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| Comisión de Legislación del Trabajo Carpetas Nos. 975 de 2016, 468, 365, 397 y 50 de 2015 y S/C |
Versión Taquigráfica N° 673 de 2016 |
| PRESIDE: | Señor Representante Wilson
Ezquerra. |
| MIEMBROS: | Señores Representantes Fernando
Amado, Gerardo Núñez, Daniel Placeres y Luis Puig. |
| DELEGADO DE SECTOR: |
Señor Representante Pablo D. Abdala. |
| ASISTEN: | Señores Representantes Nibia
Reisch, Edmundo Roselli, Carlos Reutor y Mercedes Santalla, y señor Senador Daniel
Bianchi. |
| CONCURREN: | Especialmente invitados, los
señores Miembros de la Comisión de Educación y Cultura, señores Representantes Mario
García, Presidente; Enzo Malán, Vicepresidente; y Graciela Bianchi, Manuela Mutti y
Sebastián Sabini. |
| INVITADOS: | Por el Ministerio de Salud
Pública, señores Ministro, doctor Jorge Basso; Subsecretaria, doctora Cristina
Lustemberg; asesora en salud ocupacional, doctora Carmen Ciganda; Directora de la
División Servicios Jurídicos, doctora Sandra Doldán; Profesor de la Cátedra de
Hematología de la Facultad de Medicina de la UDELAR, profesor doctor Ismael Rodríguez;
Adjunto al señor Ministro, licenciado Aníbal Suárez; Director General de la Salud,
doctor Jorge Quian; Director General de Secretaría, señor Humberto Ruocco; Asesor del
Área Discapacidad y Rehabilitación, profesor doctor Juan Lacuague, y Directora del
Servicio Nacional de Sangre, doctora María de Lourdes Viano. Por el Centro Unión Obreros Papeleros y Celulosa (CUOPYC) (Fanapel), de Juan Lacaze, Marcelo Olaverry, Presidente; Guzmán Álvarez, José Gómez y Héctor Pacheco. Por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), Víctor Olmos, Presidente; Verónica Miranda, Vice Presidente; Silvia Lema, Secretaria General, y Martín Aguiar. Por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, señor Presidente, Wilson Netto Marturet; Consejeros, profesora Laura Motta, maestra Isabel Ivaldi y profesor Robert Silva; Secretaria General, doctora Beatriz Dos Santos; Secretario de Presidencia, maestro Gustavo Salaberry, y asesor letrado, doctor Aníbal Del Campo; por el Consejo de Educación Secundaria, Directora General, profesora Celsa Puente; Consejeros, profesor Javier Landoni y profesora Isabel Jaureguy, y Secretarios, Alicia Maceira y Carlos Rivero. |
| SECRETARIO: | Señor Francisco J. Ortiz. |
| PROSECRETARIA: | Señora Sandra Pelayo. |
SEÑOR PRESIDENTE (Wilson Aparicio Ezquerra Alonso).- Habiendo número, está abierta la reunión.
Simplemente, se trata de una modificación que plantea eliminar las cinco horas que se requieren como mínimo para que se pueda cobrar la nocturnidad. En ese marco, hemos presentado -conjuntamente con el ex diputado Andrade y el diputado Reutor- una iniciativa para eliminar esas cinco horas mínimas y que se establezca el prorrateo para el cobro de la actividad de trabajo nocturno. Tal como establece la norma aprobada en el período pasado, el trabajo nocturno es nocivo para la salud y está bajo la protección de las normas de salud. Por lo tanto, nos parece que esta iniciativa puede llevar a que la ley actual se convierta en una norma que no tenga las limitaciones que hubo que aprobar en el período pasado.
Esta propuesta claramente tiene el apoyo de los gremios que la impulsaron en su momento. Está claro que es una normativa que tiende a reivindicar esa labor para aquellos gremios que no han logrado establecer ese aspecto en los convenios colectivos -por omisión de las patronales- alcanzados en los Consejos de Salarios. Es una norma que seguramente tiene consideraciones menores a la mayoría de los convenios aprobados. De cualquier manera, hay decenas de miles de trabajadores que se ven privados de la compensación en forma prorrateada de su trabajo nocturno, por eso nos parece que es importante.
Es una modificación simple pero con un contenido importante para algunas decenas de miles de trabajadores, que son los que tienen más dificultades en que se reconozcan sus derechos, a pesar de que han sido muchos los gremios que, mediante su lucha, lo han conseguido a través del convenio.
Por lo tanto, solicito que sea considerado en la primera sesión de setiembre para que pueda se aprobado.
(Ingresan a sala autoridades del Ministerio de Salud Pública)
——La Comisión de Legislación del Trabajo tiene el agrado de recibir a una delegación del Ministerio de Salud Pública integrada por el doctor Jorge Basso, ministro de Salud Pública; la doctora Cristina Lustemberg, subsecretaria; la doctora Carmen Ciganda, asesora en Salud Ocupacional; la doctora Sandra Doldán, directora de la División Servicios Jurídicos; el doctor Ismael Rodríguez, profesor de la Cátedra de Hematología de la Facultad de Medicina; el licenciado Aníbal Suárez, adjunto al señor ministro; el doctor Jorge Quian, director general de Salud; el señor Humberto Ruocco, director general de Secretaría; el doctor Juan Lacuague, asesor del MSP en el área discapacidad y rehabilitación, y la doctora María de Lourdes Viano, directora del Servicio Nacional de Sangre.
En primer lugar, queríamos manifestar que como este ministerio no tiene competencias sobre el tema del Fondo de Garantía de los Créditos Laborales, solicitamos que no se incluya en el orden del día de nuestra presentación.
En segundo término, si bien está aquí el doctor Ismael Rodríguez, estamos esperando que llegue la doctora Viano, directora del Servicio Nacional de Sangre. Por lo tanto, solicitamos dejar la consideración del tema de las donaciones para cuado ella llegue, porque queríamos que estuvieran los dos presentes.
Por lo tanto, si no hay otra consideración, nos gustaría comenzar con el tema relativo al acoso moral en el trabajo
Vinimos con una nutrida delegación porque nos parece que varios de estos temas son de singular importancia en lo que tiene que ver con las políticas públicas y las tareas de este Poder Legislativo y del Gobierno en general.
Este tema es de suma importancia y lo hemos analizado en profundidad. Precisamente, desde la visión del Ministerio de Salud Pública y de su equipo de asesores, queríamos dar una visión global sin perjuicio de que después veamos con los señores legisladores alguna consideración en particular.
Entonces, vamos a solicitar a la doctora Carmen Ciganda que pueda dar ese informe de carácter general.
Participo como delegada del Ministerio de Salud Pública en el Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, Conasat, que coordina y preside el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El Conasat está integrado, por parte del Estado, por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud Pública, el Banco de Seguros del Estado y el Banco de Previsión Social, por parte de los trabajadores, por el PIT- CNT, y por parte de los empleadores, por la Cámara de Industrias del Uruguay y los empresarios. De modo que es un órgano tripartito.
Este tema es de preocupación en el Conasat. De hecho, lo presentamos formalmente y tanto el Ministerio de Salud Pública, como el colectivo de trabajadores y los empleadores estuvieron de acuerdo con incorporarlo para que fuera analizado en profundidad.
El acoso se da en un ámbito laboral, involucrando a la organización del trabajo, a los procesos de trabajo y a las relaciones entre los trabajadores y los empleadores en todo ámbito, público o privado. Para poder legislar con propiedad es necesario ahondar en esas relaciones de la organización del mundo del trabajo.
Las relaciones interpersonales en todo ámbito de la vida, y con más razón en el ámbito del trabajo, son un tema antiguo, pero nuevo desde el punto de vista de la legislación. Como bien plantea el proyecto de ley, los pioneros en legislar este tipo de situaciones fueron los suecos. Las mayores legislaciones están en Europa; hay poca legislación en el resto de los países, por lo menos en lo que tiene que ver con América Latina.
En los últimos años se ha legislado en algunos ámbitos, como en las comisiones bipartitas, cuando se implementó el Convenio Nº 155 de la OIT, y en las comisiones paritarias de salud y seguridad en el trabajo, que permiten abordar y manejar estos temas.
Recientemente, a partir del Convenio Nº 161 de los servicios de salud en el trabajo, se legisló de manera genérica con el decreto Nº 127 de 2014, y luego específicamente para una de las ramas de la actividad de la industria química y también para los servicios de salud en el trabajo, específicamente para la salud privada.
Tenemos que seguir avanzando en la legislación para las demás ramas de actividad. Creemos que estos ámbitos son los más propicios para abarcar el tema del acoso. Sin perjuicio de que probablemente sea necesario legislarlo específicamente, creemos que tiene que darse la discusión en el ámbito donde están los empleadores y los trabajadores, que es el Conasat, donde este proyecto de ley fue muy bien acogido.
El Conasat se ha planteado trabajar en la formulación de una política nacional de salud y seguridad en el trabajo, en lo que estará abocado este año y los subsiguientes. No sé si este año terminaremos de plasmar los lineamientos de la política nacional de salud y seguridad en el trabajo que incluye esta temática.
Nuestro país en ese sentido tiene mucha cosa para hacer. Los factores vinculados a la propia condición humana y al fuerte componente de las relaciones interpersonales generan distintos niveles de conflicto: algunos son propios de las relaciones de conducción de la organización y otros son propios de su mala aplicación.
Por lo tanto, el desafío de cualquier organización moderna es, por un lado, profesionalizar los cargos de conducción y dirección de los organismos -tanto públicos como privados-, enfatizando en los estilos de conducción que generen mejores condiciones de motivación de quienes trabajan allí y, por otro, administrar adecuadamente las distintas situaciones de conflicto interpersonales, que inexorablemente se dan, encarados desde el punto de vista organizacional con fuerte hincapié en la formación, capacitación y prevención de situaciones de abuso.
De alguna manera, queremos rescatar todo lo que significa potenciar los organismos de acción paritaria, de fuerte involucramiento en la formación y capacitación de los cuadros de conducción que, entre otras cosas, involucra la administración de los conflictos, que se dan en todas las organizaciones y ámbitos.
La visión que tiene el ministerio es la de potenciar los organismos existentes, generar una cultura en la sociedad que apunte a la prevención de esta situaciones, y un marco legal para que cuando se fracasa se otorguen las máximas garantías a todas las partes.
La necesidad de que este proyecto sea analizado con el Conasat también ha sido planteada por la Secretaría de Salud Laboral del PIT- CNT -que integra el organismo-; ellos nos planteaban analizar esta iniciativa desde la concepción de la salud y seguridad en el trabajo, teniendo en cuenta los avances legislativos de los últimos años. De alguna manera, este proyecto debería integrarse en esa visión, que es compartible.
Hemos solicitado a la comisión que reciba a dicha Secretaría de Seguridad Laboral. Sin duda que los aportes del Conasat ayudarán a enriquecer el proyecto, que es la intención de quien lo presentó, es decir, el señor diputado Abdala.
Entendemos que esa concepción puede enriquecer todo lo que se ha ido avanzando en los últimos años en materia de salud y seguridad en el trabajo.
Entendemos que todas las iniciativas vinculadas a la discapacidad son un tema particularmente importante en la sociedad. Naturalmente, la discapacidad requiere una mirada integral. De alguna forma todos percibimos que una de las cosas que caracterizan a las sociedades modernas es la posibilidad de inclusión de las personas con distintos grados de discapacidad, en momentos en los que el porcentaje de discapacitados se va incrementando, que es un fenómeno inexorable. Las sociedades tienen que incorporar en su cotidianeidad los mecanismos que les aseguren la satisfacción, la mejor atención integral e incorporación en sus distintos ámbitos.
Hoy nos acompaña el doctor Lacuague, quien es asesor del Ministerio de Salud Pública. Hoy existen múltiples organismos que tienen que ver con la discapacidad, es un fenómeno generalizado en el Estado, y existe mucho marco legal que de alguna manera identifica la necesidad en el Estado de ocupar el 4% de las vacantes que se generen con personas que padezcan algún grado de discapacidad. Todos somos conscientes de que ese marco legislativo, con su reglamentación correspondiente, ha tenido grandes dificultados en el momento de su aplicación. Esta es una realidad que todos percibimos.
Una de las primeras preguntas que deberíamos formular es qué nos está pasando como sociedad, porque estas cosas tienen un nivel de complejidad en su aplicación.
La Ley Nº 18.651, y su Decreto Reglamentario Nº 79/014 son bastante explícitos, tanto en lo que tiene que ver con las responsabilidades, como las consecuencias en el no cumplimiento de esas obligaciones. De todas formas, hay una realidad que rompe los ojos respecto a que ha habido enormes dificultades para asumir esas circunstancias. Esto no debe depender exclusivamente de la voluntad o incapacidad de las personas que están al frente de las organizaciones que deben hacerla cumplir, pues seguramente existan muchos factores que estén incidiendo en esa dificultad.
Es razonable preguntarse por qué tenemos dicha imposibilidad y cuáles son las barreras que impiden la incorporación de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, encarado con una mirada lo más integral posible, tal como se establece en la ley.
El doctor Lacuage tiene una basta experiencia en este tema y seguramente la información que posee nos puede ayudar a ver cuáles son los puntos críticos que debemos abordar como sociedad y, eventualmente, plasmarlos en un nuevo marco legislativo.
A través de este proyecto de ley se pretende establecer algo similar para el ámbito privado; sería una ampliación, pues aumentar la cantidad de puestos de trabajo para las personas con discapacidad sería una meta muy importante. Desde este punto de vista, sería algo muy beneficioso.
Lo importante es visualizar que la inclusión laboral de una persona con discapacidad es el fin de un largo proceso. Debemos tener claro que esto comienza con un proceso de rehabilitación; nosotros en el país tenemos ciertas debilidades en rehabilitación, que debemos fortalecer. Una persona que recibe atención en salud y llega al nivel máximo de mejoría y funcionamiento, debe potenciar su rehabilitación para obtener el máximo de independencia y funcionamiento.
Es muy importante el nivel de funcionamiento porque, por ejemplo, una persona que tenga ciertas limitaciones que lo diferencian del resto a la hora de estar en un puesto de trabajo, puede ser un elemento expulsivo o de no integración.
El proyecto se refiere, con acierto, al empleo con apoyo, a los complementos, al trabajo accesible para la persona y de brindar todos los elementos para que se solucione lo que en términos de rehabilitación se denominan barreras, que pueden ir desde una escalera a una silla inadecuada. De pronto una persona, para utilizar una computadora, puede requerir algún dispositivo sencillo y barato. Actualmente contamos con mucha tecnología.
A su vez, hay que tener en cuenta que el entorno laboral es fundamental porque tanto el jefe directo, el supervisor o el gerente de recursos humanos deben tener claro que no se trata de una carga que tiene que soportar la empresa, sino que es un elemento productivo; para llegar a este punto, se debe cumplir con todas las condiciones que hemos mencionado.
Llegar a un empleo en el mercado abierto sería el último punto de una cadena, y para eso se requiere salvar todas las barreras y que la persona tenga una formación adecuada para ese puesto de trabajo.
En algunos países hemos conocido ciertos modelos. Por ejemplo, en Israel hay mucho desarrollo respecto a las distintas formas de trabajo para personas con discapacidad. En este país hemos visto formas de trabajo protegidas, intermedias, en talleres. Muchas veces las personas con discapacidad terminan las etapas de rehabilitación, son independientes, y concurren a formarse para iniciar sus primeras experiencias en un taller protegido. Es decir, son formas laborales sin ser empleos abiertos. En estas condiciones reafirman su funcionamiento y capacitación, y se preparan más; algunos llegan al mercado laboral abierto y otros no pueden.
En esto no podemos ser utópicos y pensar que todos podrán realizar el proceso completo y llegar al mercado abierto de trabajo, aun con los apoyos y complementos, pues hay grados de déficit que no permiten llegar a esos puntos de rehabilitación.
Como conclusión, digo que es positivo generar nuevos puestos de trabajo, en este caso en el ámbito privado, y favorecer y brindar condiciones para que las personas discapacitadas accedan a dichos puestos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que una experiencia debe cumplir con los requisitos que mencionamos.
A su vez, debemos construir un sistema de rehabilitación con distintas variantes como el tercer protegido para dar una diversidad de posibilidades a las personas con discapacidad; esto, junto con esta herramienta que sería el acceso al mercado abierto de trabajo, es una de las opciones y muy importante. Nuestra preocupación es dar a las personas con discapacidad y a la empresa las mejores garantías para que esta experiencia sea exitosa.
En lo que tiene que ver con el entorno laboral, los supervisores directos, los gerentes de recursos humanos, es decir, quienes están a cargo del control de la producción de la empresa, deben formar parte de este proceso -son fundamentales-, participando y trabajando para que la persona realmente sea productiva como cualquier otro trabajador; no debe ser una persona becada. Alcanzar ese punto sería el objetivo máximo e ideal; en algunos casos se podrá hacer, en otros no, pero eso es lo que hay que tener en mente. Básicamente lo importante es que el empresario, el supervisor directo y el gerente de recursos humanos entiendan que no se trata de una cuestión de caridad, de dar un puesto de trabajo porque una ley obliga y no hay más remedio que hacerlo. No. Se trata de que en el proceso se involucran de tal manera de que hagan sus aportes -muchos pueden hacerlo- y hay muchas empresas con experiencias exitosas con personas con discapacidad que han logrado niveles excelentes en el trabajo. El involucramiento en este proceso es fundamental, ni qué hablar de los compañeros de trabajo como del jefe del sector productivo y del gerente de recursos humanos. La ley establece un marco adecuado pero es mejorable. Se ha mencionado la idea de crear un órgano multisectorial, pero hay que tener cuidado, porque debemos analizar lo que tenemos, la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, que tiene una subcomisión laboral que trabaja específicamente estos temas desde hace mucho tiempo, y viene siguiendo la cuestión de la inclusión laboral en el Estado. Hay que incorporar la experiencia acumulada en estos últimos años teniendo cuidado en no duplicar o triplicar organismos sino en mejorar el que tenemos que, evidentemente, tiene mucho para mejorar, por ejemplo, los protocolos de inserción de las personas en el trabajo.
En primer lugar, es importante la política de cuotas, aún con las dificultades que presupone. Inclusive, los organismos internacionales la estimulan y la sociedad debe planteársela como una meta identificando las dificultades; son hitos que señalan la voluntad de la sociedad y la voluntad política de incorporar la discapacidad al mundo del trabajo.
En segundo término, este sistema de cuotas, sin perjuicio del marco legal exigible y de las penalizaciones que se puedan generar por su incumplimiento requiere, como decía el profesor, un entorno social y de accesibilidad al trabajo sobre el que mucho se ha hecho pero aún queda mucho por hacer. Lo decimos porque tenemos experiencia en alguna organización del Estado, que es el que más cumple la ley de cuotas existentes, y el principal desafío es que las personas discapacitadas que ingresan sean aceptadas en la organización, tanto por parte de quienes ejercen la conducción de las distintas áreas a las cuales ese funcionario queda asignado, como por parte de los compañeros de trabajo que cuando se incorpora una persona que tiene algunas diferencias tienen que ayudarlo y ayudarse. Se trata de un desafío de toda la organización que como siempre comienza de arriba hacia abajo, con políticas claras para estimular la discusión y el trabajo sobre el tema y en generar las condiciones para que esa incorporación sea aceptada por la organización. Quizás las barreras físicas, aunque siempre llevan algún tiempo son las más fáciles de resolver, pero las barreras culturales, las de la sociedad que debe incorporar al discapacitado en su entorno, son más difíciles de superar por lo que requieren ser trabajadas porque sólo con voluntarismo no se pueden resolver. Para incorporar en el mundo del trabajo personas con discapacidad hay que generar políticas fuertes en materia de formación y de capacitación en los cuadros de conducción.
Un tema bien interesante que incorpora este proyecto de ley, tiene que ver con lo que se define como complementos. En la bibliografía comparada surge que hay países en los que las personas con determinado grado de discapacidad, que requieren apoyo para desempeñarse en el trabajo, son ayudadas por personas de su entorno familiar o social.
