Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

Comisión de Legislación del Trabajo
Carpetas Nos 1352, 1353, 1354 de 2016 y 397 de 2015
Versión Taquigráfica N° 710 de 2016

EX TRABAJADORES DE LA EMPRESA FRIPUR

Se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa
a fin de prorrogar el seguro por desempleo

EX TRABAJADORES DE LA EMPRESA GREENFROZEN S.A. Y FRUTOS DEL NORTE
SOCIEDAD AGRARIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa a fin de extender,
por un término de ciento ochenta días, a partir del 1º de setiembre de 2016,
el subsidio por desempleo especial

TRABAJADORES DE PRESSUR CORPORATION S.A.

Se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa a fin de que se
faculte al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés
general, por un plazo de hasta ciento ochenta días, el subsidio por desempleo

INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN EL ÁMBITO PRIVADO

Normas

Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 7 de setiembre de 2016


(Sin corregir)


 

PRESIDE:   Señor Representante Wilson Ezquerra.

MIEMBROS: Señores Representantes Fernando Amado, Solana Cabrera, Gerardo Núñez, Daniel Placeres y Luis Puig.

ASISTE:   Señor Representante Rodrigo Goñi Reyes.

SECRETARIO:   Señor Francisco J. Ortiz.

PROSECRETARIA:   Señora Sandra Pelayo.

 


SEÑOR PRESIDENTE (Wilson Aparicio Ezquerra Alonso).- Habiendo número, está abierta la reunión.

——Hemos recibido tres proyectos de minuta de comunicación.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se incorporan en el orden del día.

(Se vota)

——Cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En consideración el proyecto de minuta de comunicación “Extrabajadores de la empresa Fripur. (Se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa a fin de prorrogar el seguro por desempleo)”, que fue presentado por el señor diputado Luis Puig.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Ha sido propuesto el señor diputado Puig como miembro informante.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En consideración el proyecto de minuta de comunicación “Extrabajadores de la empresa Greenfrozen S.A y Frutos del Norte Sociedad Agraria de Responsabilidad Limitada. (Se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa a fin de extender, por un término de ciento ochenta días, a partir del 1º de setiembre de 2016, el subsidio por desempleo especial)”, que fue presentado por los señores diputados Gonzalo Civila López y Silvio Ríos Ferreira.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Ha sido propuesto el señor diputado Placeres como miembro informante.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En consideración el proyecto de minuta de comunicación “Trabajadores de Pressur Corporation S.A. (Se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa a fin de que se faculte al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general, por un plazo de hasta ciento ochenta días, el subsidio por desempleo), que fue presentado por los señores Diputados Gonzalo Civila López y Gerardo Núñez.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Ha sido propuesto el señor diputado Núñez como miembro informante.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En consideración el asunto que figura en primer término del orden del día: “Inserción laboral de personas con discapacidad en el ámbito privado. (Normas)”.

En discusión el artículo 1º, que tiene un sustitutivo.

Léase el artículo sustitutivo.

(Se lee:)

“Las empresas privadas, en cuyas planillas de trabajo revisten 25 (veinticinco) o más trabajadores, deberán emplear a personas con discapacidad, de acuerdo a lo establecido al artículo 49 de la Ley Nº 18.651, de 19 de febrero de 2010, de acuerdo al porcentaje mínimo del 4% (cuatro por ciento) de la totalidad de sus trabajadores”.

(Diálogos)

——Ha sido solicitado el desglose del artículo 1º.

En discusión el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 3º, que tiene un sustitutivo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3º del proyecto original.

(Se vota)

——Cero por la afirmativa: NEGATIVA. Unanimidad.

Léase el sustitutivo.

(Se lee:)

“Las empresas que incumplan con las disposiciones de la presente ley, serán pasibles de las sanciones previstas por el artículo 289 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996. Lo recaudado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad por concepto de multa será volcado a la Comisión Nacional de Inclusión Laboral creado por el artículo 20 de la presente ley”.

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 4º que tiene un sustitutivo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º del proyecto original.

(Se vota)

——Cero por la afirmativa: NEGATIVA. Unanimidad.

Léase el sustitutivo.

(Se lee:)

“Se entiende por Empleo con Apoyo aquella metodología de inserción laboral que da apoyo continuado a las personas con discapacidad para acceder, sostener y promoverse en un empleo remunerado. Esto tiene como presupuesto que los individuos deben percibir un salario acorde al trabajo realizado en el mercado laboral. Las personas con discapacidad deben ser empleados regulares con los mismos salarios y condiciones que los demás empleados que trabajen ya sea en el sector público o en el privado. Cuando se habla de apoyo continuado se hace referencia a un apoyo laboral en su más amplio sentido mientras se está realizando un trabajo remunerado.

En caso de personas con discapacidad mental el empleo con apoyo consistirá fundamentalmente en un conjunto de servicios y acciones centradas en la persona, fundamentalmente individualizadas, para que la persona con discapacidad y con especiales dificultades pueda acceder, mantenerse y promocionarse en una empresa ordinaria en el mercado de trabajo abierto, con el apoyo de profesionales y otros tipos de apoyos, realizando las modificaciones necesarias en la tarea y evaluación del rendimiento de la persona con discapacidad mental.

