Cámara de Representantes - Versión taquigráfica, 09/08/2017

PRESIDEN:	Señoras Representantes Susana Montaner (Presidenta) y María Manuela Mutti (Vicepresidenta).
MIEMBROS:	Señores Representantes Graciela Bianchi, Mario García, Enzo Malán y Paula Pérez.
INVITADOS:	Señoras Leticia Altez, Andrea Olmos y Paula Varese y señor Pincus Anderson.
SECRETARIA:	Señora Graciela Morales.

SEÑORA PRESIDENTA (Susana Montaner).‑ Habiendo número, está abierta la reunión.

La Comisión da la bienvenida a las señoras Leticia Altez, Andrea Olmos, Paula Varese y al señor Pincus Anderson, padres de alumnos de la escuela Nº 81 de Montevideo.

SEÑOR ANDERSON (Pincus).‑ Luego de recorrer un largo camino, hemos llegado hasta aquí a plantearles algunos problemas que se vienen dando desde el año pasado, vinculados con la ley de inclusión.

Voy a leerles una carta que hemos traído, de la cual dejaremos una copia. Habíamos dejado otra, pero luego hicimos un relato para ponerlos en conocimiento de la situación, y está acompañada de firmas de toda la escuela, no solo de 4º B, el grupo de nuestros hijos, ya que el problema ha trascendido y no solo afecta a una clase. Entre varios padres hemos conformado un grupo llamado “Inclusión Responsable”.

“Existe una ley de inclusión, son su reglamentación correspondiente, que obliga a todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, a incluir a personas con diferentes discapacidades tanto físicas como mentales

En la inclusión de personas con una discapacidad intelectual, mental o de comportamiento, que es lo que motiva esta carta, la problemática se torna muy compleja, si no es bien evaluada la discapacidad, puede acarrear perjuicios graves, vulnerando tanto los derechos del incluido como los del resto de las personas que conviven con él diariamente.

Para eso es fundamental, en todas las áreas que tratan estos temas, contar con el profesionalismo, el trabajo personalizado y responsable, y la sensibilidad de todas las autoridades involucradas.

En nuestro caso en particular que estamos viviendo en la escuela Nº 81, con la inclusión de un chico en el grupo de nuestros hijos, hemos visto y padecido la falta de profesionalismo de todas las partes involucradas. Desde el grupo de docente, Dirección de la escuela, Inspección de la escuela, Inspección Regional, Escuelas Disfrutables, Consejo de Educación Primaria, Instituto Nacional de Derechos Humanos e INAU, todas carecen de la capacitación y recursos necesarios para hacer de esta ley algo positivo y, por lo contrario, se transforme en un problema para el incluido y todos los que lo rodean (compañeros de clase, compañeros de escuela, cuerpo docente y padres).

Para nosotros todo comenzó a mediados de agosto de 2016, con la inclusión de un chico de 11 años en un grupo de 8 años, sin escolarización previa y con conductas que llamaron enseguida la atención de niños y adultos.

Desde el primer día comenzaron los problemas de este niño, mucho más grande en edad y de físico, y con notorio desnivel de aprendizaje, muy por debajo del resto del grupo. Golpes, insultos, huidas de clase, apremios físicos, son algunas de las cosas que empezaron a padecer nuestros hijos, con los que compartía el grupo, junto con algún chico más de la escuela.

Algunos padres consultamos a la directora acerca de qué estaba pasando, y se nos dijo que fue una orden directa de la inspectora de la escuela para que lo inscribieran. Preguntando por alguna evaluación psíquica, para saber a qué estábamos exponiendo a nuestros hijos, se nos dijo que no contaban con ella, solo que era un chico de una historia muy triste y con patología psiquiátricas complejas, que tomaba medicación, y que 'esto era un experimento', palabras textuales.

Desde ese día, y hasta el día de hoy, nuestras vidas han cambiado por completo, ya que ir a la escuela a aprender y disfrutar, pasó a ser un verdadero calvario. Pasaron el mismo grupo en bloque, junto con el chico, en teoría para que la relación fuera mejorando. No solo no mejoró, sino que empeoró.

Los padres desde la mera observación y relatos, sabíamos que no había que ser ningún profesional para darse cuenta de lo que iba a pasar y que estábamos ante algo grave.

Apremios físicos nuevamente, como estrangulación, amenazas con arma blanca, acoso sexual, insultos, gestos obscenos, intento de tener sexo oral; amenazas de muerte a los padres y a los niños, insultos a las maestras, deseos de drogarse en la escuela, amenazas de traer un arma, escaparse del predio de la escuela, pegarle con un palo a su ayudante terapéutica, son algunas de las cosas que padecemos, sin que en él recaiga ninguna medida de investigación, tan solo salir a tomar un poco de aire y pasar la tarde afuera jugando a la pelota, para que se tranquilice; ya que dicho por la directora 'no saben en la escuela cómo manejar una patología de este tipo'. El niño decide cuánto entra y cuándo sale de la clase.

Esta situación es continua y los niños han padecido situaciones psicológicas diversas: temores, pesadillas, descargas abruptas de llantos, no quieren ir a la escuela, aguantarse de hacer pis para no ingresar al baño, imitaciones de conducta, etcétera.

No hay que olvidarse que en la escuela hay niños de todas las edades, desde primero hasta sexto, con los cuales ha llegado a compartir el recreo, música y gimnasia, con los que también acontecieron hechos graves.

La directora e inspectora de la escuela, en una demostración de falta de preparación y dejando mucho qué desear éticamente, no fueron capaces de informar a los padres de niños afectados por situaciones gravísimas ocasionadas por el chico 'incluido'. A modo de ejemplo, no fueron capaces de levantar el teléfono para llamar a padres y avisarles que su hijo había tenido un evento traumático como que le pusieran una tijera abierta en el cuello y ser amenazado de que lo iban a matar. Se enteraron por el niño, cuando en su casa, llorando, les dijo que no quería ir más a la escuela porque lo iban a matar.

Visto las potestades ilimitadas que este chico tiene, los padres tuvimos que tomar medidas drásticas para que primaria reaccionara, terminando en denuncias policiales y judiciales, con todo lo que eso conlleva en tiempo y sufrimiento.

La reacción de primaria siempre fue nula o tardía, desarrollando mucha teoría que dista mucho de la realidad. Todos los controles fallaron, es más, se dieron cuenta de que la ley de inclusión tiene vacíos legales y que cuando quisieron pasar al chico a la escuela que realmente le correspondía por sus patologías (las cuales fueron diagnosticadas tardíamente por primaria), tuvo más potestades su tutora de dejarlo en la escuela, que toda una institución como primaria.

A modo de ejemplo, primaria no tiene control alguno de quiénes son los ayudantes terapéuticos que ingresan a la escuela y si están capacitados para contener las patologías puntuales de cada niño que lo necesite. En este caso puntual, todas las cosas que acontecieron y acontecen, pasan delante de la asistente como si nada pasara, y hasta ocultando hechos, ya que no responde a primaria, sino a la persona que lo contrata.

La maestra de apoyo, que en la resolución final de primaria resolvió mandar a toda la escuela y en especial para él, renunció a la semana. Uno de los argumentos fue que eso no era una discapacidad intelectual, sino una patología psiquiátrica grave, al punto que primaria ahora manda una maestra de apoyo ya no para toda la escuela, sino solo para él.

Se le redujeron los días, las horas de estar en la escuela y aun así sigue con conductas violentas y amenazantes, de las que nos enteramos a diario.

La propia directora, asesorada por especialistas de primaria, dice y reconoce que si este chico tomara la medicación psiquiátrica que tiene que tomar, jamás podría venir en el estado de exaltación con el que viene a la escuela.

Instituciones como INAU, de donde proviene este niño, tampoco hacen un control y seguimiento. ¿No saben lo que está pasando? ¿Tendrá que ver con su tutora responsable y que lo quiere adoptar, que es funcionaria de esa institución?

Los padres estamos perplejos ante las actitudes y respuestas irresponsables y nos cuesta entender cómo una psicóloga (tutora mencionada anteriormente), es capaz de desconocer esta realidad del daño que está realizando y a lo que está exponiendo a todos los alumnos sin que su inclusión represente ningún avance para este chico ni en aprendizaje, ni en socialización. Ni tan siquiera han logrado que el niño venga a la escuela en condiciones de higiene mínima.

Jamás un pedido de disculpas a ningún padre por lo que hace el niño, ni mucho menos un reconocimiento de su comportamiento. Además, con embustes malintencionados intenta penalizar a los padres. Lo que implica que no solo están amenazados los chicos en la escuela, sino también los padres, con el terror de saber que esta persona es capaz de arruinar la vida de cualquiera.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos al que concurrimos a denunciar los hechos que estaban aconteciendo, solo se limitó a decir que acompañaba lo que primaria resolviera sin hacer ninguna evaluación seria y subestimando lo que le pasa a nuestros hijos hasta el punto de decir que esto era un problema de grandes.

Las autoridades máximas del Consejo, como el señor Héctor Florit, siguen sin darse por enterados acerca de esta problemática, confundiendo problemas de conducta con una patología psiquiátrica grave y violencia en la escuela.

La consejera de primaria Irupé Buzzetti, nos dice que ellos no se responsabilizan de la situación ni de los comportamientos del niño y que además lo que les pasa en la escuela les puede ocurrir en la calle, en un parque o en un campo de fútbol. Si no nos gusta, que saquemos a nuestros hijos de la escuela.

Cuando golpean o vulneran los derechos de una maestra dentro de la escuela, ellas tienen un gremio que las ampara y las defiende, y no dudan en tomar decisiones drásticas para que se sepa lo que acontece y tratar de que no vuelva a pasar.

Nuestros hijos no tienen gremio que los ampare, lo único que tienen es la confianza de poder contarles a sus padres lo que les pasa, y los padres hacer todo lo posible para que no sean vulnerados en sus derechos.

Nos parece una irresponsabilidad atroz y absoluta que desde una oficina y sin poner los pies en la escuela, las más altas autoridades de primaria decidan la inclusión de un niño como este, con lo delicado del caso, sin un plan de intervención, contención y trabajo previamente definido que evite efectos sobre los demás educandos.