Un tema especialmente delicado a la hora de incorporar a personas con discapacidad es identificar los lugares de trabajo donde pueden desempeñarse en mejores condiciones, inclusive con sistemas de apoyo cuando sea necesario. Eso requiere una planificación, una política orientada a la accesibilidad de las personas con discapacidad en el trabajo y no en función de los baremos existentes; se trata de encontrar precisamente los lugares donde las personas pueden incorporarse y prepararlos para la incorporación de la persona discapacitada. Es un tema sustantivo que está identificado en el marco legislativo que se propone y sobre el cual hay que seguir trabajando, creando las mejores condiciones para que no quede exclusivamente como una señal sino que, como bien decía el profesor Lacuague, progresivamente vaya incorporando a las personas con discapacidad a su entorno.
Especial mención merece la discapacidad en áreas de salud mental, tema que estamos considerando en otro marco legal, porque en el mundo del trabajo actual también requiere de políticas planificadas y orientadas a los sistemas de apoyo. Las discapacidades pueden ser previas o surgir en la vida de las personas que ya están ejerciendo su trabajo. Por lo tanto, las organizaciones no tienen que estar exclusivamente preparadas para el ingreso sino también para ir viendo cómo resolver los problemas que cotidianamente surgen en esos ámbitos cuando tienen que convivir con la realidad de personas que por distintas circunstancias quedan con algún grado de discapacidad, física o mental. Cuando en las organizaciones no se generan políticas en este sentido, aparecen verdaderas crisis, fuertes tensiones, terminando el mundo del trabajo y las propias organizaciones discriminando a las personas con determinado grado de discapacidad, quedando por fuera de la realidad y del proceso del trabajo y simplemente cumpliendo con una cuota que eventualmente se le exige.
Estamos discutiendo un tema que desde nuestra visión tiene múltiples aspectos a considerar; es un desafío que el país tiene que asumir, es un tema que hay que incorporar al debate con la sociedad. Es una oportunidad muy importante porque hay mucha expectativa por parte de la sociedad para avanzar en este tema. Nuestro país en materia de políticas sociales tiene muchas cosas consolidadas; hay mucha necesidad de que se incorpore esta cuestión que todos perseguimos para que se sostenga en el tiempo.
Algunas experiencias obtuvimos. En primer lugar, cuando analizamos el tema de la cuota, la tomamos como una discriminación positiva y, como se dijo, era para alentar que existiera un cupo que permitiera a trabajadores con determinadas discapacidades poder acceder a la Administración Pública. Hubo algunas experiencias positivas y otras no tanto, pero naturalmente la práctica, que es el criterio de la verdad, nos permitió sacar conclusiones. Por ejemplo, decir que determinado porcentaje del personal tiene que tener una discapacidad se puede transformar en algo voluntarista y, en algunos aspectos, hasta burocrático. Según nuestra experiencia podemos decir que trabajamos con gente con determinadas discapacidades que encuadernan, trabajan en informática; uno de los secretarios del ministro padece una discapacidad física -no intelectual-, y es un excelente funcionario. Es decir que nuestra práctica también avala que estamos a favor de esta iniciativa porque trabajamos aplicándola.
Con respecto a lo que decía el doctor Lacuague, aquí hay una política de gestión humana que se entremezcla. Podemos poner como ejemplo el caso de una persona que no tenga ninguna discapacidad a la que se le asigne una tarea por encima de sus posibilidades. Evidentemente, esa persona quedará desacomodada y aunque quede dentro de la organización se irá alejando de los objetivos institucionales porque no estará capacitada intelectualmente o no tendrá la experiencia necesaria para llevar adelante determinadas tareas. En el caso de las discapacidades se agregan otros elementos, por lo que en lo relativo a la gestión humana debemos especificar mucho más para qué trabajo estamos convocando a esas personas que sufren una discapacidad. Tuvimos la experiencia de gente que solamente podía trabajar en espacios abiertos como el Jardín Botánico, por citar un ejemplo, aunque hay miles. Nosotros no solamente debemos preocuparnos por cumplir con la cuota sino desde el comienzo debemos analizar para dónde estamos convocando a esas personas ya que de esa manera nos estamos asegurando que van a poder cumplir con lo que se les pide. De esa manera, se podrán sentir realizadas e integradas, la organización podrá obtener de ellas lo que necesita, y como seres humanos podrán progresar, lo que está en el espíritu del trabajo que ustedes están realizando. Por eso muchas veces es bueno transitar por las experiencias vividas por muchas personas y organismos a fin de saber qué ajustes es necesario realizar. No solamente debemos ver esta situación como un problema desde el punto de vista de la integración pura y dura, sino de una integración que pueda lograr los resultados buscados por ustedes cuando están trabajando en normativas de este tipo.
En este momento, un problema que tiene el país es que en la práctica existen múltiples formas de certificar la discapacidad. En primer lugar, debemos saber que existe lo que se llama una valoración de la discapacidad, que generalmente es hecha por un tribunal técnico experto -así se hace en otros países que están más avanzados en esta materia y se está haciendo nuestro país- utilizando un baremo. En nuestro caso, se está usando el baremo español que da una guía de puntajes de la que resulta un puntaje final que si se ubica por encima del 33% hace que se considere que la persona tiene una discapacidad. Argentina usa otro baremo y Chile otro; nosotros utilizamos el español, que ya está un poco viejo, pero este es un tema en el que se está trabajando junto con el Mides, la Comisión Honoraria de la Discapacidad y el Ministerio de Salud Pública.
Por otra parte, hay un artículo de la ley de protección a las personas con discapacidad que tiene que ver específicamente con el sistema de certificación y se refiere al Ministerio de Salud Pública, la Comisión Honoraria de la Discapacidad, el Mides y el BPS, que también es un gran organismo certificador que no puede quedar fuera de la reglamentación de esa norma que tiene algunos problemas de implementación que deben ser subsanados -posiblemente mediante un texto modificativo-, ya que se refiere a la Junasa y esta no tiene competencia en el tema. No quiero extenderme en el problema planteado con respecto a la certificación sino que quiero centrarme en lo conceptual en cuanto a la importancia que tiene una valoración correcta, usando baremos adecuados para llegar a determinar a las personas, porque esa es una herramienta que contribuye a la equidad. Digo esto porque cuando llegamos a la conclusión de considerar a una persona discapacitada pero no llega al nivel requerido se puede generar una gran disconformidad, tal como puede suceder cuando no la consideramos así.
Aclaro que la discapacidad puede ser visible o invisible. Obviamente, si vemos una persona que se moviliza en silla de ruedas podremos considerarla discapacitada en primera instancia. Sin embargo, otra persona puede tener una enfermedad respiratoria crónica por la que puede caminar pocos pasos y fatigarse aún estando sentada, o tener una insuficiencia cardíaca severa, pero esas no son discapacidades visibles.
Volviendo al tema de la certificación es muy importante que el país tenga un sistema de certificación lo más unificado posible. Sabemos que no es fácil de lograr pero debemos aspirar a eso porque de lo contrario para cada prestación o servicio la persona debe pasar por un sistema de certificación diferente y en uno pueden considerarlo discapacitado mientras que en otro no, lo que puede generar confusión y malestar tanto a la persona con discapacidad como a su familia. Es importante lograr un sistema de certificación único que supere las barreas sectoriales -lo que en el país se ve en muchos campos- y nos dé garantías a todos, tanto a la persona con discapacidad como al Estado y a quienes van a brindar recursos para que las personas puedan mejorar su situación.
Con respecto a quién debería certificar considero que es claro que debe haber un órgano certificador único que utilice un solo sistema basado en la CIF, que es la clasificación internacional de funcionamiento y es el modelo y concepto más nuevo de discapacidad existente, generado por la OMS luego del año 2000. Este modelo de discapacidad ya es utilizado por Argentina y Chile y se está expandiendo por todo el mundo y de acuerdo con él debemos realizar la certificación. Ese modelo agrega que la discapacidad no es una condición solamente de la persona sino también del entorno. Por ese motivo, el señor ministro se refería a las barreras tanto físicas como culturales del entorno humano, que a veces generan muchas más dificultades que los impedimentos físicos.
A la vez, es necesario modernizar los baremos, lo que implica un proceso técnico porque tiene que haber un proyecto de investigación que los valide y luego se pueda pasar al nuevo sistema. Mientras tanto, debemos seguir trabajando con las herramientas que tenemos y ponernos de acuerdo para tener un órgano certificador único.
Por otra parte, podemos decir que en el sistema de acompañantes están involucrados el Mides y el BPS.
Concretamente, para la tarea de acompañamiento las personas deben estar capacitadas, y pueden provenir de distintos ámbitos. Lo primero que hay que hacer es determinar exactamente qué función van a cumplir, qué capacidades deben tener y cuáles son los objetivos de su trabajo.
En este momento no tengo la respuesta concreta para la pregunta del señor presidente.
En ese sentido, además del espíritu de unificar criterios y del órgano que toma esas decisiones, también sería bueno tomar como fuente de inspiración la Ley Nº 18.651 vigente, referida a los funcionarios públicos, que en su artículo 49 prevé expresamente la participación en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Desarrollo Social en el análisis de las distintas situaciones que presenten los potenciales trabajadores; es decir, se hace el análisis del grado de discapacidad. El artículo 49 dice expresamente que se debería establecer para qué funciones están capacitados y habilitados y cuáles no podrían realizar. Asimismo, califica si la discapacidad es permanente o transitoria. Inclusive, si es transitoria, la certificación va acompañada de un plazo de validez y, por ende, de una revaluación de esa situación.
Reitero, sería bueno tomar esta ley como fuente de inspiración para generar alineamiento de normativas, sobre todo porque la categoría es la misma; es decir, personas que van a ingresar al mercado laboral en el ámbito público y en el privado. Considero que debería existir una coordinación en cuanto a que fuera el mismo órgano el que actuara en la evaluación de esa discapacidad. Inclusive, se prevé la participación de un tribunal integrado por un médico, un asistente social y un psicólogo, que calificarían el grado de discapacidad, qué actividades pueden ser realizadas y cuáles no.
Hay determinados grados de discapacidad que requieren que las personas estén siempre con algún acompañante o algún sostén que les permita desarrollar alguna actividad en el ámbito laboral. Por razones obvias, y a los efectos de lograr la mayor eficiencia y eficacia en este proceso, parece razonable que existan en el mundo del trabajo áreas laborales bajo el rótulo de Talleres Protegidos que permitan, precisamente, que un operador pueda trabajar con más de una persona discapacitada, generando mejores condiciones desde el punto de vista de los recursos humanos destinados a esta actividad, así como desde el punto de vista institucional, para el sostenimiento de estas actividades. Hay varias experiencias en el país vinculadas a Talleres Protegidos, y es muy importante tener en cuenta el otro aspecto -que también lo establece la Ley Nº 18.651- que tiene que ver, precisamente, con cuáles son las contrapartidas que tienen las empresas para estimular este proceso de incorporación de discapacitados. Sería interesante buscar un equilibrio entre los beneficios que las empresas tienen para incorporar las cuotas de personas discapacitadas en su plantilla y las áreas que con ese rótulo de Talleres Protegidos hagan viables estos procesos de la mejor manera posible.
Reitero, hay varias experiencias en el país en ese sentido, pero todavía son escasas, por lo que sería importante aprovechar el marco legislativo para promoverlas.
Seguramente, los integrantes de la delegación no conocen la última versión del proyecto de ley, que incluye un artículo que habla sobre los Talleres Protegidos. Se hizo un escalonamiento de las distintas discapacidades, y se tuvo en cuenta la posibilidad que tienen algunas pequeñas empresas privadas de menos de veinticinco empleados de cumplir con la ley, es decir, que puedan comprar producción a Talleres Protegidos, y otorgarles beneficios. Obviamente, debemos evitar que se genere una ola de Talleres Protegidos porque podría ser una manera de tercerizar.
Sabemos que hay grados de discapacidad que impiden a las personas que lo sufren integrarse a determinados espacios laborales, pero la idea es trabajar para que todas las personas se puedan integrar a ellos. En este sentido, en el nuevo articulado se establece la necesidad de que exista un operador técnico, que tendría a su cargo la promoción y el fomento del empleo y sería el encargado de informar a las empresas de los beneficios que se van a estar reglamentando.
Consideramos que las etapas de rehabilitación e inclusión son simultáneas. A veces, se dan las condiciones para rehabilitar a las personas en el contexto de trabajo, pero eso depende de la situación específica de ellas.
Por otro lado, debemos mantener los puestos de trabajo; es decir, no quedarse solo con la integración, sino sostener un espacio laboral para la persona con discapacidad y también tener en cuenta los entornos físicos y culturales que existen en los ámbitos de trabajo. Esto nos genera la necesidad de tener una visión integral.
En forma paralela, nos hemos ocupado del sistema de transporte, y hemos hablado con las intendencias, porque hay muchas cosas para ajustar. Podremos tener la ley y la disposición para que se cumpla, pero si no existen las condiciones sociales, culturales y de infraestructura en la ciudad para que las personas puedan acceder a sus respectivos trabajos, es difícil que podamos llevar adelante la inclusión de estas personas.
Más allá de la conquista que esto implica para las personas con discapacidad, debemos continuar realizando un conjunto de tareas para lograr concretar este objetivo, porque con esto se resuelve solo una parte; de lo contario, queda solo en una ley, que tendrá buenas intenciones, pero que no se logra efectivizar si no tiene en cuenta el conjunto en forma dinámica e integral. Como decía el señor ministro de Salud Pública, esto también se relaciona con la ley de salud mental, y con la batalla cultural que hay que realizar para cambiar paradigmas; es decir, intentar modificar visiones que nosotros mismos tenemos. Preferimos hablar de la discapacidad como una construcción social y muchas veces las barreras que ustedes detallaban son construidas por nosotros.
Me pareció importante el enfoque que hoy se planteó porque nos involucra a todos en esta construcción de sociedad que, evidentemente, no se limita a la promoción de una ley, sino que abarca todos los aspectos vinculados a los cambios culturales, que en definitiva son los que terminan pesando a favor o no de la inclusión de las personas con discapacidad.
Yo he participado durante años de la Comisión Nacional Honoraria, y el transporte siempre fue una barrera que limitaba a estas personas a participar, por ejemplo, de los programas de rehabilitación y de aspectos esenciales, como el trabajo o la educación. En este sentido, existe un vacío legal en nuestro país.
La Comisión Nacional Honoraria tiene tres vehículos para transportar a personas con discapacidad a los programas de rehabilitación o a otras actividades.
Este es un tema complejo y muchas veces no se sabe a quién compete, si a la Intendencia u a otro organismo. Reitero, el transporte afecta mucho a las personas con discapacidad y es muy importante para que puedan acceder a servicios esenciales, como rehabilitación, trabajo, educación, etcétera.
Cuando el señor ministro nos convocó para opinar sobre esta modificación de la ley -la ley vigente prevé dos días libres de trabajo al año para donar sangre-, nos pareció sumamente importante repasar la historia. Si uno analiza esta original ley, que empezó a considerarse en 1990 y se promulgó en 1991, quienes nos antecedieron en el departamento de hemoterapia vinieron a una Comisión de este Parlamento a plantear que Uruguay tenía 100.000 donaciones anuales y que con esta ley se llegaría a 150.000. Hoy, a 26 años de la promulgación de esta ley, Uruguay sigue teniendo 100.000 donantes al año, lo que nos indica que la ley no alcanzó los resultados esperados.
Sin embargo, uno debe recordar que cambió el perfil del donante de sangre, pero las definiciones de donación de sangre de la Organización Mundial de la Salud y de la Oficina Panamericana de la Salud dan cuenta de que la donación tiene que ser voluntaria, altruista y reiterada. Por su parte, la Real Academia Española define que dar el día libre per se no es una donación voluntaria. Es voluntaria porque nadie nos pone un revólver para donar, pero es exigida por intercambio.
Hoy entre 60.000 y 70.000 individuos de nuestra sociedad requieren sangre al año; la sangre salva vidas, y nadie lo pone en tela de juicio. No obstante, consideramos que la mayor seguridad transfusional está garantizada por la donación voluntaria y reiterada. En nuestro país más del 50% de los donaciones, a pesar de esta ley, y con las modificaciones que se proponen, son exigidas, es un intercambio; si alguien será intervenido quirúrgicamente o es un paciente hematooncológico se le exigen donantes de sangre, y esto debería cambiar. No creemos que la solución pase por aumentar los días libres, porque se ha demostrado efectivamente que no hubo un cambio en nuestra mentalidad. Sin duda, esto pasa por un cambio cultural y de trabajo, que se está realizando. A nivel académico pensamos que el Estado debería trabajar más en planificar la promoción para donar voluntariamente sangre. La mayoría de los países donde la donación es voluntaria tuvieron grandes guerras o graves inclemencias climáticas, lo que llevó a que la población se educara en la necesidad de donar sangre.
Actualmente, la donación de sangre se considera un bien de la comunidad y es un plan estratégico de todos los Estados. Por lo tanto, consideramos que aumentar un día libre al año no sería la solución. Uruguay es el único país que da el día libre para donar sangre; una vez me dijeron en Israel: “¿Ustedes dan un día libre para donar? Entonces, si tienen 100.000 donaciones por año, pierden 100.000 jornales de trabajo”
Quiere decir que no es una situación menor.
Uruguay debería trabajar para que el propio Estado haga una promoción, que ya ha iniciado en algunos casos y, en ese sentido, la doctora Viano nos podrá contar la experiencia del Programa Escuelas para educar, pero ese objetivo es a mediano y largo plazo y los donantes lo necesitamos per se en el día y ahora.
Los días libres muchas veces generan más problemas que soluciones. Los bancos de sangre en Uruguay necesitan entre 450 y 530 donaciones diarias para mantener un abastecimiento correcto.
Debe quedar claro que en Uruguay no se muere nadie por falta de sangre; es cierto que a veces hay altas o bajas en las disponibilidades, que es un concepto distinto. La Organización Mundial de la Salud establece que un país es óptimo si tiene entre el 3% y el 4,5% a 5,2% de la población donante. Uruguay en 2000 supo tener 140.000 donantes, pero se internalizaron las normas del Mercosur que llevaron a que la donación tenía que ser voluntaria y altruista. Ese año bajamos a 75.000 donantes y después empezamos a subir, con un arraigo actual de alrededor de 100.000 donantes, lo que da un 3% de la población. Si bien estamos en el límite inferior, somos el país de América del Sur que tiene mejor porcentaje de donación cada 1.000 habitantes.
Debemos cambiar la donación exigida, y la donación voluntaria y altruista es el objetivo o el target para obtener una sangre más segura, que no creemos que se alcance aumentando los días libres.
Quiero aportar otro dato interesante. En vísperas de días sándwiches -carnaval, turismo o fiestas tradicionales- prácticamente se duplica la donación en nuestro país. Esto habla que el día libre para donar no sería lo más adecuado.
Estamos educando en las escuelas, en los liceos y en las facultades, conjuntamente con la Facultad de Medicina, tratando de hacer campañas de donación, pero nos sentimos sin apoyo. En ese sentido, creo que a esta ley -que ya existe- deberíamos darle un entorno de compromiso o de programa político que lleve adelante la promoción y la educación de la población. Así, en pocos años, podríamos dar el paso que nos exigieron en el Mercosur para tener el 100% de donantes voluntarios.
El donante voluntario es aquel que sabe cuáles son las condiciones para ser donante, porque ser donante no es un derecho universal sino una condición basada en un estatus sanitario de esa persona, que no debe poner en riesgo al receptor de sangre. La transfusión no es colgar una bolsita, sino un transplante de un tejido, y se debe cuidar al eslabón más débil de esa cadena que es el receptor. Por eso, muchas veces parecemos muy exigentes y educando a la población, el donante sabrá si está saludable para donar y, además, si pretende mantener su estado saludable después de la donación. Por otro lado, también conoce cuáles son las necesidades de sangre de nuestro país y los distintos procesos, por ejemplo, la donación de sangre total o a través de separadores celulares. Los donantes que concurren al Servicio Nacional de Sangre son reiterados y pertenecen a organizaciones de donantes -de sindicatos, iglesias, comunidades de trabajadores, comunidades en el interior- que trabajan por ello.
