BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

HOSPITAL PASTEUR

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 12 de setiembre de 2017

(Sin corregir)

SEÑOR PRESIDENTE (Daniel Placeres).‑ Habiendo número, está abierta la reunión.

La Comisión de Legislación del Trabajo tiene mucho gusto en recibir a una delegación del Consejo de Sector Financiero Oficial de AEBU, integrada por el señor Matías Arbizu, presidente, y los consejeros Lorena Lavecchia y Luis Aguilar. La temática que vienen a plantear es la situación de las sucursales del BROU.

SEÑOR ARBIZU (Matías).‑ La idea es trasladarles la situación que estamos viviendo en la negociación con el Banco de la República y comentarles varios aspectos.

  Algunas actitudes que han tenido las autoridades del Banco en todo este tiempo han dificultado la negociación.

  En instancias del paro general parcial del PIT‑ CNT del 21 de junio, el sindicato, como corresponde, instrumentó la medida a tomar para que fuera aplicado en toda la banca oficial, garantizando que los compañeros del Banco de la República pudieran retirarse con el horario cumplido. En aquel entonces el Banco de la República, a través del directorio, resolvió realizar una identificación individual de cada uno de los compañeros que habían realizado el paro como forma de amedrentar y de persuadir de la realización de la medida. Cuando el sindicato responde a esta situación y comunica a todos los afiliados que no informaran qué compañeros habían acatado la medida, que había sido del conjunto de los trabajadores, el Banco amenaza a los gerentes con una posible sanción e investigación administrativa.

  Hicimos los descargos a través del sindicato y por todos los medios ‑en comunicación con el directorio, con la gerencia y hasta con integrantes de los Ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social‑ intentamos dejar sin efecto cualquier reprimenda a los trabajadores y la medida que se pretendía aplicar por parte del directorio, para no seguir entorpeciendo una negociación que ya venía por demás complicada.

  Aun habiendo hecho los esfuerzos para tratar de suspender cualquier tipo de medida, el Banco emite un comunicado a los trabajadores y cita a los gerentes afiliados al sindicato ‑que habían cumplido con lo que el Consejo del sector informó y mandó a los trabajadores‑ para amenazarlos y decirles que en una próxima instancia, la medida aplicada por el sindicato de corte de la atención de los autómatas media hora antes del paro para garantizar la salida en hora de los trabajadores implicaría la aplicación del Decreto Nº 401 y que, de repetirse la situación de que los gerentes no informaran los nombres de los trabajadores que habían realizado la medida, se les iba a iniciar una investigación administrativa.

  Para el sindicato, esta es una medida de represión que intenta amedrentar a los trabajadores, tratando de disuadir cualquier tipo de movilización desde el arranque.

  Cabe decir que la cláusula de prevención de conflictos ha sido activada por el Consejo de la Banca Oficial, al ser tan dificultosa la instancia de negociación y no haber encontrando ningún tipo de acuerdo cuando el Banco pretendía seguir avanzando en las modificaciones. Luego de haber activado la cláusula de prevención de conflicto, hasta el momento, nos hemos mantenido al margen de cualquier movilización, más allá de las generales del PIT‑ CNT, apostando a la negociación y tratando de no generar más conflictos internos de los que ya tenemos. No descartamos hacer movilizaciones, pero hasta el momento, hemos tenido la actitud de negociar sin ir directamente a un choque frontal. Sin embargo, por parte del directorio, con estas medidas, se está provocando al sindicato.

  Cuando el Consejo del sector resuelve iniciar una campaña de recolección de firmas a los efectos de poner a la población en conocimiento de la situación, en defensa de la banca oficial y del Banco de la República, se coloca material sindical en los mostradores. El Banco emite un comunicado y una orden directa de retirarlo, cosa que no había sucedido nunca, con ningún otro Gobierno, ni con ningún otro directorio del Banco de la República. Nos resulta bastante preocupante esta situación, ya que en esos mismos mostradores del Banco de la República se juntaron firmas para los plebiscitos en defensa de las empresas del Estado a fines del siglo pasado.

  Dicho esto sobre la negociación, pasamos a lo central de nuestra exposición, lo que está sucediendo en el Banco y cuál es el camino que está tomando en la negociación y en la modificación estructural y de los negocios.

  En el año 2013 cerró en forma parcial la primera dependencia en el interior. En aquella instancia, se cerró para abrir una nueva. La sucursal de Baltasar Brum pasó de atender los cinco días a la semana a abrir solo tres y la sucursal de Tomás Gomensoro pasó a abrir los otros dos días. Dos años después, se sumaron cinco dependencias más a la modalidad de atención de tres días a la semana en lugar de cinco. El año pasado, durante la negociación del convenio colectivo, el Banco resuelve agregar catorce dependencias más a esta situación. La justificación que ha dado el Banco durante todo este tiempo para aplicar esta medida y esta modificación en la atención a la población se basó en un supuesto ahorro de costos y en una mejora, también supuesta, del negocio.

  En esta instancia de negociación que estamos llevando adelante, en la que el Banco propone e insiste en el cierre parcial de cinco dependencias más en el interior del país, de la poca información que se nos acerca, se desprende claramente que no existe ahorro de costos ni ha mejorado en ningún aspecto el negocio. De hecho, ni siquiera existe un plan de negocios. Lo único que ha crecido en estos últimos años, después del cierre parcial de las dependencias, es la operativa a través de los corresponsales, es decir Abitab y Red Pagos.

  En definitiva, si no hay real ahorro de costos en ninguna de estas dependencias, el negocio del banco ha caído en todas ellas, y los únicos que están ganando son las empresas privadas que trabajan trasladando la información, la operativa, el negocio y la ganancia del banco, no entendemos cuál es el beneficio y por qué el banco pretende continuar con la instrumentación de cierre parcial de estas cinco dependencias y no discutir ni poner sobre la mesa las restantes veintiún que ya están en esa situación.

  También tenemos sobre la mesa el continuo pasaje de las dependencias a la categoría de microbanca. Hasta hace algunos años, el banco tenía tres categorías de dependencias: una de ellas estaba conformado por un gerente y dos jefes de atención al público, la otra tenía un gerente y un jefe, y la tercera tenía solo un gerente. Hace algunos años se agregó una cuarta categoría para las nuevas dependencias que se crearan con el nombre de microbanca, que dependerían de una de las existentes.

  Con el tiempo y las mediciones de las distintas dependencias de todo el país, se modifican las diferentes categorías y se integra la de microbanca a este mismo ranking. De acuerdo con las mediciones, algunas dependencias pasan a ser microbanca, que implica la eliminación de los gerentes y se producen algunas dificultades para que la población para acceder a determinados servicios que deben ser aprobados por la jerarquía de la dependencia; en el caso del interior del país, algunas dependencias están a kilómetros de distancia unas de otras, lo cual genera dificultades a la hora de la negociación.

  Además, el sindicato ha demostrado que una vez que estas dependencias pasan a esta categoría nueva que el banco creó quedan totalmente imposibilitadas de volver a crecer. Se ha demostrado que en forma paulatina cada una de estas dependencias ha caído en un pozo cada vez más profundo, sin posibilidades de salir. Según los datos que el banco presentó, la dependencia de Vichadero ‑si no me equivoco‑ estaba con los números justos para cambiar a la categoría de microbanca. Sin embargo, no fue esta, sino otras dependencias que pasaron a microbanca y Vichadero se mantuvo en la categoría C). A pesar de que esta dependencia quedó en la categoría C) y de no transformarse en microbanca, logró crecer en sus negocios y en atención a la población. Sin embargo, todas las otras dependencias no pararon de caer en ningún momento.

  Parte de la propuesta que realiza el banco es el pasaje de quince dependencias más a microbanca con la intención de llevar a esta categoría al 50% de todas las dependencias del país. Evidentemente, esto nos genera una profunda preocupación, no solo por los puestos de trabajo ‑la mayoría de las microbancas son atendidas por dos o tres compañeros‑, sino por el negocio del banco y el cumplimiento del rol social, que viene cayendo cada vez.

  Además, según la propuesta del banco, todas las dependencias que caen en la categoría de microbanca pasarían a esta modalidad de atención parcial.

  Otro ítem que hemos logrado integrar por primera vez en la negociación son las privatizaciones en el Banco de la República, que desde hace un tiempo venimos discutiendo como sindicato. Sin embargo, en la última propuesta que hizo el BROU el 22 de agosto, niega la existencia de privatización alguna. Esto no solo ha salido a la prensa, sino que como sindicato hemos podido constatar la realidad de empresas que trabajan en el banco realizando tareas netamente bancarias, con un vínculo sumamente preocupante en el negocio y en la información.

  Sin ir más lejos, parte de esta privatización se ha dado en el análisis del crédito. ¡Vaya si existe un punto neurálgico del banco como es este! Es decir, se estudian los balances de las empresas más grandes que trabajan con el banco y se analizan y resuelven las posibilidades de asistir crediticiamente a las empresas y con qué producto se lo puede hacer. Reitero que esto, en parte, está en manos de empresas privadas.

  También tenemos el ejemplo de tecnología y operaciones ‑el sector informático del banco‑, recuperación de mora temprana y varios otros sectores sobre los que enviaremos información a la comisión.

  Otro punto de discusión son las fusiones. En la propuesta del banco del 9 de junio de este año, se planteó la fusión de diez dependencias, es decir, el cierre de cinco, todas en la capital, pero en su última propuesta planteó fusionar cuatro dependencias en lugar de diez. Sabemos que el banco quiere fusionar las dependencias de Sayago con la de Paso Molino y la del mercado modelo con la de la Unión. Casualmente, las dependencias de Paso Molino y la Unión fueron las que más aperturas de cuenta‑ inclusión tuvieron en todo este período. Es decir, tienen una zona de influencia y afluencia de público de las más grandes de todo el país. Por lo tanto, si estas dependencias se fusionaran con las de Sayago y la del Mercado Modelo ‑respectivamente‑ y se trasladara la operativa, la situación sería más que compleja en estos lugares de trabajo, a pesar de que algunos días es un tanto caótica.

