Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

Comisión de
Legislación del Trabajo

S/C y Carpeta Nº 398 de 2015
Versión Taquigráfica N° 337 de 2015

SINDICATO DE NOLIR S.A., DEL GRUPO CAPUTTO DE SALTO

CONTRATACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS DE PEONES PRÁCTICOS
Y OBREROS NO ESPECIALIZADOS

Modificación de la Ley N° 18.516

CENTROS DE ATENCIÓN CIUDADANA (CAC)

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE TAMBO Y AFINES (SUTTA)

SINDICATO DE FUNCIONARIOS DE ALDEAS DE LA BONDAD (FUABS) (Fundación
IMCOS)

Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 2 de diciembre de 2015


(Sin corregir)


 

PRESIDE:   Señor Representante Óscar Andrade.

MIEMBROS: Señores Representantes Solana Cabrera de Abásolo, Wilson Ezquerra, Dianne Martínez, Daniel Placeres y Luis Puig.

ASISTE:   Señora Representante María Manuela Mutti Fornaroli.

INVITADOS: Por el Sindicato de Nolir S.A., señores Alejandro Martín Achigar y Ramón María Guimaraens.

Por la Cámara de la Construcción del Uruguay, señor Ignacio Otegui, Presidente, y doctor Ignacio Castiglioni, asesor.

Por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, señor Director, contador Álvaro García; por la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), señor Director Ejecutivo, ingeniero José Clastornik, y Jenny Merlo, asesora.

Por el Sindicato Único de Trabajadores de Tambo y Afines (SUTTA), señores Rúben Bossolasco, Juan Cripino, María Flores, Nahuel Martínez, Verónica Núñez y Laura Zapata.

Por el Sindicato de Funcionarios de Aldeas de la Bondad (FUABS) (Fundación IMCOS), señores Eduardo Brun, María Gérmino, Fabián Medina, Sergio Osorio e Ismael Sequeira.

SECRETARIO:   Señor Francisco J. Ortiz.

PROSECRETARIA: Señora Lylián Carballo.

 


SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Andrade).- Habiendo número, está abierta la reunión.

——La Comisión de Legislación del Trabajo tiene el gusto de recibir a los integrantes de la empresa Nolir S.A., del Grupo Caputto, Salto, los señores Alejandro Martín Achigar y Ramón María Guimaraens.

Estamos con tiempo acotado; avisamos que teníamos esta dificultad. No pudimos fijar la reunión para otra oportunidad; venimos de una reunión bipartita en el despacho en la que recibimos a trabajadores de Salto también, de Aldeas del INAU, quienes corren riesgo de perder sus fuentes de trabajo. Tuvimos que recibirlos a las ocho de la mañana. A las diez tenemos prevista otra delegación. Nos parecía que teníamos que recibirlos de cualquier manera dada la gravedad de la situación. Algunos ya estamos al tanto de ello, del lock out patronal que se está dando en la empresa. Era bueno darle estado parlamentario para habilitar rápidamente la convocatoria a la empresa. Hicimos gestiones para que el Ministerio de Trabajo convocara con carácter urgente instancias de negociación con la Dinacoin.

Entonces, como decía, les pedimos que sean considerados con el tiempo porque tenemos muchas delegaciones previstas para el día de hoy.

SEÑOR ACHIGAR (Alejandro).- Tal como figura en la reseña, nosotros venimos desempeñando tareas desde el año 1991 en esta empresa, cuando cerró Crush. La empresa siguió adelante con las mismas tareas. Nosotros pasamos a la compañía Crush con los mismos jornales y sueldos de la bebida y trabajamos en Nolir S.A., que en buena medida pertenecía a los dueños de Crush, hasta que Caputto compra el paquete accionario de la empresa en 2003. Tal como figura en el documento, durante muchos años trabajamos sin ninguna clase de inconveniente hasta el 2014 en que aparece Martín Mandressi como gerente general de la empresa y de ahí hasta el presente hemos tenido más conflictos que en el resto de los años que nos desempeñamos en ella. Siempre se dio largas a cualquier clase de negociación.

Nuestra empresa se dedica a la elaboración de cítricos; se hace extracción de jugos para elaborar jugos concentrados, aceites esenciales, limón clarificado, todo ello a partir de los cítricos. Se procesan alrededor de treinta mil o treinta y cinco mil toneladas de fruta al año. Trabajando en tres turnos elaboramos doscientas toneladas de fruta por día. En el año 2011 la empresa incorpora el jugo pet en una botellita como esta y sobre fines de ese mismo año compra una maquinaria de envasado tetra y empieza a salir el jugo Caputto en tetra. Se trataba de máquinas muy obsoletas compradas en tiraderos de Europa. Nuestros compañeros, con el ingenio criollo, lograron hacerla funcionar durante mucho tiempo. La empresa Caputto tiene la fábrica de jugos y el packing que data de sesenta años. Si bien las dos empresas son del mismo grupo económico, son dos empresas diferentes. En determinado momento renuevan la maquinaria, en acuerdo con tetrapack que le trae maquinaria supuestamente reconstruida aunque hasta ahora ha tenido toda clase de problemas. Al mismo tiempo, empiezan a traer personal de packing, de la parte de mantenimiento, para operar el equipo y se nos dice que todo ese personal va a operar el equipo nuevo. Pero nosotros, de 2011 hasta abril, mayo de este año, operamos aquellos equipos viejos; donde se hace el empacado de la producción estábamos bajo un toldo -tenemos fotos-, sujeto con cajones bins; esa tarea la cumplíamos bajo toda circunstancia climática; a veces teníamos que destinar un compañero para que agarrara el toldo a fin de que no volaran los cajones y terminaran cayéndosenos encima. Siempre sacamos adelante la producción con gran sacrificio. Ahora viene maquinaria nueva y se nos dice que prácticamente hay que ser ingeniero aeroespacial para operarla, que hay que hacer un curso. Les dijimos que teníamos gente capacitada que ya había operado los equipos obsoletos con miles de dificultades, y los hacía funcionar, y que por lo tanto estos equipos más modernos no nos iban a implicar mucha complicación. Bueno, no; pusieron gente de packing y empezaron a retirarnos los puestos de trabajo. No contentos con eso, además del personal de packing que fue a operar allá, trajeron un par de operarios que ni siquiera habían visto de cerca las máquinas; lo afirmamos porque los conocemos. Les explicaron que tenían que apretar acá y allá y que iba a salir una cajita por la otra punta. Entonces, la empresa se contradice al poner personal que no está preparado.