Estamos inmersos en un círculo vicioso. Los servicios de salud necesitan unidades de sangre. Las familias de los pacientes, o el paciente mismo, salen a buscar donantes ejerciendo presión sobre familiares, amigos o conocidos, y nosotros muchas veces recibimos donantes que, en base a esa presión, no nos otorgan el máximo de seguridad que corresponde, por la sinceridad que requerimos en el período corto de la entrevista.
Por eso, creo que la solución no está en aumentar los días libres, pero lo determinará el Parlamento. Creo que el proyecto tiene otra falencia que es considerar al hombre con cuatro días y a la mujer con tres. Uruguay está trabajando en base a la igualdad entre todos sus habitantes. Entonces, poner el límite de tres días no sería conveniente.
Por otro lado, primero probamos ponerlo solo y, entonces, ¿por qué no probamos con dar entorno educando a la población, haciendo campañas? Esto también permitiría que las empresas estuvieran conjugadas con este trabajo y no generaran problemas cuando el donante se presente a donar y no puede hacerlo porque no está en condiciones. Cuando ese trabajador vuelve a su trabajo sin haber donado tiene un problema, porque perdió un día de trabajo, ya que no podemos certificar que donó para que la empresa no le descuente.
Creo que es mucho más grande este panorama y sería una gran madurez tomar la educación como tema princeps para luego analizar si necesitamos aumentar o no los días por donación.
Muchas veces al donante que se exige la donación no puede donar porque no cumple determinados requisitos. Por eso, algunos se violentan en el banco de sangre porque dicen que pierden el día de trabajo por ir a donar.
Entonces, me parece que estamos ante un problema cultural y que la solución no pasa por dar días libres. La donación de sangre en todo su proceso no llevaría más de una hora. Debemos cambiar porque nosotros tenemos que salir a la comunidad y tratar de minimizar los bancos de sangre institucionales, y eso pasa por un tema cultural. Insisto que no creo que aumentando los días libres mejoremos este perfil, si no va de la mano de otros aspectos.
Me parece que podríamos cambiar el articulado de la ley existente, con los dos días, y agregarle que no se pudiera donar previo a un feriado. El que viene de la actividad privada, ve esto y si decimos que no, nos estamos engañando.
Yo no estoy con la ecuación de los números -porque no soy economista- que arrojan cien días libres, etcétera. Pero el tema realmente tiene repercusión y, por lo que explicaba el catedrático Rodríguez, es importante analizar la modalidad de donar y lo que ello implica económicamente teniendo el cuenta el país que somos, un país muy chico, con una población activa muy chica y con una población pasiva en ascenso.
Creo que hay que hacer un análisis -esto no lo vamos a discutir frente a la delegación, pero lo aporto ya, porque me preocupa y lo hemos analizado con otros compañeros- sobre la gran cantidad de donaciones de sangre -debe haber una cifra histórica- que se realizan el día previo a un feriado. Seguramente, quien aportó esta ley hizo este tipo de análisis, y creo que estaría bueno que nosotros, como legisladores, pudiéramos corregir el articulado. Ya hemos corregido artículos de otras leyes que, en su mayoría eran injustas. Por ejemplo, ahora queremos cambiar algún artículo de la ley sobre nocturnidad, porque para nosotros hay que cambiarlos. Reitero que, en este caso, habría que establecer un artículo que dijera que donar sangre previo a un feriado no correspondería, y lo dejo planteado para que la Comisión después lo estudie.
Pediría que la versión taquigráfica de esta Comisión fuera remitida a la Comisión de Salud Pública, porque aquí hay un tema que excede lo estrictamente laboral. Me parece que lo que se nos ha trasmitido es que el país enfrenta carencias desde el punto de vista del desarrollo de este tema en términos de impulsar programas que involucren aspectos de tipo cultural, de toma de conciencia, y de advertir que el mayor o menor éxito no depende exclusivamente de este estímulo, que ya ha dado lo que tenía que dar, porque el límite de dos días para justificar la ausencia laboral es algo que rige desde hace mucho tiempo. A mí me ha sorprendido -pero me alegro de que así haya sido- la versión que acabamos de escuchar. Tengo la impresión de que por esa vía no vamos a estimular mucho más de lo que hemos estimulado que haya más donantes de sangre y, por lo tanto, que se reciban mayores donaciones.
Sin perjuicio de la decisión que finalmente tome la Comisión de Legislación del Trabajo, pediría que este tema se trasladara a la Comisión de Salud Pública, porque advierto que en un tema tan importante como este -que por razones de salud pública lo es- el país enfrenta carencias. Me parece que para desarrollar adecuadamente un tema en el que seguramente todos registraremos un consenso amplio, hay que buscar soluciones que a esta altura transiten por otros caminos. Simplemente lo menciono como reflexión, independientemente de lo que después pueda hacerse con este aspecto específico, y no sé si es prohibiendo que no se done en la víspera de un feriado. Sé que el diputado Placeres lo hace con el sentido más constructivo y puede analizarse, pero me parece que eso es legislar por la patología, es decir, como reconocemos que los uruguayos somos solidarios siempre y cuando empecemos con la solidaridad con nosotros mismos y después, eventualmente, la practiquemos con los otros, tal vez tengamos que pensar en soluciones un poco más complejas y bastante más ingeniosas.
Quisiera saber si una solución podría ser la exigencia de la coordinación con el trabajo. Quizás a la empresa no le molesta que sea el día previo a un feriado, y prefiere que sea un 24 de agosto a que el empleado le falle otro día, es decir, que haya una previsión coordinando la donación con determinados días de anticipación. Eso llevaría a que no fuera en malas condiciones, porque si uno sabe que va a ir, es un acto de irresponsabilidad porque dos días antes ya sabía que iba a ir a donar sangre y que tenía que estar en condiciones adecuadas.
Es una consulta de sentido común, y la hago para tener una noción del tema. Creo que eso podría ser parte de la legislación y podríamos mejorar un poco esta situación.
Quiero comentar una anécdota, porque muestra un tema cultural. Cuando las torres gemelas cayeron, al otro día el gobernador de la época, Giuliani, instó a los neoyorquinos a no ir a donar más sangre, porque ese mismo día cinco mil neoyorquinos habían ido a donar a los bancos de sangre debido al impacto del suceso. ¿Qué quiere decir? Que la población está educada acerca de que cuando haya catástrofes, guerras o situaciones difíciles, la sangre es un bien de la comunidad que necesitamos todos. Hoy, esa es una necesidad de un grupo muy reducido porque son -como dije anteriormente- entre sesenta mil y setenta mil los uruguayos que por año requieren sangre, y en grandes cantidades. Cuando uno tiene un quebranto de salud, todavía hay que someterlo a una disyuntiva más que es conseguir los donantes de sangre, porque su familiar requiere sangre para recibir una cirugía cardíaca, una prótesis o un trasplante, o tiene una enfermedad hematooncológica o un cáncer. Nosotros consideramos que sí tendríamos que transitar ese camino, pero lo vemos con mucha dificultad.
(Se retiran de sala autoridades del Ministerio de Salud Pública)
(Ingresa a sala una delegación del Centro Unión Obreros Papeleros y Celulosa de Juan Lacaze, Cuopyc, Fanapel)
–––––La Comisión de Legislación del Trabajo tiene mucho gusto en recibir a una delegación del Centro Unión Obreros Papeleros y Celulosa de Juan Lacaze, integrada por su presidente, señor Marcelo Olaverry, y por los señores Guzmán Álvarez, José Gómez y Héctor Pacheco.
El departamento de Colonia ha perdido muchas fuentes de trabajo. Para nosotros el trabajo, el empleo, es un elemento central más allá de que, según los índices que se manejan a nivel nacional, este departamento no tiene tanta desocupación como otros.
Esta situación que vienen atravesando los trabajadores de Fanapel no es nueva. Hace unos cuantos años que se vienen perdiendo puestos de trabajo, en una fábrica que es importante para el pueblo. Las dos chimeneas fundamentales son la de la fábrica de papel y la de la cooperativa textil autogestionada por los trabajadores, con la que también tenemos algunas complicaciones, que el plenario ha tomado, por cuestiones que tienen que ver con la venta de sus mercaderías de fronteras para afuera.
Como plenario intersindical estábamos aguardando lo que resolvían los trabajadores, nucleados en su federación. La primera semana de agosto había que pagar los aumentos correspondientes al convenio colectivo vigente que, tal como nos informaron los compañeros, no se hizo. Al día siguiente de denunciar ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la violación al convenio colectivo de las compañeras y los compañeros, se encontraron con que la totalidad de la plantilla de trabajadores de Fanapel había sido enviada al seguro de desempleo. Por parte de la empresa, que es de capitales extranjeros, se estableció que, más allá de las medidas que se tomaran, no sería pagado en tiempo y en forma el aumento correspondiente al convenio colectivo.
Está claro que Juan Lacaze es una ciudad dormitorio. Aquel que conozca el departamento de Colonia sabe que Rosario, a 26 kilómetros de nuestra localidad, hace años que es ciudad dormitorio y que, de las más de trece chimeneas que tenía, no queda ninguna. Esto también ha pasado en el pueblo Tarariras, ubicado en el centro del departamento, con más de catorce fábricas. La única grande que va quedando, y esperemos que siga porque es su fuente laboral, es un frigorífico, también de capitales extranjeros, como la mayoría de los frigoríficos del país.
La situación del departamento en lo laboral es compleja. De los 610.000 trabajadores del país, hay un alto porcentaje en el departamento de Colonia que son quincemilpesistas, como decimos nosotros. La situación de los trabajadores y las trabajadoras se sigue ninguneando y es de vieja data. Seguimos encontrando compañeros y compañeras, sobre todo en el área forestal, trabajando en condiciones infrahumanas, en las que no debería laburar nadie. Eso pasa al día de hoy. Hace un par de años, en Los Cerros de San Juan, encontramos a hijos de trabajadores rurales a quienes, si el capataz o el patrón de la estancia no les abría el candado, no podían ir a la escuela.
Queremos ilustrar la problemática de laburo que tenemos, y que tienen muchos trabajadores y trabajadoras del país, pero preocupados en este caso por el pueblo Juan Lacaze, para el que estos doscientos setenta trabajadores de Fanapel son un pulmón importante. Está claro que los primeros que tienen que hacer carne de esto no son solo los obreros de Fanapel, sino el plenario intersindical y el pequeño y mediano comerciante. En general, ninguno de nosotros coloca la plata de su sueldo en el banco; lo que hacemos es reestructurar el mercado interno, comprando en el almacén, la carnicería, etcétera. En un pueblo como Juan Lacaze es muy complejo que estas doscientas setenta familias sean enviadas de un plumazo al seguro de desempleo.
Fanapel ya venía de épocas difíciles. Creo que el tema del mercado argentino apuró las situaciones. La situación actual es que estos doscientos setenta trabajadores han sido enviados al seguro de desempleo. La fábrica dijo que no son doscientos setenta sino doscientos trabajadores, sin incluir a los empleados tercerizados, a los trabajadores de las empresas que prestan servicios -que también mandaron al personal al seguro de desempleo-, a los trabajadores de la carpintería que nos hace las planchas, y es posible que el mes que viene mande a diez o doce trabajadores más al seguro de paro. La empresa no los toma en cuenta, como si no fueran trabajadores, y son compañeros que están todos los días trabajando con nosotros y que también dependen de un sueldo para llevar a la casa.
Los trabajadores tenemos propuestas para el futuro. Hoy estamos sin laburo y sin saber cuándo volveremos, pero tenemos propuestas que venimos haciendo desde hace muchos años, de las que dejaremos copia a cada uno de los señores diputados y que también enviaremos por correo.
Al mes siguiente, en junio, volvieron a salir otras dieciocho o veinte personas.
En julio aumentaron el número de personas enviadas al seguro de desempleo, al sacar un turno específico de una máquina para reducir costos. Entonces, pasamos de ser dieciocho o veinte a ser veinticinco o veintisiete personas en el seguro de paro.
El 31 de julio hubo una reunión con los Ministerios de Industria, Energía y Minería y de Trabajo y Seguridad Social. El 8 de agosto Fanapel nos informa que enviaría a doscientas setenta personas al seguro de paro, incluyendo en ese número a los tercerizados.
Ahora tenemos que esperar a ver qué se resuelve. Después de la tripartita de la semana pasada liberamos 1.000 toneladas de papel a cambio de que la empresa presentara una forma de trabajo y una forma de pago del aumento, lo que hasta ahora no ha sucedido.
Este es el racconto de lo que ha sucedido desde mayo al día de hoy.
Más allá de esta circunstancia, el mercado argentino y la reducción de costos que pretende Fanapel -hace más de tres años que amenaza con una reestructura, pero nunca la presenta-, siempre hemos dicho que los trabajadores estamos dispuestos a evaluar y negociar una propuesta de la empresa. No estamos dispuestos a firmar un cheque en blanco, que es a donde nos quiere llevar la empresa, pues pretende una reestructura en la que el sindicato firme amablemente un papel y ella lo rellene como quiera. Reitero que no estamos de acuerdo con eso.
Como sindicato siempre hemos evaluado la fuente de trabajo; Cuopyc tiene una historia muy extensa en acuerdos con Fanapel -acuerdo muy difíciles y con mucho trabajo- y durante años hemos sido negociadores.
Actualmente en algunos medios -sabemos a quienes responden- se afirma que los trabajadores somos los culpables. No, los trabajadores no somos culpables, sino que estamos peleando por nuestros derechos y las fuentes laborales.
La situación no es fácil. Salimos a dar a conocer esta situación -Fanapel no lo quería, pues prefiere mantener un perfil muy bajo- porque si no pedimos ayuda, no vamos a poder.
En este punto quiero reiterar lo que como sindicato venimos diciendo desde el año 2008, pero no por esta situación puntual sino mirando hacia el futuro y buscando una política nacional sobre el papel y el cartón.
El Poder Ejecutivo se jugó por los proyectos de celulosa -iniciativa que hemos acompañado desde el primer momento-, pero en el 2013 nos ha costado el cierre de una planta de celulosa, con ochenta puestos de trabajos directo; algunos compañeros se reacomodaron con menor salario, otros se jubilaron y un tercer grupo se retiró en forma voluntaria. Se dejó de hacer celulosa para comprarla y generar papel; dejamos de ser una fábrica integrada para pasar a ser una de complemento.
Es muy difícil para los trabajadores pedir que bajen aranceles y los impuestos a las empresas, pero entendemos que debe haber una política hacia el papel y el cartón pues, de lo contrario, las grandes empresas que lleguen tendrán a 150 trabajadores con trabajos dignos, pero algunos compañeros no ganarán tanto y otros, en el sector forestal, percibirán menos de $ 15.000, con situaciones complicadas.
Más allá de que Fanapel tenga cien años de antigüedad, nosotros somos trabajadores dignos, con sueldos de $ 25.000; parecería que esta cifra asusta a una gran cantidad de gente; $ 25.000 o $ 30.000 de sueldo parece que es mucho para la gerencia de la fábrica. Si percibimos estas cantidades es gracias a los años de lucha y pelea; no tenemos trabajos dignos porque los dueños de la empresa argentina vinieron y dijeron: “Los trabajadores papeleros se merecen”. Reitero que fueron muchos años; podemos recordar los años noventa, con ciento veinte trabajadores echados o la huelga de 1985.
Por los años 2006 y 2008 como sindicato proponíamos un cambio sustancial y trabajar para quitar las bolsas de nailon de los supermercados y elaborar bolsas de papel; hoy volvemos a reiterar ese planteo. Si el Poder Ejecutivo quiero cobrar las bolsas de nailon, nosotros le decimos que sería bueno cambiarla por bolsas de papel, pero asegurándonos de que se fabriquen acá y no en China, porque tampoco sería una solución.
Sabemos que hay leyes de mercados internacionales, proyectos y que los costos deben ser bajos, pero nosotros le planteamos al Ministerio de Industria, Energía y Minería en Carmelo, trabajar para mantener las fuentes de trabajo porque queremos seguir trabajando en el papel.
Como Plenario Intersindical de Juan Lacaze -no como Cuopyc- reiteramos que se nos está yendo la vida en esa ciudad; no tenemos la posibilidad de ser un pueblo de paso. Quien haya visitado Colonia sabe que ninguno entra a Juan Lacaze a visitarnos, excepto quien tenga algún familiar.
Estamos peleando por trabajo genuino y digno, no queremos vivir como pensionistas o rentistas del Estado; queremos encontrar alternativas, y para eso vamos a seguir golpeando puertas.
Vamos a enviar un documento a la Comisión.
Creo que acá hay dos asuntos: uno de ellos son los aspectos de la reestructura y el otro es la medida adoptada por la empresa en función de un reclamo de los trabajadores. Lo que se lee de lo que plantean los trabajadores es que luego del reclamo del cumplimiento de un convenio salarial, se toman represalias y medidas para debilitar ese planteo, que fue fruto de una negociación y un acuerdo. Eso es lo que hoy está sobre la mesa.
Entendemos que esta práctica que desarrolla la empresa es extremadamente grave y que, desde esta Comisión, debemos tomar cartas en el asunto. En primer lugar, citar a la empresa. Como siempre aclaramos, no es obligatorio que las empresas concurran a este ámbito, pero en general, cuando hay voluntad para construir salidas los responsables de las empresas vienen a esta Comisión.
En segundo términos, vamos a barajar algunas alternativas desde el punto de vista político legislativo, teniendo en cuenta que el Estado uruguayo es un gran cliente de Fanapel; muchas de las hojas que se utilizan en las oficinas públicas provienen de esta empresa. Digo esto porque en estas situaciones tenemos que colocar todo el escenario sobre la mesa y porque acá queremos construir una salida.
Un porcentaje muy alto de la producción de algunas empresas se vende al Estado, pero no pueden existir este tipo de contradicciones, sobre todo cuando el Estado quiere proteger a los trabajadores, los derechos laborales y avanzar en la legislación laboral. El Estado tiene que fomentar aquellas empresas comprometidas con el cabal cumplimento de los derechos laborales. Obviamente, nadie le va a pedir a la empresa que no obtenga ganancias o rentas, pero todo en su justo término, en su justa medida, con pleno cumplimiento de los derechos laborales y convenios firmados por las partes.
Planteamos invitar a la empresa, pero en caso de que esto no avance de la manera en que todos esperamos, es decir, que los trabajadores encuentren una salida negociada con la empresa, estamos barajando la posibilidad de presentar una iniciativa legislativa, porque tenemos algunas posibilidades… ¡La Cámara de Representantes es cliente de Fanapel! Hay cosas que no pueden seguir sucediendo con los niveles de impunidad que se dan en muchos lugares. Pero este no es el único caso. Durante este tiempo que nos ha tocado actuar en esta Comisión vimos instituciones privadas, empresas que contratan con el Estado y que tienen un relacionamiento con los trabajadores que da vergüenza por las condiciones en las que se da. A veces no se puede hacer nada, pero hay veces que sí. Mejor dicho: siempre se puede hacer algo, lo que ocurre es que a veces hay más limitaciones, pero creemos que estamos en condiciones de asumir una postura de articulación, de acuerdo, pero también una postura que permita destrabar los problemas de esta negociación en favor de los intereses de los trabajadores pero también de los intereses más generales, de un pueblo, de una ciudad, de un departamento que ya viene golpeado. Hace poco más de un año cuatrocientos trabajadores sufrieron el cierre de Ecolat y así, sucesivamente, en el departamento y en otros lugares del país surge este tipo de situaciones que van complejizando y empantanando aún más la vida cotidiana de la gente, porque ¡de eso se trata! No estamos hablando de grandes emprendimientos personales de los trabajadores sino de condiciones mínimas para vivir y llevar una vida digna con sus familias, de un pueblo que vive de las actividades industriales y productivas.
Hace aproximadamente dos meses hicimos una recorrida por el departamento de Colonia para analizar la situación laboral existente. En Nueva Helvecia nos reunimos con la asamblea de los trabajadores de Caldem y de Ecolat. En el caso de Caldem la preocupación era porque la empresa está en concurso y el temor por la pérdida de la fuente de trabajo llevó a que la organización sindical propiciara una serie de medidas para asegurar el trabajo; contaron con el apoyo de trabajadores de Ecolat.
En Tarariras estuvimos con trabajadores de los frigoríficos y del sector lácteo.
