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| Comisión Especial de Lavado de Activos Carpeta Nº 1259 de 2016 |
Versión Taquigráfica N° 784 de 2016 |
| PRESIDE: | Señor Representante Alfredo
Asti. |
| MIEMBROS: | Señores Representantes Germán
Cardoso, Roberto Chiazzaro, Wilson Ezquerra y Gonzalo Mujica. |
| CONCURREN: | Señores Representantes Daniel
Caggiani y Mariela Pelegrín. |
| SECRETARIO: | Señor Horacio Capdevila. |
| PROSECRETARIO: | Señor Manuel Nande. |
SEÑOR PRESIDENTE (Alfredo Asti).- Habiendo número, está abierta la reunión.
Deberíamos elevar una nota a Secretaría porque el nombre original de la Comisión es Comisión Especial Antilavado y Crimen Organizado. Esta Comisión ha perdido la segunda parte de su nombre y, entonces, habría que hacer la rectificación, ya que quedó solamente en “Lavado de Activos”, pero eso lo coordinaremos después con Secretaría.
Hoy se pasa a considerar el proyecto de ley sobre el régimen de las declaraciones juradas, cuyo tratamiento se había demorado y que tomó estado parlamentario a través de la iniciativa legislativa, en particular, del Frente Amplio; viene firmado por varios legisladores del Frente Amplio e, inclusive, en mi caso, en representación de mi sector político.
Antes de que se presentara este proyecto, ya habíamos conversado de este tema en la Comisión y anunciamos que lo íbamos a presentar; también lo anunciamos en Cámara.
A su vez, cuando vino la Junta de Transparencia y Ética Pública, vimos algunas ideas para incluir en un proyecto de declaraciones juradas, ampliando el contenido, la oportunidad, la nómina de funcionarios involucrados e inclusive las facultades para el ajuste de ese control de las declaraciones juradas.
Es bueno recordar que cuando invitamos a las autoridades de la Junta de Transparencia y Ética Pública, en julio, estuvimos conversando sobre esto, lo que figura en la versión taquigráfica correspondiente.
En esta oportunidad, invitamos a la Junta de Transparencia y Ética Pública. La invitación estaba coordinada para que vinieran sus actuales miembros, pero no recuerdo por qué motivo no se concretó, seguramente por problemas de agenda. Resulta que entre ese momento y el presente, pasó algo muy significativo: el fallecimiento de quien fue el presidente de la Junta -en ese momento era vicepresidente-, el doctor Montero, quien había tenido una estrecha vinculación con esta Comisión. Estuvo presente en muchas oportunidades, junto con los otros miembros. Ese lamentable acontecimiento derivó en que se desintegrara la Junta y el Poder Ejecutivo planteara las venias para el nombramiento de nuevos integrantes; además hacía muchos años que esas autoridades estaban allí y estaban venciendo los plazos para la sustitución del resto también. El Senado trató este tema, pero lamentablemente no llegó a votarlo en la primera sesión. De manera que la Secretaría sabe que vamos a convocar a las autoridades de la Junta en cuanto se aprueben las venias. Nosotros ya enviamos el proyecto a la Junta, por lo que podrá ser analizado por los servicios jurídicos de la institución, que podrán asesorar a las nuevas autoridades, una vez designadas.
También habíamos invitado a la Presidencia de la República, en particular al prosecretario, porque nos parecía importante conocer su opinión, teniendo en cuenta que este tema tiene iniciativa legislativa, además de que algunos artículos hacen referencia a funcionarios que están en su órbita. Me refiero a funcionarios de empresas públicas que, a su vez, son coordinadas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es una dependencia de Presidencia de la República.
Para el día de hoy invitamos al diputado Caggiani, quien ha asumido, en representación del Frente Amplio y de su sector, la redacción de este proyecto, a quien vamos a ceder la palabra para que haga la presentación pertinente y le pedimos que, luego, nos indique qué personas o instituciones le interesa que asistan a la Comisión para abordar este tema.