Nosotros empezamos a tomar medidas porque cada vez que negociábamos daban largas al asunto. Veníamos a negociar a la Dinatra; Dinatra mandaba una bipartita, en la bipartita nos decían que todo se mantenía en los mismos términos y todo quedaba igual; llevábamos un año negociando y no se resolvía nada.

Como dije, empezamos a tomar medidas de paro de una hora por turno. Tuvimos la consideración de tomar la medida de paro entre que termina un turno y empieza otro para que no quedara tan cortada la producción. Esto fue lo que siempre nos preocupó: mantener la producción y sacarla responsablemente. El día 26 de noviembre, en plena producción, se produce un fallo en la máquina; teníamos más de doce mil litros de jugo pronto y si este no pasa por el esterilizador y es envasado se echa a perder porque el jugo tetrapack no lleva conservantes. Sin ninguna explicación nos mandan a desalojar la empresa. Habíamos dispuesto evaporar y concentrar determinada cantidad de ese jugo porque si no nos daban las horas para envasarlo; teníamos la caldera cargada -una caldera que trabaja a once quilos de presión-, pero prácticamente nos estaban sacando a empujones. Responsablemente vaciamos cañerías, el esterilizador -porque si queda caliente con jugo adentro se arma un pegote tremendo-, sacamos la carga de la caldera, apagamos los tizones, dejamos purgando el vapor. Pedimos que nos mandaran un mail o alguna constancia por la cual la empresa reconocía que quedaba ese jugo preparado que se iba a echar a perder. Eso fue el 26.

El 27, cuando le tocaba entrar al turno de la mañana, se encuentra con que en portería se le dice que no puede entrar a trabajar hasta nuevo aviso. Decidimos tomar la medida de bloquear la salida de vehículos de carga. En ningún momento, porque no está en nosotros cortarle el derecho al trabajo a nadie, bloqueamos la entrada de vehículos particulares de los empleados de Citrícola Salteña; aclaramos a todos que iban a llegar a cumplir con su tarea, que entraran sus vehículos para que no quedaran afuera. No hubo ni un problema. Esto siguió así hasta que el día 30 la empresa cortó a todo el mundo. Le dijo al personal de packing que nosotros lo estábamos dejando sin trabajo y ese mismo día, el 30 de noviembre, al personal de la oficina de packing, que es toda la administración de la empresa, a las 22 y 30 le avisó que al otro día no entraba tratando de lograr mayor irritación porque lo que se consigue es que no salga la liquidación. Ellos son muy puntillosos con los días feriados; si el día está en rojo en un almanaque del Mercosur ya lo consideran feriado y tiran un día más para adelante el pago; imaginen que un día más que no entren a trabajar los administrativos es un día más que se estira el pago. Y para sueldos de $ 10.000, $ 11.000 cobrar un día más tarde es grave.

Ahora la empresa plantea que levantemos la medida; si no, no negocia. Bueno, pero no nos convocan a trabajar. Nuestra medida responde al hecho de que nos dejaron afuera. Esta empresa, Caputto, ha gozado durante sesenta años de total impunidad y sigue gozando de ella: se sortea alegremente un montón de legislaciones -sobre todo con la gente de packing; con nosotros no ha podido, lo que considero es la gran irritación que le generamos-; por ejemplo: la empresa manda gente al seguro de paro y la llama a trabajar por la diferencia; ni siquiera para darle un plus. Paga la diferencia entre lo que cobra el trabajador por el seguro de paro y lo que cobra trabajando efectiva y legalmente. En las quintas tiene mucha gente en negro; se saltea un montón de normativas porque ya es costumbre. Hemos hecho respetar la normativa y hemos empezado a tener dificultades, sobre todo, con Mandressi; no queda claro cuál es el objetivo de la empresa. Llegan a nuestras manos boletas de cosas que no son para la empresa, que las paga Nolir; por ejemplo: cubiertas de tractores, tractores que no hemos visto ni en fotos; fertilizantes, que no usamos para nada; diversos tipos de repuestos de maquinaria que no es nuestra. Hay cosas curiosas: un mismo camión con veinte mil quilos de leña pasa por balanza a las 10 y 48 y a las 10 y 50 tiene otra pasada por balanza con veinte mil quilos de leña. Es gente que trabaja muy rápido.

Nos da la impresión de que están vaciando Nolir. La empresa Caputto ya tiene mucha experiencia en crear sociedades anónimas; durante muchos años tuvo Coraler S.A., otra que se llamaba Larrañaga y así. Esas empresas pidieron préstamos en épocas pretéritas -ahora no es tan fácil-; esas empresas desaparecieron y el agujero quedó y toda la plata fue a dar a Caputto.

Entonces, queremos que nos convoquen a trabajar, que nos den la seguridad de que no va a haber despido y que no nos usurpen los puestos de trabajo. Nosotros teníamos gente que operaba como paletero, en un túnel, como armador de caja y ahora resulta que lo que hicimos durante cuatro años no lo sabemos hacer y lo sabe hacer la gente del packing. El problema no es con la gente del packing, obviamente. El problema es que nos están sacando los puestos de trabajo. Entre que nos sacan los puestos de trabajo y nos corren del trabajo tomamos esta medida. Lo que nosotros necesitamos es seguridad laboral. Como aquí explicamos, tenemos trabajo todo el año pero parece que de golpe y porrazo somos una molestia y se nos quiere correr. Para quienes aducen que tenemos sueldos muy altos: si no les molestaron los sueldos del 2003 para acá, incluso, de los compañeros que veníamos de la época de Crush que podríamos haber tenido lo que consideran sueldos altos, no se van a molestar ahora por $ 11.000. Y ya vamos quedando pocos porque por la edad nos vamos jubilando.

SEÑOR GUIMARAENS (Ramón).- La empresa nos está adeudando la licencia de 2014. No sé si será solución, pero dentro de este mes tenemos que gozar de esa licencia. La empresa no se ha arrimado a conversar sobre este tema; no hay fechas. Esto nos tiene bastante preocupados.

SEÑOR PUIG (Luis).- Saludamos a los compañeros de la delegación.

En primer lugar, voy a solicitar que la versión taquigráfica de las palabras de los compañeros sea remitida a la Inspección General del Trabajo, al Ministerio de Industria, Energía y Minería y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Considero que a partir de las denuncias de los trabajadores surgen una serie de situaciones que deben ser analizadas. En cuanto a la existencia de trabajadores desempeñándose en negro en las quintas, seguramente se necesite una inspección de la Inspección General del Trabajo. Asimismo, me preocupan otras irregularidades que plantean los trabajadores que deben ser analizadas por diferentes Ministerios.