En Juan Lacaze nos reunimos con el plenario y con los trabajadores de Fanapel. Allí los trabajadores nos planteaban su preocupación por el proceso de discusión que se venía dando con la empresa en relación a la reivindicación por parte de los trabajadores de un convenio colectivo; la respuesta de la empresa fue que los trabajadores ganaban sueldos exorbitantes, de aproximadamente $ 23.000 o $ 25.000 y que en todo caso la alternativa podía ser la rebaja salarial. Estas son las respuestas que muchas veces dan las patronales, algunas que reciben subsidios por parte del Estado y otras proveedoras del Estado que cuando les va un poquito menos bien que de costumbre, su ajuste de cuentas viene por el lado de la cantidad de empleos o por el salario.
Los trabajadores nos planteaban el horizonte que veían y que se estaban preparando para enfrentar situaciones como la que se concretó hace unos días enviando la empresa al seguro de paro a la mayor parte de los trabajadores directos de la empresa y de áreas directamente vinculadas a esto.
En primer lugar, corresponde la denuncia del envío al seguro de paro y de todo el proceso que se dio anteriormente mediante el que se intentó que los trabajadores aceptaran la rebaja salarial y la disminución de sus condiciones de trabajo que, como decían los compañeros, no fue por graciosa concesión de alguien sino fruto de lucha de años que permitió tener niveles salariales un poco mejores que el resto de los trabajadores, pero que de ninguna manera tiene relación con la canasta familiar. Plantear como alternativa la rebaja salarial deja mucho que desear.
Como planteó el señor diputado Núñez, hay que convocar a la empresa para que nos cuente acerca de su plan de negocios, qué es lo que se plantea en cuanto a la importación y exportación, cuál es la situación respecto a las exportaciones hacia Argentina donde se aplican recetas que ya conocimos en este país como la apertura indiscriminada y en este caso, la inundación de papel proveniente de Asia. Importa conocer qué perspectivas tiene porque los trabajadores están denunciando la situación actual, pero también reivindicando lo que ellos definen como trabajo genuino y digno y eso forma parte de la mejor historia del movimiento sindical uruguayo.
Al mismo tiempo, en este caso como en otros, corresponde -también lo planteó el señor diputado Núñez- que cuando se trata de empresas proveedoras del Estado se observe con mucha atención las políticas que siguen los organismos del Estado en relación a empresas que proceden al ajuste automático de los puestos de trabajo, de los salarios y de las condiciones laborales.
Propongo enviar la versión taquigráfica de esta parte de la sesión a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Industria, Energía y Minería para que analicen cómo se plantan ciertas empresas ante determinada situación.
Por otro lado, la presencia en esta Comisión de legisladores de Colonia habla de la preocupación por el departamento que viene con una situación muy compleja. Por ejemplo, los trabajadores de Ecolat a través de un proyecto cooperativo están intentando recuperar la unidad productiva. Sabemos la complejidad que trae esto consigo; están trabajando con la Universidad de la República, entre otros. Esa preocupación del espectro político de Colonia refleja la preocupación de los colonienses en general y de los lacazinos en particular, porque esta situación no solamente afecta a los trabajadores de la empresa sino también al comercio, al dinamismo de la economía de esos lugares.
La Comisión debe asumir el reto planteado convocando a la empresa, remitiendo la versión taquigráfica a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Industria, Energía y Minería y generando los mecanismos que permitan a los organismos del Estado ver con mucha atención esta situación y tomar las resoluciones que correspondan para asegurar que los trabajadores retornen inmediatamente a sus puestos de trabajo sin presiones indebidas, sin planteamientos que pasen por desconocer sus niveles salariales. En estos desafíos sin duda vamos a contar con el apoyo del espectro político a nivel departamental y nacional.
Parece que a Colonia le cayó algo porque de a poquito vienen en cascada, sin embargo, la clase trabajadora está afrontando la situación presentando diferentes iniciativas, como bien decía el delegado.
En un país donde se anuncia la construcción de la tercera planta de celulosa -tenemos dos-, en un país donde la forestación es impresionante, con 1.200.000 hectáreas sembradas, es increíble que no podamos desarrollar una cadena de valor que tenga que ver con esos motores.
Voy a brindar algunas cifras que me preocupan; lo dice un humilde laburante que apoya la autogestión. Me encanta la autogestión, sin embargo, no creo que sea la figura adecuada para Fanapel. Pero tenemos que poner encima de la mesa el análisis de costos que Uruguay paga. Los costos por importación de bolsas de papel en 2014 ascienden a US$ 11.136.967, en 2015 a US$ 10.671.920 y en estos ocho meses de 2016, US$ 6.230.241. El 49% de las cien principales empresas importadoras de bolsas de papel corresponde a las dos cementeras, y luego vienen las empresas que utilizan el papel para exportar leche en polvo. Argentina, debido a las carencias que había -a partir de que en ese país se instalaron plantas de celulosa, esto también ocurrió- prohibió envasar harina en bolsas de plástico de 50 kilos y se envasa en bolsas de papel de 25 kilos, como bien se aplicó aquí para el Pórtland. Desde el Poder Legislativo deberíamos trabajar con algunos organismos del Estado para ayudarnos a entender esto, porque hay normas que pueden favorecernos. Analizando un poco, por ejemplo, la admisión temporaria de algunas empresas que exportan el producto a terceros países hace que sea más barato porque esa bolsa no paga impuestos. Sobre esos números de exportaciones, después de la leche en polvo viene la admisión temporaria. Hay que ponerle pienso, no soy economista ni un cráneo, pero estamos rodeados de gente con capacidad de pensar una solución. Se trata de buscarle la vuelta para que el país en base a las dos plantas de celulosa que existen, los dos motores, genere cadenas de valor, o de pronto, no. Pero por la tercera planta que se dice piensa instalarse en el país, creo que hay que generar cadena de valor. No sé si es Fanapel, pero no veo descabellado que Uruguay plantee hacer una planta para sustituir la importación de este producto en el marco de la competitividad. Por lo tanto, Uruguay debería tener una planta de elaboración de bolsas de papel. Los números me dicen que sí; este es el mercado, estos son los números que se pagan para traer bolsas a Uruguay.
Antes de que asumiera, el presidente dijo -y se lo comunicó al PIT- CNT- que en Uruguay hay dos ramas importantes, una la sustitución de bolsas de nailon por bolsas de papel, porque en Uruguay hay montes, hay materia prima y dos plantas que están procesando la celulosa. Si bien el cien por ciento es exportado, algo deberían dejar las plantas para el mercado uruguayo. No se utilizaría toda la celulosa, el mercado uruguayo es muy chico y no digo que arreglemos el problema con dos bobinas, pero de pronto con cuatro, sí. Así generaríamos puestos de trabajo.
La otra idea que dijo el señor diputado Puig y de la que soy hincha, consiste en sustituir las proformas PET por vidrio. Uruguay tiene que salvarse con medidas medioambientales; la generación de empleo tiene que estar atada a las medidas medioambientales. Es imposible que podamos competir a gran escala porque Uruguay es un gran vendedor de productos primarios y eso no va a variar. No vamos a competir con aquellos países que hacen lo mismo que nosotros; esa es otra realidad que tiene Uruguay. Se habla de plantear nichos de competitividad en otros países pero nosotros vendemos toda la manufacturación al Mercosur; esa es otra realidad. Los países compradores de nuestros productos manufacturados son Brasil y Argentina, como lo han sido Venezuela y Bolivia. Más allá del Mercosur debemos buscar países que puedan comprar lo que nosotros producimos.
Puedo dejar a los compañeros los datos que mencioné porque me interesa que los trabajadores investiguen las cien empresas que figuran en este listado; no sé si sus capitales son uruguayos pero todas ellas están en Uruguay. Una de ellas es Ancap, que es nuestra, y en 2014 invirtió US$ 2.400.000 en este rubro, en 2015 US$ 1.867.000, y en lo que va de 2016 US$ 1.050.000. Es decir que tenemos una empresa estatal que compra ese insumo, por lo que podría haber demanda. Entonces, me parece que hay para trabajar en este tema y no me refiero a la autogestión porque implica todo un cambio cultural, pero es necesario buscar mecanismos. Es mentira que rebajando los salarios se puede avanzar en competitividad; esta se logra con nuevas tecnologías, capacitación y no con sustitución. En otros períodos ya se discutió este tema porque se decía que la clase trabajadora quería sustituir lo importado pero no es así; queremos competir en igualdad de condiciones, lo que es distinto, porque hay países que están entrando productos con exoneraciones, como todos sabemos, pero eso se dice entre gallos y medianoche y no se aclara bien. El factor energético importa y hay países del Mercosur que compiten con la energía subsidiada. Es imposible que esto se pueda arreglar con la rebaja del salario, como lo piensa un patrón. No; se deben aplicar medidas de competitividad que generen igualdad de condiciones.
Comparto lo que manifestaron los dos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra en cuanto a invitar a la empresa, pero también me gustaría plantear esta preocupación a los ministerios de Industria, Energía y Minería y de Trabajo y de Seguridad Social -no se podrán asistir aquí o deberíamos ir nosotros- porque han generado mesas de trabajo en las que se ha participado y en las que se pueden abrir espacios de análisis. Y si el Poder Legislativo tuviera que promover algunas exoneraciones deberíamos analizarlas junto con el Ministerio de Economía y Finanzas y trabajar en ellas. Si fuera necesario que la Comisión promoviera alguna ley habría que hacerlo, porque este es un tema preocupante ya que tenemos la materia prima y las fábricas que hacen esto pero importamos los montos de papel que expresé. Esto es increíble y no porque no haya voluntad; hay voluntad de algunas empresas de tener este producto en plaza porque se les garantiza continuidad en el manejo del producto.
Doy la bienvenida a quienes nos visitan. Quiero dejar constancia de que somos conocedores de las dificultades laborales por las que está atravesando el departamento de Colonia. Lamentablemente, los colonienses han sido asiduos concurrentes a esta Comisión para plantear las tremendas dificultades que se han dado en estos últimos tiempos vinculadas con las fuentes de trabajo.
Quienes me antecedieron en el uso de la palabra desarrollaron los posibles cursos de acción que tiene la Comisión, los cuales compartimos, apoyamos y trabajaremos en conjunto a raíz del planteo relativo a la invitación a la empresa; no tiene obligación de asistir pero sería muy importante que lo hiciera para poder intercambiar puntos de vista acerca de esta situación de conflicto que angustia. También apoyamos los planteos de los compañeros de la comisión en cuanto a que esta versión taquigráfica sea enviada a distintos ámbitos del Estado que son parte de esta problemática y que también pueden ser parte de la solución. Asimismo, quiero dejar muy claro el apoyo a eventuales situaciones que puedan surgir para dar una solución desde el propio ámbito legislativo, tal como lo planteó el señor diputado Núñez. Creo que es fundamental encontrar una salida para este tipo de conflictos que afectan tantas fuentes laborales y golpean nuevamente en el departamento de Colonia. Por lo tanto, manifiesto el compromiso de trabajar junto con los compañeros de la Comisión para encontrar una salida.
No quiero repetir la situación que atraviesa Colonia. Hoy se plantea un caso de Juan Lacaze, pero sabemos que la falta de trabajo se da en todo el departamento y nos tiene preocupados.
Quisiera referirme al proyecto de sustituir la bolsa de nailon, que nos fue presentado la semana pasada cuando fuimos citados a Cuopyc. La intendencia se había comprometido a sacar una reglamentación para sustituir la bolsa de nailon por lo que ya se podría contar con ese apoyo, pero también deberíamos procurar -personalmente me preocupa- que el Estado se haga cargo del mercado interno que tiene, porque de lo contrario después va a ser muy difícil colocar la mercadería. Ya tenemos la experiencia de la cooperativa Puerto Sauce, que también tiene un proyecto pero no ha podido colocar sus productos dentro del mercado interno, ya sea estatal o privado.
Me parece correcta la propuesta de esta Comisión en cuanto a conversar con la empresa, aunque como diputada por el departamento de Colonia voy a tener una conversación con la empresa a fin de asesorarme más. A la vez, debemos analizar qué otros caminos podemos adoptar porque en esta fábrica irían doscientos setenta obreros al seguro de paro, pero tienen familia por lo que las afectadas serían muchísimas personas más. Estamos preocupados por el departamento de Colonia y por Juan Lacaze; no me voy a poner la camiseta porque soy de allí, pero siempre ha sido una ciudad industrial y no sé si nos hemos quedado en el tiempo pero los lacazinos hemos aprendido que las medidas sindicales deben ser respetadas, por lo que no podemos permitir que el Consejo de Salarios sea desconocido. Además, la rebaja salarial no es un método que pueda poner un empresario sobre la mesa; eso no se negocia.
Aquí se mencionó algo con respecto Ecolat, que atraviesa una situación grave. Hay dos plantas y las situaciones de Ecolat y Calcar son complicadas pero lo más problemático es que no tenemos leche. Por más que se haga un estudio o lo que se quiera, hoy no hay leche; faltan un millón de litros de leche por día. Entonces, se puede abrir una nueva planta pero empieza la competencia y no hay leche. Tenemos que cuidar a la industria y al productor, por lo que debe haber créditos blandos y a largo plazo.
En cuanto al sueldo, eso no se negocia. Sin embargo, el ministro Astori dijo claramente que $ 30.000 es un sueldo de clase media, aunque yo no lo comparto y tampoco negocio la rebaja de sueldo.
También es muy importante que tanto esta Comisión como nosotros nos comuniquemos con la empresa y tratemos de tender puentes a fin de negociar para beneficio de los trabajadores. Quienes nos visitan, además de negociar han traído soluciones como la de producir bolsas de papel. Todos los aquí presentes estamos de acuerdo con que se produzcan bolsas de papel y en ese sentido creo que tanto el mercado interno como el externo resultan interesantes.
Considero que también es relevante que esta Comisión se comunique con la Intendencia de Colonia, ya que se comprometió a enviar a una iniciativa a la Junta Departamental a fin de que se elabore un reglamento acerca de la bolsa de papel; ya se debería legislar para que en ese departamento empiece a circular la bolsa de papel.
Por lo tanto, me gustaría que esta versión taquigráfica también fuera enviada a la Intendencia y a la Junta Departamental de Colonia.
Mucho de lo que queríamos decir ya ha sido expresado. Creo que aquí hay varios problemas pero hoy el fundamental es la realidad que viven los trabajadores. Como se ha dicho, considero que nadie puede operar sobre el sueldo.
Yo tuve la suerte de recorrer Finlandia y sus papeleras y me surge una reflexión. Uruguay va a ser uno de los países productores de pulpa de papel más grandes del mundo y lo que observé en Finlandia es que tanto las ciudades en las que se ubicaban las plantas como las aledañas vivían de toda la industria del papel y en todas las fábricas estaba la parte final que es la fábrica de papel. Todos sabemos que se dan grandes exenciones a las plantas para que se instalen en nuestro país, las que se han dado en todos los gobiernos. Sin embargo, creo que además de lo que le perdonamos deberíamos poner condiciones. En breve vendrá a Uruguay una de las plantas más grandes del mundo. Es una suerte que venga porque habrá trabajo, como lo tuvimos en Montes del Plata y en los departamentos del norte, pero después queda poco. Entonces, debemos hablar con el Poder Ejecutivo y proponer que quede una parte, porque en última instancia estamos como en el caso de la venta de carne o lana, ya que siempre vendemos la materia prima. Entiendo que debemos exigir a esas plantas que un porcentaje de la materia prima tenga que ser vendida por Uruguay elaborada. Creo que eso es lo que debemos plantear y lo que como legisladores deberíamos proponer a través de proyectos de ley. Me parece que eso es lo que debemos hablar todos los legisladores pero fundamentalmente los del partido de gobierno, que son los que están más cerca del Poder Ejecutivo.
También se ha planteado aquí que podemos mediar, más allá de que están las autoridades de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social e Industria, Energía y Minería. Creo que es bueno -y ya lo hemos hecho con algunas empresas que han estado en dificultades en el departamento de Colonia- que los legisladores que representamos a todos lo partidos también podamos hacer alguna mediación entre los trabajadores y la empresa.
Agradezco mucho la invitación.
Hace unos días estuvimos reunidos en Juan Lacaze la señora diputada Mercedes Santalla, el señor diputado Edmundo Roselli y quien habla con quienes nos visitan hoy para interiorizarnos de su situación.
Este no es un problema solo para los trabajadores que están pasando por esta circunstancia, sino también para Juan Lacaze, porque esto tiene una implicancia económica y social muy grande para la ciudad.
Esto es una cadena porque se van a ver perjudicados el almacén del barrio, el verdulero, el farmacéutico, el carnicero y también -¡vaya si es importante!- la mutualista, que con esta situación puede llegar a tener mil doscientos usuarios menos.
Realmente, esta situación generará un fuerte impacto económico, pero fundamentalmente social; es un golpe de knock out para la ciudad.
Compartimos los lineamientos de trabajo que varios integrantes de la Comisión han expresado. Además, los legisladores del departamento queremos manifestarles a quienes hoy nos visitan nuestro total apoyo y compromiso de acompañarnos en esta lucha.
Quedamos a las órdenes de la Comisión para trabajar en forma conjunta y le solicitamos que ante cada gestión que realicen por este tema nos mantengan informados a los cuatro legisladores del departamento de Colonia.
Por otro lado, quiero señalar que comparto que los sueldos no se pueden tocar, porque es lo justo. A su vez, considero que se va a tener que analizar el tema de la competitividad, que se ha perdido en parte por el costo del Estado en una cantidad de rubros, y sobre eso va a haber que trabajar. Comparto lo que decía la señora diputada Mercedes Santalla en cuanto al pasaje de la bolsa de nailon a los productos de papel, y que haya un compromiso del Estado y que se cumpla, que sea la base del consumo de lo que se produzca.
Agradezco nuevamente a la Comisión y a quienes hoy nos visitan por permitirnos a los legisladores del departamento trabajar junto a ustedes, y nos comprometemos a continuar en esa dirección.
Comparto lo que han dicho los compañeros de la Comisión y los legisladores invitados en cuanto a que tenemos que seguir avanzando en este tema.
Como dijo el señor diputado Daniel Placeres, hay lugares donde los costos operativos tienen mucha incidencia por el consumo que se hace del papel.
Hace un tiempo se hizo un convenio a nivel nacional con el Ministerio, que fue un puntal fundamental para el desarrollo productivo de emprendimientos familiares, como el Molino Santa Rosa; por lo tanto, me parece que tenemos que seguir trabajando en ese sentido. También, deberíamos reunirnos con la ministra de Industria, Energía y Minería y con otros organismos para conversar sobre estos temas e incidir como legisladores.
El Parlamento aprobó una ley que promueve la compra artesanal de pescado y la granja familiar. El Estado puede comprar hasta 30% de pescado artesanal para las escuelas y eso ayuda a los pueblos donde se realiza la pesca. El mismo porcentaje se aplica para los productos de granja. Pero lo que no se estipuló en la ley fue la parte industrial.
Nadie está diciendo que el cooperativismo esté a la vanguardia, pero en este país hay gran cantidad de pymes. De dos mil quinientas empresas exportadoras, el 5% concentra el 85% del mercado; el resto vive de pequeñas exportaciones y del mercado local.
Como decía el senador Daniel Bianchi, es importante que vengan estas grandes empresas al país, pero habría que buscar la manera de que un porcentaje de esa materia prima se manufacture aquí.
Antes de trabajar en la industria del vidrio, trabajé en la del cuero, en una fábrica de carteras. En el año 1985, el Uruguay no podía exportar productos de cuero que no fueran manufacturados. En esa época, la industria de la marroquinería era enorme. Pero eso se fue perdiendo por la aplicación de políticas que permitían vender el cuero en pie sin tratar. Hoy, la industria frigorífica está en manos de capitales extranjeros, y si no tratamos que parte de esa inversión genere manufacturación del producto, lo único que estamos haciendo es exportando bienes primarios. No estamos diciendo que no esté bien, pero voy a dar otra visión. Por ejemplo, el gran boom es la soja, pero las empresas acá se gastan produciendo aceite, y podríamos tener una cadena exportadora.
Ha venido gente de otros países a hacer estudios de investigación sobre la soja y la celulosa, y esto es bueno porque el futuro del Uruguay va a estar en el desarrollo del conocimiento.