Supuestamente quieren ayudar a un niño y lo único que han obtenido es que este se llene de denuncias en la comisaría, y de padres en los juzgados. ¿O esperaban que nadie dijera nada y tener víctimas pasivas? ¿Cómo pueden negar una realidad con tal de sostener una decisión tomada y obligar a los otros niños a aguantar el padecimiento tortuoso y continuo de la violencia aceptada y avalada por el consejo de primaria?

Exhortamos a la población a tomar conciencia de lo que está pasando y que se animen a negarse a aceptar la violencia dentro de las escuelas públicas. Denuncien, por favor, todos los hechos que se suscitan tras esta ley de inclusión, en la forma tan IRRESPONSABLE en que fue implementada. Se impone un edicto desde los ámbitos de poder sin haber hecho un estudio previo de los requerimientos en cada caso, y en cada escuela respecto a lo que se necesita.

Esta escuela ha contado siempre con el apoyo económico y el trabajo de los padres […] que hoy enfrentamos esta situación que la catalogamos como de desinterés, desidia, falta de profesionalismo y, sobre todo, de falta de sensibilidad para resolver esta situación con el mayor grado posible de justicia para TODOS los incluidos.

Convocaremos a todos los padres de la escuela para informarles bien lo que está pasando, que sepan cuál es la realidad que vivimos, con el fin también de prevenir futuros hechos y que ningún padre tenga que dejar de hacer su vida diaria para empezar a recorrer escritorios con el fin de defender los derechos de sus hijos”.

SEÑORA VARESE (Paula).‑ Soy la mamá de Tiago Álvarez, el niño que sufrió el antecedente de la tijera. Ese día no llegó una notificación a casa de parte de la directora ni de nadie; me lo contó mi hijo de noche. Al otro día fue a preguntar qué había pasado y no obtuve respuesta. Hice la denuncia policial.

Mi hijo es gordito y sufre bullying todos los días que va este niño. Optó por no llevar merienda. No quiere ir los días que va este niño. Aparte le pega. Mi hijo no va al baño; y lleva el celular a la escuela para llamar al 911 si le pasa algo. Digo esto para que sepan lo extremo de lo que estamos viviendo. Es una situación insostenible. Lo estamos padeciendo.

Su mamá presentó una denuncia diciendo que la agredí afuera, pero ese día yo estaba trabajando y no estaba en ese lugar. Tuve que ir a un juzgado a dar mi declaración. Soy incapaz de enfrentar a alguien.

SEÑORA OLMOS (Andrea).‑ Lo que me interesa trasmitir es que antes de estar acá fuimos a otros lugares y que nuestros hijos no van a un reformatorio, van a un centro educativo. Esperamos de un centro educativo que cumpla la función que tiene, que es la de educar, tanto a nivel intelectual como de comportamientos. Esperamos que nuestros hijos reciban ese tipo de educación y no que vayan a un centro donde se avalen otro tipo de comportamientos. Digo avalar porque el cuerpo docente de un centro educativo debería saber que hay ciertos márgenes de lo posible y lo no posible; y lo no posible tiene que ser, de alguna manera, intervenido. Lo que estamos padeciendo no es solo lo que al niño le pasa, sino la reacción y la respuesta de la institución: una directora ausente, maestras que dicen que no tienen nada que ver, un niño al que no se le ponen límites de ninguna índole. Cuando acudimos a las autoridades de Primaria nos dicen que las sanciones pasaron de moda, que las suspensiones ya no existen, que expulsiones no. La respuesta de las autoridades más altas de Primaria, que es delicada, es querer igualar la escuela a la calle o a un campo de fútbol. Mi hijo de quince años no padece violencia en la calle, entonces ni siquiera puedo comparar la escuela con la calle.

No tenemos respuestas. Estamos preocupados porque no queremos que nuestros hijos pasen estas cosas y nos parece que la institución tiene que ser revisada, ya que el orden debería salir de la autoridad y de la institución.

SEÑORA ALTEZ (Leticia).‑ Nosotros buscamos todas las soluciones posibles y decidimos que primero correspondía dirigirnos a la inspectora y a la directora, luego a Primaria y demás; sin embargo, no hubo solución.

Todos los días hay una historia diferente de agresión o de insultos. Antes, cuando un niño se ponía violento durante la clase de gimnasia la profesora de educación física tenía la autoridad de decir a la asistente que lo retirara de clase. Ahora la directora le ha comunicado que tampoco puede hacerlo, que ni siquiera puede corregirlo, porque para eso tiene su asistente. Los docentes están limitados a la hora de trabajar porque es la orden que tienen.

Nosotros nos reunimos y tratamos de apoyarnos, así como también a los niños. Tratamos de no preguntarles cada día qué hizo Renato, pero ellos siempre tienen algo para contar.

Decidimos recurrir a ustedes porque las puertas se nos cerraron. No tenemos más para hacer. Es una desesperación. Nos negamos a que una directora nos diga que saquemos a nuestros hijos de la escuela si no estamos de acuerdo. Mi hijo, al igual que los demás, pertenece a la Escuela Nº 81 por elección, porque pensamos que es una escuela de excelente calidad, o sea que no los vamos a retirar. No nos vamos a imponer; no vamos a hacer nada abrupto. No somos personas alocadas y lo pueden corroborar. No tenemos un pasado de mala conducta. Es más, los niños de los padres que ustedes ven hoy aquí son tranquilos, de excelente conducta. Somos padres que nunca hemos sido citados a la dirección. No son niños problemáticos. Lo que ocurre es que no tenemos más para hacer. No queremos que se llegue a un hecho grave para que se busque una solución. En realidad, ya lo hemos vivido, porque el hecho de que amenace a uno de los niños con una tijera o que le diga explícitamente a una niña de nueve años lo que va hacerle sexualmente, es algo descolocante. Nosotros sabemos que la sociedad es difícil, que en la calle se aprenden muchas cosas, que hoy para muchas cosas no hay filtros; eso es verdad, pero nosotros como padres decidimos qué queremos que nuestros hijos sepan, aprendan y digan. Es cierto que muchos imitan ahora, porque como en todas las escuelas hay niños que son más hiperactivos y revoltosos, ellos imitan. Nosotros no queremos eso. Lo principal es que nosotros no pedimos que a este niño se lo saque y se lo deje. No, pedimos que se lo reinstale en una escuela donde se puedan asistir sus necesidades, porque nuestros hijos no tienen por qué cumplir ese trabajo.

Sabemos que la ley de inclusión está para que se incluya y se trabaje en grupo y que los niños aprendan a aceptarlo. Los niños tienen una compañera en silla de ruedas. Eso es lo que creemos que está bien amparado por la ley de inclusión. Ellos conocen los límites, cómo se debe respetar a esa compañera y cómo trabajar con ella por igual, pero no saben cómo lidiar con este niño, y nosotros como padres no tenemos herramientas para decírselo. Yo no sé cómo explicarle a mi hijo qué puede contestarle a un niño que hace esas descripciones sexuales. Una de las mamás que no pudo venir hoy es la mamá de Julieta, la niña que está siendo acosada sexualmente por este niño. La mayoría de nuestros niños están juntos desde el jardín. Este niño prohibió a todos, y en particular a mi hijo Nahuel, dirigirse a Julieta, que es una amiga con la que se lleva desde chicos, y si lo hacía tenía que dirigirse a ella como la “mujer de Renato”. Mi hijo optó por no hablarle porque él lo agredía y se disculpó con la amiga por no poder acercarse ni jugar. La niña tampoco tiene por qué pasar por eso; ni sus papás ni nadie. Cuando la mamá fue a plantear ese caso a la dirección no tuvo respuesta. Todo queda para estudio; todo se va ver; todo lo vamos a tratar de solucionar; todo vamos a informarlo.

Esto no pasó ayer, viene del año pasado. Desde el segundo día de escuela estamos con este tema. Creo que dimos el tiempo que correspondía y respetamos los tiempos que manifestaron que necesitaban para resolverlo. Obviamente, las respuestas que obtuvimos fueron todas negativas, y como papás no podemos seguir esperando, porque están padeciendo este 4º año problemático y angustioso. Siempre decimos que la época escolar es una época para aprender y disfrutar. No están aprendiendo correctamente y, definitivamente, no están disfrutando. Van con miedo, temor, angustia y malestares. Llegan a la puerta y al ver llegar el auto de la tenedora con el niño dicen: “Ay, vino ¿qué hará hoy?”. Entran con miedo; algunos llorando; otros no quieren entrar. Y a la mitad de la clase tenemos que ir a buscar a alguno porque se descompone. Suena horrible, y lo es.

Los papás pasamos mal. Tratamos de no invadir. En su momento, hicimos un planteamiento a la directora, porque esta señora, inclusive, entraba a la clase. En dos oportunidades la encontramos filmando y sacando fotos de nuestros hijos. Como mamá me niego a eso. Legalmente no se puede; nos asesoramos, pero más allá de lo legal como mamá me niego a que le tome fotos o se filme. No corresponde que esta señora invada la clase, interrogue a nuestros hijos con preguntas personales ‑como lo ha hecho‑ sobre quiénes somos, dónde trabajamos o dónde vivimos. Tampoco corresponde que la directora de la institución le permita la entrada. Decidimos plantear a la directora que no íbamos a entrar, porque sabemos que distorsionamos la clase, que nos quedábamos del lado del portón, pero que también le prohibiera a esta señora entrar. El señor Anderson fue uno de los papás que la vio filmando y le increpó en el momento que, por favor, dejara de hacerlo. Se lo informamos a la directora y nos dijo que días después le revisó el celular y no había filmaciones. ¡Por supuesto, es algo obvio: si fue días después! Ha llegado al límite de quedarse en la puerta o aparecer en una reunión de padres para hablar este tema específicamente con la directora. Obviamente pedimos que ella no estuviera porque queríamos que se nos informara. Sin embargo, alguien que no sabemos quién fue, se lo informó a la señora y ella apareció e hizo un escándalo y un drama en esa reunión. Se nos dijo que se nos iba a dar una reunión unos treinta o cuarenta y cinco días después, pero nunca se concretó.