El viernes pasado estuvimos en el campamento de los compañeros, un día de condiciones climáticas muy duras; había una importante cantidad de trabajadores allí, en las afueras de la empresa. Nos explicaron todo este proceso que relató el compañero en cuanto a los intentos de parte de la organización sindical para generar ámbitos de negociación y de respeto a los derechos de los trabajadores. Claramente nos encontramos ante un lock out patronal y si uno analiza las actitudes de la empresa constatará la estrategia de enfrentar trabajadores con trabajadores, de generar contradicción entre los que están en la planta y los del packing. Creo que esto no es casualidad sino que tiene un objetivo muy claro: intentar destruir la organización sindical; sin duda que la experiencia de los trabajadores de Nolir, acumulada a partir del cierre de Crush en el año 1991, otorga importancia a la organización sindical y creo que el objetivo fundamental de la empresa es destruirla, sustituyendo la mano de obra por trabajadores no sindicalizados. Sabemos de la historia del Grupo Caputto en sus empresas, tanto en el campo como en los packing, intentando destruir organizaciones sindicales.

Coincido con el trabajador en cuanto a que esta empresa se mueve desde hace muchos años con impunidad. Creo que hay que convocar, no solo a la dirección de Nolir, sino al Grupo Caputto como tal a esta Comisión. Lo que aquí se denuncia es sumamente grave; estamos convencidos de que la democracia no es simplemente votar cada cinco años sino que tiene que tener contenido en cuanto a respeto de los derechos de los trabajadores y demás; nos da la impresión de que la actitud de esta empresa no es, precisamente, de promoción de los derechos de los trabajadores. No es una empresa que esté propiciando actitudes democráticas.

Creo que hay que convocarla lo antes posible, denunciar esta situación de lock out públicamente, reconocer la actitud de los trabajadores que intentaron procesar la materia prima cuando eran conminados a abandonar la empresa, lo cual está documentado y reconocer que de derecho de los trabajadores esta empresa quiere saber poco. Esos son nuestros planteamientos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Estamos ante una circunstancia que por suerte no es la más frecuente, pero no deja de ser extremadamente compleja porque se toma de manera precipitada y unilateral una decisión que nadie sabe cuál es, es decir, si fueron despedidos, enviados al seguro de paro, suspendidos, o qué. Un día llegaron y no entraron. Además, se suma una actitud que raya con la de un señor feudal que es comunicar a los trabajadores que habiendo tomado la empresa la medida más radical posible -porque no sé qué otra medida se puede tomar para atentar contra los derechos laborales que dejar a todo el colectivo de trabajadores sin trabajo y sin anunciar en qué condiciones están- deben cumplir con ciertas exigencias para asistir a la instancia de la Dinatra, para presentarse, para habilitar la negociación; esta es una actitud claramente medieval. Lo vamos a decir cuando venga Caputto.

Está claro que nuestra intervención no sustituye la instancia que sobrevendrá en media hora que es la tripartita. Ojalá la empresa cambie su postura tan irreflexiva y se presente al ámbito que convoco de manera urgente. A veces cuestionamos al Ministerio cuando demora en atender de manera que demuestre sensibilidad; en este caso parece que claramente hay una predisposición positiva para encauzar procesos de negociación que parece claro que deben tener como punto de partida no innovar a partir de la circunstancia en la que estaban el jueves

Además, hay otro componente. Estuvimos conectados con los compañeros y los íbamos a recibir fuera de este problema por reclamos de categoría, grupos salariales, etcétera. La interrupción del trabajo se da en medio de que los compañeros, de forma muy responsable, madura, habían iniciado un proceso largo -porque tiene que ver con la re clasificación- para intentar encauzar condiciones de trabajo y de categoría. En medio de esto hay una incertidumbre muy grande porque está claro que en la cabeza de las trabajadoras y los trabajadores de la empresa no se discurre que la situación sea sencilla. Tuvimos la posibilidad de pasar por el campamento el lunes y habilitar esta instancia que tiene las limitantes que tiene. Nosotros podemos tener un montón de opiniones, pero ellas solas no van a arreglar la situación. Se arregla si tenemos instancias de negociación colectiva que logren defensa de puestos de trabajo y luego condiciones de trabajo.

Comparto que se pase la versión taquigráfica de esta sesión a Dinatra y demás, teniendo claro que tenemos un problema que es general. Ojalá fuera solo Caputto donde tuviéramos trabajadores de la recolección con dificultades de no inscripción a la seguridad social. Lamentablemente, es un tema bastante más general. Nos queda visitar un par de plenarios de la Central en el interior y no hay plenario en que esto no esté arriba de la mesa, colocado con gravedad, tanto el tema de la aportación como el no cumplimiento de la limitación horaria para el medio rural. En Florida va a haber una actividad general los días 17 y 18 para intentar hacer una síntesis de cómo materializamos ese derecho.

Hay disposición de la Comisión para contribuir a dar una mano, sea la Comisión propiamente dicha, o un ámbito generado por ella porque los tiempos no dan. Estamos en una etapa de cierre del trabajo parlamentario, pero ello no implica que no podamos generar audiencias fuera de la reunión. Llegado el caso, si hubiera que convocar una Comisión extraordinaria, podríamos hacerlo también. Nos reunimos hoy porque no queríamos que pasara desapercibido un hecho que es muy grave y que ha tenido poca difusión. Me imagino -y no es que uno sea paranoico con los medios- que si la circunstancia en Salto hubiera sido que los trabajadores, sin ninguna discusión o negociación previa, de golpe hubieran ocupado la fábrica sin decir agua va y sin anunciarlo, hubiera sido parte de la tapa de todos los diarios y parte de la polémica del fin de semana: los desbordes sindicales. Ahora, esto fue lo que pasó el jueves; la empresa, de golpe, dice: "No entra nadie. Y no tengo que explicar por qué no entra nadie". "¿Y los trabajadores?". "Yo qué sé". "Pero tienen pendiente la licencia del año pasado…". "No me importa". "¿Cuándo cobran?". "No se sabe". La empresa toma una medida de estar características y cualquiera que hojee los diarios estos días no ha encontrado una sola mención a este respecto. Ni una sola mención: "Qué barbaridad", o lo que fuere. Y aclaro que no estamos reivindicando para los sindicatos una acción que es irracional; lo que decimos es que no se contemplan de la misma forma los desbordes que no respetan ningún escenario si vienen de la empresa que si vinieran de un sindicato. Y encima del desborde se dice: "Yo no negocio. ¿Saben qué? No me presento", desconociendo leyes que están vigentes. Y aunque no hubiera ley; hay que llevar adelante una práctica decente, de sentido común para encauzar un problema de estas características que hoy afecta a cincuenta compañeros de la localidad de Salto.

