación. El doctor ya falleció, o sea, no puede ser testigo de esta Comisión Investigadora.

  Quiero preguntarle si ASSE tenía conocimiento de que funcionarios del hospital cumplían las mismas funciones en la emergencia que en el hospital, por ejemplo, jefe de traslado, médicos de emergencia, de un lado y del otro; si se constataba eso. Es comprensible el doble y el multiempleo por razones de insuficiencia salarial, que es lo que se da en la salud, pero quiero saber si no llama la atención o el observado el hecho de que el multiempleo coincida con responsabilidades comunes en ambos lados.

  Quiero preguntarles si tenían conocimiento de que para los traslados la empresa Siemm utilizaba insumos del propio hospital, de todo tipo, hasta los tanques de oxígeno. Esto ha sido expresado por funcionarios del hospital.

  También, quiero saber si no ha llegado ninguna denuncia a ASSE de que la empresa Siemm ‑o la U, como le dicen en Bella Unión‑ que tiene socios para atención, atiende a sus socios y después les da recetas del hospital para retiro de medicamentos en forma gratuita. Quiero saber si esto lo conocen y, en caso afirmativo, si esto es legal.

  (Diálogos)

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).‑ Después voy a hacer algunas preguntas, pero ahora quiero hacer uso de la palabra por una cuestión de orden.

  Voy a dejar constancia que algunas de las preguntas que se hicieron no son pertinentes. El Directorio no puede contestar si una contratación es impresentable o no. Estamos hablando en términos jurídicos. Creo que la presidenta ya contestó, pero quiero dejar constancia de que aquí hay una pregunta que es impertinente; me refiero a la de si es o no impresentable una contratación.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ En todo caso, todos asumimos que la expresión "impresentable" significa si es pertinente.

SEÑORA BOTTINO (Cecilia). De todos modos, señor presidente, quiero dejar la constancia, tal como lo hice la semana pasada.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).‑ La pregunta ya está hecha. Para mí es impresentable, además de ser ilegal. Lo que pregunto al Directorio si entienden que es correcto que esto suceda.

SEÑOR PEÑA FERNÁNDEZ (Daniel).‑ Mi intervención va en la misma línea que la del diputado Rubio.

  Se emitieron algunas expresiones por parte de la presidenta de ASSE que me gustaría repetir porque, aunque ya constan en la versión taquigráfica, pasó como un hecho inadvertido.

  A pesar de haber escuchado que con sinceridad dijo que conocía a los integrantes cuando fue a Bella Unión y que en el ámbito de la salud esto se conoce claramente ‑no sucedió lo mismo la semana pasada con la ex presidenta de ASSE‑, al pasar afirmó que es sabido que muchos funcionarios de ASSE tienen empresas, que se las venden a ASSE y que esto es común. Esta afirmación es de una gravedad brutal, si esto es cierto. Por ello, me gustaría que se repitiera, a pesar de que, sin duda, consta en la versión taquigráfica.

  Hace muchos años que el Uruguay tiene en su legislación ‑me gustaría decirlo porque, por expresiones públicas que la propia presidenta ha tenido con respecto a sucesos en otro hospital del norte del país, parce que no es muy adepta a las normas‑ la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en la que hay una serie de artículos y expresiones que establecen lo que es la corrupción privada.

  En cuanto a la corrupción privada es catalogado claramente como delito la expresión de la presidenta de ASSE. Si bien todas las personas tienen derecho al trabajo, en el ámbito público y privado, cuando este trabajo usa información privilegiada para el beneficio de su tarea en lo privado, en el Uruguay se lo considera delito.

  Por lo tanto, voy a plantear preguntas específicas. Si se conoce esa situación y es común, ¿cuáles son esas situaciones? ¿Ha existido algún tipo de denuncias de algo que, aparentemente, según palabras de la presidenta de ASSE, es común en la salud pública?

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).‑ Nuevamente voy a plantear una cuestión de orden.

  Nos dimos un régimen de trabajo; dijimos que íbamos a preguntar, pero se han hecho afirmaciones y apreciaciones, inclusive, sobre expresiones y respuestas, que no corresponden. Si vamos a cambiar la metodología, lo hacemos todos. Yo quiero marcar que sigamos el camino que habíamos empezado a transitar, que es lo que luego nos va a permitir a todos sacar las conclusiones que nos corresponde como legisladores de esta Comisión. Llegado el momento, seremos nosotros quienes haremos las evaluaciones de las declaraciones. Veo que no se está siguiendo ese camino y me surgen dudas.

  Yo también me anoté para hacer uso de la palabra; tengo preguntas y manifestaciones para hacer, pero veo que cuando se da la palabra a miembros de la oposición, se realizan evaluaciones, prejuzgamientos y categorizaciones y, finalmente se plantea la pregunta.

  Le pregunto, señor presidente: ¿seguimos por ese camino o volvemos al régimen inicial de trabajo?

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Quiero ser bien claro.

  Otra vez… La semana pasada pasó lo mismo, diputada Bottino. Usted cuestionó a los diputados de la oposición por hacer lo mismo que usted hace cuando pide la palabra: evaluaciones, prejuzgamientos y opiniones sobre lo que dicen los diputados de la oposición.

  Entiendo que debe existir cierto grado de tolerancia al contextualizar las preguntas. Si las intervenciones fueran solo para hacer ese tipo de cosas, vaya y pase. No ha pasado tanto tiempo. Ellos hicieron una introducción y después la pregunta. Me parece que eso no genera ningún desorden; desorden generan estas cosas.

  Si hay una intención deliberada de desvirtuar la reunión, vamo arriba… Pero me parece que no corresponde.

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).‑ Entonces, voy a participar ahora.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Tiene la palabra, la señora diputada Bottino.

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).‑ Muchas gracias, señor presidente.

  Por supuesto que no está en mi ánimo desvirtuar ninguna reunión de esta Comisión. Por el contrario, en mi ánimo está contribuir a que las correctas exposiciones sigan por ese camino. Simplemente quería averiguar para saber si intervenía ahora o no. Lo voy a hacer por lo que usted recién expresó.

  Con respecto al ítem 3), Traslados, voy a remitirme al informe de la directora regional de la Región Norte de ASSE, doctora Valeria Celada; documentación incluida en lo que tenemos para estudiar. Por lo tanto, en nuestro caso, ha sido fuente de información y la considero parte integrante de lo que ya se ha respondido por parte de ASSE, y parte de la información que tenemos para estudiar.

  Respecto al ítem 3), Traslados, la señora directora regional informa ‑en base al informe que se hace de la auditoría externa‑ que desde el año 2007 hasta 2012, la unidad ejecutora dispuso de tres médicos retén en un régimen mensual de diez días cada uno para realizar los traslados. El pago de los mismos es efectuado por comisión de apoyo local. Esta modalidad de servicio dificultaba muchas veces la logística ya que en ocasiones, estando el médico en un traslado, surgía la necesidad de trasladar otro paciente y siendo las distancias tan alejadas, no se llegaba a tiempo y muchas veces la capacidad física del médico no le permitía hacer un nuevo viaje. Así se fue desgastando el servicio, y los médicos fueron renunciando ‑eso está en los anexos 3.1 y 3.2‑ ya que además la remuneración era muy poco atractiva comparativamente con el subsector privado. Por las mismas razones no se pudo conseguir otros profesionales que cubrieran los cargos vacantes. La contratación de servicios tercerizados de traslados de otros departamentos presentaba también serios inconvenientes porque los tiempos de llegada del móvil a Bella Unión muchas veces eran incompatibles con la situación clínica del paciente, a lo que había que sumar luego el traslado al destino propiamente dicho. Esto era una fuente de angustia, cuando no de desesperación de la familia y también de los profesionales actuantes. En julio de 2013 se hace una licitación para traslados, número 23 de 2013, anexo 3.5. La única empresa que se presentó fue Siemm, con el valor agregado de disponer de unidades móviles disponibles en la propia ciudad de Bella Unión, extremo este que solucionaba los problemas asistenciales existentes hasta el momento.

  Voy a formular una pregunta concreta. Dada la situación narrada ‑reitero, en respuesta dada por la doctora Valeria Celada, directora regional de la Región Norte de ASSE, a la auditoría externa‑ ¿qué opinión tenían los usuarios de las dificultades constatadas?

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).‑ Buenos días. Disculpen el arranque de la sesión; todo se va a encauzar.

  Tengo una serie de preguntas concretas.

  La primera es: ¿los directores de las unidades ejecutoras firman declaración jurada ante la Jutep?

  Lo otro ‑porque quiero que quede registrado en la versión taquigráfica‑ es que me gustaría conocer la línea de tiempo desde la creación de la empresa Siemm a la fecha. En el transcurso del debate parecería que las autoridades actuales de ASSE están siendo ‑por lo menos es lo que uno presume‑ cuestionadas. Pero, por lo que tengo entendido y por lo que establecen los informes, de acuerdo a lo que dice el Tribunal de Cuentas, se han tomado distintas acciones. Me refiero a las auditorías y a la constatación de irregularidades, que no estoy defendiendo; que quede claro. Me parece que en la sala todos tenemos claro que acá hay un conflicto de intereses entre los dueños de la empresa y la dirección del hospital. Entonces, me quedaría muy tranquilo si se hiciera una línea de tiempo, porque aclararía mucho la situación del Directorio.

  Lo que más me preocupa para el desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Salud es la última resolución del Tribunal de Cuentas. Me gustaría que se leyera. Porque una cosa es tener una empresa privada y ser ordenador del gasto en la unidad ejecutora que me contrata ‑una cosa, a mi entender, absolutamente condenable‑, pero, de acuerdo con lo que tengo entendido, el informe del Tribunal de Cuentas va mucho más allá, lo que haría prácticamente imposible, en el interior del país y también en Montevideo, la asistencia de los pacientes. O sea, no se podría trabajar en los hospitales.

  Entonces, resumiendo, me gustaría conocer tres aspectos: si firman declaraciones juradas antes de ingresar; la línea de tiempo desde la creación de la emergencia móvil a la fecha ‑con los informes del Tribunal de Cuentas y las auditorías‑ y, una vez conocidas las auditorías, qué acciones tomó ASSE, y que se lea la última resolución del Tribunal de Cuentas que, a mi entender, hace incompatible cualquier tipo de trabajo entre la salud pública y la salud privada.

SEÑOR CHARAMELO (Richard).‑ Voy a hacer dos preguntas: una, para la presidenta de ASSE y, otra, para el director por los trabajadores.

  En su momento, se habló de sanciones a uno de los directores. Quisiera saber cuál fue la sanción ante una incompatibilidad, desde el momento en que ese funcionario estaba de los dos lados del mostrador.

  Al director por los trabajadores le pregunto cuál es su opinión sobre esta situación con la empresa Siemm. Cuando ingresó la empresa Siemm, se adujeron razones de servicio y demás, pero queda claramente demostrado que después de la empresa Siemm se sigue haciendo lo mismo que antes y el servicio sigue. Como ha sido una prédica de los trabajadores el estar en contra ‑por lo menos a priori‑ de las tercerizaciones y de los servicios privados, quisiera saber cuál es su opinión sobre esta empresa puntual, porque hubo un corrimiento y gente que estaba en la parte pública pasó a la parte privada.

SEÑOR MUÑIZ (Susana).‑ Se han realizado varias preguntas, así que voy a tratar de ordenarlas.

  Entre las preguntas del diputado Lema hay una dirigida al licenciado Pablo Cabrera, que después él va a contestar.

  El diputado Lema me pregunta si en 2011 hice recomendación de un convenio con ASSE. Claramente, eso no es así. Traje el papel en el cual se me adjudica que yo firmo un convenio, y es una cosa bien distinta.

  Ustedes saben que hasta el año 2012 no existía en la ciudad de Bella Unión lo que se llama la cobertura de clave 1. Para que los que no son médicos entiendan, aclaro que la clave 1 es el servicio que, por ejemplo, tenemos aquí: frente a un politraumatizado grave se llama por teléfono al 911, que deriva al servicio de ambulancias correspondiente, para que vaya a recoger al paciente. Eso no existía en Bella Unión, entre otras cosas, porque no había ningún servicio de ambulancias.

  Cuando este servicio empieza a estar en funcionamiento, Unasev le solicita que también se haga cargo de la clave 1. En la habilitación de los servicios de traslados móviles se establece claramente que siempre tiene que tener un segundo móvil de respaldo; es decir: en la ciudad siempre tiene que quedar un segundo móvil.

  El 1º de diciembre de 2011, siendo yo la directora de los Centros de 2º Nivel de Atención del Interior, recibo la propuesta de que ASSE ponga el segundo móvil, para que Bella Unión tenga un servicio de cobertura de clave 1.

  Voy a leer textualmente el documento, del que dejaré copia: "Montevideo, 1º de diciembre de 2011.

A: Desarrollo Institucional De: Dirección de Centros del 2º Nivel de Atención del Interior Asunto: convenio de complementación por cobertura de clave 1 en Bella Unión Se envía para su consideración el presente convenio" ‑también lo tengo acá‑ "sobre la cobertura de la clave 1. En opinión de esta Dirección suscribir el mismo no implica" ‑lo dejo claro‑ "ninguna erogación para ASSE," ‑era tener el móvil por si el otro estaba trasladando un paciente‑ "y por otro lado, beneficia una población que hoy no tiene cobertura de clave 1 de ningún tipo.

En cuanto al punto 2.3 que es el compromiso de ASSE 'aportar un segundo móvil', es una situación poco frecuente, y que en caso de darse como por ejemplo frente a una catástrofe, el hospital de hecho brindaría dicho móvil. En cuanto a los recursos solicitados (móvil equipado, recursos humanos capacitados para el manejo de pacientes críticos) los tenemos en el Hospital de Bella Unión, por lo que tampoco sería necesario adquirir nuevos equipamientos y/o contratar más recursos humanos.

Es por ello que la opinión de esta Dirección considera conveniente el suscribir dicho convenio".

  Que quede claro: no es un convenio de contraprestación de servicios; no lo es. Es de cobertura de clave 1 que, en realidad, es una prestación de la Unasev.

  Dejo este documento en la Comisión Investigadora.

  En cuanto a si a mí me llamó la atención, siendo ministra, que estuviera la presidenta de ASSE en la inauguración, quiero señalar que es muy común que, cuando un servicio, tanto público como privado, inaugura algo, se invite a los otros prestadores que están, en general, en los departamentos. De hecho, ASSE recibe invitaciones prácticamente a todas ‑podremos ir a algunas y, a otras, no‑ las inauguraciones de los servicios privados. Y también invitamos a los servicios privados a las inauguraciones de ASSE. Por lo tanto, no me llamó la atención.

  Por otra parte, usted plantea que en el 2012 no se había planificado la ambulancia y los recursos humanos. A mí no me corresponde señalar cómo planificó el anterior Directorio. Sí quiero decir que la ambulancia del año 2012, la Hyundai, se devolvió con 131.500 kilómetros, y en 2014, la siguiente ambulancia, con 300.400 kilómetros. Por lo tanto, son ambulancias que se usaron. Obviamente, no podían tener las características de ser un servicio de ambulancia especializada si no contaban con el médico.

  Con respecto al 2012 hay que decir algunas cosas más. Se contrataban varias empresas y, cuando faltaban los recursos, humanos se hacía la licitación. El resto de lo planteado lo está investigando la Justicia, y por lo tanto no podemos decir nada.

  (Interrupción del señor representante Lema)

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Vamos a dejar que termine y después podemos repreguntar.

SEÑOR MUÑIZ (Susana).‑ El diputado Rubio pregunta si la opinión del Directorio coincide con que estos contratos están mal. Nuestro actuar está avalando nuestra opinión. Las actas del Directorio y cómo nos hemos movido están señalando nuestra opinión.

  (Interrupción del señor representante Rubio)

——Sí; de hecho, nosotros hicimos las consultas; se nos señaló que no se podía hacer, y por lo tanto no lo hicimos más. Eso es clarísimo.

  Yo no conocía al doctor Manassi y nunca tuve información al respecto.

  En cuanto a si ASSE tenía conocimiento de que los funcionarios hacían la misma tarea en el hospital y en Siemm, no lo sabemos, obviamente.

  Si usa insumos del propio hospital no nos consta, pero la Justicia lo va a investigar.

  Tampoco tenemos constancia de si hay denuncia de que a los socios se les dé recetas del hospital.

  En cuanto a lo que dice el señor diputado Peña, creo que hay una confusión. Yo estaba haciendo referencia al Sistema Nacional Integrado de Salud; es decir que hay una venta de servicios por parte de funcionarios de alguna parte del sistema. De todas formas, voy a leer algunos párrafos de una publicación de Jutep que se llama Cuadernos de Divulgación Nº 3 sobre conflictos de intereses entre lo público y lo privado. Ante la pregunta cómo debe proceder un funcionario público ante dudas sobre su implicancia en un determinado asunto, dice: "Sin perjuicio de que todo funcionario debe prevenir y evitar como regla general la colisión de intereses públicos y privados, conforme se desprende de los artículos 22 inciso 4° de la Ley N.° 17060 y del 17 del Decreto N.° 30/03, cuando su actuación ofrezca razonables dudas en cuanto a poder separar claramente los intereses colectivos ‑que en su calidad de tal debe priorizar‑ de los privados, deberá informar de ello a su superior, a fin de que este adopte la decisión que corresponda, pudiendo solicitar que se lo excuse de entender en dicho asunto (literal D del artículo 12 del Decreto N.° 30/03)

  El funcionario debe informar la situación de inmediato, por escrito y pormenorizadamente," ‑el doctor Marcos García lo hizo; lo digo para que lo tengamos presente‑ "para que su superior resuelva fundadamente sobre la duda y sobre la permanencia del funcionario en la oficina […]".

  Es decir, no es el jerarca el que debe detectar oficiosamente el conflicto de interés, sino el implicado quien debe declararlo.

  Con relación a esto, frente a la pregunta de qué consecuencia tiene sobre la responsabilidad del funcionario en la respuesta que a su planteo ofrezca el jerarca, en la misma publicación se dice: "Formulada la duda sobre la colisión de intereses por el funcionario (extremo que operará por escrito, detallándose en forma pormenorizada el eventual conflicto), el jerarca debe resolver conforme el artículo 30 del Decreto citado en el punto anterior. Si el funcionario adecua su conducta a las instrucciones recibidas por el jerarca, al evacuar la consulta, quedará exento de responsabilidad administrativa, la que no será extensiva a aquellas conductas que signifiquen un ilícito penal (artículo 6.° del Decreto N.° 30/03).

  Asimismo, de producirse un daño material al erario público, el funcionario podrá ser responsabilizado civilmente (artículos 24 y 25 de la Constitución de la República)".

  Además, ante la pregunta de qué otros mecanismo están previstos para evitar situaciones de conflicto, se dice:

  "De la interpretación armónica del los artículos 29 y 30 del Decreto Nº 30/03, se desprende que toda persona que ingresa a la función pública ‑en caso de que se encuentre en alguna hipótesis de conflicto de intereses‑ debe formular una declaración jurada de implicancias ante el jerarca del servicio, en la que deberá expresar las clases de vinculación o actividades que mantiene con personas o empresas privadas y cuyas hipótesis se encuentren previstas en las normas de conducta que dicta el Decreto, estando a lo que se disponga.

  Durante su desempeño funcional, deberá informar los cambios que en dichas situaciones se vayan produciendo, deberá mantener actualizada dicha información".