A las 15 y 45 me tengo que retirar, porque voy a acompañar a la presidenta del Parlamento Latinoamericano a una entrevista que solicitó al Ministro de Relaciones Exteriores, hoy interinamente a cargo del Subsecretario, dado que Nin Novoa está en misión oficial fuera del país.
También quiero decir que hemos recibido del grupo operativo de apoyo a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos el proyecto de la ley integral antilavado. A varios de los integrantes de esta Comisión nos tocó participar en su redacción y en los distintos subgrupos. Actualmente, estamos esperando que desde Presidencia de la República se comience el trámite parlamentario con el envío del proyecto a la Asamblea General. Si se destina a la Cámara de Representantes quizás sea el proyecto más importante que va a tratar esta Comisión en esta Legislatura, porque es una revisión total de la legislación antilavado, separándola de la legislación antidroga que teníamos hasta ahora.
El diputado Chiazzaro, quien también participó de estos grupos, sabe del trabajo que se realizó, el cual involucró a los tres poderes del Estado. Creemos que es una oportuna y profunda actualización de toda la ley antilavado y combate al crimen organizado.
Tiene la palabra el diputado Caggiani, quien asumió la tarea de representar a los firmantes de este proyecto.
Por un lado, este proyecto tiene como objetivo central seguir manteniendo una cultura de la honestidad, aumentando los niveles de transparencia, y cuenta con mecanismos institucionales cada vez más precisos y aggiornados a las nuevas realidades. Por suerte, hemos tenido un avance importante en materia normativa con respecto al tema transparencia y declaraciones juradas, sobre todo en lo que tiene que ver con la ratificación de convenciones internacionales, de Naciones Unidas y también de la propia OEA. También hemos tenido la aprobación de leyes que, sin duda, son muy importantes. Una de ellas es la que proponemos modificar, la Ley Nº 17.060, que es la ley cristal. También, a partir de la llegada del Frente Amplio al Gobierno, se aprobó una oleada de leyes: la Ley Nº 18.381, de acceso a la información pública; la Ley Nº 18.485, de financiamiento de los partidos políticos; la Ley Nº 18.494, que tiene que ver con el control y prevención de lavado de activos, que ustedes también van a seguir modificando; y la Ley Nº 19.340 que, entre otras cosas, permite a la Jutep ser un organismo descentralizado. Todo esto, sin duda, nos ha permitido como país tener un estándar internacional y regional importante. Somos el país de América Latina considerado menos corrupto por diferentes índices construidos, como el de percepción de corrupción. Somos el país número 21 de 182 países a nivel mundial. Sin duda, creo que ese es un activo que ha sido construido a lo largo de nuestra historia por todos los partidos políticos que han gobernado, que tienen representación parlamentaria y, sobre todo, con el compromiso de seguir avanzando en un tema que es bastante complejo y que, precisamente, esta semana se está debatiendo. Ayer culminó una comisión preinvestigadora, seguramente el lunes vamos a debatir también ese tema, que tiene que ver con cómo vamos avanzando en materia de regulación más efectiva sobre los temas del dinero y la política y los que hacen a la transparencia de los sistemas políticos, sobre todo los democráticos. También habla de la calidad de la democracia que nos proponemos construir día a día. Creo que eso también es muy importante.
El objetivo fundamental de este proyecto es poder contribuir, por un lado, a modificar la Ley Nº 17.060, que tiene algunos componentes que nos gustaría señalar.
En realidad, la Jutep recibe todos los años alrededor de cuarenta y cinco mil declaraciones juradas. Por suerte, esta institución adoptó una serie de medidas administrativas que le permiten que los funcionarios públicos realicemos declaraciones juradas de manera digital, lo cual también es importante para poder salvaguardar los documentos públicos que cada uno de nosotros hace cada dos años.
Salvo en Guatemala, Honduras y Uruguay, en todos los demás países esas declaraciones son públicas, abiertas a la ciudadanía, para que esta pueda establecer algún tipo de control ciudadano y para que también los medios de comunicación puedan difundir estas situaciones.