Se fomentará el empleo con personas con declaración de incapacidad parcial en la que no se disponga la salvaguarda al derecho al trabajo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 12 y 27 de la Convención de las Personas con Discapacidad, Ley Nº 18.418 de 20 de noviembre de 2008”.

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 5º, que tiene un sustitutivo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 5º del proyecto original.

(Se vota)

——Cero por la afirmativa: NEGATIVA. Unanimidad.

Léase el sustitutivo.

(Se lee:)

“Las personas con discapacidad que requieran apoyo para el cumplimiento de las obligaciones laborales podrán solicitarlo a la empresa y ésta deberá autorizarlo. Los apoyos abarcaran aspectos tales como adaptaciones, identificación de compañeros mentores o apoyos naturales, entre otros”.

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Aquí se ha propuesto un artículo aditivo.

Léase.

(Se lee:)

“(Concepto de Operador Laboral).- Es el técnico de Empleo con Apoyo que se especializa en la aplicación de la metodología. Su directriz de trabajo tiene que ver con poder garantizar un buen proceso de preparación, obtención y mantenimiento del empleo, y ser una guía tanto para el empleado como para el empleador. Entre sus tareas está la de preparar para que desempeñe la tarea con efectividad, asesorar sobre accesibilidad, preparación previa al equipo de trabajo, detectar apoyos naturales. El operador laboral, dentro del marco tradicional del Empleo con Apoyo, se compromete con la persona con discapacidad proporcionándole un apoyo constante hasta que pueda trabajar independientemente”.

——En discusión.

(Diálogos)

——Se ha solicitado el desglose de este artículo aditivo.

En discusión el artículo 6º, que tiene un sustitutivo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 6º del proyecto original.

(Se vota)

——Cero por la afirmativa: NEGATIVA. Unanimidad.

Léase el sustitutivo.

(Se lee:)

“Cada empresa generará las condiciones adecuadas en el puesto de trabajo sobre accesibilidad según las normas vigentes en materia de accesibilidad para las personas con discapacidad, contemplando a tales efectos las adaptaciones necesarias para el adecuado desempeño de las funciones. Serán establecidas sanciones para el caso de incumplimiento de dichas normas de accesibilidad”.

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 7º, que tiene un sustitutivo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7º del proyecto original.

(Se vota)

——Cero por la afirmativa: NEGATIVA. Unanimidad.

Léase el sustitutivo.

(Se lee:)

“Amplíese el Registro Nacional de Personas con Discapacidad creado por el artículo 768 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, el cual inscribirá y emitirá a solicitud de parte las constancias de las personas con discapacidad que allí se inscriban a los efectos de obtener un empleo en la órbita pública y privada de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley Nº 18.651, de 19 de febrero de 2010”.

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 8º.

(Diálogos)

——Ha sido solicitado el desglose del artículo 8º.

En discusión el artículo 9º

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 10.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 11, que tiene un sustitutivo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 11 del proyecto original.

(Se vota)

——Cero por la afirmativa: NEGATIVA. Unanimidad.

Léase el sustitutivo.

(Se lee:)

“(Licencias especiales).- Los trabajadores, padres de hijos con discapacidad o enfermedad terminal tendrán derecho a una licencia especial anual de 96 (noventa y seis) horas. Esta licencia podrá ser usufructuada en forma continua o discontinua, debiéndose abonar del total de las horas comprendidas 64 (sesenta y cuatro). El ejercicio de este derecho, sin perjuicio de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo, podrá ser reglamentado por el Consejo de Salarios respectivo o mediante convenio colectivo”.

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Aquí se ha propuesto un artículo aditivo.

Léase.

(Se lee:)

“Para acceder a los incentivos y beneficios que dispone la presente ley, las empresas del sector privado deberán estar debidamente inscriptas en el registro que funcionara en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a estos efectos. Para que pueda realizarse la inscripción mencionada, las empresas deberán presentar informe de cumplimiento de la presente ley por parte de la Comisión Nacional de Inclusión Laboral”.

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

——En discusión el artículo 12.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 13.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Aquí ha sido propuesto un artículo aditivo.

Léase.

(Se lee:)

“Modifícase el numeral 20 del literal C) del artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), el que quedará redactado de la siguiente manera:

20) Para adquirir bienes o contratar servicios cuya producción o suministro esté a cargo de cooperativa social debidamente acreditada ante el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), de un monotributista social del MIDES o de empresas privadas que cumplan con el cupo de personas con discapacidad hasta el monto establecido de la licitación abreviada”.

——En discusión.

(Diálogos)

——Ha sido solicitado el desglose de este artículo aditivo.

En discusión el artículo 14.

Aquí se propone agregar la expresión “del literal C)” a continuación de “Modifícase el numeral 25)”

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con la modificación propuesta.

(Se vota)

——Seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 15, que tiene un sustitutivo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 15 del proyecto original.

(Se vota)

——Cero por la afirmativa: NEGATIVA. Unanimidad.

Léase el sustitutivo.

(Se lee:)

“En la Reglamentación de la presente ley se establecerán los incentivos y beneficios para las empresas privadas que contraten personas con discapacidad y para las que contraten producción derivada de Talleres de Producción Protegida. Los organismos recaudadores podrán revocar dichos incentivos y beneficios en cualquier momento, cuando se constate el incumplimiento de algunos de los requisitos exigidos por la presente ley o cualquier otro apartamiento de las disposiciones vigentes”.