  Creo que, en ese sentido queda, claro que, dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, los funcionarios pueden trabajar en dos lugares y tener empresas; el problema es que lo declaren frente a ASSE; no estoy diciendo otra cosa.

  Con relación a lo que preguntaba la señora diputada Bottino sobre qué opinión tenían los usuarios respecto de las situaciones constatadas previamente, lo que sé y he visto en los expedientes es que, previo a que empezara en actividad la empresa Siemm, fueron elevadas al Ministerio de Salud Pública numerosas notas de varias organizaciones y personas de Bella Unión que solicitaban este servicio, porque no tenían la cobertura de clave 1, o sea que era un servicio deseado ‑por así decirlo‑ y exigido por la población; esto, independientemente de la situación con ASSE; lo quiero aclarar.

  En cuanto a lo que preguntaba el señor diputado Gallo sobre si los directores de unidades ejecutoras firman declaración jurada ante la Jutep, digo que el 100% lo hace; tengo que señalarlo. Esa fue una preocupación cuando asumió este Directorio, ya que el 30% de los funcionarios que debían declarar estaban omisos. Inclusive, nosotros lo ampliamos, porque no solamente deben presentarla el director y ordenador de gastos, sino todo el equipo de gestión. Justamente, Jutep señala como uno de los avances en ASSE que el 100% de las personas cumplen con la declaración jurada.

  Traje armada la línea de tiempo de la creación de Siemm a la fecha, aunque no sé si es muy clara. Entre 2007 y 2008, el hospital de Bella Unión contaba con un servicio propio de traslados con médicos de retén diez días cada uno, pago por comisión de apoyo local y servicios especializados contratados a empresas de Artigas y/o Salto con las demoras que ya explicamos. En 2011, se crea la empresa Siemm. Es cierto que el doctor Eguren era el director del hospital; el doctor García era adjunto y el doctor Barcelona, pediatra. Entre mayo de 2011 y junio de 2012 el servicio propio de traslados colapsó debido a la renuncia de los médicos por baja remuneración, régimen de trabajo de diez días de retén y todos los aspectos que ya señalamos. En marzo de 2013, el director de Bella Unión, que en ese momento era el doctor Marcos García, solicitó por nota que se designara a otro ordenador de gastos de la unidad ejecutora para la licitación vinculada a traslados. En julio de 2013, se hace una licitación abreviada para traslados, la Nº 23 de 2013. En octubre se adjudica al único oferente, la empresa Siemm, de Bella Unión.

  En noviembre de 2013, la Auditoría Interna de la Nación observa y advierte el conflicto de intereses. En junio de 2014, se amplía la licitación abreviada Nº 26/2014. En octubre de 2014, con fecha 1º de octubre, por resolución de la Dirección de Bella Unión, se deja sin efecto dicha licitación abreviada. En 2015, con fecha 4 de noviembre, se adjudica la licitación abreviada N° 13/2006. Con fecha 16 de noviembre, tomo conocimiento de las observaciones desde la Auditoría Interna y solicito informes a la dirección regional. Con fecha 18 de noviembre, se presenta en el Directorio el informe final de las auditorías de las unidades ejecutoras sobre empresas tercerizadas, y con fecha 25 de noviembre el Directorio resuelve disponer una investigación administrativa por contratación de traslados comunes y especializados en la Unidad Ejecutora 034, centro auxiliar de Bella Unión; la resolución es la 6079 de 2015.

  En diciembre de 2015, con fecha 1º de diciembre, la gerencia general dispone la investigación administrativa con número de resolución 6080/2015. Con fecha 9 de diciembre, el Directorio de ASSE se presenta a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados y entrega las copias de las auditorías. En mayo de 2016, se sanciona al director del Hospital de Bella Unión, doctor Marcos García, por falta administrativa; el número de resolución es 2472 de 2015. Con fecha 25 de mayo de 2016, la Dirección del Hospital de Bella Unión resuelve la ampliación en un 20% de la licitación abreviada N° 13, de 2016.

  Con fecha 2 de agosto de 2016, se envía la respuesta, justamente, por este mismo tema, al diputado Lema. Sabemos que se hace la denuncia penal por el fiscal de Crimen Organizado, doctor Carlos Negro, por gastos de traslados en el Hospital de Bella Unión, y ASSE comienza a remitir las distintas fojas para dicha investigación.

  El 12 de setiembre de 2016, se realiza una consulta general al Tribunal de Cuentas de la República; la voy a leer, tal cual lo pidió el diputado Gallo Cantera, y voy a entregar la consulta al Tribunal de Cuentas y una consulta posterior a la Jutep, sobre posibles conflictos de intereses en situaciones que involucren a trabajadores dependientes de esta Administración y que, asimismo, desarrollen actividades en el ámbito privado.

  Con fecha 29 de setiembre, el informe de auditoría interna de ASSE señala que en 2015 y 2016 no se detectaron nuevas situaciones de conflicto de intereses.

  Con fecha 4 de noviembre de 2016, se recibe el oficio con la respuesta del Tribunal de Cuentas y, luego, el 4 de enero de 2017, se abre la licitación pública N° 63/2016. El 18 de enero, en sesión del Directorio, se solicita a la Gerencia General una propuesta sobre la instalación de un servicio propio de traslados especializados para el Hospital de Bella Unión ya que, en realidad, no existen otras empresas que lo puedan hacer o, la que hay, está muy lejos.

  Con fecha 23 de febrero, el Directorio resuelve aprobar la propuesta respecto a la instalación del servicio propio de traslados especializados en el Hospital de Bella Unión y delegar en la Gerencia General su instrumentación; es la resolución N° 1030, de 2017.

  En abril del año 2017, el doctor Barcelona, representando a la empresa Siemm, presenta un recurso de revocación contra la resolución de Directorio N° 1030, de 2017.

  Con fecha 19 de abril, el Directorio de ASSE solicita asesoramiento a la Junta de Transparencia y Ética Pública en relación con las posibles incompatibilidades en el ejercicio de la función pública. Con fecha 27 de junio se remite al Ministerio la resolución para mantenerla recurrida en vía de revocación.

  Con fecha 19 de julio de 2017, se recibe la respuesta de la Jutep, en la que se contesta, básicamente, que los funcionarios implicados no tienen intervención en el proceso de contratación por parte de la dependencia pública en que actúan y han informado adecuadamente sobre su relación con la empresa contratada.

  De todas formas, puedo leerles el documento.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Es preferible que nos deje la copia y nosotros la hacemos circular entre los legisladores.

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ Sí; entrego la consulta y la resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas ‑disculpen, pero subrayé algunos tramos del texto‑ ; además, les dejo la consulta y la respuesta a la Jutep.

  (Así se procede)

——Queda la pregunta del diputado Charamelo, en cuanto a la sanción al director.

  La sanción al director fue propuesta por la división jurídica de ASSE. En esa resolución ‑que no traje, pero seguramente está anexada a la documentación que se ha presentado‑, lo que argumentaba la jurídica es que había factores atenuantes como, por ejemplo, que el propio director había denunciado su conflicto de interés y había pedido que otro fuera el ordenador de gastos.

  Lo que hizo el Directorio, en realidad, fue poner la sanción que se nos recomendaba.

SEÑOR CHARAMELO (Richard).‑ ¿Cuál fue la sanción?

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ La sanción fue una amonestación en el legajo.

  (Diálogos)

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Para que quede constancia en la versión taquigráfica: la sanción consistió en una amonestación escrita en el legajo.

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ Queda por contestar la pregunta que se le hizo al licenciado Pablo Cabrera por parte del diputado Lema.

SEÑORA CABRERA (Pablo).‑ Con respecto a la apreciación de lo que compartimos en el programa de Canal 4, digo que cuando señalamos la cifra fue un poco en base a lo planteado por la señora presidenta, de parte de la discusión que se dio en el Directorio, en el entendido de poder crear un servicio donde se entendía que había necesidad. La gerencia planteó algunos números primarios porque, obviamente, para tomar decisiones tenemos que tener cuantificado los costos de esos servicios, y lo tomamos como ese insumo, que fue la decisión de llevar el servicio a Bella Unión.

  Los costos finales, obviamente, se tienen que evaluar luego de un período determinado, el cual recién estamos transitando. O sea que el valor final va a estar cuando el servicio se termine. Nosotros tomamos ese valor y así lo anunciamos, porque entendimos que era un valor apropiado, que fue parte de la discusión y de que tomáramos la opción de hacerlo. Cuando hicimos esto ‑y tratemos de analizarlo‑ fue en determinado contexto: en un medio de comunicación, en un programa que tiene determinadas características. Los valores son los que son pero, también, tengamos en cuenta el contexto. Desgraciadamente, los tiempos de la televisión no dejan, a veces, explicar mucho más y profundizar. Nosotros teníamos esos valores. No desmentimos el valor; sí lo tomamos como parte de ese insumo que se nos presentó para llevar adelante el servicio; no entendemos por qué no planteárselo a la gente. Más allá de la contestación puntual, fue como hablar con la gente por intermedio del programa.

  En cuanto a la segunda pregunta, el Directorio tiene cinco miembros. Nosotros discutimos internamente y está todo plasmado en las actas. Por lo tanto, nuestras opiniones están allí.

  Si queremos hacer referencia a nuestro pasado como referente sindical, esto es histórico al movimiento sindical, no es de ahora. Desde los años noventa, cuando se aplicó fuertemente la tercerización de servicios en el país, venimos diciendo que no estamos de acuerdo y nuestra posición en los debates termina siendo parte de la posición del movimiento sindical.

  Ahora, en cuanto al cómo de esta tercerización, lo que puedo decir es que nosotros llegamos recién en 2016, todo esto pasó en el período anterior y, con mucho respeto, creemos que hay muchos elementos que hay que profundizar para poder opinar. No estamos en posición de poder darla, más allá de lo que ya ha sido debatido, que es para el futuro de ASSE, y lo que hemos puesto desde mediados del año pasado, cuando ingresamos al Directorio.

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ Existe un documento que no traje impreso, pero quizá sería importante que lo conozcan, sin perjuicio de las opiniones que se tengan. El documento está fechado en Bella Unión, el 11 de marzo de 2013, elevado al doctor Eduardo Ferrazini, en aquel entonces director de 2º Nivel del Interior de ASSE. Es un documento hecho por el doctor Marcos García, y dice lo siguiente:

  Le comunico, a través de la misma, mi decisión de abstenerme a intervenir en cualquier procedimiento de toda naturaleza, relacionado con posibles traslados especializados y de baja complejidad a tercerizar para esta institución, debido a que me encuentro imposibilitado para ejercer como ordenador de gastos de la Unidad Ejecutora 034, en este caso, objeto 257, auxiliar 001, según el artículo 46, apartado 1º del Tocaf. Es por este motivo que creo conveniente se designe otro ordenador de gastos para este objeto en específico, ya que no quiero se ponga en duda mi imparcialidad como director de este Hospital, al momento de gestionar una rápida y eficaz atención a nuestros usuarios.

  Más allá de lo que sucedió, quería que tomaran conocimiento de esta carta.

 SEÑOR LEMA (Martín).‑ Quedaron algunas cosas pendientes.

  ¿La empresa Siemm estuvo habilitada durante todo este tiempo por el Ministerio de Salud Pública?

  Yo valoro la sinceridad de la presidenta de ASSE cuando reconoce que conocía vínculos, cuando enfrenta la situación. Uno lo podrá compartir o no; en mi caso, no comparto este tipo de contrataciones. Independientemente de la pregunta realizada al Tribunal de Cuentas, a mi juicio, es una forma de proceder que no corresponde para quienes ocupan cargos de jerarquía dentro de la Administración; no pueden estar contratando empresas con esos propietarios, sean o no ordenadores del gasto. Para mí, es una forma de actuación. Valoro el reconocimiento que se hace respecto a esta situación. En la consulta que se adjunta se reitera la inquietud de por qué no se hizo antes. Si se pudo hacer y fue algo exitoso, ¿por qué no se hizo antes? El Tribunal de Cuentas tuvo que decir al Directorio de ASSE que no podía contratar con la empresa de sus jerarcas. Me suena bastante fuerte.

  A pesar de que la presidenta de ASSE reconoció ‑lo quiero destacar‑ que conocía los vínculos y que estuvo mal ‑tengo que destacar esa sensatez‑, hay pagos a la empresa Siemm que son recientes. Estuvo mal, pero se sigue pagando. Parecería que en Bella Unión se depende del emprendimiento comercial de jerarcas de ASSE para poder prestar servicios; es gravísimo, contrario a todo tipo de discurso histórico. Más allá de la posición jurídica que se pueda tomar, si es ordenador de gasto y demás, yo no voy a defender intereses empresariales; cada uno tendrá su posición. Para mí, es totalmente inadmisible este tipo de contrataciones.

 SEÑOR PRESIDENTE. Trate de no calificar, señor diputado.

SEÑOR LEMA (Martín).‑ En el Sistema Integrado de Información Financiera aparecen pagos del 3 de julio de 2017 por 198.912; del 3 de julio de 2017 por 157.288; del 3 de julio de 2017, por 152.495; del 15 de setiembre de 2017 ‑hace unos días‑, por 36.957; y del 15 de setiembre de 2017, por 36.705.

  Se reconoce que está mal, pero se siguen ejerciendo compras directas de la empresa de jerarcas de ASSE. Valoro el reconocimiento de que se estuvo mal, de que debería haber sido de otra forma, pero no entiendo por qué se sigue contratando. Tengo resoluciones de años anteriores ‑cuando empezó Siemm parece que se eliminó la competencia‑ de Gremeda, de Artigas, que prestaba servicios y si había necesidad asistencial, se cubría. Sin embargo, hay contrataciones directas recientes a la empresa Siemm. Me gustaría que me explicaran cómo es posible que si consideran que se estuvo mal, se haya seguido pagando hasta hace unos días a la empresa Siemm SRL. También quisiera saber si está habilitada por el Ministerio de Salud Pública.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).‑ Me queda claro que a uno de los directores se le hizo una amonestación que consta en el legajo. La pregunta es qué pasó con los otros dos y qué cargos ocupan hoy en ASSE. Quisiera saber si esta actuación implicó para ellos algún tipo de restricción en el ascenso de su carrera dentro de ASSE.

  La doctora Muñiz dijo que no tenía conocimiento de que la empresa Siemm utilizara insumos del hospital y que no había recibido ninguna denuncia. Quiero preguntar si todos los directores, en particular, el representante de los trabajadores, nunca recibieron denuncias de este tipo.

  La doctora Muñiz nos informa que en Bella Unión se constituyó una unidad de servicios de emergencia, funciona un SAME. La pregunta es: ¿qué tipo de contrato tienen los trabajadores que allí se desempeñan? ¿Ya están contratados como trabajadores del SAME o mantienen un contrato como el que tenían antes, lo que implica una desigualdad con respecto a los de Montevideo?

  La auditoría interna constata que el equipo de gestión contrata por compra directa estudios y policlínicas médicas, que son hechas frecuentemente por profesionales en las instalaciones del propio hospital. ¿Se tomaron medidas sobre esto? Es lo mismo que planteábamos con respecto a Siemm: en muchos aspectos utilizaba al hospital ‑según tenemos denuncia‑ para servicios que debía brindar como empresa.

SEÑOR MUÑIZ (Susana).‑ ¿Me repite la última pregunta?

SEÑOR RUBIO (Eduardo).‑ La auditoría interna constata que el equipo de gestión contrata por compra directa estudios y policlínicas médicas ejercidas frecuentemente por profesionales en las instalaciones del propio hospital.

SEÑOR NÚÑEZ FALLABRINO (Gerardo).‑ Quiero hacer una apreciación para que quede constancia en la versión taquigráfica. Si se permiten las contextualizaciones en las preguntas, se deben permitir en las respuestas, por un tema obvio, además de estar amparado en el Reglamento para las personas que comparecen a la Comisión Investigadora.

  Más allá de eso, quisiéramos repreguntar en función del tono de algunas afirmaciones que han hecho legisladores ‑porque me parece que no quedó del todo claro‑, si la actual presidenta de ASSE conocía a los dueños de la empresa ‑ella dijo que sí‑ y si sabía que contrataba directamente con ASSE en esos momentos. Se han hecho algunas afirmaciones que dejan ver que están interpretando algo incorrecto de la respuesta que se dio.

SEÑOR MALÁN (Enzo).‑ Me parece que debemos entender esto como un proceso, de lo que era hace quince, veinte, treinta años el Ministerio de Salud Pública, y lo que es hoy ASSE y el Sistema Nacional Integrado de Salud. Hay que ver de dónde arrancamos. Estamos hablando de que en esas ciudades del interior los traslados se hacían en patrulleros o en los medios en los que se podía.

  Creo que hay una tensión ‑por lo menos, a mí me parece‑ entre la normativa y el servicio a prestar. Sinceramente, en algunos casos hay una mirada montevideana, centralista, basada en la normativa y no tanto en el servicio o en la asistencia local. Se habla de privatizar, de funcionarios de ASSE que no pueden contratar con el organismo. Entonces, yo pregunto ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para dar un servicio cuando no hay posibilidad, cuando en el interior profundo no hay médicos, ambulancias ni instrumental? ¿Cómo se hace si no se contrata? Y si se contrata, se incurre en una irregularidad. Si hay corrupción, actuará la Justicia. No me estoy oponiendo. A veces veo esa tensión entre la normativa y la asistencia. En algunos casos se deja de lado la mirada hacia la asistencia. Entonces, la pregunta es: ¿qué opciones reales tiene ASSE en el interior profundo ‑no en Montevideo, no en las capitales departamentales‑ cuando no tiene posibilidades de contar con el servicio, y si tiene que contratar y no puede? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Qué hace?

  En segundo lugar, volviendo al principio, pero hablando de las contrataciones de las empresas, la presidenta explicó claramente cómo era el tema de los depósitos, etcétera. En algún momento también se habló de las empresas que se repiten en el país, a pesar de tener irregularidades. ¿Hoy está sucediendo esto? ¿En las contrataciones de las empresas no se cumple con el depósito de fiel cumplimiento? ¿Hoy se exige? ¿Se controla?

  También quisiera saber si hoy hay un registro de empresas dentro de ASSE que permita ver si hay alguna que cometió irregularidades y sea sancionada o, de alguna forma, no competir en las mismas condiciones que las otras que no han sido sancionadas.

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).‑ Quisiera que la presidenta nos ilustrara acerca de las responsabilidades que tiene el Directorio en función del proceso de descentralización que ha llevado adelante ASSE, porque muchas veces atribuimos al Directorio responsabilidades de decisiones que se toman en la propia unidad ejecutora en lo que tiene que ver, fundamentalmente, con la compra de servicios, licitaciones abreviadas, licitaciones públicas.

  Cuando uno habla, cuando interpreta, muchas veces se pregunta: "Pero ¿cómo? ¿No sabían tal cosa?". Quizás, no la sabían porque estatutariamente, reglamentariamente, hay decisiones que se toman en otros ámbitos, a nivel regional o a nivel local. Entonces, a los efectos de poder aclarar, me gustaría que se dijera cuáles son las competencias del Directorio en la contratación de servicios ‑cualquiera sea‑ y cuáles son las responsabilidades que tiene a nivel de las unidades ejecutoras o de las regionales que tiene ASSE, porque tanto hablamos, garganteamos y nos llenamos la boca diciendo que tenemos que descentralizar ASSE y todo lo que sea, pero, después, cuando se toman decisiones a nivel local, la responsabilidad se la pasan todas, en este caso, al Directorio de ASSE.