En Uruguay, cuando se creó la Ley Nº 17.060, se optó por que, salvo las declaraciones del presidente y del vicepresidente de la República, todas las demás se guardaran en un sobre lacrado y solamente se abrieran en casos específicos.
Nosotros estamos proponiendo que eso se pueda modificar, incorporando una serie de cargos que antes no estaban creados o no estaban obligados a hacer las declaraciones juradas, como los fiscales y los adscriptos a los secretarios generales.
Asimismo, proponemos que se incluyan las figuras de los alcaldes y de los concejales municipales, porque cuando se creó la ley no existía esa figura, y pienso que es importante que, en tanto manejan fondos públicos y empiezan a tener una jerarquía mucho mayor que la que tenían quizás hace algunos años atrás, también puedan incorporarse al control que hace la Jutep.
Entendemos que es muy novedoso que el discurso sobre la transparencia y sobre todo el trabajo que ha hecho el Estado a partir de determinadas reglamentaciones y normativas se haya centrado, sobre todo, en aspectos que hacen a la transparencia de la gestión pública, que creo muy importante.
También hemos logrado avanzar en que los funcionarios o principales directivos de aquellas empresas de derecho privado que son propiedad del Estado también estén obligados a hacer declaraciones juradas, porque es verdad que hoy existe un área muy importante de la esfera económica del Uruguay en la que hay empresas que revisten contratos con el Estado o manejan dineros públicos a través de tercerizaciones o a través de las propias normas que hemos dictado acá, como el Sistema Nacional Integrado de Salud y su Fondo Nacional de Salud. Año a año, el Estado transfiere más de US$ 1.000.000.000 a las instituciones que realizan un servicio para este Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, entendemos que es, por lo menos importante, poder empezar a discutir cómo hacemos para que los directivos de estas empresas y sus responsables superiores también puedan estar contemplados en las declaraciones juradas que hacemos todos los funcionarios públicos, ya que administran fondos públicos.
También deberían estar contemplados los licenciatarios o concesionarios de obra pública e, inclusive, organismos que a veces ejercen determinadas tercerizaciones de políticas, como organizaciones de la sociedad civil. Ninguna de estas organizaciones que hoy no están contempladas, tiene obligación de dar cuenta a la ciudadanía de las modificaciones patrimoniales que puedan tener en esta o en otras funciones. Me parece importante que la sociedad uruguaya comience a poner la lupa en estas situaciones, dado que el compromiso por una mayor transparencia, un Uruguay mucho más integrado, mucho más honesto y mucho más transparente tiene que venir de todos lados, y en ese sentido el sector privado también tiene una responsabilidad importante a cumplir. Por lo tanto, sería interesante que este Parlamento pudiera adaptar la ley.
Asimismo, hay cuestiones que hacen a poder ampliar las declaraciones juradas a los cónyuges o concubinos del presidente y vicepresidente de la República lo que, inclusive, ha estado en la discusión pública.
También está sobre la mesa la posibilidad de que la Jutep pueda abrir, de manera oficiosa, declaraciones juradas para su estudio. En realidad, hoy la Junta termina siendo una asesora de la Justicia y fiscaliza o actúa en determinados casos. Nosotros entendemos que podría ser importante que hubiera un conjunto de declaraciones juradas, un porcentaje -nosotros establecimos un 5%, pero puede ser más o menos- que año a año, aleatoriamente, se pudieran abrir y ser estudiadas por la Jutep.
Por otro lado, también se pretende ampliar los años de custodia de las declaraciones juradas y llevarlas a la misma cantidad de años que están establecidos para los delitos de corrupción y esas cuestiones.
También se plantean sanciones para los casos en que haya funcionarios que no cumplan con la declaración jurada. Inclusive, para algunos casos de funcionarios que quizás revistan en una responsabilidad política, se establece que no puedan cumplir otra responsabilidad hasta tanto no presenten nuevamente la declaración jurada, porque sabemos que muchas veces sucede que quienes culminan una función en la actividad pública no terminan haciendo estas declaraciones juradas al término de su mandato.