Nosotros tendríamos que aprovechar la venida de estas empresas, a las que les otorgamos exoneraciones para que se instalen aquí, para generar cadenas de exportación de productos y desarrollo económico; de lo contrario, nos vamos a quedar con la venta de productos primarios.
Hoy se habló del sector lechero y es verdad que hubo un problema grande, pero tenemos que contar toda la historia. Pienso que se debió prever esta situación. Ahora, la Comisión está estudiando un fondo de garantía en lo que refiere al trabajo pero, reitero, se debería haber previsto la crisis o el desaceleramiento de la economía. A mi modo de ver, aquellas empresas que el Estado uruguayo promovió para conseguir nuevos mercados tendrían que generar un fideicomiso u otra cosa que le permita en un momento de estancamiento mantener no solo el trabajo, sino también el nicho de mercado de ese producto.
Por lo expuesto, es importante que nos aboquemos a ser un país productivo, y no atacar un producto en beneficio de otro
Cuando se habla de reemplazar el nailon, lo que estamos haciendo es desvestir un santo para vestir otro. Decimos esto porque la industria del nailon genera una cadena de trabajo que va desde los recolectores, los recicladores, lavadores, hasta los que generan el PET, los que fabrican el producto. Por lo tanto, no podemos liquidar a uno para solucionar el problema de otro.
Comparto lo que manifestó el señor senador Daniel Bianchi en cuanto a que el país debe competir para que las empresas sean productivas y no tengan que bajar la cortina, como está pasando. En este sentido, me gustaría conocer la opinión de la señora ministra.
Lo que está pasando en Colonia también lo estamos sufriendo en Tacuarembó con el cierre de algunas empresas. En los últimos años no nos hemos dado cuenta de que tenemos que posicionar al país para que la industria nacional pueda competir. Creo que se nos está terminando la suerte, pues ya han pasado varios gobiernos y no hemos hecho nada para que la industria tenga su ganancia, pague buenos sueldos, se mantenga y compre acá.
Vamos a convocar a la empresa para tratar este tema puntual. Además, vamos a estudiar cómo hacer más competitiva nuestra industria, porque a la larga esta situación se tornará cada vez más difícil. Hoy por hoy, a muchas empresas los números no les están cerrando.
Gracias.
(Se retira de sala la delegación del Centro Unión Obreros Papeleros y Celulosa de Juan Lacaze, Cuopyc, Fanapel)
(Ingresa a Sala la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social)
——La Comisión tiene el agrado de recibir al señor Víctor Olmos, presidente de ATSS; a la señora Verónica Miranda, vicepresidenta; a la señora Silvia Lema, secretaria general, y al señor Martín Aguiar.
Nuevamente denunciamos que, de acuerdo con el departamento jurídico del sindicato, el pago de la PCM del Banco de Previsión Social fue inconstitucional, ya que no efectivizó conforme a lo que establece la Constitución de la República de pagar por presupuesto vigente.
En segundo término, el Banco de Previsión Social violó lo acordado en el Consejo Colectivo, por consejo de rama, entre el Poder Ejecutivo y la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, en lo que respecta a ATSS y a los trabajadores del Banco de Previsión Social, de pagar el ajuste y, además, el aumento de 0,4% de nuestros salarios.
Otro aspecto que debemos denunciar es la situación que se está dando en la negociación colectiva, ya que ningún actor político -directores políticos- integra la delegación del Banco de Previsión Social en la bipartita política, que es el rango superior de negociación y se ha optado porque esta delegación esté integrada por dos abogados y dos gerentes.
Por último -más allá de que estamos pidiendo interlocutores válidos y la creación de un ámbito genuino de negociación, por ejemplo, en la Dinatra, ya que el Poder Ejecutivo cambia constantemente de negociadores en un mismo tema-, solicitamos a la Comisión que interceda, en la medida de sus posibilidades, para crear un ámbito de negociación genuino donde se puedan esclarecer todos estos asuntos y avanzar en la consolidación de la ley de negociación colectiva.
También nos preocupa el incumplimiento de los acuerdos, especialmente los salariales. Ya en noviembre denunciamos en esta Comisión cómo se violó la Constitución de la República por los pagos variables. Cuando planteamos al Poder Ejecutivo esta inconstitucionalidad, nos contestó que se había incumplido un convenio de rama, es decir, condiciona un conflicto al cumplimiento de otro convenio. En consecuencia, propone una salida negociada, un tercer convenio, y prácticamente todo el Poder Ejecutivo -el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de Previsión Social- plantea negociar unilateralmente con ATSS, sindicato que agrupa a una rama en particular.
Nos preocupa principalmente este comportamiento, porque la ley, la Constitución de la República y los acuerdos están para cumplirse, pero cuando no se cumplen qué salidas nos queda. Por eso, recurrimos a este ámbito por tercera vez para plantear esta situación, que trasciende un conflicto puntual y está demostrando una forma de relacionarse con los trabajadores, de aplicar políticas y de gestionar.
Sin duda, venimos a esta Comisión a plantear una cuestión laboral, porque este asunto le compete en particular.
Nuestro sindicato, ante al conflicto, negocia y cuanto más se radicalice el conflicto, más negociación propone.
Por eso, venimos por tercera vez a denunciar una situación que se generó hace diez meses y que fue discutida hasta en la Dinatra donde, al parecer, opera el juego de la mosqueta: la solución nunca está, pero se nos dice que se nos va a pagar y se nos va a resarcir lo que nos corresponde por derecho y está avalado por un convenio colectivo.
Teniendo claro que esta Comisión no sustituye al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en su función específica, creemos que sí corresponde aceptar el planteamiento de contribuir a generar un ámbito en el que participe el Directorio del Banco de Previsión Social, ATSS y esta Comisión donde el diálogo facilite la negociación que, con diferentes características, está prevista en la ley de negociación colectiva.
Insisto que la Comisión no pretende sustituir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero nos parece fundamental, en primer lugar, invitar al Directorio del Banco de Previsión Social para conocer su visión y las eventuales salidas que permitan solucionar esta situación.
A su vez, esta Comisión se ofrece tanto al Banco de Previsión Social como a ATSS para crear un ámbito de negociación que acerque a las partes para solucionar los temas planteados.
Insisto por tercera vez que no pretendemos sustituir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero creemos que esta Comisión, en el ámbito específico de legislación del trabajo, puede contribuir a generar un ámbito que mejore el relacionamiento y avanzar en soluciones reales.
Por tanto, mociono en tal sentido.
(Se retira de Sala la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social)(Ingresan a sala autoridades del Codicén)
(Ingresan a sala integrantes de la Comisión de Educación y Cultura)
——La Comisión de Legislación del Trabajo tiene el agrado de recibir a una delegación del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública integrada por su presidente, señor Wilson Netto Marturet, las consejeras, profesora Laura Motta y maestra Isabel Ivaldi, el consejero, doctor Robert Silva, la secretaria general de Secretaría, doctora Beatriz Dos Santos, el secretario de Presidencia, maestro Gustavo Salaberry y el asesor letrado, doctor Aníbal Del Campo, y por el Consejo de Educación Secundaria, la directora general, profesora Celsa Puente, los consejeros, profesores Isabel Jaureguy y Javier Landoni, y los secretarios, señora Alicia Maceira y señor Carlos Rivero.
Ya que recibieron la versión taquigráfica de la reunión que la Comisión tuvo con los representantes de Fenapes, les cedemos el uso de la palabra.
Nosotros también tuvimos la visita de Fenapes en la última sesión de la Comisión, el pasado miércoles, y creemos que esta reunión es sumamente importante; por eso estamos aquí.
Les vamos a hacer entrega de una carpeta para poder hacer un seguimiento de algunas normas que regulan la Administración, de manera de comenzar desde ese lugar.
En principio, haremos referencia a las expresiones respecto a lo que involucran las libertades sindicales. Creemos que es un elemento de relevancia en función de los avances que el país ha tenido en esta materia. Son muchos los actores que han participado y contribuido para llegar a esta ley de libertad sindical del 2 de enero de 2006 y, creemos importante detenernos algunos minutos en este aspecto.
En la carpeta que les hemos proporcionado disponemos -simplemente a modo de orden de documentación- del texto de la Ley Nº 17.940, del decreto del 6 de marzo de 2006, publicado el 10 de marzo de 2006, respecto a la licencia sindical y su reglamentación, en términos generales; este decreto es del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Más adelante encontrarán mencionada en el Acta Nº 90, la Resolución Nº 12, de 12 de diciembre de 2006, en la cual la Administración y su órgano rector, el Codicén del momento, estableció en su resultando: “Homologar la declaración que se transcribe a continuación (Exp. 1- 2364/06) elaborada por el Grupo de Trabajo sobre Fuero Sindical creado por Resolución Nº 31, Acta Nº 25 de fecha 21 de abril de 2005 integrado por representantes de la Administración Nacional de Educación Pública y del PIT- CNT (CSEU): […]”. Allí se establece una serie de elementos del ejercicio de los derechos, del ejercicio del derecho de la licencia sindical, de la práctica de los derechos sindicales y el cumplimiento de las normas consagratorias de derecho. O sea que esta resolución del Codicén, del 12 de diciembre de 2006, es producto de un proceso generado a través de la ley de libertad sindical del 2 de enero de 2006 y del decreto del 6 de marzo de 2006.
En ese marco hay una serie de antecedentes de la Administración, en la cual se conformaron los grupos del Codicén y la CSEU, a nombre del PIT- CNT, y el resultado de ese trabajo de prácticamente un año es esta resolución.
Luego, encontrarán la resolución del 29 de diciembre de 2006, donde el Codicén en el Acta Nº 97, Resolución Nº 3, lo que hace es reglamentar esta disposición y en el visto establece: “La necesidad de reglamentar el usufructo de licencia sindical, en el ámbito de la ANEP a fin de que los representantes de cada sindicato puedan realizar tareas de consulta y representación de sus sindicatos a nivel nacional”. Establece una serie de resultandos y considerandos. El considerando 4) dispone de una serie de literales, y el literal c) expresa un criterio de reglamentación de esta licencia, que está establecido en función de unidades -de veinte horas para docentes y cuarenta horas para no docentes-, de acuerdo con el número de afiliados de cada uno de los sindicatos dentro del marco de la CSEU.
Esa reglamentación y el criterio aprobado es el último acto administrativo que ha tomado el Codicén de la ANEP de ese momento, y se ha respetado así año tras año.
La siguiente resolución que ustedes disponen es la del Consejo de Educación Secundaria del 24 de febrero de 2016, donde se establece -según el criterio aprobado en esta resolución antes mencionada, la Resolución Nº 3 del Acta Nº 97 del 29 de diciembre de 2006- que, según el número de afiliados, el Consejo de Educación Secundaria, o sea al sindicato que articula en el Consejo de Educación Secundaria, que es Fenapes, le correspondían trescientas horas semanales. Aquí aparece la descripción de las personas, el cargo de la persona, y la cantidad de horas asignadas a cada uno de ellos. En el total de dos resoluciones, en la primera aparecen doscientas noventa horas y, en la segunda, el complemento de diez horas. Esto, a nuestro entender, en principio -obviamente, en este aspecto, estoy abierto a las preguntas que la Comisión quiera realizar- hacemos una ligera pero profunda descripción del proceso que el país ha tomado, y la ANEP como tal claramente está involucrada en un avance, a nuestro entender, a nivel social, que son los términos de libertad sindical. Por lo tanto, ley de libertad sindical, decreto de licencia sindical, criterio de la Administración para poder otorgarla, reglamentación de cómo se hace y la confirmación de que eso se cumple a cabalidad.
Finalizado este primer espacio con respecto a este tema, me gustaría referirme ahora a lo que está en el lado izquierdo de la carpeta. En primer lugar, se puede observar el nivel de la convocatoria a esa reunión del 27 de junio de 2016.
Los señores Diputados conocen cómo es la dinámica de trabajo a nivel de la ANEP. La ANEP está compuesta por una serie de Consejos de Educación: el Consejo de Educación Inicial y Primaria, el Consejo de Educación Secundaria, el Consejo de Educación Técnico Profesional, UTU, y el Consejo de Formación en Educación. Cada uno de ellos sostiene un sindicato y los ámbitos bipartitos están dados desde ese lugar. El ámbito bipartito de Secundaria es con Fenapes, el de Primaria con la FUM, y así cada uno de ellos. Y el Codicén articula y tiene ámbitos bipartitos con la Unión de Funcionarios del Codicén, porque son funcionarios de esta parte de la Administración, pero también con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay.
Entonces, cuando surge la llamada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para convocarnos en un ámbito tripartito, en el cual era natural la presencia de Secundaria y su sindicato, Fenapes, se consulta en qué carácter; es decir, si se convoca al Codicén como tal, como órgano. Se nos dice que no, que por algunos dichos del presidente del Codicén, Fenapes solicitaba la presencia del presidente del Codicén.
Lo que ustedes tienen allí es el mail de comunicación que dice: “[…] Con relación a la audiencia de referencia, les informamos que Fenapes nos ha transmitido que consideran imprescindible la presencia del Presidente de CODICEN Wilson Netto en dicha instancia. En atención a ello y en virtud del Consejo de Ministros a realizarse en el interior esta semana, la cual contará con la presencia de ANEP, prorrogamos la audiencia para el día lunes 27 de junio a las 9 hs […]”.
El hecho es que Fenapes -según lo que trasmite este mail de la Dinatra- aspiraba a que en ese ámbito natural tripartito, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -a través de la Dinatra-, Consejo de Educación Secundaria y Fenapes, estuviera presente el presidente del Codicén. Motivos ajenos a nosotros hicieron que esta reunión se tuviera que trasladar para el 27 de junio.
La segunda y la tercera hojas que tienen del lado izquierdo de la carpeta son los dos borradores que se llevaron a discutir en la Dinatra. Me gustaría aclarar las diferencias que pueden sostener ambos borradores. El primero está dado en el carácter de la convocatoria de la Dinatra, como pueden observar en el mail que les adjunté
Por tanto, el encabezado de un borrador original, que pone a discutir y a debatir con las partes el Ministerio -no es el acta del Ministerio sino un borrador que pone a discutir el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de la Dinatra-, establece quiénes participan. Este párrafo termina diciendo: “También participaron en esta instancia, el Prof. Wilson Netto en su calidad de Presidente de CODICEN”. El acta original establece: “[…] y el CODICEN representado en este acto por su Presidente Prof. Wilson Netto quienes acuerdan:”, y luego aparecen seis puntos.
Como la convocatoria tenía las características que expresé, y reunido luego de la primera instancia de este 27 de junio con el Codicén para trasmitir los temas que se debatieron allí, el Codicén entiende importante atender algunos de los puntos a los que aquí se hace referencia, pero con una redacción más cercana a la realidad y con mayor grado de precisión.
Por eso, en el primer párrafo, además de nombrar a los integrantes de Fenapes y del Consejo de Educación Secundaria, establece: “También participaron en esta instancia, el Prof. Wilson Netto en su calidad de Presidente de CODICEN asistido por la Secretaria General Dra. Beatriz Dos Santos y el Asesor Letrado Dr. Aníbal Del Campo”.
Hay una diferencia que aparentemente se ha planteado a nivel de las actas respecto a en qué carácter se ha convocado a esa reunión -insisto, natural y tripartita-, entre el Consejo de Educación Secundaria, la Fenapes y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Luego está el contenido de ambas actas. El primer borrador establece: “En relación a los temas planteados en la presente mesa de negociación, las partes acuerdan reafirmar la plena vigencia del Estatuto, puntualmente en referencia a los arts. 70.8, 70.10, 70.11 y 70.12, sobre los que se conversó en la instancia. El CES solicita que en caso de que se detecten situaciones en donde se vulneren los derechos establecidos en estos artículos, se realice la denuncia correspondiente a efectos de regularizar dicha situación”.
El punto primero del otro borrador dispone: “Se abordó el tema de las inasistencias de los docentes a sus actividades habituales y su justificación a través de los arts. 70.8, 70.10, 70.11 y 70.12, en este punto todas las partes reafirman la plena vigencia del Estatuto del Funcionario Docente. Ante algunas denuncias verbales de FENAPES sobre supuestos incumplimientos a estos artículos el CES solicita que se realicen las mismas por escrito a efectos de investigar y resolver dichas situaciones”.
El segundo punto de uno de los borradores queda redactado de la siguiente manera: “Se reconoce la vigencia del Acta Nº 90/2006 de fecha 12 de diciembre de 2006” -uno de los documentos adjuntados, sobre el que hemos estado trabajando en estos minutos- “en relación a fueros sindicales. A los efectos de asegurar su cabal cumplimiento, el CODICEN se compromete a comunicar a los diferentes centros educativos de todo el país, su contenido. A su vez, en el marco de lo establecido en el Acta No. 90/2006, y en atención a la práctica vigente hasta el momento, las partes acuerdan detallar aquellas situaciones que quedan amparadas en el art. 70.10”.
La redacción que enviamos para considerar en esa mesa de negociación dice: “Las partes reconocen la plena vigencia del Acta Nº 90/2006 de fecha 12 de diciembre de 2006 en relación a los fueros sindicales, donde se asignan horas de licencia sindical de acuerdo al número de afiliados que posee cada sindicato”. A esto hice lectura. Expresa con precisión a continuación: “Este punto se cumple a cabalidad según las partes”. Aquí está toda la documentación de que respecto a esta acta y las resoluciones tomadas sobre las libertades sindicales y particularmente sobre la licencia sindical, se cumple absolutamente a cabalidad. Finaliza diciendo: “El CES se compromete a comunicar a los diferentes centros educativos de todo el país su contenido”.
El tercer punto establece: “Por otra parte, entienden válida el acta de fecha 18 marzo del corriente sobre permanencia de alumnos en las aulas, tutorías, bibliografía de inglés, creación de nuevos cargos, calendario anual, inasistencias los días de paro de transporte y la constitución de un grupo de trabajo para la elección de horas”.
La otra acta borrador dice: “TERCERO: Por otra parte, se entiende que la vigencia del acta de fecha 18 marzo del corriente entre CES y FENAPES sobre permanencia de alumnos en las aulas, tutorías, bibliografía de inglés, creación de nuevos cargos, calendario anual, inasistencias los días de paro de transporte, no colide con otras resoluciones adoptadas con la administración”.
Continúa la redacción del primer borrador: “CUARTO: A efectos de asegurar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el gremio, el CES se compromete a difundir cada uno de ellos a los distintos centros educativos”.
El cuarto punto del otro borrador dispone: “CUARTO: A efectos de asegurar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el gremio, el CES se compromete a difundir cada uno de ellos a los distintos centros educativos, sin perjuicio de publicar los mismos en su página y en el Link 'Negociación Colectiva'“.
El quinto punto establece: “En cuanto a la formación de los cuerpos inspectivos, el Consejo de Educación Secundaria señala que se está trabajando en el tema y que se coordinó una charla para el 19 de julio”.
El quinto punto del otro borrador expresa: “De acuerdo a la profundización de políticas de formación de los cuerpos docentes, técnicos, directivos e inspectivos el Consejo de Educación Secundaria señala que se está trabajando en esa dirección. Ha planificado una serie de jornadas de capacitación, empezando las mismas el 19 de julio del presente sobre 'Relacionamiento Laboral'“.
El sexto punto del borrador en cuestión señala: “Las partes acuerdan retomar el ámbito bipartito de negociación a efectos de abordar la temática referente a la elección de horas”.
El sexto punto del otro borrador establece: “El Consejo de Educación Secundaria y la FENAPES acuerdan retornar el ámbito bipartito de negociación a efectos de abordar la temática referente a la elección de horas. Por Acta del mes de Noviembre de 2015 ante DINATRA acordaron negociar sobre el tema de elección de horas por más de un año, fijándose como plazo máximo para dicha tarea el mes de agosto de 2016”.
Solicito que la documentación de esta carpeta se anexe a la versión taquigráfica.
Estos son los dos formatos de acta que estaban a consideración de la Administración y de Fenapes ante la Dinatra, y que tenían, en función de las características que hemos cultivado a lo largo del tiempo -de diálogo, de participación, de análisis-, la debilidad de no haber sido discutidas en profundidad, porque el encabezado en el cual el presidente del Codicén actuaba como participante de la instancia en su carácter de presidente, y no de representante del órgano en su conjunto, inhabilitó la lectura posterior.