  Sin quitar responsabilidad ni nada, creo que la presidenta ha sido muy clara en las apreciaciones que ha hecho acerca de que una vez constatada la irregularidad se tomaron medidas.

  En cuanto al tema de los traslados y de la clave 1, que es una obligación que tienen todos los prestadores, todos los uruguayos ‑porque así lo contempla la Ley N° 18.211, debemos brindar la clave 1‑ obviamente, no están dadas las condiciones; el país no está preparado todavía para brindar la clave 1 a nivel nacional. Ojalá podamos avanzar en eso.

  Sabemos que hay instituciones privadas del interior del país, en lugares pequeños, donde no les resulta rentable abrir una emergencia móvil. Entonces, esos usuarios que se atienden en la salud privada no tienen cobertura de clave 1, pero tampoco la tienen los usuarios de ASSE.

  Aquí se hablaba de la clave 1 en Bella Unión. Esta es la única ciudad del país medianamente importante que no contaba con este servicio. En todas las capitales departamentales o en las ciudades grandes hay servicios de emergencias móviles, pero en Bella Unión no. Yo tampoco creo que el traslado de dos o tres ambulancias del 105 a Bella Unión sea la solución, porque los traslados son de mucha distancia, y cuando hay un traslado a Montevideo, se pierden entre diez y doce horas. Esa ambulancia no está operativa, entonces, se precisa tener un volumen. No conozco las cifras. Creo que hoy un colega legislador hablaba de dos traslados diarios; seguramente, la cantidad de traslados especializados debe ser menor.

  Me parece que al año, o al año y medio, de haber empezado con este servicio ASSE debería hacer un balance. Creo que hacerlo ahora, a los tres o cuatro meses de haber empezado no da datos, pero se puede hacer al año para saber la cantidad de traslados comunes, de traslados especializados y los costos. Entonces, después se puede hablar con propiedad, con experiencia para saber si conviene contratar o armar un servicio con la seriedad que esto refiere. No alcanza solamente con depender de tres médicos.

  Quería saber ‑todavía no tengo la contestación‑ lo que cobra de salario un médico por un traslado especializado de Montevideo a Bella Unión. Quizás, tiene que trabajar cuatro meses en ASSE para llegar a lo que gana en un traslado en la actividad privada. O sea que el tema salarial también importa. Por eso, una de las políticas es salario único para el trabajador público y privado, y en eso el Gobierno está comprometido a seguir esa línea. ¿Que es difícil? Sí; es difícil; no hay varitas mágicas, pero me parece que eso va a solucionar enormemente estas dificultades que estamos padeciendo hoy.

  Es cuanto quería decir por ahora.

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ La primera pregunta del señor diputado Lema era si Siemm estaba habilitada.

  Siemm era una empresa que estaba autorizada. Como saben, la habilitación a veces lleva años en el Ministerio de Salud Pública. Hay distintos pasos, pero hay determinados pasos a partir de los cuales ya pueden empezar a cumplir funciones. El trámite de habilitación no estaba terminado, pero sí se había iniciado.

  En cuanto a si seguimos pagando, sí. Seguimos pagando por compra directa por lo que recién explicaba el diputado Gallo Cantera. Cuando sale la ambulancia especializada del SAME 105 y va a volver en diez o doce horas, hay un segundo traslado que es necesario hacer y, por lo tanto, hay que recurrir a una empresa. Puede ser esta o puede ser otra, pero hay que recurrir a una compra directa; no tenemos la posibilidad de contar con dos ambulancias SAME 105 ahí, sobre todo, por el tema de los recursos humanos. Eso es así, es verdad.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ ¿Cuándo se terminó el trámite de habilitación de Siemm?

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ No lo sé.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Gracias.

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ El diputado Rubio preguntó con respecto a Marcos García, a quien se le hizo una amonestación, y también pregunta qué pasó con Federico Eguren y Rodrigo Barcelona. Federico Eguren hoy es el director del Centro Hospitalario Pereira Rossell y, Rodrigo Barcelona es el director del Hospital Pediátrico Pereira Rossell. En realidad, Jurídica no encontró responsabilidades por considerar que unidades ejecutoras eran diferentes al lugar donde se registraba el gasto.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).‑ ¿Y Marcos García?

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ El doctor García, cuando se inicia la licitación ‑pese que él hace esta nota‑ estaba como director, por eso se lo sanciona, y hoy es el director del Hospital de Salto.

  Hay una pregunta para Pablo Cabrera acerca de si recibió denuncia por los insumos, que contestará más adelante.

  El diputado Rubio también preguntó acerca de que se instaló un SAME en Bella Unión y del tipo de contrato. Para esto tengo acá la resolución del Directorio en la cual, con fecha 23 de febrero de 2017, el Directorio resuelve ‑primero toma conocimiento del informe del Tribunal de Cuentas‑ : Conforme a ese informe antes indicado, el cual es vinculante, declaramos desierto el llamado realizado en el marco de la licitación pública N° 63/16. 3) Aprobar la propuesta solicitada a gerencia general en sesión de Directorio de 18 de enero de 2017 sobre la instalación de un servicio propio de traslados especializados. El cuarto punto refiere a encomendar y delegar expresamente en la Gerencia General a proceder a contratar en forma directa, por vía de excepción, los recursos humanos necesarios. En quinto lugar dice que atendiendo el costo que demandará este servicio se encomienda a la Gerencia General remitir una solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas a los efectos de autorizar la transposición de los rubros pertinentes de gastos de funcionamiento a Rubro 0 y establecer que el servicio a instalarse dependerá jerárquicamente de la Unidad Ejecutora SAME 105.

  Lo que queremos señalar es que no fue sencillo. Los salarios son del Servicio 105, depende jerárquicamente del Servicio 105, pero no fue algo sencillo. Digo esto en consideración con otra pregunta que hicieron. Ustedes van a ver que también tenemos algunos problemas, por ejemplo, en la Unidad Ejecutora de Mercedes, que seguramente el diputado Malán los conoce mejor.

  La realidad es que nosotros llevamos varios llamados hechos, inclusive, a Servicio 105, y muchas veces no se presentan los funcionarios. Digo para que sepan todas las dificultades que tenemos. Con esto no estoy justificando nada; lo que estoy diciendo es que existen dificultades en tiempo real para instalar ese tipo de servicios que aunque fueran más costosos, para nosotros, son buenos.

  En cuanto a la pregunta que hace el diputado Rubio sobre la contratación directa a profesionales por compra de estudios médicos, debo decir que según surge de la denuncia el equipo de gestión contrata por compra directa estudios y policlínicas médicas ejercidas, frecuentemente, por profesionales en las instalaciones del hospital. Eso generó un gasto de enero a setiembre de 2014 de 2.492.000. Al respecto, cabe informar que la nueva dirección del hospital ha incrementado los controles en gastos por estudios médicos, examinando en forma detallada cada solicitud de estudios de acuerdo con una serie de parámetros y requisitos técnicos no autorizando a aquellos estudios que no se ajusten a los mismos.

  Por otra parte, según la propia denuncia, la auditoría interna de ASSE recomienda establecer como requisito obligatorio que los funcionarios de ASSE, eventualmente subcontratados por el hospital o por otra empresa, realicen declaración jurada de la situación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17, 28 y 29 del Decreto Nº 30. Con esto, lo que ya habíamos señalado: ASSE pasó de tener más de trescientos funcionarios omisos en cuanto a la declaración jurada a tener cero funcionario omiso. Inclusive, se trabaja y se coordina permanentemente con la Jutep, habiendo suscrito un convenio a los efectos de brindar capacitación y charlas informativas a los funcionarios de ASSE sobre eventuales conflictos de interés público privado, así como otros elementos vinculados con la ética en la función pública.

  Durante el año 2016 se efectuaron cuatro instancias de capacitación. Una de ellas en cada región geográfica: sur, norte, este y oeste para poner el tema de manifiesto y evacuar consultas. Más precisamente, dichas jornadas se realizaron en el caso de la regional norte el día 18 de noviembre de 2016 en el salón de actos del Hotel Casino San Eugenio del Cuareim, en el departamento de Artigas.

  Con fecha 1º de febrero de 2017 el Directorio de ASSE adoptó una resolución aprobando el formulario de declaración de conflicto de interés para los funcionarios de ASSE que fue elaborado en conjunto con la Jutep, cuya instrumentación fue encomendada a la gerencia general. En definitiva, en cuanto a la denuncia realizada a Foja 60 con respecto a la compra de estudios médicos se informó que se incrementaron los controles a nivel de dirección del Hospital de Bella Unión, estableciendo distintos requisitos para la aprobación de los gastos.

  Asimismo, en cuanto a la recomendación realizada por la auditoría interna respecto a la declaración del conflicto de interés, a instancia de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de ASSE se suscribió ese convenio de capacitación entre ASSE y Jutep en virtud del cual se realizaron las instancias de capacitación que recién señalábamos.

  Finalmente, el Directorio de ASSE con carácter general adoptó la resolución para la aprobación del formulario de conflicto de interés que fue elaborado en conjunto con la Jutep

  Como se expresó, todas esas medidas apuntan al fortalecimiento de los controles administrativos, tendientes a reducir las situaciones de conflicto de interés entre lo público y lo privado.

  El diputado Nuñez Fallabrino preguntó si cuando yo era ministra sabía que esta empresa contrataba con ASSE. No; yo sabía quiénes eran sus integrantes e, inclusive, de la intención de Unasev de que se brindara la cobertura 1, pero no que contratara con ASSE; para nada.

  El diputado Malán preguntó qué opciones tiene ASSE en el interior profundo cuando no hay posibilidades de tener un servicio propio. Y bueno, las posibilidades son esas: contratar a otro servicio. Acá se presenta una dificultad grave. Me parece bien oportuna la pregunta porque cabe a este ámbito. Voy a señalar un caso bien claro.

  Durante años el Hospital de Pasos de los Toros estuvo contratando a la única empresa de servicios tercerizados de ambulancias que había allí porque en ese entonces no teníamos posibilidades de tener nuestro propio servicio, que es lo que estamos tratando ahora. Los propietarios de esa empresa son el anestesista del hospital y otro funcionario que había sido director en años anteriores, y que se lo desvinculó de la Dirección del hospital. Lo cierto es que desde que estamos nosotros le estamos señalando a los directores, justamente, todo lo que implican los conflictos de interés. Por lo tanto, cuando un director pregunta le decimos: "No podés contratar a esta empresa porque los propietarios son funcionarios del hospital". Entonces, al no tener todavía el servicio empieza a contratar a la empresa de Durazno, pero tiempo después se da cuenta de que los funcionarios de la empresa de traslados especializados de Durazno también son funcionarios del Hospital de Durazno; son de ASSE.

  Es bien importante señalar que hasta hace un tiempo el Tribunal de Cuentas consideraba que las unidades ejecutoras eran compartimientos estancos. Si yo trabajo en el Hospital Pereira Rossell no puedo determinar el gasto de la unidad de Melo y, por lo tanto, se consideraban cosas aparte.

  En el informe del Tribunal de Cuentas se considera que ASSE es una sola, no solamente para los cargos de directores, porque pasan estas situaciones como la de la empresa de traslados especializados de Paso de los Toros que los empleados del hospital son los dueños de la empresa. Creo que estamos en un brete complejo para resolver varias situaciones asistenciales.

  Por supuesto que nosotros querríamos tener nuestros propios servicios en todos los lugares. Eso es bien difícil. Decíamos hoy que, por ejemplo en Soriano, se está intentando abrir un Servicio 105 y al primer llamado no se presentaron médicos. No estoy justificando nada; estoy dando cuenta de las dificultades reales. La verdad es que necesitaríamos que pusiera el pienso este colectivo.

SEÑOR CHARAMELLO (Luis).‑ En ese orden que usted manifestaba, en Bella Unión no es la empresa Siemm la única que prestaba traslados. Conociendo el cuestionamiento sobre la incompatibilidad de los directores ¿cuál fue la posición en cuanto a restablecer en algún momento a Gremeda que prestaba antes el servicio?

  A veces, cuando hay una única opción, la salud está primero y, por lo tanto, se tiene que hacer lo que se tiene que hacer, pero no en todos los casos hay una única opción; hay otras posibilidades. Sin embargo, en este caso, ante un cuestionamiento, se siguen haciendo pagos y no queda claro si otra de las opciones ha sido tomada en cuenta. Me gustaría saber qué está pasando.

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ Le agradezco esa pregunta porque la primera opción que se nos ocurrió a nosotros fue hablar con Gremeda y ver la viabilidad de hacer un convenio de complementación. Gremeda nos contestó que en ese momento no era posible para ellos asumir ese servicio. Esa es una situación que se nos plantea en varios lugares del país. Quiero decir además que en Gremeda también hay funcionarios de ASSE, inclusive, en la Dirección de Gremeda, con lo cual tampoco estamos hablando que sea la solución idónea. Me estoy sincerando en cuanto a que tenemos una dificultad en ese sentido y cuando los directores dicen que no tienen otra opción, y tienen que trasladar a un paciente que está grave… compra directa, sin lugar a dudas.

  El diputado Malán también preguntó si cuando se hacen las contrataciones, se está cumpliendo con todos los certificados y las garantías. Sí, por supuesto que sí. Acá se inició también un trabajo de capacitación de las oficinas de compras de todo el país con la Oficina Nacional del Servicio Civil que, si bien no corresponde porque somos un descentralizado, hemos hecho un convenio y se están haciendo diversas capacitaciones en las distintas regionales. Creo que todavía tenemos funcionarios que tienen dificultades y, además, hay dificultades de orden normativo, pero se está trabajando fuertemente en esto.

  Por otro lado, hemos venido trabajando también en todo lo que es la línea de transparencia. También se capacita en el tema de la transparencia a los funcionarios.

  La otra pregunta que hizo el diputado Malán es si existen registros de empresas dentro de ASSE que estén sancionadas. Nuestra obligación, primero que nada, es denunciar ante el RUPE, y, obviamente, ahí hay distintas valoraciones que se hacen o no. Buena parte de las empresas, inclusive, que fueron denunciadas por ASSE fueron quitadas del RUPE. Otras veces el RUPE no lo consideró así, pero las que están sancionadas por el Directorio de ASSE ‑acá dimos cuenta de algunas‑ no se pueden volver a presentar por el período que se considere.

  El diputado Gallo Cantera habló de las responsabilidades del Directorio en función de la descentralización de ASSE. Ustedes saben que la estructura de ASSE tiene un gerente general, del cual dependen las direcciones regionales ‑de cada una de las regiones‑, el gerente administrativo, la Dirección de Jurídica y la Gerencia de Recursos Humanos. Lo cierto es que la mayor parte de las compras directas por el monto que sea correcto transcurre en las unidades ejecutoras e, inclusive, las licitaciones abreviadas. Hemos delegado hasta dos licitaciones abreviadas en el gerente general y aquellas licitaciones públicas, obviamente, son nada más que firmadas por el Directorio. Los directores regionales no son ordenadores de gastos, pero sí los directores de unidades ejecutoras.

   Y acá reitero: el ordenador de gasto de una unidad ejecutora no tiene forma de tener injerencia en el gasto de otra unidad ejecutora. Por eso, antes, el Tribunal de Cuentas no es que no viera esto, pero intervenía los gastos cuando ‑vamos a suponer‑ el director estaba en una parte del país y, en realidad, en otra parte del país, se contrataba una ambulancia de la cual este era empleado. Eso no sucedía; a partir de ahora sucede, se controla, pero tenemos una realidad que es bastante compleja.

  En cuanto a lo que dijo el diputado Gallo Cantera de hacer un balance al año de cantidad de traslados y costos, sin duda, eso se va a hacer así, porque, además, ustedes recordarán que hace poco tiempo estuvimos en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda y, justamente, uno de los ítems que nos planteamos ‑y también nos lo planteamos en el Plan Estratégico‑ es ir llevando estos Servicios 105 a todo el país, pero sepan que estas son las dificultades con las que nos encontramos.

SEÑOR CABRERA (Pablo).‑ Nosotros asumimos en junio del año pasado y hasta el momento no hemos recibido en el despacho ningún tipo de denuncia con respecto al tema de los traslados en Bella Unión.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).‑ Ahora sí, voy a hacer las últimas dos preguntas sobre Bella Unión, que están vinculadas a lo que acaba de decir la presidenta de ASSE sobre los directores regionales.

  Ustedes son un Directorio que asume cuando este hecho ya estaba procesado, pero como analizamos la gestión desde 2008 hasta ahora, hay una continuidad, y tres o cuatro veces le pregunté al Directorio anterior si no le resultaba extraña la contratación de Siemm en Bella Unión y no obtuve respuesta. Entonces, quisiera saber quién era el director o directora regional en ese momento y si no hubo ‑debe estar en las actas o en los archivos‑ ninguna advertencia de su parte sobre esta situación de clara incompatibilidad o de conjunción del interés público y el privado en la contratación de Siemm en Bella Unión.

  Además, nos gustaría tener la información de la evolución de los traslados en Bella Unión, o sea, del último año: cuántos traslados se hicieron, cuántos fueron especializados, cuántos fueron comunes, y cómo ha ido evolucionando esta situación.

SEÑOR CHARAMELO (Richard).‑ Me gustaría saber si la representante de los usuarios ha recibido alguna manifestación de los usuarios en Bella Unión ‑porque estamos hablando de una ciudad pequeña‑ sobre el tema de la empresa Siemm y cuando cambiaron los servicios, si ha habido quejas, si ha habido alguna evaluación, si ha habido alguna denuncia de irregularidad. Me gustaría saber cuál es su posición.

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ El director regional en ese momento era el doctor Eduardo Ferrazzini. Respecto a si hubo advertencias, es improbable, primero, porque no pasaba por él. Es decir, los directores regionales, en realidad, en este período se vienen incrementando, pero todavía hoy tienen una mirada sobre los aspectos fundamentalmente asistenciales, no son ordenadores de gasto y no tenían en ese entonces lo que sí existe hoy, en cada una de las regionales, que son los referentes en aspectos administrativos financieros. Justamente por estas situaciones fue que este Directorio resolvió también tomar algunas medidas que tuvieran que ver con transparentar algunas situaciones. Cuando asumimos teníamos una dificultad grande, porque había un solo contador delegado del Tribunal de Cuentas; hoy hay cuatro, uno por región. Puede decirse que no es suficiente y todavía es bastante engorroso, pero se hizo. Y, por otro lado, se colocaron cuatro referentes administrativos financieros dependiendo del gerente administrativo, para controlar el tema de los gastos e ir viendo los créditos en las unidades ejecutoras de cada región.

  En ese entonces estaba el doctor Eduardo Ferrazzini, que tenía adjuntos, pero seguramente una licitación abreviada no pasó por sus manos; de eso estoy segura. Y obviamente no puedo hablar por el Directorio anterior, pero seguramente la licitación abreviada no pasó por ese Directorio.

  En segundo lugar, la información de la evolución de los traslados, cuántos especializados y cuántos comunes, aún no la tenemos, pero se la enviaremos apenas la tengamos.

  Quiero agregar algo respecto a la incompatibilidad. ¿Por qué además el director regional no habló de conflicto de interés? Porque, en realidad, el Tribunal de Cuentas no estableció incompatibilidad antes. O sea, la licitación abreviada se hizo, pasó por el Tribunal de Cuentas, este lo intervino, y supongo que no llegó al Directorio porque no tenía por qué pasar por el Directorio. Además, el Tribunal de Cuentas no estableció la incompatibilidad hasta 2016. Por eso es que en 2016 se hacen las consultas al Tribunal de Cuentas; cambia el criterio de alguna forma.