Consideramos que es muy importante que estos temas sean incluidos en la agenda de trabajo de esta Comisión y del Parlamento, a los efectos de empezar a discutirlos, lo que sería una señal del sistema político a la ciudadanía, sobre todo teniendo en cuenta los casos que han sucedido en América Latina porque, si bien Uruguay tiene índices muy bajos de percepción de corrupción, creo que también es importante que ante lo que está sucediendo en otros países, también podamos poner las cartas sobre el asunto.
Sin duda, este proyecto apunta, por un lado, a echar luz sobre estas cuestiones y a proponer alguna serie de iniciativas, muchas de las cuales ya están contempladas en parte de lo que la propia Junta propuso en un proyecto del año 2011 y que este Parlamento decidió no aprobar; creo que es importante poder decirlo.
En ese sentido, el Parlamento debe dar una señal clara de que, en realidad, en este y en otros sentidos, puede avanzar en estos temas.
Sin duda, hay aspectos que no abordamos, como el caso de que la propia Junta pueda ser la receptora de las denuncias. Nosotros lo dejamos afuera porque no sabemos si realmente podrían tener las capacidades técnicas para realizar esas averiguaciones, pero sin duda es parte del debate.
Creo que lo más importante es que podamos debatir este tema, sobre todo para poder tener aprobado un proyecto por parte de esta Cámara antes de fin de año.
Sin embargo, hay un aspecto que sí me preocupa en este tema de la ampliación de las declaraciones juradas, que es la Junta de Transparencia y Ética Pública en sí misma, porque la sensación que hemos tenido, las veces que hemos conversado con ellos, es de una saturación muy grande de la institución por tener que recibir, por ejemplo, todas las declaraciones juradas del personal policial que está obligado a hacerlo, además del personal político, lo que le generó, para empezar, un grave problema locativo: tenían dificultades para hacer ingresar, cada dos años, el volumen de declaraciones que estaban entrando. Ellos estaban digitalizando las declaraciones para evitar este problema, pero me preocupa el manejo que esta ampliación de los obligados puede generar.
No estoy planteando estos temas para discutirlos ahora ni como una solución. Simplemente, me interesaría mucho escuchar la opinión de la institución que va a recepcionar este volumen de declaraciones para saber cómo verían el manejo administrativo de lo que le estaríamos obligando a hacer a través de este proyecto de ley.
A su vez, pienso que sería interesante que también estuvieran obligadas algunas organizaciones civiles; esto sería bueno, inclusive, para sus directivos. Sé que a veces una ley que intenta abarcar todo termina siendo poco eficiente, pero ya que tenemos la oportunidad de legislar en esta materia sería bueno contemplar la permanente inquietud de la sociedad respecto a algunas instituciones que no son políticas ni estatales. Me refiero, por ejemplo, a los sindicatos, las instituciones deportivas y a las autoridades de organizaciones de otra índole, como culturales o religiosas. La experiencia internacional al respecto amerita una atención especial. A priori yo no tengo presunciones negativas, pero ya que tenemos un proyecto a estudio sería bueno pensar -tal vez lleguemos a la conclusión de que no es conveniente- si no es momento de que la sociedad cuente con un elemento de cristalinidad que le permita despejar dudas respecto a varias instituciones, no solo con relación a los funcionarios públicos, en particular, con quienes tenemos responsabilidades políticas.
Ya que iniciamos el debate, planteo estas dos preocupaciones: con respecto al organismo y al alcance posible de la ley.
Son válidas las preocupaciones que plantea el señor diputado Mujica, sobre todo, la relativa a la capacidad de contralor de la Jutep. Uno que ha estado allí, se pregunta cómo hace para controlar. Cuando una entidad está superada en número, siempre corremos el riesgo de que pierda capacidad; esa es la realidad. En la medida en que existan recursos, esto se solucionaría dotando a la Jutep de mayor cantidad de elementos humanos y materiales para controlar. El problema es que tenemos escasos recursos.