  Entre las dependencias de Paso Molino y Sayago hay varios kilómetros de distancia y la más cercana a esta última es la de Colón. Si el BROU traslada la dependencia de Sayago a Paso Molino, estaría dejando bancos privados en la zona de Sayago.

  Sería interesante saber qué va a pasar con la dependencia de Colón, teniendo en cuenta que parte del público que hoy concurre a Sayago pasará a Colón. También nos gustaría saber qué ocurrirá con la dependencias de la Unión, barrio obrero, con importante afluencia, con la del mercado modelo, que no solo atiende a las empresas del mercado, sino también de los alrededores. No podrán ser atendidas ahí, que tendrán que trasladarse a la Unión, sumando la operativa normal de esta dependencia.

  Esto es lo que nosotros hemos venido discutiendo y queremos plantear.

  Nos preocupa mucho toda esta situación y lo dificultoso que ha resultado todo este proceso de negociación.

  A fines del mes de mayo se envió, por parte del sindicato, una nota a los directorios de todos los bancos oficiales, a los efectos de recibir determinada información que nos facilitara las negociaciones que sabíamos que iban a venir en un futuro próximo. Ninguno de los directorios de los bancos oficiales respondió la nota presentada por el sindicato.

  Aquella nota planteaba varios temas, entre ellos, un informe preciso sobre las empresas que trabajan dentro de todos los bancos oficiales, las tareas que realizan y los salarios que se pagan a los trabajadores, lo que es por demás preocupante, porque parte del negocio se traslada a manos de las empresas privadas y son realizadas por trabajadores que cobran salarios muy por debajo de lo que perciben los trabajadores del Banco de la República, lo que, de todas formas, no significa un ahorro de costos, porque a las empresas privadas se les paga mucho más de lo que se pagaría a los trabajadores del Banco de la República.

  En definitiva, más allá de las normativas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de las dificultades para poder ingresar trabajadores, tenemos un gran número de vacantes por llenar, que no han sido llenadas y se sigue sustituyendo el trabajo de los compañeros a través de empresas privadas.

  Muchas gracias.

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).‑ No integro esta Comisión, por lo que quiero agradecer a los miembros de la Comisión de Legislación del Trabajo por permitirme hacer uso de la palabra.

  Asimismo, quiero agradecer la explicación del gremio. Soy diputado electo por el departamento de Paysandú. Prácticamente, todos los hitos que se han dado en esta reducción de categoría y cierres parciales han pasado por nuestro departamento.

  En la sucursal Tambores, de un día para el otro, pasaron a atender solamente dos días a la semana.

  La sucursal de Quebracho pasó a atender tres días a la semana y ahora estamos casi en conflicto por la situación de la sucursal de Guichón, que es una sucursal que se quiere pasar a microbanca.

  Quiero saludar la actitud del sindicato, no solo porque está acá, sino porque una delegación del sindicato fue a Guichón a explicar a la población los alcances de esta operativa que está haciendo el Banco. Se hizo una multitudinaria asamblea, en la que en forma muy clara y diáfana se explicó qué era lo que iba a pasar.

  Solicitamos entrevista con el presidente y con el directorio del Banco de la República que, hasta el momento, no se nos ha concedido.

  Lo primero que les quiero hacer saber es que ‑quizás, ya están en conocimiento del tema‑ el presidente del Banco de la República, el economista Polgar, informó a través de la prensa sanducera, en el único diario que hay en el departamento, el diario El Telégrafo, que la atención iba a permanecer incambiada y seguiría siendo la misma.

  Quizás, me permito corregir al compañero que recién hablaba en cuanto a que el Banco está haciendo esto por cuestiones de costos. El año pasado, cuando convocamos al Directorio del Banco de la República a la Comisión de Hacienda para que diera explicaciones sobre los cierres, descartó absolutamente que el Banco estuviera siguiendo esta política por cuestiones de costos; con esto no ahorraba un solo peso. Entonces, si no ahorra un solo peso, ¿para qué lo está haciendo?

  Lo que se nos dijo el economista Polgar ‑y que vuelve a reiterar en la nota de prensa‑ es que quiere cambiar el modelo de atención y pretende que los funcionarios salgan a buscar a la sociedad donde viven nuevos clientes, en pequeñas y medianas empresas. Evidentemente, eso supone desconocer la realidad de las sucursales del interior.

  En su momento, preguntamos al economista Polgar qué clientes nuevos podía captar un funcionario en una sucursal del Banco en Tambores, en donde se conocen todos. El que está es el que tiene un boliche, el que está en la agropecuaria. Todos son clientes del Banco de la República, porque no hay otro que no sea el Banco de la República.

  En primer lugar, les quiero decir que el señor presidente Polgar afirmó que poco más que no va a pasar nada, pero ustedes explicaron lo que pasa cuando se baja la categoría de sucursal a microbanca. Ustedes hablaron de que hay determinadas cuestiones que necesitan autorización de ciertas jerarquías.

  La primera pregunta que les quiero hacer es cómo altera, más que en la interna, a la gente, a los usuarios o a los clientes del Banco de la República, en la operatividad cotidiana, el hecho del pasaje de una sucursal a microbanca.

  En segundo término, el presidente Polgar dijo que esto era una reorganización interna, reiterando que no pasaría absolutamente nada. Quiero saber qué sucede cuando una sucursal pasa a microbanca que, por lo que acaban de decir, una de las condicionantes es que se suprime el gerente. Entonces, ¿qué pasa con los que hoy están prestando la actividad en la gerencia u otro personal que esté afectado a tareas que dejará de cumplir en su nuevo rol de microbanca?

  En tercer lugar, me interesa saber en qué etapa estamos. Hablaron de que hay una negociación, de que no quieren ir al conflicto ‑que me parece bien‑, que están en la apertura al diálogo, pero me interesa saber su percepción en cuanto al proceso del Banco, qué tan revisable es la decisión, si hay una decisión ya tomada y en qué etapa estamos, previo a que se tome esa decisión de forma permanente, porque la sociedad civil, en los distintos lugares donde esto se ha presentado, está movilizada, pero en esta oportunidad ‑hablo, reitero, por lo que está pasando en Guichón‑ se dio distinto a como pasó en oportunidades anteriores, con los cierres parciales de los lugares que ya mencioné. ¿Por qué? Porque cuando nos enteramos de los cierres parciales, ya era un hecho. Por más que los convocamos acá, fue imposible dar marcha atrás.

  Acá, a partir de lo que hizo manifiesto el sindicato ante la sociedad civil, es como que se prendió la luz amarilla antes de que se tomara la decisión. Por eso, me interesa conocer la hoja de ruta de ahora en adelante y en qué etapa está, dentro de la interna del Banco, el hecho de tomar la decisión.

  Hubo gente que se reunió con uno de los directores del Banco y se dijo que eso todavía no había llegado al Directorio, que era un tema que todavía estaba en la interna, que no se sabía y que no nos preocupáramos. Por eso me interesa saber qué información nos pueden dejar.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Quiero aclarar esta es la primera vez que la Comisión considera este tema. Hemos solicitado la visita de la dirección del Banco por otros temas, como el Club Solís de Las Piedras.

  Aclaro que no tenemos ningún informe, porque un señor diputado preguntó si teníamos algún informe del Banco sobre la reestructura. No vino ni lo solicitamos.

  Luego de escuchar a la delegación, esta Comisión resolverá cuáles serán los pasos a seguir.

SEÑOR BACIGALUPE (Rúben).‑ Quiero remarcar mi preocupación por las denuncias realizadas por el gremio sobre la situación que viven los trabajadores por estas primeras amenazas que están recibiendo por parte del Directorio del Banco sobre actuaciones que está tomando el gremio y que, en realidad, por lo menos, es llamativo que estén sucediendo.

  Hemos estado en contacto con el gremio por algunas de las sucursales que están en esta instancia de cierre parcial, como la sucursal Rafael Perazza, de San José, ya que somos diputados por ese departamento.

  Hemos estado acompañando al gremio. Se han hecho reuniones en la localidad, donde hay una preocupación muy importante. Ya conocemos lo que se está diciendo aquí, pero lo que más nos preocupa son las dificultades que comenzarán a tener los vecinos de estas localidades más lejanas, para trasladarse, en lo que tiene que ver con la operativa del Banco.

  Nosotros hicimos un pedido de informes, en el cual el Directorio del Banco nos manifiesta que los vecinos de Rafael Perazza se tendrían que trasladar unos kilómetros, pero eso es en el papel y en el escritorio. Cuando se enfrentan estas dificultades, hay vecinos que no tienen posibilidades de trasladarse 20 ó 30 kilómetros para otras sucursales, no solamente por las dificultades que eso genera, sino porque en esos otros bancos se va a incrementar la atención de la gente y a nosotros nos parece que lo que va perdiendo el Banco, día a día, a través de estas acciones, es el rol social que entendemos que el Banco de la República debe mantener y mucho más teniendo en cuenta que ‑como se ha dicho aquí y como se ha manifestado en cada uno de los lugares en que ha estado el Directorio‑ esto no beneficia económicamente al Banco, sino que en realidad es lo mismo, máxime considerando que la gran mayoría de los funcionarios se mantiene trabajando en el lugar, es decir que si se mantiene en el lugar, tampoco están colaborando en otras sucursales.

  Nosotros habíamos estado en contacto con algún compañero del gremio quien nos dijo que había una posibilidad de que se firmara un preacuerdo en estas sucursales, por el cual se estarían abriendo la primera semana del mes, todos los días, de lunes a viernes y, el resto del mes, en este caso, la sucursal de Rafael Perazza, se abriría tres días a la semana, así como también otras sucursales.

