FONDO DE GARANTÍA DE LOS CRÉDITOS LABORALES

Creación

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL INAU (SUINAU)

UNIÓN DE CLASIFICADORES DE RESIDUOS URBANOS SÓLIDOS (UCRUS)

SITUACIÓN DE LA EMPRESA RIOGAS

SITUACIÓN EN EL FRIGORÍFICO FRIGOSALTO-SOMICAR S.A.

Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 4 de octubre de 2016

(Sin corregir)

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Puig).- Habiendo número, está abierta la reunión.

La Comisión de Legislación del Trabajo da la bienvenida al Director del Instituto Cuesta Duarte del PIT- CNT, señor Milton Castellano, y al asesor legal del Instituto, doctor Héctor Zapirain, en representación de la sala de abogados del PIT- CNT.

Los hemos convocado porque, a partir de los intercambios que se han dado en la Comisión respecto al proyecto de ley relativo a la creación de un fondo de garantía por insolvencia patronal -hemos recibido aportes muy importantes, como el de la doctora Rossi, hace poco tiempo- y partiendo de la base de la iniciativa que en su momento el PIT- CNT, a través de sus congresos y las diferentes resoluciones, planteó como fundamental en cuanto al establecimiento de un fondo de garantía de este tipo, con nuevos elementos sobre la mesa y en la medida en que es intención de la Comisión avanzar en el tratamiento del tema y lograr en el corto plazo la aprobación del proyecto, nos parecía importante volver a consultarlos sobre la posición del movimiento obrero al respecto.

SEÑOR CASTELLANO (Milton).- Muchas gracias por recibirnos.

Antes que nada, como la vez pasada comparecimos como Instituto Cuesta Duarte del PIT- CNT y hoy como sala de abogados del PIT- CNT, quiero aclarar que es lo mismo: ambos son parte de una sola estructura institucional que brinda todo el apoyo a la dirección del movimiento sindical y a los sindicatos.

Para nosotros este proyecto es importante. Cuando la situación económica del país atraviesa períodos positivos, no se nota la existencia de este tipo de proyectos, pero sí cuando los trabajadores y la economía del país no están pasando por un buen momento. Por eso mismo es muy importante que estos temas se traten cuando la situación no es difícil porque, si no, es más dificultoso buscar soluciones de estas características.

En primer lugar, queremos dejar sentada nuestra preocupación por la lentitud del proceso. En octubre del año pasado estuvimos en este mismo lugar dando nuestra opinión sobre el proyecto, y ha pasado un año y sigue en Comisión.

En segundo término, puede haber coincidencia general sobre la necesidad de un proyecto de estas características, pero la dificultad aparece a la hora de determinar cómo se solventa, cómo se logra su concreción. Entonces, me parece que deberíamos hacer un esfuerzo para acelerarlo.

En tercer lugar, hace tres meses, el PIT- CNT realizó una jornada con jueces laboralistas y uno de los temas que estuvimos analizando fue este borrador. En esa instancia sacamos algunas conclusiones que es bueno que se las presentemos.

Por otra parte, advierto a la Comisión de que forzosamente me tengo que retirar a la hora 10 y 30, pero el doctor Zapirain puede continuar.

SEÑOR ZAPIRAIN (Héctor).- Muchas gracias por la invitación. Para el movimiento sindical siempre es un honor comparecer en estas instancias, máxime cuando se trata de proyectos que tienden a crear mecanismos de protección a los trabajadores, como es la finalidad esencial del que tenemos a consideración.

En la oportunidad anterior ya manifestamos nuestro total apoyo al proyecto, que como todo texto legal o como toda ley, siempre es perfectible. En el debate que tuvimos con los jueces, al que hizo mención Milton, surgieron algunas cuestiones que son atendibles y que perfectamente pueden incorporarse o mejorar el texto.

Sin embargo, en función de las posiciones que se han expuesto en esta Comisión y en otras actividades, me parece oportuno realizar una defensa del proyecto enmarcada en tres grandes aspectos: uno tiene que ver con el punto de vista conceptual en el que se enmarca esta iniciativa; una segunda parte se vincula con los mecanismos que prevé; y esto nos lleva a una tercera cuestión, que tiene que ver con la pertinencia de este proyecto.

En el marco conceptual, nos tenemos que ubicar en un principio que es cardinal: la intangibilidad del salario. Toda la estructura de la disciplina que conocemos como derecho del trabajo tiene su razón de ser en la protección del más débil, en una relación que es de por sí asimétrica en cuanto al poder. De allí que uno de los aspectos que forman parte de ese conjunto normativo -los principios, las normas, las reglas- tienden a proteger el salario del trabajador frente a sus propios acreedores, al empleador y a los acreedores del empleador. Es justamente en este ámbito que se ubica el tema de la insolvencia o de aquellas situaciones en que el empleador, por distintas razones, se encuentra en la imposibilidad de cumplir con esa obligación central que es el pago de salarios, partiendo de la idea de que el salario es esencial para el trabajador, para su familia, para su condición de vida, para su dignidad, etcétera. Entonces, ante esas situaciones de insolvencia, el derecho del trabajo ha tratado de crear mecanismos de protección.

Estas situaciones de insolvencia o de quiebre pertenecen a una dimensión que se conecta con el derecho comercial, que también instrumenta mecanismos de protección para esas circunstancias en que el comerciante, el empresario, entra en una situación de incumplimiento de sus obligaciones. Pero los mecanismos que prevé el derecho comercial tienen una naturaleza y una finalidad que se diferencia de los procedimientos que prevé el derecho del trabajo. El derecho del trabajo se rige por el principio protector, en tanto que el derecho comercial se rige por el principio de igualdad, como hace el derecho civil. Entonces, los mecanismos que nos provee el derecho comercial parten de la idea de una igualdad formal y, ante situaciones de insolvencia, contemplan a todos los acreedores en un plano de paridad. En tanto que el derecho del trabajo, en esa situación, parte de la perspectiva de que hay una situación de desigualdad y, por lo tanto, el crédito de los trabajadores tiene una preferencia frente al resto de los acreedores. Por supuesto que este es un modelo teórico, y en el derecho comparado encontramos casos que se acercan más o menos a esta idea.

Tradicionalmente en el Uruguay, los mecanismos de protección de los créditos en esas situaciones los brindaba el derecho civil, estableciendo un mecanismo de preferencia -poco a poco, el derecho del trabajo fue creando algunos mecanismos que atemperaban esto-, lo que llevaba a que muchas veces los trabajadores no pudieran cobrar en esas situaciones. Tanto el derecho comparado como las normas de la OIT -que siempre debemos tener presentes- reconocen dos grandes formas o mecanismos de protección. Por un lado, están las formas o mecanismos de privilegio, que protegen determinados créditos, a determinados trabajadores, o que establecen mecanismos de superprivilegios, donde los créditos laborales tienen preferencia frente a los demás créditos; también están los mecanismos denominados de pronto pago, es decir, que determinados créditos del trabajador, en una situación de insolvencia, se pagan en primer lugar. Por otro, está la otra gran forma -que tiene una vinculación con la seguridad social-, que es la de los institutos de garantía: la creación de un fondo que tiende a cubrir, en situaciones de insolvencia, los créditos del trabajador en forma inmediata, no quedando este supeditado a los trámites, ya que por más que los procedimientos respectivos se hayan agilizado, siguen siendo pesados para satisfacer esos créditos. Cuando un trabajador, ante una situación de insolvencia, deja de cobrar el salario, generalmente, se le vienen debiendo determinados rubros, dos o tres meses de salario, y tiene que esperar un procedimiento de cuatro a ocho meses para cobrar, en tanto que estos mecanismos le permiten cobrar en un plazo razonable. De ahí el fundamento de la creación de los fondos en cuestión.

Estos mecanismos están previstos en el Convenio Nº 95 de la OIT, ratificado por Uruguay. Por lo tanto, forma parte de nuestro derecho interno. Además, están el Convenio Nº 173, que específicamente regula los mecanismos de protección frente a la situación de insolvencia, y la Recomendación Nº 180, complementaria del mismo. Acá se ha dicho que este Convenio no estaba ratificado por Uruguay y al respecto cabe hacer dos apreciaciones.

La primera es que hay un incumplimiento del Estado uruguayo de ratificar ese Convenio. Cuando la Conferencia Internacional del Trabajo adopta un convenio internacional, los Estados tienen la obligación de someterlo a ratificación; no de ratificarlo, pero sí de someterlo a ratificación. El Convenio Nº 173 nunca ha sido sometido a ratificación, nunca ha sido enviado para que el Parlamento lo ratificara. Por lo tanto, allí hay un incumplimiento. Esa es una de las obligaciones. La segunda apreciación es que la otra obligación que tienen los Estados es que si no ratifican o no someten a ratificación un convenio, deben informar a la OIT de por qué no lo hacen, en caso de que existan mecanismos que puedan sustituir o establecer lo que prevé el convenio; pero si no existieran, tanto el convenio, como la recomendación, generan para el país un conjunto de directrices que informan y deben ser utilizadas en la legislación.

En consecuencia, que el Convenio no haya sido ratificado no es obstáculo para que el Parlamento pueda recoger los principios y las reglas contenidas en ese instrumento en un texto legal o en una reglamentación.

En cuanto a la pertinencia o no de la iniciativa creo que en materia concursal en los últimos años el país se ha dado una ley que podemos decir que es una norma moderna que ha agilitado el procedimiento. El que teníamos era vetusto, complejo, dificultoso, tortuoso -podría ameritar toda una serie de calificativos-, y un proceso concursal o de quiebra duraba promedialmente diez años. Transcurrido ese plazo, si los trabajadores llegaban a cobrar -en el mejor de los casos-, sus créditos alcanzaban entre un 5% y un 10% de lo que se les debía. Pero más allá de eso el camino era largo.

La nueva ley de concurso que se aprobó en el año 2008, 2009 o 2010 -no recuerdo exactamente-, ha acortado los plazos, ha hecho los procedimientos más sencillos y ha previsto algunos mecanismos de protección de los créditos laborales. Por ejemplo, mantiene el sistema de privilegio -ya que los créditos laborales son privilegios generales- y cede frente a la hipoteca y a la prenda -lo que ya existía, por lo que en ese sentido no hay innovación-, pero sí establece un mecanismo novedoso que es el llamado pronto pago. Sin embargo, ese mecanismo no ha funcionado con la diligencia que debería haber tenido. Hoy frente a una situación de insolvencia un trabajador no cobra a los dos o tres meses, sino al año o al año y medio. Si bien los procedimientos no duran diez años demoran un promedio de dos o tres. Podemos mencionar el caso de Fripur, por ejemplo, en el que los trabajadores no han cobrado absolutamente nada. A la vez, el mecanismo de pronto pago queda supeditado a que haya fondos suficientes a consideración del síndico y eso es difícil porque el síndico generalmente no se va a arriesgar a decir que hay fondos suficientes para que se pague porque, además, está limitado. Por lo tanto, nosotros creemos que ese mecanismo que se rige por los principios del derecho comercial no es el más adecuado. De allí la pertinencia y necesidad de un mecanismo regido por los principios del derecho del trabajo que son los que rigen esta materia.

Otra crítica que se ha hecho a este proyecto es que actualmente el número de concursos es bajo, lo cual es cierto si lo comparamos con el que hemos tenido en el país en otras épocas. Pero estos mecanismos se crean en momentos en los que no hay crisis y no cuando se dan, porque tienen la finalidad de prever situaciones de crisis. Como la idea es crear un fondo es posible conformarlo en momentos en los que hay estabilidad y no en situaciones de crisis, cuando eso resulta difícil. De allí la pertinencia de este proyecto, porque se está legislando con una perspectiva previsora; se está creando un mecanismo que tiende a prever situaciones que más tarde o más temprano pueden llegar a darse, aunque ojalá no se den nunca.

Creo que la aprobación de este proyecto se ha dilatado más de lo debido ya que podemos considerar que su origen está en los años 1985 o 1986. El primer proyecto que se presentó en el país en este sentido fue en la etapa de la administración del doctor Sanguinetti, cuando el ministro era el licenciado Fernández Faingold. Ese proyecto, que era bueno, fue el primero que se presentó. Después, durante las distintas legislaturas y administraciones, fue recogido por el Frente Amplio, con enmiendas y modificaciones, y se presentó. Es decir que esta iniciativa se viene discutiendo desde hace mucho tiempo y reitero que se retomó por el año 2011 con la idea de que estos son mecanismos que hay que discutir no cuando atravesamos crisis o problemas, sino cuando estamos en una situación de estabilidad o normalidad, al igual que otros mecanismos. A modo de ejemplo puedo mencionar que no podemos discutir acerca de los servicios esenciales cuando estamos metidos en el baile de una huelga. Si es necesario discutir seriamente acerca de ellos debemos hacerlo en una situación de normalidad que nos permita razonar y pensar, con lógica y previsión, cuál es el mejor camino. En este tema sucede lo mismo. Diría que este es el segundo argumento que fundamenta la pertinencia de este proyecto.

Un tercer argumento es que este proyecto se ajusta a los principios y a las directivas que surgen del Convenio Nº 95, ratificado por el país, y el Convenio Nº 173, que no está ratificado por el país pero puede considerarse como doctrina más recibida según el artículo 332 de la Constitución o por la propia obligación que tiene el Estado de recogerlo en tanto miembro de la OIT, y aquellas directivas que están planteadas en la Recomendación Nº 180. ¿Qué dicen estas normas, a grandes rasgos? Que debe existir una institución, un fondo, que sea administrado tripartidamente con participación de las partes, si es posible, que prevea la protección de determinados créditos por cierto tiempo y que preferiblemente sea financiado con la contribución del empleador. Esa es, básicamente, la esencia del fondo que prevé el Convenio Nº 173 y la Recomendación Nº 180. Eso está recogido en este proyecto, por lo que podemos decir que se está innovando para el país creando esta norma pero se está actuando de conformidad con las recomendaciones, directivas y principios de la OIT y también con el derecho comparado, porque los fondos existen en varias partes mundo.

(Se retira de sala el doctor Milton Castellano)

——Creo que una de las objeciones más serias que se le han hecho al proyecto es la relativa al procedimiento que prevé. La idea es que la actuación de la comisión no se superponga con los mecanismos judiciales -como se ha dicho- sino que simplemente sea complementaria ya que debe actuar de la forma más rápida posible pero en conformidad y requiriendo la información a los juzgados en los que están los concursos.

La crítica más cierta, que considero que debería contemplarse, es que ese procedimiento no prevé la vista al empleador. Es decir que cuando el trabajador o los trabajadores se presentan a la comisión solicitando quedar amparados por el fondo no está prevista una devolución o una vista al empleador involucrado. Creo que sería bueno contemplar ese aspecto porque daría más garantías. De esa manera, el empleador podría presentarse, decir lo que considere, y permitir que la comisión tenga más elementos. De todos modos, está prevista la facultad de la comisión de requerir información al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a los juzgados y ver la documentación.

Se han hecho algunas otras observaciones, como por ejemplo el hecho de que sean solo los empleadores los que contribuyan, lo que estaría penalizando a los buenos empleadores. Creo que ningún empleador, malo o bueno, debe querer pasar por una situación de insolvencia; esta se puede dar por una cuestión generada por la competencia, la economía o la crisis. Pero si uno analiza el derecho comparado y las normas de la OIT que acabo de citar puede apreciar que generalmente esa contribución esencial se pone a cargo del empleador. Además, en el caso del proyecto no es tan grande porque no se incluye un monto o un porcentaje fijo, sino que se establece hasta un 0,5% y queda la facultad del Poder Ejecutivo determinar cuál es el porcentaje; no se establece un 0,5% sino hasta ese porcentaje, lo cual permite una flexibilidad adecuada. Tal vez haya que analizar con mayor detenimiento si ese 0,5% es mucho o poco, pero en principio parecería que no. Se podría establecer alguna escala mayor según el monto que tenga el fondo y decidir que si en determinado momento se acumuló dinero -como en el caso del Inefop, que en una oportunidad había acumulado una suma muy importante- no se aporte por un tiempo. También podría preverse algún otro mecanismo para que aquellos empleadores que ingresen en esa situación, como por ejemplo que exista determinado monto que genere un crédito especial que pueda ser un aporte extra al fondo. Creo que se podrían imaginar algunas otras soluciones pero en principio nos parece que la propuesta está dentro de lo que es común.

Por otra parte, creemos que los topes son adecuados.

Otro detalle menor que podría mejorarse es que en el artículo 6º se hace referencia a sueldos y jornales y tal vez técnicamente sería mejor emplear el término salarios.

Creo que en el caso de aprobarse este proyecto contribuiría mucho a mejorar los mecanismos de protección del salario. Considero que es un proyecto de ley que nos coloca en el nivel de las soluciones modernas que se han dado a estos temas y es una solución que debe instrumentarse en el marco del derecho del trabajo y no como sucede hoy, es decir en el marco de las normas del derecho comercial, porque son dos derechos que tienen finalidades y objetivos distintos.