SEÑOR ANDERSON (Pincus).‑ La resolución de Primaria, en uno de los puntos, que dice fundamenta la misma postura de algunos padres respecto al alumno de la Escuela Nº 81, que la inspección informa que hasta el momento se implementaron espacios de reuniones, entrevistas y otros que no generaron avances significativos. Esto es una flagrante mentira porque la única reunión que hubo fue con un grupo de Escuelas Disfrutables en el momento en que esto ya no daba para más y decidimos hacer la primera denuncia. Nos dijeron que teníamos que presentar una nota escrita en la dirección y tenían que pasar cuatro días. En caso de no haber respuesta luego de ese lapso, debíamos presentar la denuncia en la comisaría. Se logró hacer la primera y única reunión recién hace dos meses, con Escuelas Disfrutables, forzada por la denuncia policial. Se suponía que allí íbamos a plantear lo que nos estaba pasando, pero nos encontramos con una situación que no se la deseo a nadie. Una psicóloga y una asistente social vinieron a hacernos terapia a nosotros y a decirnos que quienes estábamos mal éramos nosotros y que había que tener en cuenta los derechos del chiquilín. También, nos dijo que capaz que teníamos una psicosis de grupo. Nosotros no tenemos eso, ni nada que se le parezca. Somos padres enfrentados a una realidad, y lo que nos da miedo es la respuesta que se nos da. Nos sentimos vulnerados en nuestros derechos.

SEÑORA ALTEZ (Leticia).‑ Nosotros fuimos a esa reunión a informarnos y para que nos dieran apoyo, pero se nos indagó, se nos increpó y se nos dijo que estábamos excluyendo al niño y hostigando a nuestros hijos.

Cuando nosotros les planteamos que nuestros hijos son víctimas de estas situaciones, ellos nos respondieron que son niños, que no tienen maldad. Entendemos la diferencia entre un niño que tiene problemas y un niño que tiene maldad. Pero, lo de este niño es agresión. No es que nosotros le pusimos un título o decidimos tomar una represalia con este niño porque nos pareció. Estamos diciendo lo que es: él agrede, insulta, maltrata, deja marcas psicológicas y físicas.

Para nosotros esa reunión fue espantosa, no sacamos nada bueno, se nos mandó a hacer terapia y a que lleváramos a nuestros hijos al psicólogo. Esto no tenía nada que ver con el objetivo de la reunión. Nosotros habíamos pedido la reunión con la directora e inspectora de zona, y se nos avisó que iban a venir estas personas, pero nunca pensamos que fuera con ese fin.

En conclusión, nos dijeron, tanto esas personas como la tenedora, que el niño pertenece a la escuela y que de ahí no lo van a retirar. A nosotros se nos dio la opción de que si no estábamos conformes, retiráramos a nuestros hijos. Entendemos que ese niño necesita estudiar en un lugar adecuado, pero consideramos que no es el grupo de nuestros hijos.

Quiero señalar también que esta es una escuela que se caracteriza por no pasar las clases en bloque, pero a nuestros hijos los pasaron el año pasado de esa manera para beneficiar a este niño. Esto fue reconocido por la directora, por la inspectora y por la tenedora del niño.

SEÑORA OLMOS (Andrea).‑ Quedamos muy preocupados por las respuestas que nos dieron en esa reunión de Escuelas Disfrutables.

Cuando hablamos de acoso sexual y de la instigación a consumir drogas en la escuela por parte de ese niño, la psicóloga nos dijo: “Madres: es bueno que sus hijos vayan sabiendo que esto existe”. Nos parece que eso es bueno, en todo caso, si en la escuela hay una política educativa que enseñe cuáles son las consecuencias y se dé una clase teórica destinada a interiorizar a los niños del conocimiento, pero no por la patología de alguien que incita a algo totalmente dañino, obsceno, traumático. Para nosotros fue tremendo que nos dieran esas respuestas.

Quiero señalar también que ese niño no tiene ninguna escolarización. Está en un grupo de cuarto año y no sabe las tablas del dos ni del tres. Está en un grupo con un nivel muy elevado para él. Es como si yo ingresara a una clase de alemán y pretendiera entender lo que se está hablando. Entonces, no solo distorsiona por sus propios comportamientos, sino también porque no puede interpretar el código de lenguaje que se está usando. Al no poder lograrlo, es imposible que se integre en una clase teórica y participe con entusiasmo. Consideramos que la educación tiene que dar a ese niño una atención especializada porque necesita adquirir una serie de conocimientos y herramientas para incorporarse al grupo.

Como ya dijimos, el grupo pasa en bloque y aunque él no tiene elementos para pasar, igual se le otorga. No entendemos cuál es la finalidad de pasar a un niño sin conocimientos. Supongo que Primaria, que es la autoridad, se basará en alguna ley para hacer esto. Nosotros no entendemos la inclusión en ese sentido y tampoco vemos que le esté haciendo bien al niño, porque no solo no está aprendiendo, sino que se está llevando un montón de denuncias que lo van a afectar en el futuro en cualquier cosa que quiera hacer, aunque tenga una familia que lo contenga.

Estamos de acuerdo con el fundamento de que es un niño más y hay que apoyarlo, que tiene derecho a la educación, a ser atendido, etcétera, pero en un marco estructurado para sus necesidades.

SEÑOR ANDERSON (Pincus).‑ Esta es la tercera vez que tenemos casos extremos como este, pero se han solucionado por otras vías y, por suerte, no llegaron a mayores por las casualidades de la vida.

Nos hemos dado cuenta de que cuando falla el sistema no hay un protocolo a seguir. Estuve leyendo una cantidad de información sobre inclusión para poder entender mejor esta situación y me di cuenta de que no hay controles. Tenemos el ejemplo de una mamá que vino del interior y fue a inscribir a su hijo en la escuela. Ella trabaja a una cuadra y media, pero le dijeron que no sabían si el niño podía venir a esa escuela porque tenía determinado nivel y había que evaluarlo. La señora tenía todos los carnés del niño, que había pasado con muy bueno sobresaliente, y les dijo que si había alguna duda, podían llamar a la escuela en Minas y preguntar a las maestras. Pensó que utilizarían toda la tecnología con la que se cuenta para solicitar ese informe. La madre fue periódicamente a la escuela a reclamar qué había pasado antes de que comenzaran las clases ya que no llamaron al niño para evaluarlo; y así fue hasta el día antes de que empezaran las clases. Llegamos a la conclusión de que en realidad no hay ninguna forma de evaluar las situaciones; se presentan y después se van resolviendo.

El año pasado, un chiquilín que venía de otra escuela le robó la cartera a la maestra; se metió en la dirección y robó $ 9.000 de la comisión de fomento. La directora no quería denunciarlo porque se conmovía por el niño. Nosotros queríamos saber quién era para decirles a los chiquilines que se cuidaran. Este año no está porque quedó en evidencia porque ya se sabía quién era. Después de que saltó todo esto, ahí recién vino la información de la otra escuela diciendo que robaba. La escuela no sabía nada de esto y nunca se llegó a evaluar esta situación; se dió contra el problema de lleno.

Nos pasó algo parecido en estos cinco años: había un niño que no tenía escolarización, que nunca había ido a ningún grupo de tres ni cuatro; solo había estado un mes en un jardín. Tenía una patología muy parecida a la del niño del que estamos hablando, lo único diferente fue que el padre lo sacó de la escuela; este hombre era violento y amenazó tres veces que iba a matar a la directora.

He llegado a la conclusión de que no hay un organismo que evalúe las situaciones de determinados niños. No me explico cómo, con la tecnología que hoy existe, las escuelas no pueden pasarse información. Le pregunté a la directora de este año ‑porque son itinerantes‑ si había hablado con la del año pasado para conocer la situación de la escuela, y al parecer solo le dijo algunas cosas por arriba porque tenía que irse a otra escuela. Me parece que si hay un cambio de mando tiene que conocer lo que pasa en su lugar de trabajo; ni siquiera sabía que el año pasado había un chiquilín que había robado. Debería hacerse un estudio pormenorizado de los alumnos que concurren a la escuela. Tal vez, faltan recursos. No lo sé. Lo que sé es la realidad que vivimos, que surge de la mera observación.

SEÑORA VARESE (Paula).‑ Quiero señalar que la tutora de ese niño me dijo que el niño tiene a mi hijo ‑al que amenazó con la tijera‑ como referente. En una oportunidad, la maestra llevó a ese niño a otro salón y el niño no quería ir, se resistió. Entonces, le preguntaron cómo quería ir, y él dijo que quería ir con alguien lo acompañara. Le preguntaron quién quería que fuera, y él dijo que quería a Thiago. Entonces, mi hijo quedó rifado en un salón con una maestra que yo no conozco y con un niño que tiene esa conducta. Estuvo toda la tarde ahí adentro, y yo no sé lo que le pudo haber pasado. El niño elige a quién sacar de la clase y que pierda el día. ¡Para eso hubiese faltado y se quedaba en casa protegido! A mí no se me informó nada de eso. Yo me entero de todo lo que pasa por mi hijo.

SEÑORA ALTEZ (Leticia).‑ Me faltó decirles que ese niño ahora tiene una maestra especial de la Escuela N° 204, que viene a darle clases. Recién ahora logramos que se nos dijera quién es. Se tomó como modalidad que esa maestra entre a la clase de nuestros hijos y les diga que el niño está mejorando, que ahora no es tan agresivo. Ese niño a veces está en el salón y a veces no, pero se nos dijo que va a volver. Nosotros pedimos, que esa maestra ‑no tenemos nada personal contra ella‑ no entre al salón a recomendar a nuestros hijos que acepten a ese niño porque está mejorando. Mi hijo me dijo que vino la maestra de Renato a decirle que está mejorando, que va a volver a la clase y que nos les va a pegar. No se nos informa acerca de quién es esa maestra. Sabemos que no se nos puede detallar cada cosa, que no corresponde, que es el sistema. Sabemos que es una maestra de la Escuela Especial N° 204 que viene a trabajar con este niño; pero lo mínimo que esperábamos era que, a través del cuaderno de comunicados, se nos avisara que en ocasiones esa maestra iba a ir a la clase a dar una charla sobre el comportamiento de Renato. Yo no estoy de acuerdo en que se haga eso, pero al menos se nos hubiera informado. No entiendo cómo puede ir un extraño a aconsejar, recomendar o a preguntar a los niños por qué no aceptan a Renato o no han tratado de compartir con él. No corresponde. No estamos de acuerdo con eso. La directora no la presentó formalmente; los niños no saben quién es. Hay un montón de aspectos en la conducta de Renato que no se entienden.