  Quisiera saber si esto realmente es así y conocer las futuras acciones que puede tomar el gremio. Asimismo, me gustaría saber en qué puede colaborar esta Comisión ‑más allá de que supongo que luego conversaremos sobre la citación al Directorio del Banco‑, por lo menos, para tener una visión de quiénes están tomando estas decisiones.

SEÑOR RUBIO (Eduardo).‑ Pido disculpas, porque voy a hacer las preguntas y, luego, me retiraré de Sala, porque tengo otra actividad, pero después leeré sus respuestas en la versión taquigráfica.

  Quiero saludar a la delegación y felicitar la actitud y la actividad del sindicato que ha salido a hablar con la gente y a compartir con los sectores que se verán perjudicados por algunas de estas medidas del Banco, dando información que, de repente, la gente no habría tenido. Es una tarea que nos parece altamente valiosa.

  De la información que nos daban, en el cambio de categoría de las sucursales, que van de la C a la microbanca, los números dicen que no hay ahorro del Banco. Los números dicen que pierde clientes, porque se achica el volumen del negocio. Cuando alguien pierde, otro gana. La pregunta es quién gana en esto. Si el Banco no ahorra, si pierde clientes, a algún lado va a ir a parar ese volumen de dinero. Mi pregunta es quién gana con esto.

  Con respecto a la política de tercerizaciones, me enteré de que las personas que están al lado de los cajeros y nos dicen lo que tenemos que hacer a quienes no entendemos nada, no son funcionarios del Banco y son tercerizados, con salarios muy por debajo de lo que gana un trabajador bancario. Sin embargo, ustedes nos dicen que no hay ahorro del Banco. Como pasa siempre, la empresa tercerizada se lleva la diferencia de lo que gana el trabajador tercerizado con lo que debería ganar, más el plus. Sería bueno conocer de qué salario estamos hablando para quienes cumplen algunas de las funciones tercerizadas, porque es bien ilustrativo.

  La tercera pregunta era sobre las medidas represivas que ha tomado este Directorio ‑como bien decían ustedes, sin antecedentes‑ como, por ejemplo, retirar el material informativo de los mostradores.

  Quisiera saber si sobre esto hubo alguna instancia de negociación, reclamo del sindicato y, si la hubo, cuál fue la respuesta del Directorio o qué razones dio para tomar estas medidas.

  Agradezco sus respuestas y les vuelvo a pedir disculpas, porque me tengo que retirar.

SEÑOR PUIG (Luis).‑ Saludamos a la delegación de AEBU.

  En primer lugar, se impone la necesidad de que la Comisión convoque al Directorio del Banco República para que nos informe y poder analizar y discutir en qué consiste esta reestructura, cuál es el planteamiento, hacia dónde va y qué desarrollo tiene en esta reestructura el proceso ‑si es efectivamente así‑ de tercerizaciones.

  Cuando el Directorio se haga presente, también deberíamos preguntar cuáles fueron las razones para que se haya instruido a los gerentes ‑si fue así‑ para hacer un control de los funcionarios que paran.

  La libertad sindical es una premisa básica de la democracia y el movimiento sindical la reivindica plenamente. Para nosotros, la libertad sindical tiene un valor superlativo. Por lo tanto, queremos que el Directorio del Banco nos informe si efectivamente se ha tomado alguna medida que pueda lesionar la libertad de los trabajadores de asumir medidas de lucha.

  En el Banco oficial así como en el conjunto de los entes del Estado ha costado un esfuerzo de largo tiempo de los trabajadores y del pueblo uruguayo enfrentar los procesos de privatización y de tercerización. Para nosotros es fundamental que se siga dando el fortalecimiento de las áreas del Estado y no un proceso que vaya en su detrimento, tanto en materia de privatizaciones como de tercerizaciones.

  Por estos motivos, nos parece que sería bueno que el Parlamento conociera cuál es el plan de trabajo del Directorio, qué es lo que está planteado con los cierres parciales de dependencias o el cambio de categoría de algunos de ellas.

  Además, a partir de la denuncia que hace el gremio ‑que consideramos grave; no vamos a opinar sobre ella hasta poder cotejar las diferentes posiciones‑, nos surge una enorme preocupación.

  En consecuencia, planteamos que la Comisión convoque al Directorio del Banco República para poder discutir los aspectos que tienen que ver con la reestructura, la libertad sindical, el relacionamiento con el sindicato y la situación en la cual quedan los usuarios ‑no los clientes‑, porque cualquier error en esta materia podría favorecer intereses privados, y eso es negativo a los intereses del país.

SEÑOR AMARILLA (Gerardo).‑ Agradecemos la presencia de los integrantes de AEBU en esta Comisión.

  Compartimos el planteo que han realizado. En principio, sus planteamientos tienen que ver con la situación laboral, pero creo que también están preocupados por la atención a los usuarios y el debilitamiento de la institución. Parece mentira: se habla de descentralización y estas medidas tienden a centralizar y a afectar a la gente que está más lejos. Es hasta una paradoja: hablamos de inclusión financiera y estas medidas del Banco oficial, del Banco país, excluyen y discriminan al que vive más lejos. Esto lo hemos reclamado y denunciado en varias oportunidades.

  El caso de Tranqueras ‑del que ustedes hablaron‑ fue clarísimo y deliberado. En una zona donde la población se duplicó en los últimos quince años y donde ha habido una importante afluencia de empresas forestales, madereras, apícolas y de servicios, comenzaron a recortar los servicios, obligando a los empresarios a irse a Rivera, a irse a la ciudad. Después, el argumento fue que como se iban a Rivera, seguirían sacando servicios. Actualmente, trabajan tres días.

  Además, no solo se le quita servicios a la gente que tiene cuentas y operativa de empresas ‑que al Banco le sirve‑, sino que también se afecta a los trabajadores y empleados. Allí hay un solo cajero automático y los últimos tres fines de semana ha estado roto. La gente queda presa de esta situación porque no puede contar con su dinero. De alguna manera, se expropia por horas o por determinado tiempo el legítimo derecho de los trabajadores de acceder a su salario; inclusive, esta cuestión hasta podría dar para una acción de amparo, según el caso.

  A esto se suma el disparate de que en Tranquera viven funcionarios que tienen que viajar a Rivera para trabajar, porque han suprimido servicios. O sea que esto les implica un costo adicional y una complicación a la vida de algunos funcionarios.

  El caso de Minas de Corrales es similar. En una zona donde hay mucha actividad vinculada a la minería y existe una actividad empresarial importante, muchas empresas han terminado trasladando sus cuentas a Tacuarembó ‑porque les queda más cerca que Rivera‑, afectando toda la operativa del pueblo.

  Lo cierto es que este tipo de medidas discriminan y excluyen.

  Coincido totalmente con que hay que citar al Directorio del Banco República para pedirle explicaciones sobre estas medidas

  Por otra parte, me gustaría tener más elementos con relación al caso de Vichadero, que conocemos bien; es emblemático. Sabemos que esa dependencia se ha posicionado muy bien y ha ampliado sus servicios y su trabajo; en definitiva, le ha ampliado el negocio al Banco. Quisiera saber si sobre el caso de Vichadero hay datos concretos que nos puedan servir como estadística y si hay casos similares en el país para poder manejar esa información durante la visita del Directorio del Banco República y fundamentar nuestra posición.

  A ojo de buen cubero uno ve que, en realidad, lo que está pasando es que se está acogotando a la gente en las pequeñas localidades para que se termine yendo, convirtiendo a esos lugares en pueblos fantasmas. Esta es una medida que se podría revertir si el Banco quisiera, ganando dinero y no perdiendo, como hasta ahora. Por lo que hemos visto, se han beneficiado otros de la ausencia del Banco República; no sé si en esto no hay responsabilidades que en su momento habrá que reclamar.

  Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ Preguntamos a la delegación si estamos bien con los tiempos. La semana pasada no los pudimos recibir porque teníamos la agenda súper cargada. Los tuvimos más de una hora esperando y, además, ustedes tenían otra reunión. Así que les pedimos disculpas.

  Por otra parte, les pedimos que si van negociando algo en la semana, nos manden inmediatamente esos acuerdos. Decimos esto porque nos ha pasado con otros gremios que estaban en una situación conflictiva que cuando citamos al ente, ya habían llegado a un acuerdo.

SEÑORA LAVECCHIA (Lorena).‑ Voy a tratar de responder todas las preguntas que se han formulado; si me olvido de alguna, les pido que me lo hagan saber.

  Un señor diputado preguntó sobre la categorización de las dependencias y la segmentación de la cartera.

  El Banco centralizó las medianas y grandes empresas en el Área Corporativa; allí se fusionaron los sectores relativos al agro y a la empresa. Cabe aclarar que cada área tiene una determinada especificidad. Más allá de que empresas privadas aconsejaron al Banco República realizar esa fusión ‑de hecho se hizo; ahora están en el nuevo edificio ubicado en la calle Treinta y Tres, en Ciudad Vieja‑, según los testimonios de los compañeros, la realidad indica que esa fusión no se va a poder llevar adelante no solamente por la falta de personal, sino porque realmente es muy específico lo que sucede en cada sector. Además, aquí es donde se da la primera privatización del análisis del crédito.

  En el caso de las dependencias del interior y la segmentación de la cartera, lo que sucedió fue que el Banco creó la categorización y los indicadores, y estos no fueron discutidos con nadie. Nosotros desconocemos quién elige los indicadores. Tampoco sabemos cuáles son los indicadores que se utilizan. Si los supiéramos, podríamos hacer un análisis y decir, por ejemplo, que en un caso se pondera el crédito social y, en otro, un crédito diferente, y así darnos cuenta de que el Banco valora que los créditos que se están dando no sean los sociales, sino a empresas, al sector no financiero, etcétera. Pero de eso no tenemos una información fehaciente.