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Aquí ha sido propuesto un artículo aditivo.

Léase.

(Se lee:)

“Las empresas del sector privado que revistan menos de 25 (veinticinco) trabajadores y que adquieran bienes y servicios a empresas del sector privado que cumplan con la presente norma, con talleres de producción protegida creados por la Ley Nº 19.159, de 25 de octubre de 2013, o cooperativas sociales integradas por personas con discapacidad, gozarán de beneficios que se establecerán en la reglamentación”.

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 16, que tiene un sustitutivo.

Léase el sustitutivo.

(Se lee:)

“Créase la Comisión Nacional de Inclusión Laboral, que será la responsable de realizar el seguimiento y de proponer medidas para la aplicación de la presente ley. La misma será presidida conjuntamente por un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un representante del Ministerio de Desarrollo Social, y se integrará por representantes designados a estos efectos del Plenario Nacional de Trabajadores- Convención Nacional de Trabajadores (PIT- CNT), y las cámaras empresariales. Además podrán participar, un representante del Ministerio de Salud Pública, Universidad de la República, Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), Banco de Previsión Social (BPS) y un representante de las organizaciones de personas con discapacidad.

Será responsable, entre otros, de gestionar el fondo de vacantes, así como los fondos provenientes de las multas a empresas, aportes de INEFOP, aportes del Ministerio de Salud Publica y del Ministerio de Desarrollo Social”.

——En discusión.

(Diálogos)

——Ha sido solicitado el desglose de este artículo.

Propongo hacer un intermedio de diez minutos para hacer las consultas necesarias respecto de los artículos desglosados.

Se va a votar.

(Se vota)

——Seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se pasa a intermedio.

——Continúa la reunión.

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Agradezco a los integrantes de la Comisión por permitirme participar sin ser miembro.

Mi presencia en el día de hoy responde a que he tomado conocimiento de que se estaría discutiendo y posiblemente aprobando este proyecto que, sin duda, tiene un objetivo muy loable. No puede haber un legislador que no esté de acuerdo con alcanzar el objetivo de incluir laboral, social y en todas las demás dimensiones a las personas que presentan algún tipo de discapacidad. De todos modos, me parecía importante trasmitir en este ámbito que este tipo de proyectos tiene también impacto en el empleo y en la actividad empresarial privada en general.

Quise venir a la Comisión porque el Instituto Nacional de Estadística ha hecho público que la tasa de desempleo ha alcanzado su punto más alto desde el año 2009. Quería trasmitir mi preocupación en cuanto a lo que estos proyectos generan para el sector privado cuando la actividad económica no está pasando por su mejor momento. Como fue reconocido por el propio Gobierno, estamos viviendo un momento de desaceleración y estos índices de desempleo que muestra el Instituto y que hoy aparecen en todos los medios de comunicación son la demostración más cabal de que esa desaceleración está impactando no solo en la actividad económica sino también en la tasa de desempleo. Quizás deberíamos buscar otras formas de alcanzar el objetivo de este proyecto, que no aumenten el riesgo que está marcando la tasa de desempleo. Creo que hasta tanto la tendencia económica no vuelva a ser favorable, Uruguay tiene otros mecanismos para lograr este objetivo. Esta Comisión, por supuesto, conoce mucho mejor que yo que en el ámbito público, estatal, hay mucho por hacer para favorecer esta inclusión. Hay muchos puestos de trabajo que deberían haber estado disponibles para las situaciones que prevé este proyecto de ley.

Me parece altamente inoportuno e inconveniente. Lo digo con todo respeto y no quiero que se interprete que vengo a destiempo cuando se está aprobando este proyecto de ley, pero me parece de honestidad franqueza y buena relación parlamentaria decirlo aquí. Creo que en estos tiempos y con la noticia que salió hoy en la prensa, poner en vigencia una ley de esta naturaleza puede generar mayores costos, mayores rigideces que en otro momento podrían no ser de alto impacto negativo pero ahora lo son.

Dado que se ha desglosado el artículo 1º, que es donde se establece la obligación principal -”deberán emplear”-, me pregunto si la Comisión no puede pensar alguna fórmula para posponer la vigencia de esta norma para momentos en los cuales la economía retome su tendencia favorable o, por ejemplo, para cuando el Estado, el ámbito público, pueda demostrar que ha dado cabal cumplimiento a lo establecido en la ley madre. Quizás eso ayude, primero, en la autoridad moral para plantear estas normas. Creo que cuando el Estado -nosotros lo representamos- pide nuevos esfuerzos a la actividad privada debe tener la tranquilidad de conciencia de que ha hecho los deberes que le correspondían. Quizás esté equivocado, pero he leído algunos informes que indican que el ámbito público estatal no ha cumplido debidamente con la ley madre de inclusión de las personas con alguna situación de discapacidad.