SEÑORA PEREYRA (Natalia).‑ Al igual que el representante de los trabajadores, asumimos en junio del año pasado, cuando esto ya se había dado y había sido tratado en el Directorio. Lo que sí debo decir es que no llegué aislada ‑por más que algunos piensen que sí‑ de la reforma, del sistema ni de la participación. Sí estuve al tanto de que la preocupación que manifestaban los usuarios era perder un servicio que para ellos era importante, algo que nunca habían tenido.

  Y acá es preciso aclarar lo siguiente. Los usuarios y sus representantes tanto en los Consejos Consultivos, en las Juntas Locales de Salud, en las Juntas Departamentales de Salud, en el Directorio de ASSE como en la Junta Nacional de Salud no somos técnicos y los criterios de traslados no los manejamos, sino que los manejan los técnicos. Esto es lo primero que hay que aclarar.

  Lo segundo que quiero aclarar es que, cuando se avanza, como se hizo en Bella Unión y en muchos departamentos del norte sobre todo, la mirada del usuario va desde su percepción, no desde la contratación que se hace. Lo que mira el usuario es el servicio que está recibiendo, si lo conforma o no. Y para esto es que entendemos bien importante que los usuarios estén participando en todos los órganos de participación. Y, más allá de que sabemos que hasta en la discusión parlamentaria de cuando se votó mi venia, se aprobó únicamente con los votos del oficialismo, creemos que este rol en el Directorio y en todos los ámbitos de participación, es importante para que se entienda que los usuarios no manejamos los aspectos técnicos ni los tenemos que manejar, pero sí los que tienen que ver con la forma en que se distribuyen y se usan los recursos y, cuando se toman las decisiones, conocer cuáles son los criterios con que se toman en las unidades ejecutoras o en los organismos en general.

SEÑOR LEMA (Martín).‑ Quiero hacer dos preguntas concretas.

  Todavía no se contestó la cantidad de kilómetros contratados en 2012 en Bella Unión. ¿Está esa cifra?

  Y la otra pregunta es la siguiente. En virtud de la intervención del miembro del Directorio Pablo Cabrera referida a los $ 13.000.000. ¿Esa fue la estimación aproximada ‑con las variables que pueda tener‑ que se hizo de costo anual para que preste este servicio por parte del 105?

SEÑOR RUBIO (Eduardo).‑ Quiero hacer una consideración respecto de lo que decía la presidenta de ASSE en cuanto a que el director regional no tenía por qué saberlo ‑eso sin duda es así‑ y que el Tribunal de Cuentas no se había expedido en cuanto a la incompatibilidad.

  La reflexión es que me parece que el criterio ético en la Administración pública no necesita que se expida el Tribunal de Cuentas. Alcanzaría con saber que un director no puede contratar a su empresa.

SEÑORA MUÑÍZ (Susana).‑ En cuanto a los kilómetros en 2012, no existe el dato porque está desagregado, primero, porque los gastos de los kilómetros están dispersos entre las unidades de Artigas, Salto ‑que muchas veces mandaban su propia ambulancia‑ y a su vez, si salían con las ambulancias de los hospitales de ASSE también estaba desagregado en salarios, insumos, combustible… O sea que no podemos comparar dos cosas que son distintas. Cuando es una empresa tercerizada, tenemos un gasto único, pero no lo tenemos antes. ¿Se entiende?

SEÑOR LEMA (Martín).‑ Entonces, los $ 570.000 que figuran ejecutados según el Sistema Integrado de Información Financiera, eso que ya está registrado y contabilizado en Bella Unión, ¿en cuántos kilómetros de traslados se generaron?

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ Ahora no tenemos ese dato.

SEÑOR LEMA (Martín).‑ Por otra parte, los $ 13.000.000, a los que se hacía referencia que podía costar el servicio, prestándolo ASSE ¿es el estimativo que están tomando, como dijo el miembro del Directorio Pablo Cabrera?

SEÑOR CABRERA (Pablo).‑ Insisto en que fueron los valores que se manejaron desde el inicio, pensando en la construcción de este nuevo servicio. Obviamente, hay que tener algún tipo de número para poder hacer una valoración en cuanto a si es pertinente o no. Eso fue lo que manejamos y lo que se planteó en ese momento fue con esa idea: la posibilidad de construir un servicio, tal como lo habíamos discutido.

SEÑOR LEMA (Martín).‑ La pregunta ‑por sí o por no‑ es si se estimaron $ 13.000.000.

SEÑOR CABRERA (Pablo).‑ Sí, y por eso sigo insistiendo en que fueron los valores que tomamos en base a un estimativo, para entender que, frente a una discusión, uno tiene que tener algún valor para comenzar a discutir.

SEÑOR ARDUS (Mauricio).‑ Con respecto a esto que acaba de decir el diputado Rubio, hay algo que me parece bien trascendente y que hay que dejar bien en claro.

  Yo estoy de acuerdo con el señor diputado Rubio en que si el Directorio tiene conocimiento de que hay un conflicto de interés, no es necesario consultar al Tribunal de Cuentas. Esto es así.

  Lo que explicaba la señora presidenta ‑que yo comparto plenamente‑ es que esa licitación abreviada, que nunca había sido objetada por el Tribunal de Cuentas, no llegó al Directorio. Llega al Directorio cuando es necesario levantar observaciones de situaciones en las que se desbordan las atribuciones delegadas de los mandos medios de la institución.

  Entonces, como la práctica habitual era que el Tribunal no observaba esos gastos, ante el anuncio de auditoría, nosotros consultamos al Tribunal por esa situación.

SEÑOR LEMA (Martín).‑ Más allá de la pregunta del diputado Rubio, sacando la formalidad del Tribunal de Cuentas, llama la atención como tanto la entonces presidenta de ASSE, la doctora Beatriz Silva, como la entonces ministra de Salud Pública, la doctora Susana Muñiz, comparecieron a la inauguración de la empresa, pues quizás ahí podían deducir que la empresa estaba conformada por jerarcas de ASSE. Una vez realizada la deducción, las mismas autoridades podían considerar que era inconveniente ese tipo de contrataciones.

  Estamos en tiempos en los que mucho se habla de ética. Con esto no estoy queriendo hacer una valoración, pero quizás en ese momento se entendía que no era una buena señal tener que promover este tipo de contrataciones. Es por eso que quiero sacar al Tribunal de Cuentas que fue contundente, pero también hay que entender que hay temas que uno puede hacer cosas por un nivel de conveniencia o porque está de acuerdo y consciente de esos episodios o no.

  Gracias.

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).‑ Quiero plantear algo para que conste en la versión taquigráfica y para poder entender lo que se plantea respecto de la pregunta del diputado Lema sobre los kilómetros realizados en 2012, punto que viene reiterando desde hace un año, en cada visita a la Comisión. Entonces, si bien yo ya lo entendí, pregunto esto para que quede claro en la versión taquigráfica, porque ahora aparece una cifra.

  Por lo que tengo entendido, en 2012, ASSE contaba con una ambulancia...¿no? Ustedes me corrigen si entendí mal. ¿O con dos ambulancias?

  (Diálogos)

——Quisiera saber cuántas ambulancias tenía ASSE en 2012.

  En el caso de que hubiera una o dos ambulancias, la pregunta del diputado Lema apunta a saber qué cantidad de kilómetros se hicieron con las ambulancias que ya estaban en ASSE, que ya estaban en el lugar.

SEÑOR LEMA (Martín).‑ Yo no pregunté eso. Lo digo porque el diputado Gallo Cantera interpreta lo que yo pregunté. Yo pregunté por las ambulancias contratadas.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Pedimos al diputado Gallo Cantera que no interprete las preguntas del diputado Lema. En todo caso, que las interpreten quienes deben responder.

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).‑ De acuerdo con lo que surge en el ambiente de la Comisión, quisiera saber la cantidad de kilómetros, en 2012, de la ambulancia de ASSE y lo que interpreto yo de la contestación de la presidenta de ASSE es que es imposible dar el kilometraje total de 2012 porque ASSE llamaba a ambulancias de Salto, Artigas, Tacuarembó o de donde fuera, y esos kilómetros están imputados en las unidades ejecutoras de las cuales son las ambulancias. Entonces, es imposible. ¡No es problema de voluntad! Lo digo porque como se reitera tantas veces la pregunta, parecería que el actual Directorio de ASSE no quisiera dar una cifra ex profeso. Sin embargo, esa cifra no la puede dar porque no la tiene, porque es imposible tenerla.

  Quiero que eso quede claro en la versión taquigráfica de lo que yo modestamente entendí de la respuesta que dio la presidenta de ASSE.

 SEÑOR LEMA (Martín).‑ Quiero hacer una aclaración al señor diputado Gallo, que interpreta lo que hay en el ambiente y lo que dice el resto de los legisladores. Le quiero decir al señor diputado Gallo, a los efectos de la versión taquigráfica, que él mismo quiere generar, que el Sistema Integrado de Información Financiera describe una serie de montos de contrataciones que se imputan a las unidades ejecutoras. En ese monto de contrataciones, aparece un monto en el año 2012 de, aproximadamente, $ 570.000 en el Hospital de Bella Unión. Casualmente, le cuento al señor diputado Gallo, que en el año 2013, una vez que se contrata a Siemm, ese monto se dispara a más de $ 8.000.000, y en el año 2014, a más de $ 13.000.000.

  Cuando yo hice la pregunta al directorio ‑tengo la respuesta al pedido de informes, que se lo vamos a hacer llegar al señor diputado Gallo para que se ilustre de la respuesta del directorio‑ de cuántos kilómetros correspondía a cada monto que ya están atribuidos a esa unidad ejecutora, solamente se limitó a contestar del año 2013 en adelante. O sea que el monto que está imputado en Bella Unión no saben traducirlo a cuántos kilómetros corresponde. El resto de los kilómetros de otras unidades ejecutoras que se pueden haber tomado estará imputado en otras unidades ejecutoras. Yo estoy preguntando, precisamente, por Bella Unión. Y ya que el señor diputado Gallo quiere que quede en la versión taquigráfica, yo voy afirmar que para mí es porque no necesariamente se han hecho más kilómetros y, permanentemente, estuvo la contratación de la empresa Siemm SRL, y no se logra justificar. Hay un monto ejecutado, que son dineros públicos, que hasta el día de hoy no sabemos en cuántos servicios más o en cuántos kilómetros fueron volcados.

  Entonces, vuelvo a insistir que ese dato que alguno considerará que no es relevante ‑a mi juicio, sí‑ es importante para saber si el incremento de $ 14.000.000 en el año 2013 con respecto a 2012 tiene justificación en cuanto a la cantidad de kilómetros. No estoy comparando con el resto de la unidades ejecutoras; estoy hablando donde está contabilizado ese monto. Por lo tanto, no es admisible que se diga que hay otros montos imputados a otras unidades ejecutoras, porque eso corresponderá a otras cantidades de kilómetros; no tiene absolutamente nada que ver con la pregunta concreta que estoy haciendo, que es cuántos kilómetros se recorrieron con los $ 570.000, ejecutados en el año según el Sistema Integrado de Información Financiera en Bella Unión.

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).‑ La doctora Valeria Celada, directora regional de la Región Norte de ASSE, al contestar la auditoría expresa, en el número 9, que en 2012 el gasto de contratación de servicios tercerizados de traslado se corresponde a lo que no se podía cubrir con los servicios propios de la unidad ejecutora. Hasta mediados de 2013, el equipo de traslado de la unidad ejecutora siguió funcionando. A partir de la renuncia de los profesionales el sistema colapsó, por lo que la contratación de un servicio tercerizado fue inevitable. Se realiza el procedimiento licitatorio correspondiente y se adjudica el mismo. Por lo tanto, la comparación que se realiza entre 2013 y 2014 debe tener en cuenta que el gasto de 2013 se corresponde con seis meses de la empresa tercerizada y seis meses de equipo propio. En cambio, 2014 se corresponde completamente con los costos de la empresa contratada. Esto se corrobora en la medida en que los gastos de 2015 son similares a los de 2014.

  La pregunta concreta al directorio es si se comparte el informe y la respuesta dada por la directora regional de la Región Norte de ASSE, la doctora Valeria Celada, a la auditoría.

  Por otra parte, en la misma respuesta, la citada directora regional expresa que el director del período correspondiente a esta auditoría fue el doctor Washington Pereira y la administradora, la señora Mariel Pereira, quienes fueron notificados de los resultados de la misma, que están en el anexo 3.3, y se tomaron las medidas correctivas, que se detallan en el anexo 3.4. Las medidas correctivas que se refieren por parte de la directora regional fueron aceptadas por el directorio de ASSE y estuvieron de acuerdo con ellas.

  Con respecto a traslados, que es a lo que nos estamos refiriendo, quisiera saber si se tuvo en consideración que la auditoría expresó dentro de sus conclusiones con respecto a la empresa Siemm que era única en una ciudad apartada, con escasas vías y medios de comunicación físicos; es decir, si tal expresión por parte de la autoría fue considerada por el actual directorio de ASSE.

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ En referencia a las preguntas que hace el señor diputado Lema y las toma el diputado Gallo, lo que estamos diciendo nosotros es que no es comparable una cosa con la otra. Es eso nada más. No podemos comparar la cantidad de kilómetros. Es exactamente como decía recién la diputada Bottino. Lo que está contemplado en el SIIF, en realidad, es lo que nosotros no pudimos resolver con nuestros traslados propios.

SEÑOR LEMA (Martín).‑ No entiendo cómo se puede comparar 2013, 2014, 2015, con 2016, y justo el año 2012 no se puede comparar.

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ En 2013, 2014, precisamente, era una empresa tercerizada y, en ese sentido, obviamente, los gastos son los gastos de la empresa tercerizada sola. En 2012, no, aún teníamos el servicio propio. Lo que no se podía resolver con el servicio propio, ahí sí, se imputaba, preciamente, a una empresa tercerizada. También es cierto que las unidades ejecutoras, reitero, Salto o Artigas, muchas veces iban a buscar el traslado de Salto, y también por ser unidades ejecutoras dentro de ASSE no se imputan en el SIIF.

SEÑOR ARDUS (Mauricio).‑ A los efectos de tratar de clarificar este concepto, porque parece que no nos entendemos, quiero hacer el máximo esfuerzo por unificar conceptos.

  Estamos hablando de los traslados que requerían los usuarios de la unidad ejecutora Hospital de Bella Unión. Este es el objeto de análisis. En este sentido, hay que decir que estos traslados en 2012 se hacían por el servicio propio, por una empresa contratada, ya fuera la de Salto, la de Artigas o por servicios nuestros de otras unidades ejecutoras. Es por esta razón que lo gastado en empresa tercerizada en el año 2012 no refleja lo que necesitaron nuestros usuarios. No hay forma de calcular lo que gastó ASSE para dar ese servicio a los usuarios en 2012. ¿Por qué es tan fácil hacerlo cuando el único proveedor era la empresa tercerizada? Porque todos los traslados, salvo excepciones, eran realizados por el servicio contratado. Entonces, ahí es perfectamente cuantificable. De aquí surge esto, que parece no entenderse, de que no son años comparables.

SEÑOR LEMA (Martín).‑ Simplemente, para dejar constancia de que salen de las resoluciones. No es muy difícil sumar las resoluciones y llegar a la conclusión de los kilómetros. Así que tratemos de no dibujar el tema.

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).‑ Creo que venimos trabajando con altura, y me parece que las últimas expresiones del señor diputado Lema no fueron felices.

SEÑOR LEMA (Martín).‑ Pido disculpas.

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).‑ Yo creo firmemente que las explicaciones que dio la presidenta y que después complementó con mucha claridad el vicepresidente, explican claramente que hay una diferencia. No es por defender, vamos a entendernos. Cuando tengamos que decir cosas se las vamos a decir, pero, reitero, no es por defender. No se pueden comparar porotos con maíz. Es imposible hacerlo, porque esos $ 560.000, que están en el SIIF, son de contrataciones a privados de Salto o de Artigas, equis cantidad de kilómetros. Nos remontaremos a la fecha y calcularemos los kilómetros. El resto de los kilómetros son hechos por las propias ambulancias de ASSE y es incuantificable. Por eso no puede cuantificarse. Esto es tan claro… Lo digo en serio. Estamos haciendo base en cantidad de traslados cuando no puede compararse.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Partimos de la base de que lo dice en serio, diputado.

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).‑ Lo que analizó la auditoria, lo que nosotros estamos analizando y lo que es objeto de las observaciones del denunciante son los traslados tercerizados. Cuando uno mira la documentación ‑reitero, lo que nosotros tenemos que leer para venir informados‑, la auditoría, las respuestas que cité de la doctora Valeria Celada y escucha las explicaciones del directorio, puede ver que refieren a los traslados tercerizados, a la contratación de tercerizaciones. Ese es el objeto de lo que estamos planteando ahora. Por eso, yo me refería a la respuesta en el numeral 1), a las dificultades que se tenían. Me referí a lo que contestó en el numeral 9) y si coincide el directorio con las apreciaciones y las respuestas que se dieron por parte de la directora de la Regional Norte. Estamos hablando, específicamente, de contratación de servicios tercerizados de traslados.

SEÑOR LEMA (Martín).‑ En primer lugar, quiero decir que el término que utilicé fue inadecuado e inoportuno. Por lo tanto, pido disculpas ‑versión taquigráfica mediante‑ al señor vicepresidente de ASSE. Entiendo que me equivoqué en la expresión que manifesté.

  Sin perjuicio de ello, considero que es totalmente comparable, porque no deja de ser la contratación de privados. Esa contratación de privados debería arrojar cuántos kilómetros recorrieron. O sea que, tengo una diferencia de opinión, pero ha sido desafortunada la forma en que la expresé. Quería dejar constancia de esto.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).‑ La intervención de la diputada Bottino es lo mismo que ya había dicho la presidenta de ASSE con respecto a la opinión de la otra directora regional, que sucedió al que usted mencionaba. O sea que un director regional no tuvo opinión, pero otra sí la tuvo, y la marcó. No era que no tenía conocimiento, sino que hay dos actitudes distintas, en dos directores regionales distintos.

  No voy a entrar en la discusión de los kilómetros, pero creo entender que el diputado Lema está pidiendo que le digan ‑quizá me equivoco‑ a cuántos kilómetros corresponden los $ 560.000. Tan sencillo como eso; es cuantificable y tiene que estar…

  (Diálogos)

——No tiene nada que ver con el conjunto de traslados; es mucho más sencillo. Obviamente, deben ser menos kilómetros que los otros.

SEÑOR PEÑA FERNÁNDEZ (Daniel).‑ Voy hacer una pregunta que la contestan si quieren; no está vinculada directamente con la investigación. Es una duda que me queda y me gustaría que la presidenta nos la contestara.

  Dados los hechos notorios ‑que han sido constatados por la auditoria‑, está siendo bastante claro que los directores mencionados entraron, por lo menos, en una irregularidad; ¿por qué motivo se mantiene la confianza y se los designa en otros cargos dentro del organismo?