Bueno, disposición plena para dar una mano. Vamos a estar comunicados con los compañeros esta tarde para ver qué resultado obtuvieron en el Ministerio. Si queda encauzada una negociación en el Ministerio no vamos a superponer nuestra gestión por más que seguramente convocaremos a la empresa aquí a los efectos de que no quede impune una práctica de esta naturaleza. Si no se encauzare, podríamos abrir otro ámbito aquí para dar lugar a la negociación.

SEÑORA MUTTI FORNAROLI (María Manuela).- Yo soy hija de la misma tierra. En realidad es indignante escuchar que pasa lo mismo que cuando yo tenía seis años. Con seis años iba con mi padre a algunas reuniones y escuchaba planteamientos similares de parte de los trabajadores con respecto a las cosas que hacía la empresa Caputto en nuestro departamento. Es indignante saber que la empresa, bajo diferentes nombres, sigue haciendo exactamente las mismas cosas luego de tantos años. Indigna porque lo hace en nuestro gobierno y este debería estar controlando de forma muchísimo más severa este tipo de empresas que sabemos que no solo tienen trabajadores en negro sino que llegan a cruzar la frontera, a cumplir tareas del otro lado y de forma totalmente irregular, en condiciones infrahumanas. Desde esta Comisión tendríamos que solicitar al Ministerio de Trabajo que apriete en serio a este tipo de empresas que tiene un montón de trabajadores y que emplea a los más vulnerables del departamento. Los que allí trabajan son quienes están más jodidos. Esta es la razón por la cual estoy sumamente indignada. Sé de la cantidad de gente que depende de esa zafra y sé también de la cantidad de gente que ha sido manoseada constantemente, históricamente desde que tengo tres años.

Adhiero a la propuesta de enviar la versión taquigráfica al Ministerio de Trabajo para que vean también que mostramos nuestra disconformidad con el accionar en relación con las empresas zafrales que trabajan en el departamento de Salto y que abarcan una rama importante de la producción. Nuestros gobiernos, y los anteriores también, han dado tremendos préstamos para luego tener que enfrentar el desfinanciamiento, la aparición de nuevas figuras jurídicas y de vuelta el pedido de préstamos. ¿Todo para qué? ¡Para seguir jodiendo a los trabajadores y llevarse la plata! Entonces, ¡joden al Estado!, ¡joden a los trabajadores!, y nos están robando. Porque eso es un robo; ¡un robo legal que nuestro Estado permite! Pero robo al fin.

Quiero que todo esto conste en la versión taquigráfica y que ésta se envíe al Ministerio de Trabajo; como departamento hacemos estas denuncias y manifestamos que no puede ser que a estas alturas, con las leyes laborales que tenemos, sigan pasando sistemáticamente estas cosas en varias partes del país y sobre todo en el medio rural. Al medio rural no llegamos; no llegamos con las leyes laborales. Yo recorro el medio rural y sé que no llegamos. Es el feudalismo. Es triste porque el capitalismo muestra la peor de las caras con la gente que está más jodida, que vive en la periferia. La pobreza y la falta de oportunidades tienen cara; es la cara de esa gente que trabaja zafral para Caputto y para los arándanos.

Quería dejar esta constancia porque he escuchado sobre esto desde que nací. Espero que algún día cambie.

SEÑOR ACHIGAR (Alejandro Martín).- Nuestro sindicatito -lo digo así porque somos cincuenta o sesenta-, históricamente, siempre ha sido responsable, desde los tiempos de Crush.

En estas circunstancias no solo permitimos la entrada y salida de personal de Citrícola Salteña al lugar de trabajo sino que había quedado dentro de la empresa un camión cargado de arándanos que tenía que embarcarse en el aeropuerto de Carrasco y cuando la empresa propietaria se puso en contacto con nosotros, pedimos que se enviara un mail para que eso quedara documentado, y no tuvimos ningún inconveniente dejarlo salir; inclusive, ayudamos para que eso fuera posible porque la empresa puso una barricada de camiones en la entrada para impedir el acceso. También había quedado adentro un camión de la empresa Falero y cuando la empresa se puso en contacto con nosotros no tuvimos ningún inconveniente darle salida. Asimismo, el día 30 quedó adentro un camión de la empresa Transportes Berro y salió sin problemas. Nuestra medidas son responsables; no estamos para complicar el trabajo de los demás y, en este caso, consisten en impedir la entrada y salida de vehículos de la empresa.

Sabemos que la empresa ha ido a presionar a ciertos trabajadores en sus domicilios para que firmen unos papeles declarando que no los dejamos entrar -no es así-, a fin de presentar un recurso de amparo para que nos desalojen. Nos van a tener que sacar a palos porque no hay otra solución. No sabemos si algún juez firmará ese recurso de amparo porque no somos abogados, pero los compañeros de la parte rural, por intermedio del doctor Zapirain, piensan presentar un recurso respecto a los artículos 55 y 56 de la Ley Nº 13.426 que refieren a los jornales caídos. Esas son las medidas que se han tomado.

La empresa dijo que no se presentaba a negociar ante el Ministerio si nosotros no levantábamos las medidas pero nunca dijo si al día siguiente íbamos a trabajar, ellos se presentaban en el Ministerio. Pretenden que siga todo igual, que nosotros liberemos los portones y así se presentarían. Para sentarse a negociar ponen como condición que nosotros cedamos en todo y ellos sigan en la misma posición. Estamos bloqueando tres portones en el parking, uno en lo que era la empresa Altisol -que era de los árabes y ahora la gestiona Caputto y es donde está el depósito de jugo- y una quinta puerta que abrieron clandestina y subrepticiamente por el barrio Gallino en horas de la noche; los vecinos nos avisaron lo que estaba pasando y nosotros detuvimos la acción.