Quería hacer este planteo por la preocupación -que, creo, tenemos todos- de cómo cualquier ley afecta no solo el objetivo más concreto que persigue sino la economía en su conjunto. Como todos sabemos, cuando se afecta a la economía y al empleo en su conjunto, se termina perjudicando quizás doblemente a quienes pretende favorecer un proyecto de ley como este. Aprovechando que este artículo 1º fue desglosado para ser objeto de mayor discusión, planteo la posibilidad de que esta norma -que es muy exigente para el sector privado- entre en vigencia cuando la economía retome su tendencia favorable o, mejor aun, por un tema de autoridad moral, cuando el Estado haya dado cabal cumplimiento a sus obligaciones en esta materia. Creo que la Comisión tiene claro todo lo que implica en términos de señales de rigidez, de mayores costos. Tal vez la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad tenga algún indicador de si el Estado ha dado cumplimiento o no a la ley. Podemos esperar que se haga esta rendición de cuentas de parte del Estado para exigir al sector privado que cumpla disposiciones como estas que, reitero, le van a implicar un gran esfuerzo.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PUIG (Luis).- Me parece plenamente de recibo lo que plantea el señor diputado Goñi en cuanto a la necesidad de dar este debate con absoluta sinceridad. Yo reivindico ese planteamiento.

Tengo la plena convicción de que a lo largo de todo el siglo XX el Estado uruguayo ha sido funcional al desarrollo de la empresa privada. Nosotros pensamos que este proyecto de ley es un aporte muy importante a la consagración de derechos de personas con discapacidad. Seguramente, a lo largo de la historia, toda incorporación de derechos ha significado costos. No me queda dudas de que la ley de ocho horas, discutida a principios del siglo XX, generaba costos. Las distintas leyes de protección social generan costos.

Desde 2005 y 2006 en adelante se desarrolló una serie de leyes de protección. Por parte de la oposición se nos dijo que eso iba a traer mayor desocupación, que iba a generar menor inversión, que prácticamente las leyes de protección iban a ser responsables de los males de la economía uruguaya. Eso no ocurrió; por el contrario, las distintas leyes de protección generaron mejores mecanismos de inclusión y mayor dinamismo de la economía.

Se plantea que hay dificultades económicas -eso lo ha dicho el propio Poder Ejecutivo- y que se ha llegado a determinados niveles de desocupación. Yo parto de la base de que el desempleo es un drama que vive en carne y hueso todo aquel que debe soportar esa situación. No es cuestión de porcentajes; son realidades de situaciones de exclusión. Ahora bien, los niveles de desempleo que se están planteando hoy ni por asomo se parecen a los que hemos tenido en otras épocas en el país.

Cuando se plantean las dificultades económicas, quiero volver a lo que decía al principio: si uno analiza las exoneraciones tributarias que tiene el capital en este país, que alcanzan en torno a los US$ 1.800.000.000 o US$ 2.000.000.000, cuando hay determinados ámbitos donde las contribuciones que hacen, por ejemplo, empresas privadas a universidades privadas son exoneradas de los aportes tributarias por parte del Estado, yo sigo pensando que acá hay una actitud del Estado que es funcional a la empresa privada. En todo caso, cuando hoy se plantea consagrar estos derechos, tenemos plenamente claro -desde nuestro punto de vista; no nos pretendemos dueños de la verdad- que esto no va a afectar el desarrollo de las empresas. Cuando se dice que hay dificultades económicas, se plantea que los que son más vulnerables, los que tiene mayores dificultades puedan esperar. No; nosotros creemos que es el momento de aprobar este proyecto de ley. En todo caso, cuando se plantee el debate en Cámara vamos a profundizar estos conceptos que estamos planteando porque, en realidad, lo que no nos parece de recibo es que se plantee que los sectores que tienen más dificultades en incorporarse a un derecho, a un aspecto protegido por la Constitución como es el derecho al trabajo, se plantee que los sectores más vulnerables tengan que esperar. No nos parece de recibo y, por tanto, compartimos plenamente el proyecto de ley presentado.

Muchas gracias.

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Quizás me expresé mal o fui mal interpretado. No estoy planteando que las personas que presentan una discapacidad esperen para poder ejercer su derecho, sino que el Estado aún tiene un margen importante -según la información que tengo- para cumplir con brindar oportunidades de empleo. Creo que debería cumplirse primero con esa etapa para después poder plantearle al sector privado el esfuerzo que no se puede desconocer. La situación económica es un elemento que nos permite hacer el planteo de que, en vez de tener esas dos vías abiertas desde ya, primero hagamos cumplir al Estado cabalmente con su obligación, con sus cuotas, con dar oportunidades para las personas que presentan discapacidad y que después el sector privado -esperando, además, que en ese tiempo la situación económica mejore- cumpla con estas obligaciones en situaciones que no le generen mayores dificultades.

