Comisión Especial de Equidad y Género Carpeta Nº 826 de 2016 |
Versión Taquigráfica N° 1093 de 2017 |
PRESIDE: | Señora Representante Gloria Rodríguez. |
MIEMBROS: | Señoras y señores Representantes Rosario Alaluf, José Andrés Arocena Argul, Gabriela Barreiro, Cecilia Bottino, Margarita Libschitz, Graciela Matiauda Espino y Estela Viel. |
INVITADOS: | Por la Dirección General de Comercio, del Ministerio de Economía y Finanzas, doctores Álvaro Fuentes y Olga De Bernoche. Por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, señor Director de Administración de Regímenes Industriales, contador Mauricio Reyna. |
SECRETARIO: | Señor Francisco J. Ortiz. |
PROSECRETARIO: | Señor José P. Fasanello. |
SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Habiendo número, está abierta la reunión.
La Comisión tiene el gusto de recibir a una delegación de la Dirección General de Comercio y del Área Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas, integrada por la doctora Olga De Bernoche y por el doctor Álvaro Fuentes.
SEÑOR FUENTES (Álvaro).- Antes que nada, queremos agradecer la invitación y excusar a nuestra directora general, la economista Rosa Osimani, que no ha podido concurrir hoy a la Comisión debido a otros compromisos.
Nosotros somos asesores del Área Defensa del Consumidor y, en este momento, codirectores de la oficina y, por cierto, estamos al tanto de los antecedentes de proyectos sobre talles.
Es usual que la gente llame, una o dos veces por año, preguntando si existe una norma vigente sobre este tema.
SEÑORA DE BERNOCHE (Olga).- Es cierto que recibimos consultas de la gente con respecto a si existe alguna norma que la proteja cuando compran ropa, pero no son muchas.
En cuanto a vestimenta para damas y para caballeros, en 2015, tuvimos trescientos quince reclamos, que no es tanto en el volumen de consultas, que son aproximadamente veintidós mil en el año.
Una de las cuestiones más reclamadas es la posibilidad de cambio de una prenda comprada. También recibimos reclamos sobre los talles y, como dijimos, nos preguntan si existe alguna normativa que prevea esa situación. Por esa razón, estamos monitoreando el estado de los proyectos que se han presentado y les informamos a los ciudadanos, pero no podemos hacer más que eso porque hoy no tenemos una norma al respecto.
SEÑOR FUENTES (Álvaro).- La competencia del Área Defensa del Consumidor corresponde a la fiscalización de la normativa de protección al consumidor, que es esencialmente de información; es decir, que sea suficiente, clara, veraz, y para disuadir a los proveedores de realizar prácticas que sean abusivas o engañosas. No refiere al abastecimiento de productos o servicios. La normativa de protección al consumidor se elaboró en el año 2000, en atención al principio de la libertad de industria y de comercio. Por esta razón, en el literal A) del artículo 22 de la Ley N° 17.250 se señala que es una práctica abusiva negar la provisión de productos, pero con esta salvedad, mientras exista disponibilidad del ofrecido, según los usos y las costumbres.
El proyecto que está en estudio prevé asegurar la provisión de productos en determinadas condiciones, que haya determinados talles y que correspondan a los estándares que se establezcan.
En cuanto a la inexistencia del talle solicitado, es un tema de abastecimiento y nosotros no tenemos experiencia en esa tarea. Eso supondría controlar el stock de los comercios para ver si tiene o no el producto en el talle que se pide, o si en algún momento lo tuvo disponible. Eso se debería controlar si se hace una denuncia o de oficio por alguna oficina, en el hipotético caso de que se apruebe el proyecto.
Otro aspecto a considerar es que se debería controlar que el talle que se informa en la prenda sea el real. Eso supondría la asistencia de una norma técnica que establezca las medidas de cada talle y un análisis técnico; por esa razón, nosotros deberíamos derivarlo al LATU.