SEÑOR NÚÑEZ (Gerardo).‑ Quiero dejar una constancia. Entiendo que las respuestas que viene dando el directorio están vinculadas con las primeras preguntas que se hicieron, que estaban focalizadas en señalar el aumento estrepitoso que existía de un año a otro. Recién en esta última ronda de preguntas se focalizan en el gasto del año 2012 y su correspondencia con los kilómetros. Digo esto para que quede constancia, porque esta pregunta ya fue respondida, por lo menos, en tres oportunidades, y en esta última ronda se reformuló.

  Posteriormente, el directorio podrá encontrar la correspondencia de ese gasto con el kilometraje, pero hay que dejar en claro que no puede compararse un gasto auxiliar con uno total del año siguiente.

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).‑ ¿En qué momento comenzó a realizarse el expediente judicial sobre este punto? ¿Ya ha habido respuesta por parte del directorio de ASSE? ¿Ya han sido citados al Juzgado? ¿Conocen cómo va la marcha del expediente judicial?

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ Nosotros compartimos las expresiones vertidas por la doctora Valeria Celada, directora de la Regional Norte, en respuesta a la auditoría.

  Si bien es cierto que el primer director regional, doctor Ferrazzini, no habló de licitación abreviada, yo le explicaba cuál es la situación. En realidad, Celada es directora regional en este período, con nosotros. Antes no se había advertido la situación problemática. No la advirtió el anterior directorio, por lo que, seguramente, el director regional tampoco lo sabía.

  Cuando nosotros tomamos conocimiento de lo que decía la auditoría en respuesta a lo que dice el doctor Peña, ya habían sido designado el doctor Eguren como director del centro hospitalario Pereira Rossell; el doctor Marcos García estaba fungiendo funciones como director del hospital de Salto y el doctor Rodrigo Barcelona como director del pediátrico. Marcos García fue el único señalado por jurídica. Todo eso sin perjuicio de que está en el crimen organizado. Si crimen organizado determina otra cosa, el directorio tomará resolución.

  La denuncia penal del fiscal del crimen organizado, doctor Carlos Negro, se efectuó en agosto de 2016. Nosotros ya hemos enviado cerca de tres mil fojas y hasta el momento no hemos sido citados. No sabemos que haya sido citado ningún miembro de ASSE.

SEÑOR PEÑA FERNÁNDEZ (Daniel).‑ Simplemente quiero dejar una constancia. A pesar de que ya estaban designados, ¿los tres gozan de su total confianza hasta el día de hoy?

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ Hasta el día de hoy, el directorio no consideró nada; hasta hoy no tiene ningún elemento; jurídica y los Juzgados no nos han señalado alguna cosa diferente. Si el Juzgado determina otra cosa, se verá.

SEÑOR PEÑA FERNÁNDEZ (Daniel).‑ Es una pregunta subjetiva, de su opinión.

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ No se ha reconsiderado.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).‑ Me parece difícil de entender que el director regional ‑además, como decía la doctora, está vinculado a temas asistenciales; supongo que viajarán y visitarán asiduamente las unidades ejecutoras‑ no haya notado que, precisamente, con fines asistenciales se habían tercerizado los traslados con la empresa de la cual los directores eran dueños. Esto es de muy difícil comprensión. Por lo visto, esto sí lo vio y percibió la directora general que vino después. Quería dejar esta constancia.

  Por otro lado, me voy a referir a los cargos que ocupan estos directores. Hay un marco estrictamente jurídico, vinculado a resoluciones de organismos, y un marco que tiene que ver con una orientación política, ética y de valores para una administración que, creo, es subjetivo. Estamos hablando de directores con altos cargos que, claramente, infringieron normas de buen criterio de administración, contratándose a sí mismos.

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).‑ Quiero dejar constancia de que lo que yo estoy citando de la doctora Valeria Celada, por la cual fueron las actuaciones, es en función de la auditoría que se realizó y que se le dio para que informara. Por eso la directora regional hace el informe. No queda claro en qué circunstancias se expresa. Hay que tener presente cuándo se realizaron las auditorías, en qué momento se le dio vista de esas actuaciones, así como los descargos e informes que se realizaron por parte de las autoridades correspondientes. Inclusive, yo hacía referencia a lo que ella informaba de a quién se le notificó los resultados de la auditoría, quienes eran los directores: el doctor Washington Pereira y la administradora señora Mariel Pereira. Digo esto para dejar constancia de a qué me estoy refiriendo cuando cito a la doctora Valeria Celada.

  Quiero hacer otra pregunta. Usted hizo referencia a los informes de jurídica y a las resoluciones de gerencia general sobre los tres médicos. ¿Podemos tener constancia de eso? Si no es ahora, a lo mejor nos puede alcanzar en otra oportunidad, por lo menos, para leer las consideraciones de jurídica y la resolución que se adoptó.

  Con respecto a los estudios y contrataciones de prestaciones médicas, consulto si ustedes tuvieron en consideración lo que estableció la auditoría y, a su vez, lo que se informó por parte de las direcciones correspondientes, que decían que la contratación directa de estudios y policlínicas médicas favorecen la calidad de atención a la comunidad y se adoptaron en función de los intereses de los usuarios.

SEÑORA MUNIZ (Susana).‑ Con respecto a la renuncia de los tres médicos, Carolina Pereira Souto, Jesús León y Carlos Daniel Manassi, les dejo los documentos para que los tengan

  En realidad, las consideraciones que surgen ahí son de índole personal; ni siquiera hablan del salario, ni mucho menos, más allá de lo que señalaron en ese momento los directores.

  En el tema compras directas por estudios médicos, lo que sucede en el interior es esto: no existen todas las especialidades en buena parte de las ciudades y pueblos. En realidad, si tuviéramos la vacante y el dinero para contratarlas, seguramente sería otra la situación. Por eso, lo que se hace es recurrir a profesionales que van desde Montevideo u otras ciudades del interior a Bella Unión. Lo cierto es que en Bella Unión se incrementaron. Yo había leído que en el año 2007‑ 2008 había cuatro especialidades. Hoy hay más de cuarenta especialidades que concurren ‑no es que residan en la ciudad de Bella Unión‑ y hacen los distintos estudios o consultas.

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).‑ Yo me refería, señora presidenta, a las resoluciones que usted mencionó de jurídica por las cuales se adoptó resolución por parte de la gerencia general sobre los directores que pertenecían a Siemm SRL.

  Lo que quería preguntar era lo siguiente. La auditoría interna de ASSE recomendó establecer con respecto a la contratación de estudios médicos, profesionales y técnicos que los funcionarios de ASSE eventualmente subcontratados por el hospital o por otra empresa realicen declaración jurada de la situación, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 17, 28 y 29 del Decreto N° 30, de 2003. La doctora Celada estableció que se está trabajando junto con gerencia general en la regularización de formas contratación de profesionales en una ciudad con las características muy especiales como es Bella Unión. Consulto si dichas sugerencias fueron consideradas y se están instrumentando.

SEÑORA MUNIZ (Susana).‑ En el caso de jurídica, no traje hoy el resultado de las implicancias, pero, obviamente, se las mandamos. Me refiero a la investigación administrativa que señala el caso de los tres funcionarios y por qué se adoptó la resolución que jurídica recomienda en cuando al doctor Marcos García y por qué en definitiva no considera que haya conflicto de interés en los otros dos casos.

  En el caso de la auditoría interna, se adopta la declaración jurada. Precisamente, ahora están todos los funcionarios que declaran la situación de conflicto. Se trabajó activamente en eso, y hoy lo declaran todos.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).‑ Quisiera confirmar algo.

  Cuando se refiere a lo que dice la auditoría que en otros lugares pasa lo mismo, está hablando de estudios médicos o estudios que se mandan y se contratan a una empresa, que podrá ser unipersonal. Pero lo que se constata es que los estudios se hacían en las mismas instalaciones del hospital y en el horario en el que esos profesionales o funcionarios ‑en algunos casos‑ deberían estar cumpliendo tareas en el hospital. ¿Es a eso a lo que se refiere la auditoría?

SEÑORA MUNIZ (Susana).‑ No, a nosotros no nos consta eso; sí que se hacen en las instalaciones del hospital. En realidad, hay distintos tipo de llamados. Cuando tenemos el equipamiento y las instalaciones, para nosotros es mejor que vengan a nuestro hospital y no que los usuarios sean los que se trasladen. Nosotros no tenemos ningún conocimiento de que se hagan superponiendo horarios de ASSE con los de las empresas.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Si estamos de acuerdo, pasamos a analizar la otra unidad ejecutora.

  (Apoyados)

SEÑOR RUBIO (Eduardo).‑ Vamos a seguir analizando el norte del país.

  En cuanto a Rivera, hay una primera pregunta ‑igual que en el anterior caso‑ vinculada a la serie de irregularidades constatadas en la contratación de empresas de limpieza, vigilancia, conserjería. Aquí aparecen de vuelta empresas que se reiteran a lo largo y ancho del país: Mansilla, Onamerica, Joaka. Ahí la auditoría constata irregularidades varias, de todo tipo: otra vez la inexistencia de las pólizas de garantía de fiel cumplimiento del contrato, vulnerando la responsabilidad subsidiaria de ASSE en la relación contractual; incumplimiento en la seguridad social; licencias impagas declaradas como liquidadas; diferencias en las planillas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en cuanto a cantidad de trabajadores. En fin, se trata de un conjunto de irregularidades, desde nuestro punto de vista, muy graves. La auditoría recomienda varias medidas. La pregunta es si también esto corresponde al directorio anterior. Nosotros lo preguntamos y nos dijeron no conocerlo. Ustedes obviamente llegaron cuando ya la auditoría estaba expresándose. La pregunta es si tienen conocimiento de si se corrigió, si se sigue dando de esta manera y qué pasó con estas empresas.

  La segunda pregunta es si este directorio conoce o conoció el contrato que existía entre el Hospital de Rivera y la empresa Cemoc, Centro Médico y Odontológico Cuaró. De conocer el contrato que existía, quisiera saber qué tipo de contrato era y si contaba con el aval de este directorio.

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ La primera pregunta del señor diputado Rubio hace referencia a las tercerizadas de limpieza, vigilancia y conserjería, las pólizas y el incumplimiento en cuanto a la seguridad social, licencias y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En lo que tiene que ver con las pólizas de garantía de fiel cumplimiento del contrato de las empresas de conserjería y limpieza, según se verificó mediante la asesoría de Auditoría Interna en lo que refiere a gestión de servicios tercerizados, expediente 29/068/1/2475/2015/0/0, las licitaciones intervenidas a febrero de 2016 ya contaban con las garantías exigidas por contrato, las que incluyen la cobertura por incumplimientos laborales y previsionales. Se subsanó la observación realizada al respecto implementándose las recomendaciones aconsejadas.

  En lo que refiere a incumplimientos con las obligaciones con la seguridad social por parte de la empresa Joaka S.A, debe decirse que dichas situaciones fueron notificadas a la empresa a fin de ser regularizadas. Asimismo, se dispuso la retención de facturas emitidas por la empresa a fin de garantizar el fiel cumplimiento de eventuales reclamos por adeudos laborales y deudas por concepto de obligaciones en la seguridad social. Mensualmente, se controlaban las liquidaciones formuladas por la empresa con los pagos que efectivamente correspondían, así también como con las planillas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social remitidas por ella. En caso de verificarse diferencias, se retenían los pagos por los servicios prestados hasta tanto fueran regularizadas las observaciones formuladas. Luego de las medidas adoptadas por parte de la gerencia financiera del centro se logró la regularización de las licencias del personal dependiente de la empresa Joaka S.A. Dejamos constancia de que las diferentes irregularidades laborales realizadas por la empresa obligó a la gerencia general a retener en varias oportunidades los importes facturados con la finalidad de cumplir con las obligaciones laborales frente al Banco de Previsión Social y funcionarios. En la actualidad, se encuentra depositada en la cuenta Nº 4835 del Fondo de Terceros de la unidad, la suma de $ 1.704.423 correspondiente a facturas por servicios prestados en los meses de marzo, abril y mayo de 2015.

  Con relación a la empresa Onamérica S.A, se aplicaron los mismos controles y medidas adoptadas respecto a Joaka S.A. Los fondos retenidos por la unidad a la empresa son de $ 580.013 al amparo de lo previsto por el artículo 5º de la Ley Nº 18.251. Se fueron depositando el día 15 de diciembre en la Cuenta del Fondo de Terceros Nº 2412/5 de ASSE en cumplimiento a la orden recibida por la gerencia administrativa. Respecto a las refacturaciones de julio y diciembre de 2013, cabe informar que se debieron a diferencias constatadas entre la factura presentada por la empresa y los conceptos que efectivamente correspondían

  Hay también observaciones realizadas con respecto a las facturaciones por compra directa a los servicios de limpieza para el bloc quirúrgico y el lavadero. Debe decirse que se debieron a una ampliación de las horas de servicio contratadas solicitada por la dirección de la unidad ejecutora por necesidad del servicio. En referencia al control de registro y cómputo de horas trabajadas a partir de setiembre de 2014, se implementó un nuevo software de registro de asistencia en la unidad ejecutora que permite el correcto control de las horas efectivamente trabajadas. En consecuencia, a partir de esa fecha, la facturación de horas trabajadas comenzó a realizarse en base a un cálculo real.

  En lo que tiene que ver con el suministro de vestimenta prescripto en los pliegos particulares de condiciones por parte de las empresas contratadas, según se verificó mediante la asesoría de la Auditoría Interna en lo que refiere a gestión de servicios tercerizados, el expediente es 29/068/1/2475/2015/0/0.    Las licitaciones intervenidas a febrero de 2016 señalan que los operarios de vigilancia y limpieza lucían uniformados, con identificación personal a la vista. El personal en tareas especiales, transporte de residuos, portaba el vestuario adecuado.

  En cuanto al registro de asistencia por parte de los supervisores de los servicios contratados, según se verificó mediante la asesoría de auditoría interna y de gestión ‑y leo número del expediente: 29/068/1/2475/2015/0/0‑ en las licitaciones intervenidas a febrero de 2016, los supervisores registran asistencias y las mismas no están incluidas en las horas facturadas por la empresa.

  En lo que tiene que ver con la certificación de auxiliares de servicio en salud de los trabajadores de la empresa de limpieza contratada, actualmente esa situación se encuentra subsanada por parte de la empresa, que sustituyó a la empresa Óscar Mansilla a partir de enero de 2016.

  En referencia al registro de descanso intermedio, a partir del mes de julio de 2014 se implementó en el software del sistema de control de asistencia de la unidad ejecutora, el control de descansos intermedios de los funcionarios de las empresas contratadas. En base a las recomendaciones de la auditoría, cabe afirmar que actualmente se controla que las horas facturadas coincidan con los reportes de la unidad de recursos humanos y se exige nota de crédito si hay diferencias en más, respecto a los registros de la unidad ejecutora.

  Esto contesta lo que se reseña en la denuncia fojas 24 y 25. Este 100% de lo denunciado surge de auditorías realizadas en ASSE; hubo errores, pero no quiere decir que siempre se deba a que hubo un error sino que, a veces, quedó registrado como tal por no poder acceder ante los hechos que acreditan el cabal cumplimiento de esa normativa o de los procedimientos correspondientes.

  En virtud de esto, se ha trabajado muy fuertemente el tema a partir de la creación de un comité de auditorías que lo preside el vocal del directorio. Además, se está haciendo un seguimiento pormenorizado de las mismas de forma que se cuente con planes de trabajo tanto para lograr una buena respuesta ante las auditorías como también para la inmediata corrección de faltas o errores constatados.

  Asimismo, ya le contestamos ante un pedido de informes del señor diputado Lema que ASSE no mantiene ningún vínculo contractual con la empresa Onamérica S.A, Joaka S.A y Washington Lucero Del Puerto. Si bien, no se tiene un pronunciamiento definitivo por parte de la agencia de compras y contrataciones del Estado, se han aplicado severas sanciones económicas a Onamérica S.A y se sancionó a Lucero del Puerto con dos años como proveedor de ASSE y Joaka S.A fue eliminada como proveedora de ASSE.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).‑ Es decir que la auditoría constata las irregularidades, se trabaja para corregirlas, algunas están corregidas. Usted me dice que, en algunos casos, faltaba documentación…

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ Sí.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).‑ …en otros casos, había errores o faltas. ¿Qué pasó con quienes fueron responsables de estas faltas administrativas, malos contratos, contratos mal hechos o falta de controles? ¿Se han tomado medidas? ¿Ha habido alguna resolución?

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ Las auditorías no tienen un fin punitivo sino, justamente, de corrección. Todas estas auditorías son anteriores a este directorio. Este directorio se puso a trabajar, generó ese comité de auditorías, aumentaron las horas de auditoría.

  Por otro lado, se trabajó con los funcionarios, sobre todo en los procesos de compras, que creo que hay que seguir fortaleciendo. Con esto no digo que esté todo solucionado pero, en realidad, se trabajó con estos funcionarios en esos procesos muy fuertemente con la Oficina Nacional del Servicio Civil y con la propia gerencia administrativa de ASSE.

  Nosotros tomamos resolución en cuanto a hacer seguimientos a estas unidades y ver que se corrija. En cuanto a las responsabilidades, no queda muy claro, primero, de quiénes son. Son anteriores a nosotros y no tenemos claro cuál era la capacitación que tenían los funcionarios para la realización de estas compras. No sé si me explico

 SEÑOR CHARAMELO (Richard).‑ Celebramos que se vayan tomando resoluciones y medidas para corregir lo que está mal. Partamos de la base de que más allá de que fue en el directorio anterior, ustedes están tomando resoluciones para mejorar lo hecho. Si desconocemos y no hacemos nada es probable que algunas de esas personas que cometieron ilicitudes, incorrecciones o desprolijidades, puedan volver a estar. Se trata del mismo gobierno con diferentes autoridades. Por algo se están tomando medidas: porque partimos de la base de que hubo cosas que estuvieron mal. ¿Corregimos lo que esta mal pero no actuamos sobre las personas que incurrieron en esas desprolijidades o incorrecciones? Está bien corregir lo que está mal, pero no podemos decir que eso era de otro directorio y nosotros arrancamos simplemente corrigiendo pero sobre las personas afectadas... Porque lo mismo pasó en el capítulo anterior cuando, lejos de sancionar, hubo algunos que fueron premiados, porque ante situaciones irregulares terminaron siendo directores de otras reparticiones u hospitales. Por ejemplo, si lo traslado a una empresa equis, una persona que comete una irregularidad por lo menos no va a mejorar. Acá hasta el día de hoy las personas que cometieron irregularidades siguen manteniéndose, no se han sancionado. Se han corregido las posibles causas de la irregularidad, pero no se ha sancionado a la persona.

  Quisiera saber si es un tema en el que se piensa profundizar o si dependerá de la justicia, si actúa o no. Me parece que, independientemente de la justicia, para algo hay un ministerio, un directorio, que debería tomar medidas ante situaciones que terminan perjudicando la imagen del directorio actual.

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ Estamos hablando de auditorías. Esas auditorías fueron seguidas a través de un comité de auditorías. Se hizo un seguimiento bien importante, se corrigió una serie de procesos y no hemos individualizado algún responsable en este caso; en este caso, no se individualizó a un único responsable. Sí detectamos debilidades en las oficinas de compra. Por eso, lo que se hizo tiene que ver con la capacitación, el tutelaje ‑digamos‑ en el lugar para ver cómo se hacen los procedimientos. En eso estamos trabajando. A su vez, se siguen haciendo las auditorías sobre estos mismos procesos.