  Antes de continuar quiero aclarar que las respuestas que vamos a dar surgen de la información que hemos obtenido a partir de investigaciones que hemos realizado, de datos que nos han brindado los trabajadores bancarios y de informes de la prensa. El Banco República no nos ha brindado ningún tipo de información al respecto, salvo algunos datos muy puntuales, que vamos a compartir con ustedes, entre otras cosas, porque refieren a datos que han solicitado los diputados. Así que si bien la información está chequeada, podemos tener algún tipo de error; me parece importante aclararlo.

  En cuanto a la segmentación, lo que hizo el Banco fue empezar a categorizar las dependencias. Las que quedaban debajo de determinado índice pasaron a microbanca. Con esta medida no solamente se está ejecutando el cierre parcial de las dependencias, sino que además se les está quitando la cartera de créditos.

  Las microbancas no tienen una dotación mínima de personal y dependen de una sucursal madre que, en general, son las que están en las cabezas departamentales.

  Lo primero que se hace es que la dependencia pase a microbanca porque no tiene el negocio que se considera deba tener; no se trata de que dé pérdida, sino de que no tiene la ganancia que el Banco República entiende que debería tener. A partir de ahí, le quitan la cartera de crédito y se la pasan a la sucursal madre.

  En consecuencia, el usuario tiene que ir al Banco los días que está abierto y cuando va a solicitar un crédito, se lo debe plantear al ejecutivo que lo atiende, quien por vía telefónica se comunica con el ejecutivo de negocios de la dependencia madre y le traslada el planteo del cliente. Eso es para los créditos hasta determinada cantidad de dinero; después de determinado monto, pasa al ejecutivo y este lo traslada a Montevideo, que es el que resuelve con respecto a las medianas y a las grandes empresas

  Entonces, eso es lo que está sucediendo con la segmentación y la centralización del análisis del crédito.

  Otra de las preguntas realizadas tiene que ver con los funcionarios que quedan dentro de la dependencia y la tarea de valor agregado.

  Hemos escuchado al presidente del Directorio decir que estas dependencias cerraban para que los trabajadores que quedaran en ellas pudieran realizar otro tipo de tareas: tareas de valor agregado. En ningún momento se le explicó al sindicato a qué se referían. Nosotros analizamos que se trataba de la venta de productos o de la colocación de créditos, que es algo neurálgico del sistema financiero, en particular, del Banco República.

  En definitiva, esta situación quedó en evidencia con la última propuesta que nos realizó el Directorio en el ámbito tripartito el día 16 de agosto. Nosotros reclamábamos que para las personas que tenían que hacer esas tareas de valor agregado no había un plan. Ellos lo reconocen a partir de la propuesta que nos hacen en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que dice: Durante el período de atención diferencial y sobre la base de funcionarios liberados de la atención reactiva en esas sucursales, las coordinaciones zonales planificarán y dispondrán la realización de acciones proactivas de captación de clientes y concreción de nuevos negocios en su zona de influencia.

  Es decir que a partir de esta redacción el Banco reconoce que en todas las sucursales que han cerrado hasta el momento ‑no las últimas cinco que generaron la activación de la cláusula, sino las veintiuna anteriores‑, donde los trabajadores iban a realizar tareas de valor agregado, no hay un plan de trabajo definido. Inclusive, esto tira por tierra la fundamentación del Banco República con respecto al cierre parcial de algunas dependencias.

  También se preguntó sobre el personal y puedo decir que no hay dotaciones mínimas en esas dependencias. Hemos intentado plantear al directorio de la institución que no pueden existir dependencias con apertura, con menos de cinco funcionarios, porque así lo indica la actividad bancaria. No obstante, hay una negativa rotunda y esas dependencias pasan a depender de la dependencia madre, por lo que será esa cabeza departamental, de acuerdo a la cantidad de personal que tenga, la que decidirá cuál es la cantidad de personal mínimo en ese lugar. Entonces, nosotros visualizamos que las dependencias que pasan a microbanca, si se les quita la cartera de clientes y dejan de tener personal mínimo, es imposible que vuelvan a subir de categoría. Por lo tanto, todo indica que están condenadas a perecer o, por lo menos, a mantener el funcionamiento al mínimo nivel.

  Además, anteriormente, las guardias de los cajeros automáticos fueron limitadas a los quince primeros días de atención en el mes. Es decir que esto termina explotando a partir de los cierres parciales, cuando AEBU hizo un planteo que no fue corporativo, sino en defensa de una empresa del Estado en pos de todos los uruguayos. Es una empresa de los uruguayos, por los uruguayos y para los uruguayos. No obstante, hace unos años el banco viene implementando otras medias más pequeñas, que confluyen en todo este proceso. Es decir que no es un proceso nuevo, sino que se fue dando paulatinamente. Para ser más gráfica, pongo el ejemplo del sapo adentro de una olla con agua fría, que se va calentando de a poco hasta que hierve.

  Los trabajadores afiliados del Banco de la República tenemos una asamblea este sábado en la cual vamos a resolver si se acepta o no la propuesta del directorio del Banco de la República, que mencionó Arbizu. La propuesta consiste en no revisar los veintiún cierres, las cinco dependencias van a cerrar de todos modos, se van a monitorear estando cerradas y se van a abrir los diez primeros días corridos del mes. Esto es respecto al cierre.

  Luego establece realizar concursos, que es un debe que tiene el Banco de la República. Los trabajadores están desarrollando tareas con asignación de funciones, que en algunos casos, son antiestatutarias, porque el estatuto prevé un año de asignación de funciones mientras se llama a concurso, pero tenemos asignaciones de funciones que se extienden por muchos años. Es decir que las personas no dieron un concurso y están desarrollando la tarea discrecionalmente. No estamos hablando de la competencia que tengan o no los funcionarios para hacerlo, sino de la forma en que se los designa. Esto es lo que nosotros cuestionamos.

  El otro planteo que realiza el Banco de la República es el ingreso de personal y su compromiso de llenar vacantes en el año 2018, que no estaba previsto. Más allá de que todos los bancos oficiales tenemos topeados los presupuestos, las vacantes que el Banco de la República pretende llenar en el año 2018 ni siquiera completan las generadas desde el año 2013. Es decir que de todos modos estamos por debajo del llenado de vacantes requerido para tener el personal necesario.

  Insisto en que el planteo de fondo es una responsabilidad enorme, más allá de lo que resuelvan los trabajadores el sábado y que somos una delegación sindical. Somos alrededor de tres mil trabajadores afiliados al sindicato bancario y con un 10% hay quórum en una asamblea. Por eso, sobre nosotros pesa el destino y el futuro del Banco de la República Oriental del Uruguay. O sea que, más allá de la resolución que comentó el señor presidente, creemos que es bueno que los diputados y la sociedad le hinquen el diente a este asunto.

  El diputado Bacigalupe mencionó las ganancias y las pérdidas. La Comisión técnica asesora de AEBU hizo un informe respecto al sistema financiero y lo vamos a hacer llegar a los integrantes de la Comisión. Toda la información concreta que tengamos, la vamos a hacer llegar en el día de hoy. En este caso, en este primer trimestre del año, el Banco de la República, por primera vez desde el año 2006, queda por debajo de la suma de las ganancias de los bancos privados. Es decir que evidentemente hay una tendencia hacia una mayor ganancia de los bancos privados en detrimento del Banco de la República. Ahora bien, esto no responde a un problema de la gestión, sino que el Banco de la República se está retirando de determinados lugares y eso fomenta el avance de la banca privada y de los corresponsales. En muchos casos, los corresponsales han facilitado la tarea de los bancos privados, porque hay que tener en cuenta que el Banco de la República tenía una red bastante amplia en todo el país y ahora, debido a los corresponsales, también la tienen los bancos privados. Entonces, los bancos que utilizan los corresponsales financieros tienen mayor presencia en el país, por supuesto con trabajadores precarios que difícilmente puedan dar una educación financiera, que es algo que forma parte de la inclusión, más allá de lo que podamos pensar al respecto.

  El diputado Rubio manifestó su preocupación respecto de los salarios que cobran los trabajadores de las empresas privadas del Banco de la República. Nosotros tenemos algunos datos al respecto. Hay dos situaciones diversas, por ejemplo, la privatización del análisis del crédito está adjudicado a tres empresas, a la tercera prácticamente no le están llegando, aunque sí a la primera y la segunda. CPA Ferrere es la empresa que recibió la adjudicación y tiene una licitación por tres años, con un tope de $ 45.000.000. La segunda es KPMG y la tercera es Pricewaterhouse Coopers. En la privatización del análisis del crédito se cobra por las carpetas que se analizan. Hay carpetas por $ 6.900, que son las más complejas, otras por $ 5.800 y otras por aproximadamente $ 2.000, más IVA. La contratación establece que CPA Ferrere debe proveer ocho trabajadores, que deben trabajar dentro de la institución y contar con los sistemas informáticos necesarios para tener acceso a la información desde fuera del Banco de la República. CPA Ferrere contrata estudiantes avanzados de ciencias económicas y les pagan salarios entre $ 13.000 y $ 15.000. Esas personas son las que estudian el 50% de la cartera de créditos del Banco de la República y analizan créditos hasta el 10% del ERP, que son US$ 1.600.000.

  Me voy a detener en CPA Ferrere y luego continúo con Microfinanzas, que es la otra gran privatizadora y se trata de una situación particular porque República Microfinanzas S.A. es propiedad 100 % del Banco de la República. En el caso de CPA Ferrere hemos estado investigando y los compañeros nos han informado, que quien tiene la voz cantante en el comité de crédito y resuelve la asistencia crediticia a las empresas, es el economista Álvaro Correa, que es uno de los asesores del presidente del directorio, Jorge Polgar. Además, es director de la Agencia Nacional de Desarrollo, que está presidida por Martín Dibarboure, que es concuñado de Jorge Polgar y supongo que esto es de público conocimiento. O sea que esa es la persona que en principio resuelve el análisis de crédito del Banco de la República Oriental del Uruguay.