En los primeros días de clase, mi hijo me dijo: “Yo tengo un compañero que se portó mal y fue a la Dirección, pero cuando Renato se porta mal lo sacan al patio y le dan la pelota de básquetbol para que juegue libremente”. Los niños no entienden. Hay reglas diferentes para unos y para otros. Tiene que haber las mismas reglas para todos, si no, genera distorsión. Para ellos es difícil entender por qué se lo premia dejándolo jugar libremente en el patio; nosotros sabemos que es preferible que salga para descargar esa ira.

La directora nos dijo que no lo puede tener sentado en la Dirección, porque ¿qué va a hacer con él? ¡Tiene que hacer el trabajo de directora: tenerlo en penitencia sentado, como se hace con cualquier niño, o que llame a los padres para decirles que tiene mala conducta! Eso no sucede. Además, los malos comportamientos y agresiones son premiados con esas acciones que el resto de los niños no entiende. Yo le digo a mi hijo que es una decisión de la escuela, que tal vez sea mejor que salga al patio a jugar. Pero son cosas que no cierran.

Dos días antes de la reunión, el niño abrió el portón de la escuela y se fue a la rambla, con el tránsito que hay en esa zona. Cuando la maestra terapéutica lo intentó regresar, le dio con un palo en la cabeza. El día de la reunión todos fuimos víctimas de insultos; quería salir y casi tira de un muro a una muchacha. Nosotros no podemos intervenir porque es un menor.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ Por ética, tengo que informar a mis colegas que yo estaba enterada de esta situación; si no me equivoco, fue con el señor Anderson con quien hablé por teléfono.

“Fracasamos con éxito” ‑entre comillas‑ cuando hablamos telefónicamente con las autoridades de Educación Primaria. Hablé largamente con el señor Anderson por teléfono y le recomendé que vinieran a esta Comisión, pero se nos vino la rendición de cuentas encima y no pudimos recibirlos antes. Hubiera sido muy fácil hacer política de cuarta con estas cosas, pero la educación no tiene partidos políticos y los niños tienen que ser nuestra preocupación de verdad, no en los discursos. Esto tenía que compartirlo con mis compañeros, porque no puedo hacer de cuenta que no sabía nada.

Me pareció que ustedes tenían que venir a este ámbito a explicar lo que está pasando ante todos los representantes políticos que estamos aquí, porque somos representantes de la ciudadanía, de ustedes. Quienes estuvimos al frente de instituciones educativas sabemos que estas cosas suceden, a veces se saben y otras, no. En Educación Primaria la situación es compleja porque se trata de niños.

Quiero decir algunas cosas con la misma responsabilidad con que creo que actué hasta ahora en este tema; ¡ni mis compañeros de partido lo sabían! Lo primero que quiero decirles es que se calmen porque los veo muy angustiados, y los entiendo. Cuando uno recurre a todas las instancias, como hicieron ustedes en forma adecuada, y rebota, es lógico que se ponga así.

Tienen que saber ‑ahora está en la prensa todos los días, pero parece que las autoridades se olvidaron‑ que el derecho sobre la educación de sus hijos es de los padres; no hay Estado que se interponga en la educación entre los padres y los niños menores. Es algo que tenemos que cuidar, porque lo separa una delgada línea de la imposición de un Estado o un gobierno, que pueden ser de cualquier signo; este es democrático, en consecuencia, tienen ese derecho.

Esto es producto de entender la inclusión al revés. Hay muchos docentes que lo estamos diciendo desde hace años. No se debería hacer una ley de inclusión; lo que se escribe es porque no se está resolviendo pedagógicamente.

La palabra “protocolo” yo la sacaría del idioma porque es el sentido común. Lo que está fallando acá es la cuestión de fondo. Uno incluye cuando atiende el problema real de la persona. En realidad, el chico está siendo excluido y con el tiempo van a ser excluidos los hijos de ustedes, porque se están educando en un ámbito que no es el adecuado.

Para mí la normalidad existe: es la media en una sociedad y en una época determinadas. Por lo que me contaron, este chico tiene problemas psiquiátricos graves. Ayer escuchamos discursos muy encendidos e ilustrativos cuando considerábamos la ley de salud mental; hasta se habló de discutir en el ágora pública la salud mental. Por este camino vamos mal.

Queremos que sepan que nuestra facultad se limita a tomar conocimiento de estas situaciones que pasan, y a las que las autoridades no están respondiendo adecuadamente. Sé, porque recorro escuelas y liceos, sobre todo en el área metropolitana, que esto es más común de lo que la gente piensa, aunque no a estos extremos. Cuando alguien le pega a una maestra, sale publicado en todos los diarios, pero antes de llegar a eso pasaron un montón de cosas; el que diga lo contrario miente.

Reitero que nuestra facultad consiste en escucharlos y poder hablar con el Consejo de Educación Inicial y Primaria, que es lo que voy a proponer. Las acciones individuales de quien habla, que quiso mantener esto en un ámbito profesional, fracasaron.

A mí me cuesta escucharlos, porque si yo tuviera un hijo o un nieto en esa situación ya habría salido en los diarios, pero no para decir cosas lindas. Le reconocí al señor Anderson que no hayan ido a la prensa, que se hayan mantenido en un ámbito adecuado, pero esto los está llevando a una situación de angustia, que se les nota, y a los chicos también.

Voy a proponer citar al Consejo de Educación Inicial y Primaria para plantear el tema formalmente como Comisión. No tenemos facultades ejecutivas, sino para discutir con el Consejo y acercar las inquietudes que se nos plantean. Tenemos la esperanza de que concurran rápidamente porque ya se terminó de tratar el presupuesto; demoramos en recibirlos a ustedes porque durante el tratamiento presupuestal se suspenden las comisiones.

La directora ‑me hago cargo de lo que voy a decir‑, evidentemente no sabe ejercer el cargo de dirección; está barriendo para abajo de la alfombra, porque no es cierto que ahora no se puede intervenir en la conducta. Además, este no es un problema de conducta normal, sino un problema psiquiátrico grave.

Hay una variable que tiene que ver con una relación de poder de la persona que está dispuesta a adoptarlo, por ser funcionaria del INAU ‑me preocupé de averiguarlo en el INAU‑ ; entonces, hay una confusión de roles institucionales. En consecuencia, en este caos institucional no sé cómo me pararía. Un director que fue formado para una educación primaria, para trabajar con chicos que no tienen estas dificultades, de pronto no sabe cómo actuar o tiene miedo de lo que viene de arriba; me inclino por las dos.

Les agradezco que hayan venido a trasmitirnos esta situación. No quiero hablar más, porque tengo menos paciencia que ustedes en relación a las autoridades. ¡Miles de millones de dólares destinados a este tipo de cosas que no funcionan! No quiero hablar más, porque ya cuando hablé con el señor Anderson me quedé muy angustiada; me imagino estar en los pies de ustedes y no tener la opción ‑o no querer usarla‑ de cambiarlos de escuela. Uno no tiene por qué ser obligado a hacerlo cuando tiene chicos que cumplen y actúan normalmente. Ahora es políticamente incorrecto decir que hay cosas normales, pero hay que usar esa palabra. La curva de lo normal existe; después están los extremos. Si este chico tiene problemas, que se derive a una institución que atienda esos problemas.

SEÑOR GARCÍA (Mario).‑ Estamos asombrados de las manifestaciones que han realizado.

Hay un tema que me preocupa sobremanera. En la época en la que vivimos, la ciencia nos ha permitido darnos cuenta de la importancia que tiene en el desarrollo del ser humano sus primeros años de vida, la influencia que tiene lo externo sobre el cerebro y cómo el individuo se va formando a lo largo del tiempo desde sus primeros días. Hoy sabemos que el exterior va repercutiendo y forma su personalidad; no entiendo cómo estas cosas no las tienen presente las autoridades educativas. El temor más grande que tengo es que se generen daños irreversibles a nivel de la personalidad de sus hijos. Lamentablemente, las autoridades no atienden esa parte. Entendemos al chiquilín que tiene problemas, que deben haber sido generados por un contexto complicado, pero así estamos agrandando el problema. Hablando a la ligera, hoy tenemos veintiún chicos que tienen problemas y las autoridades no han sabido resolverlos.

Creo que acá hay un caso claro de violencia psicológica ejercida por un chico, su madre y toda una institución educativa, que no sabe cómo resolver el problema. Hoy está en boga la violencia doméstica y muchas veces se dice que no solo el ofensor es el responsable, sino también el que calla sabiendo lo que está pasando la víctima. Creo que este es un caso claro. No sé si han tomado el camino de denunciar ante el juez la violencia psicológica que sufren sus hijos ni cuál fue la respuesta que les dio. Si fueron una vez, van a tener que seguir insistiendo, hasta encontrar un juez que tome medidas, porque la situación de ustedes debe ser desesperante. Ya lleva un año la tortura psicológica que están sufriendo sus hijos y, evidentemente, también están sufriendo ustedes.

Por otro lado, quiero saber si el gremio docente está enterado de esta situación y qué medidas ha adoptado. Creo que debería estar enterado de esta situación y no solamente por este tema puntual. Estoy seguro de que la Comisión ya abordó un tema parecido. Recuerdo el caso de un chico que se iba debajo de los árboles, en los recreos, y no sé bien qué pasaba; creo que fue en Ciudad de la Costa o por ahí.