SEÑOR AMADO (Fernando).- Quiero ser muy claro en cuanto a que la lentitud o el hecho de que ya hace un año que este proyecto se encuentra a estudio de la Comisión tiene que ver con que muchas veces este ámbito termina siendo articulador en distintos tipos de conflictos. Este es un debate que de vez en cuando surge entre nosotros ya que la Comisión actúa con una suerte de logística permanente recibiendo delegaciones tanto sindicales como empresariales y también del Estado y en muchos casos termina siendo una caja de resonancia de conflictos laborales que se van dando por lo que va quedando postergado o endentecido lo que tiene que ver estrictamente con los proyectos de ley. Entonces, muchas veces esa es la razón principal del enlentecimiento en el abordaje a las iniciativas que tenemos en la Comisión. No es una excusa, pero es lo que sucede; es la realidad operativa que tiene esta Comisión.

En cuanto al proyecto, estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de aprobar esta herramienta -hablo por mí- que, como bien se señalaba, hace varias décadas que está en discusión, con distintos tipos de propuestas que se han ido presentando a lo largo de las distintas legislaturas. Creo que este es un momento oportuno -a diferencia de lo que pueden pensar otras personas, integrantes y representantes de distintos organismos- para que efectivamente se cristalice la aprobación de este proyecto en el Parlamento. Yo estoy comprometido con mi respaldo a la aprobación de esta herramienta que creo es fundamental a la luz de varios ejemplos que rompen los ojos, de situaciones de tremenda injusticia vinculadas a emprendimientos productivos, fábricas, etcétera -como el caso de Fripur, que recién comentaban los integrantes de la delegación que hoy nos visita-, en donde queda totalmente de manifiesto la necesidad de una herramienta como esta a los efectos de proteger al eslabón más débil, que es el trabajador. Por lo tanto, tengo el compromiso personal y político

No puedo hablar por el Partido Colorado -este tema lo llevaré a la bancada-, pero puedo hablar por mí. Estoy de acuerdo con el proyecto y lo apoyo. Por supuesto, pueden surgir en la Comisión -como seguramente pase- algunas modificaciones concretas al texto original, pero creo que sería importante que se aprobara este año porque, de lo contrario, entraríamos en esa lógica natural de dilatarlo nuevamente. El año que viene va a ser bastante particular; nuevamente habrá discusión presupuestal y todos somos conscientes de que eso va a llevar a distintas situaciones políticas que pueden dejar a este tipo de proyectos en un segundo plano, volviéndolos a postergar. Sin duda, la delegación habrá recibido las versiones taquigráficas que reseñaban las distintas objeciones y señalamientos que hicieron las delegaciones que participaron de la Comisión. Hay una que tiene gran importancia en el andamiaje institucional y también en el político -lo digo con respeto, pero con franqueza- y puede otorgar o no las mayorías para este proyecto, y es la que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas, más concretamente Zavala. Dijo que estaban de acuerdo con la herramienta pero que en este momento no era oportuna debido a la situación del país. Nosotros no estamos en esa línea; creemos que es oportuna, pero nos parece importante también que los representantes que se encuentran hoy nos den su opinión con respecto a ese argumento, a los efectos de plantear una postergación de este tema hasta que la situación económica del país mejore o haya señales de mayor optimismo. En el caso personal, no estoy de acuerdo con esa postura porque creo que este es el momento para darle aprobación al proyecto. De todas formas, no estaría mal y sería un insumo importante para todos nosotros que dijeran qué les parece el planteo que se hizo desde el Ministerio de Economía y Finanzas.

SEÑOR ZAPIRAIN (Héctor).- Recuerdo que la discusión sobre estas iniciativas -tomando todo ese marco histórico al que hemos referido- siempre estuvo básicamente sobre dos puntos: la financiación y la administración. Esos dos elementos fueron los que trancaron la discusión en 1986: quién administraba, porque no había acuerdo, y cómo se financiaba. Hoy el tema de la administración no está en el tapete, como tampoco lo están otros aspectos que tienen que ver con la cantidad de créditos, los rubros y por cuánto tiempo. Creo que tras esta posición -esto lo digo con el mayor de los respetos- hay una postura de defensa de la ley de concurso. Se considera que la ley de concurso saldó estos temas. Nosotros creemos que una ley comercial -la ley de concurso es una ley comercial- no condice con los principios que rigen el derecho al trabajo, con la razón de ser del derecho al trabajo. Y el punto es la protección del salario.

Con respecto a la conveniencia o no en este momento, creo que no tenemos una situación de crisis en cuanto a empresas que están siendo insolventes. Si bien hay algunas empresas que están en concurso y otras como Fripur, a la que ya hemos referido, estamos en una situación de cierta normalidad, ideal para crear un fondo de este tipo. El fondo se crea hoy, pero va a tener que ir capitalizándose. ¿Cuánto vamos a esperar para crear ese fondo? No veo ese obstáculo. Por el contrario, al igual que ustedes considero que este es el momento oportuno. Si consideramos que no es oportuno porque estamos en una situación de supuesta crisis -en lo personal creo que no estamos en crisis alguna, sino que no están dadas esas condiciones que eran mucho más favorables- y que por eso sería inconveniente establecer hoy una contribución que estaría solamente a cargo del empleador, tendríamos que analizar cuánto incide eso en el costo. Suponiendo que el tope único fuera de 0,5%, el propio proyecto le está dando al Poder Ejecutivo el mecanismo y la facultad de decir que si eso es mucho puede cambiarlo a 0,1%. Si la verdadera dificultad es cómo constituimos el fondo de inicio, creo que puede haber alternativas más allá de esa financiación que no es ningún invento del proyecto, sino que surge del derecho comparado y de las normas de la OIT. Honestamente, creo que ese argumento no tiene verdadera solidez como para ser un obstáculo serio a este proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la comparecencia a los representantes del Instituto Cuesta Duarte del PIT- CNT. Nosotros estamos en un proceso de modificación de algunos aspectos del proyecto que tienen que ver con dar vista al empleador -esto lo refería el doctor Zapirain-, tal cual fue sugerido por la doctora Rossi, pero es intención de esta Comisión aprobarlo lo antes posible para que pase al Senado y contemos cuanto antes con esta norma protectora, cumpliendo así con el objetivo que ha motivado al PIT- CNT y a los integrantes de esta Comisión.

SEÑOR ZAPIRAIN (Héctor).- Muchas gracias por darnos la oportunidad de defender el proyecto.

(Se retira de sala el doctor Héctor Zapirain)

(Ingresa a sala el Sindicato Único del INAU (Suinau)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión da la bienvenida a la delegación del Sindicato Único del INAU, Suinau, integrada por el señor José Lorenzo López, Presidente, el doctor Juan Raúl Williman, asesor legal, el señor Víctor Mango y la señora Susana Antúnez.

SEÑOR LÓPEZ (José).- Venimos a informar de una situación que el Secretariado Ejecutivo del PIT- CNT, que integramos conjuntamente con la compañera Tatiana Antúnez, ya planteó en la Dinatra, donde se creó una instancia de negociación, que ayer se suspendió porque el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está buscando alternativas. No obstante, en virtud de la gravedad de la situación creímos que la Comisión de Legislación del Trabajo debería estar informada porque, a nuestro entender, es inédita e insólita.

Como se sabe, el año pasado se divulgó un video que terminó con el procesamiento de varios trabajadores, entre otros, sel compañero Víctor Mango y quien habla. Nuestro planteamiento no tiene que ver con ese hecho en sí pues en la vía administrativa se están procesando los sumarios y en la judicial está actuando el Tribunal de Apelaciones, sino con lo que generó eso. Ese día, por una situación que ya se vivía de permanente inestabilidad en el sistema, tres de los servicios del Inisa estaban militarizados, es decir que el personal de la Metropolitana estaba asumiendo la tarea en los servicios. A raíz de todo lo sucedido el sindicato convoca a una asamblea para un sábado de mañana, con un alto nivel de participación, y se decreta la huelga en los tres servicios. En nuestro caso, una decisión de ir a la huelga implica entregar las llaves a las autoridades y dejar de cumplir funciones, por la falta de garantías para los trabajadores, sobre todo en estos tres servicios que en esos momentos estaban a cargo de la Guardia Metropolitana.

Por tanto, se montó un campamento frente al edificio donde acaecieron los hechos y se retiran los trabajadores, tanto de ese edificio como de uno de la Colonia Berro y otro que está pegado al mismo, que fueron los lugares donde se decretó la huelga.

Comunicamos inmediatamente por escrito nuestra decisión a las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay que, a su vez, la comunica al Ministerio de Desarrollo Social y este pide al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la declaratoria de la esencialidad del servicio porque se entendía que no se podía dejar de cubrir este servicio.

De inmediato, el ministro Murro se comunica con el sindicato, plantea la situación y pide que, por lo menos, cubriéramos los servicios con guardia gremial. Le contestamos que la forma en que venía funcionando el servicio era prácticamente como si fuera una guardia gremial y, por eso, la administración había decidido que la Guardia Metropolitana cumpliera servicios en los tres establecimientos. Los hechos se dan a la hora 17, después de que terminara la asamblea, el mismo sábado, y a la hora 19 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convoca al sindicato a una reunión en la que participaron la Comisión Delegada del Sirpa, representada por el señor Cat y Noya -quien después renunciara-, el director Dardo Rodríguez -en ese momento todavía no se había resuelto separar el Inisa del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay-, el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, el director Nacional de Trabajo y representantes del sindicato y del PIT- CNT. La reunión fue bastante larga, pero llegamos a un acuerdo -que consta en un acta- donde se establece que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social decreta la esencialidad del servicio, pero no habría comunicación oficial, como lo establece la normativa, para conminar a los trabajadores a sus puestos de trabajo, sino que, como estaban concentrados en la puerta del establecimiento, lo comunicaría el sindicato, y lo único que pedíamos a la administración era que hiciera una requisa para dar garantía a los trabajadores e ingresaran tranquilos. Esta reunión culminó alrededor de la hora 22 y 30; vino la señora ministra y la subsecretaria de Desarrollo Social y entre todos llegamos a este acuerdo.

El señor Cat se comunica desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el director de seguridad para comunicarle que hicieran la requisa, porque ingresarían los trabajadores. La requisa se realiza entre la hora 22 y 30, que se comunicó la orden de hacer la requisa, y la hora 2 y 30, cuando los funcionarios retoman sus tareas en cada centro.

Más de un año y pico después, la administración del Inisa decide iniciar un sumario administrativo a todos los trabajadores de uno de los tres centros que participaron en la huelga. Evidentemente, esto preocupa mucho al sindicato.

Comunicamos esta situación a COFE y al PIT- CNT, que hizo algunas gestiones ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque esto sentaría un precedente muy importante, ya que se estaría iniciando un procedimiento sancionatorio a trabajadores que, en definitiva, lo único que hicieron fue respetar el acuerdo alcanzado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es decir, acá no hubo comunicación oficial ni publicación de la esencialidad en el Diario Oficial, sino, conforme a un acuerdo firmado por todas las partes, retomar las actividades después de una requisa.

¿Por qué se plantea esta situación solo en este centro? En medio de aquel descontrol generalizado, la administración del Sirpa -encabezada en ese momento por la actual presidenta del Inisa, la señora Fulco- determina que se trasladaran varios adolescentes sin la presencia de funcionarios del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. En dicho traslado, la Guardia Metropolitana acomete con una golpiza generalizada -hecho que también fue denunciado en la justicia penal- y se lleva a los jóvenes a un centro donde permanecen más de dieciséis horas esposados y engrilletados. El sindicato constata esta situación a la hora 10 y se comunica con algunos legisladores -algunos presentes, el señor diputado Amaro, Puig, y también estuvo el exdiputado Andrade-, quienes pudieron comprobar en qué estado estaban los jóvenes. Esta denuncia está en la justicia y se intenta culpabilizar a solo a los funcionarios de este servicio que acataron la huelga, lo que realmente nos parece inadmisible; el sindicato no puede aceptar esto porque sentaría un precedente nefasto. Sin duda, el movimiento sindical históricamente estuvo en contra de la esencialidad, pero en la única oportunidad donde el decreto de esencialidad se levanta de común acuerdo entre las partes, se termina sancionando a los funcionarios, que no fueron notificados oficialmente de que debían levantar la medida, sino que fueron los propios dirigentes sindicales quienes los convencimos para que retomaran sus tareas. Entre que se decretó la esencialidad y el reingreso de los funcionarios, requisa mediante, no pasaron más de cuatro horas.

Para el sindicato estos hechos son muy graves y, en ese sentido, quiero informar a esta Comisión en lo que a ellos respecta porque, más allá de los hechos que se dirimirán en los ámbitos correspondientes, no se puede iniciar un trámite administrativo por cumplir un acuerdo alcanzado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que tiene la firma de dos ministros, de autoridades del Inisa y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, del PIT- CNT, de COFE y de nuestro sindicato.

Por estas razones, nuestro sindicato pide la intervención directa de la Comisión de Legislación del Trabajo para que revoque esta decisión, lo que no quiere decir que si algún funcionario cometió alguna falta, se le inicien los procedimientos administrativos que correspondan. Por ejemplo, si un funcionario en el medio de aquella situación no se hubiera presentado a trabajar o se hubiera robado algo, por supuesto, se debe iniciar el procedimiento administrativo que corresponda. No obstante, creemos que es inadmisible iniciar un sumario, que si bien es el resultado de una investigación colectiva, termina siendo individual para cada trabajador.

Concretamente, pedimos a la Comisión que tome cartas en el asunto y nos ayude a resolver esta situación.

SEÑORA ANTÚNEZ (Tatiana).- Creo que en los últimos diez años se vienen vulnerando, como nunca, la libertad sindical y la negociación colectiva.

Como trabajadoras y trabajadores nos preocupa mucho que la institución desconozca cómo se debe proceder ante las normas, las cuales forman parte de derechos consagrados que nos asisten.

Por eso, agradecemos que la Comisión nos reciba tan pronto y esperamos que ayude a que se respeten nuestros derechos.

Nuestro sindicato seguirá trabajando para generar los mejores canales de diálogo, pero de esta forma lo único que se logra es amedrentar y vulnerar nuestros derechos.

Esperamos que todo ser resuelva de la mejor manera.

SEÑOR WILLIMAN (Juan Raúl).- Soy el abogado del sindicato del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

Quiero comentar dos o tres aspectos que la administración cuestiona cuando se negocia este tema en la Dinatra.

En primer lugar, en realidad los treinta y ocho funcionarios sumariados ya tienen imputada una falta administrativa. La administración sostiene que, en realidad, el sumario no le causa ningún perjuicio, pero no es verdad. Ya hubo una investigación administrativa -que investiga un hecho puntual-, y cuando se dispone un sumario, se individualiza al funcionario y se le imputa la comisión de una falta administrativa, que después se determinará si es media, grave o leve.

Es decir, esta imputación individual se hace por una cuestión absolutamente colectiva, situación que es irregular desde el punto de vista jurídico. Como explicaba bien López, hubo una negociación, en la que participaron las autoridades del sindicato, del Sirpa -hoy Inisa-, las autoridades del Ministerio, el Poder Ejecutivo, y el sindicato, de buena fe, comunica a los trabajadores que vuelvan a sus lugares de trabajo, sin comunicación formal del decreto de esencialidad ni una intimación ni publicación en el Diario Oficial. Es decir, la buena fe de los trabajadores llevó a este punto. Si me preguntaran qué debieron hacer, les diría que tendrían que haber esperado la comunicación formal, pero no lo hicieron, y simplemente se reintegraron a sus lugares de trabajo con una comunicación informal.

Sin embargo, la resolución respectiva plantea que los funcionarios sumariados incurren en responsabilidad por no acatar un decreto de esencialidad, cuando en realidad el ingreso se demoró por una requisa que estaba negociada por las propias autoridades que hoy deciden iniciar el sumario.

Entonces, es incongruente llegar a un acuerdo, aceptar que se salga de una situación con una esencialidad negociada -que, como dijo López, es una particularidad- y luego iniciar un sumario por no acatar una esencialidad dentro de plazo, cuando era lo acordado. Además, estamos hablando de responsabilidades individuales de funcionarios que acataron una decisión colectiva. Sin embargo, las responsabilidades que se les imputan son individuales.

La resolución, básicamente, se basa en dos aspectos. En primer lugar, no cumplir con el decreto de esencialidad, lo cual falla desde el punto de vista formal porque el decreto nunca fue notificado formalmente y los funcionarios retornaron a sus lugares de trabajo de buena fe, mediante una comunicación informal del sindicato, que se comprometió con las autoridades para que los funcionarios volvieran a sus lugares de trabajo. Lo hicieron después de una requisa que llevó mucho tiempo, es verdad, pero ello no es imputable a los funcionarios que hoy están sumariados. La demora de la requisa es un problema práctico y era parte de las garantías para que los funcionarios volvieran a sus lugares de trabajo.

Entonces, la incongruencia está en negociar esa salida y después imputar responsabilidad por cumplir con lo acordado.