Queremos aclarar que es una política del Ministerio de Economía y Finanzas que el Área Defensa del Consumidor no cobre por ninguna de las actividades y servicios que presta. En consecuencia, los costos del análisis que haría el LATU los tendría que absorber la oficina y no podríamos repetirlo contra los proveedores, y se produciría un problema. Nuestra oficina, que es claramente de ámbito nacional, tendría que controlar de oficio un volumen muy importante de prendas de vestir que se comercializan en el Uruguay. En ese caso, sugerimos que en lugar de que intermedie el Área Defensa del Consumidor en el control de los talles, se dé directamente competencia al LATU para que realice esos controles de oficio, como lo hace habitualmente, por ejemplo, en balanzas, en harinas, y de motu proprio. Tenemos entendido que cobra una tasa a los proveedores para cubrir los costos de los análisis que realiza.
Nosotros visualizamos que el volumen de los productos involucrados es muy grande y, en este momento, no nos encontramos en condiciones de realizar una fiscalización de esas características; además, estaríamos controlando todos los comercios del país.
En cuanto a las sanciones, nos parece que las multas son bastante acotadas, van de tres a seis BCP, que es el margen de discrecionalidad que se establece para la administración. Luego, se pasa directamente a la clausura, que es hasta cinco días. La Ley N° 17.250 establece un margen de sanción con un espectro más amplio, que va de 20 UR a 4.000 UR. También se prevé poner cartelería en el comercio en casos graves, pero esto ha quedado un poco desfasado con el avance de las prácticas comerciales, porque ahora mucha de la actividad comercial se realiza por internet; por lo tanto, esta práctica no es viable.
En cuanto a la clausura del comercio, este aspecto está contemplado en la Ley N° 17.250 para situaciones graves. El cierre de una fábrica, de un establecimiento o de un comercio, aunque sea solo un día, supone grandes pérdidas. Si bien estamos de acuerdo con que se contemple la posibilidad de clausura, sugeriríamos ampliar el margen de la multa.
SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Quiero agradecer a la delegación por haber concurrido.
Estamos analizando este proyecto de ley que, como decían ustedes, ha tenido antecedentes en legislaturas pasadas, inclusive, tuvo media sanción y se modificaron los organismos de contralor.
Me gustaría saber qué organismos ustedes entienden deben intervenir. Ustedes nombraron al LATU, que fue uno de los organismos que en la modificación realizada en la legislatura anterior tenía competencia en esta materia. En el análisis de este proyecto de ley vamos a tener que estudiar los antecedentes que, evidentemente, contendrán las consideraciones que hicieron ustedes, a efectos de tomarlos como referencia.
Según lo que ustedes expresan, queda claro que el contralor que el proyecto pone en manos del Área Defensa del Consumidor sobrepasaría sus competencias y las tareas que está acometiendo. Por lo tanto, tendríamos que analizar quién podría hacer esta función de control, que es clave, porque si no existe un control de su cumplimiento, ni una sanción, el proyecto de ley no tendría sentido. Me pareció muy buena la aclaración que ustedes hicieron con respecto a lo que significa la gradualidad de las sanciones. Si leemos el artículo 5º, vemos que no contempla que en materia sancionatoria tiene que haber una gradualidad en función de la falta cometida.
Por otra parte, me gustaría saber si entre las consultas recibidas hay algunas referidas a la discriminación al momento de acceder a la adquisición de prendas. En realidad, el fundamento de este proyecto de ley es la imposibilidad de acceder a todos los talles que corresponden en virtud de las características femeninas y masculinas, porque no distingue el género.
SEÑORA DE BERNOCHE (Olga).- En realidad, la mayoría de las consultas no se hacen en ese sentido. No hemos recibido planteos de personas que se hayan sentido discriminadas porque fueron a la tienda y no encontraron talles. Los inconvenientes aparecen cuando hay que hacer cambios y cuando hay algún tema de calidad. A veces, no existen prendas en stock para cambiar, pero no es porque no haya talles; es por otras razones.
Como dije, la mayoría de las consultas es sobre si hay algo que regule esta situación y, por eso, realizamos el monitoreo de la temática.