  La segunda pregunta que hizo el diputado Rubio tiene que ver con la empresa Cemoc y con la contratación de recursos humanos a través de ella. Ustedes saben que acá se detecta un aumento de gastos en servicios médicos en 2015. Voy a hacer una cronología de los hechos para esclarecer.

  Con fecha 16 de noviembre de 2016, el referente de la Dirección de Recursos Económicos Financieros de ASSE ‑no sé si recuerdan que hace un rato les comentaba que establecimos referentes económicos financieros para cada una de las regiones‑, señor Alex Martínez, eleva informe dando cuenta del desfase en el gasto de la Unidad Ejecutora 025, referida al Objeto del Gasto 283, Auxiliar 000, servicios médicos, sanitarios y sociales. Según los datos emergentes del SIIF, a la fecha del informe, el Objeto del Gasto 283 en el período 2014 a 2016 había ascendido en forma significativa y más de la mitad del gasto del ejercicio 2015 estaba concentrado en la contratación de los servicios de la cooperativa de trabajo Centro Médico Cuaró, Cemoc.

  Con fecha 2 de diciembre, el señor gerente administrativo de ASSE recomienda iniciar investigación administrativa tendiente a analizar el aumento del gasto realizado en el Hospital de Rivera en el Objeto del Gasto 283000, que en su gran mayoría se encuentra observado y reiterado por el ordenador. Recibidos los antecedentes en la gerencia general, esta entiende que se debe instruir una investigación administrativa a efectos de aclarar las dudas emergentes de los informes precedentemente citados. Es por ello que con fecha 14 de diciembre de 2016, por resolución Nº 5653 de 2016, la gerencia general de ASSE dispone una investigación administrativa tendiente a esclarecer el incremento del Objeto del Gasto "Estudios médicos", realizado por la unidad ejecutora 025, Centro Departamental de Rivera, y que fueran observados por la gerencia administrativa de ASSE, por exceder en el período 2014‑ 2016 un ciento por ciento el gasto ejecutado a la contratación.

  Con fecha 23 de marzo de 2017 se designó formalmente un instructor de los procedimientos, habiéndose cumplido con la totalidad de los requisitos formales establecidos en el procedimiento administrativo y disciplinario de ASSE, Resolución Nº 5.500 de 2015. El objeto de la investigación quedó delimitado, entonces, a justificar el gasto originado en la unidad ejecutora, las necesidades reales asistenciales del mismo, así como también los procedimientos que llevaron a subcontrataciones, y si los mismos fueron ajustados a derecho. Se recabó el testimonio de todos los integrantes del equipo de gestión del Hospital de Rivera: director, subdirector, administrador y gerente financiero, y de las distintas direcciones a nivel de ASSE: gerencia administrativa, dirección de recursos económicos financieros y dirección de la regional norte.

  Con fecha 9 de junio de 2017 se eleva informe final de instrucción que concluye que el gasto en el Rubro 283, Auxiliar 000, Servicios Médicos Sanitarios y Sociales del Centro Auxiliar de Rivera, durante el período 2014‑ 2016, se debió a la contratación de profesionales médicos especialistas para cubrir servicios esenciales para el funcionamiento del hospital; que la contratación de los mismos no fue ajustada a derecho, ya que se realizaban compras directas con Cemoc que sobrepasaban los montos establecidos para las mismas por el Tocaf, artículo 33; que no se realizó el cruzamiento de datos en el RUPE con el propósito de evitar un eventual conflicto de intereses con la administración y los titulares de Cemoc, artículo 46; que el Objeto del Gasto por el cual se realizaron las contrataciones no era el habilitado para ello, siendo observados por el Tribunal de Cuentas y reiterado por el ordenador del gasto.

  La instructora sumariante individualiza como responsable de falta administrativa a las siguientes personas: al director del hospital, doctor Andrés Toriani, de quien destaca que no es funcionario público, sino contratado por la Comisión de Apoyo de ASSE, por lo que sugiere se remitan a ella las resultancias de la investigación a fin de que la misma adopte las medidas que considere pertinentes; al subdirector del hospital, doctor Víctor Recchi, que al ser el ordenador del gasto y reiterar las observaciones del Tribunal de Cuentas ha incurrido, prima facie, en falta administrativa, sugiriendo la aplicación del procedimiento dispuesto en el artículo 173 del procedimiento administrativo y disciplinario de ASSE, Resolución Nº 5.500 de 2015; al director administrativo del Centro Departamental de Rivera, señor Carlos Cunha, por no contratar de acuerdo con lo establecido por el artículo 33 del Tocaf y omitir el control establecido en los artículos 76 del Tocaf y 29 del Decreto Nº 155 de 2013, en mérito a lo cual se sugiere aplicar el mismo procedimiento dispuesto en el artículo 173 del procedimiento administrativo y disciplinario de ASSE, por entender que habría incurrido en falta administrativa como consecuencia del error en el procedimiento en la contratación administrativa y falta de cruzamiento de datos al no verificar la representación legal de Cemoc en el RUPE.

  También se identifican como responsables a los funcionarios Sergio López y Luis Cardozo, como responsables, prima facie, de falta administrativa por no dar conocimiento de sus respectivos cargos dentro de Cemoc a las autoridades del centro.

  El señor López es contratado por Comisión de Apoyo de ASSE, por lo que se sugiere se remitan a esa Comisión las resultancias de la investigación a fin de que la misma adopte las medidas que considere pertinentes.

  El funcionario Luis Cardozo es pasible del procedimiento dispuesto en el artículo 173 del proceso administrativo disciplinario de ASSE por tener vínculo presupuestal con ASSE.

  Con fecha 13 de junio de 2017, en virtud del informe citado, la Dirección Jurídico Notarial de ASSE se expide elevando a la Gerencia General informe sugiriendo se dicte resolución disponiendo los sumarios solicitados, sin suspensión preventiva, atento a que la prueba ya había sido diligenciada, no existiendo riesgo de dispersión de la misma.

  En la misma fecha, la Gerencia General remite los antecedentes a consideración del Directorio de ASSE.

  En fecha 20 de junio de 2017, el Directorio resuelve encomendar a la Gerencia General la conformación de un equipo profesional multidisciplinario que se constituye en la Unidad Ejecutora 25, asegure la continuidad asistencial e implemente y realice un análisis de las tareas del Centro Departamental de Rivera.

  Con fecha 28 de junio de 2017, por resolución de la Gerencia General de ASSE, en ejercicio de atribuciones delegadas N° 2698 del 2017, se dispone la instrucción de sumario administrativo en virtud de haberse individualizado responsables prima facie de falta administrativa en relación al doctor Víctor Recchi Barreiro, subdirector del hospital, señor Carlos Eduardo Cunha Sánchez, director administrativo del Centro Departamental de Rivera, y Luis Cardozo Da Costa, auxiliar de enfermería del Centro Departamental de Rivera, incorporando las actuaciones cumplidas en la investigación previa, el que se encuentra en trámite. Por la misma resolución se dispone, respecto al doctor Andrés Toriani Faraldo y al señor Sergio López Porto, quienes mantienen vínculo con Comisión de Apoyo de los Programas Asistenciales de ASSE, Unidad Ejecutora Nº 068, confeccionar testimonio y remitir a la comisión citada, lo que se cumplió con fecha 6 de julio de 2017.

  Se agregó toda la prueba documental aportada por los funcionarios sometidos a la potestad disciplinaria y se procedió a tomar declaraciones a los involucrados en la ciudad de Rivera, quienes comparecieron con derecho a asistencia legal debida. En virtud del principio de reserva establecido en el artículo 164 del procedimiento administrativo de ASSE, las actuaciones referenciadas tienen carácter reservado hasta luego de culminado el plazo de vista, y la violación del mismo constituye una falta grave.

  Con fecha 25 de julio el gerente general, doctor Richard Millán, eleva al Directorio de ASSE, conforme con las resultancias del trabajo que le fuera encomendado por acta de fecha 20 de junio. Del mismo surge una propuesta a efectos de revertir el incremento de crédito del Objeto del Gasto "Estudios Médicos" existentes en la Unidad Ejecutora Nº 025. Para esa propuesta se realizó un análisis exhaustivo de la totalidad de las tareas realizadas en el hospital, la estructura de recursos humanos, la dotación de los recursos existentes, así como también la productividad y funcionamiento de cada uno de sus servicios. Luego de haber mantenido varias jornadas de trabajo en el hospital, el Directorio evaluó la propuesta de reestructura que fuera oportunamente presentada.

  Se realizó una reestructura de los veintiún servicios asistenciales que contaban con personal contratado por el Objeto del Gasto "Servicios Médicos", cumpliendo con el objetivo de asegurar la continuidad asistencial a través de vínculos laborales propios de la Administración, es decir, contratados 256 o por Comisión de Apoyo.

  Con fecha 23 de agosto, el Directorio de ASSE, luego de analizar la situación en su globalidad y atento a la manifestación realizada por la Gerencia General y por la Dirección de la Regional Norte en el sentido de no respaldar la continuidad en el cargo a los doctores Andrés Toriani y Víctor Recchi, dictó las Resoluciones Nos. 3901 y 3902, disponiendo el cese de las tareas de director y subdirector respectivamente del Centro Departamental de Rivera.

  Con la misma fecha, 23 de agosto, en virtud de encontrarse acéfala la función de director del Centro Departamental de Rivera, el Directorio de ASSE resuelve designar interinamente a la licenciada Liria Esther Figueiras Marrero por Resolución N° 3903 del 2017.

  Con fecha 1º de setiembre de 2017 se designa, por parte mía, en atribución del artículo 7º, al doctor Lorenzo Cobas Correa como adjunto en la funciones del director técnico del Centro Departamental de Rivera.

  El 6 de setiembre el Directorio resuelve realizar una auditoría interna sobre los servicios tercerizados del Hospital de Rivera desde el año 2013 a la fecha.

  El 15 de setiembre resolvimos autorizar el pago a Cemoc, asesorados por el director de Relaciones Laborales y la División Jurídica de ASSE. A esto se agrega que ya se habían realizado dos pagos y que restaba un tercer pago. Los profesionales trabajaron y no pagarles implicaría un enriquecimiento ilícito de la Administración y las consiguientes responsabilidades civiles que acarrearían un mayor costo por demoras en el pago, así como también dificultaría el relacionamiento necesario para lograr la normalización de los servicios.

  Asimismo, sobre fines de la semana pasada fue remitida, a solicitud de la fiscalía de Rivera, toda la documentación requerida sobre el tema.

  El diputado preguntó si nosotros conocíamos o no la empresa. La empresa estaba contratada hacía muchos años en el Hospital de Rivera. No tengo desde cuándo. Hace años que se contrataba y, en realidad, el problema no surge con la empresa sino a partir del incremento del gasto; ahí es que nosotros detectamos el problema.

SEÑOR LEMA (Martín).‑ Me gustaría saber si el Directorio de ASSE dispone de todas las facturas pagadas a Cemoc. Si es así, que las presente a esta Comisión Investigadora y, si no ‑que puede pasar‑, ¿cuándo las podrían estar presentando? Me parece un material sumamente importante para el análisis.

  Por otro lado y aplicando el mismo razonamiento, quisiera solicitar ‑si las tienen, si las pueden entregar el día de hoy y, si no, ¿cuándo?‑ los expedientes correspondientes a las diferentes investigaciones del equipo de gestión del Hospital de Rivera.

  Se entiende lo que recién decía la presidenta de ASSE. No va tanto en la contratación de Cemoc sino en el incremento exponencial que se dio en los últimos años. Creo que la auditoría de enero de 2015 ya advertía algunos indicios de problemas en este sentido y la investigación recién se dispuso por Gerencia el 14 de diciembre de 2016. Pero lo que me parece que estaría bueno saber es si desde el Directorio se avaló ese aumento exponencial en la contratación de servicios médicos de Cooperativa Cuaró.

  Por otra parte, en el correr de la jornada de hoy se hizo referencia a las actas que son publicadas en la página web. Es cierto que se publica una serie de actas, pero ahora está desactualizado porque desde junio no hemos encontrado material de lo que se discute en el Directorio. Pero en el estudio de esas actas se daba una disyuntiva entre diferentes posiciones acerca de las medidas a adoptar sobre el director del Hospital de Rivera. En su momento, por parte de la presidenta de ASSE, del miembro Pablo Cabrera y, en algunos pasajes, por Rodríguez Rienzi, se daba favorable a mantener la dirección como estaba y no tomar cartas en el asunto por el momento. Por otro lado, estaba la posición del señor vicepresidente de ASSE y de la señora representante de los usuarios en el Directorio. Eso surge de las actas que ASSE publica. Me gustaría conocer las diferentes posiciones, es decir, por qué la presidenta de ASSE mantenía esa posición en forma permanente hasta que Rodríguez Rienzi cambió el voto en el Directorio, y por qué el vicepresidente de ASSE se manifestaba en contra de la posición que mantenía la presidenta.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ En realidad, no tengo claro si la llamada Cooperativa Cuaró tiene forma jurídica de cooperativa, es una empresa o qué es. Quisiera saber si tienen información de eso.

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ Ese dato después se lo alcanzamos.

  Las facturas que disponemos, pagadas a Cemoc, se las traemos; en eso no hay ninguna dificultad. No las trajimos hoy.

  Los expedientes de la investigación administrativa fueron entregados al principio de la sesión. Quedaron en manos de las secretarias de la Comisión.

  En este momento, haremos entrega de un pendrive con todas las actas del Directorio, desde el 2008 a la fecha.

  Por otro lado, quiero señalar que el hecho de que no estén actualizadas tiene que ver con que IMPO demora en subirlas, pero seguramente estén en breve.

  En cuanto a si desde el Directorio se avaló el aumento exponencial del gasto, no. Precisamente, se investigó por eso, para saber por qué se había incrementado el gasto.

  Con respecto a las diferencias en el Directorio, tal cual ha trascendido, es cierto que hubo diferentes posiciones respecto a cesar o no al equipo de dirección, pero las diferencias no fueron de sustancia, sino de procedimiento. Para mí, como presidenta de ASSE, aún debía esperarse el procedimiento del tribunal disciplinario, para que las personas cuyo cese se proponía tuvieran oportunidad de presentar su defensa. Por otra parte, esto era lo que sugería el informe de la división jurídica de ASSE.

  La mayoría del Directorio entendió que con los procedimientos que se habían desarrollado hasta el momento era suficiente y que era el momento para generar un cambio en la dirección, que permitiera el desarrollo del plan de reorganización de los servicios que comenté recientemente, según lo que había estudiado el equipo multidisciplinario.

  Una vez resuelto ese punto, la decisión es de todo el organismo, de los cinco miembros, y se ha actuado en consecuencia. Se ha dotado al hospital de un nuevo equipo de gestión ‑ahora interinamente‑ ; se le han dado las herramientas para que puedan realizar la reorganización de los servicios; se los ha apoyado con misiones permanentes que han viajado a Rivera todas las semanas a colaborar con el proceso, teniendo siempre como eje la mejor atención de los usuarios.

  Cada miembro del Directorio ha actuado con lealtad institucional, pensando en lo mejor para la institución.

  Si se analiza el actuar de ASSE, se verá que ha sido coherente. Ante los problemas detectados por la propia ASSE, nunca miramos para el costado; hemos realizado todas las investigaciones que corresponden y adoptado las decisiones que han sido necesarias.

  En el caso de Rivera, al constatarse estas dificultades, investigamos y, ante la presunción de responsabilidades, hemos individualizado a las personas y se las ha sometido a procedimientos disciplinarios.

  Se han hecho los ceses de las autoridades que fueron halladas responsables y se ha designado un nuevo equipo. No obstante, no conformes con esto, hemos solicitado una nueva auditoría para conocer más a fondo la situación para poder hacer todos los cambios y mejoras que sean necesarios, a fin de lograr una actuación conforme a la normativa vigente.

  Asimismo, como ya fuera señalado, nos encontramos colaborando activamente con la investigación que está llevando adelante el Poder Judicial sobre el tema.

  En todos estos temas que se han judicializado, queremos decir que hasta el momento el Directorio de ASSE no ha sido convocado en calidad de indagado, y esto es porque hemos actuado conforme a Derecho. Podemos tener diferentes opiniones, pero siempre trabajamos así. Todos los miembros del Directorio hemos actuado conforme a la normativa vigente y hemos sido los primeros interesados en conocer a fondo los temas. Cuando han surgido irregularidades o algunas dificultades, hemos investigado, desarrollado los procedimientos sancionatorios y utilizado el poder disciplinario y sancionatorio.

SEÑORA PEREYRA (Natalia).‑ Teniendo en cuenta el pedido que hace el diputado Lema sobre los expedientes, obviamente que todo el Directorio está afín a que acceda a la información, pero me gustaría preservar los datos clínicos de los pacientes, que es algo que me preocupa mucho, porque muchas veces en los pedidos de informe ‑no quiero de dejar de decir esto‑,porque me parece que es importantísimo‑ aparecen datos clínicos. En mi calidad de representante de los usuarios, esto me preocupa; me preocupa que se viole la confidencialidad de los pacientes cuando se pide este tipo de información

 

  Quiero que conste en la versión taquigráfica que voy a estar de acuerdo con que se brinde la información siempre y cuando se preserve la confidencialidad de los usuarios.

SEÑOR LEMA (Martín).‑ Por supuesto; estos son expedientes de investigaciones administraciones.

  (Diálogos)

——Estamos absolutamente de acuerdo. Estamos hablando de expedientes sobre el equipo de gestión y de las facturas a Cemoc.

  Voy a remitirme a antecedentes, para que se entienda la persistencia en mi solicitud. En el mes de junio de 2015, cuando solicité el resultado de auditorías, el Directorio de ASSE se comprometió a brindar los resultados de las auditorías "en los próximos días" siguientes a esa comparecencia. Hice un pedido de informe el 3 de agosto y no fue contestado. En los días siguientes a la comparecencia de junio de 2015 tampoco se entregaron los resultados de las auditorías y tuve que hacer una segunda convocatoria al Directorio de ASSE, en el mes de diciembre de 2015, para acceder a dichos resultados.

  Entonces, si me remito a los antecedentes, ante un compromiso que fue asumido, seguramente, con la mejor voluntad, tuve que insistir y reclamar una y otra vez para que se dieran los resultados de auditorías que estaban concluidas.

  Por eso, en este caso, me gustaría saber si esta semana podrán enviar las facturas de Cuaró Cemoc, así como también los expedientes de las investigaciones. Me gustaría establecer un plazo prudencial para que el Directorio se comprometiera a entregar esa información porque, de lo contrario, queda el compromiso, el anuncio, pero después, en los hechos, tenemos que estar insistiendo para acceder a esa información.

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).‑ Voy a dejar una constancia.

  Nosotros nos manejamos en el marco normativo de la Constitución de la República, la ley que permite la creación de comisiones investigadoras y el Reglamento de la Cámara de Representantes, al cual nos tenemos que sujetar, y que establece cuáles son las medidas probatorias que podemos pedir y también nuestras potestades.

  A mi entender, las pruebas que se están solicitando y la manera en que se lo hace no corresponden, fundamentalmente, por lo que dice el Reglamento de la Cámara de Representantes, que establece cómo se pueden solicitar y qué potestades tenemos.

SEÑOR LEMA (Martín).‑ Mi pregunta inicial fue si se podía brindar esa información. La presidenta de ASSE dijo que tenía la voluntad de brindar esa información. Simplemente, para poder instrumentar el acceso a esa información, planteo lo del plazo. El propio Directorio de ASSE dijo que estaba dispuesto a proporcionar esa información.