En lo que respecta a la ampliación del alcance del proyecto, aclaro que algunos de los sujetos que el diputado propone abarcar ya están controlados por el lavado de activos. Por ejemplo, las entidades religiosas fueron agregadas al tema de lavado de activos. En estos casos, me preocupa más controlar ese tipo de actividades; una entidad religiosa puede tener una gran movilización, pero es más atendible controlarla por el lado del lavado de activos. Lo mismo sucede con las actividades culturales y deportivas.
Debemos tener en cuenta que todo puede tener etapas y que en la marcha podemos ir verificando cómo controlamos. En una primera etapa, me da la sensación de que el espectro que cubriría -que amplía el que existe-, sería suficiente.
Además, considero que el primer cuestionamiento que hace el diputado Mujica estaría dando respuesta al segundo.
El primer punto refiere a los funcionarios que ya están obligados a presentar las declaraciones juradas prevista en la Ley Nº 17.060 y sus modificativas, pertenecientes a empresas públicas y organismos descentralizados del dominio comercial e industrial del Estado y a las empresas de derecho privado que sean de su propiedad integral o mayoritariamente. Hoy, en el formato en papel -obviamente, esto se traslada al formato digital-, a la vista quedan la identificación del funcionario y de su cónyuge o concubino. Nosotros planteamos agregar en esa carátula el total de ingresos, de activos y de pasivos, y el nombre de las empresas con las cuales están relacionados el titular y su cónyuge o concubino. Proponemos que en la carátula de la declaración jurada aparezca el nombre de la empresa con la cual están vinculados, y que adentro se especifique si es en carácter de propietario, accionista o asesor, si tiene préstamos, etcétera.
El segundo punto es que con esa información, la Jutep lleve un registro de la evolución de los activos, pasivos, ingresos y vínculos. Si de ese registro surgiera que de una declaración a otra hubo una evolución significativa del patrimonio, propongo autorizar a la Jutep a convocar al funcionario, abrir la declaración y hacer un análisis para verificar la corrección, concordancia y veracidad de la declaración jurada de bienes e ingresos y de las vinculaciones e intereses, y pedir la documentación que corresponda.
El tercer punto ya está planteado en el proyecto: que mediante un sorteo se abra determinada cantidad de declaración y se analice su verosimilitud y razonabilidad.
El cuarto punto tiene que ver con algo que podríamos decir es de orden: que cualquier funcionario en cualquier momento pueda solicitar que su declaración jurada sea publicada en la página web de la Junta de Transparencia y Ética Pública. De esa forma, ante cualquiera de las afirmaciones que a veces aparecen en la prensa, el funcionario le podrá comunicar a la Junta que quiere que publique su declaración jurada en la página web de la institución.
Este es el borrador de las ideas. No está articulado; son cuatro ideas que pongo a disposición de la Comisión para ser estudiadas. Reitero que las planteé antes de que se presentara el proyecto; inclusive, cuando el Frente Amplio comunicó que iba a presentar un proyecto, también dijo que algunas ideas al respecto ya habían sido analizadas por esta Comisión.
En lo personal soy uno de los firmantes del proyecto y coincido con su espíritu; creo que es fundamental que las declaraciones juradas tengan un tratamiento que les permita una transparencia mayor, ya que son guardadas en sobres o registros electrónicos, salvo las del presidente y vicepresidente de la República.
Como decíamos, me parece muy importante que pueda hacerse una simple evolución del patrimonio en términos constantes porque, por ejemplo, hemos visto que en la prensa se dice: “Cuando ingresó a la función pública tenía $ 200.000 y ahora tiene $ 400.000”, pero no se tiene en cuenta que en ese período la inflación o el valor del dólar con el cual podía estar vinculado alguno de los bienes de la persona se pudo haber multiplicado por dos. Por lo tanto, es bueno que exista un análisis de este tipo y que ahora que todas las declaraciones pueden presentarse de manera digital y que la Junta está digitalizando las que no tienen ese formato se pueda hacer esa evolución debido a que esos datos constan en una carátula y permiten interpretar algo que ya no es reservado sino que es el total del patrimonio.