SEÑOR FUENTES (Álvaro).- Nuestra oficina, por la actividad que realiza, tiene contacto con el consumidor. Además, cuenta con un observatorio sobre mercado muy importante en cuanto al volumen y a la calidad de la información. Es muy fácil que lleguen las inquietudes de los ciudadanos porque en nuestra página web tenemos formularios disponibles las veinticuatro horas del día para reclamos y consultas. Se recibe a diario un volumen muy grande, pero no observamos la inquietud mencionada.
SEÑORA PRESIDENTA.- Lamentablemente, no le llegan esas consultas porque la gente está resignada y, a veces, quiere evitar situaciones de violencia. Estoy segura de que son muchísimas las personas que tienen problemas con los talles, pero como saben que no hay respuesta, evitan hacer consultas.
A mí me parece que lo que pasa no es que no quieren hacer reclamos, sino que no hay donde hacerlos, y no encuentran respuesta.
Que una persona vaya a un comercio, pida un talle grande y le digan que no hay, es una situación que se vive a diario. ¿Dónde va a ir a reclamar? No tenemos cultura del reclamo por los talles especiales.
SEÑOR AROCENA (José Andrés).- Me sumo a las palabras de la diputada Bottino; sus preguntas fueron muy explícitas.
Aprovechando su presencia aquí, más allá de que no es el motivo de la convocatoria, quisiera saber cuál es el tema por el que hay mayor cantidad de consultas.
Ustedes expresaron que los reclamos más frecuentes sobre las prendas tenían que ver con los cambios. Supongo que esto tiene que ver con que el modelo ya no existe porque se vendió y no hay reposición. Eso es propio de nuestro país en todas las áreas: se vende y, después, es tan chiquito el mercado que no hay reposición. No hay mala voluntad, sino que simplemente se acaban las partidas.
SEÑORA DE BERNOCHE (Olga).- En realidad, en materia de prendas, los problemas que la gente más viene a plantearnos son los relacionados con los cambios, con los vicios ocultos -compran algo y después resulta tener fallas, problemas- y con la no entrega de un producto que se encarga.
En general, en materia de un trato desigualitario, en el último tiempo, hemos tenido algunas consultas de personas a las que no dejan entrar a un local o a un shopping por cómo van vestidas o porque están usando una gorra, o a las que, por ese motivo, el guardia de seguridad controla especialmente. Respecto a eso, sí, hay mayor cantidad de gente que consulta. Esto tiene más que ver con la discriminación en el acceso a determinados productos o servicios. Nosotros recepcionamos las denuncias de esas situaciones, por lo menos para que nuestra asesoría jurídica las estudie y vea si hay alguna violación a la ley, teniendo en cuenta el principio de igualdad que establece la Constitución y que la ley determina que el trato discriminatorio al consumidor no puede existir.
SEÑOR FUENTES (Álvaro).- Los números que les dimos tienen que ver con la vestimenta, porque los rubros más reclamados en Defensa del Consumidor son los de telefonía celular y servicios financieros.
SEÑORA DE BERNOCHE (Olga).- Efectivamente, la mayoría de las consultas tienen que ver con todos los inconvenientes relativos a servicios financieros, telefonía celular, internet, comunicaciones, administración, alquiler de propiedades, todos los servicios que intermedian en los alquileres y ventas de propiedades.
SEÑORA VIEL (Stella).- Este es un camino muy viejo, y hay que seguirlo. Y si tenemos todas estas dificultades y no hay las quejas correspondientes, es porque no hay una normativa, no hay una ley que obligue a los comercios. Yo vivo muy cerca de un shopping, y sobre la vestimenta sí hay normativa; es como que está para un tipo de gente y nada más. Pero hay locales en los que no solamente no hay prendas, sino que, además, te dicen directamente que no traen prendas grandes. Daniel Cassin es uno de esos lugares. Ahora, esto muestra que hay una urgencia, sí o sí, porque es completamente discriminatorio. Si no, terminás en una feria, que no tiene nada que ver, también revolviendo y buscando.