  Me gustaría saber el artículo o la normativa que limitaría que en el ámbito de una comisión investigadora se solicite información que, a mi juicio, es trascendente para la evaluación de lo sucedido en el Hospital de Rivera. ¿Cuál es la prohibición expresa por la cual no podemos solicitar una información que el propio Directorio manifestó tener disposición a dar?

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).‑ Me refiero al Reglamento de la Cámara de Representantes; me estoy refiriendo a las facultades que tenemos. Tengo aquí el libro de José Korzeniak Las comisiones parlamentarias de investigación y sus facultades, que en las páginas 101 a 119 refiere a las actuaciones de las comisiones investigadoras y al poder de reglamentar el procedimiento.

  Esas serían las normas a las cuales nos tendríamos que ajustar. Si vamos a dar un tiempo para agregar documentación, lo tenemos que resolver como Comisión, porque no está establecido en la reglamentación que nos da la ley que creó las comisiones investigadoras y el Reglamento de la Cámara de Representantes, el cual tendríamos que tener todos presente.

SEÑOR NÚÑEZ FALLABRINO (Gerardo).‑ Creo que estamos todos trabajando con la mayor voluntad posible. La diputada Bottino simplemente está haciendo una alusión reglamentaria para que quede constancia de cómo estamos procediendo a trabajar.

  Lo que yo planteo es que el diputado Lema tenga una flexibilidad en cuanto al tiempo, teniendo en cuenta que el Directorio ha demostrado toda su voluntad de poner a disposición de esta Comisión los elementos solicitados. Lo que hoy no se pueda entregar, se intentará entregar posteriormente.

  Entonces, simplemente solicitamos flexibilidad, en función de una voluntad política que ya ha sido expresada. La diputada Bottino solo nos ha recordado los procedimientos, a los efectos de ilustrar el trabajo, pero está claramente demostrado por todos los que estamos acá una voluntad de acceder a los materiales que son insumos para esta Comisión.

SEÑOR CHARAMELO (Richard).‑ Agradezco a la diputada Bottino que nos recuerde los procedimientos de la Cámara.

  Ya que el tema es el tiempo, que es algo que no va a depender solamente del diputado Lema, propongo que establezcamos un plazo estimativo, por ejemplo, de quince días, porque estamos hablando de un tema respecto al que no se puso objeción por parte del Directorio, sino todo lo contrario. Entonces, sería bueno contar con ese material, que es importante para la Investigadora, en un plazo de quince días. También debemos tener en cuenta que la Comisión acordó no estar citando permanentemente al Directorio y ese material nos sirve para futuras convocatorias, por lo cual tampoco queremos que se dilate en el tiempo.

  Así que mociono para que se ponga un plazo de quince días ‑no de una semana, como se dijo‑ para que se envíe el material, si así corresponde.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Yo no encuentro ninguna cuestión antirreglamentaria en hacer una exhortación a que el material se entregue a la brevedad, independientemente de lo que diga Korzeniak.

  (Interrupciones de la diputada Bottino)

——Pido a la diputada que me permita hacer uso de la palabra. Yo escucho hablar a todo el mundo.

  (Interrupciones de la diputada Bottino)

——¡Por favor, diputada! ¡Estoy haciendo uso de la palabra! Cuando usted hace uso de la palabra, yo la escucho.

  Me parece que no hay nada antirreglamentario en exhortar al Directorio a que alcance los papeles a la brevedad posible, si puede ser, esta semana o en quince días. Además, no ha habido inconveniente de parte del Directorio en colaborar. Entonces, ¿por qué estamos buscando obstáculos reglamentarios a una cosa respecto a la que nadie ha manifestado obstáculos? ¡Por favor! ¡Parece que estamos buscando el pelo en el huevo! ¡La verdad que me sorprende!

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).‑ Señor presidente: sinceramente, sus últimas expresiones no creo que surjan de mi intervención. En ningún momento puse obstáculos, mucho menos estoy buscando el pelo al huevo, como manifiesta usted. Solo hice referencia, nuevamente, a cuáles son las normas que rigen la actuación de esta Comisión, sin especificar nada más que eso. Si eso es buscar pelos al huevo: tratar de determinar cuáles son las normas que nos rigen, y únicamente me refería al Reglamento de la Cámara de Representantes.

  Sinceramente, cada una de las apreciaciones que usted hace después de mis intervenciones no sé a qué corresponden, porque, una y otra vez, cuando he hecho referencias reglamentarias, han existido, a mi entender, expresiones de risas por parte de la oposición, cosa que yo no hago, cuando acá se intima ‑porque esa fue la expresión‑ a que se presente la documentación en determinado plazo, cuestión que normativamente no estamos autorizados a hacer. Y luego de cada una de las intervenciones en las que he hecho referencias normativas, he tenido una respuesta por parte del presidente ‑sinceramente, no lo entiendo‑, incluso adjetivando mis intervenciones. Y de esto quiero dejar constancia.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Todo lo que nosotros hacemos en la Comisión tiene que estar amparado en el Reglamento, no es necesario que usted me lo señale a cada rato, diputada. Si después de cada cosa que digamos, usted quiere decir que tiene que estar amparado en el Reglamento, no hay problema, pero me parece que es abundar en una cosa que ya está: todo está amparado en el Reglamento.

SEÑOR NÚÑEZ FALLABRINO (Gerardo).‑ En esto de continuar con el buen clima de trabajo que estamos desarrollando, pido que se respeten las posiciones de los legisladores que aquí se exponen. Me parece que es una cuestión fundamental de reglas de juego claras para la convivencia y el trabajo.

  Pido que no se ponga una moción a votación, porque sería improcedente, sino que trabajemos, manifestemos nuestra voluntad ‑que ha quedado expresada por todos‑ de que los materiales estén, en la medida de las posibilidades, con la mayor celeridad. Todos estamos en condiciones de plantear esto utilizando el término que utilizó el propio presidente de la Comisión, que es una exhortación. Lo quiero dejar claro, para que después, si pasan dos días más de los quince, eso no nos genere una dificultad.

  Insisto en que venimos trabajando bien y una cuestión de días o una moción ‑que desde nuestro punto de vista no es procedente‑ no debe dañar el espíritu de trabajo con el cual venimos encarando esta Comisión.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).‑ Se han expuesto los argumentos de uno y otro lado, y si ningún otro diputado tiene preguntas para hacer, solicito autorización para volver a preguntar.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Adelante, diputado Rubio.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).‑ Surge de las respuestas que nos ha dado la presidenta que el Directorio sabía del contrato con la empresa Cemoc, que es verdad que data de mucho tiempo atrás. Hace como diez o doce años, Cemoc vendía servicios al Hospital de Rivera y a otros, en menor cuantía. Las contrataciones se disparan hace unos cuatro años. Aquí tengo un dato: el gasto en contratación de servicios médicos asistenciales y sociales, en 2008, estaba en $ 3.900.000, mientras que en 2015 ascendió a $ 41.458.000. ¡Es brutal! Y ese incremento pasa por este tipo de contrataciones, en las que Cemoc le vendía servicios de sesenta médicos y veinte funcionarios al Hospital de Rivera.

  Entonces, vuelvo a preguntar si el Directorio tenía conocimiento del tipo de contrato que tenía y si el director regional conocía estos contratos.

  En segundo lugar, en junio surgió un conflicto con los médicos y los funcionarios porque ‑según tengo entendido‑ ASSE cortó el flujo de recursos y el Hospital no le pudo pagar a Cemoc, más allá de que no tienen ningún tipo de vínculo laboral con ASSE, a menos que esté equivocado. Escuché declaraciones de una doctora que dijo que el doctor Toriani la contrató de palabra y que a ella le pagaba Cemoc; creo que ni contrato tenía con Cemoc tampoco. Entonces, la manera de saldar ese conflicto fue que ASSE aceptara pagarles a estos funcionarios. Por lo tanto, quisiera saber quién resolvió esto, si fue el director regional, si fue el Directorio, si hubo acuerdo de todo el Directorio en dar esta solución al problema.

  Por otro lado, a nosotros nos ha visitado el equipo de Toriani ‑no él, sino quienes lo rodeaban, el doctor Araújo, otros más‑, quienes nos dijeron que el Directorio de ASSE estaba en total conocimiento de esta situación desde hacía tiempo. Quiero saber si esto es así.

  El Hospital de Rivera hizo inversiones importantísimas: tiene CTI propio ‑que se construyó en la época del doctor Segura‑, se reestructuró el block quirúrgico, se invirtió en imagenología; en fin, contando con todos estos nuevos servicios tan importantes, ¿cómo se explica el gasto en la contratación de privados para este tipo de situaciones, incluso el gasto en CTI? Lo pregunto porque creo que, en oportunidad de la interpelación del diputado Lema o en otra ocasión, escuché la explicación de que, como la gente se accidentaba fuera de Rivera, la cuenta de CTI en donde se accidentaba iba para el hospital de Rivera. Eso puede explicar una parte del incremento, pero a mí me ha llegado otra denuncia: que hay camas de CTI vacías en el hospital y se derivan los pacientes a CTI privados. Son denuncias de gente que las va a reiterar acá. En definitiva, quisiera conocer el incremento de ese gasto.

  Por último, se supo que el Hospital de Rivera contrabandeaba tomografías de Brasil, a través de Comeri. O sea que derivaba tomografías a Comeri, que no tiene tomográfo, y esta las contrataba en el instituto Hugolino Andrade. Por lo que tengo entendido, el mismo Hospital de Rivera tiene un convenio con Casmer para tomografías. Esta situación de contratación de tomografías en Brasil, ¿era de conocimiento del Directorio o del director regional? ¿Esto se conoció recién ahora?

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ Con respecto al tema anterior, no quiero volver a instalar la polémica, pero sí señalarles que el jueves nos llegó un pedido de material muy importante. Tratamos de traer lo máximo posible, pero sería muy importante que quedara bien claro qué es lo que nos están pidiendo. Inclusive, me comuniqué con el presidente para preguntarle bien algunas de las referencias a los pedidos de materiales que no me habían quedado en claro. Por lo tanto, quiero saber si lo que pidió el diputado Lema fueron las facturas realizadas a Cemoc.

  (Diálogos)

——¿Son las facturas que ASSE le pagó a Cemoc?

SEÑOR LEMA (Martín).‑ Sí, las que se pagaron desde el Hospital de Rivera.

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ Por otra parte, el diputado Rubio dice que el gasto se dispara hace cuatro años y que se contrata por esa vía a médicos y funcionarios no médicos, y quiere saber si el Directorio sabía esto.

  La contratación de Cemoc era muy anterior. Ahora el asunto es por qué se nos prende una alarma en el Directorio por este caso. Esto tiene que ver con el incremento del gasto.

  En cuanto a cómo se resolvió el conflicto laboral. Quiero decir que primero se piden informes a la Dirección Jurídico Notarial en cuanto a si corresponde el pago de esas facturas a Cemoc. Nos contesta con fecha 16 de junio de 2017:

  En respuesta al pedido de informes adjunto, el cual fue solicitado por el Directorio de este organismo a esa Gerencia, en sesión del día 14 de junio, con relación a la Referencia N° 29/068/3/8746/2016, que fuera puesta a consideración de ese corporativo, con informe de esta Dirección de fecha 13 de junio, cúmpleme indicar lo siguiente. Cuestión previa

  Motivan la presente consulta los reclamos salariales llevados a cabo por las entidades gremiales médicas y no médicas de Rivera respecto a la falta de pago de salarios o remuneraciones por parte de la empresa Cemoc en relación a servicios médicos y no médicos prestados en el hospital de Rivera desde el 1° de enero de 2017.

  Tal como surge del informe que concluye el procedimiento de investigación puesto a consideración del Directorio, en el caso se procedió por parte del ordenador de gasto a contratar en forma directa la compra de servicios con la cooperativa Cemoc.

  Si bien esta Dirección carece de los elementos necesarios para definir el tipo de vínculo y, en consecuencia, la naturaleza jurídica que mantienen los trabajadores médicos y no médicos con ASSE, de la información glosada en el expediente ‑el informe de la Dirección del hospital de Rivera de fecha 26 de mayo de 2017‑, surge que existen ciento diez profesionales y técnicos contratados por Cemoc de los cuales veintiocho tienen un vínculo funcional con el hospital a través del Rubro 0 o Comisión de Apoyo, vínculo por el cual a la fecha no existe adeudo por ningún concepto emergente de esta relación funcional.

  Surge, asimismo, de la instrucción que el importe adeudado por la unidad fue calificado con el Objeto del Gasto 283, Auxiliar 000, el cual es comprensivo de servicios médicos, sanitarios y sociales durante el período comprendido entre el año 2014 y la presente fecha.

  Tal como informara la Dirección de Recursos Económicos Financieros de ASSE en el año 2017, se abonaron facturas por un monto de $ 15.342.240, correspondientes a servicios prestados en 2016 en esta modalidad, estando pendientes las correspondientes al año 2017, por un monto de $ 17.353.137.

  Con respecto a la naturaleza jurídica de los presuntos adeudos, se debe distinguir, por un lado, la obligación de Cemoc para con sus profesionales y/o técnicos, vínculo del cual se carece de la información básica para expedirnos por exceder nuestro ámbito de competencia.

  Por otro lado, se debe analizar la naturaleza jurídica del adeudo que ASSE mantiene con Cemoc, el cual se encuentra facturado por la empresa y en el proceso de ingreso en el SIIF para su pago, el que no ha culminado debido a la ausencia de crédito presupuestal de la Unidad 025.

  Sin perjuicio de las irregularidades en la contratación que fueran debidamente indicadas por instrucción, corresponde determinar que los adeudos a que se hace referencia se encuentran documentados en facturas fechadas desde el 31 de enero de 2017 al presente y conformadas por el ordenador del gasto de aquella unidad ejecutora.

  En función de lo anterior y dando respuesta a los literales B) y C) de la consulta en análisis, esta Dirección entiende que la obligación de ASSE de satisfacer los adeudos referidos tiene naturaleza contractual, originada en un vínculo de derecho civil o comercial. El no pago de las mismas puede aparejar las responsabilidades establecidas en el Código Civil en cuanto a la aplicación de intereses y reajustes legales.

  Con lo informado se remite y lo firma el doctor Gerardo Pose.

  Dicho esto, lo que estamos señalando es que ASSE cumplió con los adeudos a la empresa Cemoc.

  Por otra parte, el diputado Rubio dice que en los últimos años el Hospital de Rivera creció e hizo un CTI propio, pero no existe una reestructura del block quirúrgico. Al contrario, el block quirúrgico es uno de los aspectos que consideramos en el plan de inversiones en el futuro. Sí se hizo lo relativo a imagenología; sin embargo, es cierto que no tiene tomógrafo.

  En cuanto a la posibilidad o no de tomar servicios de tomografía de los servicios brasileños, voy a dejar a disposición de la Comisión la ley que habla sobre el permiso de residencia, estudio y trabajo para los nacionales fronterizos uruguayos y brasileños y su anexo, y el acuerdo entre Uruguay y Brasil sobre permiso de residencia, estudio y trabajo, Ley N° 17.659.

  Cabe señalar que el convenio con Casmer nunca se terminó de firmar. Me refiero a un convenio por tomografías.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).‑ Lo que entendí respecto de la resolución de la sección jurídica de ASSE es que, a pesar de la irregularidad en la forma de contratar ‑o sea, conociendo que fue irregular la forma de contratar‑, ASSE había quedado comprometida y por eso tuvo que pagar. O sea que hubo funcionarios que comprometieron a ASSE, contratando irregularmente y estableciendo compromisos a los que ASSE tuvo que hacer frente. ¿O sea que el pago de ASSE a Cemoc no está convalidando la forma de contratar que tuvo el Hospital de Rivera con esta empresa?

  En nuestra denuncia aparecen las declaraciones de alguien, que creo que es director administrativo de Cemoc, donde cuenta con lujo de detalles cómo se hizo todo esto. La verdad, si no lo pudieron leer, los invito a hacerlo porque es realmente grave.

  Está claro que la irregularidad de la contratación no está en cuestión; fue irregular e ilegal la forma en que se contrató por parte de la dirección del Hospital de Rivera.

  No me contestó cómo se explica el crecimiento del gasto en CTI, en estudios. No me contestó cuál fue el rol del director regional en todo esto, si conocía, si informó, si estaba al tanto de esto.

  En cuanto a esta ley de derecho de residencia, quisiera saber si implica que a través de Comeri se contraten tomografías en Brasil, o si es el derecho de los residentes, de un lado y de otro, recibir atención. ¿Esa es la diferencia? Quiero saber si para el directorio de ASSE estuvo bien que el Hospital de Rivera tercerizara las tomografías con una empresa que no tenía tomógrafo y que las derivara para el lado brasileño.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Quiero recordar que tenemos que entregar la sala a la hora 14. Tal vez, tendríamos que agotar estas preguntas y dejarlas para cuando el directorio tenga disponibilidad.

SEÑOR LEMA (Martín).‑ Para complementar lo que dice el señor diputado Rubio, quiero hacer referencia a un acta del Directorio de ASSE de mayo de 2017, que está publicada, en la que el señor vicepresidente de ASSE dice a texto expreso:

  El señor director, doctor Mauricio Ardus, manifiesta su preocupación por la información brindada por Gerencia General sobre la situación en el Hospital Rivera. Señala que solucionar el tema implica un monto de dinero que no se tiene, por lo que habría que restarlos de otras unidades ejecutoras. Asimismo, esa solución viene a emparchar una cuestión manifiesta a través de una vía espuria. Expresa que está de acuerdo en mantener los servicios asistencias, pero el problema es el cómo, ya que no se pueden adoptar resoluciones de dudosa legalidad. Entiende que el Directorio y la Gerencia General no son responsables de esta situación y que de los hechos tomó conocimiento en las últimas semanas. En igual sentido, la solución planteada puede generar verdaderos problemas en otras unidades, más allá de ser un pésimo ejemplo, ya que de generalizarse esa solución ocasionaría un serio perjuicio para la institución. Entiende que el tema es grave, a lo que se suma el hecho de que desde la unidad no se sigan las directivas institucionales, por lo que el director de ese centro ha perdido la confianza para continuar en el cargo, siendo necesario adoptar la resolución de remover del cargo al director del Hospital de Rivera.

  Leo estas afirmaciones y me quedo preocupado, porque con el mismo sentido que se puede hablar de una necesidad asistencial para recaer en irregularidades, hay que tener en cuenta cuánto pueden perder otros centros, si me baso en las declaraciones del vicepresidente de ASSE, para cumplir con estos pagos.

  Quisiera saber cuál era el informe que se tenía en ese momento que provocó esta postura del vicepresidente de ASSE y la postura contraria de la presidenta de ASSE.

  También, quiero consultar por qué se consideraba en ese momento por parte del vicepresidente que este tipo de contrataciones eran ilegales, con motivo de poder describir qué fue lo que lo llevó en mayo de este año a tener esa postura dentro del Directorio, porque en ese momento saltaba que había un montón de pagos que se debían desde enero. Quiero saber cuáles fueron los criterios para considerar ilegales esas contrataciones.