La segunda parte de los considerando de la resolución dice que los funcionarios también son responsables porque debió existir una guardia gremial al adoptarse la medida sindical. Lo mismo: eso forma parte de una decisión colectiva. Atribuir responsabilidad individual a una persona por la decisión de un colectivo, es insostenible. El individuo no se puede defender de algo que no depende de sí mismo; no depende de él que exista una guardia gremial, porque es algo que se negocia entre las autoridades del sindicato y de la administración. Lo mismo sucede con la esencialidad: si simplemente le comunican cuándo tiene que regresar a trabajar y en qué condiciones, lo único que puede hacer es cumplir -o no- con lo acordado. Es muy difícil entender cómo se atribuye responsabilidad individual por cuestiones que son colectivas, pero en esta resolución hay treinta y ocho funcionarios sometidos a procesos disciplinarios, imputándoseles responsabilidades administrativas por la misma administración que negoció la misma salida acordada con las autoridades del sindicato.

Esto representa una grave irregularidad, sobre todo si tenemos en cuenta que la esencialidad nunca fue notificada formalmente, por lo que difícil es atribuir responsabilidad por incumplir algo que no fue formalmente notificado.

SEÑOR NÚÑEZ (Gerardo).- Visto el planteo del sindicato, vamos a proponer a la Comisión que se convoque a las autoridades del Inisa y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay para conocer su versión.

Queremos expresar nuestra preocupación por el hecho. Vivimos bastante de cerca los hechos que acontecieron ese día.

Por tanto, creemos que un primer paso sería citar a las autoridades para que expliquen la situación y, teniendo en cuenta los fundamentos desarrollados aquí, cada uno dirá lo que entienda necesario y pertinente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Por el relato de los integrantes del sindicato, tuvimos la oportunidad de constatar algunos de los hechos que aquí se señalan como resultado de la golpiza que recibieron adolescentes que eran trasladados a una dependencia de la calle Burgues.

Luego de que se nos comunicara la situación, pudimos conversar con los adolescentes y constatar su estado, al haber recibido una golpiza impresionante -según ellos denunciaban- en el interior del ómnibus, al ser trasladados por integrantes de la Guardia Republicana. Pudimos constatar que los jóvenes estaban muy golpeados y los trabajadores del INAU los estaban asistiendo, instancia en la que también participó la señora directora Fulco. En aquel momento, se consultaba si era decisión de los funcionarios que los jóvenes estuvieran esposados y engrillados. Contando con la misma participación de los trabajadores, pudimos constatar que esa había sido una orden de la policía que allí se encontraba y no una disposición de los funcionarios. Y a las pocas semanas, fuimos convocados por la justicia, en donde pudimos ampliar la información que habíamos brindado sobre lo que vimos en aquel momento.

Por otra parte, compartimos lo planteado por el señor diputado Gerardo Núñez en cuanto a citar a las autoridades para coadyuvar con esta situación, dado que nos parece preocupante que las decisiones colectivas terminen recayendo sobre los funcionarios en forma individual. Así se están desconociendo las potestades de una organización -el sindicato- en cuanto a tomar resoluciones colectivas y que estas no recaigan sobre sus afiliados. Creo que se están desconociendo principios de la negociación colectiva que son básicos.

Agradecemos su presencia.

(Se retira de sala la delegación de Suinau)

(Ocupa la Presidencia el señor representante Ezquerra Alonso)

(Ingresa a sala una delegación de Ucrus)

SEÑOR PRESIDENTE (Wilson Aparicio Ezquerra Alonso).- Es un gusto recibir a la delegación de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos -Ucrus-, integrada por su Presidente, Juan Carlos Silva, las señoras Patricia Gutiérrez y Julia Araújo y el asesor Jorge Hernández, quienes asisten acompañados de Camilo Pizzani, representante del PIT- CNT, a quienes cedemos el uso de la palabra para que hagan su planteo.

SEÑOR PIZZANI (Carlos).- Pertenezco a la Comisión de Salud Laboral del PIT- CNT y vengo a acompañar y a apoyar a los compañeros que acuden para exponer el tema.

SEÑOR SILVA (Juan Carlos).- Vengo, en nombre del sindicato Ucrus, a plantear un anteproyecto de ley de reconocimiento. El grupo de clasificadores denominados clasificadores de base somos los que tenemos el oficio de clasificador. El clasificador de base es el que se mete en un vertedero o en un contenedor, hace el trabajo primario y no tiene ningún beneficio social. Aspiramos a crear ámbitos de protección, fomento y regularización, tendiendo a la inclusión de las personas en la seguridad social. Queremos que se concrete la ansiada inclusión social de este grupo de la sociedad.

Está claro que la mayoría no tenemos grandes estudios y no podemos competir en un mercado laboral de por sí deprimido y la idea es que seamos reconocidos en el sentido de que esta tarea no solo beneficia económicamente a nuestras familias, sino que da una solución a la problemática cada vez más grave de la contaminación del medio ambiente.

Queremos que esta ley nos proteja en el sentido de que no deje perder estos lugares de trabajo y no nos alejen de la materia prima, que es una constante que se está dando hoy día. Vemos que están surgiendo planes que, supuestamente, son beneficiosos para la sociedad. La gran problemática de la limpieza lleva a proponer sanciones, cambios de destino de la materia prima, en el entendido de que es lo mejor para la sociedad, pero se olvidan de que hay una porción muy grande de gente en esto.

Tenemos la gran satisfacción de que la Dinama nos ha llamado para hacer aportes en la concreción de la nueva ley nacional de residuos. Estamos participando en los talleres de inclusión social en donde, por fin, se tiene la palabra del actor. Es decir que el clasificador, el que trabajó toda la vida en esto, es el que va a bajar a tierra los planes que hacen los técnicos. Vamos a implementar esto de la mejor forma porque sabemos cómo es realmente hacer posible esto ahí, en el barrio, en el campo, en la ciudad, en el ámbito donde se quiere concretar esta tarea a futuro.

El lanzamiento de esta ley nacional de residuos, con préstamos del PNUMA, se hizo en el Centro Español -en la Ciudad Vieja-, y allí la Dinama reconoció que en veinticinco años no han sabido cómo resolver el problema de la basura y la inserción social de las personas que trabajan históricamente en este rubro. Nos hemos visto gratamente sorprendidos porque ese sinceramiento nos permitió acercarnos y participar en los talleres. Fue así que, conjuntamente con otras organizaciones -como la Extensión Universitaria, que reconoce nuestra asistencia y ayuda y participa brindando traslado y apoyo logístico a todas las actividades del sindicato no solo en Montevideo, sino también en todo el interior- vimos que podremos empezar a opinar.

A su vez, en esta ley se propone algo que siempre planteamos y es contar con un censo real -no uno falso- de los miles que estamos metiendo la mano en la basura, recuperando así materia prima para la cadena productiva, con lo que se benefician miles de trabajadores de la industria.

Entendemos que lo más justo sería regular, reconocer el reciclado -que no tiene ninguna contraindicación- y, en esta ley de diez artículos, establecer que tenemos el oficio de recicladores, porque no hacemos otra cosa: vivimos y trabajamos de esto. Es importante que haya justicia social para empezar a comprender que si se quiere recuperar lo máximo con la menor inversión, si se quiere dar trabajo a los sectores más marginados de la sociedad, si se quiere fomentar la industria nacional tan deprimida, si se quiere recuperar, hay que regular y escuchar a los actores. Queremos que esta tarea histórica se reconozca y que, de oficio, se nos declare clasificadores. En este anteproyecto de ley no hemos establecido ningún aspecto en cuanto a la jubilación o a la creación de puestos de trabajo, porque el proyecto de ley de residuos que está elaborando la Dinama será complementario de todas nuestras acciones.

Desde hace años, este sindicato pedía la implementación de una tasa de envases y embalajes. ¡Vaya la sorpresa que tuvimos al enterarnos de que la Dinama dice que la implementará! Según los datos oficiales, en Montevideo se generan seis millones de envases y embalajes por día. Me refiero a bolsas, cajas, envases descartables de botellas plásticas. Con una simple tasa de un $ 1 o de $ 0,50 se puede recaudar US$ 1.300.000 o US$ 1.500.000 por mes para crear las tan ansiadas veinte o treinta plantas más de clasificación, no de compactación. Remarco esto porque la Intendencia tiene planes de hacer plantas de compactación. Quiere compactar 400 toneladas de basura, que tendrán como destino el gas. Entonces, nos va a alejar de la materia prima.

Por otro lado, en el encuentro de la Ciudad Vieja, donde la Dinama expuso formalmente sobre la elaboración de este proyecto de ley, estuvieron las Intendencias de Canelones y de Treinta y Tres y Alur. Dijeron que hay un convenio mediante el cual con el nylon y el plástico del reciclado de las botellas se hará un gasoil sucio, ya que no se puede continuar invirtiendo en Alur. Los clasificadores, otra vez más, somos alejados de la materia prima y no podremos hacer nuestro trabajo ni insertarlo en la cadena productiva.

Estos planes se piensan llevar a cabo en varios departamentos del interior; ya comenzaron a realizarse. Montevideo es el departamento que tiene más toneladas de materia prima reciclable. Este sindicato tiene miedo de que se nos perjudique, alejándonos de otra materia prima. Cada día es más necesaria la implementación del reconocimiento del oficio de clasificador, a efectos de regular la cadena y tomar decisiones en las bocas de salida, en las ventas, ya que las problemáticas de las plantas son históricas. La materia prima no se vende de la manera deseada. Si se aprueba este proyecto, se hará justicia.

Cuando trabajaba en el puerto, vine a esta Comisión varias veces. Me escucharon atentamente y recibí comentarios favorables cuando los trabajadores solicitamos apoyo y que se hicieran minutas recomendando nuestros reclamos. Pero la experiencia que tengo es que las buenas intenciones no alcanzan. Se habla de inclusión social, pero la violencia y la cultura narco se han instalado en los barrios pobres. Además, la problemática de la vivienda es gravísima. Ante la reciente idea de la Intendencia de volver a fiscalizar la circulación en las avenidas, la entrada a la Ciudad Vieja y la basura alrededor del contenedor cerrado, donde no está el clasificador, los planes alternativos para las personas más pobres no aparecen. Esto es histórico. Nos vendieron que con la ley de envases se iban a crear puestos de trabajo. Si nos apoyamos en el censo de 2008- 2009, advertimos que hay nueve mil carnés de clasificadores. Pero con la idea de sacar de circulación los carros de la calle solo se abrieron 128 puestos de trabajo, cuando antes había alrededor de doscientos compañeros trabajando en cooperativas de forma organizada. Por lo tanto, perdimos la posibilidad de tener inserción laboral e inclusión social.

Lo mejor que podemos hacer es promover esta ley de reconocimiento y, de una vez por todas, sincerarnos con la cantidad que somos. Hoy, vemos gratamente que Dinama también está de acuerdo en realizar un nuevo censo; lo incluirá en el proyecto. O sea que va a haber un registro. Nosotros también plasmamos la idea del reconocimiento en el anteproyecto de ley. Está claramente explicada la necesidad de implementar esto, así como el beneficio que da al medioambiente y a toda la sociedad.

Presentamos esta idea con la ayuda del PIT- CNT y la RedLAC latinoamericana, mediante la cual vemos las realidades de otros países. Este anteproyecto tiene algunos aspectos de la ley de reciclado y fomento de Chile; de responsabilidad extendida del importador. Se ve que en varios países hay que cargar las tintas al importador que se hace rico, a la persona que trae masivamente y contamina el medioambiente; todas las cosas que consumimos, un día vuelven a ser basura. El anteproyecto tiene apoyo de esas leyes que funcionaron. También figuran algunos aspectos de la ley de Colombia. Las personas a las que se les impide trabajar en cierta parte de la ciudad -me refiero a las partes céntricas donde hay mayor cantidad de vehículos- encuentran una respuesta alternativa.

Este paso es fundamental para sincerarse y decir: “Es verdad. Tenemos miles de personas que viven de esta manera, pero no solo son ellas las beneficiadas, sino toda la industria, toda la cadena productiva y todo el medio ambiente”. Presentar este proyecto de ley es el primer paso. Si logramos que se apruebe, se hará justicia con miles de excluidos y marginados.

SEÑOR HERNÁNDEZ (Jorge).- Suponemos que todos tienen el proyecto de ley redactado por el compañero Zapiráin. Por lo tanto, tienen la base.

La exposición del compañero ha sido rica. Quisiéramos que ustedes planteen dudas o diferencias, a efectos de generar un fructífero intercambio.

SEÑOR PUIG (Luis).- En alguna oportunidad, los invitados plantearon al compañero Coitiño la iniciativa de avanzar en un proyecto de ley que tienda a regular la actividad de los recicladores de residuos municipales. El hecho de establecerse como insumo para el proceso productivo es un aspecto que nos parece por demás atendible.

Sabemos que hay elementos que no serán fáciles de implementar, pero hay que instalar el debate. La instalación de un fondo de pago por la generación de residuos reciclables -envases descartables, embalajes, productos de corta vida útil- tendrá dificultades. Lo decimos por experiencia, porque estamos batallando para que se cree un fondo de garantía cuando hay insolvencia patronal; para que cuando una empresa se declare insolvente, los trabajadores no queden colgados del pincel, sin cobrar los diferentes créditos laborales. Vamos a tener un fuerte debate porque determinados sectores no lo quieren. Sabemos esto de antemano.

Es realmente importante que una organización social avance en la presentación de un anteproyecto de ley. Desde el punto de vista democrático, de la inclusión social, es fundamental abrir este debate, sabiendo las contradicciones que pueden existir. Si cuando nos planteamos la inclusión y la participación no apoyamos la instalación de un debate, es puro palabrerío.

Esta presentación generará que la Comisión comience a hacer consultas. Entre sus integrantes veremos la posibilidad de dar estado parlamentario a este proyecto, a efectos de que sea analizado. Lo más importante es que cuente con un amplio aval. Esto no quiere decir que apoyemos el punto, la letra y la coma del proyecto como está. Es muy importante la iniciativa que se plantea. Abrir un debate sobre esto es fundamental. En esta Comisión están representados los diferentes sectores -no todos- que integran el Parlamento. Si se logra el aval, significará el puntapié fundamental para iniciar este debate y convocar a los diferentes sectores que están directamente involucrados. Este proyecto es enriquecedor y si se aprueba se logrará la inclusión social de un sector muy importante para el conjunto de los trabajadores del país.

SEÑOR PLACERES (Daniel).- En Uruguay se aprobó una ley de envases que realmente no tuvo una visión de inclusión. Se pensó que el que tiraba, pagaba y el que tiraba casi que no pagaba nada.

Ahora, con la elaboración de una nueva ley nacional de residuos, que abarca a casi todas las organizaciones y al gabinete ministerial -que tiene que ver con el medioambiente, con la industria-, y cuenta con la participación del PIT- CNT, se tiene una visión global.

Acá nunca se vio a los residuos como una alternativa para bajar los costos productivos industriales, lo que sí se dio en otros países. Acá se importa todo, pero nadie le exige al que importa que pague. Por suerte, hay una idea para los residuos de cubierta. Algún día los importadores de cubiertas de motonetas, de vehículos -Uruguay fabrica cubiertas, pero la tecnología que tiene es de otra época; funciona en un rubro rural-, tendrán que hacerse responsables de esos desechos. Por suerte hoy se está discutiendo, en el organigrama de debate, exigir que la destrucción de un neumático la paguen o pongan parte sus importadores. Ahí hay un rubro para trabajar también; acá las empresas no se pueden poner mal. Uruguay es un gran importador de aceite -a pesar de que tiene industria de aceite-, y las botellas respectivas no se reciclan para las prendas textiles, porque hacerlo tiene un costo muy elevado: hay que clasificarlas aparte, lavarlas, exigir una limpieza aparte, y ese costo es muy difícil que lo paguen muchos de los empresarios que consumen esa escama de PET. ¿A dónde termina yendo ese envase? Bajo tierra, con los residuos, o al mar: no sé si han visto fotos de animales marinos muriendo por tragar plástico.

Entonces, Uruguay es un país muy chico en cuanto a población y tiene que afrontar el tema del medio ambiente con una mano mucho más dura. La nueva ley sobre residuos apunta a poner realmente Uruguay Natural como un emblema de nuestro país, no solo para el turismo, sino para que se recicle con responsabilidad. Vengo de la industria del vidrio y siempre digo que es increíble que, teniendo la posibilidad de reciclar, no lo hagamos. El año pasado entraron 21.000 envases de vidrio a Uruguay y la fábrica solo recicló 7.000, cuando pudo haber reciclado todo -porque es cien por ciento reciclable-, reduciendo costo energético, de materia prima, y no lo pudimos hacer.