Evidentemente, esto hay que acelerarlo, porque los derechos para todos son iguales: chico, grande, mediano. Es la pelea de todos los días y no se da solamente con las prendas. Que te sentís discriminada es así, porque ves una cosa divina y te están marcando qué es lo que te tenés que poner.
Estamos muy agradecidos de que estén acá y de que la colaboración sea de todos para lograr nuestro objetivo ya.
SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- En la reunión pasada de la Comisión, concurrieron representantes de la Cámara Industrial de la Vestimenta. Ellos manifestaron que este proyecto de ley no se justifica porque hay tiendas que se ocupan de talles XL y otras que tienen ropa de moda para señoras con talles grandes, que eligieron ese nicho de mercado, y que un proyecto de estas características las perjudicaría. En el marco de lo que ustedes analizan y de lo que significa la competencia, el comercio, la defensa del consumidor, ¿se puede mirar este asunto de que existan tiendas especializadas y de que un proyecto de estas características podría afectar el comercio de la forma en que está encarado?
SEÑOR FUENTES (Álvaro).- Nosotros no podemos darles una respuesta al respecto porque esa temática tiene más que ver con el abastecimiento e ingresa más en el ámbito de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Nuestro ámbito es bastante específico: nosotros apuntamos a la información y a las prácticas abusivas. Entonces, en el caso de una tienda que está dedicada a un nicho del mercado específico, le aplicaríamos toda la normativa de defensa al consumidor que se les aplican a las otras tiendas existentes, pero no ingresamos en si tiene que haber determinado producto en todas las tiendas, si eso promueve la competencia, porque no es nuestro ámbito de actuación.
SEÑORA MATIAUDA (Graciela).- Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo la diputada Bottino. Acá no es un tema de tiendas para grandes o para chicos, porque ahí se hace la primera discriminación. Este es un lugar donde trabajamos por la igualdad y aceptar este tipo de cosas implica: "Este lugar es apto para ti y este lugar no es apto para ti". Entonces, por ahí no corresponde.
Sí, nosotros tenemos una ley -como tantas- que hace referencia a esto, pero que lamentablemente no se cumple, y en nuestro país ha habido una tendencia a modificar los talles: no es lo mismo un talle L del año 1980 que el talle L actual. Entonces, lo primero que tenemos que tener es una tabla con centímetros por la cual regirnos. Esta es una de las cosas que no tenemos en cuenta y en las que sí debemos hacer hincapié, porque es algo que nos permitiría comparar. Por ejemplo, vamos a un lugar y nos muestran el talle XL, y ¿para quién es ese XL? Para una chica que pesa 50 kilos. Y después vamos a otra tienda que tiene un XL que da para una persona de 65 kilos.
Lo que ellos nos manifiestan es la realidad que tenemos, pero en esta Comisión, apoyados en ellos y en otro montón de gente, deberemos establecer la creación de una tabla específica de talles para nuestro país, porque la que se maneja hoy no es la real. Sabemos que la vestimenta, desde hace muchísimos años, viene atravesando una situación que no es fácil, cuando el comercio de los países vecinos tiene diferencias muy notables, y hemos perdido esa calidad.
SEÑORA PRESIDENTA.- Les agradecemos los aportes brindados, que son muy importantes. Trabajaremos en base a toda esta información.
SEÑORA DE BERNOCHE (Olga).- Estamos realmente a las órdenes para colaborar en lo que podamos, con el objetivo de que lo que salga sea bueno para todos e inclusivo.
SEÑORA PRESIDENTA.- Efectivamente, que sea inclusivo. Muchas gracias por su comparecencia.
(Se retiran de sala las autoridades de la Dirección General de Comercio y del Área Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas)
——La Comisión pasa a intermedio hasta la hora 11.
(Es la hora 10 y 35)
(Ingresa a sala el contador Mauricio Reyna)
——La Comisión da la bienvenida al contador Mauricio Reyna, director de Administración de Regímenes Industriales del Ministerio de Industria, Energía y Minería
SEÑOR REYNA (Mauricio).- Es un gusto estar aquí y estoy a disposición para evacuar las consultas que estimen pertinentes.