  Asimismo, hay que tener en cuenta que la Agencia Nacional de Desarrollo, forma parte del Fondes a partir de la ley que se aprobó en el año 2015. Quedó Inacoop por un lado y ANDE por el otro. Además, ANDE acaba de sacar un plan de incentivos para el desarrollo de servicios financieros en pequeñas localidades de más de 500 habitantes, que va a ser subsidiado. En el plan se establece que se debe poder cobrar facturas de las empresas del Estado. Es decir que se asegura el negocio a los empresarios, que pueden ser pequeños o no, ya que el hecho de que se trate de pequeñas localidades no quiere decir que los empresarios sean pequeños. Hay una subvención que no es demasiado importante, pero de todos modos se asegura el negocio porque el Estado va a dar la posibilidad de ser corresponsal y cobrar sus facturas. Es decir que tenemos una privatización dentro del Banco de la República, a partir de la Agencia Nacional de Desarrollo, que reporta directamente el Ministerio de Economía y Finanzas.

  Nosotros también dijimos esto en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque en el pedido de informes que planteó Arbizu, mostramos preocupación por la precarización y los bajos salarios de los trabadores, y creíamos que cualquier institución del Estado o empresa pública, que representan al gobierno y al Estado uruguayo, deben saber cuáles son los salarios que perciben los trabajadores. Me parece que eso también tiene que ver con el desarrollo, la calidad y el nivel de vida, etcétera. Sin embargo, las autoridades del Banco de la República dijeron que no lo saben y no tienen por qué saberlo, ya que no es su responsabilidad lo que ganan los trabajadores de las empresas privadas que el Banco contrata.

  Por otra parte, Microfinanzas S.A. se creó a partir de la crisis de 2002 para solucionar la dificultad de las trabajadoras de la ex Riloman, que quedaban fuera del acuerdo 3 por 1, porque no eran bancarias y daban créditos de la casa, etcétera. Entonces, no tenían el target para acceder a ser bancarios y se creó Microfinanzas S.A, en un principio específicamente para las microfinanzas, que bien puede ser una tarea que desarrolle institucionalmente el Banco de la República. A partir de eso, Microfinanzas amplió sus servicios para determinadas tareas. El sindicato no se cierra y se puede llegar a discutir, por ejemplo si hay una promoción puntual de tres o seis meses para determinado producto, se entiende que no se presupueste un trabajador para eso.

  Esto se puede llegar a discutir en el marco de la negociación colectiva y de buena fe, pero no es lo que está sucediendo con estas empresas. Microfinanzas tiene contrataciones directas por parte del directorio y hay informes de los abogados que dicen que como es propiedad 100% del Banco de la República, se puede contratar directamente. El problema es que se puede contratar directamente siempre que sea Microfinanzas la que desempeñe las tareas con personal propio, pero Microfinanzas subcontrata otras empresas que a su vez contratan otros trabajadores, y eso de alguna manera estaría violando el Tocaf y otras normas.

  Nosotros hemos podido detectar que el mínimo que paga el Banco de la República es $ 385 más IVA la hora a los trabajadores que están en los cajeros automáticos informando a la gente cómo funciona la máquina, etcétera, y también acceden a información personal del cliente, porque en muchos casos al ayudar marcan los pines y demás. Esto depende de las necesidades que tenga la dependencia, porque hay carencia de personal en agencias y sucursales y además se eliminaron los puestos de servicio. Los que estaban en el interior cesan al vacar y pese a que en la estructura está planteado que las dependencias categoría A deben tener personal de conserjería y portería, de hecho no lo están teniendo y el banco se niega a hacer un llamado externo para cubrir esos cargos. Es decir que no se eliminan las tareas, sino los puestos; las tareas del escalafón de servicio se siguen realizando, al igual que el manejo de efectivo, pese a que el directorio dice que va a ser eliminado, pero no es así. La gestión del efectivo se hace a través de los corresponsales privados, a los que se les paga más de US$ 1.000.000 mensuales por comisiones, y por otro lado, están los trabajadores privatizados cubriendo puestos genuinos de los empleados bancarios. Esos trabajadores perciben entre $ 87 y $ 120 la hora, si son contratados directamente por Microfinanzas o si forman parte de las empresas tercerizadas. Tenemos por lo menos tres nombres de empresas que Microfinanzas ha subcontratado para realizar tareas en el Banco de la República y se los vamos a enviar a la Comisión.

  Por otra parte, se paga entre $ 456 y $ 594 la hora para quienes realizan tareas en los call center. Cuando los clientes llaman por teléfono o envían un mail, los que responden son trabajadores de Microfinanzas, que tiene prohibido manifestar al cliente que son empleados de empresas privadas. En el centro de contacto para los mail y las llamadas telefónicas hay un programa que hizo República Microfinanzas, que se llama “Yo trabajo y yo estudio” para estudiantes universitarios, que son contratados con salarios nominales de $ 16.000, de los que perciben $ 13.000 líquidos y además se les paga $ 3.000 en tique de alimentación. Son contratos a un año no renovables. También trabajan con todos los medios de pago, que son las tarjetas de crédito y realizan la recuperación de la mora temprana. Estos son los salarios que nosotros hemos podido detectar hasta el momento.

  Además, queremos aclarar que el salario de ingreso a la banca oficial, al Banco República, como administrativo, ronda los $ 31.000. Como vemos, estos trabajadores están percibiendo salarios absolutamente inferiores por realizar igual tarea. Y esto también es un problema en el interior del país, ya que estamos perdiendo fuentes de trabajo genuinas. Estamos siendo sustituidos y estas tareas también, por ejemplo, con personal de los Abitab o de los Red Pagos, cuyo salario mínimo, por formar parte del grupo 14, está en $ 14.000 mensuales. Por lo tanto, para nosotros, esto también es un problema de empleo genuino.

  También tenemos las privatizaciones en el sector informático. Hace poco, salió una nota en Brecha que menciona diez multinacionales. En principio, sabemos que, prácticamente, ciento cuarenta y ocho trabajadores del sector privado de empresas informáticas están trabajando dentro del Banco República contra ciento setenta y siete trabajadores genuinos del Banco República. Es decir que casi la mitad de los trabajadores de la institución pertenecen al sector privado.

  Con respecto a la pregunta sobre el tiempo que tenemos, creo que ya lo respondí, en el sentido de que nosotros vamos a resolver como trabajadores si aceptamos o no la propuesta del directorio. En caso de aceptarla, el día sábado, estas veintiún dependencias van a quedar cerradas sin ningún tipo de monitoreo. Van a existir las fusiones que planteaba Matías Arbizu. Estas dependencias van a estar abiertas los primeros días del mes pero, en definitiva, a partir de los corresponsales y de los incentivos que surgen del Fondes ‑además, financiado por el Banco República‑, cada vez vamos a tener más retiros del Banco República. Además, hay un dato que no es menor, porque cada vez que el Banco anuncia que va a pasar al cierre parcial, empiezan a aparecer Abitab y RedPagos enfrente, en la esquina e, inclusive, dentro del propio predio, como pasó en Nuevo Berlín. Allí el Banco se desprendió de sus propiedades y fueron compradas por un RedPagos, que es el que está trabajando allí. En Migues sucedió un hecho similar.

  Por lo tanto, estamos pagando estas comisiones mensualmente a Abitab y a RedPagos. Además tenemos entendido que Abitab y RedPagos tienen cuentas en el Banco, pero a partir del año 2015, se les cobra algo de dinero, que es mínimo. Pero sus cuentas no están dentro del Banco República, sino en la banca privada.

  Lo que nosotros vemos es que esta es una gran privatización, a gran escala, y que creo que excede al directorio del Banco República, fundamentalmente, por los actores que tenemos en los sectores privatizados y por quien está tomando las resoluciones respecto a lo que pasa con el crédito y cómo se recupera.

  Asimismo, de acuerdo con la información que tenemos, entre el 80% y el 90% de la justificaciones para las privatizaciones ‑tienen un exceso de contrataciones directas; se puede averiguar fácilmente‑ refieren a falta de personal. O sea que, debido a la falta de personal, se privatiza el call center. En el caso de CPA Ferrere, es brutal, porque tiene una estructura vigente desde el año 2013 del análisis del crédito, donde estaba establecido que debía haber veintiocho analistas de crédito. Hoy hay veinte, y lo que se toma de CPA Ferrere son ocho trabajadores, que es lo que haría falta.

SEÑOR AGUILAR (Luis).‑ A modo de cierre, queda claro que nosotros somos un sindicato. Para nosotros, hubiera sido más fácil limitarnos a defender nuestras condiciones laborales, garantizarnos alguna cosa y dejar que esto pasara tranquilamente, pero el sindicato bancario tiene una tradición y un compromiso de clase que siempre lo ha llevado a plantearse la defensa del Estado y de todos los ciudadanos por encima de todos los intereses corporativos.

  Lo que estamos analizando ‑creo que quedó muy claro‑ son consecuencias de algo que viene llevándose adelante desde hace varios años. También podríamos hablar sobre el análisis de los balances del Banco, ver dónde se está poniendo la plata, cómo se está invirtiendo y cuáles son los objetivos que se están llevando adelante.

  El Banco República ha abandonado su rol social. Lo podemos decir con total convicción y hasta con las palabras de su vicepresidente que, en determinado momento, nos dijo que el único objetivo que tiene el Banco es dar rentabilidad. Esto es algo que nos sorprendió muchísimo. Este es un tema que estamos viendo en todos los elementos que están sobre la mesa, porque hay una política y una administración del Banco República que es, en definitiva, lo que tenemos que discutir.