Creo que tenemos que cuidar mucho al sector privado, que es el principal generador de empleo. Me consta que el diputado Puig conoce muy bien, ha sufrido y ha sido muy sensible a la situación de desempleo. Por lo tanto, me permito recordar que la situación de desempleo es resultado directo de las posibilidades del sector privado de ser competitivo y de que pueda mantener o aumentar sus empleos. Cuando el sector privado deja de ser competitivo y presenta las dificultades que actualmente está presentando, se producen pérdidas de puesto de empleo. Sabemos que el sector público ha aumentado sus puestos de trabajo; entonces, es en el sector privado -que genuinamente debe tener los ingresos suficientes para poder sostener los puestos de trabajo- donde se han perdido. Me parece que en estos momentos podemos encontrar fórmulas para cumplir con el objetivo que establece la ley, que no es imponer obligaciones al sector privado per se si no para poder dar mayores oportunidades a las personas que presentan discapacidad. Como la información que tenemos es que en el Estado todavía hay un margen para que esas oportunidades se generen allí y eso llevaría un tiempo, incentivar al Estado para que lo haga sería el mejor incentivo, el mejor favor a las personas que presentan discapacidad para que esas oportunidades se concreten. Si pusiéramos una cláusula condicional como la que se está proponiendo, todos estaríamos exigiendo a los organismos del Estado que cumplan con su deber legal y se generarían muchos cientos y quizás miles de puestos de trabajo para las personas que presentan discapacidad. No estoy planteando una postergación per se sino que se exija e incentive al sector estatal para que cumpla, y después dar el paso de exigírselo al sector privado.

SEÑOR NÚÑEZ FALLABRINO (Gerardo).- Creo que viene bien la referencia que hacía el diputado Goñi porque nos permite profundizar desde el punto de vista conceptual y político el objetivo de este proyecto de ley, que se enmarca en un objetivo político de más largo alcance, que es la transformación cultural que la sociedad necesita.

Evidentemente, tenemos que cambiar la mirada. No puede ocurrir que cada vez que generemos debates sobre proyectos de ley que amplían derechos, que amplían las posibilidades de inclusión a la sociedad -en este caso se trata del trabajo pero estamos hablando de inclusión social- tengamos que enfrentarnos con una visión economicista. Los derechos no valen plata. El hecho de que las personas con discapacidad tengan la posibilidad de incluirse laboralmente en los ámbitos público y privado no debe medirse en función de los costos. De todos modos, si lo midiéramos en función de eso, sería beneficioso. Por ejemplo, está calculado que en Uruguay y en el mundo el 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad; dentro de ese porcentaje la discapacidad es total en el 80% de los casos. Según la OIT, el 7% del PBI mundial se pierde anualmente por no incluir a las personas con discapacidad en el mundo laboral. Estamos hablando de cifras multimillonarias de riqueza que hoy no se está generando por no incluir. Así que hasta desde la mirada economicista es una ventaja para el desarrollo laboral y de las estructuras productivas de los diversos países.

Sin embargo, nosotros nos queremos detener fundamentalmente en los elementos que hacen a los derechos. Somos los primeros en salir a denunciar que desde el Estado no se ha dado cumplimiento a la cuota para el ingreso de personas con discapacidad al ámbito público; dicho sea de paso, algunas Secretarías de Estado han puesto encima de la mesa esta realidad. Hemos exigido que esto se cumpla y vamos a seguir haciéndolo.

Este debate que se ha generado en torno al proyecto de ley sobre inclusión laboral de personas en situación de discapacidad en el ámbito privado ha permitido, entre otras cosas, mover favorablemente la aguja a favor del cumplimiento en el ámbito público porque, ¿cuál es el principal problema que existe en torno a este tema? Que la sociedad invisibiliza a las personas en situación de discapacidad, las coloca a un costado, las esconde, las margina y las excluye; por eso la discapacidad está tan asociada a la pobreza y la marginación.

Entonces, no podemos esperar a que se cumpla en un ámbito para poder avanzar en el otro, sino que debemos generar condiciones desde todos los ámbitos para dar visibilidad a la problemática que tienen miles de uruguayos, porque aun si se cumpliera a rajatabla con el 4%, tampoco alcanzaría para cubrir el 15% de la población de nuestro país que está en situación de discapacidad. Tenemos que generar el esfuerzo político, social, cultural y desde todos los niveles para colocar encima de la mesa los verdaderos problemas que tenemos como sociedad. Obviamente, la inclusión se tiene que dar en los ámbitos necesarios para que esas personas puedan construir sus vidas con autonomía y no con niveles de dependencia, de paternalismo que terminan reproduciendo condiciones de opresión y dominación en un montón de planos.

Venimos de discusiones muy intensas a nivel legislativo y social en torno a cómo generar inclusión. Esta generación de inclusión no se hace en la soledad de una oficina o de una sala de comisión del Parlamento. Este proyecto surgió como iniciativa de más de cuarenta organizaciones sociales -como el Sunca, el PIT- CNT y otras tantas- que trabajan en la temática de discapacidad y la han incorporado dentro de sus elementos cotidianos de acción. Este proyecto fue elaborado a partir de la lectura de la realidad y de tomar medidas que permitan avanzar a este país. Obviamente, el proyecto puede tener aspectos a mejorar -nadie dice que está cien por ciento bien como está-, pero cumple los aspectos mínimos necesarios que le dan solvencia legislativa y jurídica. Además atiende una necesidad política y, sobre todo, social muy importantes; creo que en eso debemos estar de acuerdo todos los partidos políticos. Por más que muchas veces la inclusión haya recaído sobre el gobierno nacional o determinados sectores político partidarios, debe ser una pelea de todos. Nosotros no nos queremos embanderar como Frente Amplio con esta ley. Queremos que todos los partidos políticos peleemos para que se apruebe esta ley y se cumpla, así como también la ley de inclusión de personas en situación de discapacidad en el ámbito público. Compartimos el objetivo, porque queremos una sociedad más justa, que involucre a todos los actores en desarrollar los avances que necesitamos.