SEÑOR AROCENA (José Andrés).- Agradecemos su presencia.
La Comisión está estudiando un proyecto de ley relativo a los talles de las prendas de ropa de vestir. Entendemos que usted recibió ese proyecto por lo que nos gustaría conocer la visión del Ministerio y que nos pueda aconsejar al respecto.
SEÑOR REYNA (Mauricio).- Efectivamente, mi presencia aquí se debe a que soy el titular de la comisión asesora de la ley de vestimenta, que es la Ley Nº 18.846, que tiene un ámbito tripartito en el que participan los ministerios de Industria, Energía y Minería, el de Economía y Finanzas y el de Trabajo y Seguridad Social, las cámaras empresariales y los trabajadores. Allí discutimos todos asuntos asociados a las problemáticas específicas que tiene el sector. Este tema particularmente no ha estado en la agenda de esa comisión, pero cuando recibimos el proyecto y leímos sus objetivos hicimos consultas y, a la vez, realizamos un análisis preliminar de los pros y los contras que podría tener desde el punto de vista industrial.
Este es un sector que ha tenido problemas desde el año 2012, cuando se aprobó la ley que trataba de paliar la crisis que se generó por la caída de los mercados exteriores. La mayor parte de lo producido por este sector se destinaba a las exportaciones y eso tuvo un declive muy importante, lo que ocasionó pérdidas de fuentes de trabajo y cierre de empresas. En el año 2012 se estimaba que en este sector se desempeñaban veinte mil trabajadores y también involucraba un sector informal muy grande, casi similar al formalizado. Según el último cierre de la liquidación anual que se hace para los trabajadores -que ahora estamos finalizando- solamente hay cuatro mil trabajadores que cotizan en BPS, lo que implica un marcado descenso. A la vez, las empresas también han pasado por un proceso de cierre, reconversión y downsizing, ya que empresas de gran porte se tornaron pequeñas o medianas. Esa es la característica del sector; está muy segmentado y las empresas que subsisten -son aproximadamente ochenta y ocho las que tenemos registradas a los efectos del pago del subsidio- son de pequeño y mediano porte.
Específicamente, en lo que atañe al proyecto a estudio, pensamos que es una cuestión que tiene componentes de índole comercial que se van a trasladar al ámbito industrial. Digo comercial porque el proyecto expresa que se debe disponer de todos los talles para cualquier rango etario definido estadísticamente por las medidas antropométricas de la población. Reitero que este es un mercado que es muy pequeño y está muy segmentado y en el que los minoristas tienen nichos muy específicos de clientes. Estimamos que si las empresas industriales que proveen al mercado interno deben producir toda la gama de talles tendrán un mayor costo de producción, lo que llevará a un mayor precio. Hablo de mayor costo porque según las consultas que hicimos con la rama industrial además de una mayor cantidad de insumos como telas, costuras, cortes que se le hacen a los moldes, etcétera, también será necesaria más mano de obra y en el entendido de que todos los talles deben tener precios iguales -para que no haya discriminación por precio- los costos se deberán licuar entre todos ellos, lo que se reflejará en un alza de precios general.
Nosotros vemos que este es un sector en el que la competitividad de la industria nacional está muy menguada básicamente por los productos que provienen del mercado asiático; las prendas entran a un costo muy bajo y saturan el mercado en una relación de nueve a uno, ya que aproximadamente el 90% de la vestimenta de Uruguay es importada. Esto hará que se produzca un traslado de producción local a importada. Eso es lo que vimos en el análisis preliminar que hicimos una vez que tomamos conocimiento del proyecto.
A la vez, hay un doble efecto en el caso de las industrias que tienen toda la cadena desde la producción al local de venta. Si se hace obligatorio disponer de todos los talles en el local de venta no solo tendrán un mayor costo asociado a la producción sino el proveniente del excedente que se puede provocar si no se vende todo el stock. Esos son los principales problemas que vemos.