Somos cincuenta trabajadores que estamos bloqueando cinco puertas. Nos estamos turnando organizada y democráticamente para mantener la medida porque esta empresa gozó y goza de la impunidad más absoluta para hacer lo que se le dé la gana; siempre encuentra la forma de de salirse con la suya y perjudicar a los trabajadores. Ganan por cansancio; te quedan debiendo hasta que, al final, uno se aburre. Así es como operan. Tenemos compañeros que se han jubilado y deberían haber cobrado al día de ayer pero hasta ahora, como ellos suspendieron la actividad administrativa, no han podido cobrar. Nosotros, desde el 1º de diciembre teníamos que haber gozado la licencia de 2014 que se nos adeuda, pero hasta ahora no nos dijeron nada. Madressi tiene una actitud de pura soberbia, obviamente por mandato de Caputto, porque nadie hace ese tipo de cosas si no lo mandan.

SEÑOR PRESIDENTE.- Enviaremos la versión taquigráfica de esta sesión al Ministerio para que se incorpore el tema a la discusión general sobre el trabajo en el medio rural. Aquí se han planteado situaciones de todo tipo sobre las gigantescas dificultades que existen; inclusive, hoy vamos a recibir a la delegación del Sindicato Único de Trabajadores de Tambo y Afines que también vive una situación terrible.

También vamos a convocar a la empresa y esta tarde vamos a comunicarnos para saber cuál fue el resultado de la audiencia en el Ministerio. De todas formas, estamos a disposición para dar una mano.

SEÑORA MARTÍNEZ (Dianne).- En nuestro país hay leyes laborales y no hay ninguna excusa para no aplicarlas. El Ministerio tiene que realizar las inspecciones correspondientes. En Uruguay debería haber un solo trabajador en negro más, pero si recorremos el interior vemos miles. Existe una sola respuesta: las leyes están para aplicarlas y se deben cumplir. Caputto deberá atenerse a lo que corresponde: cumplir las leyes. El trabajador tiene derecho a trabajar y si se presenta hay que abrirle las puertas para que lo haga. Cuando ejerce su derecho a parar porque tiene algo que le molesta se le critica aunque está bien.

Reitero que en este caso hay una sola respuesta y el Ministerio la tiene que dar.

Manifiesto toda mi solidaridad con ustedes y espero que esto se resuelva pronto.

(Se retira de sala la delegación de representantes del sindicato de trabajadores de la empresa Nolir S.A., del Grupo Caputto, de Salto)

(Ingresa a sala una delegación de autoridades de la Cámara de la Construcción del Uruguay)

SEÑOR PRESIDENTE.- Nuestra Comisión tiene mucho gusto en dar la bienvenida a esta delegación de autoridades de la Cámara de la Construcción del Uruguay integrada por el señor Ignacio Otegui y por el doctor Ignacio Castiglioni.

SEÑOR OTEGUI (Ignacio).- Agradezco esta invitación.

Para referirse al proyecto sobre el sistema de incorporación de distintos trabajadores en la obra pública, cedo el uso de la palabra al doctor Castiglioni.

SEÑOR CASTIGLIONI (Ignacio).- Venimos a verter nuestras opiniones sobre el proyecto de ley presentado en agosto de 2015 que pretende modificar la Ley Nº 18.516 que regula el sistema de contratación en obras públicas de peones prácticos y obreros no especializados.

Esta ley fue aprobada el 20 de junio de 2009 y en el proyecto se observan un conjunto de planteos que pretenden modificar su sustancia. Para llevar adelante esas modificaciones se entiende necesario generar un consenso entre los actores sociales en el entendido de que tiene incidencia directa y carga condiciones únicamente sobre uno de los sectores.

Este proyecto limita un conjunto de derechos y por ello lo rechazamos.

Considerando que las obras públicas se sustentan con recursos que la sociedad vierte al Estado, a ella debe garantizarse el mejor resultado del producto, que depende de factores como la calidad profesional de los integrantes de la empresa y, sin duda, de la mano de obra que ejecuta las tareas. Todo ello en el entendido de que esa mano de obra debe ser seleccionada por la empresa que, a su leal saber y entender, organiza libremente los recursos humanos, eligiendo el personal que está en condiciones para realizar las tareas.

Este proyecto colide, entre otras cosas, con la libertad de comercio y de industria, que está regulada en la Constitución. Esto se ve en la restricción de la posibilidad de seleccionar el personal calificado, como refleja el artículo 2º. Se debe entender que durante el proceso de ejecución la empresa asume riesgos y responsabilidades que son de carácter civil comercial, laboral, penal y administrativo. Esto es de fundamental importancia y depende del resultado final del producto en cuya terminación inciden muchos factores. Un pilar sustancial es el personal empleado, mucho del cual es permanente y en otros casos -según regula el derecho civil- contratado por horas. La libertad de contratar es una manifestación de la autonomía de la voluntad: ambas partes eligen libremente cómo se van a regular las relaciones laborales. Las partes tienen libertad de celebrar acuerdos entre sí y, sobre todo, con quienes entiendan oportuno y en condiciones de realizar las tareas.

La Constitución regula un conjunto de derechos que respetamos, conocemos y entendemos. Sin perjuicio de ello, al momento de desarrollar las tareas, las empresas asumen riesgos ejerciendo la dirección de los actos para la obtención de un resultado. Por tanto, entendemos fundamental contratar libremente a quienes tienen las condiciones necesarias. Además, está la libertad en la contratación de los trabajadores, la dirección y la gestión de la actividad laboral, y la libre selección, administración y contratación de los recursos humanos. La protección de estos derechos y garantías de los empleadores constituye un elemento fundamental en el ejercicio de la democracia de las relaciones laborales; por lo tanto, no pueden ser limitadas, sin perjuicio de reconocer otros derechos que también están enmarcados en la democracia del acceso al trabajo. Consideramos que ahí puede haber una colisión de intereses.

El contrato a término es una característica de la flexibilidad laboral -todos lo conocemos, sobre todo en el marco de la industria de la construcción- sin esta determine una evasión o incumplimiento de las obligaciones que el derecho laboral establece y del cual somos actores fundamentales; lo reconocemos, respetamos y tratamos de garantizar en su máxima expresión.

Entendemos que el artículo 2º puede generar inconvenientes en la incorporación de mano de obra calificada -en el marco de las contrataciones de los trabajadores no permanentes sino por hora- por las responsabilidades que recaen sobre un solo sector; me refiero a las responsabilidades en la entrega del producto, la administración de las tareas y, sobre todo, en la administración de los recursos que comprende el ejercicio libre de la organización de la empresa.