SEÑOR PLACERES (Daniel).- Voy a votar este proyecto de ley como un instrumento disparador. ¿Qué pasa? Cuando uno analiza las batallas que se dan en el campo, se recurre al uso y al usufructo de la propia ciudadanía, pero cuando hay que ponerle el pecho a las balas en la discusión, como estamos en una comisión, se recurre a un grado de análisis de mezquindad. Yo no puedo analizar un instrumento de inclusión social desde el punto de vista de un porcentaje de desempleo; si no, no haríamos nada en la sociedad uruguaya. Si los que tuvieron que pelear con los portugueses hubieran analizado el ejército portugués, hubieran perdido antes de haber ido a la batalla. Siempre estamos en qué está primero, si el huevo o la gallina.

Yo creo que el proyecto de ley establece un marco de responsabilidad empresarial del sector privado, que muchas veces se siente beneficiado. Me gustaría discutir en profundidad con el diputado Goñi cuál es sector privado que se encuentra en una situación agravada. Tendría que analizar si ese sector privado no tuvo beneficios fiscales con determinadas actitudes del gobierno. Acá no se está analizando eso sino un instrumento de inclusión social de ciudadanos que tienen diferentes capacidades, no que son discapacitados. Tienen diferentes capacidades como las tenemos nosotros; no porque se nos vea tan bien a nosotros significa que no tengamos alguna discapacidad. Parece que estuviéramos bien, pero muchas veces no lo estamos. Entonces, cuando al ciudadano se le entrega un instrumento que reconoce las distintas capacidades es para incluirlo en la sociedad, para otorgar un beneficio, una posibilidad de inclusión, no de exclusión.

Yo aspiro a una sociedad en la cual quepamos todos en el amplio sentido de la palabra, porque eso también hace a la democracia. Siempre digo que ser nacionalista no significa ser del Partido Nacional; yo un soy nacionalista que no estoy en las filas del Partido Nacional. Soy nacionalista porque quiero defender a mi país; yo quiero defender el proyecto de la República Oriental del Uruguay y el legislador siempre tiene que bregar por mantenerlo en una dinámica importante y preservarlo. La República Oriental del Uruguay no es el país de determinadas empresas; es un conjunto. Las empresas importan dentro del conjunto de la República, pero también nos importa que el ciudadano con distinta capacidad tenga un instrumento real de inclusión. Esto es lo que se está votando acá.

Acá estamos haciendo un análisis y, después, el debate va a llevar a otros análisis; es más: la reglamentación va a llevar a otros análisis. ¿Cuándo se va a concluir? Ojalá que terminemos esta Legislatura y esté reglamentado, pero pienso que va a llevar una serie de debates. Me parece fantástico que le demos luz verde para que se dé ese debate en el marco de una ley. Después, cada sector tendrá posibilidad de argumentar sobre algunos artículos y mejorarlos. Creo que todos estamos convencidos de que tenemos que lograr un instrumento de inclusión social para ciudadanos compatriotas con diferentes capacidades. No estamos hablando de otra cosa que no sea esa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Este es un proyecto de ley sobre un tema muy sensible y creo que debemos tener mucho cuidado al votar, por la esperanza que le pone mucha gente.

Yo propuse una modificación, precisamente, por temor a estar al borde de la legalidad y porque debemos considerar el optimismo y la esperanza con que esperan esta ley personas que, a lo mejor, han debido armarse de mucho coraje para levantarse de una cama y tratar de compensar su discapacidad. Debemos tomar esto con la seriedad y la responsabilidad de no provocar desesperanza. Propongo que se agregue al artículo 1º que esto se aplique a partir de la entrada en vigencia de la ley, porque me parece que es lo que nos da seguridad de que sea como tiene que ser y, además, respeta el derecho de los que ya están trabajando. Ese equilibrio también hay que mantenerlo.

Además, propongo agregar en el mismo artículo “luego de que la Oficina Nacional del Servicio Civil confirme que los organismos públicos cumplen el porcentaje ya aprobado por la ley existente”. Si todos nos obligamos, vamos a generar que existan más posibilidades de trabajo; a la vez, tenemos que asumir la responsabilidad -sobre todo el partido de gobierno- de que para cambiar algo debemos comprometernos nosotros. Una sociedad -lo decía un cuplé de Agarrate Catalina- no cambia si no cambiás vos. Esa es la verdad. Es muy difícil exigir al otro que haga determinados cambios cuando vos, que tenés el instrumento, que es el gobierno, no sos capaz de cumplir con la ley y de hacer el cambio que debés, y lo único que terminás haciendo es un titular para la tribuna. Eso es inaceptable y nosotros debemos dejar establecido que queremos que el Estado cumpla, porque esa es la manera de darle ese empujón que necesita. No podemos estar votando leyes para que el propio Estado no las esté cumpliendo. Cada cual sabe si va a votar el agregado o no, si le interesa que el Estado cumpla o no. El tema no es votar una ley para que el otro cumpla; nosotros tenemos que empezar a cumplir y a mí me tocará la responsabilidad de exigir que se cumpla. Me parece que la exigencia debe venir por ese lado. No podemos estar pidiendo que el otro haga algo; si queremos una sociedad de determinada manera, tenemos que arrancar por nosotros.