Podrán observar que varios de los puntos, particularmente el referido al acta del 18 de marzo del corriente entre el Consejo de Educación Secundaria y la Fenapes, establecen la plena vigencia y la valoración de los artículos 70.8, 70.10, 70.11 y 70.12 en su plenitud.
Hay diferencias en el segundo punto, donde se reconoce la vigencia del Acta Nº 90/2006 de fecha 12 de diciembre de 2006 y no los agregados; no hay ninguna resolución, no hay ningún acto administrativo que los valide. Y, por supuesto, casi en forma idéntica, lo que involucra a los puntos cuarto, quinto y sexto.
Consideramos que la información que estamos acercando a la Comisión puede ser un insumo para analizar, debatir y dirimir algunas diferencias que se han planteado.
Como segundo aspecto, haré entrega de otras carpetas.
Dado que en las actas aparece la mención de actas de parte de los Consejos -los reglamentos de exenciones del Consejo Directivo Central y del Consejo de Educación Secundaria son un elemento estrictamente técnico, jurídico, normativo-, una vez que redondee esta primera intervención, dejaré la presentación a cargo del asesor letrado de la Administración.
En tercer lugar, para poder disponer de todo el material y comenzar un análisis, haré entrega de tres resoluciones del Consejo Directivo Central, a las que se ha hecho referencia en el marco de las actas con las que hemos tomado contacto. Una pretende favorecer los espacios y los requerimientos a cargo de la Administración para que se desarrollen e instrumenten acciones necesarias a fin de que los alumnos del Ciclo Básico permanezcan en las instituciones educativas durante la totalidad del turno al que asisten. Me refiero a la Resolución Nº 17, Acta Nº 5 del 18 de febrero de 2015.
La resolución Nº 16, del Acta Nº 97, de Montevideo, de 15 de diciembre de 2015, establece: “Las reuniones de Profesores, tanto en el ámbito público como privado, deberán realizarse fuera del horario en el que los profesores dictan clase o en su defecto, los días sábados”.
En el numeral 2) se establece: “Exhortar a los equipos de los centros educativos que se utilicen las horas de coordinación para el conocimiento y seguimiento de los alumnos […]”.
La ley de educación establece claramente una reunión semanal de trabajo entre el Codicén y los directores generales de los Consejos para poder abordar todas las temáticas vinculadas a las dinámicas de cada uno de ellos. A través de la Resolución Nº 6, del Acta Nº 93, de 15 de setiembre de 2015, el Codicén resolvió -en el marco de algunas discusiones que duran meses y con la participación de todos los actores-: “Encomendar a los Consejos […] concentrar y distribuir de lunes a viernes, la carga horaria correspondiente a la propuesta curricular de Educación Media Básica.
2) Asimismo encomendar a dichos Consejos que los días sábados se destinen a actividades extracurriculares para los estudiantes, así como para tareas extra aula y de formación para docentes, debiendo permanecer los centros educativos abiertos, dichos días, a fin de desarrollar y promover las actividades y tareas explicitadas”.
Entendemos que estas son las tres resoluciones a las que se hace referencia en distintas formas y estilos, y que de alguna manera engloban el grueso de las situaciones planteadas tanto en esta Comisión como en la de Educación y Cultura.
La consejera Laura Motta profundizará no solo en las características vinculadas a la libertad sindical, sino también a los ámbitos de negociación colectiva.
Me voy a referir a la forma de relacionamiento entre la Administración y los sindicatos, que se establece en el artículo 5º) de la Ley Nº 18.508, relativo a la obligación de negociar de buena fe. Así es como ha actuado el Consejo Directivo Central, rigiéndose por este principio de la negociación colectiva.
Por lo tanto, cuando desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se convocó al presidente del Codicén, y este concurrió, existió buena fe, tal como está previsto en el literal A) de dicho artículo, que establece: “La concurrencia a las negociaciones y a las audiencias citadas en debida forma”.
Luego de la comparecencia, y habiéndose enviado el Acta por parte del Ministerio de Trabajo para ser corregida antes de su firma, el presidente del Codicén la refrendó al Consejo Directivo Central porque se entendió que debía estar informado; el Consejo Directivo Central tomó conocimiento y asumió como propia esa convocatoria.
Por lo tanto, se discutió ese segundo borrador y el Consejo Directivo Central, en su conjunto, asumió lo manifestado en la segunda Acta, en la que se establece la comparecencia, los temas tratados y los acuerdos alcanzados.
En tal sentido, en la segunda instancia en la Dinatra se presentó el segundo borrador. Digo esto porque en la negociación colectiva, cuando se llega a la instancia de firmar un Acta, la Dinatra presenta un borrador que es corregido por las diferentes partes, y una vez acordado, se firma.
Este es el procedimiento que utilizamos, pero no solamente con la comparecencia del Presidente del Codicén, sino de todo el órgano, que acuerda con ese segundo borrador de actas, que fue el que llevamos a la Dinatra, pero sobre el que no hubo acuerdo.
Siguiendo con el artículo 5º) de la Ley Nº 18.508, en el literal C) se establece: “La designación de negociadores con idoneidad y representatividad suficientes para la discusión del tema que se trata”.
Por eso entendimos que era necesario que el órgano avalara lo actuado y, a su vez, lo expresara en un borrador.
También es necesario hacer referencia al literal E) del artículo 5º), que dice: “La realización de los esfuerzos conducentes a lograr acuerdos que tengan en cuenta las diversas circunstancias del caso”.
En tal sentido, desde el Codicén siempre hemos tratado de abrir los espacios necesarios para el diálogo, y así lo demostramos cuando la Fenapes comunicó al Consejo de Educación Secundaria que no iba a continuar participando. Ante esto, en forma inmediata convocamos a la CSEU para aclarar los puntos, abrir espacios de diálogo y continuar con las negociaciones.
Entendemos que la negociación del Codicén es con la CSEU y la del CES es con Fenapes, y en tal sentido la hemos realizado.
Me voy a referir al reglamento de sesiones del Codicén, sin perjuicio de marcar algún matiz.
Básicamente, las disposiciones que importan son los artículos 33 y 34 del reglamento. El artículo 33 establece: “Las Actas contarán de una parte expositiva donde recogerán las deliberaciones del Cuerpo y de una parte dispositiva que se compondrá de un apéndice donde se transcribirán las resoluciones adoptadas”.
A su vez, el artículo 34 dice: “Una vez aprobadas las Actas, se darán a conocer mediante Ordenanza, Boletín, Circular u Orden de Servicio con el contenido de las resoluciones adoptadas, si correspondiere. La parte deliberativa de la sesión de carácter reservado, permanecerá en custodia en Secretaría General, debiendo ser encuadernada con las resoluciones adoptadas […]”.
Noten ustedes que distingo entre las partes dispositiva y expositiva.
La parte dispositiva, que es la que luego se trasunta en resoluciones, en actos, es comunicada mediante circular u otros medios, como aquí se enumeran. La parte expositiva, que refiere a las deliberaciones que han precedido a la toma de resolución es, en principio, de carácter reservado. Esto no quiere decir que dicha reserva no pueda ser levantada, porque el artículo termina diciendo lo siguiente: “[…] La parte deliberativa de la sesión de carácter reservado, permanecerá en custodia en Secretaría General, debiendo ser encuadernada con las resoluciones adoptadas. Solo podrá darse a conocer a personas que no integran el Consejo y ante la solicitud fundada que formularen, mediante autorización del Cuerpo o de su Presidente. Líbrese el Boletín correspondiente, cumplido archívese. […]”.
Es decir, la Actas son de reserva del órgano, no de sus componentes -este es un dato fundamental-, y es el órgano el que dispone, por la mayoría prevista, levantar dicha reserva. Es importante tener en cuenta esto, porque aun cuando todos sepamos que existe una legislación muy nutrida en materia de acceso a información pública, siempre hay un momento para la toma de decisión del órgano que, obviamente, en el caso de acceso a la información, deberá estar ajustada o encuadrada en el principio fundamental establecido en la ley de acceso a la información. No son los integrantes del órgano quienes disponen por sí la difusión de este tipo de contenidos, sino que es el órgano, que por previsión ex ante tomada a nivel reglamentario, que establece cuál es el procedimiento orgánico y colectivo sujeto a determinadas mayorías para disponer sobre el levantamiento de la reserva; como en el marco de la ley de acceso a la información pública es el órgano el que está llamado a pronunciarse sobre un pedido formulado al amparo de esa ley, obviamente, se debe actuar en el marco de las disposiciones de la ley, pero pudiendo determinar en una instancia preliminar si está comprendida por las disposiciones que impiden el levantamiento en caso de ser información secreta o confidencial.
A mi juicio, este es el tratamiento que corresponde realizar de este tipo de disposiciones, sin perjuicio de invocar los principios de lealtad y reserva, que en cualquier lectura básica de las disposiciones en materia de deberes a los que está sujeto el funcionario público aparecen desarrollados en cualquier manual de la disciplina.
¿A qué se debe esto? Como ustedes saben, es preocupación de esta Administración garantizar el derecho a la educación de todos los ciudadanos, especialmente en lo que hace al tramo de educación pública. Este ha sido uno de los puntos en los que hemos puesto nuestra atención. Creemos que las familias de los estudiantes cuando envían a sus hijos a la escuela quieren tener la tranquilidad de que están en el centro educativo, y saben que eso es lo que ocurre, tal como es la costumbre habitual en el tramo de primaria.
En el tramo de educación media que ha tenido ciertas dificultades, a partir de diferentes resoluciones hemos buscado formas de organizarlo de tal manera de que todos los estudiantes permanezcan en el turno y esto significa no solamente estar dentro del centro sino tener un actividad acorde a lo educativo, que no necesariamente es una clase de una asignatura con contenido específico sino que estamos hablando de educación. Los estudiantes deben tener actividades educativas referentes en el turno de concurrencia.
Pero esta no es una preocupación solo de esta administración actual, comenzó en la anterior. El 18 de febrero de 2015 se dicta la primera resolución que establece: “Encomendar a los Consejos de Educación Media” -no solo a Secundaria sino también a UTU- “instrumentar las acciones necesarias a fin de que los alumnos de Ciclo Básico permanezcan en las instituciones educativas durante la totalidad del turno al que asisten”. Ya desde la administración anterior se comenzó a trabajar en este sentido.
En setiembre, en el primer punto de otra resolución se plantea:”Encomendar a los Consejos de Educación Secundaria y Técnico Profesional concentrar y distribuir de lunes a viernes, la carga horaria correspondiente a la propuesta curricular de Educación Media Básica”.
Hago énfasis en esto porque de lo que se trata es de encomendar a los Consejos para que realicen las tareas que están en el ámbito de sus competencias. Es muy importante establecer el marco normativo que tenemos desde el Codicén y desde los Consejos. El Codicén le encomienda a los Consejos para que tomen las disposiciones necesarias para que suceda en el ámbito del desconcentrado.
El segundo punto de la misma resolución establece: “Asimismo encomendar a dichos Consejos que los días sábados se destinen a actividades extracurriculares para los estudiantes, así como para tareas extra aula y de formación para docentes, debiendo permanecer los centros educativos abiertos, dichos días, a fin de desarrollar y promover las actividades y tareas explicitadas”.
Con esto quiero señalar que aquí se comprenden dos cosas, por un lado, todas las tareas extracurriculares o que tienen otro tipo de carácter en los centros educativos y por otro la preocupación que tenemos por la formación continua de los docentes. Como ustedes sabrán, este es un ámbito en el que es indispensable que todos los docentes tengan esa formación continua y permanente y hay que dar un espacio para que eso suceda. Se han destinado los sábados para ese espacio porque de esa manera podemos organizar mejor la actividad escolar y de formación de los docentes. En ese sentido se han contemplado ambas cuestiones tratando de determinar de una manera ordenada los tiempos dedicados a cada uno.
La resolución del 15 de diciembre de 2015 expresa: “Establecer que en el marco de lo dispuesto por Resolución […],” -que recién mencioné- “las reuniones de profesores, tanto en el ámbito público como privado, deberán realizarse fuera del horario en el que los profesores dictan clase o en su defecto, los días sábados”.
Quiere decir que es una cuestión de coordinación que debe darse en los centros educativos; desde hace mucho tiempo ya existe una coordinación y un orden para que los centros educativos establezcan las reuniones de profesores y además un período de reuniones que se dan. No es un único día, es un período relativamente extenso en el que los profesores pueden ubicar las reuniones. Sin duda, esto requiere de una gran organización y coordinación pero los centros educativos están en condiciones de realizarlo.
Esta es una política que trasciende a un Consejo y es preocupación de todos que los jóvenes tengan la mayor cantidad de clases posible y que también los docentes tengan los espacios de formación y perfeccionamiento necesarios.
Quiero reafirmar que el principio rector es tratar de generar en nuestros centros las mejores condiciones educativas para los jóvenes, sin desmedro de las otras condiciones de índole laboral. Hay un tiempo de la vida en que es necesario que la atención en el centro educativo se produzca de un modo continuo y estable y el espíritu que siempre tiene la administración es el de tratar generar todas las condiciones para que esto se dé.
Es importante señalar algunas cuestiones. Cuando estamos hablando de la permanencia de los jóvenes en los centros educativos, estamos hablando de horas no cubiertas. Se ha trabajado y adelantado muchísimo en la cobertura total de las horas de clase, ha sido la mejor cobertura de horas de los últimos quince años, pero tenemos el problema del ausentismo del profesor. No lo digo para achacar debilidades del docente porque el Consejo lo integramos tres profesores. Si el profesor tiene una dificultad ya sea de salud o de índole familiar para concurrir, las instituciones educativas tienen un plantel estable y en particular el equipo de adscripción tiene el cometido de atender a ese grupo de clase. Sin perjuicio de ello, cuando tomamos la resolución del Codicén que nos encomienda cómo volver disponible su cumplimiento, fuimos muy cuidadosos en la redacción sabiendo que tenemos 300 centros educativos con realidades muy diversas y que nunca podríamos sacar una medida que se cumpla a rajatabla, inflexible en los 300 centros. Entonces, utilizamos expresiones que habilitan esa flexibilidad y hablamos de hacerlo en la medida de lo posible.
Un comunicado de la Inspección General Docente que luego toma el Consejo como circular, establece: “La Inspección General Docente exhorta a realizar los máximos esfuerzos para potenciar los tiempos pedagógicos y de permanencia de los estudiantes en los establecimientos educativos, en especial de la cohorte 2016”. Son los alumnos de primer año.
Y sigue la circular: “Sabemos del compromiso de los colectivos docentes en este sentido y es por ello que los invitamos a enfatizar -realizando los máximos esfuerzos- en la permanencia durante todo el horario educativo en la medida de lo posible”.
Es una exhortación que sale de la Inspección, la toma el Consejo y la emite en una resolución con carácter de circular que tiene que ver con ese espíritu que estoy planteando. Le hablo especialmente a la otra Comisión porque creo que ninguno de sus integrantes es profesor o están inmersos en el tema; me parece que no tengo que explicarles lo importante que es que los chicos entre once y doce años que ingresan al liceo saliendo de una primaria muy atendidos y cuidados y los catorce y quince cuando terminan el Ciclo Básico, necesitan de una atención especial y exhortamos a todos a que esto pueda hacerse. No es mantenerlos dentro de los centros educativos a prepo, por eso hablamos de flexibilizar y de ver cómo se realiza esto en la medida de lo posible. Entonces, hablamos de poner en juego las mejores capacidades de los equipos institucionales de los centros, que si bien es cierto son distintos -en algunos son más completos o están más reforzados mientras que en otros son un poco más débiles-, todos tienen un equipo estable que esperamos pueda ejercer una tarea de cuidado y atención de nuestros jóvenes.
No puedo evitar sentirme aludida con toda la referencia que se hizo al tema de las actas. Supongo que se están refiriendo al acta del 25 de mayo que todos tienen a la vista, de lo contrario, no sé a qué viene ese desarrollo sobre las actas.
La Federación Nacional de Profesores me solicita el acta del 25 de mayo; le pregunto al asesor letrado, doctor Bautista Duhagón y personalmente la entrego. Si la autoridad entiende que este acto fue improcedente -me llama la atención la vigilancia sobre el Reglamento de Sesiones para algunas cosas y no para otras; fue una larga lucha que tuve que dar para el establecimiento de actas en el Consejo de Educación Secundaria-, si he faltado a la confidencialidad o a los deberes que me caben, insto al presidente de la ANEP que inicie las acciones que considere correspondientes para solicitarle a la Corte Electoral que sea relevada del Consejo de Educación Secundaria.
Antes que nada quería hacer esta aclaración porque no sé a qué venía ese tema.
Por otro lado, me parece que lo central sigue siendo lo mismo: tenemos que restituir las mesas de negociación con la Federación Nacional de Profesores pero básicamente tenemos dos obstáculos. Uno, la dificultad entre órdenes contradictorias que se expresan verbalmente por parte del Codicén, contrarias al Estatuto del Funcionario Docente, que siguen siendo un obstáculo central en este problema. Se habla sobre la importancia de que los estudiantes estén en los liceos, del acompañamiento a los estudiantes, de mantener el vínculo educativo, cuestiones en las que seguramente todos estamos de acuerdo, pero no se pone el énfasis en lo central y es que hay disposiciones verbales expresas y escritas en el acta del 25 de mayo que contradicen el Estatuto del Funcionario Docente. Además, una comparecencia del presidente de la ANEP en la Dinatra que parece compleja de situar aún hoy, porque no concurrió en nombre del Codicén, ni como presidente de la ANEP pero fue con la secretaria general y con el asesor letrado. Entonces, seguimos sin poder establecer en qué medida se puede despojar nada menos que en una comparecencia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la condición de presidente de la ANEP.
Quería aclararlo porque naturalmente me sentí directamente aludida cuando se hizo referencia a las actas.
Como ustedes comprenderán, este es un tema difícil ya que la delegación de la Fenapes ha planteado tres ejes de análisis y, en primer lugar, expresó que nos encontramos ante un conflicto colectivo y, desde su punto de vista, denuncia la violación de la ley de negociación colectiva y de la ley de libertad sindical. Para nosotros, como integrantes de una comisión asesora del Parlamento en materia de relaciones laborales y legislación este es un tema realmente muy importante, por lo que analizamos la gravedad de la denuncia.
En realidad, para quienes estamos aquí resulta claro el papel que han jugado los presentes en el desarrollo de algunas conquistas que han tenido lugar en nuestro país, entre ellas la libertad sindical, y sin duda todos comprenden el rol que también ha cumplido el movimiento sindical en ese sentido, así como la participación de la Fenapes a fin en alcanzar esos logros.
No es aspiración de la Comisión de Legislación del Trabajo sustituir los ámbitos naturales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sin embargo, creo que todos somos contestes en que estamos ante una problemática muy delicada. Los planteamientos que ha hecho la Fenapes son diametralmente distintos a los que hoy realizan el Codicén y el Consejo de Educación Secundaria en cuanto a la vigencia plena del desarrollo de la negociación colectiva y las libertades sindicales en la órbita del organismo rector de la enseñanza. Nosotros no nos podemos constituir en tribunal de alzada ni plantear quién tiene razón en este tema, pero nos parece que existe la obligación de la Comisión de Legislación del Trabajo de ponerse a disposición de las partes para tratar de lograr un ámbito que permita discutir y analizar en forma pormenorizada las propuestas y denuncias que se realizan, así como los fundamentos que plantea el Codicén. Nos parece que eso sería fundamental porque, de lo contrario, cada uno podría quedarse con su verdad y plantear que las bases de la negociación formal están arriba de la mesa pero, en todo caso, lo que nos interesa aquí es una negociación lo más real posible, con un acercamiento entre las partes y un análisis de las situaciones planteadas.
Entonces, nuestra propuesta de trabajo es la conformación de un ámbito en el que participe el Codicén, el Consejo de Educación Secundaria, la Fenapes y la Comisión de Legislación del Trabajo. No tenemos ningún reparo en que participe la CSEU, pero claramente es un organismo coordinador y, en realidad, quien tiene representación es la Fenapes. Nos parece que en ese marco sería muy importante establecer mecanismos para los cuales esta Comisión se plantea los mejores oficios a fin de lograr un acercamiento entre las partes, a fin de que los aspectos de fondo que están aquí planteados, relacionados con la educación, puedan consolidarse.