Además, en el proyecto se plantea la incorporación de muchachos del Sirpa. Seguramente, se tuvo en cuenta que se trata de menores de edad y que al momento de ingresar al trabajo -sin perjuicio de que puedan estar en proceso de reinserción social- deberán contra con permisos y autorizaciones para desarrollar sus tareas. Otro punto no menor es que seguramente sea la primera experiencia laboral de muchos de esos muchachos por lo que el ámbito de la industria de la construcción, con las condiciones de seguridad que requiere, puede generar complicaciones; al menos, se deberá prestar especial atención a ello. También se pretende modificar los porcentajes, de 60% a 55% dando ese 5% para el ingreso de los muchachos del Sirpa pero hay otro proyecto en que se maneja un 2,5% y otros 2,5% con respecto al personal del patronato de encarcelados y liberados. Eso se puede entender.

Por último, en cuanto a los seis meses, no vemos la necesidad de realizar sorteos continuos porque se generarían expectativas que no podrían ser atendidas. Además, hasta ahora eso se ha desarrollado con solvencia.

Esas son nuestras apreciaciones sobre los puntos fundamentales de este proyecto, que nos genera reservas sobre todo teniendo en cuenta las responsabilidades que surgen del proceso productivo de una obra para cuya concreción la selección adecuada de personal calificado es de fundamental.

SEÑOR PRESIDENTE.- Esta es la crónica de un debate anunciado.

La base jurídica de este proyecto de ley está en el artículo 55 de la Constitución de la República que señala que la ley reglamentará la distribución equitativa e imparcial del trabajo. Todos los actores sociales que participamos del diálogo de la seguridad social convocado por la primera administración frenteamplista coincidimos en que ese acceso no existía. Cuando extendimos a un año el derecho del seguro de desempleo -lo cual fue resuelto por consenso- lo hicimos porque eran demasiado contundentes los informes presentados por los equipos del Banco de Previsión Social tanto en el sector empresarial como en el trabajado, que indicaban que el tiempo de acceso al trabajo para el trabajador mayor de cincuenta años -en general, no solo en la industria de la construcción- se extiende y hasta se triplica con respecto a un trabajador de treinta años. Además, hay que tener en cuenta que los últimos años son los que se usan a los efectos del cómputo jubilatorio.

Y cuando hicimos la reforma para que las trabajadoras tuvieran un año de cómputo jubilatorio por cada hijo fue porque la mujer tiene más dificultades para el acceso al trabajo. En la construcción hay un debate de larga data en cuanto a las dificultades que tienen las mujeres.

Con esta ley que se votó en 2009, no llegamos a un consenso social ni político sino que, básicamente, se demostró que estábamos incumpliendo la ley; en realidad, existía una ley anterior relativa a la mano de obra no calificada: la Ley Nº 10.449 del año 1943. Es decir que teníamos normas que obligaban a contratar mano de obra no calificada pero no existe sanción para el caso de incumplimiento. Por eso, durante décadas la ley no se cumplió. El hecho de que la ley de 1943 no estableciera sanciones, ¿habilitaba a no cumplirla? Cualquier estudiante de derecho diría que no, pero la práctica habitual fue desconocerla.

Es cierto que en 2009 fracasamos con esta ley. Se discutió si debía abarcar a todas las categorías pero como hubo mucha resistencia y dudas acerca de la aplicación de la norma -hay que repasar el debate parlamentario para darse cuenta- se siguió este camino. Sin embargo, cuando se discutía la norma el enfoque sobre la competitividad era sistémico y no excluía al sector empresarial, que está incluido en las Comisiones de Empleo que, entre otras cosas, fijan los requisitos para que alguien se anote y certifique fehacientemente su categoría y su saber.

Seguimos teniendo una discriminación muy fuerte no solo en el sector de la construcción sino en el país y en todo el Estado. Durante la votación del presupuesto tuvimos una gran polémica para excluir un artículo de la Cancillería que establecía el límite de los treinta y cinco años de edad para tomar personal. De manera que no es un problema de la industria de la construcción sino del país, que excluye a los trabajadores más veteranos. Ustedes saben muy bien que el más veterano en la construcción difícilmente es peón, es un trabajador calificado. El acceso equitativo al trabajo establecido en la Constitución no se cumple. No estamos pidiendo un privilegio sino que la norma pretende que no haya discriminación.

Voy a referirme a ciertos aspectos y luego a las posibilidades que la normas brinda al país con una mirada nacional.

Es cierto que han entrado cientos de mujeres a trabajar, en general gracias a la norma aprobada en 2009, pero para la mujer calificarse significa tener dificultades para mantenerse en la industria. Algunas lo logran. Por ejemplo, anteayer estuvimos en Artigas en una cooperativa médica de compañeras que ingresaron por esta lógica y hoy se mantienen; pero en la mayoría de los casos aprenden el oficio en la construcción y tienen que volver a anotarse como peones para ingresar porque tienen enorme dificultad de ser tomadas en otras categorías laborales.

Nosotros defendemos el papel de la industria de la construcción como clave para el país por la cantidad de empleo que genera en relación a cada peso que reinvierte, porque se localiza en cualquier lado y porque moviliza todos los indicadores sociales. Reclamamos que se tenga en cuenta la industria de la construcción y que al menos en la obra pública el Estado fije mecanismos para que en su inversión no haya discriminación en el acceso al trabajo, porque es objetivo que existe para las mujeres y para los trabajadores más veteranos.

El cupo del Patronato no se llenó durante el período anterior y el del Sirpa refiere a muchachos mayores de edad que están recluidos. Llevamos unas trescientas experiencias y se trata de dar el siguiente mensaje. La tasa de reincidencia del Sirpa hasta 2001 era de 72% y hoy es de 52%; de los trescientos muchachos que trabajó en programas de egreso reincidió uno y solo diez tuvieron problemas. Entonces, dado que estamos hablando del drama social de la seguridad, parece sensato incorporar a la política pública un programa social que ha dado resultado. No es de principio que pueda incorporar el 5% con el patronato, porque si uno mira las perspectivas de inversión pública seguramente no encontremos la cantidad de gurises para eso; este es un aspecto modificable del proyecto. En la evaluación que se hizo de 2009- 2014 el patronato tampoco cumplió el cien por ciento. Queremos dar una señal política y apoyar algo que vienen haciendo las empresas y los trabajadores. De estos trescientos, cerca de cien han ingreso a la construcción por convenio. La obra pública debe tener la facultad para dar apoyo a esta política que ha dado resultado. Esto se debe hacer con seguimiento, con preparación previa. No conozco ningún caso de los planes de egreso que no haya pasado antes por los cursos de capacitación. De hecho, Focap ha trabajado con el Sirpa en cursos de aprendizaje. Nadie pretende hacer cosas improvisadas. No hay que establecer todo en la ley porque esto es parte de una política que puede variar. De hecho, la industria tiene incorporada como condición básica previo al ingreso, pasar por cursos de salud y seguridad, lo que es un tema muy caro para el sector que hoy atraviesa una circunstancia inédita, ya que hace ocho meses que no muere un trabajador de la construcción. ¡Ojalá podamos sostener este resultado y las mejoras de las condiciones de trabajo, que siempre es una tarea colectiva!