En mi opinión el proyecto es bueno pero pienso que habría que analizar las consecuencias si se quiere defender la industria nacional -que es la posición del Ministerio de Industria, Energía y Minería-, que de por sí está en una situación complicada.
SEÑORA PRESIDENTA.- Se mencionó que este es un tema que no ha estado en agenda pero querría saber si han discutido lo que se ha manifestado.
SEÑOR REYNA (Mauricio).- Sí; una vez que tomamos conocimiento del proyecto de ley accedimos a las versiones taquigráficas y encomendamos al Área de Política Industrial, que es un área de estadística y análisis que tenemos en la Dirección Nacional de Industrias, que hiciera una evaluación de las posibles consecuencias y, a la vez, en contacto con empresarios y trabajadores estuvimos alimentándonos de información para poder expresar la postura que manifesté.
En cuando a la ley nosotros estamos trabajando en tres pautas estratégicas: tratar de promover las compras públicas como un mercado potencial que tiene la vestimenta y que hay que explotar; la trazabilidad de la industria de la vestimenta, y el trabajo a domicilio. Esos son los tres puntos de agenda que estamos considerando actualmente
Dentro de la trazabilidad hay elementos que se tocan porque tiene que ver con la historia de la prenda, la estandarización de los talles y la información que se brinda al consumidor en cuanto a de dónde proviene, cuál es su historia, etcétera, pero específicamente este tema no se ha tratado en la agenda de la comisión.
SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Muchas gracias por concurrir a la Comisión y por lo que ya ha explicado.
En la sesión pasada recibimos a dos representantes de la Cámara Industrial de la Vestimenta, pero no nos quedó claro -inclusive luego de escuchar la presentación que hizo el Sindicato Único de la Aguja- quiénes eran los interlocutores. Como se hizo una referencia en ese sentido, nos gustaría saber quiénes son los interlocutores cuando concurre la Cámara Industrial de la Vestimenta, fundamentalmente en el marco de la ley a la que se hizo referencia.
SEÑOR REYNA (Mauricio).- En el Ministerio tenemos dos ámbitos de trabajo: el Consejo Sectorial de la Vestimenta y la comisión asesora de la Ley Nº 18.846, que es la que está más activa porque es la que nos implica más trabajo y mayor periodicidad. Los interlocutores por la cámara son Elbio Fuscaldo y Jorge Rey Raggo; ellos son quienes representan a los empresarios; también hay una secretaria -Isabel- que participara como alterna en el caso de que no puedan concurrir los titulares. Representan un universo de aproximadamente treinta empresas con tamaños y destino de producción muy heterogéneos, pero bastante representativo de la parte industrial de la vestimenta.
Como comentaba anteriormente nosotros, que somos los que regulamos el subsidio y hacemos pagos semestrales a las empresas que tienen masa salarial promovida, es decir que tiene operarios que fabrican prendas, y a su vez hacemos el pago anual a los trabajadores, tenemos una idea del universo y podemos decir que en la última presentación fueron ochenta y ocho las empresas que se presentaron al subsidio; esas son las que hoy en día están fabricando la mayor parte al mercado interno porque creo que solo quedan cuatro que exportan.
SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Quisiera preguntar si usted tuvo oportunidad de leer las expresiones del Sindicato Único de la Aguja, que también hizo referencia a alguna opinión con respecto a la Ley Nº 18.846. En realidad, ese sindicado es favorable a que avancemos en el tratamiento de este proyecto de ley; no así la Cámara Industrial de la Vestimenta.
SEÑOR REYNA (Mauricio).- Cuando me delegaron esta participación accedí a las versiones taquigráficas de las sesiones en las que concurrieron los empresarios y los trabajadores. Entiendo que esas dos opiniones son a lugar. En lo único en que difiero con el sindicato es con respecto a que ellos hablan de que se puede producir a igual costo. Nosotros entendemos que no es así por lo que expliqué anteriormente, es decir porque habría que licuar los mayores costos en el total de los talles, lo que implicaría una suba con una consiguiente pérdida de competitividad con respecto a las prendas importadas. Eso haría que el sector minorista -no me refiero a las grandes superficies porque tienen una ventaja competitiva y en la gran mayoría no se abastecen de la producción interna-, cuando haga su cálculo de costos, deba trasladarse a preferir lo importado. Ese es el análisis que se hace en la Dirección Nacional de Industrias.