  Es posible que esta discusión supere el alcance de esta Comisión, pero es el gran grito que el sindicato bancario viene dando hace muchos meses. La conducción que se está llevando en el Banco República no refleja los intereses colectivos. Estamos pensando en una forma de actuar respecto a la cual los trabajadores bancarios queremos alertar, en este caso, a los parlamentarios. El proceso de achicamiento, no directo, porque sería agraviar a los directores diciendo que están achicando el banco, sino que están planteando una nueva forma de administración absolutamente distinta a la de directorios anteriores. Por supuesto que lleva a la descentralización de las decisiones, a facilitar beneficios a las empresas privadas, pero todo es mucho más complejo que esa realidad. Es necesario sentarse a debatir el rol que el Banco República viene cumpliendo.

  Cuando se discute si una dependencia tiene que ser rentable o no, es una discusión menor. Una sucursal, cuando está en una pequeña dependencia del interior, es la presencia del Estado. Y eso es lo que nosotros también defendemos. Lo que defendemos es el Estado en su conjunto, lo que significa para la sociedad.

  Esas son preocupaciones que tenemos sobre la mesa. Sé que los hemos agobiado con los números y podríamos plantear muchas más situaciones, pero lo que nosotros estamos diciendo, que fue lo que le dijimos a la sociedad en su conjunto, es que la sociedad tiene que discutir el rol real que queremos para el Banco República. ¿Qué tiene que ser el Banco República? Este es un tema al que exhortamos y por el que estamos golpeando puertas para generar esa discusión.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ En caso de que la delegación haya hecho algún informe estadístico de parte del gremio, sería bueno que nos lo alcanzaran.

  Por último agradecemos vuestra presencia.

(Se retira de sala la delegación del Consejo Financiero Oficial de AEBU)

(Ingresa a sala integrantes de la Comisión Interna del Hospital Pasteur)

——Damos la bienvenida a la señora Natalia Ruiz y al señor Valentín Abal, que integran la Comisión Interna del Hospital Pasteur.

SEÑOR ABAL (Valentín).‑ Agradezco a la Comisión por recibirnos en esta oportunidad.

  Estamos con varias complicaciones en el Hospital. Tenemos un desgaste en el relacionamiento con la dirección técnica y con la dirección administrativa, prácticamente, desde que inició su gestión.

  Hemos hecho varias denuncias en la Comisión Investigadora, que podrán haber visto en algún medio de prensa. Pero en este caso, nos convoca la negociación por varios problemas que tenemos en el Centro.

  Hemos firmado actas en la Dirección y nuestros reclamos no solo son para los trabajadores, sino también para los usuarios. Tenemos el piso rajado en las salas 210 y 211. Y nos urge que se arregle eso porque lo mismo nos pasó con el techo de la emergencia. No teníamos respuesta de la dirección y tampoco por área edilicia, inclusive de ASSE. Un sábado nos encontramos con que el techo se había derrumbado. Las Salas 210 y 211 tienen esa problemática. Hubo un compromiso, que tenemos por escrito, por el cual se iban a reparar. Sin embargo, pasaron los meses y no tenemos respuesta.

  Hemos pedido al departamento de enfermería crear una comisión en conjunto con la Universidad y la Facultad para analizar el nivel de complejidad de los pacientes y saber cuántas nurses y enfermeros necesitaríamos para atenderlos y darles una mejor atención. No hemos tenido respuesta.

  Se ingresa clostridium a salas que tienen pacientes inmunodeprimidos. No se está controlando sanitariamente a los pacientes. También estamos preocupados por eso.

  En cuanto a los llamados a concurso, pasa el tiempo, llaman a concurso, se presenta la gente, pero no se reúnen los tribunales. Se están designando suplencias y han ingresado por cargos presupuestados funcionarios titulares que no están en ningún ranking.

  Hay problemas con las licitaciones de los compañeros tercerizados. Lo más inmediato es el pliego de camilleros. Tenemos compañeros que hace más de catorce años que desempeñan la tarea. La dirección administrativa hizo el pliego nuevo en el que se exige que los camilleros sean enfermeros. Los compañeros tienen doce meses para tener al menos el segundo módulo de enfermería, pero los plazos son imposibles de cumplir. El curso dura dos años o dos años y medio y muchos de ellos no tienen el ciclo básico. Aclaro que no estamos en contra de la capacitación; todo lo contrario. Inclusive, vamos a la Inefop para conseguir cursos para los compañeros e irlos capacitando, pero entendemos que es una forma represiva de manejarse por parte de la dirección, ante un grupo de trabajadores camilleros que han peleado por sacar adelante empresas que estuvieron en manejos turbios. Por ejemplo, las empresas Mega y Apex. Es un grupo reducido, que tiene muchos años y que tiene capacidad de organización. Entendemos que más que la capacitación, el verticalazo del pliego viene más por ese lado.

  Además, en el curso de enfermero no tocás una camilla. Una tarea no tiene nada que ver con la otra. Inclusive, no creo que ningún enfermero se desempeñe como camillero. La tarea de camillero no tiene nada que ver con esa profesión, y menos por empresas tercerizadas, cuando nos cuesta retener enfermeros presupuestados en piso, por las malas condiciones de trabajo.

  Trabajar en el Hospital Pasteur no es nada atractivo para el enfermero por las condiciones edilicias, por los salarios, que no son los mejores, por la forma de trabajo, porque no hay una gran planificación por parte del departamento. Esto hace que los compañeros emigren, sobre todo, al sistema privado.

  Trajimos notas de algunas etapas que hemos tenido dentro del hospital. Hemos tenido un conflicto con la directora administrativa. Tenemos denuncias de que ha perseguido al personal. Ni siquiera aguantan las jefaturas de los servicios, que han puesto ellos a dedo. Nosotros creemos que las jefaturas tienen que concursar para acceder a un cargo dentro de ASSE, como hacemos todos. Los mandos medios deberían concursar.

  En el departamento de alimentación hemos tenido una lucha para que se logre concursar el cargo. Se sacó a la jefa que estaba y querían poner a alguien a dedo. El departamento de alimentación se organizó.

  Hemos hecho asambleas, y por ello se nos han abierto investigaciones administrativas por parte de la dirección. Entendemos que organizarnos es nuestro derecho. Nunca distorsionamos el servicio. Dentro de ASSE el sindicato siempre tuvo una forma de manejarse: las asambleas se hacen en horario de trabajo, pero siempre dejando una guardia. Inclusive, no está documentado que en ese día no se hayan hecho tareas o no se haya cumplido con la labor. Nos investigan por haber hecho una asamblea en el sector. Entendemos que hay persecución al sindicato y a los trabajadores organizados por llevar adelante la asamblea y esas reivindicaciones.

  Se logró hacer un llamado en el departamento de alimentación. No quisieron que el sindicato integrara el tribunal. Como saben, el sindicato es una de las patas del tribunal. Llamamos a ASSE, hablamos con los responsables de relaciones laborales. Desde allí enviaron una nota a la dirección diciendo que teníamos que ingresar al tribunal. Se hizo el llamado, pero no logramos que se haga en sectores como recursos humanos o el departamento de enfermería.

  Hay jefes puestos a dedo. Insisto con esto, porque es una forma de armar una red represiva, a mi entender y de la comisión interna, con gente de confianza en sectores estratégicos. Están pasando cosas, como persecución a los funcionarios o falta de acceso a la información. Hemos enviado notas solicitando información, pero no nos la dan.

  Por ejemplo, sobre la reestructura del departamento de enfermería, teníamos una propuesta de tres y uno que había firmado la federación en el año 2015. El tres y uno es para los compañeros que no faltan. Es un plan piloto que consideramos puede bajar el ausentismo y mejorar las condiciones de trabajo y la atención a los usuarios. Creemos que estaban dadas las condiciones para empezar a implementarlo, pero no nos ha llegado la información. Por un sondeo que hemos hecho sabemos que está la estructura para empezar a implementarlo.

SEÑORA RUIZ (Natalia).‑ El tema que nos convoca es lo de la negociación colectiva. Al estar cortado el diálogo con la dirección, hacen lo que quieren: nos sacan de los tribunales en los que tenemos que participar, hacen reuniones con los funcionarios sin nosotros, arengan a ese tipo de reuniones sin que nosotros estemos, ponen gente a dedo, etcétera. Que esté el diálogo cortado con la dirección nos preocupa. Ellos cortaron el diálogo a partir de una denuncia a la directora administrativa, quien, a su vez, nos hizo una denuncia civil.

  La semana pasada algunos funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social estuvieron por el hospital y encontraron varias cosas que se establecieron por escrito, como vestuarios en pésimas condiciones, problemas edilicios, instalaciones eléctricas precarias, espacios chicos para la cantidad de funcionarios en varios servicios, falta de duchas ‑con lo importante que es esto al trabajar en contacto con el paciente‑, extintores vencidos.

  La Inspección General del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hizo varias observaciones y les dio diez o quince días para regularizar todo esto. En realidad, lo que se hace es arreglar algo, dejando lo demás para después. Cuando vuelve la Inspección, se les da más plazo.

  Hace dos años, desde que asumimos, estamos pidiendo el ámbito de salud laboral, que nos aliviaría mucho el trabajo. Tendríamos compañeros trabajando para salud laboral, como la parte de los vestuarios y el tema edilicio. Esto está en la oficina jurídica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Han dicho varias veces que tenemos que tener el ámbito de salud laboral, pero como la dirección no lo implementa, pasó a la oficina jurídica del Ministerio.

  El diálogo está cortado con la dirección porque hemos hecho todas las denuncias que correspondían. Lo que quieren es amedrentarnos con la cultura del miedo, pero nosotros no nos vamos a callar. El diálogo se cortó a partir de una denuncia que hicimos sobre unas horas que se pagan a la secretaria que trabaja con la directora administrativa, señora Laura Molina. Le pagan unas horas por comisión de apoyo que la secretaría no trabaja. En ASSE se da esto, pero en mandos medios o niveles gerenciales; no a una secretaria. Como la secretaria se iba del hospital, le ofrecieron pagarle horas que no realiza por comisión de apoyo. Tenemos las pruebas de que se le pagan horas que la secretaria no trabaja. A partir de esta denuncia, se corta el diálogo con la dirección.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ La Comisión solicitará un informe a la comisión directiva del Hospital Pasteur sobre la negociación colectiva y un informe a la Inspección General del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre lo que se denunció y sobre por qué no está instalado el ámbito de salud laboral en el hospital, que mejoraría las condiciones de trabajo.