Este sector es el eslabón más débil que tenemos y debemos buscar compensaciones de distinta índole.

El agregado que propongo al final del artículo 1º es el siguiente: “que hayan ingresado a partir de la vigencia de esta ley y luego de que la Oficina Nacional del Servicio Civil confirme que los organismos públicos cumplen el porcentaje aprobado en la ley existente”.

SEÑOR AMADO (Fernando).- Sinceramente, no creí que se iniciara un debate de este tipo porque, en general, en nuestra Comisión termina siendo trasladado al plenario. El uso y costumbre de la Comisión es que la profundidad de los temas, sobre todo las diferencias, se planteen más en el plenario. Habida cuenta de que se generó, quiero hacer algunas puntualizaciones, más allá de que encararé el tema en profundidad cuando este proyecto de ley llegue al plenario.

Por supuesto, estoy totalmente a favor de que el Estado cumpla la legislación vigente en lo que hace a la inclusión de estos uruguayos y todos somos conscientes de que no lo hace. Sin embargo, eso no puede ser obstáculo para avanzar en otros temas. Respeto la interpretación y la postura de algunos compañeros de comisión, pero no creo que eso sea óbice para seguir avanzando en proyectos como el que tenemos a consideración. Con ese criterio, nos quedaríamos en la parálisis de que hasta que algo no funcione en un lado no seguimos avanzando en otros terrenos. Por eso, estoy convencido de que si bien hay que denunciar y exigir -como decía recién el señor presidente- que se cumpla con lo establecido, al mismo tiempo hay que trabajar en otras áreas y seguir innovando para generar mayor cultura política y social de inclusión, así como también para que empiecen a cambiar cosas en otro ámbito, en este caso, el privado.

También comparto lo que decía el presidente citando a una murga en cuanto a que si uno no cambia, nada cambia. Eso es así, y por eso creo que inevitablemente hay que tomar como propia la responsabilidad del incumplimiento del Estado y hacernos una autocrítica como parte del proceso. De todos modos, reitero que no creo que sea un obstáculo para avanzar en otras áreas.

Con respecto al tema de la coyuntura económica, ayer tuvimos un ejemplo en la Comisión. Cuando el Ministerio de Economía y Finanzas nos dio su visión acerca del proyecto que tenemos a estudio sobre insolvencia patronal, afirmó que más allá de que el instrumento es bueno no es aconsejable innovar ni aumentar la carga tributaria en este momento, por la situación económica en la que estamos. Realmente, no estoy de acuerdo con ese encare político; creo que la tónica general de las cámaras es que nunca están de acuerdo con nada y que nunca quieren cambiar. ¡Esa es la tónica de las cámaras! Nunca les viene bien nada; por lo menos esa es la experiencia que yo tengo desde que estoy en esta Comisión. No hay proyecto que les venga bien. Será porque moviliza las reglas actuales y les genera una exigencia de amortiguación de cambios; será porque hay una comodidad adquirida por las reglas de juego vigentes y cualquier cambio impacta. Desde mi punto de vista, el primer reflejo es generar la cultura del cuco, del miedo, de que si se legisla algo, van a pasar cosas jodidas, complicadas, complejas. Si esperara a que las cámaras dijeran que es el momento para hacer los cambios, intuyo que nunca llegaría, porque en períodos de crisis, no es el momento y en períodos de auge, tampoco. Entonces, ¿cuándo es el momento? Nunca.

Inspirado profundamente en la postura política histórica de Batlle y Ordóñez -muy lejos en el tiempo pero que no deja de estar vigente al menos para mí- de la necesidad de redoblar los cambios ante adversidades económicas -inclusive, creía que era el momento propicio para generar más cambios-, voy a aprobar este proyecto entusiastamente. Es más: creo que es el momento para generar estos cambios, como también creo -ayer lo comentaba con algunos diputados- que es tiempo de seguir avanzando en el proyecto de insolvencia patronal. Al contrario de lo que el Ministerio de Economía y Finanzas entiende, yo creo que es el momento para avanzar. ¿Tendrá consecuencias? Podrá tenerlas, pero nunca será el momento si uno espera el aval o el visto afirmativo de las cámaras y de quienes sienten que tienen que darse determinadas situaciones económicas perfectas que nunca se dan ni nunca se darán.

Quería dejar clara mi postura, que será la que llevaré al plenario. Más allá de esto, no dejo de decir ni de ser muy crítico -en sintonía con algunos compañeros- en cuanto a que hay que asumir la autocrítica de que el Estado no está cumpliendo con lo que le corresponde. De todos modos, reitero, esto no inhabilita a seguir avanzando en otros terrenos.