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ En cuanto a lo que preguntó el señor diputado Rubio sobre el aumento en gasto en CTI y en estudios, nosotros no lo trajimos en este momento, pero se lo podemos hacer llegar. En realidad, el Hospital de Rivera, prácticamente, contrata muy pocas camas fuera de su hospital. Las que sí contrata son de niños que, en general, van primero a Tacuarembó, pero camas de adultos muy poco. Es cierto que igual se incrementa el gasto y se incrementa la demanda también.

  Quiero recordar a los señores legisladores que en esa zona no solamente se atienden pacientes uruguayos, sino también muchos pacientes brasileños. Ustedes saben que las Santas Casas ‑se llama así a los hospitales del Sistema Único de Salud brasileño‑ en los últimos tres años han decaído bastante, han perdido recursos y, por lo tanto, se asisten en los hospitales uruguayos. Recordarán que hubo un conflicto, precisamente, por la asistencia a los partos de ciudadanas brasileñas del lado uruguayo en el Hospital de Rivera. Eso motivó una conflictividad bien importante, porque esos niños nacían con la ciudadanía uruguaya y no brasileña. Lo cierto es que ya hace muchos años que se viene constatando un aumento de la demanda no solamente en Rivera, sino en todos los hospitales de frontera con Brasil y, en particular, mucho más en Rivera. No lo trajimos documentado, pero lo podemos traer.

  En cuando a las posiciones del director regional, la directora regional señaló que ella no sabía de esto. Acá, como bien lo señala el diputado Lema y lo va a señalar el señor vicepresidente Ardus, lo que nosotros no sabíamos era el incremento del gasto.

  Quiero señalar algunas cosas en cuando a la ley de permiso de residencias. La primera es que los tomógrafos que nosotros tenemos en la región norte son en Tacuarembó y en el Hospital de Artigas. Por lo tanto, la mayor parte de las tomografías coordinadas se mandan a Tacuarembó y a Artigas; Rivera no tiene tomógrafo. De todas formas, las urgentes no podrían nunca salir fuera de esa ciudad o de esa área; se tienen que resolver en forma urgente.

  En cuanto a resonancias, en realidad, nosotros no tenemos resonadores; tenemos un resonador en Tacuarembó. Las resonancias de urgencia no podrían ser resueltas si no fuera en el área de Rivera.

  Hay una cosa muy interesante para señalar. Cuando se le compran tomografías a Casmer ‑siempre se le compraron durante todo el período‑, varias veces el tomógrafo de Casmer se rompió y los informes vinieron, precisamente, informados del Instituto Hugolino Andrade, pero a precios de Casmer; o sea, mucho mayor el incremento con respecto a los servicios brasileños.

  En cuanto a por qué se facturaba a través de Comeri, acercamos todo lo que es el acuerdo que hay en la frontera; inclusive, no solo compramos servicios, sino que más bien Uruguay vende servicios en la frontera de Brasil: en Bella Unión, en Río Branco, en Chuy.

  Me parece que el marco normativo no establece cómo se pueden facturar esos servicios. Por lo tanto, no recibimos facturas que sean facturadas en el extranjero ‑valga la redundancia‑, y esa era la forma en que se hacía a través de Comeri. Con esto no estoy diciendo ni justificando que estuviera bien. No estoy diciendo eso. Lo que sí digo es que también ahí hay un vacío legal.

SEÑOR ARDUS (Mauricio).‑ El señor diputado Lema ha leído lo que yo manifesté en un acta. ASSE es una institución transparente y las actas están a disposición de cualquier ciudadano de este país.

  Ahora, fundamenta su pregunta final leyendo el acta y hace una aseveración en su pregunta de algo que yo no dije. El diputado Lema me pregunta por qué consideraba ilegal esa situación, cuando de la lectura que el mismo diputado Lema hace, surge que yo dije "dudosa legalidad". No es lo mismo.

SEÑOR LEMA (Martín).‑ Entonces, con la aclaración del señor vicepresidente de ASSE, quiero saber en qué sentido era de dudosa legalidad el informe en gerencia.

SEÑOR ARDUS (Mauricio).‑ Allí no habíamos tenido toda la información; no existía el informe de Jurídica. Debido a la responsabilidad que me implica ser administrador de fondos públicos, debía esperar el informe jurídico correspondiente antes de tener certeza de que era legal proceder al pago de esas facturas.

SEÑOR LEMA (Martín).‑ Ante ese mar de dudas que tenía el vicepresidente de ASSE, ¿por qué estableció ‑lo voy a leer a texto expreso para que no haya ningún tipo de dudas‑ que se le había perdido la confianza para continuar en el cargo? ¿Por qué pidió el cese? Tan es así que después, en el acta, hasta reclamó que no se hubiera considerado la moción que presentara el vicepresidente. Si era de dudosa legalidad, y el vicepresidente de ASSE hubiera sido un poco imprudente en solicitar el cese, ¿por qué lo hizo y por qué habló de pérdida de confianza en el director? Quiero saber cuáles fueron esos motivos.

SEÑOR ARDUS (Mauricio).‑ Está claramente expresado en las fundamentaciones, en el acta; las motivaciones que llevaron a esa posición no las voy a reiterar aquí.

SEÑOR LEMA (Martín).‑ ¿Se niega a contestar la pregunta?

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Les pido que no dialoguen.

SEÑOR LEMA (Martín).‑ Estoy haciendo una pregunta basándome en un acta en la que hay aseveraciones del vicepresidente de ASSE. Es un acta que puede llegar a profundizarse y de la que no se desprende el informe de gerencia. ¿Qué decía el informe de gerencia que llevó al vicepresidente a decir que era de dudosa legalidad y que se le perdió la confianza al director?

  Si el vicepresidente no quiere contestar, que conste en la versión taquigráfica. Yo quiero saber en qué se basaba ese informe de gerencia por el cual solicitó una medida tan drástica en esa sesión de mayo.

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ Es un informe verbal. Toda la investigación administrativa fue entregada. Me parece que con eso queda aclarado el punto.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).‑ Me queda claro que no hubo ninguna advertencia por parte del director regional acerca de esta situación, que ni el director regional, ni el directorio de ASSE estaban en conocimiento de los contratos que se estaban haciendo, ni de la forma en que se contrataba.

  La situación en Rivera estalló; se produjo el conflicto con los médicos. Se instaló un debate político a nivel nacional, incluso, dentro del propio gobierno. Cuando presentamos la investigadora escuchamos a algunos diputados defender encendidamente la gestión del equipo que estaba allí, donde estaba el doctor Araújo, los jerarcas que ahora están separados del cargo.

  Para mí, la dudosa legalidad de la que se hablaba en mayo ha quedado clara como una total ilegalidad en el conjunto de las actuaciones. Tanto es así, que han separado al director, al subdirector, al administrador, hay sumarios, intervino la Justicia.

  Quiero saber cuáles son los fundamentos que, en particular, la señora presidenta de ASSE ha tenido para defender abiertamente la gestión del equipo de Toriani. ¿En qué razones se fundamentan? Lo ha hecho públicamente; ha sido parte del debate público. A la hora de juzgar la situación, para nosotros sería bueno tener elementos que nos digan que no era todo ilegal, que no estaba mal. Se ha dicho que no conocemos la realidad de la frontera, que la población estaba contenta, que se resolvieron los servicios. Esa fue una de las líneas de argumentación que se utilizó para defender lo que hoy, por lo visto, ya no se defiende.

  Por otro lado, tuvimos expresiones de parte del Directorio que no acompañaron esa línea de razonamiento. Como yo comparto esta línea de razonamiento que cuestiona esa actuación de la Dirección del Hospital de Rivera, no precisaría fundamentos. Sí quisiera conocer los fundamentos que se han planteado para la defensa de esta gestión. ¿Qué los motivó? ¿Cuáles fueron los argumentos que llevaron a la presidenta de ASSE a defender hasta último momento al director Toriani y a su equipo?

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ Son de orden estrictamente asistenciales, y quedan clarísimas cuando se va al Hospital de Rivera y lo conoce.

  Recuerdo a todos los parlamentarios ‑lo he dicho en varias oportunidades en las que he estado en el Parlamento‑ que en el año 2010 el Hospital de Rivera solamente podía operar cuatro horas por semana porque no tenía anestesistas, no tenía un montón de recursos, no resolvía. Inclusive, tenía problemas asistenciales graves. A eso es a lo que nos referimos.

  Lo que sí sucedió durante la gestión de Toriani ‑es reconocido por unanimidad del Directorio‑ fue que pasó a ser un hospital de referencia regional y con alta resolutividad de los asuntos.

  Como ya expresé, las diferencias en el directorio son de orden, de procedimiento, no de sustancia.

SEÑOR LEMA (Martín).‑ Hoy en día teniendo en cuenta toda la información que se tiene con respecto a las investigaciones que se realizaron y todos los elementos que tienen en su poder ‑posteriormente, algunos se manifestarán en la Comisión‑, la presidenta de ASSE considera que es inconveniente el alejamiento del doctor Toriani del Hospital de Rivera? ¿Está de acuerdo con la decisión de apartarlo del cargo?

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ Hoy en día ‑y antes también‑ presido un Directorio de cinco miembros. Por lo tanto, las opiniones personales las vierto en el Directorio.

SEÑOR CHARAMELO (Richard).‑ La presidenta decía que cuando hacía una evaluación del doctor Toriani tenía en cuenta la parte estrictamente médica y de funcionamiento. ¿Eso dependía de Toriani o del presupuesto que fue incrementado para Rivera, del cual los anestesistas y demás formaban parte? No creo que Toriani pagara a los anestesistas y demás; Toriani administraba los recursos que tenía. Creo que una cosa no va de la mano de la otra.

  Nos gustaría saber qué considera usted sobre el trabajo que hizo Toriani. Me refiero al trabajo general, no separándolo por ítem, porque una cosa va de la mano de la otra. Cuando uno habla de que estamos de acuerdo con el tema asistencia, entonces, estamos de acuerdo con que se hicieran las tomografías afuera del país y estamos poniendo en la misma bolsa los recursos que se dieron para el Hospital de Rivera, por ejemplo, para dar más cobertura de médicos y más presupuesto; en realidad, que haya o no anestesistas no dependía de Toriani, sino de que le dieran el material humano.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).‑ Me gustaría saber si hubo solicitudes del Hospital de Rivera para llenar los cargos de profesionales que hacían falta, que se contrataban por Cemoc. Pregunto esto porque quienes nos visitaron nos dijeron que muchas veces habían pedido a ASSE, pero que no les habían llenado los cargos y por eso tenían que contratar a través de Cemoc. ¿Se hicieron solicitudes para llenar esas vacantes?

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Quiero aprovechar para hacer algunas preguntas que no requieren ser contestadas hoy. Quizá, alguna necesita información adicional que yo agradecería evacuar en la próxima comparecencia.

  Como he recibido respuestas contradictorias, voy a plantear la siguiente pregunta. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué son los cargos de director de hospital o director de centros de salud? ¿Son cargos, funciones, encargaturas?

  ¿Quién decide la erogación que implica para la Administración? ¿Es distinto si se trata de un funcionario público? Cuando se paga por comisión de apoyo, ¿la erogación es igual si se trata de un funcionario público? ¿Cuáles son los criterios para decir cuándo un no funcionario público se hace cargo de la dirección de un hospital o de un centro de salud? ¿Se requiere que tenga, por ejemplo, experiencia de gestión o formación específica en gestión, o no, o los criterios son otros para decidir quién se hace cargo de la dirección de un hospital? Si no tiene formación en gestión ¿cuáles son los criterios que determinan que alguien se haga cargo de la dirección del hospital?

  En cuanto a formación ‑este es un tema más global, que no está contenido en ninguno de los bloques que hemos definido‑, tengo entendido que existe la posibilidad de que ASSE colabore con la capacitación de los funcionarios, inclusive, en cursos de facultad. ¿Cuánto dinero ha invertido ASSE en capacitación de sus funcionarios? ¿Quién determina cuáles son los funcionarios que se capacitan? ¿Eso exige iniciativa por parte de los funcionarios? ¿Cómo se enteran los funcionarios de que existe esa posibilidad?

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ En referencia a la pregunta que hacía el diputado Charamelo, sin duda, faltaban recursos humanos en el hospital. Ahora voy a acreditar la cantidad de recursos humanos, los expedientes que hay en ASSE central de que faltaban recursos humanos.

  A lo que me refería en esa evaluación era a algo que no había existido, por lo menos, en los últimos años en el hospital de Rivera, que es la capacidad de un liderazgo asistencial. Es decir: el ordenamiento de los servicios, de determinar las jefaturas, de que las guardias estén cubiertas, de que frente a un hospital en catástrofe pudieran funcionar ‑cosa que sucedió varias veces‑, de la capacitación de los funcionarios. A eso es a lo que hacía referencia.

  En segundo lugar está si había solicitudes de llamar vacantes; voy a señalar algunas a partir del año 2014. Voy a mencionar los expedientes, pero no los traje. Son los siguientes: 29/025/3/30/2014; 29/025/2/127/2014; 29/025/3/71/2014; 29/068/1/1693/2014/0/0; 29/041/2/36/2014/0/0; 29/025/3/35/2015; 29/025/2/218/2015.

  Creo que son estos; capaz que hay alguno más. En realidad, hubo expedientes solicitando recursos humanos.

  Esta situación no se da solo en Rivera. Nosotros todavía tenemos dificultades con los recursos humanos; eso es así. Todos los años se vienen incorporando, pero esa es la realidad.

  En cuanto a la pregunta que hacía el presidente de la Comisión, los directores en general son nombrados por encargaturas. ¿Cuándo se contrata funcionarios no públicos? Quiero señalar que Toriani, si bien era contratado por Comisión de Apoyo, es un funcionario muy antiguo en la institución. Lo que nunca había pasado es que se lo hubiera regularizado, presupuestado. En realidad, era un funcionario viejo de la institución. ¿Cuándo se contrata a funcionarios que no son públicos? Pasa muy pocas veces. En general, están contratados a través de Comisión de Apoyo. Puede ocurrir que en algún caso no haya ningún funcionario público dispuesto a asumir una dirección y, entonces, ahí se puede hacer eso.

  En cuanto a los criterios utilizados, obviamente, siempre se les pide el currículum. Se atiende también, por ejemplo, en el interior, el tema del territorio: que vivan en el mismo lugar. Se atiende también su capacitación: si la tiene en administración.

  Los salarios están fijados no por este Directorio, sino por el anterior, en cuanto a la complejidad de los distintos servicios. Tenemos las redes de atención de primer nivel ‑que ganan de determinada manera‑, los hospitales de segundo nivel, los hospitales de tercer nivel. De acuerdo con la complejidad ‑eso lo estableció el directorio anterior‑ se hizo una categorización, y el salario que ganan es en base a eso.

  Es cierto que ASSE colabora con la capacitación de los funcionarios. Hace muchos años ya que existe un posgrado de gestión entre la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias Económicas. ASSE paga la mitad de esa beca. Obviamente, también hay algunas exigencias. Cuando se abre todos los años ese posgrado, se comunica a las unidades ejecutoras de ASSE. En general ‑no siempre es así‑, a los funcionarios que se les ofrece son miembros de los equipos de gestión o cercanos a los equipos de gestión. Estos deben dar cuenta de haberse recibido en determinados plazos y, si no, tienen que reintegrar a ASSE el dinero que puso por sus becas. En general, ellos mismos se ofrecen para hacer este posgrado. No trajimos ahora el monto en relación a cuánto se ha invertido, pero lo podemos traer.

SEÑOR LEMA (Martín).‑ ¿El exdirector y el exsubdirector de Rivera estaban autorizados a cobrar el back por operaciones que realizaban?

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ Los directores que son anestésico‑ quirúrgicos, todos están autorizados. Además, están obligados ‑es otra cosa‑ a ingresar la historia clínica. Se ingresa la descripción operatoria en un sistema informático y, por lo tanto, se les paga el variable anestésico‑ quirúrgico dentro de su salario.

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).‑ Voy a hacer una breve reflexión para que conste en la versión taquigráfica.

  Creo que fue muy clara e ilustrativa la presidenta de ASSE en todo el relato y en las respuestas a las preguntas que se le hicieron. Algunas podrán gustar más y, otras, menos, pero la verdad es que trató de contestar dentro del material que trajo, la mayor cantidad de cosas posible.

  Quiero dejar constancia de que hubo contrataciones informales a través de la empresa Cemoc. Pero tiene que quedar claro que mejoró notoriamente la calidad asistencial en el Hospital de Rivera. Eso tiene que quedar claro, absolutamente claro: mejoraron los indicadores de salud durante este período; mejoraron notoriamente.

  Obviamente, acá lo que se cuestiona es la forma de contratación. En ese sentido, ASSE actúa, no mira para el costado: manda auditorías internas, manda permanentemente gente a auditar de Montevideo; hay un seguimiento. Pero lo más lindo es que el Directorio, una vez enterado de todo, toma una resolución y separa del cargo al director y al subdirector. Además, estos temas ya están en la justicia penal, que determinará si hay o no responsabilidades penales.

  Digo esto porque creo que avanzamos. Inclusive, nos dejaron un montón de material para estudiar, más el que seguramente vendrá en las próximas semanas.

  Yo creo que han sido contundentes en algunos aspectos, además de reconocer errores. No se vino a decir acá "No sabíamos", sino "Sabíamos y actuamos". El 6 de setiembre ‑si no recuerdo mal‑ hay una auditoría interna específica, que va a analizar el Hospital de Rivera desde el año 2013 hasta la fecha, con todas las tercerizaciones: esta y todas las demás. O sea que acá no hay un mirar para el costado a ver qué pasa; acá se está actuando. Esto es lo que quería decir como reflexión final. Podía haber hecho las preguntas que hicieron los otros señores diputados, pero no tenía sentido porque ya estaban formuladas. Quería expresar para que constara en la versión taquigráfica que muchas fueron contestadas y que, además, se actuó. Hubiera sido distinto tener un directorio pasivo, que no diera respuestas, que siguiera defendiendo cosas que, a nuestro entender, o a entender de parte de la Comisión, fueron cuestiones formales en el tipo de contrataciones. Acá se dieron explicaciones y se actuó. Es cuanto quería decir.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).‑ El diputado Gallo tiene derecho a hacer una consideración personal, no en nombre de toda la Comisión.

  Me quedó una duda sobre lo que ocurrió en Rivera; no me pareció tan claro como lo dijo el diputado. Está lo asistencial, lo legal, lo que tiene que ver con los recursos. Lo que pasó en Rivera ¿para el directorio de ASSE fue correcto o incorrecto? ¿Estuvo bien o estuvo mal? ¿Fue legal o ilegal? Quiero conocer el concepto definitivo. Puedo poner mil ejemplos. De repente puedo aumentar exponencialmente los ingresos en mi casa pero no de manera correcta. Mis hijos van a comer mejor, van a vestirse mejor, pero no está muy claro cómo entra el dinero. ¿Fue buena la gestión de Toriani? ¿Se aprueba o se desaprueba? Eso es lo que quiero que me conteste el directorio de ASSE.

  (Diálogos)

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ No soy abogada, así que no me corresponde decir si es legal o ilegal. El directorio es un colectivo y decidió apartarlo de la función.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).‑ No lo aprobó.

SEÑORA MUÑIZ (Susana).‑ No.

  Se nos pidió que concurriéramos la próxima semana pero el vicepresidente y algunos miembros del directorio están de licencia. Podríamos venir dentro de quince días.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Tenemos otras cosas previstas antes, pero podemos verlo.

  Se levanta la reunión.

Línea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.