Evidentemente, el sistema no está funcionando. Lo que uno escribe en una ley ‑nosotros tenemos que hacernos cargo de la parte que nos toca como redactores de las leyes‑ y su cumplimiento en la realidad son cosas diferentes. Si hay que reformar la ley, nos tendremos que hacer cargo; si hay que generar protocolos de actuación, seguimientos y evaluaciones, es responsabilidad de las autoridades de la educación, a las que vamos a convocar, enviándoles previamente la versión taquigráfica para que tengan de primera mano el relato que nos han hecho acá, que es espantoso. ¡Realmente es espantoso! No tengo palabras para calificar las cosas que ustedes han dicho acá sobre el centro educativo, cuando todas las normas ‑de la Constitución para abajo‑ establecen que tiene que servir para formar a nuestros hijos y no puede ser bajo ningún punto de vista un lugar donde pasen mal. Ir a la escuela ‑como dijeron ustedes‑ tiene que servir para que el chico se eduque y adquiera conocimientos y, más allá de eso, para que pase bien. Debe ser un centro de esparcimiento también y creo que ninguna de esas finalidades se cumple en el caso de sus hijos. Es más: seguramente más compañeros sufren lo mismo, porque a la hora del recreo esto se debe potenciar en toda la escuela.

Finalmente, con seguridad, la situación del chiquilín viene acompañada de cosas de grandes. Si ingresó a una clase, si filmó al resto de los chicos, si cada vez que se encuentra con ustedes tiene una actitud de agresión, la situación no da para más. En esos términos no se puede seguir hablando.

Reitero mis preguntas. Quiero saber si el gremio docente está enterado de esto ‑seguramente la maestra también debe pasar mal‑ y qué tipo de denuncias han hecho a nivel judicial. Claro que no les correspondería pagar un abogado para ir a una audiencia y generar todo lo que sucede en el sistema judicial, pero en definitiva, las leyes las hace cumplir un juez cuando las instituciones o las personas no las acatamos voluntariamente.

SEÑORA OLMOS (Andrea).‑ Nosotros le planteamos el tema a Ademu. Le llevamos un informe de la situación que estábamos padeciendo y les manifestamos que nuestros hijos, de alguna manera, apoyaban cada vez que había un paro por una agresión a una maestra. Entonces, ¿qué pasa si agreden a los niños? ¿Qué posición toma Ademu? Ellos nos dijeron que legalmente no tenían nada que hacer, que no nos podían apoyar.

En el caso de la maestra, ni siquiera hay una posición del grupo de maestras. Ella está sola. No se siente respaldada por el grupo de maestras. No hay reuniones entre ellas para plantear apoyo en este tema. Es lo que vi a nivel gremial.

SEÑORA ALTEZ (Leticia).‑ Con respecto al camino judicial, con otra mamá, el 4 de mayo, efectuamos ‑en nombre de todos los padres‑ una denuncia contra la señora y el menor, en base a estos daños que se estaban ocasionando y a que considerábamos que no era la escuela correcta para él. Se pedía, vía judicial, una audiencia para tratar este tema.

En varias ocasiones, hemos ido al juzgado; de hecho, fuimos hace unos quince días y cambió la jueza. Aún no hemos sido citados a audiencia; desde el 4 de mayo estamos esperando. Se nos informó que el 24 de agosto habrá una audiencia para la que están citados la tenedora, el menor y la asistente del niño. Por medio de un escrito, pedimos que se nos citara a nosotras ‑a la otra mamá y a mí‑ y a la directora, porque consideramos fundamental que participe en esta audiencia para que conteste las preguntas pertinentes en el caso.

Reitero que hicimos la denuncia el 4 de mayo y aún no hemos tenido respuesta. Hemos golpeado todas las puertas. Preguntamos cómo va, en qué ha avanzado, si ha tenido algún cambio. Llevamos las denuncias nuevas; todo lo que sale lo llevamos y lo ingresamos, pero aún no hemos sido citadas a audiencia. Ahora se nos dio esta nueva información de que se había cambiado la jueza.

SEÑOR ANDERSON (Pincus).‑ La relación de la tutora del chiquilín con el INAU saltó en la denuncia judicial. La denuncia está radicada en el Juzgado de Familia Especializado de 8° turno, porque se trata de un menor. Ahí apareció el vínculo que tenía la señora con el INAU.

Nosotros nos dimos cuenta de que era una señora que tenía poder e influencia desde el año pasado, cuando empezamos a recorrer un camino, de alguna manera, inmaduros en el tema. Ahora sentimos que conocemos la realidad, pero ya en ese momento nos dimos cuenta de que mientras nosotros íbamos a hablar con la directora o la maestra, la señora tenía abogados y escribanos en Primaria y otro montón de cosas. No podíamos creer la preparación que había; incluso llegamos a pensar que trabajan con ella en alguna institución y que capaz que están siendo utilizados. ¡Imaginen las cosas que hemos pensado y vivido! Nosotros íbamos a conversar con una inspectora regional, en el Consejo de Educación Primaria y la señora estaba representada por una abogada. Tuvimos una reunión a la cual no estaba invitada ‑cuando nos dieron la resolución de Primaria que decía que el chiquilín iba a seguir ahí, pero iban a poner una maestra itinerante, esa que renunció‑, pero se presentó con el organismo de derechos humanos, una escribana y una abogada. Le prohibieron que entrara. Al único que dejaron entrar fue al representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y las dos personas que la representaban dijeron que se limitaban a acatar lo que dijera Primaria. Sentimos que esa persona tiene influencias.

Nos sentimos impotentes; nos dimos cuenta de que había algo. Nos comunicaron que hubo evaluaciones de Primaria. Nos pudieron decir que se dieron cuenta de que el chiquilín no era para ahí, pero personal jurídico de Primaria nos dijo que hay vacíos legales. Pero había una abogada de la persona que estaba adentro de Primaria todos los días, y nosotros nos preguntábamos cómo podía ser. Nos decíamos: trabajará en la Ciudad Vieja o estará ahí, mientras nosotros vamos, dejando de trabajar, para poder tratar el tema. Hay una gran diferencia de fuerzas que la verdad es que pesa.

SEÑORA PRESIDENTA.‑ Les agradecemos que vengan acá a informarnos. Lo que ustedes relatan es muy lamentable. Como han dicho mis compañeros, la escuela debe ser, además de placentera, un lugar donde el niño pueda adquirir conocimientos, lo que puede hacer si tiene un ambiente apto para ello y no donde se está desarrollando un verdadero acoso.

Pienso que lo más lamentable es que hay una doble exclusión. El niño con problemas no está en el ámbito adecuado porque, por lo que acabo de escuchar, no está recibiendo la asistencia que ameritan sus necesidades. Por otro lado, sus hijos también están siendo excluidos, porque al recibir el acoso de este niño no se cumple ninguna de las finalidades para las que se aprobó la Ley de Inclusión; diría que sucede lo contrario.

Reitero que es muy grave todo lo que han dicho, inclusive lo que escuché de las drogas. Obviamente, es gravísimo, porque como padres tienen todo el derecho de que, en acuerdo con ustedes, especialistas asesoren a sus hijos por un chico que tiene graves problemas. No quiero calificar a esos problemas de psiquiátricos o de comportamiento; eso lo dirán los especialistas.

Yo creo que acá hay responsabilidades muy grandes, ni qué hablar de la tenedora con esos superpoderes, que tendremos que investigar. Como Comisión, no solamente lo discutiremos con el Consejo de Educación Primaria, sino también con el INAU. ¿Qué está haciendo esa señora que, en vez de colaborar con que ese niño pueda tener la asistencia debida, está llevando una defensa irracional, por decirlo de alguna manera? Parecería que acá se trata de determinar quién puede más, en forma casi infantil, que de ninguna manera trae como consecuencia el objetivo que buscamos: que sus hijos salgan adelante y este chico también pueda superar sus dramas, sus problemas. Todos sabemos que detrás de un chico conflictivo hay una infancia conflictiva, pero los platos rotos no tienen que pagarlos los demás; por el contrario, a los desiguales hay que tratarlos de manera desigual, y ese niño necesita un apoyo especial, distinto al de sus hijos. Evidentemente, se ha encarado bastante mal o en forma equivocada.

Además, aparentemente, hay cierto temor en la directora a la hora de tomar medidas, que se refleja en lo que ustedes han manifestado. Me preocupa mucho que en el sistema educativo exista un centro donde la directora no pueda tomar resoluciones, tenga temor o haya alguien que impida que las resoluciones normales y hasta las actitudes de sentido común puedan llevarse adelante. Es muy preocupante. Hay responsabilidad de la tenedora y de Educación Primaria. Las autoridades de la educación no pueden lavarse las manos de la forma en que ustedes lo han manifestado. Esto constata que la gestión falla. Los diputados podemos crear leyes que sirvan como herramientas para colaborar para que la gestión se facilite y se logre el éxito, o se aproxime a él. Si la gestión se lleva adelante sin tener en cuenta la normativa, significa que estamos inventando leyes para que queden metidas en un cajón, como siempre decimos.

También me preocupa que el grupo pase en bloque; que exista ese pase social. Flaco favor le están haciendo a ese niño, que cada vez se sentirá más excluido y en inferioridad de condiciones porque sus compañeros cada año estarán más preparados. De acuerdo con lo que me han contado, es el caso típico de los chicos que acosan a sus compañeros. Ese niño necesita un refuerzo de asistencia, ser debidamente atendido; también hay que liberar a esa escuela, que no está en condiciones de atender niños con estos problemas.

Me llama poderosamente la actitud de la tenedora. Tendríamos que consultar al INAU porque veo que existen muchas responsabilidades compartidas, y todas preocupantes. Estamos frente a una conducta de acoso. Hemos visto proyectos del Partido Colorado y del Partido Nacional relativos al acoso a nivel escolar. Por lo que ustedes han relatado, el chico tiene el perfil del acosador. Lamentablemente, muchas de los chicos que se suicidan ‑no digo esto para asustarlos‑ son víctimas de este tipo de muchachos. De acuerdo con estudios técnicos, con el tiempo, un alto porcentaje de estos chicos se transforman en delincuentes porque no encuentran el camino; nadie les da la posibilidad para que puedan desarrollar una vida normal en el futuro. Si se trata tapar y hacer casi una competencia para ver quién tiene razón ‑de acuerdo con lo que me han contado‑ y no se focalizan en solucionar el problema de raíz, flaco favor le están haciendo también a la otra parte.