Comparto lo que dijo el compañero en cuanto a que se achicó la inclusión, porque la ley de envases supuestamente iba a generar mayor empleo y no lo hizo. ¿Por qué? Porque quien clasifica va haciendo una canasta: el cartón, el PET, el vidrio; con eso se hace un margen. Creo que hay que trabajar mucho. Acá hay mucha intermediación en el tema. Hay que buscar la vuelta de trabajar directamente con quien clasifica y ayudar a la barra que clasifica. Por suerte, pude ir a San Pablo, donde vi un sistema de clasificado directo de los clasificadores con las propias empresas que necesitaban el material. La intermediación genera mucho costo, cuando se puede mejorar el ingreso de la gente que recicla, organizándolos, trabajando con ellos mucho más. Tenemos instrumentos. Tenemos una Facultad de Ciencias Sociales que podríamos poner al servicio de trabajar muy duro ahí, en el llano, con la gente, para tratar de organizarla. Tenemos el Inacoop, fomentamos la ley sobre cooperativismo; ahora le agregamos el Inacoop- Fondes. No estamos hablando de desarrollar grandes proyectos, sino pequeños: tenemos que ir a la microeconomía. Uruguay no va a ir a la gran macroeconomía; van a venir algunos a hacer macroeconomía, pero Uruguay es un país de Pymes. Si no consideramos la clasificación como un deterioro de vida, sino como un elemento más del trabajo y la enriquecemos, ayudando a la capacitación de la gente, creo que se puede hacer. Estoy contento porque se va a cambiar esta ley de envases y porque se está trabajando en la nueva ley nacional sobre residuos.

El aporte que está haciendo el Ucrus a esta Comisión es importante como un inicio de análisis de determinados elementos que podríamos empezar a desarrollar -si entendemos que vale la pena profundizar-, para lo cual podríamos invitar a otras organizaciones que tengan que ver con eso, inclusive las empresariales. En Uruguay, para hacer bolsas de nailon, se importa el 100% de la materia prima: ¡una cosa de locos! Entonces, se le quería poner un impuesto a la bolsa, en vez de ponerle una tasa a la materia prima que ingresa; aparentemente, esta nueva ley va a hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando yo saco ese material importado, lo vuelco a la sociedad, a pequeños talleres que hacen esa bolsa -porque hay todo tipo de bolsas-, pero ese impuesto era medio injusto, porque se le cobraba lo mismo a doña María, que iba al supermercado a comprar el litro de leche o el pan flauta, que a la vecina, que salía con el tapado de piel o la campera de cuero comprada en un shopping, cuando se podría gravar en la introducción el 100% de la materia prima virgen y después que hicieran lo que quisieran.

Esto de la tasa está en discusión; ya conocemos la visión de Economía. Nosotros sabemos dónde se podría recurrir al fondo de garantías; lo dice la ley. Pero acá el concepto de que quien tira paga tiene que estar claro. Entonces, los importadores del Tetra Pak me tienen que demostrar qué pasa que no está ese concepto, y acá viene toda una camada de lobby. Por lo tanto, agradezco al Ucrus que aporte a la Comisión este texto que nos puede ayudar a comenzar a trabajar en una posible ley. Creo que todos los sectores lo van a tener claro. Acá hay mucho peso de quien importa. Y los legisladores debemos tener claro que el Uruguay no se puede seguir dando el lujo de que se importe todo a gusto y antojo aunque se dañe el medio ambiente. Nosotros tenemos que ser consecuentes con una visión estratégica del país que queremos hacer. Si queremos un país cuya grifa sea Uruguay Natural, al que venga el turismo y en el que las cosas funcionen organizadamente, esto va en ese camino.

Saludo el articulado, porque hace pila me había juntado con un compañero de la central, Jorge Ramada, y habíamos peloteado. Inclusive tuvimos alguna reunión con algunos alcaldes para buscar que la tasa descentralizara también la clasificación en los municipios. Porque me parece que el problema es buscar de qué manera nuestros municipios, en sus zonas, trabajan junto con las organizaciones descentralizadas. De esta manera, lograríamos un control social. Si la persona que va a clasificar es de ese lugar o es asidua a esa zona y el vecino convive con ella, la conoce, desarrolla un vínculo, le puede decir: “Che, hoy me dejaste esto mal”. Creo que ahí hay un acercamiento mucho más de trabajo social que de otro tipo.

Así que les agradezco el aporte. Después la Comisión verá si puede buscarle la vuelta y redondear estas ideas que están aportando e incorporarlas en una ley de inclusión, en una parte que refiera a la clasificación de productos.

SEÑOR SILVA (Juan Carlos).- Quisiera complementar algunas cosas que se han dicho.

Hace algunos años hicimos una marcha a la chacra del presidente Mujica, para pedir que se hiciera una planta -queríamos hacer varias, pero propusimos una- que era totalmente diferente a estas plantas de la ley de envases, porque veíamos que no se recuperaba lo que se tenía que recuperar, no existía la infraestructura necesaria. Todos los actores -incluso el ingeniero Daniel Martínez- nos decían: “Sabemos bien que las plantas están mal construidas”. En aquel entonces, cuando empezamos a empujar para que se construyeran las plantas bajo ley de envases, no solo nos encontramos con que se dieron pocas plazas de trabajo, sino con que la infraestructura era mala. De entrada ya nos dijeron: “¡Pa! ¡Ustedes siempre poniéndole la contra a todo! ¿No estás contento de que salió la planta?”. Si me ponés unas plantas con cintas transportadoras insuficientes o con prensitas que prensan bajo kilaje, cuando tengo que remitir a las industrias fardos de 350 o 400 kilos, te voy a decir de entrada que esto no sirve y que está mal, que la planta que teníamos hace años en Burgues y Saravia prensaba 400, 500, 600, 800 kilos, cualquier fardo, y hace poco la intendencia les retiró la guardia de seguridad y dejó que se robaran todo y la desmantelaran, vergonzosamente. Lo mismo sucedía con el centro de acopio -porque no tenía techo- que estaba por Saravia, al lado de los Bomberos, donde trabajaban quince o dieciséis compañeros.

Lo que vimos en otros países fue que se recuperaba todo. O sea que hay que cambiar la mentalidad de lo que se clasifica en las plantas. La ley de envases no te deja entrar toda la materia prima que se puede reciclar.

Lo que dijo el compañero diputado fue que cuando vos hacés tu actividad en la calle, vas juntando lo que aparece y vas complementando un jornal bueno, porque si vas a salir, con una sola cosa no te sirve. Cuando nos preguntan cuánto gana un clasificador en la calle, les decimos que tenemos tres sueldos, porque primero traemos lo que sea para vender al depósito en el día, que es lo que te hace lo que llamamos el dinero del explote: lo que podés vender ni bien llegás al depósito. Después está lo que llevás para tu casa en comestibles, ropa, calzado, juguetes, muebles, electrodomésticos. Y lo otro es lo que se hace los fines de semana, porque el noventa y nueve por ciento de los clasificadores venden en las ferias y periferias de Montevideo, donde hay miles y miles de personas que hacen su jornal, y otro tanto o más -es decir, personas que no son clasificadoras- que consume lo que nosotros llevamos a vender, porque la distancia que hay con respecto a los precios de lo nuevo es clara; la balanza se inclina a lo que vendemos usado, ante lo que valen las cosas nuevas.

Entonces, pensamos que había que proponer una planta diferente e hicimos una propuesta para quinientas personas, sin los sueldos de la ley de envases y, grosso modo, hicimos un estimativo de que si se ponía un promedio de $ 6 por kilo -algunas materias primas valen más y otras menos-, podíamos pagar un sueldo de $ 27.500 para cada clasificador. Reitero: esto era fuera del marco de la ley de envases, que limitaba lo que ingresaba a la planta. Hasta hoy en día es increíble: la planta está a 150 metros de la fábrica de vidrio y no clasifica vidrio. Nosotros tenemos grandes toneladas de vidrio que algunos nos hemos preocupado de ir juntando, pero tenemos el problema de su traslado hasta la planta. Si pudiéramos vender directamente -como se hace en otros países- a las industrias que trabajan con eso, sería un cambio fundamental y radical.

En otras plantas se clasifica hasta la tierra que está adentro de la maquinaria o el ojo de la lata de aluminio, que es uno de los mejores aluminios para hacer motores, como vimos en Brasil. O sea, hay que pensar en clasificar todo y para lo que no hay mercado acá -espuma plast, tetra y todo eso que no se clasifica-, se debe buscar los mercados a nivel internacional para venderlo. Hay cosas increíbles que se están dando en otros países que no se han podido hacer acá. Pensaba que el Plan Juntos pudiera tener acceso a la tecnología que vimos en el sexto encuentro de catadores: con lo no reciclable -el plástico duro de las computadoras, los blisteres de medicamentos, las mangueras en desuso, partes de metal como el aluminio, inclusive el escombro- se están haciendo casas; con 3,5 toneladas de basura se hace una casa de 5 por 4 metros, antifuego, con sus puertas y ventanas, todas desmontables, no acumula animales. Es un plástico que tiene distintas posibilidades: se lo puede hacer flexible o muy rígido; se hacen muebles, baldosas, caminería. Un compañero que vino hace pocos días de España nos contó que se está haciendo eso en Barcelona.

Claramente, el reciclado podría dar trabajo a miles de personas que hoy día no se dedican a eso. Es una fuente laboral. Y pienso en la problemática de trabajo que hay en el interior, porque hemos viajado mucho y tenemos compañeros de catorce departamentos. Como somos conocedores de los núcleos de clasificadores, la próxima semana vamos a viajar con el director de la Dinama a varios departamentos del interior, para que vea las realidades de primera mano.

Entonces, no se está utilizando el potencial que tiene el reciclado como fuente laboral, además del beneficio que comporta para el medio ambiente. Cuando presentamos esa propuesta de la planta, teníamos esa idea. La planta estaría asociada a un emprendimiento binacional que había con los catadores de Río Grande do Sul; enganchados con el préstamo del Fondes a la empresa Coopima, de San José, se iba a picar y a hacer escamas de PET para fibra textil para la ropa. Inclusive llevé a algún canal de televisión alguna ropa ya terminada, porque resultó que se le había dado el adelanto del préstamo y se hizo un lanzamiento con ministros, con la prensa y con todo. Pensábamos que esa empresa arrancaba y que le daría trabajo a cinco mil personas de industrias textiles, porque hasta hoy día están preguntando de Uruguay y de Argentina si van a hacer o no la fibra textil. Ya tienen compradores, pero no funciona porque el préstamo no se les dio. Entonces, ellos iban a dar trabajo a miles de personas de las industrias textiles, inclusive de alta costura, y nosotros íbamos a remitir, al principio, 500 toneladas por mes, y otro tanto se remitiría del lado brasileño, para comenzar a andar esta empresa, e íbamos a recibir cinco veces más por el plástico que lo que se paga hoy día. La botella plástica que tengo aquí bajó a $ 3 el kilo; es lo que nos pagan los depósitos -hay que juntar veintiséis botellas de las grandes para hacer un kilo-, y $ 2 la verde. Entonces, muchos compañeros ya la dejan, porque con el bajo precio no justifica cargar un carro y traer un bolso de 25 o 30 kilos, y se produce la contaminación de los ríos, campos y arroyos, al igual que con la bolsa. Lo mismo está sucediendo con el cartón.

Entones, esto tiene que encararse de otra manera y en vez de remitir ese plástico para hacer otra vez botellas, se debe masificar su destino, no solo para hacer ropa, sino también los laterales de los autos, los tableros. La fibra textil está presente en toda nuestra ropa -las medias, las calzas, los polares, los acolchados, todo lo que sea guata- y en todas esas partes de automóviles, pero sucede que no es industria nacional, sino china. Entonces, tenemos que repensar aquella palabrita que es “protección”, para que cuando cualquier materia prima ingrese a nuestro país compita con calidad y cantidad, pero no con el precio, porque si sale más barata la bolsa de nailon china es porque tiene tan finas las micras que no permite reciclarla. Por eso, en la nueva ley se va a establecer que las bolsas de los supermercados tengan cierta cantidad de micras que permita que se puedan reciclar, si se concreta esa idea de cuidar y fomentar estas cosas. Lamentablemente, Coopima se trancó; eso escapa a nuestras posibilidades, no podemos creer que haya sucedido así. Hablamos continuamente con los compañeros, los cuales se están separando, algunos se van muriendo, como en el caso del puerto; otros migran a otras tareas, y se diluye y se pierde la fuerza donde se podrían crear puestos de trabajo. Como dije, en el interior es impresionante la cantidad de gente que está excluida, discriminada, que está siendo reprimida sindicalmente por las ONG que se han puesto en las plantas de ley de envases. Donde la ley de envases no llega no es igual. Me refiero a que la ley era de alcance nacional, y resulta que nunca cobran lo mismo que nosotros y que cantidad de núcleos de clasificadores hasta hoy día están peleando para ingresar en el marco de la ley de envases.

A mismo tiempo, vamos viendo que la Cámara de Industrias del Uruguay y el Mides vienen diciendo que los compañeros que trabajan en plantas tienen que salirse del marco de la ley de envases. En la última reunión que tuvimos con la ministra Marina Arismendi, el día 2 de setiembre, nos dijo que teníamos que fomentar que los compañeros de las plantas pasaran a formar cooperativas, que buscáramos la mejor forma, que podía ser cooperativa social u otra, que nos informáramos, que para ello teníamos el asesoramiento del PIT- CNT y de Inacoop. Se nos dijo que buscáramos la forma que fuera porque teníamos que salir. Claramente, lo que está sucediendo es que la Cámara de Industrias del Uruguay está diciendo que esta ley de envases ya viene en picada. En febrero, cuando nos juntamos con la Relacre, ellos estuvieron y nos dijeron que la ley de envases venía en caída y no la paraba nadie.

El resultado es que esta nueva ley va a venir a suplantar la ley de envases, pero para que se instrumente falta un par de años; ya sabemos que no es inmediato. Resulta que no quieren continuar pagando la ley de envases y aducen, de parte de Cámara de Industrias del Uruguay, que el costo relación- beneficio de las toneladas que se reciclan no justifica, porque comparan la ley de envases de Uruguay con la de otros países y las toneladas salen más baratas y se recupera más. Entonces, el mundo está al revés: en vez de buscar los puestos de trabajo que a gritos la gente está pidiendo, de fomentarlos, de regular toda la cadena, no se hace. Por lo tanto, por ahí marcamos la necesidad de hacer algo urgentemente.

Claramente, la idea de esta ley de reconocimiento sería el comienzo, y los técnicos tendrían que implementar cosas que fueran beneficiosas. Nosotros vimos que con esa tecnología y esa materia prima tan barata que no se usa sino que se tira -lo que es un problema porque es la materia prima que llena los vertederos en todos los países- se pueden hacer casas baratas y no podemos creer que no se utilice. Tenemos toda esa experiencia grabada y estamos pensando en mandarla a varias instituciones como el Plan Juntos, que ya llegó al barrio Marconi -nuestro barrio- donde está haciendo intervenciones. Si en algún momento todo esto se pudiera utilizar al servicio de todos sería fabuloso.

A la vez, sería bueno pensar cuánto se ahorraría al hacer no solo bolsas en el país sino mangueras, caños de agua y lo que se podría fabricar con la materia prima reciclada de las botellas y el nailon. El universo es infinito y los beneficios serían indudables; no hay nada que pueda rebatirlo. Lo único que aparece en el horizonte son las pequeñas chacras de los que se están haciendo muy ricos y no quieren perder esos beneficios. Eso es claro.

Nosotros venimos a proponer estas alternativas. Si nosotros, que somos clasificadores con poca escuela, pudimos hacer el proyecto de una planta para quinientas personas con un sueldo de $ 27.500 creemos que los técnicos podrían mejorar mucho estas ideas y dar trabajo a muchísima más gente. Indudablemente, eso es lo que necesitamos porque se están perdiendo miles de puestos de trabajo; hay miles de trabajadores en el seguro de paro y se está reprimiendo a la gente que está circulando y clasificando en la calle. La alternativa sería esta y también habría otras porque hemos visto las soluciones que se están dando en otros países. Por ejemplo, en Colombia se está haciendo la entrega voluntaria del carro a caballo contra la entrega por parte de la municipalidad de una camioneta china de setecientos kilos. Entonces, hay alternativas, lugares para mirar e ideas para copiar y ejecutar. Nosotros creemos que se podría implementar este plan conjuntamente con el reconocimiento. Hoy en día vamos a comenzar con el camino del servicio. Cada clasificador recolecta mensualmente entre dos y cuatro toneladas y estamos pensando que después de que se vean los datos del censo se va a comprobar que somos nueve mil personas más los familiares que participan en la tarea, por lo somos aproximadamente veinticinco mil los que giramos directa o indirectamente en el trabajo del clasificado. Cuando se conozca la cantidad de personas que realizan esta tarea mediante un censo obligatorio vamos a poder implementar medidas y tal vez se decida que es conveniente dar esta forma de trabajo digna, en lo que estoy de acuerdo porque soy de las personas que cree que tenemos que reconvertirnos pero pedimos ayuda y en eso tenemos diferencias. Algún director de la intendencia nos ha dicho que la intendencia no es un banco de fomento pero estamos totalmente en desacuerdo con esa idea porque si sos la persona que ponés las prohibiciones tenés que buscar la puerta alternativa y decir: “Compañero: usted no va más a la calle pero tiene esta opción” y esa opción hoy en día no está creada. Entonces, nosotros estamos marcando que si esta tarea se pudiera dignificar -linda palabra pero no se ha aplicado- brindando un beneficio al clasificador y pudiéramos tener acceso a créditos, más compañeros se podrían comprar vehículos. Aquí el plan de Colombia no se implementó mientras que allá llevan 5.500 vehículos entregados. Cualquier persona puede entrar a internet y ver información acerca del cambio de carretas -allá les dicen carretas porque tienen cuatro ruedas- por vehículos y leer que se está haciendo esa reconversión ayudada por el gobierno. Esto se financia con publicidad que las intendencias pueden cobrar porque el vehículo puede tener un cartel de cualquier empresa comercial por un año o dos mientras que la persona va pagando la unidad. Esa sería una alternativa.