Tengo claro que el proyecto implica un cambio cultural y puede generar molestia en determinados aspectos de organización del trabajo. También creo que genera enormes posibilidades. Por ejemplo, tener comisiones de empleo en cada localidad, contar con el mapa laboral, no es solo un aporte para el sindicato, sino para la industria. Es bueno saber que en Cerro Largo hay equis cantidad de trabajadores, de herreros, de sanitarios. El acceso al trabajo potencia de manera enorme las posibilidades de cursos de capacitación. A partir de los mapas de empleo -que, obviamente, se van a generar porque ningún trabajador que esté desocupado dejará de anotarse en el registro de trabajadores, lo que le dará acceso al sorteo y tendrá una perspectiva de ingreso-, habrá más posibilidades para Inefop, UTU y Focap de orientar los cursos en función de los déficits que tenga la localidad; esto es muy importante. La norma, indirectamente, genera una herramienta para que el país dé una batalla en cuanto a la competitividad. Esto se dará no solo a partir del esfuerzo de cada empresa -sabemos que una parte del partido se juega allí-, sino de una mirada más general.

Por otro lado, la norma contribuye mucho a las inversiones. Para un emprendimiento que se va a instalar en cualquier localidad del país no es lo mismo contar con la información a priori de que la mano de obra calificada es suficiente. Quizás un emprendimiento que posee costos porque hay que trasladar a los trabajadores, pagar viáticos y alojamiento deje de cuestionarse si se constata que en la localidad hay una comisión de empleo, tripartita, que certifica fehacientemente la categoría laboral. El objetivo de la norma es el acceso democrático al empleo y evitar discriminaciones por edad, que existen, aunque no por malas intenciones. El Estado es el primero en contratar con límite de edad; es más rígido que la actividad privada, debate que también está en discusión en esta Comisión. Por más que la Oficina Nacional del Registro Civil emitió una circular que prohíbe establecer límites de edad en la contratación pública, hay dependencias que la incumplen. Este proyecto evita la discriminación de género y de edad y potencia una política de reinserción y rehabilitación laboral. El centro del tema no son los porcentajes y que no se llegó a cumplir el 5% del patronato. Podemos acoplar este criterio y que ese porcentaje se ubique en el conjunto; después lo evaluaremos. Con esta norma se genera más eficacia desde el punto de vista de la formación profesional. Además, cuando un intendente o un ministro salen a buscar inversiones, lo hará con un mapa que contiene las fuerzas laborales de esa localidad.

El proyecto cambia prácticas que deben ser cambiadas, que se conocen en Uruguay desde hace tiempo y son multicolores. Me refiero a la incidencia de las jerarquías locales en habilitar una obra y también en quién ingresa o no. Eso no es nuevo. A veces, la habilitación y el permiso de obra van ligados a tal club político y se presiona para el ingreso. Las relaciones clientelares son negativas. Debemos pensar en un acceso al trabajo democrático. Si bien con respecto a esta normativa hay diferencias entre la Cámara de la Construcción del Uruguay y nosotros, es claro que la Cámara está incorporada en todas las comisiones de empleo y que termina estableciendo los criterios para el funcionamiento.

En cuanto al sorteo cada seis meses, eso lo que pasa hoy, pero no es lo que dice la ley. Asumimos una recomendación que se colocó como un consenso en la comisión de empleo, pero es claro que, por ejemplo, no se puede hacer un sorteo en una empresa, un viernes, cuando alguien renunció, y el capataz necesita tomar a alguien para esa categoría un lunes. Entonces, se habilita un registro de trabajadores y van quedando en lista de espera; en Montevideo no hay otra forma de hacerlo. Estamos funcionando como no establece la ley. Por eso, creo que esta norma ayudará a corregir aspectos de funcionamiento. La idea es que el proyecto, cuando sea ley, genere bases para un concepto sistémico desde el punto de vista de la competitividad, de la capacitación y del desarrollo de la inversión pública, con mano de obra local. Hemos recorrido mucho el interior y sabemos que no hay forma de que este problema no esté instalado en todas las intendencias. Cada vez que una intendencia habilita un parque eólico, una fotovoltaica y se toma poca gente de la localidad, es un problema. La empresa que viene no necesariamente tiene que saber que en la localidad no hay gente capacitada y se genera una contradicción. Tomar gente de la localidad siempre evita conflictos y que se desarraiguen trabajadores de otro departamento. Esto es lo que persigue el proyecto; capaz que se logra o no.

El proyecto tiene fortalezas plenas desde el punto de vista constitucional. Hay disposiciones nacionales e internacionales con respecto al derecho al trabajo que respaldan esto. Si fuera inconstitucional, también lo sería la norma anterior de 2009. Para que el proyecto funcione, es fundamental contar con el sector empresarial en cuanto a cómo puede jugar en cada comisión de empleo local. Tengo claro que con las Cámaras existe una enorme dificultad en construir consensos de estas características. Se trata de posiciones respetables desde el punto de vista filosófico. Pero existen posiciones distintas de hasta dónde se puede regular o no las formas de contratación. Hasta esta década, el crecimiento económico demuestra que hay sectores sociales que siguen con dificultades, como las jefas de hogar. Además, hay un porcentaje muy alto de gurises que nacen en condición de pobreza. Hay que seguir avanzando en medidas que focalicen la posibilidad de la inclusión, lo que va en línea cuando la industria, con legitimidad, reclama más inversión. Cuando a la industria le va bien, le va bien a todo el país, sobre todo a los sectores más populares. Probablemente, este mecanismo democratice y las formas de contratación no sean tan distintas. Seguramente, con esta ley entren más mujeres y se facilite el acceso a los compañeros más veteranos. Una mirada más general no va a generar un cambio radical en cuanto a las formas de relación del trabajo en la industria, y no es lo que la norma pretende.

SEÑOR OTEGUI (Ignacio).- Nuestra objeción es limitar la libertad de las empresas en tomar personal calificado. Cuando vienen las exigencias en los cumplimientos de plazos y calidades, si estos sistemas no funcionan bien y no hay libertad de la empresa para prescindir del trabajador que no está dando con la calidad, la responsabilidad es exclusivamente de la empresa. Esto no es menor.