Comparto lo expresado en cuanto a la capacidad de la Junta de Transparencia y Ética Pública para asumir estas responsabilidades, pero deberemos consultarlo con sus integrantes. Recuerdo que en esta rendición de cuentas hemos aprobado un artículo aditivo que fue presentado en el Senado que aumentó el número de pases en comisión en la Junta y creo que ese es un mecanismo que podrá utilizarse de manera de no aumentar el costo del Estado. Inclusive, en este proyecto se podría incorporar alguna norma a fin de que se emplee ese mecanismo de manera de contar con personal calificado para hacer esa evaluación tanto desde el punto de vista informático como contable o jurídico. Este tema podrá ser conversado con los nuevos integrantes de la Junta una vez que el Senado apruebe su venia o se cumplan los plazos si el Poder Ejecutivo reitera los nombres.
Hay otro tema que no es menor. Muchos legisladores han hecho públicas sus declaraciones juradas -como lo hizo mi sector a través de su página web-, pero uno de los problemas que existen y que el proyecto no aborda de manera adecuada -tal vez la Comisión debería analizarlo- es que cuando se hace una declaración jurada de bienes e ingresos secreta contiene una serie de informaciones que también tienen ese carácter pero a la hora de publicarlos resulta complejo pensar cómo deben manejarse esos datos, porque tienen que ver con cuentas bancarias, ubicación de inmuebles y otros datos personales. En la medida en que proponemos que esto sea publicado en una página web de la Jutep y tenga acceso público deberíamos analizar cómo se deberían manejar los datos privados.
Estoy de acuerdo en lo que propone el diputado Mujica y en cuanto al fortalecimiento institucional de la Jutep porque deberíamos sentir un poco de vergüenza debido a los pocos funcionarios que tiene, lo desbordada que está debido a la ampliación exponencial del número de declaraciones juradas que recibe y, especialmente, su capacidad de fiscalización al respecto. Para el trabajo que debe hacer -más allá de visualizar las normas que existan en el tema corrupción, etcétera- cuenta con muy poco personal y me parece que ese es uno de los debes que tenemos como sistema político. Por lo tanto, no solo deberíamos aprobar una normativa que permita avanzar sino también otorgarle los recursos necesarios para que esto se cumpla, porque eso también demuestra las prioridades que se asignan a determinadas situaciones y creo que en ese sentido debemos ser muy precisos.
Yo soy de los que piensan que deberíamos avanzar en la posibilidad de que los directivos de empresas privadas hagan declaraciones juradas de sus ingresos patrimoniales de manera masiva aunque reconocemos la debilidad administrativa de la Jutep.
A la vez, hay otro debate interesante y tiene que ver con que cuando se presentó públicamente este proyecto aparecieron determinados titulares; inclusive, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Chediak, se expresó al respecto. Al no ser abogado me surgieron dudas en cuanto a si quien ocupa un cargo de ese tipo puede hablar acerca de un proyecto que está en una etapa de transición sin conocerlo y sostener que sería inconstitucional que se obligue a los privados a presentar declaraciones juradas de sus patrimonios e ingresos. Por lo tanto, comparto con los diputados Mujica y Chiazzaro que esa es una discusión en la que deberemos avanzar, inclusive analizando si debe abarcar instituciones religiosas y de la más variada índole, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría -debido al sistema de exoneraciones que se ha establecido para la promoción de las inversiones o la educación en el sector privado- termina manejando recursos públicos. Me parece que avanzar en ese sentido es interesante porque también habla de la sociedad que queremos construir para el futuro y del alcance que queremos dar a esa situación
Considero que este es un tema en el que deberemos seguir avanzando; nosotros lo planteamos de manera más restringida para aquellas instituciones que utilizan dineros públicos de manera directa, a las que incluimos de manera taxativa, pero sería interesante avanzar en ese listado de instituciones privadas que deberían estar obligadas a hacer declaraciones juradas patrimoniales.