Por lo tanto, la propuesta que estoy realizando es la conformación de ese ámbito de intercambio, análisis y negociación.
Yo considero -lo dije en la sesión de la Comisión de Educación y Cultura y lo sabrán si han leído la versión taquigráfica pero conviene reiterarlo; nunca está de más- que en educación ir a la Dinatra es un problema. Nosotros no queremos sustituir los ámbitos de negociación colectiva; lo aclaro para que nadie me lo conteste pero, por suerte, cuando estuvimos en el Codicén fuimos solo dos veces a la Dinatra y fue realmente terrible. ¿Por mala voluntad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? No; porque son temas muy técnicos y allí están acostumbrados a otro tipo de problemáticas. Fíjense que las dos veces que fuimos, durante la administración 2005- 2010, fue por actos de elección de horas, por lo que era realmente imposible que el abogado de ese Ministerio pudiera entender algo. Reitero que no nos proponemos sustituir ese ámbito; inclusive lo digo desde la profunda convicción de que lo queremos hacer como docentes. En realidad, creo que podemos lograr un acercamiento, más allá de que todo debe ser homologado y de que son las partes, especialmente el sindicato, las que tienen libertad de acción.
Por otra parte, me sigue preocupando el tema del acta del 25 de mayo de 2016 por dos motivos. Que me disculpe el colega Del Campo pero hace siglos que la documentación pública dejó de ser reservada; la documentación es pública desde el decreto Nº 640 y luego el decreto Nº 500 -no voy a aburrirlos mencionando los años aunque me acuerdo de todos; el doctor Del Campo también se debe acordar- que nosotros los adaptamos a un ente autónomo porque eran para la administración central, y la ordenanza 10 y la 10 nueva. Lamento tener que recurrir a una anécdota personal, pero si existiera alguna duda -que no es el caso, porque vivimos en un Estado de derecho-, puedo decir que el primer día que puse un pie en el Codicén, en febrero de 2007, no estaba la secretaria general la doctora Almiratti; yo ya había sido electa secretaria administrativa y ¿con quién me encuentro? Con un abogado y un alguacil. Les doy mi palabra de honor; no juro porque soy agnóstica. Me quise morir porque era la primera vez que ponía un pie en el Codicén que tenía un aura por la que parecía el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aunque yo nunca lo sentí así, como tampoco sentí a ningún Codicén de ningún partido político. Como se sabe, al alguacil representa al juez, por lo que era como si hubiera tenido un juez adelante, y vino con una orden de un juez letrado en lo civil. Entonces, con muy mal tono -lo debo reconocer- porque estaba muy enojada, pregunté cómo era posible que el Codicén se hubiera negado permanente y sistemáticamente a mostrar el expediente y las actas al abogado. La verdad, yo no lo podía entender. Inmediatamente, arbitré los mecanismos necesarios sin consultar al Codicén; no era fácil no consultar al doctor Yarzábal pero a mi juicio la ley está por encima de todo; es cierto que con la ley todo y sin la ley nada. Entonces, le mostré todo y después le pregunté al Codicén: “¿Alguno de ustedes dio esa orden? Porque esto no puede pasar nunca más”. Por lo tanto, quiero aclarar que no es una opinión de la doctora Bianchi porque en el derecho siempre hay dos opiniones; no. Está escrito en el decreto y en la ordenanza 10, pero además el Poder Judicial nos lo impuso. La verdad es que a mí me dio vergüenza porque no hacía ni un día que integraba el Codicén y recibí un rezongo. Quería aclarar eso porque no entiendo otra cosa y no es posible hacerlo; no hay dos bibliotecas
Centrándonos en este ámbito que no sé cómo arbitraremos, quisiera dejar constancia de algo que también me interesa y es que los proyectos o borradores de actas que se trajeron podrán estar bien, pero el acta del 25 de mayo de 2016 está firmada y dice cosas que especialmente Fenapes -coincido con la consejera Motta en que no es que queramos- tiene que negociar con Secundaria; lo dice la ley, así como el Codicén debe hacerlo con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. Es así. Y cuando no se llega a un acuerdo ni en Secundaria ni en Codicén se va al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; es así. Todo lo que no se haga así es nulo por manifiestamente ilegal. El acta del 25 de mayo está firmada y en ella se dejan por escrito cosas por las que el sindicato, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, planteó que entendía que se avasallaban sus derechos y los de otras personas; inclusive hablaron de personas no sindicalizadas. Y está firmada por el presidente profesor Wilson Netto, el profesor Landoni, la profesora Isabel Jauregui y la profesora Celsa Puente. Entonces, ¿cómo hacemos para compatibilizar lo que se dijo verbalmente en cuanto a que las directivas son orales? No quiero adelantarme a tomar posición, pero a confesión de parte relevo de prueba, porque todo está muy bien oralmente, pero si escribieron esto tengo a derecho a pensar dos cosas: si esto está escrito, ¡las cosas que se ordenarán y no se escriben! Y la otra preocupación que tengo es por cómo se manejan los relacionamientos institucionales si esto se escribe, porque hay un cuerpo inspectivo que nosotros conocemos muy bien, no solamente en su origen sino, además, por cómo actúa ya que lo hemos vivido en carne propia.
Entonces, en el mismo sentido que el diputado Puig, nosotros no queremos discutir para atrás sino hacer que esto se facilite lo mejor posible y más allá de las aclaraciones queremos afirmar que a nadie la interesa hacer política menor con este tema, porque si no ya lo habríamos hecho. Nos interesa que los chiquilines tengan clase fluidamente y que los docentes estén tranquilos, así como los directores, que no son cargos estables, como dijo la directora general, sino que su mayoría son artículo 20 y ustedes saben que por el artículo 20 se es esencialmente transitorio. No importa; es el artículo 32 el que tiene que aplicarse. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo, porque eso es lo que nos interesa. Creo que no hay dos versiones; la única verdad es la realidad. Siempre digo lo mismo: eso lo dijo Perón, pero antes lo dijeron los griegos. Verdaderamente, eso es lo que queremos hacer. Inclusive, hay integrantes de la Comisión de Educación y Cultura que no son profesores pero integran esa Comisión porque quieren la educación; de lo contrario, integrarían otra.
Voy a ser breve porque el diputado Luis Puig ha expresado algunos puntos importantes acerca del tema, pero quisiera proponer dos mociones. En primer lugar, a raíz de la documentación que nos ha dejado la delegación me parece que en primera instancia tendríamos que citar a la Fenapes nuevamente para charlar acerca de este material que es una contrapartida de un acta que ellos nos dejaron. Por lo tanto, me parecería de orden discutir sobre ese nuevo elemento. Sin duda, más adelante podremos concretar lo propuesto por el diputado Puig en cuanto a acercar las partes, tomar definiciones concretas y seguir trabajando en ese sentido.
En segundo término, me gustaría que esta Comisión elevara la documentación al Ministerio pidiéndole que se expidiera acerca del acta Nº 90 para tener insumos en la discusión cuando asista la delegación de la Fenapes.
Este es un tema que compete a la Comisión, pues refiere a la violación o no de las libertades sindicales. Es el clima de paz que se da en este ámbito el que nos permite discutir sobre determinadas áreas, en este caso la educativa, que se ha dinamitado mucho desde varios lados. Por ese motivo, el Parlamento ha tenido que ser articulador en ámbitos de coordinación y acuerdo.
Comparto lo que dijo el señor diputado Carlos Reutor, en cuanto a convocar nuevamente a Fenapes, y lo que dijo el señor diputado Luis Puig, de que sea el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el que nos diga si acá hubo o no una violación de la libertad sindical. Sería mejor que el staff de abogados del Ministerio, a través de Dinatra, nos asesorara, porque hay muchos dimes y diretes. A mi modo de ver, lo que se desprende de las versiones taquigráficas es que se quiere seguir coordinando y trabajando. Hay determinadas interpretaciones que ameritan realizar algunas convocatorias. Aclaro que no tuve oportunidad de leer las versiones taquigráficas antes de que viniera Fenapes.
Realmente, de acuerdo con los relatos, no me parece que haya violación a los fueros sindicales. Como dije, en ambas versiones taquigráficas se desprende que se están respetando determinados artículos.
Reitero, sería conveniente convocar nuevamente a Fenapes a la Comisión, como dijo el señor diputado Carlos Reutor, y pedir asesoramiento al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como propuso el señor diputado Luis Puig.
Me informé sobre las cargas horarias de los docentes, y estoy de acuerdo con la señora diputada Graciela Bianchi Poli con que tienen que estar en las aulas enseñando, y que se deben respetar los fueros de los trabajares. El único que puede decirnos que no se han respetado es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pues es un organismo rector de esa conducta.
Cuando yo trabajaba en la actividad privada y el patrón no me dejaba militar sindicalmente, iba directamente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a hacer la denuncia y se expedía. Este no es un tema de partidos, sino de si estamos violando o no las reglas.
Por lo tanto, el objetivo es acercar a las partes para entablar un diálogo y para que se mantenga la coordinación necesaria en el marco de lo acordado entre ambas partes.
Agradezco la pronta concurrencia de la delegación a este ámbito, porque este es un tema que preocupa a todos, a las autoridades y al sindicato.
Se han puesto muchos temas arriba de la mesa. Hay una situación que ustedes conocen mejor que nadie, y de la que todos estamos informados, que me atrevo a decir genera problemas desde el punto de vista formal y sustancial con respecto a la calidad educativa.
En cuanto a si se ha violado o no la ley de fuero sindical, hay dos posiciones diferentes. Creo acertado consultar al ministerio respectivo para que se expida en la materia. En este caso está planteada una dicotomía entre oralidad y legalidad. Me pregunto si el Estatuto del Funcionario habilita las órdenes que se han venido dando respecto de la posibilidad de reunión, de concurrencia a cursos de capacitación. Desde el punto de vista sustancial, lo que se ha pretendido poner sobre la mesa de parte del Consejo es el tema del ausentismo docente, que obviamente nos preocupa a todos. Lamentablemente, no ha estado en agenda desde hace mucho tiempo. En nuestras primeras intervenciones en el período pasado planteamos el tema del ausentismo docente porque los propios directores así nos lo manifestaron. Inclusive, recuerdo que había datos que en un año se habían perdido novecientas mil horas de clase y al año siguiente un millón; se perdían en forma creciente año a año y cada día había más recursos para la educación. Después, se generó una estrategia de motivar al cuerpo docente a través el presentismo y otro tipo de incentivos. En definitiva, nunca estuvo en debate y sobre la mesa abordar el ausentismo docente que tanto perjuicio causa, sobre todo en los chicos que van perdiendo el hábito de estudio y la concentración en el aula porque tiene dos o tres clases libres, lo que genera que se dispersen y no logren en el proceso adquirir los conocimientos necesarios.
La pregunta que uno se hace como no especialista en la materia es si la forma de hincarle el diente a este problema ha sido la adecuada. Los resultados los estamos viendo, y son lamentables.
Creo que hay que discutir una agenda entre todos sobre cuáles son los problemas que queremos abordar y cuáles son los métodos que vamos a emplear. Hoy estamos con las relaciones cortadas y eso, obviamente, como Comisión de Educación y Cultura nos preocupa mucho, tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista sustancial. Analizaremos con los compañeros la presencia tanto del Codicén como del Consejo de Secundaria para analizar el contenido de la reunión que tuvimos el miércoles pasado con la Federación Nacional de Profesores, en la medida en que queremos ser articuladores de un camino de salida. Estamos finalizando el mes de agosto, que es la fecha que se habían impuesto en una negociación anterior para la elección de horas por dos años o por un año, y me gustaría saber si esto va a generar nuevamente crispación en las partes que determine que finalicemos este año en una nebulosa. Estamos sumamente preocupados por esta situación, y quedamos a las órdenes en la medida de nuestras posibilidades para desde el punto de vista sustancial aportar al debate, a un camino de salida y, en definitiva, a discutir los temas de fondo que tiene el sistema -que son muchos y que ustedes saben mejor que yo cuáles son-, pero de los que poco se habla. Cada vez que vienen las autoridades les reclamo analizar las reformas del estatuto docente porque, según lo poco que entiendo, el estatuto actual no está en sintonía con las necesidades que está reclamando el sistema. Ahora bien, en el período pasado no se hizo; se formó una Comisión que elaboró una plataforma de modificaciones de las que no se tuvo respuesta. No sé si eso es así o no, porque la oposición no está representada en los ámbitos de conducción de la educación. No me atrevo a decir que hemos retrocedido, pero hemos avanzado muy poco o estamos estancados. Tenemos que darnos una discusión de fondo sobre cuáles son los temas que queremos poner arriba de la mesa. Para ello, obviamente, hay que tener la voluntad de los profesores, porque no hay reforma que valga sin ella.
No queríamos perder la oportunidad de decir estas cosas. Quedamos a las órdenes y evaluaremos en la Comisión de Educación y Cultura convocarlos para lograr un acercamiento y poner en agenda algunos temas a los efectos de mejorar la situación.
En ese sentido, quiero decir que como representante de los trabajadores no me consta que algunas cosas que se dijeron en este ámbito y que están en la versión taquigráfica estén efectivamente sucediendo.
Quiero dejar constancia de que tengo un vínculo muy fluido con miles de docentes en todo el país, producto de la situación que me implica estar en el Consejo. Yo estoy en el Codicén por voluntad de los maestros y profesores del Uruguay.
En cuanto a cuestiones vinculadas con represión, autoritarismo y ausencia de otras garantías, francamente, no me constan. Hemos hablado con muchos docentes sobre la necesidad de preservar los ámbitos de negociación y de participación, de los cuales somos totalmente defensores, así como también de la institucionalidad, lo que para nosotros es muy importante, pero muchas veces en diversos ámbitos no es respetada
Nosotros vamos a hacer una defensa de la institucionalidad en la educación.
Hemos concurrido a centros educativos y tenido conversaciones con docentes que reclaman, precisamente, mantener el clima de trabajo en los centros educativos, respetar las decisiones del colectivo docente adoptadas democráticamente, respetar y diferenciar -como lo hemos hablado con las autoridades de secundaria- los ámbitos de coordinación institucional de los ámbitos sindicales. Creemos que esas son cuestiones muy importantes y que hacen a la actividad educativa.
Ante estas situaciones planteadas, como representante de los trabajadores, considero que hay que ser muy sensatos y serios al plantear estas situaciones. Por ejemplo, en esta sala surgen algunas cuestiones del departamento de San José; se dijo que hubo una muerte de un trabajador por alguna circunstancia especial.
En primer lugar, si no me equivoco esto está en proceso de investigación administrativa -me corregirán las autoridades del Consejo de Secundaria si no es así-; se está investigando y hay que estar a lo que de allí surja. Es muy grave hacer afirmaciones de esta o de otra naturaleza, que creo coartan el libre y necesario ejercicio de las potestades que cada uno de los actores del sistema educativo tiene en su ámbito de acción. A eso me refiero cuando hablo de institucionalidad, sin olvidar la institucionalidad general del sistema educativo, que también es muy importante.
Quizás algunos actores no estén de acuerdo -no es mi posición- con el sistema de gobierno que tiene la educación; pues, señores, es el sistema de gobierno establecido en la Constitución de la República y en la ley, y mientras exista, hay que respetarlo.
La autonomía -como también surge de la versión taquigráfica- la tiene la ANEP, que es la Administración Nacional de Educación Pública, y la política educativa -lo establece la ley- la fija la ANEP, que tiene un órgano rector, que es el Consejo Directivo Centra que, a su vez, tiene Consejos desconcentrados, con competencias asignadas por ley. El Codicén, entre otras funciones, tiene que ejercer una función clara de coordinación, entre otras cosas, para respetar y mantener esa institucionalidad, y esa coherencia que el sistema educativo debe tener, que muchas veces quienes somos docentes y seguimos estando en los centros educativos dando clases, vemos que no existe o que no existe en la medida que debería.
Creo que debemos tener presente estos aspectos, y saberlos ponderar y articular en sus justos términos, porque no es fácil conducir un organismo de estas características, de la naturaleza jurídica que tiene por disposición constitucional y legal.
Por otra parte, creo que las resoluciones del Codicén fueron adoptadas en el marco de la participación de los Consejos desconcentrados y, como todo acto administrativo, puede estar sujeto -lo digo a título personal- de las adecuaciones o adaptaciones que correspondan, cuando llegado el caso de aplicación nos demos cuenta de que tiene algunas falencias
Mucho de lo que se dice de la aplicación de estos actos administrativos sería bueno canalizarlo a través de denuncias concretas y formales, utilizando el mecanismo que prevé la administración para resolverlas.
Si hubiera violación de derechos de colegas, encontrarán en mí al primer defensor para que sean amparados en sus derechos. No hay duda de que en la ANEP debe regir el Estatuto del funcionario docente. ¿Alguien lo duda? Estamos en un estado de derecho. ¿Hablamos en serio cuando decimos que porque haya una expresión verbal, de quien sea, el Estatuto se dejará de aplicar? Si esto fuera así, estaríamos en serios problemas. ¿Alguien tiene duda de que para representar a un órgano colegiado primero hay que tener la voluntad del órgano colegiado? No. ¿Quién puede dudarlo? La ley dice que la representación del Codicén no tiene presidente; eso es obvio, pero para ir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y firmar el acta, en nombre del Codicén, debe tenerse la autorización del Codicén. He dicho esto infinidad de veces en el órgano que integro. No se puede actuar a impulso o por decisión personal, sino con la voluntad de un órgano que nos respalde. Creo que en esto estamos todos los compañeros de acuerdo. Si esto no fuera así, habría problemas en el seno del Codicén, porque los órganos colegiados actúan así.
Es cierto lo que afirma el señor diputado García respecto al estatuto del funcionario docente. Tenemos un estatuto que data de 1994, que regula relaciones de docentes, y todo lo que tiene que ver con la tarea docente, en 2016. Por lo tanto, el Estatuto contiene disposiciones que no se acompasan con la realidad educativa y, por esa razón, hay que modificarlo. Hace dos administraciones que se intenta modificarlo, pero ello no ha sido posible. Y más allá de buscar responsables -porque esta debe ser la actitud cuando uno trabaja en educación-, o protagonismos personales exacerbados, lo mejor es encontrar soluciones a los problemas.
El estatuto es un problema. Nosotros propusimos -y los cinco integrantes del Codicén estuvimos de acuerdo- generar un ámbito de discusión para transformar, en un plazo razonable, el estatuto del funcionario. La comisión que se creó a esos efectos -que integramos, junto a la secretaria general aquí presente-, está integrada por los sindicatos y representantes de los Consejos, y está trabajando en ese sentido. Hemos avanzado en unos cuantos artículos y vamos a trabajar con una lógica bien sensata: cada colectivo allí representado dará su opinión y de surgir desacuerdos habrá informes en mayoría y en minoría.
Comparto que se trata de una necesidad que se manifieste, entre otras cuestiones, la carrera docente, el desarrollo profesional, la aplicación de soluciones para modificar el Estatuto.
En definitiva, creo que hay que valorar en su justa dimensión las situaciones, las disposiciones de quienes estamos designados o electos -como es nuestro caso- para trabajar desde una perspectiva colaborativa, de amplia participación, de diálogo, sabiendo que hay cuestiones de política educativa. La política educativa -lo digo a título personal- no está dentro del ámbito de la negociación bipartita, sino en el marco de las responsabilidades de las autoridades legítimamente constituidas, y cuando tiene implicancias en las relaciones laborales, obviamente, existen ámbitos de negociación colectiva y bipartita, que respetamos, que existieron desde siempre y forman parte de las mejores tradiciones de la República y debe llevarse adelante.
Por último, creo que está muy bien plantear este tipo de situaciones en el ámbito parlamentario, donde nuestro pueblo está representado. Creo que para tomar cualquier decisión, como órgano colegiado que somos, antes tenemos que deliberar y adoptar la resolución que corresponda.
Termino diciendo: amplia participación, amplio diálogo, amplios aportes a los representantes de los trabajadores, sindicalizados o no, porque hay que defender a los sindicalizados, pero también a los que no lo están, que representan un importante número de gente y que hacen planteamientos y que hemos puesto en la mesa del Codicén, sabiendo que acá no hay cogestión, cogobierno o como quiera llamársele.