Voy a hablar con los compañeros de la Comisión, pero creo que no solo debemos consultar al Consejo de Primaria, sino también a las autoridades de INAU, porque entiendo que existe responsabilidad compartida. Eso es lo que podemos hacer nosotros.

Seguiremos el caso de cerca; si fuera necesario, los escucharemos nuevamente. Les comunicaremos lo que nos digan las autoridades. Este problema nos preocupa, nos entristece y lo seguiremos. A los que toda la vida hemos levantado la mano para dar recursos a la educación, que se malgasten y mal empleen de esta manera nos aflige doblemente. Y esto no lo digo solo por la parte económica, sino por los recursos humanos y el futuro del país, que son los hijos de ustedes y también de ese niño, que tiene todo el derecho del mundo de ser un adulto feliz, completo, que pueda insertarse en la sociedad y no ser un agresor o un futuro delincuente.

SEÑORA MUTTI (Manuela).‑ Mientras ustedes estaban hablando, traté de contactarme con la presidenta del INAU, porque a mí también me parece que ese organismo tiene una cuota de responsabilidad bastante importante, sobre todo por la actitud que ha tenido su funcionaria y las cartas que se han tomado en este asunto.

De manera urgente debemos elevar la versión taquigráfica de los testimonios de ustedes a la presidenta de INAU. No sé si no deberíamos convocarla para que nos dé explicaciones acerca de lo que ustedes nos han informado. Como ya tenemos prevista la presencia del Consejo de Educación Inicial y Primaria a esta Comisión, creo que tendríamos que incluir este tema en el orden del día de esa sesión.

Cuando recién me comuniqué telefónicamente con la presidenta del INAU me dijo que necesitaba tener el nombre de la tenedora y la denuncia exacta del lugar para ubicar el caso. Debemos brindarle estos datos lo antes posible.

Ha sido muy importante que ustedes hayan venido acá, porque la problemática involucra niños. Cuando uno es adulto tiene otros recursos para tomar medidas frente a cualquier tipo de agresión, pero no sucede lo mismo con los niños. Al Estado, a las instituciones y a los padres les compete velar por que los niños desarrollen una infancia lo más normal posible. A todos se nos va la vida en preservar esa infancia.

Cuando ustedes planteaban la problemática que están viviendo, todos los que tenemos hijos nos preguntábamos qué recursos tenemos para enfrentarla. Mientras los escuchaba ‑creo que nos pasó a varios‑, volví a plantearme la necesidad de que exista una ley contra el bullying dentro de los centros educativos. Hasta ahora yo no estaba convencida, porque creía que se debían aplicar resortes pedagógicos más que legales.

Deben existir protocolos para salvaguardar a los funcionarios que tienen que tomar acciones con respecto a menores. A veces, en las instituciones educativas no se está preparado para enfrentar ciertas situaciones. Es necesario dar pautas claras a los docentes, a quienes están en cargos de dirección y de administración. Los padres también deben saber claramente a quién recurrir ante este tipo de situaciones.

Hoy Primaria cuenta con equipos multidisciplinarios, escuelas disfrutables y un montón de cosas más, pero en este caso no se llevó a cabo la acción necesaria.

Hace un año mi hijo sufrió bullying y yo rápidamente me contacté con los equipos. En parte discrepé con la forma en la que el equipo abordaba esa situación. Se trataba de un caso similar: era un chico que pinchaba, tocaba y agredía a sus compañeros. Finalmente, la situación se resolvió, pero no por la intervención de equipos de escuelas disfrutables, sino porque el niño dejó de ir a clase; esa tampoco debe ser la solución. Debemos estar atentos a la forma en que se interviene.

Entiendo que es muy grave que filmen a sus hijos; eso no puede pasar en una institución; no lo puede permitir el director ni la maestra que está al frente de un salón. Existe omisión por parte de quienes están a cargo de la institución.

Esto desborda bastante todo lo que a veces nosotros podemos reglamentar. Ante una situación tan grave necesitamos la rápida acción de las autoridades competentes.

Desde esta Comisión, con las competencias que tenemos, vamos a plantear este problema donde corresponda y pedir las explicaciones necesarias para luego darles una devolución, que podrá o no conformar.

Vamos a agotar las posibilidades para que dentro de esta legislatura podamos aprobar un marco jurídico y normativo que permita avanzar ‑dentro de las competencias de esta Comisión, que es legislativa‑ y dar herramientas a los padres, a los docentes y a todos los involucrados en el proceso de enseñanza‑ aprendizaje, para poder hacer frente a estas situaciones.

SEÑOR MALÁN (Enzo).‑ Antes que nada, tratamos de entender la situación que están viviendo. Ahora no se trata de discutir hacia dónde van los recursos para la educación, sino de trabajar este tema o tratar de comprenderlo.

Para mí, en términos generales, es positiva la ley que incluye personas con discapacidad a los centros educativos. Pero al niño se lo debe evaluar antes de la inclusión. Para realizar esa evaluación, Primaria debe ejecutar diversos mecanismos, por ejemplo, inspecciones. Hay una inspección especial para estudiar la discapacidad, que debe evaluar que esa inclusión sea beneficiosa para ambas partes, es decir, para el incluido y también para los demás compañeros. Muchas veces, los otros compañeros son los que más se benefician con la inclusión de un niño con discapacidad. Evidentemente, eso no ha sucedido en este caso. En muchos casos, tener en la clase un niño con discapacidad motriz o intelectual ayuda a que todo el grupo crezca como seres humanos. O sea que la inclusión es buena en ese sentido, pero se debe cumplir con los pasos necesarios. Si no hubo evaluación previa, si la integración no ha sido beneficiosa para ambas partes, el proceso de inclusión no está dando los resultados esperados

Yo soy maestro y he tenido estas situaciones en la clase. Como ustedes han dicho, cuando la escuela es un ámbito de violencia, deja de ser escuela. La teoría muchas veces habla del fracaso escolar; ese fracaso comienza cuando el niño no quiere ir a la escuela, no cuando deja de ir.

En este caso, no se han utilizado instrumentos como el de la evaluación previa para luego tomar una decisión. Luego de esa evaluación se puede llegar a la conclusión de que el alumno no debe ser integrado.

Según lo que ustedes han dicho, Primaria tímidamente ha hecho algunas cosas, por ejemplo, a través de Escuelas Disfrutables y el maestro de apoyo, y la separación del grupo. Esa es una intervención, pero hay otras. Yo sé ‑por eso me parece interesante discutirlo con las autoridades del Consejo‑ que existen mapas de ruta y protocolos de acción que todos los directores deben conocer. Ellos deben saber qué hay que hacer frente a determinadas situaciones, por ejemplo, un accidente en el patio. Están escritos los pasos a seguir ante ciertas situaciones.

Asimismo, en las escuelas hay centros de participación, en los que intervienen los padres, la comunidad y los docentes. ¿Qué cantidad de centros docentes llevan adelante los centros de participación? ¡Mínima! En los centros de participación se puede trabajar la problemática; no todo debe quedar a criterio del director o maestro de turno. Hay cosas que están, pero no se llevan a la práctica; no se desarrollan.

Existen las Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales, pero la crítica es que la educación no participa en ellas a nivel de territorio. Niños como este están atendidos por otras instituciones como, por ejemplo, Mides, INAU o policía comunitaria, pero a veces entran a la escuela como si no hubieran sido atendido antes por nadie. Entonces, hay una desconexión entre el ámbito educativo y todas las políticas sociales en el territorio

Evidentemente, ustedes han recibido información escasa de lo que se está haciendo. También hubo un proceso muy lento en la toma de decisiones. Según dicen, desde el año pasado hasta ahora no se ha hecho nada de parte las autoridades escolares de la educación y también de la Justicia, que no ha respondido adecuadamente. Pudieron haber pasado muchísimas cosas pero, por suerte, no sucedieron.

Creo que cuando concurran el Codicén y el Consejo de Educación Primaria ‑que ya están convocados para tratar otros temas‑ podremos tratar no solo este caso puntual sino también la forma en que participa la educación de las Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales, cómo está generando y propiciando la participación en cada uno de los centros docentes, y qué protocolos y mapas de ruta se siguen cuando estas situaciones de hostigamiento ‑físico, moral, etcétera‑ se dan en las escuelas.

Me parece positivo que hayan venido aquí porque nos alertan de esta situación en la que sin duda hay que poner foco, ya que afecta para el resto de su vida a muchas personas.

SEÑOR GARCÍA (Mario).‑ Primero que nada quiero agradecer la actitud que han tenido de no hacer público este tema. Quizás de esa forma la respuesta hubiera llegado mucho antes; lamentablemente a veces las cosas funcionan así. Como decía el diputado Malán, un montón de instituciones deberían haber tomado cartas en el asunto, capaz que las tomaron pero la respuesta no ha llegado; eso es lo que nosotros tenemos que evaluar.

Se decía que se iba a hablar con el INAU y con las autoridades de Primaria, pero no me quedó clara la actitud del gremio docente, es decir si la maestra está en sintonía con el planteamiento de ustedes, porque seguramente vive esto todos los días. Quizás el gremio dijo que no podía hacer nada; sin embargo, todos los días escuchamos reclamos que, según se dice, son por los alumnos. Reitero que me interesa saber si la maestra está en sintonía con lo que ustedes han planteado y el gremio no lo ha estado con ella ni con los alumnos.

SEÑORA OLMOS (Andrea).‑ La maestra está padeciendo en carne propia la situación y eleva todos los informes a la inspectora de la escuela, quien luego los presenta a Primaria. No sabemos por qué pero muchas veces hay una contradicción entre el informe que llega a Primaria y lo que la maestra nos muestra que informó. A Ademu fuimos nosotros; la maestra no. En ese aspecto, la maestra se siente sola. Es una decisión personal de cada trabajador pedir ayuda a su gremio. En este caso, repito, ella ni siquiera pide ayuda al grupo de maestras. No es un grupo de maestras que se caracterice por tener un gremio fuerte, ni siquiera reuniones gremiales y, mucho menos, buscar apoyo dentro del gremio. La maestra nunca lo hizo. Esa es una decisión personal. Nosotros fuimos como padres y se nos dio esa respuesta. Ha habido paros porque le pegaron a una maestra; le están pegando a nuestros hijos ¿qué vamos a hacer? ¿Hacemos un paro todos juntos? Lo que se nos dijo es que, legalmente, ellos no pueden hacer nada.