  La Comisión traslada a los dos organismos la solicitud de informe. Es lo más rápido. Una vez que los tengamos, se los trasladaremos y analizaremos si están en la orientación de la Comisión, que intenta tender puentes, buscar ámbitos de negociación y de encuentro.

  Les agradecemos la visita.

(Se retira de sala la delegación de la Comisión interna del Hospital Pasteur)

(Ingresa a sala una delegación de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República, Affur)

——La Comisión de Legislación del Trabajo da la bienvenida a la delegación de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República, integrada por el señor Daniel Olivera, secretario, general; la señora Miriam Gómez, secretaria de relaciones institucionales; el señor Alcides Garbarini, secretario del interior, y el señor Jorge Tabeira, secretario de prensa y propaganda.

SEÑOR OLIVERA (Daniel).‑ Agradecemos a la Comisión por recibirnos.

  El punto central de nuestro planteamiento es la negociación colectiva en la Universidad ‑sobre todo, después de la aprobación de la ley sobre negociación colectiva en el ámbito público‑, pues ha sido bastante dificultoso instalarla por la situación particular de que es una institución cogobernada.

  Luego de la asunción del rector Markarián se pudo instalar el ámbito de negociación de forma periódica y cotidiana. El tema central que planteamos al inicio fue el acuerdo salarial al que arribamos en el año 2015, que fuera plasmado en el proyecto de presupuesto quinquenal presentado por la Universidad al Parlamento y que se ha reiterado en las sucesivas rendiciones de cuentas. También hemos planteado otros temas, que marca la ley que deben ser discutidos en ese ámbito como, por ejemplo, capacitación y acoso laboral.

  En febrero de 2015 asumió su cargo el prorrector de gestión de la Universidad, doctor Gustavo Giachetto, quien en representación del rector pasó a integrar la delegación institucional en los ámbitos de negociación colectiva con Affur y UTHC. Tanto en este ámbito como en los de cogobierno, en los que participamos como representantes de los funcionarios de la Universidad, desde el inicio la actitud del doctor Giachetto ha sido la de falta de respeto a la organización sindical; siempre decimos que en las personas puede haber aspectos de estilos, en la medida que conducen diversos organismos, que generan dificultades con diversos actores ‑nos puede pasar a nosotros en el sindicato‑, pero la falta de respeto, interrumpir al orador y contestar en forma permanente las intervenciones de los delegados del sindicato es lo que ha llevado a un desgaste, porque además era una actitud que había solo con los delegados de Affur.

  Con respecto al acoso laboral, los trabajadores acordamos un protocolo, que fue aprobado por la Universidad en el año 2013. Sin embargo, en el ámbito de la negociación colectiva el prorrector planteó discutirlo, pero el asunto estuvo más de un año trabado.

  Es más, a la comisión que trabajaba en esta temática se le quitó todo el apoyo institucional desde el punto de vista administrativo y para poder funcionar, tanto en la parte de secretaría como con diversos técnicos que la asesoraban. Reitero que en el ámbito de negociación colectiva, durante un año, se estuvo discutiendo esta temática, inclusive, términos del protocolo, por ejemplo, “denuncia”, pues se planteaba cambiar esa denominación aun cuando en todo lo que es la discusión de la temática de acoso es ese el término que se utiliza. Pero es una cuestión menor en lo que tiene que ver con un protocolo que ha servido de ejemplo para otros organismos; inclusive, la Dirección Nacional de Trabajo lo recomienda y lo tomó como insumo para su propio protocolo.

  En cuestiones que tienen que ver con la parte salarial, luego de la aprobación del presupuesto quinquenal y la rendición de cuentas del año pasado, mantuvimos varias instancias de negociación colectiva en las que el prorrector, en nombre de la institución, permanentemente planteaba posturas que mantuvieron la negociación estancada, que se pudieron destrabar gracias a las reuniones que mantuvimos con el rector Markarián.

  En el mes de marzo, en una reunión con el prorrector, se nos dijo que el protocolo sobre acoso había sido aprobado por la Universidad y que debía quedar como estaba porque no se harían modificaciones. Es decir, estuvo un año trancado por el prorrector y no hubo modificaciones. Estuvimos discutiendo sin arribar a conclusiones, manteniendo lo que decíamos que era una cuestión positiva que teníamos en esa temática, pero todavía sin tener un funcionamiento acorde de la comisión. Con el apoyo técnico recién a mediados de este año, la comisión que estudiaba este tema pudo dotarse de los recursos humanos para poder funcionar, aunque aún no se ha resuelto lo relativo a la secretaría. Estamos tratando de que se instrumente rápidamente.

  A fines de marzo, principio de abril, en la Dirección Nacional de Trabajo denunciamos una situación de persecución sindical hacia una compañera que integra la mesa ejecutiva quien, además, es nuestra delegada en los ámbitos de cogobierno. Uno de ellos es el Consejo de Delegados de Gestión, que discute la temática de los funcionarios; allí tenemos voz y voto, y es donde se daban esas situaciones de falta de respeto, de cuestionamiento a su participación en esos ámbitos. Además, ella se desempeñaba en una oficina que depende jerárquicamente del propio prorrector. Ahí hubo cuestionamientos hacia el trabajo de esta persona, a su permanencia en el lugar de trabajo cuando, en realidad, estaba ejerciendo su función sindical, representando al sindicado en los ámbitos gremiales y a los funcionarios de la Universidad en ámbitos de cogobierno. Esto se lo planteamos al rector y, a nuestro entender, la institución asumió esa situación de persecución en la medida en que rápidamente se instrumentó el traslado de la compañera; el rector nos manifestó que los funcionarios deben trabajar en lugares cómodos y donde se sientan bien, y esa no era la situación. Pero no lo era por los hechos que planteamos. Reitero que esto lo denunciamos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el mes de mayo y también en una instancia tripartita, en la que presentamos la denuncia por escrito a la delegación institucional que habíamos elevado al entonces Director Nacional de Trabajo, Juan Castillo.

  A raíz de esta situación, el sindicato ha decidido no participar del ámbito de negociación colectiva cuando participe el prorrector porque no lo consideramos un interlocutor válido, ni es una persona que brinde garantías para el normal funcionamiento de un ámbito que debe manejarse con el debido respeto por las posiciones de cada una de las partes para llevar adelante una negociación que, como marca la ley, debe ser de buena fe. Digo esto porque a veces se plantean posturas que luego, en reuniones con el rector, descubrimos que no son el reflejo de la posición institucional.

  Esto también se lo hemos planteado al nuevo Director Nacional de Trabajo, señor Jorge Mesa. Reiteramos que en la medida que la Universidad mantenga al prorrector, no se garantiza el normal funcionamiento de los ámbitos de negociación colectiva. Esto es algo que nos preocupa, pues en varios temas veníamos trabajando bastante bien, más allá de algunos trancazos.

  Tenemos muchísimos temas pendientes para discutir, como el de la capacitación ‑lo mencioné al principio de mi intervención‑, en el que el prorrector envió un informe al Consejo Directivo Central planteando una reestructura del instituto de capacitación, modificaciones a las políticas de capacitación que afectan a los funcionarios ‑sin que ello pase por el ámbito que nosotros entendemos razonable y que, además, establece la ley como temática que debe discutirse‑, y también modificaciones al estatuto del funcionario, sin que ninguno de estos asuntos hayan pasado por la negociación colectiva. Esto nos marca una actitud de desconocimiento de la organización sindical, pues no se plantea un diálogo para exponer cada una de las posturas e intentar llevar adelante un proceso de negociación, que siempre es positivo, más allá de las diferencias que pueda haber.

  Se han planteado diversas obras con relación a los comedores universitarios, pues tienen dificultades para su funcionamiento por la falta de recursos humanos. Desde hace cuatro años, aproximadamente, funciona alternativamente un solo comedor universitario de los dos que tiene la Universidad. En tal sentido, se han llevado adelante determinadas políticas y acciones por parte de la institución sin haberlas planteado previamente en el ámbito de la negociación. Por ejemplo, la falta de recursos humanos que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo. Varias autoridades de la propia Universidad han reconocido que es imposible tener en funcionamiento los dos comedores con los recursos humanos que tenemos actualmente.

  Como pueden apreciar, se trata de un cúmulo de situaciones. La persecución sindical fue lo que detonó al sindicato, por lo que tanto en este ámbito como en la Dinatra estamos solicitando que se interceda ante la Universidad para que de las negociaciones colectivas se retire al prorrector de gestión, más allá de los cuestionamientos que hacemos a su propia gestión por determinadas políticas que ha estado impulsando, sin negociar con los trabajadores y en contra de la mejor tradición de la Universidad de la República.

SEÑOR GARBARINI.‑ Quiero hacer hincapié en algunos aspectos de la presentación que se acaba de hacer.

  Esto detonó con la persecución sindical ejercida por el prorrector de gestión, doctor Giachetto, sobre nuestra compañera delegada, pero no debemos olvidar que hay un cúmulo de situaciones desde que ocupó el cargo que hoy tiene.

  Por ejemplo, en el año 2015 las certificaciones médicas en la Universidad de la República fueron privatizadas por parte de este prorrector de gestión. Se hizo una evaluación de parte del prorrectorado que establecía que era ineficiente el sistema existente y se necesitaba cambiarlo. Se solicitó a la comisión asesora del servicio central de bienestar universitario ‑que es la que administraba las certificaciones médicas‑ que hiciera una propuesta, que fue elaborada por consenso entre los órdenes y el sindicato, dentro de la estructura de cogobierno de la Universidad.