Obviamente, lo primero es la institucionalidad; nos moriremos defendiendo la institucionalidad y no se hacen ranking para saber quién es más institucional que otro. Por eso me rechina tanto que se invoque el Acta Nº 90 -y yo hice señas al señor diputado Placeres, quien se sonrió-; no, ¡someter el acta 90 al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social!
(Interrupción del señor representante Daniel Placeres)
——Yo soy coherente, en el acierto o en el error. Yo no estuve de acuerdo -y se aburrieron de escucharme- con que hubiera representantes de los sindicatos en los Consejos. Me quedé ronca de decirlo. Dejé la comisión de elaboración de la ley general de educación -y lo sabe la consejera Motta-, entre otras cosas y fundamentalmente, porque no estoy de acuerdo con que los sindicatos integren los Consejos, y por esto me he ganado muchas oposiciones de derechas y de izquierdas, por decirlo de alguna manera. Sigo pensando lo mismo.
Tampoco estuve de acuerdo con la ley de negociación colectiva en el ámbito público, y lo sigo diciendo: la ley de negociación colectiva existe en Uruguay desde 1943. Se habrá aplicado más o menos, según los Gobiernos, pero la ley siempre estuvo vigente.
En 2009 se metió, dentro de los criterios de la ley de negociación colectiva en el ámbito privado, al Estado, lo que motivó opiniones de la cátedra -inclusive lo dijimos en sala- porque se repetían palabras que son propias de la negociación colectiva del ámbito privado que no tienen lugar en el Estado, por ejemplo, rama. Y no me refiero a Germán Rama; no hay ramas de actividad en el Estado.
¿Por qué estaba en contra de la negociación colectiva en el ámbito público? Porque ata al Estado; el Estado no es un patrón; el Estado, y en el ámbito público más todavía, siempre debe ser el fiel de la balanza. Sin embargo, sobre todo en la educación y mientras esté vigente esta Constitución, el Estado debe defender el interés general.
En el Estado uruguayo la autonomía de la ANEP es una realidad constitucional, y si queremos discutir el modelo, lo discutiremos, pero me parece que no estamos en condiciones de abordar discusiones bizantinas. Yo quiero que los chiquilines sepan la tabla del dos y leer un texto básico de idioma español.
En consecuencia, quiero decir al profesor Robert Silva que hay una realidad y lamentablemente tenemos que procesarla. La ley de educación general está vigente, con los representantes sindicalizados y no sindicalizados. Me he quedado ronca diciendo que una cosa son los docentes en general y otra cosa son los sindicalizados; he señalado hasta los porcentajes. Por eso me han pegado de todos lados, pero no me importa porque lo único que me interesa es la educación.
De ninguna manera, el Poder Ejecutivo puede decir si el Acta Nº 90 viola o no derechos sindicales, porque si lo hiciera habremos perdido todos, y yo ya perdí una vez la democracia y no quiero perderla de nuevo. Nunca hice nada para perderla.
Entonces, me desespera ver el trancazo, porque trancazo hay; eso no lo puede negar nadie. El acta del 25 de mayo, donde se dicen determinadas cosas en contra del Estatuto, yo la tengo y la tienen todos, y sabemos leer estas resoluciones. Es más: en la de 2006 está mi firma notificando a Secundaria. Entonces ¡si sabré cómo se hizo esa resolución!
El presidente de la Comisión de Educación y Cultura dijo muy bien que no tenemos iniciativa en este momento, pero en el marco de la institucionalidad queremos que esto se resuelva, en lo posible, dentro de la ANEP; esa es la forma de resolver institucionalmente el tema. Lamento disentir con quienes estuvieron de acuerdo con la ley de negociación colectiva en el ámbito público de 2009, pero está. Esto es un intento del Parlamento para acercar a las partes, porque -y lo dije el otro día en la Comisión de Legislación del Trabajo-, cada vez que el ANEP va a la Dinatra es un fracaso. Eso no pasa en otros sindicatos, pero en la educación sí.
Por eso, reivindicamos el espacio parlamentario. Me tocó negociar tres años representando al Codicén -el profesor Netto lo sabe, porque era director general de la UTU- con la coordinadora de sindicatos; no salimos nunca del ámbito de la ANEP, excepto esas dos veces que fuimos al acto de elección de horas que, dicho sea de paso, todavía no está resuelto. Era espantoso; no tenemos que salir del ámbito de la ANEP.
Entonces, el llamado de atención de un docente -que ahora está ocupando otro lugar, pero que nunca dejó de ser docente- es que la negociación debe mantenerse dentro del ámbito de las autoridades de la educación. Nosotros queremos acercar a las partes.
Lamento decir al consejero Robert Silva que cuando perdió en el otro período, yo, que ocupaba un cargo de confianza, lo voté, y quienes me nombraron lo sabían, porque siempre fui muy independiente de cabeza. Le comunico al consejero Robert Silva que hay situaciones de miedo, que hay situaciones de persecución.
Como abogada me aburrí de hacer recursos; por supuesto, ahora que estoy jubilada no los hago, y antes tampoco me gustaba. Si el consejero quiere, le explico. Quizás a usted que está dando clases en la UTU no le llegaron estas denuncias, pero se las podemos hacer llegar.
Y digo esto no para dar la razón a Fenapes, sino para tratar de que todos reflexionemos y tratemos de acercarnos a las autoridades de la educación. Es lo único que puede hacer el Parlamento y nada más, desgraciadamente, o por suerte, porque somos el Legislativo y no el Ejecutivo. Eso es lo que estamos pidiendo: que la negociación venga de la Dinatra y se forme un ámbito de negociación entre ANEP, la coordinadora de sindicatos, Secundaria y Fenapes.
Que quede claro que a mí no me consta que por integrar un sindicato o por realizar actividad sindical se persiga a los docentes del Uruguay. Reitero que a mí no me consta.
En primer lugar, si se han negado o se han intentado negar licencias a dirigentes nacionales de la Federación del Ejecutivo o a dirigentes nacionales integrantes de la Comisión Central de Salud Laboral al amparo del artículo 70.10 para ejercer tareas propias de su actividad sindical o de su actividad propia de las Comisiones Centrales de Salud Laboral. Esa podría ser una buena pregunta.
Una segunda buena pregunta sería consultar si se han negado o intentado negar justificaciones de inasistencias a docentes, al amparo del artículo 70.12, cuando concurrieron a reuniones de profesores. Y, la tercera, si se están haciendo algún tipo de acciones para confirmar elecciones de horas por más de un año, al margen de lo que establece el Acta del 9 de noviembre de 2015 firmada en la Dinatra.
Quizás, esa puede ser -se lo digo con todo respeto- una manera de clarificar si estas cosas acontecen o no.
El primer punto de la primera acta dice: “En relación a los temas planteados en la presente mesa de negociación, las partes acuerdan reafirmar la plena vigencia del Estatuto, puntualmente en referencia a los arts. 70,8, 70.10, 70.11 y 70.12, […]”.
El primer punto de la segunda acta, de quien supuestamente tiene una visión distinta, dice: “Se abordó el tema de las inasistencias de los docentes a sus actividades habituales y su justificación a través de los arts. 70.8, 70.10, 70.11 y 70.12, en este punto todas las partes reafirman la plena vigencia, […]”.
No le voy a consultar al ministerio, porque acá me lo están diciendo las dos partes. Yo lo estoy leyendo, igual que usted. Le diría que los líos internos no se resuelven acá. Acá estamos en la Comisión de Legislación del Trabajo. Usted tiene pleno derecho a hablar, está en el Parlamento y, en esa Comisión que está, tiene pleno derecho a decir lo que piensa; nada más.
Acá nadie cuestionó la violación a un secreto de actas. El abogado asesor informó que en el estatuto, en el reglamento dice que no se pueden elevar las actas a otro ámbito si no están autorizadas. Y si usted tiene esa visión o le cayó a usted, recurrirá a estos comentarios, porque las versiones taquigráficas de aquí son públicas.
Yo sé dónde tengo que preguntar las cosas. Lo que advertí fue que vinieron a denunciar una violación de libertad sindical y me consta que no hay una violación de libertad sindical. Hay que llegar a que las partes coordinen las acciones, pero puede haber una interpretación de carga horaria, que es distinto; si me pertenece tal carga horaria o no. Y, en ese caso, bien se puede explicar, en base a la descentralización, que cuando uno quiere descentralizar, cuando llega a un liceo o a un colegio un dirigente sindical en Tacuarembó, quien interpreta esa orden quizás demoró y el dirigente tenía que ir ya, y le dice no tengo claro si tiene que ir ya. Creo que hay que articular ese tipo de acciones, nada más. Creo que lo que queda claro es que acá hay falta de coordinación, pero los dos están pensando igual. Lo digo para calmar las aguas. Pero que quede claro que sé lo que planteé y que las dos partes están de acuerdo en que no hay violación de esos artículos que usted mencionó que preguntara al ente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
En mi exposición no perdí de vista, en modo alguno, que con posterioridad a la aprobación de estos reglamentos de funcionamiento, fue aprobada la norma en materia de acceso a la información. Creo, y me ratifico en esta opinión, que son perfectamente armonizables. El tema es quién decide. Acá los que deciden son los órganos. Obviamente que los órganos, al decidir, deben actuar en términos contestes con las normas que los obligan. Es decir que si existe con posterioridad a la sanción de la ley de acceso a la información, obviamente las resultancias de esa ley obligarán al órgano. Y si se desea hacer un análisis más prolijo de este tema, basta con remitirse a la ley de acceso a la información para constatar que buena parte de sus artículos están destinados a regular el procedimiento que se debe arbitrar para responder a una solicitud al amparo de la ley de acceso a la información, y que para nada se prescinde de la voluntad del órgano involucrado, de aquel que es destinatario de la solicitud de acceso a la información al amparo de la ley. Cuando eso falta, algo no está funcionando. Por lo tanto, no es incompatible un reglamento que ratifica la necesidad de un pronunciamiento orgánico -no individual- con lo que determina la ley. Obviamente, el órgano tendrá los plazos; esos plazos serán perentorios, bastante breves -como nosotros los conocemos-, podrá pedir prórrogas, analizará si las causales que por vía de excepción exoneran de las obligaciones legales, porque se trate de información secreta o de información confidencial, son invocables o no. Pero todo ese mecanismo de filtrado previo, de decantación previa es algo que no se le puede negar al órgano, y es absolutamente legítimo y compatible con la ley que el órgano reivindique para sí en cuanto tal órgano.
Por otra parte, advierto que el derecho de reserva, con los límites que fuere, es un derecho plenamente vigente, porque en una tesis absolutamente libérrimo y recurriendo casi de modo mecánico a cuál es la última norma sancionada, podríamos llegar -llegando hasta el último límite- a sostener que esta última norma ha eliminado de cuajo el derecho de reserva, y eso no es así.
Lo que importa es subrayar que el pronunciamiento corresponde al órgano, y es el órgano el que está obligado a actuar en el marco de las obligaciones impuestas por la ley, pero es él el que tiene un pronunciamiento muy prolijo, arbitrado por esa misma ley, es él el que debe colocarse ante la situación en concreto y determinar si es efectivamente viable la invocación del principio general que es la libertad de acceso a la información pública o, por el contrario, hace valer -porque también en esto hay un poder de ver del órgano- la obligación de negarse a proporcionar información reservada cuando está impedido de disponer libremente de ella, porque también en esto hay un mandato legal. Aunque sea por vía de excepción, ese derecho y esa instancia no puede ser soslayada, no puede ser colocada como algo totalmente anacrónico o prescindible.
Por lo tanto, me parece que era útil señalar que ratifico la opinión de que el reglamento de funcionamiento -que admito es de fecha anterior a la vigencia de la ley- y la ley son perfectamente armonizables y no resultan para nada contradictorios.
En segundo término, usted ocupa un cargo de confianza.
En tercer lugar, yo no me refería a la ley de acceso a la información pública; a mucho antes. Además, es algo muy sencillo. Las actas se publican en la Web, todo se publica en la Web.
(Interrupciones)
——Si no las publican, cambiaron de jurisprudencia.
(Interrupciones)
——No voy a discutir que está en circulación permanente. Las actas pueden circular y circulan -entre los funcionarios- excepto que el Consejo Directivo Central -que no le niego el poder que tiene; ojalá lo usara siempre y ojalá siempre actuara como órgano, respetando la autonomía de los descontentrados, porque yo no me fui por ahí como se fue usted- declare sesión reservada, porque hay principios generales del derecho y pactos internacionales que están por arriba. No me hagan invocar al Pacto de San José, pero lo tengo que invocar porque si se van por ahí -yo no voy a decir más nada, usted me puede aludir todas las veces que quiera; no voy a contestar más nada-; el pacto de San José lo firmamos en 1965 y lo ratificamos en 1985. Así que en realidad, es extrañísimo que a esta altura alguien discuta que los documentos públicos son de acceso libre a la población, excepto que el órgano, en uso de sus potestades, lo declare reservado.
Soy maestra de profesión y representante de los trabajadores en el Codicén por la lista pronunciada por la Central de Trabajadores, por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza y por la Federación Uruguaya de Magisterio, en particular.
Tengo una carrera técnica de haber ocupado altos cargos en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, que siempre acompañé con un compromiso sindical. Desde aquella época de maestra en que, a la salida de la dictadura, creamos nuevamente la Asociación de Maestros en Montevideo.
En ninguno de mis cargos técnicos me desvinculé de la vida sindical, ya sea en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, en el Consejo de Formación en Educación como profesora de formación docente y como profesora en la Educación Técnico Profesional en algunos años. En realidad, conozco poco de lo de Enseñanza Secundaria, por eso he preferido escuchar más que hablar. Pero me parece que en este momento de la reunión es importante -además de decirles que este cargo me está obligando a tener una mirada del sistema en general- traer una mirada del sistema en general hacia lo que es mi querido sindicato, que es la Federación Uruguaya de Magisterio. Desde allí, como Federación, siempre hemos celebrado cada conquista de los trabajadores. Es un sindicato de larga data, con una riquísima historia, desde cualquier lugar que se lo quiera mirar o valorar, y con un presente muy exigente.
Entre las conquistas valoramos mucho la conformación de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay. Como toda central de trabajadores, apostamos a la unidad de los trabajadores. Por eso para nosotros la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay es un organismo de mucha relevancia; no lo desmerecemos, sino que, por el contrario, lo consideramos muy relevante.
Como les dije, provengo de la FUM. No es un sindicato que no tenga dificultades o que no las haya tenido. Es un sindicato que participa con mirada crítica. ¡Si lo sabré! Es difícil ocupar un cargo técnico y, al mismo tiempo, adherir a la vida sindical, como me ha sucedido. Con mis compañeros de la FUM he logrado siempre, desde mis cargos, tener un diálogo y afinar las discrepancias para construir.
Quiero poner sobre la mesa la posibilidad de construir en conjunto. Se puede, porque desde la Federación Uruguaya de Magisterio y desde la educación inicial y primaria lo hemos podido hacer. Me refiero a construir la educación uruguaya desde sus actores. Me incluyo entre los actores, porque no me he separado de la carrera docente. Como decía el profesor Robert Silva, también escucho a los trabajadores que están en las aulas porque los represento.
Como todos han dicho, estas situaciones no le hacen bien a nadie. Por eso, desde el lugar en el que estoy, con esta mirada sistémica, trato de contribuir a limar estas asperezas y a generar espacios de encuentro.
La FUM ha generado y ha podido autogestionar espacios de formación. Ayer participamos del lanzamiento de una colección de cuatro libros de matemáticas, a través de la revista Quehacer Educativo, de cuyo equipo asesor formé parte. Esto implica que también desde la vida sindical apostamos a generar propuestas educativas y a hablar de educación. Los sindicatos de la educación tienen un perfil particular, porque no solo se encargan de la defensa de los trabajadores sino también de la defensa de la educación, y particularmente de la educación pública. Desde allí estoy tomando esta responsabilidad que mis compañeros delegaron en mí.
Creo en la mediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es un organismo que tiene que mediar, y en estas instancias se necesita esa mediación. Hay una ley de negociación colectiva -que pretendemos que se aplique- que plantea que en estas situaciones en que dos partes no se entienden, corresponde que actúe una tripartita, en la que participa el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Como Comisión de Legislación del Trabajo podrán decidir los mecanismos adecuados. El Codicén, como han dicho otros integrantes de la delegación, está dispuesto a concurrir a los ámbitos a los que sea convocado. En lo personal, lo dije en la reunión que tuvimos con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, con mis compañeros que estaban allí reunidos: si hubiese sido convocada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hubiera concurrido. No tenía ninguna razón para no hacerlo. De modo que entendimos que el convocado era el presidente del Codicén.
En cuanto a las políticas educativas que se están implementando desde el Codicén, debo decir que con el profesor Robert Silva empezamos a comprenderlas con mayor profundidad desde que nos integramos, con un esfuerzo de lectura, de interpretación, de pedidos de información. Las políticas se han venido construyendo en estos seis meses. El pasado 3 de agosto se presentaron a las autoridades locales, es decir, a quienes integran las comisiones descentralizadas de educación, que son las máximas autoridades en cada uno de los departamentos. En esa instancia participé junto con la consejera Isabel Jaureguy. El 5 de agosto se emitió desde el Codicén una invitación a la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay para fijar una fecha en la cual trasmitir esa información.
Dentro de esa información hay algunas cuestiones en las que ya hay espacios de participación, como la comisión de construcción de un marco curricular de referencia nacional o la comisión de construcción de perfiles de egreso. Por ser ámbitos técnicos, la participación se ha dado a las Asambleas Técnico Docentes. Hemos acordado con el Codicén tener un fluido intercambio con los sindicatos de la educación.
Tengo el convencimiento de que esta situación que venimos arrastrando de tiempo atrás y que nos está dificultando los procesos de construcción, puede ser solucionada. La historia del movimiento sindical así lo dice. Este no es un momento crítico de desentendimiento político- sindical. Lo que hay que buscar es voluntades, mayor diálogo, buenos intermediarios. Agradecemos que los señores diputados lo sean en este caso, para poder avanzar en la solución de este conflicto. Desde este lugar, aportaré lo mejor de mí para ello.
Reafirmo el pleno derecho de todas las normas que regulen y den garantías a todos los actores que trabajan en el marco de la ANEP. A su vez, quiero poner en relieve las competencias y la misión que tiene la educación, y la educación pública en particular, en la generación de oportunidades. En ese marco, ofrecemos el tiempo, el esfuerzo, la capacidad y la creatividad para seguir trabajando en los distintos estamentos dentro de la Administración, buscando el diálogo y los caminos de salida para llevar adelante una transformación absolutamente necesaria de la educación, en pos de los proyectos que tenemos para nuestra sociedad. Ese espacio, el del diálogo, en el cual pretendemos construir en conjunto, va a estar siempre dado. Lo hemos dicho en múltiples oportunidades y desde hace mucho tiempo: creemos que los docentes son constructores de educación y no solamente ejecutores de procesos que se generan en otros ámbitos.
En ese marco y con toda la actividad desarrollada, y en función de todo lo expresado por los distintos actores en el marco de la Administración, continuaremos en la línea del diálogo, de la participación, del respeto a las normas. Queremos referirnos a ellas, con una clara convicción de lo que reflejan y expresan, y no a comentarios de lo que podrían ser, tanto desde la organización del sistema como desde las distintas instancias que aquí se pueden haber presentado.
Expresamos el mayor respeto a los docentes electos por los docentes. Hemos trabajado mucho y durante mucho tiempo para obtener un logro de esas características. Tenemos la confianza clara de que encontraremos los caminos para, más allá de las posiciones, encontrar formas de organización, de participación y de encuentro que nos permitan fortalecer esta rica estructura que sostiene el Uruguay de hoy, con la cual nacimos, que es el sistema educativo público nacional.
––––En discusión la propuesta presentada por el señor diputado Luis Puig para generar un ámbito de negociación con la ANEP, el Consejo de Educación Secundaria y la Fenapes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
(Se vota)
––––Cuatro por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.
No habiendo más asuntos, se levanta la reunión.
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 Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo. |