Por otro lado, me preocupa lo que dijo el diputado Malán en cuanto a las intervenciones de Primaria y todas las instituciones nombradas, porque esto también es responsabilidad del Estado. Un niño que a las once años no ha sido escolarizado, ha sido violentado y acosado no es solamente un parte de la situación que estamos padeciendo nosotros ahora. Una cantidad de instituciones estatales obviaron la vida de este chico. Se trata de un niño que ha entrado a las instituciones del Estado, al que no se le han dado las respuestas adecuadas para su vida. Se podrán nombrar muchísimas instituciones, pero la realidad es lo que se está viviendo: hay una maestra que va con una orden de quedarse con el niño durante el rato escolar y luego de seis clases ya está queriendo transferirlo de nuevo al aula como si en tan poco tiempo hubiera superado lo que ha padecido toda su vida. Creo que ni una persona que hizo tercero de escuela puede tomar una decisión semejante. Estamos hablando de profesionales, de gente que está ocupando un cargo profesional en un ámbito educativo. El niño sale al recreo con los demás y les tira tirar piedras en la cabeza. Los niños salen con las cabezas hinchadas; los golpea y no hay una maestra o directora que esté presente. Entonces, yo no entiendo qué están haciendo esas instituciones que, supuestamente, están preparadas para hacerse cargos de ciertas situaciones. Me parece que en este caso están totalmente ausentes e inoperantes. Pido disculpas por la expresión.

SEÑOR MALÁN CASTRO (Enzo).‑ Lo que dije va en la misma línea. Si Primaria no hizo la evaluación, está en falta, está ausente. Si las Mesas Interinstitucionales no han trabajado con la persona, están ausentes. Muchas veces, quizás también la educación está ausente, porque no participa de estas Mesas Interinstitucionales. Evidentemente, la ausencia determina que los procesos sean lentos; y las pequeñas intervenciones que ustedes han relatado no solucionan la situación. Por eso argumentaba que es bueno que venga el Consejo para ver qué respuesta ha dado a esto desde agosto del año pasado.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ Hablo de recursos cuando me parece que tengo que hacerlo; me parece que en este caso hay un problema de recursos, porque todos adornos que se le colgaron al árbol de la educación pública ‑que no funcionan‑ tumbaron el tronco. Esta es una imagen que he usado muchas veces. Ahí se fueron miles de millones de dólares. Ese es un dato objetivo de la realidad, de lo contrario, no tendríamos los resultados espantosos que tenemos. Los Consejos de Participación no se constituyen y algo similar ocurre con las Mesas Intersectoriales. Todas esas cosas son absolutamente superfluas cuando hay una institución educativa que funciona bien y una cadena de mando. Lo que pasa es que, en estos momentos, es muy difícil ejercer la autoridad legítima, porque uno tiene miedo al otro. Y si interviene una persona que viene de otro sistema ‑no sé cómo fue seleccionada esta persona del INAU; seguramente no por concurso‑ se termina de complicar la cosa.

Además, el Uruguay viene veinte años tarde en este tema de la inclusión. En los países que tienen resultados hay escuelas especializadas para niños con dislexia. Esto no significa discriminarlos, sino enseñarles con técnicos y compañeros que tienen su misma dificultad. Por eso yo llamo a esto la inclusión al revés. Estamos haciendo las cosas mal y veinte años tarde.

Quiero poner un ejemplo. Hace un tiempo vi en una revista al Rey de Bélgica llevando a su hijo de la mano a la escuela pública ‑porque en esos países que funciona bien hasta los reyes llevan a sus hijos a las escuelas públicas‑ y abajo decía: “Fulano de tal, llevando a su hijo Fulano, a la escuela tal especializada en dislexia”. ¿Entienden? Cambiemos el discurso, porque esto es una inclusión al revés, y no se resuelve con leyes sino con gestión y con gente preparada. Yo quiero que se lleven, además, la opinión de los educadores que toda la vida nos dedicamos a esto y seguimos estudiando. Venimos atrás y haciendo las cosas al revés. Hay que tener escuelas especializadas en dificultades. Fui directora de un bachillerato y tenía un alumno que quería hacer sexto de arquitectura y había nacido ciego. Si no fuera tan trágico, sería hasta para una película de terror o cómica: ¡lo hicieron llegar hasta sexto de arquitectura y era ciego profundo, de nacimiento, no porque perdió la visión!

Luego discutiremos entre nosotros, pero ustedes tienen el derecho como padres a contar con los educadores que nos hemos formado toda la vida. Podemos tener posiciones distintas, pero yo tengo alguna experiencia. En realidad, este chico tendría que estar en una institución especializada. Es la mejor manera de que se incluya. Dejémonos de discursos, de consejos, de maestras itinerantes, de guardadoras, de tutoras, de psicólogas, de asistentes sociales, etcétera, cuando lo fundamental no funciona. A mí esto me tiene muy indignada porque sé que pasa mucho.

Como dijo mi compañero Mario García, los felicitamos por la forma tan correcta como manejaron la situación. Les envidio la paciencia.

Queremos comentarles que en la escuela hay chicos con autismo, con problemas de conducta, con discapacidad física, y no tenemos ningún inconveniente. Lo vivimos en carne propia. A modo de ejemplo, les cuento que estuvimos a punto de picar nosotros la rampa. Lo estamos sacando adelante. Nosotros somos padres participativos. A través de la comisión de fomento se paga a los profesores de danza y de música. Se han llegado a pagar auxiliares de limpieza, arreglos y rejas. El arquitecto viene y hace las evaluaciones, pero en momentos límite, cuando las rejas se transforman en un peligro o si el patio está lleno de pozos porque está todo roto el hormigón y deben hacer gimnasia ahí, tenemos que hacer algo. Quiero dejar en claro que nosotros apoyamos a la escuela. Esta también es una forma de apoyar a la educación, porque lo sentimos de adentro. Este es el último paso que vamos a dar antes de salir a la prensa. Ya no sabemos qué más hacer.

El relato de la situación que hemos vivido y la apelación a Primaria sobre esa resolución cuentan con el apoyo de todos los padres de la escuela. Tal vez algunos no conocen la situación o pueden estar en contra, pero vamos a convocar una asamblea para hablar sobre el tema. El viernes pasado empecé a juntar firmas y ya llevo cincuenta. La gente que firma sabe que nosotros somos personas con sentido común, que participamos de la escuela y, entonces, no dudan en poner su número de cédula y su firma.

SEÑORA OLMOS (Andrea).‑ Nosotros también estamos preocupados por la inscripción del niño, porque cuando la justicia empieza a investigar, aparece Teresa Asís como la tenedora de hecho, pero no de derecho. Entonces, nos preguntamos con qué documentos legales se inscribió al niño en la escuela. No tenemos cómo investigar dentro de la escuela si verdaderamente hubo una inscripción legal.

Por último, quiero decir que comprendemos lo que nos han dicho sobre las potestades de resolución que tiene esta Comisión. No obstante, siempre he creído que las salidas se encuentran dialogando.

SEÑORA VARESE (Paula).‑ Les quiero dar las gracias por habernos atendido y por apoyarnos, pero más se las doy como madre y en nombre de mi hijo. Les agradezco que me hayan escuchado por él, que está padeciendo esta situación.

SEÑORA PRESIDENTA.‑ Nosotros les agradecemos a ustedes por brindarnos la información de primera mano.

Como ya dijimos, vamos a ponernos en contacto con los responsables, quienes les debieron haber dado una respuesta pero no lo han hecho, para que nos den explicaciones de por qué las cosas no han avanzado y se han tomado esas decisiones.

Les agradecemos que hayan tenido paciencia ‑como bien dijo la señora diputada Graciela Bianchi Poli‑ para no haber salido a la prensa. Eso hubiera sido fácil, y hoy habría otro escándalo; sin embargo, ustedes buscaron la vía ‑que para mí es la más correcta, y admiro que lo hayan hecho‑ de venir a esta Comisión.

Como ya dijimos, esta Comisión tiene algunas limitaciones, pero igualmente nos comprometemos a realizar el mayor esfuerzo para que esta situación tenga una pronta solución.

Se retira de sala la delegación de padres de alumnos de la Escuela N° 81 de Montevideo)

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ El Consejo de Educación Primaria ya está citado, y yo pedí que la citación fuera grave y urgente. No sé si ustedes recordarán que el Codicén fue citado antes por el tema de la intervención política de dos consejeros ‑que no lo dije públicamente, sino aquí‑ y espero que lo manejemos aquí en una forma razonable, porque ellos tienen que entender que no se puede violar la Constitución.

Entonces, propongo que se incluya este tema y que se cite a las autoridades del INAU, pero teniendo mucho cuidado porque las relaciones de poder en los organismos siempre fueron complicadas, no es privativo de este Gobierno; lo aclaro por las dudas.

Además, si les parece bien, propongo citar a Ademu. Nosotros citamos a los sindicatos cuando algo nos preocupa, y este es un problema que afecta a un colectivo de un instituto educativo.

Concretamente, propongo agregar este tema en la citación a al Codicén, a Primaria y a las autoridades del INAU y de Ademu, a efectos de conversar sobre la situación.

SEÑOR GARCÍA (Mario).‑ En primer lugar, creo que habría que enviar la versión taquigráfica de esta reunión tanto a INAU como al Codicén para que vengan instruidos de la denuncia que se hizo aquí.

En segundo término, en cuanto a Ademu, por lo que pude entender, los padres hicieron el planteo ante el colectivo docente de la escuela, a su núcleo gremial. Evidentemente, no llegó a la dirigencia nacional. No se trata de buscar culpables, sino de encontrar soluciones para este caso y para los similares. Es obvio que este no es un hecho aislado y, lamentablemente, se repite. En la Comisión tuvimos un caso similar hace un tiempo, pero no recuerdo cómo terminó.