Por otro lado, queremos caminar hacia el reconocimiento porque las municipalidades de todos los países del mundo tienen estipulado en dólares cuánto sale el retiro y traslado de la basura desde la vía pública hacia el vertedero. Vemos que en otros países los compañeros van reclamando ese reconocimiento y esa paga del servicio. Eso empezó en Colombia y se está dando en Brasil y Argentina, tratando de que las cooperativas también cobren y nosotros creemos que se puede caminar en ese sentido. Sin embargo, cuando se da este frente de recortes resulta que la Cámara de Industrias del Uruguay, que es la que paga los dineros de la ley de envase, empieza a ver que puede haber algún matrimonio por conveniencia y nosotros podríamos abaratar costos. Directamente ya se está pensando en abaratar costos porque la ministra Marina Arismendi nos dijo que se terminará de trabajar con las ONG que gerencian las plantas de la ley de envases. Acordamos que tendrían que dar los cursos de preparación en autogestión para que sepamos vender y manejarnos solos pero claramente se camina hacia eso; se va a evaluar la experiencia a los seis meses y luego al año pero no se quiere mantener las ONG más de un año porque es el mayor peso económico de la ley de envases. Entonces, tal vez nosotros, como trabajadores organizados, podamos empezar a proponer hacer algún servicio más barato porque tenemos personería jurídica. Los clasificadores estamos agrupados, nos organizamos, viajamos a otros países y vemos estas realidades y no solo pedimos, sino que ahora hacemos propuestas. Esta propuesta de reconocer el oficio del clasificador es solo un primer paso, fundamental para nosotros, porque como sindicato nunca habíamos venido a proponer una ley pero creemos que es hora y hemos visto en otros países que los caminos no solo comienzan en la calle agitando una pancarta y trancando el tránsito, sino también proponiendo y traduciendo las ideas en letras de un proyecto. Entonces, esta es nuestra propuesta y les pedimos que nos ayuden para que el proyecto sea aprobado y el oficio de clasificado pueda ser reconocido.

SEÑOR HERNÁNDEZ (Jorge).- Agradecemos profundamente las expresiones de los compañeros que están a favor de esta iniciativa. Nos habría gustado que en este intercambio hubieran surgido cuestionamientos porque esencialmente vinimos a tratar de abordar con criterio dinámico y vivo la confrontación y las resistencias que sabemos que existen. Tenemos una idea muy clara de lo que ha pasado a propósito de la clasificación en el país y especialmente en Montevideo, que condensa demográficamente la mayor cantidad de compañeros clasificadores, donde con ciento veintiocho puestos de trabajo se ha tratado de justificar las medidas que se han tomado para el cierre de la Ciudad Vieja y la implementación de los contenedores cerrados en todo el Municipio B -delimitado por la bahía, Bulevar Artigas, Miguelete-, que no solo implica ese número de puestos, sino varios centenares o quizás miles de compañeros que quedaron fuera de la posibilidad laboral. Por lo tanto, nos encontramos con que clasificadores han sido enfrentados con otros clasificadores porque el que no recicla en la Ciudad Vieja o en el Municipio B debe ir a reciclar en zonas en las que no ha pasado eso. Por lo tanto, buscamos la comprensión de ustedes para que en función de determinados avances que se dan en ciertos aspectos no se justifiquen retrocesos que nos complican la vida.

Hace unas semanas una compañera decía: “Anteriormente, para quienes trabajamos en la clasificación desde antes de que surgiera la Ucrus pensar que los candidatos a intendente vinieran a los lugares en los que funcionamos a preguntarnos qué queremos para articular su política en función de eso, resultaba imposible”. Indudablemente, la matriz ideológica del clasificador era individualista, pero resulta que la vida ha demostrado que por la vía individual no se logra absolutamente nada. El sindicato ha tratado de apoyar y cuando surge una iniciativa que parte de los clasificadores, así sea muy cruda o esté mal elaborada, se demuestra la intención de avanzar para obtener determinados logros por lo que deben recorrerse los canales organizacionales que permitan elaborar textos, acuerdos y propuestas. Ahora existe la actual ley de inclusión sustitutiva de la ley de envases por lo que hay una suerte de elementos que nos permiten apoyarnos en esa voluntad de los compañeros a fin de tratar de lograr los canales adecuados. Ese ha sido el objetivo y durante casi quince años, que es el tiempo que hace que está funcionado la Ucrus, nos hemos mantenido con el apoyo del PIT- CNT, de extensión universitaria y de una serie de fuerzas que nos han dado la posibilidad de que llevemos un comunicado y nos lo publiquen, en algunos casos titulando en contra y en otros a favor. Todo eso lo reconocemos y por supuesto que también se va a expresar en el plano electoral.

Aquí no abordamos el problema de la seguridad ciudadana, que llega a todos, que sin ninguna duda tiene relación con el problema de la inclusión de los clasificadores en la medida en que, en general, la extracción social del clasificador es de las capas más bajas. La posibilidad de darles un ámbito formal de reconocimiento, de tal suerte de sacarlos del trabajo en negro para que realicen un trabajo organizado, implica uno de los aportes más importantes a la seguridad que estamos buscando entre todos. Eso lo decimos claramente y queremos que ingrese a la concepción política con la cual ustedes van a trabajar en todo este período.

Quedamos absolutamente a las órdenes.

SEÑORA GUTIÉRREZ (Patricia).- Yo quiero pedirles que no archiven este proyecto en un cajón porque somos miles y miles de compañeros los que vivimos de esto.

Ahora se implementó la famosa ley de las requisas. Yo siempre digo que para el clasificador nunca se terminó la dictadura y ahora nos tiraron más milicos a la calle y nuevamente estamos sufriendo la pérdida o el robo de nuestros caballos. Ayer hicieron una requisa en el mercado agrícola y dejaron a un compañero con un carro con parte de los arreos y se le llevaron el caballo. Eso es un robo porque esa es nuestra herramienta de trabajo.

Les pido a todos ustedes que pongan un poquito el corazón y piensen en todos los que vivimos de la basura. Como yo siempre digo, lamentablemente comemos y damos a nuestra familia de lo que todos los demás dejan, que es basura; para ustedes es basura pero para nosotros es nuestro sustento y trabajo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Les agradecemos la visita.

(Se retira de sala la delegación de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos)

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Quisiera solicitar a la mesa que considere la posibilidad de agendar dos visitas solicitadas por dos organizaciones. Una de ellas es el sindicato policial de Canelones (Aspoca), y la otra el Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza, que nos han solicitado reiteradamente venir por distintos temas de su interés. Sé que la agenda de la Comisión es compleja y combina lo legislativo con los conflictos particulares pero pediría un esfuerzo para agendar estas visitas próximamente.

Por otra parte, quiero entregar a la mesa -simplemente porque las he recibido y quiero trasladarlas- mil trescientas firmas que pertenecen a ciudadanos que nos las han hecho llegar en algunos casos a través de una planilla y en otros por medio de vías más modernas como la comunicación electrónica, pero en todos los casos con certificación notarial, que manifiestan su adhesión al proyecto de ley de acoso laboral que esta Comisión está analizando. Esto no tiene ningún efecto jurídico. Es más: creo que tampoco habrá de tener efectos políticos porque me consta que hay voluntad política en la Comisión para avanzar en ese proyecto y de hecho se ha logrado. Así como recibí estas manifestaciones de voluntad cuyo destinatario no soy yo sino esta Comisión, simplemente procedo a entregarlas. Reitero que se trata de expresiones de voluntad favorables a esa iniciativa de gente que se convocó espontáneamente y que en algún caso está vinculada con algunos de los profesionales universitarios que actuaron en la primera redacción del proyecto de ley que ingresó al Parlamento, particularmente la doctora Soledad De Franco. Repito que me consta -porque lo he hablado con todos los compañeros de la Comisión- que así como se ha avanzado en distintas iniciativas, algunas de ellas ya aprobadas, en principio el proyecto de acoso laboral cuenta con la buena disposición de todos los sectores políticos aquí representados. De manera que hago entrega de estas firmas para que consten en los antecedentes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Trataremos de concertar esas visitas a la brevedad e incluiremos estas firmas en los antecedentes del proyecto de ley de acoso laboral.

(Ingresa a sala una delegación de la Asociación de Trabajadores de Riogás)

SEÑOR PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a la delegación integrada por la doctora María Bueno, la señora Paula Seijas y los señores Ernesto Domínguez, Guillermo Giraldez, Fernando Monteverdi y Favio Riverón.

SEÑORA SEIJAS (Paula).- Pertenezco al sindicato de la Asociación de Trabajadores de Riogás, ATR, y al Sindicato Único de Trabajadores del Supergas, SUTS.

Tenemos entendido que cuando el Estado da una concesión para la explotación de un producto o servicio lo que busca es un especialista que se haga cargo. Pensamos que a grandes rasgos exige por lo menos tres cosas. La primera, inversiones que el Estado no está dispuesto a realizar, que tendrían que ser realizadas por la empresa a la que se contrata. La segunda, el servicio que el Estado no se cree capaz de realizar mejor que las empresas, y la tercera, la seguridad, o sea que aquello que se realice no represente un riesgo para la población.

En lo que tiene que ver con inversiones, solo en los años 2008 al 2013 las inversiones pagadas por Gasur en Riogás fueron de más de US$ 7.000.000. Los conceptos principales para Riogás fueron: el techado del stock de envases, US$ 55.000; el recalificado de tanques, US$ 35.000; un carrusel, US$ 5.000.000; un hormigón, transportador, medidor másico, fiscalía, US$ 350.000; alarma del taller de válvulas, US$ 100.000; reforma de vestuarios, US$ 350.000 y unos intereses de alrededor de US$ 300.000. Dentro de estos conceptos estaba el lavadero de garrafas que salió unos US$ 500.000. Por ser obsoleta la maquinaria, los envases no salen en condiciones a la calle y, por lo tanto, esa inversión es una inversión perdida. Para evitar la carga de los trabajadores se invirtió en una telescópica y eso tuvo un costo de US$ 1.000.000, pero como no cumple la función y atrasa para cargar los camiones, no se usa; por lo tanto, es otra inversión perdida.

Ancap invierte US$ 280.000 en pintura y paga un margen diferencial para que salgan los envases en condiciones a la calle. Esa máquina de pintura se prende fuego y es un riesgo para los trabajadores y para la población. Ancap paga vestuarios, techos, salarios, reformas. Entonces, la pregunta que nos hacemos los trabajadores es cuál es la contribución que le da al país este sistema de concesión en el que la inversión y la subvención del producto las hace el Estado, el servicio es pésimo y no llega en condiciones a la población. Por eso decimos que Ancap está mal representada por Gasur. Según lo acordado con Gasur, Riogás Granel solo puede vender a clientes que no superen las 180 toneladas anuales. Riogás tiene varios clientes que superan ese porcentaje y deberían ser clientes de Gasur, pero a Riogás se le paga por kilos vendidos, no por instalación segura.

En resumen, hasta el 2013, de los 2.325 clientes y 3.145 tanques había un porcentaje importante, más de un 25%, de tanques vencidos, y a partir de 2014 iban en aumento en forma notoria por los vencimientos de los diez años, lo que a medida que pasen los años va a ser peor. La mayor compra de estos envases o garrafones fue en el año 2005. Una auditoría interna de Riogás arrojó que los activos estaban en malas condiciones; los extintores de los clientes estaban vencidos o directamente no existían. Gracias a esta auditoría se pudo recabar esta información, pero Riogás no hizo uso de ella, como tampoco invierte en la flota de camiones de granel, que se rompe y está parada días y días o se les tranca los frenos y vuelca, poniendo en peligro a los trabajadores y a la población, una vez más sin cumplir con lo que les corresponde. Si una concesión no funciona o no logra cumplir con las expectativas, ¿no debería el Estado recolectar datos e información del cumplimiento para exigir una revisión o renegociación? No nos podemos olvidar de que hay un contrato con Riogás que vence en 2022 y todavía hay inversiones proyectadas. Las empresas no realizan inversiones, lo hace Ancap por intermedio de Gasur. Ancap no controla a las empresas: piden y ellas mismas se aprueban. El directorio de Riogás hizo públicas a través de Twitter unas palabras para el presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, y por lo tanto también a las uruguayos y uruguayas. Dijo que estábamos distraídos y que era hora de que los uruguayos tomáramos el poder. También manifestó que el Poder Ejecutivo no existe, que está vacío de poder y que es una vergüenza.

Este sindicato quiere solicitar con mucho respeto a la Comisión que se haga un pedido formal a Ancap y a los ministerios a los que corresponda sobre la cantidad de dividendos que ha repartido Gasur a Riogás durante este período. Para hacerlo más bruto, como nos califica el directorio de Riogás a los trabajadores, qué cantidad de plata le paga Gasur a Riogás por concepto de inversiones y en qué se invirtió; los sueldos de la plana gerencial de Gasur; las multas pagadas por Gasur a la Ursea y por qué concepto. Entonces, de esta manera -vuelvo a tomar las palabras del directorio de Riogás-, se evaluará quiénes son los delincuentes.

SEÑOR GIRALDEZ (Guillermo).- Colaboro en la parte directriz del sindicato de la Asociación de Trabajadores de Riogás.

Nuestra exposición consta de dos partes. La que tiene que ver con los datos, a la que refirió la compañera, y otra más informal que pretende empapar a la Comisión sobre la situación puntual que estamos viviendo hoy, que es de público conocimiento. Les entregamos una documentación -la idea es que les llegue a todos- en la que se puntúa el proceso a lo largo de un año y pico, que entendemos redunda en esto de hoy, en la conflictividad que tenemos dentro de la planta y en este relacionamiento con los inversionistas. Básicamente queríamos ponerlos en conocimiento de todo lo sucedido y tratar de involucrar a la Comisión en lo que se pueda hacer. A nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social nos encontramos en un laberinto sin salida. No hay muchas soluciones; estamos estancados en este conflicto y no hay salida. Se ha hecho todo a nivel de los ministerios y se han tomado todas las decisiones políticas que son posibles para que se revea esta posición, pero la empresa se mantiene totalmente hermética al sentido común y a sentarse a dialogar. Los trabajadores no vislumbramos la intención de esto. Se trata de una empresa que tiene una concesión con un organismo del Estado y que se está peleando con el Estado, agrediendo a trabajadores y a los mismos estamentos del Estado. Ni siquiera está respaldada por la Cámara Uruguaya de Gas Licuado o por las propias empresas del rubro y de más está decir la conflictividad que tiene con los trabajadores. La expectativa es ver desde la Comisión de Legislación del Trabajo cuáles son las acciones que se pueden tomar para encontrar la salida a esto. Por más que hemos hecho el mayor esfuerzo para afectar lo menos posible a la población liberando las otras plantas, gas a granel y distintos sectores de Riogás, igualmente se va a ver afectada por los colores y demás, y por cómo se está trancando el envase. Sin duda, se va a desembocar en esa realidad.

Venimos con las cuentas arriba de la mesa a contestar lo que quieran preguntar.

SEÑOR PLACERES (Daniel).- Gracias por haber venido a la Comisión.

La empresa ha divulgado los ingresos y me parece que estaría bueno que el gremio aclarara algunos aspectos en ese sentido. También quisiera saber lo relativo a las horas extra, si existen o no, y lo que tiene que ver con los zafrales y con el segundo turno, si es que los trabajadores se fueron, fueron a otro turno o si ese turno se cortó; básicamente tengo esas preguntas para hacer. He rescatado algunas opiniones de algún compañero de ustedes y de la propia empresa, pero me quiero hacer un escenario más global.

(Diálogos)

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Voy a hacer una consulta que me parece que puede ser útil con relación a algunos temas que se han manejado públicamente en el contexto de este conflicto que a todos nos aflige.

Voy a dejar una constancia con relación a la primera parte que tiene que ver con el diseño de la actividad, del negocio, y con los datos que nos proporcionaron, que son muy bienvenidos. Este es un debate que está bien que se plantee y que abordaremos. Tal vez sea oportuno -no sé si la ocasión es aquí y ahora- que el Parlamento acometa ese análisis en algún momento. La semana que viene está previsto que a la Comisión de Industria, Energía y Minería -que es la que tiene que ver con los temas relacionados a la energía-, comparezca la ministra Cosse. Yo mismo promoví esa convocatoria con agenda abierta por distintos temas relacionados con la situación de Ancap, y este puede ser uno de ellos. Me llevo estos datos con mucho interés y mucho gusto. Me consta que la ministra Cosse ha estado haciendo algunas consideraciones en estos últimos días sobre temas de fondo, así que eventualmente podremos ocuparnos de este asunto en el ámbito del Parlamento.