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- El diputado Puig supo interpretar mi comparecencia en el día de hoy. No vine a dar un debate sino a intentar, humildemente, aportar a la mejor forma de conseguir el fin que está planteado. No creo que haya alguien que no esté de acuerdo con alcanzar el fin; el tema es cómo obtener los mejores medios. En ese sentido, más allá de que no soy miembro de la Comisión y no vote, me permito expresar mi apoyo a la propuesta del señor presidente sobre el artículo 1º. Me parece que buscando -como todos queremos- alcanzar el objetivo del proyecto, plantea algunos complementos que están lejos de retrasar. Yo no estoy planteando fórmulas para retrasar la inclusión social de las personas que presentan discapacidad; estoy buscando la forma y el tiempo adecuado para llegar mejor a ese fin, mirando la sociedad globalmente. Nosotros, como legisladores, tenemos un mandato constitucional que es mirar el interés general. Si podemos alcanzar intereses particulares atendiendo el interés general, como lo hace la propuesta del señor presidente, me parece que es bueno considerarlo, porque mi experiencia me indica que la mejor forma desde el Estado de cumplir con la ley y las obligaciones es que la ciudadanía reclame ese cumplimiento. Si nosotros ponemos esa condición que se plantea ahora, les puedo asegurar que no se demorará años, porque la ciudadanía entera estará exigiendo a los gobernantes que cumplan esa ley. No me refiero solo a los gobernantes del Poder Ejecutivo; yo me voy de acá con la obligación moral de que si se sanciona esta ley -aunque yo no la vote-, yo debo tener en mi despacho -aunque no tenga veinticinco empleados- ese porcentaje o uno mayor. No hay ninguna posibilidad de transformación cultural -es lo que plantea el diputado Núñez y estoy de acuerdo- sin el ejemplo. No existe; no ha existido en la historia de la humanidad transformación cultural sin el ejemplo público. Si los gobernantes no dan el ejemplo de que están cumpliendo con sus deberes en función de estos objetivos, se podrán poner todas las sanciones que se quiera, cerrarán empresas, pero no se va a dar esa transformación cultural que estamos pretendiendo.

Quizás este objetivo se podría cumplir no poniendo sanciones sino beneficios, proactivamente, con la transformación cultural que el diputado Núñez plantea. Se ha demostrado que la economía funciona en base a incentivos más que a sanciones. Por eso, me permití robarles este tiempo, buscando aportar a elaborar el mejor proyecto para que este fin, tan loable, que queremos todos, se pueda conseguir atendiendo el interés general y el particular.

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión el artículo 1º, que había sido desglosado.

El sustitutivo propuesto dice: “Las empresas privadas, en cuyas planillas de trabajo revisten 25 (veinticinco) o más trabajadores, deberán emplear a personas con discapacidad, de acuerdo a lo establecido por el artículo 49 de la Ley Nº 18.651, de 19 de febrero de 2010, de acuerdo al porcentaje mínimo del 4% (cuatro por ciento) de la totalidad de sus trabajadores”. Lo que propongo es agregar al final: “que hayan ingresado a partir de la vigencia de esta ley y luego de que la Oficina Nacional del Servicio Civil confirme que los organismos públicos cumplen el porcentaje establecido por el artículo 49 de la Ley Nº 18.671, de 19 de febrero de 2010”.

SEÑOR AMADO (Fernando).- Si la parte de la Oficina Nacional del Servicio Civil se pone aparte, yo acompaño su inclusión, porque es una forma de hacer autocrítica.

SEÑOR PRESIDENTE.- Podemos hacer un inciso aparte.

(Se suspende la toma de versión taquigráfica)

SEÑOR NÚÑEZ FALLABRINO (Gerardo).- El artículo dice expresamente que el empleo de personas con discapacidad se hará de acuerdo con el artículo 49 de la Ley Nº 18.651. El artículo 49 dice: “El Estado, los Gobiernos Departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatales están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción mínima no inferior al 4% (cuatro por ciento) de sus vacantes”.

El artículo 1º hace referencia a este artículo de la ley.

(Diálogos)

SEÑOR PRESIDENTE.- Lo dejamos para la semana que viene, para hacer las consultas correspondientes.

En discusión el artículo 8º.

Aclaro que voy a votar negativamente por lo que expresó la señora que vino como invitada en cuanto a que consideran que es una forma de discriminación.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuatro en seis: AFIRMATIVA.

(Diálogos)

——Ha sido propuesta la reconsideración del artículo 5º, que había sido votado afirmativamente.

Se va a votar.

(Se vota)

——Seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

El artículo 5º será reconsiderado el martes que viene.

Había sido desglosado también el artículo aditivo que figura como artículo 6º en el texto de las modificaciones propuestas.

Léase.

(Se lee:)

“(Concepto de Operador Laboral).- Es el técnico de Empleo con Apoyo que se especializa en la aplicación de la metodología. Su directriz de trabajo tiene que ver con poder garantizar un buen proceso de preparación, obtención y mantenimiento del empleo, y ser una guía tanto para el empleado como para el empleador. Entre sus tareas está la de preparar para que desempeñe la tarea con efectividad, asesorar sobre accesibilidad, preparación previa al equipo de trabajo, detectar apoyos naturales. El operador laboral, dentro del marco tradicional del Empleo con Apoyo, se compromete con la persona con discapacidad proporcionándole un apoyo constante hasta que pueda trabajar independientemente”.

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Nos quedan pendientes de votación los artículos 1º, 5º, 20 y 21 -16 y 17 del proyecto original-, así como el aditivo que figura como artículo 16 en el texto de las modificaciones propuestas.

Se levanta la reunión.

Línea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.