Por lo tanto, nos gustaría conocer la posición del gremio docente y saber cuáles son las herramientas que pueden poner al servicio de este tipo de causas, porque alguna solución hay que encontrar. El objetivo es el educando y, en este caso, están siendo vulnerados los derechos de los hijos de los padres que hoy vinieron y también el derecho del chiquilín a tener una educación y una formación acorde a su situación personal.

SEÑOR MALÁN CASTRO (Enzo).‑ Estamos hablando de Ademu Montevideo, no de la Federación de Magisterio. Digo esto porque el señor diputado Mario García habló del nivel nacional.

En consideración el segundo punto del orden del día: “Profesor Lucio Gabino Núñez. Designación al Liceo de San Gregorio de Polanco, departamento de Tacuarembó. (C/2624/13. Rep. 176/15). En discusión.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ Propongo a la señora presidenta, diputada Montaner, como miembro informante.

SEÑORA PRESIDENTA.‑ Se pasa a considerar el punto que figura en tercer término del orden del día: “Profesor Manuel Benavente. Designación al Liceo Nº 3 de San José de Mayo, departamento de San José”.

——Se pasa a considerar el punto que figura en cuarto término del orden del día: “Libertad Grizelda Lausarot Guigou. Designación al Liceo Nº 1 de Ciudad del Plata, departamento de San José”.

——Se pasa a considerar un asunto que no figura en el orden del día, presentado por la diputada Manuela Mutti, relativo a: “Profesor Miguel Banchero Noaín. Designación al Liceo Nº 2 de la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia”.

SEÑOR GARCÍA (Mario).‑ Propongo a la diputada Manuela Mutti como miembro informante.

SEÑORA PRESIDENTA.‑ Se pasa a considerar el punto que figura en quinto término del orden del día: “Año de la valoración de la reforma vareliana y de la proyección de la educación pública en Uruguay. Se declara el año 2017. (Ley Nº 19.515, de 21 de julio de 2017)”.

SEÑOR MALÁN (Enzo).‑ Esta ley buscaba que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo hicieran alguna actividad en torno a la valoración de la educación pública al cumplirse ciento cuarenta años de la reforma vareliana en 2017, y que se generaran hechos para proyectar la educación pública de aquí en más. No solo se busca que se hable del aporte de la educación en ciento cuarenta años, sino de cómo la potenciamos y proyectamos en el siglo XXI.

La idea es que la Comisión pueda realizar alguna actividad. Sugiero una sesión extraordinaria en setiembre y quizá al mes siguiente alguna actividad más amplia con una temática especial, en la que cada partido presente un experto para que dé su visión sobre algún tema, que habría que definir. Podríamos hablar del plan nacional de educación, de la Universidad de la Educación o de lo que se nos ocurra, pero que ayude a proyectar la educación pública.

En esa sesión de Cámara se buscaría valorar los ciento cuarenta años de la educación, todo lo que Uruguay ha cambiado fruto de esa reforma de Varela, por la que muchas cosas se consolidaron y fueron desarrollándose en estos años. La otra actividad apuntaría a la potenciación de la educación pública en nuestro país.

SEÑORA PRESIDENTA.‑ Creo que deberíamos ir fijando algún día de setiembre y definiendo la temática de la actividad, para poder compartirla.

SEÑOR GARCÍA (Mario).‑ Me parece de suma importancia lo planteado por el diputado Malán. Por un tema de agenda, creo que debemos considerarlo rápidamente en la reunión de coordinación, a fin de encontrar una fecha en setiembre. Los homenajes, ya sean en sesiones extraordinarias u ordinarias, hay que preverlos con bastante antelación. De pronto, habría que encomendar a la Presidencia que se ponga en contacto con los coordinadores para considerar el tema. Si se hace en una sesión extraordinaria seguramente hablarán todos los que quieran, y si es en una ordinaria, lo hará un representante por partido o por sector, o los integrantes de la Comisión, después se verá.

En la sesión de la semana próxima, que es la última del mes, podríamos traer los temas que nos interesan para hacer las consultas a nuestros partidos, así podemos hacer esa actividad en octubre, porque en noviembre se complica y en diciembre es prácticamente imposible.

Quería hacer este aporte para que se pueda hacer efectiva esa iniciativa que me parece muy buena.

SEÑORA PRESIDENTA.‑ Soy la coordinadora del Partido Colorado, así que lo voy a poner en la agenda de la próxima reunión y trataré de traer una fecha posible para la sesión de Cámara. La semana próxima cada uno podría aportar la temática que considere más conveniente.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ La Secretaría tuvo la gentileza de traerme el Decreto N° 581/77, fecha que no nos gusta pero está convalidado por la ley de convalidación y derogación de los actos de la dictadura. Como recordarán, no se puede denominar instituciones con nombres de personas con menos de diez años de fallecidas. La Constitución de la República así lo establece. El único material que hay es este decreto, que está bien hecho, aunque nos moleste. El decreto establece: “[…] las Secretarías de Estado y los Organismos Descentralizados en general se abstendrán de realizar homenajes a personas determinadas consistentes en colocación de placas recordatorias, bustos o inauguraciones de locales o salas a su nombre durante el término de diez años contados a partir de la fecha de su fallecimiento, salvo autorización expresa y fundada del Poder Ejecutivo”.

Si nos ponemos piedeletristas, vemos que acá no figuran los entes autónomos. En consecuencia, podríamos hacerlo. Alguien lo podrá discutir, pero se refiere a secretarías de Estado y organismos descentralizados. Lo podemos dejar como precedente.

SEÑOR MALÁN (Enzo).‑ Quiero plantear una inquietud para que sea elevada al Consejo de Educación Secundaria si se considera oportuno.

En la ciudad de Dolores hay grupos que están preparando carrozas para la fiesta de la primavera, organizada por el Liceo N° 1. Los grupos solventan sus gastos con donaciones que hacen los comercios y con otros beneficios. En la tarde de ayer nos llegaron inquietudes de varios padres y algunos profesores en cuanto a que algunos dirigentes del Partido Nacional de Soriano están ofreciendo ayuda a estos grupos ‑como un galpón o la venta de hasta cinco mil ravioles‑ a cambio de que les consigan jóvenes que vayan a votar. Les piden un listado con los nombres y apellidos de los jóvenes. Los padres y la comunidad educativa han reaccionado ante esto; supongo que la Dirección habrá tomado algún recaudo porque se está usando la estructura organizativa del desfile de la primavera de un liceo para estos fines.

Quiero hacer solo dos consideraciones. En primer lugar, me parece que no es ético; en segundo término, la acción de estos dirigentes hace añicos la política. Nosotros consideramos que la política es buena, que sirve para transformar la realidad, y este tipo de acciones ‑que no diría que están dentro de la política, pero la gente, en general, dice: “Están haciendo política con los gurises”‑ nos parecen bastante complicadas.

Descarto que las autoridades departamentales y nacionales de dicho partido están en total discrepancia con la acción de estos dirigentes, pero quiero que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Consejo de Educación Secundaria, para que tome conocimiento de que esto está sucediendo o ha sucedido en el liceo y de que se van a suceder una serie de reuniones con padres y alumnos, por esta situación complicada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).‑ No tengo ningún problema; más allá de que son apreciaciones, me parece bárbaro que el Consejo investigue y tome conocimiento de lo que dice la directora.

Nosotros hemos tenido oportunidad de ir varias veces a la ciudad de Dolores. Después fuimos muy maltratados en la prensa ‑especialmente por el diputado Malán‑, con expresiones como “Graciela Bianchi y sus secuaces”, entre otras. En otro diario apareció que dije una burrada porque manifesté que no se le dio un peso al Poder Judicial. No; no se le dio un peso porque no se incrementó el presupuesto. Entonces, estamos acostumbrados a este tipo de cosas y, además, a que no hay partido que mejor haya usado al Estado para hacer clientelismo que el Frente Amplio, y tengo la responsabilidad de haberlo fundado.

Me parece perfecto que se presente la denuncia ‑es una palabra que a mí me molesta‑ ; ahora bien, que actúen las autoridades, que tomen conocimiento de que pueden estar ocurriendo este tipo de hechos. Yo voy a avalar ese tipo de planteamientos, usando una presunción simple que admite prueba en contrario porque no tengo elementos de juicio de que efectivamente sea así. Espero que esto no traiga ninguna consecuencia a los directores de los liceos, sobre todo el N° 1 y el N° 2, que están funcionando con muchas dificultades y todavía en contenedores. Ojalá que no haya ningún tipo de represalia, investigación administrativa o sumario, porque esa es la primera reacción del Consejo de Educación Secundaria. Es más: el año pasado o el otro, cuando logramos que viniera acá la directora general, Celsa Puente, trajo como una medida administrativa favorable a su gestión la cantidad de sumarios que había iniciado.

En consecuencia, con esta precaución y con un lenguaje de presunción simple que admite prueba en contrario, apoyo que la versión taquigráfica de este planteamiento se remita no solo al Consejo de Educación Secundaria, sino también al Directorio del Partido Nacional.

SEÑOR GARCÍA (Mario).‑ Estamos abiertos a que este tipo de hechos se investiguen y, obviamente, vamos a trasladar la inquietud del señor diputado Malán a las autoridades partidarias, tanto al Directorio del Partido Nacional como a la Convención Departamental nacionalista del departamento de Soriano.

SEÑORA PÉREZ (Paula).‑ Propongo que si las autoridades de Primaria no vienen el miércoles 13, recibamos a las delegaciones de Fenapes y Ades.

DELEGACIÓN

Padres de alumnos de la Escuela N° 81 de Montevideo

PROFESOR LUCIO GABINO NÚÑEZ

Designación al Liceo de San Gregorio de Polanco,
departamento de Tacuarembó

PROFESOR MANUEL BENAVENTE

Designación al Liceo N° 3 de San José de Mayo,
departamento de San José

LIBERTAD GRIZELDA LAUSAROT GUIGOU

Designación al Liceo N° 1 de la Ciudad del Plata
departamento de San José

AÑO DE LA VALORACIÓN DE LA REFORMA VALERIANA Y DE LA
PROYECCIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN URUGUAY

Se declara el año 2017

Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 9 de agosto de 2017

(Sin corregir)