SEÑORA BARREIRO (Gabriela).- Me gustaría que me pudiera determinar en qué consiste el subsidio y plantear lo siguiente: cuando los representantes de las cámaras estuvieron en la Comisión dijeron que ellos no tendrían problema en realizar la misma prenda en talles especiales, que estarían abiertos a generar no tener un stock -porque eso les puede dificultar después la venta- pero sí a elaborar la misma prenda en el talle que corresponda, a pedido del cliente.
Eso nos parece un avance muy importante que tendremos que analizar en este ámbito y que consideramos algo bueno siempre y cuando -lo plantea usted, al igual que lo hicieron ellos- no se modifique el precio de la prenda. O sea, si es a pedido, que la prenda sea del mismo costo. Al no marcar esto, capaz que estaríamos incurriendo en que, como se trata de un talle especial, se cobre más y el cliente se puede ver afectado en su bolsillo.
SEÑOR REYNA (Mauricio).- La Ley N° 18.846 dispone de un monto de US$ 27.500.000 a distribuir, rige desde 2012 a 2018 y se distribuye, básicamente, en tres componentes. Un componente es para los trabajadores. Si se cumple la condición de haber trabajado en el sector promovido un mínimo de sesenta jornales en el año anterior, el trabajador se postula para obtener el subsidio que se paga al año siguiente.
El segundo componente es para las empresas que tienen masa salarial promovida, o sea -por definición-, operarios de fábrica directamente vinculados a un ciclo productivo industrial de vestimenta. Se hace un cálculo semestral, se divide la cantidad del universo presentado sobre el monto a distribuir en base a la masa salarial y se hace efectivo el pago de ese subsidio.
Un tercer componente -el que hallo más positivo- refiere a proyectos. Una empresa puede postularse a un proyecto, ya sea para mejorar la gestión comercial, para innovar e incorporar tecnología, mejorar las condiciones laborales, publicidad, etcétera. En el ámbito de la comisión se analiza el proyecto y se otorga un subsidio que puede ir desde un 60% del valor total a un 100%, dependiendo del proyecto de que se trate. Básicamente, ese es el subsidio que otorga la ley.
En cuanto a la segunda consulta -por eso decía al principio que es un tema más comercial que industrial-, si hay demanda, la industria va a proveer. El tema es las consecuencias que pueda tener. Entiendo que si se debe producir en todos los talles, el mayor costo del talle más grande se deberá licuar entre los demás costos para que no se trabaje bajo la utilidad o a costo. Creo que el mayor problema que después se puede trasladar al ámbito industrial es que en los puntos de venta, que están segmentados, que tienen nichos específicos, puede haber excedentes de determinados talles y eso repercute en un aumento de precio y, a su vez, en una tendencia de preferir lo importado sobre lo nacional.
SEÑORA PRESIDENTA.- La Comisión Especial de Equidad y Género le agradece que haya accedido a la invitación y el tiempo que nos ha dispensado. Esta iniciativa es muy importante para todos; esperamos que puedan incluir este tema en la agenda para trabajarlo de forma un poco más profunda.
SEÑOR REYNA (Mauricio).- Lo pondremos en la agenda del grupo de trabajo.
(Se retira de sala el contador Mauricio Reyna)
(Se suspende la toma de la versión taquigráfica)
SEÑORA PRESIDENTA.- La Comisión definió para el próximo día 20 de julio la visita a la Unidad N° 5 de Colón y otra visita a otra unidad a definir en el mes de agosto. En el mes de setiembre haremos una sesión extraordinaria en el departamento de Florida, donde visitaremos diferentes organizaciones civiles y sociales.
Si no hay más asuntos, se levanta la reunión.
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo. |