Quiero hacer una consulta bien concreta con relación al conflicto. Está claro que aquí hay desencadenantes que tienen que ver con algunos despidos que se han producido. Por ejemplo, está la situación de Maldonado y la de los zafrales. La empresa dice que los trabajadores son zafrales y ellos dicen que hubo una omisión en cuanto a que no se les dio el preaviso correspondiente. No conozco los detalles y sería interesante conocerlos. También se ha dicho por parte de la empresa a lo largo de esta situación que ya lleva mucho tiempo -más del que todos quisieran, durante el que ha habido acusaciones y consideraciones cruzadas de todo tipo y color- que en el fondo hay temas de carácter salarial y que esto no se vincula solamente con los despidos. Entre otras cosas, se ha dicho que en algunas de las líneas de la empresa -creo que en el sector del granel y la reparación de las garrafas- habría demandas salariales -que no digo que no sean legítimas- que el sindicato estaría impulsando y que hay un convenio salarial que no está aprobado ni homologado al que se habría arribado en el ámbito tripartito con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que en principio -quiero saber si esto es así- habría resuelto el tema salarial, por lo menos, durante la vigencia del convenio, pero que sin embargo el sindicato en esos sectores, por razones que pueden ser compartibles o no, estaría planteando reivindicaciones de tipo salarial. No sé si esto es así o no; simplemente traslado la versión porque me parece conveniente y sano que los trabajadores den la suya.

SEÑOR GIRALDEZ (Guillermo).- Vamos a ser claros como lo hemos sido en todos lados. Los laudos reales están homologados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero hay acuerdos bipartitos dentro de cada empresa que los mejoran. Los salarios nominales que se publican no son los reales. Los trabajadores de Riogás detuvieron sus actividades y están fuera de las plantas por los despidos. Las negociaciones de mejoras salariales y demás siempre se llevaron a cabo en el ámbito de las mesas de discusión. Las medidas de hoy no son por reivindicaciones salariales, sino por el levantamiento de los despidos, el recupero del segundo turno que se eliminó y esos zafrales mal llamados zafrales, porque el zafral trabaja del 1º de abril al 30 de setiembre y estos zafrales tenían tres o cuatro años de continuidad; por lo tanto esa figura no la cumplen. Con la reposición de ese segundo turno y de los puestos de trabajo los trabajadores entrarían a trabajar. Los demás aspectos, no solo el salarial sino la salud, la seguridad y muchas otras cosas que estaban pendientes, se llevarán a un ámbito que va a tener que ser siempre tripartito en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a una mesa de negociación como corresponde. No se están tomando medidas por reivindicaciones salariales. Ahí es donde las empresas embarraron la cancha. Puede ser que algún trabajador haciendo 140 horas extra, dobles o triples se acerque al salario nominal que figura públicamente, pero ese no es el salario nominal de todo el año, el nominal real. Se entra a la página del ministerio y se ve cuál es el valor de la hora de los trabajadores; no hay muchos misterios con respecto a eso. Sí hay beneficios que mejoran los ingresos de los trabajadores del supergás como pueden ser los aguinaldos dobles -eso también está homologado y se puede ver- o un salario vacacional extraordinario que se suma al salario vacacional real; eso es verdad. Pero los que se mostraron como salarios normales no son los salarios normales de los trabajadores del supergás.

Con respecto a las horas extra, sí, en tiempo de zafra son muchas. Yo he llegado a tener 34 horas de recorrido adentro de la planta, veinte y pico, diecisiete, dieciocho. Y con esa cantidad de horas cualquiera duplicaría o triplicaría su salario. Eso no se esconde, es real.

Entendemos que el segundo turno es absolutamente necesario. Por ejemplo, en enero y en febrero, cuando un turno entra de licencia el turno que queda trabajando tiene que hacer horas extra para suplir la demanda de supergás. El segundo turno salió de una negociación con Ancap que entendemos terminó pagando el consumidor, y se cometió un error: cuando se abrieron las paramétricas -o no sé qué fue que pasó- para costear ese segundo turno por la reducción de la carga horaria no quedó asentado que la apertura de las paramétricas o el aumento de los ingresos de la empresa eran para costear el segundo turno. Ahora la empresa elimina el segundo turno y obtiene dividendos de esa eliminación. A su vez, el segundo turno es totalmente necesario

En la información que les trajimos para aclarar la situación dice que FUTS y los trabajadores del supergás mantenemos este conflicto en tanto no se revea la decisión autoritaria de los despidos. Levantado eso de la mesa y puesto en discusión en un espacio tripartito con ámbito de negociación las medidas se detienen y se entra a trabajar con normalidad.

SEÑOR PRESIDENTE.- En el material que nos han dejado hay expresiones, capturas de pantalla de twitter que creo no es conveniente dejar en la carpeta de la Comisión.

(Diálogos)

SEÑOR PUIG (Luis).- En cuanto a mantener en carpeta lo que se divulgó en las redes sociales, creo que se hizo con un objetivo muy claro de hostigar a los trabajadores y al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, personalmente me parece que debería figurar.

En esta Comisión hay una profusa documentación de la situación de los trabajadores del supergás y de su relacionamiento con las empresas. En 2010 nos tocó recibir a la primera delegación de los trabajadores del supergás que entonces creo que era una coordinadora de sindicatos del supergás. En ese momento, nos presentaron una serie de denuncias de las condiciones de trabajo y, posteriormente, recibimos a una nutrida delegación de la Cámara de Gas Licuado que rechazó todas las afirmaciones del sindicato. Ergo, la Comisión decidió visitar las diferentes plantas de supergás -Riogás fue una de ellas- y en aquel momento -en una visita anunciada-, un lunes, nos llamó poderosamente la atención la larga fila de camiones que esperaban para cargar garrafas, que se estibaban en cuarta fila, a 2,8 metros de altura. Nos dijeron que había orden de las empresas de trabajar a un ritmo mucho más lento que el habitual. El sindicato había denunciado que una de las condiciones que afectaba a los trabajadores eran los ritmos de trabajo y ese lunes -que iba la Comisión de Legislación del Trabajo y la Inspección General del Trabajo- las empresas ordenaron que se trabajara más lento. Más allá de esa orden pudimos constatar que todas y cada una de las denuncias del sindicato se corroboraban en los hechos. Tanto es así que los trabajadores presentaron un informe de la cátedra de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina que analizaba cada puesto de trabajo y los efectos en la salud que el desarrollo de la tarea tenía en las condiciones que imponía la empresa. Fue así que pudimos comprobar el sobreesfuerzo físico de los trabajadores al estibar las garrafas hasta en la cuarta fila. En este caso, algunos jerarcas de las empresas nos dijeron: “Podrán comprobar que se trabaja sobre una plataforma”; les preguntamos si también se usaba esa plataforma para descargar las garrafas. Evidentemente, no, porque cuando las garrafas llegan a destino -en Montevideo o en el interior- los trabajadores no contaban con esa plataforma.

También comprobamos la exposición a gases tóxicos, a thinner, a pintura, sin respetarse ninguna de las normas de salud laboral vigentes.

Asimismo, a instancia de los trabajadores preguntamos cómo se chequeaban las garrafas que se entregaban en los domicilios; pudimos comprobar que no se hacía el chequeo de resistencia mecánica de las garrafas. Es decir, la orden de la empresa era no realizar ese chequeo a garrafas que tenían más de doce años, como lo establece la URSEA, y por eso las garrafas llegaban a los domicilios sin la seguridad mínima por el trabajo que se estaba realizando. Esta fue otra de las denuncias que pudimos comprobar porque no daban los tiempos para que las garrafas que salían de las plantas fueran chequeadas.

También percibimos situaciones dignas del siglo XIX. Por ejemplo, en una planta -no era en Riogás-, se hacía arenado a presión, y sin duda la exposición al polvillo y el riesgo de contraer silicosis eran altísimos. Sin embargo, todo esto fue negado por la Cámara de Gas Licuado.

Esta Cámara ha estado muy locuaz los últimos días, concretamente, la dirección de la empresa Riogás, tratando de generar dudas con respecto al reclamo de los trabajadores, que no están basados en cuestiones salariales, sino en las condiciones de trabajo y en el rechazo a los despidos.

Creemos que lo que informa la delegación en cuanto a lo que invierte el Estado -coincidimos con que la gran mayoría de estas inversiones las debería hacer la empresa que terceriza y no el Estado- no nos llama mucho la atención porque durante décadas el Estado uruguayo ha sido funcional a los intereses y ganancias de las empresas privadas, y más allá de que algunos digan “Bajen el costo del Estado por favor”, son sectores que reciben subsidios, aportes de la sociedad, y hablan así cuando no les va tan bien como de costumbre.

En síntesis, el aporte que hace el sindicato es importante y, por eso, vamos a solicitar la información que nos plantea el sindicato y, al mismo tiempo -lo decidirá la Comisión-, sin pretender sustituir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, nos vamos a ofrecer para propiciar un ámbito de intercambio que permita salir del conflicto -que preocupa a los uruguayos-, que está planteado en una sola empresa. Habría que pensar cuál es la responsabilidad de esa empresa en ese sentido porque claramente no es un cataclismo lo que provoca la situación que se está viviendo sino sus decisiones, por ejemplo, los despidos.

Por lo tanto, estamos a entera disposición de las partes para lograr un acercamiento.

SEÑORA BUENO (María).- Soy abogada del sindicato más o menos desde 2008.

Participé en todas las negociaciones, tanto del Consejo de Salarios como de las bipartitas y tripartitas.

La empresa publicó los ingresos de los trabajadores, que surgen claramente de la página del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y en Consejos de Salarios, Grupo 10, Subgrupo 21, 22 y 23, surge claramente cuáles fueron los laudos determinados en cada categoría. Quiero recalcar que ninguno de estos laudos, ni siquiera con el acta de ajuste firmada para julio de 2016, son los mismos que lamentablemente la empresa ha proporcionado a la prensa. Esto es lo primero que debe quedar claro a esta Comisión.

También se preguntó sobre las horas extra. Históricamente los trabajadores han denunciado la falta de personal en la empresa Riogás. La única solución que encontró la empresa para cubrir esta falta de personal es la realización de horas extra que, a nuestro entender, son perjudiciales para el trabajador, porque implican un desgaste mayúsculo y hoy hay varios casos registrados en el Banco de Seguros con lesiones irreversibles en la columna vertebral. Por lo tanto, los trabajadores no estamos de acuerdo con las horas extra.

Se han alcanzado algunos acuerdos para paliar esta situación y nos reunimos en la tripartita superior de salud del GLP. Se planteó paliar esto con una gimnasia especial y con rotación de personal. La rotación se podría hacer siempre y cuando exista un plantel apto para cargar garrafas cargadas de 32 kilos. Sin embargo, si falta personal y la empresa no procura contar con un plantel mínimo para empezar a cargar, lamentablemente, el trabajador que está en la planchada seguirá trabajando sin hacer la gimnasia especial y sin rotar. Entonces, las horas extra han pasado a ser cuasi una obligación para los trabajadores porque si no el trabajo no sale.

A veces el trabajo no sale porque no hay cantidad suficiente de garrafas en la empresa Riogás. Por lo tanto, si hay supergás, no tiene dónde envasarlo, porque la empresa no ha invertido para comprar la cantidad suficiente de garrafas.

A esto debemos sumar que muchas veces, para cumplir con la dotación necesaria para cargar, la empresa retira personal de otras áreas, por ejemplo, del área de reprueba, área esencial para saber en qué condiciones salen las garrafas de la planta. Por supuesto, no es lo correcto, pero los trabajadores siempre tuvieron que acceder porque, como sucedió hace no mucho tiempo, cuando decidieron no hacer horas extra fueron sancionados, y este es uno de los orígenes del conflicto que arrastramos desde octubre del año pasado.

Cuando se pregunta sobre los acuerdos bipartitos o que la empresa se ha encargado de decir que los reclamos actuales de los trabajadores son salariales, aclaro -y subrayo que actué personalmente- que los acuerdos bipartitos son históricos, en esta como en otras empresas; lo que se fija en el Consejo de Salarios es el laudo. Muchos beneficios -sobrelaudos o plus por cantidad de garrafas- son históricos; cuando empecé a trabajar como asesora del sindicato, ya existían. El problema se planteó en octubre del año pasado cuando, antes de firmar el convenio colectivo, la empresa quedó en contestar a los trabajadores de granel y reprueba un planteamiento de acuerdo bipartito. Ese proyecto se envió desde mi escritorio a la empresa solicitando una respuesta; la empresa nunca contestó sobre el proyecto de acuerdo bipartito que básicamente era una renovación de los históricos acuerdos bipartitos.

Con respecto a la pregunta del segundo turno y a lo que dice la empresa de que el que incumple es el sindicato, debo informar a la Comisión que en la misma página del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Grupo 10, Subgrupos 21, 22 y 23, surge que este año en el convenio colectivo se plasmó una cláusula -que si no me falla la memoria es la 21- por la cual las empresas se comprometen a notificar al sindicato cualquier tipo de modificación que implique un número de trabajadores o cambio de condiciones de trabajo, secciones, etcétera, en un plazo previo de treinta días para abrir la negociación y escuchar su opinión. La empresa violó el convenio, dado que no notificó treinta días antes, y simplemente publicó en la cartelera que el segundo turno dejaría de funcionar, lo que implicó la baja de once trabajadores. Evidentemente, si con dos turnos no se puede cubrir las necesidades de la población, con uno solo es imposible.

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Quiero dejar constancia de que me tengo que retirar por una cuestión familiar, pero quedo a las órdenes para colaborar y sortear esta situación.

SEÑOR DOMÍNGUEZ (Ernesto).- El conflicto dejó de ser un problema puntual en Riogás e involucra a todos los trabajadores del supergás porque a la planta de Riogás los trabajadores de Ducsa y de Gasur no pueden entrar para realizar sus tareas. También afecta directamente a los trabajadores de las otras dos plantas, de Acodike y Megal, por cuanto la base del conflicto son los puestos de trabajo. Es muy importante que se conozca la dotación necesaria para operar una planta. Por ejemplo, se estipulan mínimos y existen tres plantas con características similares. En Megal se necesitan 26 personas para operar la planta, en Acodike, 28. La dotación es parte crucial de la discusión para que la garrafa salga a la calle en condiciones seguras, como así también que el camión que transporta el gas a granel esté en condiciones y no en el estado que hemos denunciado a la Inspección General de Trabajo y en esta Comisión, porque las empresas no toman los recaudos para que las tareas se desarrollen en condiciones óptimas. Las familias deben recibir el producto en las condiciones debidas. Y nuestros graneleros deben subir a un camión para llevar 6.000 kilos de gas y repartirlo en todo el Uruguay y el camión termina volcando porque no se toman precauciones.

Esta Comisión es testigo de todas nuestras denuncias de las condiciones de trabajo, por ejemplo, como dijo Luis Puig, de la exposición al thinner y a la pintura, al arenado, al plomo, a la estiba en cuarta fila. Por eso, todos los años discutimos la reestructura del sector y de los zafrales. Todos los años las tres plantas toman zafrales para complementar la plantilla de trabajo porque la demanda de gas aumenta y la cantidad de personal sigue siendo la misma y cada vez está más estropeado y lastimado.

Lo que quiero puntualizar es que esto afecta a las tres plantas. El foco está en la planta de Riogás, pero involucra a todos los trabajadores del supergás. Y quiero dejar en claro que esta discusión es por puestos de trabajo; no es por salarios ni horas extras, que están debidamente argumentados en la planta de Riogás y en las otras dos plantas, la de Acodike y la de Megal

Podremos discutir si puede haber una persona más o menos, pero no podemos eliminar un turno que surge de un convenio firmado entre el sindicato de rama y la cámara en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En 2011 se celebra un convenio por el que pasamos a trabajar cuarenta horas por salud y seguridad. Al día de hoy, con las tres plantas operativas, con el cien por ciento del personal e, inclusive, horas extras, no se satisface la demanda de GLP. De la noche a la mañana no se puede eliminar un turno y afectar a un montón de familias por el capricho de una empresa que no se quiere sentar a conversar sobre los temas que es de orden analizar para arribar a acuerdos.

Este es un conflicto que debemos resolver entre todos, que es muy grave y nos involucra a todos, tanto a la población como a los trabajadores.

Lo que les pedimos es que se involucren en esta problemática y traten de que esta empresa se siente a la mesa para reencauzar la situación y que los trabajadores volvamos a la realidad de un mes atrás, cuando todos estábamos trabajando en las plantas, tratando de cumplir con nuestra tarea y de dar la discusión en la mesa, que es donde se logran los acuerdos.

SEÑOR RIVERÓN (Favio).- Antes que nada, agradecemos el espacio que se nos dio; damos por descontado que van a hacer gestiones. Nos reservamos nuestra opinión sobre el resultado de las gestiones en virtud de lo que hemos visto, sobre todo en el accionar de la empresa Riogás en esta última etapa de la relación.