  Cuando se concurrió al Consejo de Gestión Administrativa y Presupuestal, que es el órgano que preside el prorrector Giachetto para analizar esa propuesta, directamente se descartó para generar una licitación abreviada, que ganó la misma empresa en la que él es empleado: La Española. A partir de ese momento, esa institución es la encargada de realizar las certificaciones médicas de la Universidad de la República. Esto es más caro que lo que hacía la Udelar, pues se realiza sin contar con una política de cuidado y estudio de la salud de los funcionarios ‑simplemente, es la certificación médica‑ y de una forma mucho más ineficiente, porque lo que genera son más visitas a los compañeros, reitero, sin realizar una evaluación de los contextos de salud ni prevención laboral ni personal.

  Esto ha generado un deterioro importante, además de las condiciones laborales y, obviamente, de la cuestión de un estudio a largo plazo de lo que son las condiciones de salud de los trabajadores de la universidad, cuando el argumento era que nos certificamos mucho. Prácticamente en estos términos ‑lo digo para que quede claro‑ el prorrector nos había planteado que estamos de vivos con el tema de las certificaciones. Ese es el tono con el que el prorrector se dirige a nosotros constantemente, pero más allá del tono, que es como lo decía el compañero, esta resolución la tomó el prorrector en ese espacio de cogobierno, sin contar con los votos. Al momento que se fue a votar esta tercerización, la licitación no contaba con los votos necesarios

  No hubo quórum en esa sesión, pero al otro día la licitación igualmente estaba planteada. Entonces, hay una política autoritaria y de fuerte confrontación con nuestro sindicato por parte del prorrector, que no son hechos puntuales, que se desbordó. Esa situación de desborde se expresó, fundamentalmente en la negociación colectiva, porque era el espacio en el que nosotros esperábamos tener un diálogo difícil, pero constructivo, cosa que no tuvimos. Se generó una traba constante durante estos años, imposibilitándonos avanzar en ninguno de los puntos de reivindicación de nuestra plataforma y de las preocupaciones de las autoridades.

  Nos hemos encontrado frente a trabas sistemáticas como, por ejemplo, las que presentó el compañero, pero yo voy a agregar una más: no se tomaba versión taquigráfica de las instancias de negociación colectiva; ni siquiera se hacían actas. Estuvimos meses intentando que se acordara tomar esas versiones taquigráficas. Cuando llevamos este punto para discutir específicamente con el rector, en una reunión particular con nosotros y con el prorrector sentado a su lado, el rector le dio la orden de que se tomara la versión taquigráfica y, en dos minutos, esta situación se solucionó, porque es totalmente lógico que en un espacio de este estilo quede constancia de las coincidencias y también de las discrepancias.

  Con ese grado de hostilidad trabaja el prorrector con nuestro sindicato y con los compañeros de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas.

  Creemos que es una política sistemática. No es casualidad, más allá de las actitudes, porque lo que busca es congelar las posibilidades de nuestro sindicato de avanzar o de discutir determinados aspectos sustanciales que hacen a nuestras condiciones de trabajo y a las condiciones en las que se desarrolla la universidad. Inclusive, en este momento, esto afecta la política salarial, porque nosotros tenemos un acuerdo de negociación colectiva firmado con anterioridad, que implicaba abrir una discusión para ver cómo redistribuir los fondos asignados a la Universidad de la República. Hoy no estamos pudiendo sesionar en los espacios de negociación colectiva para discutir los temas salariales, porque cada vez que solicitamos una reunión, tenemos al prorrector sentado enfrente y, por lo tanto, nosotros no estamos ingresando a esas instancias, no por un capricho, sino porque esas instancias han sido totalmente improductivas y sentimos que se nos está haciendo un juego, por parte de la institución, para dejarnos en un punto muerto. Necesitamos que se interceda para destrabar esta situación. Nosotros no nos negamos a negociar

  Hemos planteado al rector varias opciones para que esta situación se destrabara. Inclusive, le planteamos que ni siquiera cambiara formalmente a la delegación, pero que al menos el prorrector no asistiera y permitiera otra conducción del espacio para, de esa forma, tratar de avanzar. Constantemente tenemos instancias de negociación, a todo nivel, en la Universidad de la República, directamente con los decanos y hay logros.

  Hace muy poco se firmaron acuerdos en la Facultad de Arquitectura y en Facultad de Odontología. En ese sentido, nuestro sindicato aporta y, con las dificultades propias del caso, ha encontrado ‑por lo menos de parte de los actores universitarios‑ la voluntad del diálogo e intentar generar algunos acuerdos, pero cuando está presente el prorrector de gestión, la situación es completamente diferente. Nos parece que es una política armada desde la institución que buscamos que se destrabe, porque va a generar situaciones de mayor confrontación cuando se acabe el tema del presupuesto a nivel parlamentario, cuando lleguen a la traba espacios para nosotros muy importantes, como es la comisión que trata situaciones de acoso en la interna de la universidad. Hoy los expedientes sobre acosos están durmiendo en cajones, y son personas que están sufriendo situaciones de acoso o, al menos, presuntas situaciones de acoso.

  Esto va a estallar muy fuertemente en la Universidad de la República y no es nuestra intención que esto suceda. Por eso, buscamos destrabar, que las autoridades razonen, que haya un paso al costado del prorrector de los espacios de negociación y nos permita tener estos espacios como instancias de debate, de discusión y de, al menos, intentar buscar acuerdos o, por lo menos, los mayores que vayamos pudiendo acordar.

  En cuanto a los temas de capacitación, quiero hacer una puntualización acerca de lo que decía el compañero. Cuando el prorrector presenta su plan de capacitación, directamente en el CDC, sin siquiera haber mostrado nada ni de cogobierno previo ni de negociación colectiva y eso es trabado a partir de las intervenciones verbales de nuestro sindicato en los espacios de cogobierno, logramos una situación de impasse, pero que quedó congelada. No avanzamos un paso y, de hecho, el prorrector de gestión controla la política de formación, que es uno de los aspectos que directamente está contemplado en la legislación de negociación colectiva como específico de ese ámbito y no hemos tenido ninguna oportunidad para discutirlo.

  Hemos hecho llegar documentos, hemos hecho llegar propuestas, pero no tenemos posibilidades de interactuar allí. Eso nos afecta cuando estamos hablando de una política de concursos que la institución demanda, que nosotros demandamos y no tenemos formación acorde para poder presentarnos a los mismos concursos y a las exigencias de la Universidad de la República. Entonces, aquí hay una situación de mucha tensión, que no es la deseable para la Universidad de la República, que nosotros todavía sostenemos que tiene una constitución y objetivos distintos a otras instituciones y debería permitirnos otro clima de trabajo y de diálogo, desde la diferencia, pero de diálogo constructivo.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ No podemos sustituir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la convocatoria a un ámbito de negociación, pero lo que podemos hacer es tender puentes, en este caso, con el rector de la universidad y solicitar una entrevista al rector Markarian, para plantearle como Comisión de Legislación del Trabajo cuál es el planteo del sindicato, a los efectos de ver si podemos trabajar en ese espacio.

  Si está muy dificultoso el tema, después podríamos hablar con el Director Nacional de Trabajo, Jorge Mesa. Esos son los dos ámbitos a los que podemos trasladar el tema, a los efectos de que haya un intercambio de la Universidad de la República y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

  Hoy es la segunda delegación que viene a plantear el tema de la negociación colectiva. Desde acá, es lo que podemos hacer: tender puentes con las instituciones, para ver si reflexionan.

SEÑOR OLIVERA (Daniel).‑ Quiero acotar que el viernes pasado tuvimos una reunión con el Director Nacional de Trabajo y habrá una reunión con la universidad, convocada por dicho Director el próximo jueves al mediodía, para que la Dirección Nacional de Trabajo plantee también su preocupación, fundamentalmente, por la negociación colectiva, que es el tema que es de su competencia, porque también preocupa el hecho de que funcionen los ámbitos de negociación colectiva en los distintos organismos.

SEÑOR TABEIRA (Jorge).‑ Como integrantes de la comisión y representantes del Parlamento, quiero solicitarles que si se convoca una reunión con el doctor Markarian, quede la constancia clara de que Affur y nuestros compañeros de UTHC, que son los trabajadores del Hospital de Clínicas, apostamos realmente a la negociación y estas presentaciones que estamos haciendo y la difusión de propaganda, en realidad, apuntan a que haya una negociación colectiva real, efectiva y concreta, y dentro de los términos de la legislación, que es muy valiosa para el continente

  Nosotros la reivindicamos, como movimiento sindical, pero como toda negociación, si las partes no tienen buena voluntad o algunos de los representantes la tienen, no es posible llevarla adelante. Eso es lo peor, que se tranque una negociación colectiva por las cualidades personales o por las actitudes de un representante que no tiene el apoyo institucional, pero que muchas veces nosotros sabemos que sus decisiones son inconsultas.

  Queremos reivindicar que apostamos a la negociación y que queremos instalar una negociación adecuada, porque los señores diputados saben cómo es la situación en la Universidad de la República: los sindicatos u organizaciones gremiales también somos, muchas veces, representantes en el cogobierno. Por ejemplo, nosotros no somos un orden del cogobierno, como trabajadores ‑algo que ha estado previsto durante mucho tiempo en una reforma hipotética de la ley orgánica‑, pero sí integramos el cogobierno en distintas comisiones y, en ese ámbito y en la negociación colectiva, no tenemos otra alternativa que negociar con el prorrector de gestión, que es supuestamente el encargado de eso.

SEÑOR PRESIDENTE.‑ La Comisión de Legislación del Trabajo agradece la presencia de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República, Affur.

  Se levanta la reunión.

Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.