Además, debemos tener en cuenta que esta es una herramienta más pero tal vez olvidamos un aspecto que también sería interesante abarcar. Me refiero a que en el proyecto incluimos tanto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia como a las principales jerarquías de los organismos públicos, los diputados, senadores y también los ministros, quienes deberán publicar sus declaraciones juradas en una página web, pero no a otras personalidades que tienen determinado nivel de decisión como los subsecretarios o el secretario o prosecretario de la Presidencia, que están indizados en los literales A) y K) del artículo 11. Tal vez deberíamos agregarlos al proyecto para que quede comprendido el conjunto del espectro.
Creo que lo importante es pensar cómo podemos seguir avanzando en este sentido y que sea posible traer a este escenario al conjunto de los actores que tienen opiniones divergentes acerca de estos temas para que nos ofrezcan su opinión. En ese sentido, tomamos la posta; si los integrantes de la Comisión están de acuerdo, podemos trabajar para ampliar esa lista de instituciones privadas que también podrían estar obligadas a realizar declaraciones juradas patrimoniales ante la Junta de Transparencia y Ética Pública.
Gracias.
Habíamos hablado con el diputado Caggiani, fuera de la Comisión, acerca de si él, como responsable de la redacción del proyecto, tenía prevista alguna nómina de personas o instituciones que entendía oportuno invitar a este ámbito. Hago esta consulta a fin de que la Comisión, a través de la Secretaría, pueda prever las convocatorias correspondientes.
Por supuesto, tenemos pendiente la convocatoria a los miembros de la Jutep, una vez que estén designados, y a la Presidencia de la República, a través del prosecretario, pero tal vez el diputado Caggiani puede sugerir alguna otra invitación.
También sería bueno incluir en la nómina de citaciones a organizaciones de la sociedad civil vinculadas a estos temas y que han desarrollado un trabajo importante al respecto. Me refiero a organizaciones como DATA, Cainfo, la Asociación de la Prensa del Uruguay, la organización de la sociedad civil Uruguay Transparente, Cotidiano Mujer, Creative Commons, ICD, RGA; también a Uycheck, que es una institución que trabaja y diariamente hace informes sobre estos temas. Tengo una lista de estas instituciones; si quieren, puedo dejarla a la Comisión. Me parece que es importante contar con su participación para que opinen sobre este proyecto y, sobre todo, propongan algunos elementos adicionales.
En cuanto a las consultas que tenemos previsto hacer a las cátedras de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo, esperaremos a que el análisis del proyecto esté un poco más avanzado, inclusive, en lo que refiere a la incorporación de alguna de las propuestas, pero dejamos constancia de que las haremos, como es habitual en el trabajo de las Comisiones.
Si bien esta Comisión se reúne los segundos jueves de cada mes, en virtud de que tenemos un proyecto en discusión y se ha anunciado la llegada de otro, deberíamos avanzar lo máximo posible en el tratamiento de esta iniciativa, de manera que cuando recibamos el proyecto de ley integral antilavado de activos tengamos tiempo disponible para considerarlo. Dada la extensa nómina de instituciones a convocar para analizar este tema, si están de acuerdo, podríamos recibir a tres, cuatro o cinco instituciones por sesión, otorgándole quince o veinte minutos a cada una, de manera de poder avanzar con este proyecto.
(Apoyados)
——Recuerdo a los legisladores de partidos de la oposición presentes que está pendiente la designación del vicepresidente de la Comisión. Habría que resolverlo, porque en algún momento el presidente puede no estar presente. Además, es bueno que cumplamos los acuerdos realizados en el momento de la distribución de las responsabilidades parlamentarias en las Comisiones.
Se levanta la reunión.
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 Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo. |