A los trabajadores nos llamó poderosamente la atención que esta situación conflictiva se generalizara de esta manera luego de que, sobre el final del acuerdo del último convenio colectivo del sector, hiciéramos énfasis en la creación de una comisión en la que se discutiera toda la cadena productiva del supergás en el Uruguay. Esto involucraba a todos los actores: Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ancap, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ursea. Entonces, nos llama poderosamente la atención que se intente esta situación de conflicto para distraer un poco la puntería en esa zona. Creemos que esa es la verdadera intención de fondo de la empresa a fin de no discutir, sobre todo algunas cuestiones atadas a convenios o acuerdos que hace años hay entre Gasur y los diferentes sellos madre. De ahí lo que se planteaba en cuanto a la creación de un ámbito en el que no solamente se pueda discutir la salida de este conflicto puntual, sino algunas cuestiones que hacen al trasfondo de esta relación: la situación de las condiciones de trabajo y los puestos laborales, porque tenemos claro que, seguramente, en unos años la regasificadora de una u otra manera va a afectar esta zona y, a esta altura, los trabajadores también quisiéramos discutir la reconversión de algunos puestos de trabajo. Lamentablemente, todo esto termina quedando para un segundo turno porque se genera un conflicto de estas características.

A la cuarta propuesta que se hizo por parte de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Industria, Energía y Minería dijimos que sí, cambiamos la marcha de las medidas que veníamos adoptando, en pos de que se generara el ámbito necesario y en todos los casos ha sido la empresa la que ha dicho que no y no se ha presentado a negociar.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Trataremos de citar a la empresa para la semana que viene y nos mantendremos en contacto respecto de los avances. Y, por supuesto, si hay necesidad de mediar, la Comisión estará para ayudar y juntar a las partes.

Agradecemos su presencia.

(Se retira de sala la delegación de trabajadores de Riogás)

(Ocupa la Presidencia el señor representante Puig)

(Ingresa a sala una delegación de trabajadores de Frigosalto- Somicar)

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Puig).- Damos la bienvenida a una delegación del sindicato de Frigosalto, integrada por su presidente, vicepresidente y secretario, señores Miguel Lenu, Heber Duarte y Óscar Larrosa, respectivamente, quienes asisten acompañados de representantes de la Federación Obrera de la Industria de la Carne -Foica-, señores Ariel Yakes y Eduardo Anza, y por el delegado del PIT- CNT señor Óscar Andrade.

SEÑOR ANDRADE (Óscar).- Agradecemos a la Comisión que haya hecho un hueco en una agenda muy complicada. Hubiera sido complicado dejar para mañana este encuentro, teniendo en cuenta que los trabajadores vienen del norte del país y están en medio de un conflicto muy duro en el frigorífico de Salto.

Por otra parte, la situación que se da en el frigorífico Frigosalto es muy grave. El punto de partida de esta circunstancia conflictiva tiene que ver con una coordinación de asambleas que desde el plenario local se están realizando a los efectos del tratamiento de distintos temas. Uno de ellos tiene que ver con un debate acerca de la seguridad social y la salud laboral, básicamente, con respecto a las condiciones de la salud en el trabajo frigorífico. Como saben, antes de la dictadura la industria frigorífica tuvo un margen de cómputo especial jubilatorio y estamos trabajando con la Cátedra de salud laboral para un abordaje integral del tema de salud laboral y seguridad social

Otro tema tiene que ver con que la industria frigorífica está cerca de una nueva ronda del consejo de salarios y es claro que el proceso de preparación rumbo a la negociación colectiva es fundamental; desde el Instituto Cuesta Duarte se está dictando una serie de cursos de formación sindical en materia también de salud laboral.

Otro tema tiene que ver con incorporar al debate que está en el Consejo nacional de salud y seguridad en el trabajo la perspectiva de la industria frigorífica, que tiene uno de los porcentajes más altos de trabajadores que terminan jubilándose en condición de discapacidad, producto del efecto que generan las condiciones de trabajo en la salud.

En este caso, fue imposible coordinar con la empresa una hora para realizar la asamblea en condiciones normales. Entonces, los compañeros plantearon la posibilidad de realizarla en la media hora de descanso. El día que se coordinó la asamblea, la empresa prohibió el ingreso de representantes del PIT- CNT, aun en la media hora de descanso, por lo que la decisión de los compañeros fue realizarla en la puerta del frigorífico. Ahí se dio una situación sorprendente porque la empresa ordenó al personal de seguridad impedir a los trabajadores ir a la asamblea. Es insólito que se pretenda trancar los portones para que los trabajadores no puedan concurrir, en su media hora de descanso, a la asamblea sindical. De todas formas, los compañeros concurrieron a la asamblea sindical. En ese momento, hablamos con los guardias de seguridad para que no generaran una circunstancia de tensión.

A su vez, se dio otra circunstancia muy curiosa, y es que los dueños de la empresa -el padre, el hijo- y algunos jefes de recursos humanos fueron a la asamblea a filmar lo que ocurría, tratando de interrumpir la reunión. Fue algo insólito. Esto ocurrió el 18 o 19 de agosto y terminó en una larga discusión con los dueños respecto de actitudes que no tienen nada que ver con un comportamiento normal.

El problema es que ya entrado el mes de setiembre, uno de los trabajadores que participó de esa asamblea decidió incorporarse al sindicato de base y llevó la planilla de afiliación sindical y lo que recibió, en una práctica más que habitual de esta empresa, fue el rechazo. La empresa no aceptó la planilla de afiliación al sindicato con el pretexto de que debería tener el sello del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Entonces, el trabajador se fue con la planilla al Ministerio y cuando volvió, lo habían despedido, con el argumento de que no estaba afiliado al sindicato al momento del despido porque todavía no habían recibido la planilla de afiliación sindical. Esto fue un sábado y para el lunes se había previsto una instancia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por un conjunto de irregularidades que todavía existen desde el punto de vista de la categorización de los turnos. Es decir que, en medio de una instancia abierta de negociación por otros temas, se da la circunstancia de despido en estas condiciones, lo que generó que los compañeros tomaran medidas a partir del día lunes. El frigorífico estuvo una semana en huelga, en medio de actitudes antisindicales cada vez más duras. El domingo posterior al inicio de la huelga, ante una acción de amparo iniciada sobre todo por personal jerárquico y que está en período de prueba, los trabajadores decidieron levantar la medida y adoptar otro tipo de resoluciones que tienen que ver con la organización interna del trabajo. En medio de esas circunstancias se dieron situaciones más duras.

Esta semana, hicimos una denuncia ante la sección jurídica del Ministerio y ante la empresa en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En medio de esta circunstancia conflictiva, algunos compañeros decidieron afiliarse al sindicato; de hecho se han elegido nuevos delegados y se ha fortalecido la organización sindical. Pero la empresa decidió no aceptar más afiliaciones al sindicato; como si fuera una de sus facultades. Y lo hace de manera curiosa: colgando un cartel en el que se indica que no se reciben más comunicaciones del sindicato. Esto me hace acordar a los decretos de Bolentini cuando definió que la CNT no existía. Si tenemos en cuenta que estamos en el siglo XXI esto es más dramático: decidió que el sindicato no existe.

Además, generó una serie de convocatorias a trabajadores por fuera de la organización, instigando sobre todo al personal que está en período de prueba, que está en una condición más vulnerable, a tomar acciones colectivas para derribar a la organización sindical. Ellos tomaron veinte trabajadores de Paso de los Toros, usando como criterio de selección que no haya posibilidad de que integren la organización sindical ni adhieran a medidas. Estos compañeros están en período de prueba. Tenemos denuncias que son difíciles de colocar con nombre y apellido porque se trata de trabajadores contratados recientemente, en esta última semana, que vienen de otro departamento.

En las instancias en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, esta Cartera hizo una propuesta alternativa, y era que el trabajador tomara la licencia anual correspondiente, que se levantara la causal de despido y el trabajador ingresara al seguro de desempleo por dos meses, período en el que se abriría una instancia de diálogo para ver si encauzamos un conjunto de situaciones que están muy complicadas. A pesar de que discutir con el trabajador desafectado no era el escenario ideal para la negociación, después de una discusión con los compañeros, aceptamos abrir ese camino de diálogo. Sin embargo, la empresa rechazó la posibilidad de sentarse a discutir, lo que nos genera cada vez más certeza de que el problema que está arriba de la mesa no es un despido, ni las diferentes valoraciones que pueda haber sobre él, sino una práctica antisindical en toda la línea, de grosería, en términos de no respeto de nada, lo que hace que no sea solamente un problema de los trabajadores del frigorífico ni siquiera de Foica, sino de algo más general, del conjunto del movimiento.

Hoy decidimos pasar el tema al Consejo de rama de la Federación de la carne. Además, esta es una empresa integrante de la cámara frigorífica; o sea que integra la representación gremial. Queremos ver, como PIT- CNT, cómo logramos rodear una circunstancia que es de una agresividad brutal.

Otro componente de esta situación que hace que todavía sea más compleja es que la empresa no es dueña del frigorífico, que es municipal. El frigorífico es de la Intendencia y la empresa lo usufructúa en comodato. Pero debe hacerlo en el entendido de que el componente de relaciones laborales debe ser respetado. Y aunque no fuera parte del acuerdo, debe respetarse porque es parte de la normativa general.

Nosotros no tenemos nada contra los trabajadores que vienen de Paso de los Toros, porque sabemos que los están usando de carne de cañón, pero queremos decir que, además, este comodato se dio con la condición de priorizar la mano de obra local. Lo que claramente se pretende es generar condiciones en las que no se puedan aplicar medidas, trayendo personal no sindicalizado, con un componente de mayor vulnerabilidad por estar en período de prueba. Eso dice de una práctica muy agresiva de la empresa contra la organización sindical.

Hemos hecho todos los esfuerzos posibles por encauzar la situación sobre la base del diálogo y la negociación, pero se hace muy difícil porque acá la lógica empresarial ha sido siempre redoblar la apuesta: ante una medida, viene una medida antisindical más gruesa. Cuando el Ministerio hizo su propuesta, la respuesta del empresario en la reunión fue sonreír y decir, en una lógica grotesca: “Acepto porque sé que igual no voy a negociar nada”, aunque después la rechazó.

Cabe señalar que este es uno de los sectores que genera más riqueza en el país, con importantísimos volúmenes de exportación. Ustedes conocen la situación que se dio el año pasado con un trabajador de Frigocerro, en Durazno, que perdió un brazo y estaba sin registro en la seguridad social, jubilado, en condiciones de trabajo muy precarias, pero circunstancialmente enfrentó las condiciones laborales más duras. Nosotros tenemos que trabajar en el árbol y en el bosque: tratar de resolver el despido arbitrario producto de una práctica represiva en toda la línea, que claramente intenta quebrar la organización sindical, pero a la vez pensar que hay un esfuerzo enorme por trabajar más cerca de estas circunstancias de condiciones de trabajo.

No descartamos ninguna medida. Es probable que también presentemos una acción de amparo judicial a los efectos del reintegro que establece la ley de libertades sindicales, que convoquemos para ver qué acciones generales podemos tomar en la rama en su conjunto. Esto lo vamos a discutir en el Consejo de Salarios. Vamos a instalar una negociación con la Intendencia para que tome medidas a los efectos de presionar, pero sabemos que la Comisión, con las limitantes que tiene, nos ayuda a dar estado público y esperamos que las acciones que pueda tomar, que en muchos casos no son vinculantes, ayuden por lo menos a que no sea impune una práctica de esta naturaleza.

Ese es el motivo por el que teníamos urgencia en informar respecto de las circunstancias que están viviendo los obreros del frigorífico.

SEÑOR CATTANI (Carlos).- Queremos referirnos a otro punto de vista que tiene que ver con las responsabilidades de los trabajadores, que nosotros reivindicamos. Cuando decimos que queremos negociar una categoría o tener una mejor forma de vida, apostamos a que la carne sea de altísima calidad. Eso paga lo que nosotros reivindicamos.

Estamos trabajando para una industria que es la más importante del Uruguay. Cuando la soja cae, en este país no se nota, pero cuando la carne cae por un problema de aftosa, sí se nota. Los trabajadores de la carne de Salto somos zafrales. Ahora tenemos una zafra importante: veinte o veinticinco días de trabajo. Un trabajador especializado o que está en una categoría alta gana un promedio de $ 23.000. Esa es la realidad que tenemos frente al producto que estamos trabajando. Eso no deja de lado que seamos responsables.

Hay dos cosas que tendrían que estar arriba de la mesa. Nos parece importante que el Parlamento nos escuche. Existe un contrato de comodato de la Intendencia de Salto por el cual explota esta empresa, siendo responsable de las relaciones laborales y del respeto elemental y humano que tiene que haber. Esto lo denunciamos. Me refiero al trato que existe desde las jerarquías hacia los trabajadores y al atropello del dueño, que tiene impunidad frente a todo esto. Voy a dar algunos ejemplos.

La jornada de la carne se divide en paros de horas -cada dos horas se para: una vez, diez minutos; otra, media hora; otra, diez minutos y luego se termina- porque el trabajo que se hace es altamente estresante. Se trabaja con cuchillo, en condiciones de altísimo riesgo. Esto hace que sea estresante. La relación tiene que ser de muy buen nivel. Esto es lo que estamos exigiendo, que no se hace.

La Intendencia de Salto plantea en el comodato una particularidad importante, que es un punto de vista social de la explotación y hasta pone números: cuarenta mil ovinos explotados entre los productores pequeños de la zona. Esto tampoco se cumple. En esto la Intendencia tiene responsabilidad. Hoy, llevan en un ómnibus a veinte trabajadores de Paso de los Toros. Los hacen trabajar ocho horas y los mandan de vuelta. Estas cosas están arriba de la mesa y son reales.

También nos preocupa la otra pata política fundamental: la responsabilidad que tiene el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre la sanidad de la carne. Por eso me refiero a la impunidad. Existe un protocolo en la carne que asegura la calidad del mercado, no solo interno, sino internacional. Esta empresa trabaja con ovinos y bovinos. Exporta ovinos y está trabajando para ganar el mercado ruso de los bovinos. Además, tiene el abastecimiento local. Hicimos denuncias al Ministerio -tenemos una carpeta en nuestro poder-, en donde consta la falta de sanidad que tiene el producto.

El Ministerio tiene una inspección veterinaria directa. Desde que el ganado entra a la planta, desde que se hace un descanso para matarlo, desde que se hace la faena hasta que se cuelga en una cámara de frío -lo que también es importante para desosarlo después- la inspección veterinaria debe tomar medidas. Por eso, los frigoríficos no venden carne; le venden a un tercero que compra al frigorífico y luego este le vende a las carnicerías.

Este proceso tiene problemas graves. Muchas veces no existe la inspección veterinaria. No estamos culpando a los trabajadores, sino que decimos que hay una estructura que se debe cumplir.

Además, un frigorífico no puede matar todo lo que pase al abasto, a no ser que sea chacinado. Tenemos fotos de todo lo que va al abasto.

Tengo más denuncias sobre el tema sanitario. Uno de los elementos más importantes en cuanto al mercado internacional es que Uruguay está exento de la enfermedad de la vaca loca. Cuando los sesos del vacuno se extraen, la bacteria se elimina; los sesos se queman o se hierven y esto hace que esté exento de vaca loca. En ese proceso se prohíbe matar con marrón. Los más viejos nos acordamos de la canción de Zitarrosa que dice que mataban con marrón. Eso está prohibido porque hace que el seso se desparrame por todos los lugares. Esto está pasando en el frigorífico.

Por otra parte, Dinama dio la posibilidad al frigorífico de matar ochocientos ovinos y está matando dos mil. Dinama le otorgó esta cantidad porque hay un tratamiento de efluentes que soporta ochocientos ovinos. Si matamos muchos más, excedemos la posible contaminación.

Estamos trabajando en una industria que tiene diecisiete mil trabajadores y sigue siendo la más importante del país. Esto, a nosotros, que estamos sindicalizados y tenemos responsabilidad, nos preocupa mucho.

SEÑOR YAKES (Ariel).- No es casualidad lo que está sucediendo hoy en Somicar. Formamos el sindicato en el año 2014. Inmediatamente, hicimos bipartitas con la empresa. Teníamos pocos socios. La idea de la Federación era formar un marco de relaciones laborales responsable, en el que se pudiera trabajar. Me refiero a la organización del trabajo, a las categorías, a que se cumpliera el laudo. En ese momento no se estaba cumpliendo. La idea era generar un ámbito de negociación en el que los compañeros fueran aprendiendo y participando.

Cuando formamos el sindicato, la empresa no estaba cumpliendo con los laudos. Fuimos arreglando algunas pequeñas cosas. En ese ínterin, tuvimos audiencias en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde acordamos -con actas- treinta categorías y reuniones bipartitas en la empresa, a efectos de formalizar el sindicato.

En ese lapso, al compañero secretario no lo citaron durante veintidós días porque era el delegado del sindicato. Se fue de la empresa, le hizo un juicio y se lo ganó. Desde ahí se vienen repitiendo acciones de amparo de trabajadores porque la empresa persigue al sindicato. Tiene el lema de que el mejor sindicato es el que no existe.

El presidente del sindicato se fue en su momento. Quedó otro compañero joven. Tratamos de amalgamar el sindicato. Pero esto que está pasando hoy en la industria no es casualidad. Tuvimos el conflicto con Ortiz. Hace poco, tuvimos una negociación colectiva en la tripería Aberdeen, donde llegamos a un acuerdo colectivo. Luego, se despidió al presidente del sindicato y a un delegado sindical. Ya hemos ganado recursos de amparo. Ahora, está la situación de que un compañero se afilia al sindicato, se lo persigue y se lo echa. Siguen haciendo lo mismo.

La empresa ha sido bien clara: no coordinará nada con el sindicato. Lo dijo el propio dueño.

Estamos en alerta máxima con esta situación. En la negociación colectiva aspiramos a tener un buen relacionamiento laboral, de organización del trabajo. Un día se cita al trabajador a las doce de la noche; otro, a las cuatro de la mañana; otro, a las seis de la mañana; otro, al mediodía. Los trabajadores no tienen vida propia. Se hacen horas extra permanentemente. Si hacés horas extra sos bueno; si no, sos malo.

Hay una reiterada persecución sindical. Terminaron de contratar a veinte trabajadores de Paso de los Toros, violando el comodato y diciéndole a los trabajadores, lisa y llanamente, que no integren el sindicato; de lo contrario, no van a trabajar.

Esto es más que represión sindical. No hay palabras para describirlo.

SEÑOR NÚÑEZ (Gerardo).- Me solidarizo en función del espacio partidario al que pertenezco. Están pasando por una situación complicada. Nuestra idea es dar una mano en esta situación, que es de extrema gravedad. Hay desconocimiento de prácticas legales que, obviamente, están amparadas en muchas leyes que se han votado acá en los últimos diez o doce años; incluso, algunas tienen más historia.

Este grado de desconocimiento da como resultado las condiciones de precarización de trabajo, el despido y una fatiga vinculada a los trabajadores porque hay una presión muy fuerte. Hoy es este frigorífico, pero esto es algo que seguramente se intentará generalizar. Ojalá que no sea así.

Por estas razones, hay motivos suficientes para citar a la empresa y a la Intendencia de Salto. En otras ocasiones, ha habido situaciones similares; recuerdo el conflicto de los compañeros gráficos de J.C. Decaux. En este caso, actores institucionales públicos han dado en comodato la producción y explotación de instalaciones que hoy se utilizan como frigorífico y también se deben accionar los mecanismos necesarios para poder dar cumplimiento a lo que acá se está planteando. Los compañeros plantean la negociación en el ámbito ministerial, pero también se tiene que dar en el ámbito departamental y municipal, ya que se está utilizando un bien público que es de todos los uruguayos, sobre todo de los salteños.

En caso de que no se pueda concretar una solución, considero -y sé que esto será compartido por varios integrantes de la Comisión- que nos podríamos hacer presentes en el lugar de trabajo, así como realizar una reunión con la Intendencia de Salto. Recuerdo que el año pasado, cuando surgió el conflicto de transporte de Rivera, la Comisión viajó hacia allá, tratando de acelerar los procesos y los plazos.

SEÑORA MUTTI (Manuela).- Me sumo al planteamiento del señor diputado Núñez y me solidarizo con el conflicto.

Hace unos días, hablábamos con los trabajadores en cuanto a las dos responsabilidades primeras a las que debemos recurrir. Una es el comodato que existe con la Intendencia de Salto, que debemos apelar como Comisión para que se haga respetar y, en el caso de no hacerse, rescindirlo. Esta es una de las vías para poder presionar a la empresa, dado que en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no se ha logrado arribar a ninguna solución que sea afín a los planteamientos de los trabajadores.

Por otro lado, no son menores las denuncias que se realizaron en cuanto a la sanidad. Me gustaría que se explayaran más sobre esto. Cuando hablamos de la sanidad de un frigorífico, también hablamos de la salud de las personas, además de las condiciones en las que ustedes trabajan. Esto es realmente preocupante. Debemos elevar la versión taquigráfica al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y convocarlo, a efectos de que tome cartas en el asunto. Este tema es grave.

Los trabajadores trasmitieron un problema de contaminación cruzada por la falta de protocolos a la hora de realizar las prácticas laborales. Esto es grave para un frigorífico y también para nuestro Estado, porque puede perjudicar las exportaciones de Uruguay.

Defendemos las fuentes de producción de nuestro departamento. No esperamos que se termine con un frigorífico que da muchísimo empleo, pero sí que los trabajadores y la gente tengan garantías en cuanto a las cosas que consumen.

Es muy acertada la idea del señor diputado Núñez en cuanto a que la Comisión vuelva a ir a nuestro departamento. Una vez al mes, como mínimo, se trae un problema de Salto. Y eso refiere también a un tema de cultura departamental, de cultura que tienen los empleadores y quienes detentan los medios de producción en el departamento. Me parece que no sería menor que la Comisión se empapara acerca de cuáles son las problemáticas que tenemos e hiciera una recorrida, sumándose también al planteo y a la problemática que seguimos teniendo en nuestro departamento con la zafra de la naranja y otras situaciones que nos golpean de forma consecutiva, junto con la desocupación.

Entonces, está buena la propuesta, me sumo a ella y me parece que deberíamos hacer una convocatoria a la Comisión al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a la Intendencia de Salto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Mentiría si dijera que me sorprenden algunas prácticas empresariales. Lo que dijeron los integrantes de la delegación en cuanto a que para algunas empresas el mejor sindicato es el que no existe es una práctica permanente. Por tanto, también sería bueno remitir la versión taquigráfica de esta sesión a las diferentes cámaras empresariales, esas que permanentemente en los medios de comunicación dicen que la actitud intransigente de los trabajadores provocan conflictos en el país y afectan la producción, para, en todo caso, ilustrar sobre cuáles son las prácticas antidemocráticas que se desarrollan por parte de las empresas, porque reprimir una organización sindical es una práctica antidemocrática. La democracia se constituye a partir del respeto a normas básicas, entre ellas, la promoción del movimiento sindical, un movimiento sindical que ha sido el principal defensor de la democracia en este país. Por lo tanto, sería bueno que las cámaras empresariales fueran documentando las prácticas que en el país se desarrollan.

Comparto plenamente lo que plantearon el compañero Gerardo Núñez y la compañera Mutti con relación a la convocatoria a la empresa y a la invitación a la Intendencia de Salto, porque queremos ser muy claros: si estamos hablando de un comodato, un convenio entre la intendencia y quienes explotan el frigorífico, claramente quienes explotan el frigorífico deben avenirse al respeto integral de las normas, entre ellas, las normas laborales. Por lo tanto, plantearle también a la intendencia esa situación es fundamental.

Al mismo tiempo, es importante -si bien ya se viene trabajando en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social- invitar a la Inspección General del Trabajo, porque es fundamental que se sienta la vigencia de las distintas reparticiones del Estado en cuanto a hacer cumplir la normativa.

En cuanto a invitar al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, también es importante, porque la impunidad con que actúan determinadas empresas muchas veces tiene que ver con que desde el Estado no logramos acentuar los mecanismos de control y de hacer observar la normativa vigente. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con sanidad animal y con las distintas reparticiones del ministerio, es importante.

Y, sin duda, es importante una práctica que desde hace años viene desarrollando esta Comisión de presencia en los diferentes lugares, no porque la Comisión vaya a resolver la situación de conflicto, sino para coadyuvar ante una relación desigual entre los trabajadores y una empresa que se niega a reconocer al sindicato y que da un mensaje muy claro cuando despide a un trabajador por querer afiliarse al sindicato: le está diciendo al resto de los trabajadores que ese es el camino que van a seguir si se integran a la organización sindical. Esa práctica de escarmiento, que aplican sistemáticamente determinadas empresas, hay que resistirla, y los organismos del Estado deben contribuir a esa situación. Por lo tanto, me parece por demás recomendable que la Comisión se traslade a Salto y a los diferentes departamentos donde estas prácticas empresariales son permanentes.

En consecuencia, comparto lo que plantearon los compañeros de la Comisión.

SEÑOR PLACERES (Daniel).- Comparto lo que dijeron los tres diputados preopinantes. Creo que hay que apretar al intendente: hay un comodato. Hay que apretar al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a los servicios veterinarios. No puedo creer que ante la denuncia del gremio -que me parece lógica y respecto a la cual debe tener pruebas contundentes para mostrar-, la repartición encargada de la sanidad veterinaria del ministerio mire para el costado, cuando estamos arriesgando un mercado.

Salto le cae muy bien al ministro de Ganadería. No tenemos solo este lío, tenemos varios. Tenemos el lío de los citrus; también tuvimos el lío en ALUR, allá, en la caña. Entonces, es un momento para reflexionar, porque nosotros estamos en la Comisión de Legislación del Trabajo, pero parece que los servicios no ven estas cosas.

¿Estamos peleando para que haya un frigorífico autogestionado en Canelones y tenemos una intendencia que le brinda un comodato a un privado que no cumple ninguna norma? Hay que hablar con el intendente y decirle: “Bueno, ¿cómo es la mano? ¿Estamos o no estamos en condiciones para que la barra se organice para ahí también?”. Porque repito que estamos peleando por uno en Canelones; hace rato que estamos peleando. La clase trabajadora viene reivindicando la posibilidad de que ante las denuncias que hace, haya acciones. Entonces, si es así, el intendente tiene que participar; es más: hay que solicitarle una reunión y si vamos a Salto, hay que ir a hablar con él y que también nos acompañe a visitar el frigorífico, si nos lo permiten, porque una vuelta fuimos como Comisión por un tema del citrus y ni nos dejaron entrar. Después el exdiputado Andrade y sus oficios permitieron que entráramos. Pero eso no puede ser.

Es un momento interesante para hablar con todos los actores: con el Ministerio de Ganadería y los servicios veterinarios, con el intendente. Saludo a los compañeros trabajadores por haber venido hasta Montevideo, porque parece que Dios existe solo acá, pero hemos descentralizado el sistema. Uno va a cualquier frigorífico de matanzas que esté en Montevideo, sea de novillos sea de aves, y hay alguien del ministerio que certifica todos los días la matanza: todos los días, por un tema de sanidad. Entonces, si ahí se controla el servicio veterinario, debe haber actas que comprueben que eso se realiza en forma normal, etcétera; pero después, cuando ves la foto…

En esta Comisión me retracté cuando unos trabajadores del sector avícola hicieron una denuncia. Reconocí que cuando fuimos al lugar, era un desastre. Y es una autocrítica que me hago permanentemente, porque la persona que hacía los lobbies estaba muy bien vestidita, andaba en buena goma; yo no podía creer que tenía las condiciones que tenía, y cuando fuimos, nos sorprendió.

Está bien que vengan y hagan lobby, pero que después actúen como plantea el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Nos cuesta mucho a los trabajadores autogestionados mantener las condiciones que nos exigen las autoridades a veces; nos cuesta muchísimo. Ahora estoy acá, pero en años anteriores me ha costado; no había que demandar la ropa de trabajo ni el calzado de seguridad, porque uno había peleado por eso, entonces era irónico que a uno después le reclamaran lo mismo. Entonces, comparto que se invite al ministerio.

Y también hay que ir a Salto, tener una reunión con el intendente y que nos acompañe a recorrer el frigorífico, junto con el sindicato. Hay que doblegar la apuesta, porque capaz que después dicen cualquier cosa. Podemos invitar también a la Inspección General del Trabajo, además de los servicios veterinarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el intendente, para hacer la recorrida junto con el gremio. Hay que ampliar la mirada.

Después de lo que manifestaron los trabajadores, no creo que el empresario nos deje entrar, si no nos dejaron entrar la otra vez; tenemos que buscar la manera, y como es un predio de la intendencia, el intendente tiene una llave que nos puede permitir el ingreso y hacer la recorrida.

SEÑOR ANDRADE (Óscar).- Quiero reafirmar un elemento que es el que desencadena el conflicto.

Hasta ahora no hemos tenido ni una sola fundamentación de por qué despiden a este trabajador: ni una sola. Es más: el ministerio ha insistido en el sentido de que alguna explicación tiene que haber. Claramente es un trabajador que supera el período de prueba: tiene más de un año y medio. En reuniones bipartitas, el dueño llegó a decir que no le gustó cómo cerró la puerta del frigorífico el día en que se hizo esa asamblea, que fue veinte días antes de que se produjera el despido.

Un segundo componente es que es un trabajador que no tiene ninguna sanción, cuando hace más de un año que tenemos acordado de manera bipartita un esquema de sanciones previas. Y el tercero es que es un obrero de los más altamente especializados de la planta. O sea que claramente no hay ningún argumento en esa dirección que pueda fundamentar el motivo que es el desencadenante.

Solamente quiero agregar que circunstancias de estas demuestran la necesidad que el Uruguay tiene de avanzar en la dirección de convenios internacionales, como el Nº 158, que establezcan la prohibición del despido sin causa. Porque en última instancia, en lo que se ha amotinado la empresa es en decir: “Yo tengo derecho al despido libre”, o sea, casi una lógica de negociación según la cual el trabajador tiene que poner el pescuezo, la empresa la soga, y después vemos cómo sale cuando se junte en esa negociación.

Entonces, de lo particular a lo general, circunstancias de estas demuestran que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene terreno para avanzar -se lo hemos dicho- en el sentido de construir condiciones más claras. Porque acá claramente estamos en un conflicto que está provocado por esas circunstancias. Después, bienvenida toda iniciativa que ayude a mantener el tema en la opinión pública. La semana que viene vamos a ir tres días por temas que tienen que ver con la difusión del seguro de paro de los citrus, pero también con visitar el campamento de los compañeros e intentar encontrar márgenes civilizados que han sido imposibles hasta ahora, y claramente lo han sido por una actitud de intransigencia radical.

Les agradezco mucho el hueco que nos hicieron hoy en la Comisión.

SEÑOR ANZA (Eduardo).- Estoy muy agradecido de que la Comisión nos reciba para hacer los planteos que los trabajadores, a través del PIT- CNT, la Foica y el sindicato base, traemos hoy.

Quiero reafirmar lo que dijo Óscar Andrade. Hoy los propios negociadores del Ministerio les dijeron a los representantes de la empresa: “Todavía no sabemos ni tenemos idea de por qué despidieron a este hombre. Es imposible encontrar una argumentación, porque ustedes no la dan: 'Los despedimos porque se nos antojó. Si la empresa quiere despedir despide'“. El obrero no tiene una falta, una sanción, una amonestación verbal o escrita ni una llegada tarde, y es el que le ha enseñado el arte y el oficio a la mayoría de los compañeros en las diferentes secciones, porque es el más calificado de la planta. Pero tiene un problema y es que es un luchador y se plegó, junto con los compañeros, al sindicato, para poder pelear por sus derechos. Estas cuestiones tienen que quedar sentadas.

Un tema que fue gravísimo en el desarrollo de este conflicto es que cuando la empresa presentó el recurso de amparo en el juzgado junto con alguna gente de confianza y algunos trabajadores -la mayoría de los cuales no pasaron el período de prueba-, los citó en el Centro Comercial e Industrial de la ciudad de Salto para aleccionarlos en contra de la organización sindical, que no se afiliaran al sindicato, que siguieran firmes con la presentación del recurso de amparo, y además, como los trabajadores no habían percibido su salario, les dijo que si se mantenían firmes, a ellos les pagarían, a los demás, no. Se trata de un hecho gravísimo. Además, en el juzgado pretendía que se procesara al presidente del sindicato y al despedido; fue por la cabeza y el proceso con prisión -así lo dijeron los abogados de la empresa-; pero fue tan contundente la defensa de los trabajadores y que la verdad estaba de su lado, que el juez terminó haciendo un discurso en el que dijo: “Muchachos, esto es una relación laboral. Tengo una carta de los trabajadores que se ha publicado en todos los medios de comunicación que dice que están dispuestos, en el marco de un conflicto que generó la empresa, a procesar hasta la carne que está ahí para que mantenga su inocuidad y se pueda consumir, que levantan las medidas para trabajar y procesar una carne, y usted quiere procesar gente. Esto es responsabilidad de la empresa. Por lo tanto, abra las puertas, que la gente quiere trabajar hace días, y en un marco de negociación. Y los trabajadores tienen la potestad de tomar las medidas sindicales cuando lo crean conveniente”. Esto fue grave.

El otro tema que quiero plantear es que los trabajadores, además de denunciar, de dar la pelea, de estar en esa carpa, que hoy en Salto es una carpa de la dignidad, apoyada por todo el plenario intersindical, por el PIT- CNT y por la Foica, tenemos propuestas: hemos entregado propuestas a la Intendencia de Salto donde expresamos qué pensamos los trabajadores de ese medio de producción, cómo debe funcionar, qué participación pueden tener los trabajadores, los productores, etcétera, porque hasta ahora este comodato está siendo violado sistemáticamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a instrumentar las convocatorias que están planteadas.

Muchas gracias por su comparecencia.

Se levanta la reunión.

Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.