Es cierto que nosotros no estuvimos de acuerdo con la ley que se votó a efectos de generar este sistema para el personal no calificado. De hecho, según los datos del interior -no tenemos los de Montevideo-, se inscribieron alrededor de veintiocho mil personas en este período, con la aspiración de ser incorporadas como personal no calificado y lograron ocupar alrededor de mil ochocientos puestos de trabajo reales.

Con esto quiero decir que estos sistemas generan una enorme expectativa en toda la República. Después, por razones diversas, entra un número menor de personas. Eso genera frustraciones, hay que saber quién es el responsable y nos tiramos piedras los unos a los otros. Pero en realidad la expectativa es mucho mayor que las posibilidades que tiene la industria, en este caso la inversión pública, de generar contratación de personal.

Hay un proyecto de ley que apunta a algo diferente, que está en la Cámara de Senadores -supongo que tienen referencia de ello-, e incorpora algunas modificaciones a la ley que ya existe. Les dejaremos las palabras que dijimos en la comisión respectiva de la Cámara de Senadores, porque son cosas que conviene evaluar. Hay cosas de un lado y del otro que pueden ser estudiadas.

En esto los actores fundamentales -en la construcción y, en particular, en la obra pública- son el Sunca y la Cámara de la Construcción del Uruguay. El proyecto de ley puede ser aprobado en las condiciones en que está o con modificaciones, pero más allá de eso trataremos de que se cumpla; a eso es a lo que estamos acostumbrados. No son pocas las leyes con las que hemos estado en desacuerdo y las hemos cumplido. Esa es la vocación de la Cámara. Considero que se debe generar algún tipo de mecanismo en el proyecto que obligue a Inefop a que si el Sunca y la Cámara de la Construcción del Uruguay -que son los actores sociales relevantes- necesitan diseñar cursos de capacitación a nivel nacional y mecanismos de evaluación de las capacidades y competencias de la gente que puede entrar por sorteo, tengamos acceso al financiamiento. Después, todos sabemos -lo hemos sufrido durante mucho tiempo- que no logramos que Inefop apruebe un programa de capacitación. A través del Focap hemos capacitado a miles de trabajadores con recursos propios. Hace pocos días, se firmó un convenio, pero hacía tres años que no se podía firmar. Sin embargo, no detuvimos la capacitación por una decisión de los actores sociales. Esto también fue planteado en la Cámara de Senadores. Si yo les genero responsabilidades determinadas y les pongo obligaciones, tengo que darles los instrumentos. El Focap es un aporte voluntario de los trabajadores y los empresarios de la construcción y ha funcionado bien; se ha apoyado bien en la UTU. Pero no siempre tenemos la posibilidad de acceder al cofinanciamiento con Inefop, a efectos de dar capacitación en toda la República, como establece este proyecto. Existe una focalización: se ve todo desde un sillón de Montevideo; nosotros no lo compartimos.

Con respecto a cómo se maneja la expectativa en la gente, hay que evaluar el tema; todos tenemos la obligación de evaluarlo. El peor negocio es que la gente crea que va a haber miles de puestos de trabajo y después eso se reduce a un 10%. Eso es dañino para la gente que recibe el mensaje. Por supuesto que las empresas tratan de tomar el personal calificado que entienden que corresponde a los requerimientos. La industria es lo suficientemente abierta y ha dado -y seguirá dando- trabajo en todo el territorio. Hace tiempo que no tengo actividad directa en la construcción, pero poseo tarjetas de todo el mundo; lo dije en 2009. Así es. Eso hoy ha cambiado. No es una práctica habitual.

Cuando hablamos de los parques eólicos tenemos que recordar que son obras privadas. El tema de fondo es que muchas de las obras que generan trabajo en el interior son de inversión privada, y es muy difícil generar mecanismos. Más allá de que la Constitución debería ser aplicable a todo el mundo, da la impresión de que en este caso estamos focalizados a la obra pública porque es lo más fácil de evaluar. Por supuesto que seguiremos haciendo esfuerzos con el Sirpa. No hay discrepancia al respecto. El procedimiento será uno u otro. En esta Comisión hay muchos proyectos de ley a estudio. Supongo que en su momento podremos dar opinión sobre ellos, por ejemplo, en la incorporación de personas con capacidades diferentes o en ese 0,5% de aporte patronal para garantizar un fondo que dé respaldo a los créditos laborales cuando las empresas no cumplen. Hay una fuerte resistencia a cumplir con las normas cuando no gustan, y el Estado no es ajeno a eso. En todas sus expresiones tiene fuerte resistencia, por ejemplo, en las personas con capacidades diferentes. Eso nos preocupa.

Sobre el tema de fondo, están planteadas las posiciones. Los comentarios que hice son para contribuir a generar una opinión más amplia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Cuando generamos el acuerdo en Montes de Plata, dijimos que primero se tome gente de la localidad y después del país. Sin una ley, esta preocupación está. Hemos llegado a negociaciones con la fotovoltaica y con los parques eólicos en las que todos hemos participado: intendencias de todos los colores y empresas preocupadas por ver cómo participa el trabajo nacional. Esta norma es para la inversión pública. Si nos dejaran, está claro que sería mejor abarcar a toda la inversión, pero también es bueno dar los pasos de a uno y ver cómo funciona. A veces los procesos graduales son más sólidos si se va más lento. Nos consta que fuera de la discusión "norma sí, norma no", la forma en la que participa el trabajo nacional y los criterios de desarrollo de la mano de obra terminan siendo componentes de consenso para la industria.

Por supuesto que agendaremos el tratamiento para los otros temas que están en la agenda: acoso, procesos de trabajo como refinerías, insolvencia, empleo para personas con discapacidad y donación de sangre.

Seguiremos analizando este proyecto de ley que está en construcción desde el punto de vista de la redacción para lograr el mejor funcionamiento posible.

Está claro que cada desocupado es un potencial desocupado de la construcción. Un desocupado que busca trabajo difícilmente no termine inscribiéndose en esto. Sabemos que no va a haber trabajo para todos. Pero también es cierto que el malestar se había generado previo a esta norma, ya que muchas veces se incorpora el trabajo y el criterio no atiende ninguna de estas cosas; ni a la mujer desocupada ni al trabajador veterano ni al trabajador de la localidad. Los criterios para el acceso no son claros. La Cámara de la Construcción del Uruguay está incorporada a las mesas locales que establecen los protocolos para que los trabajadores se anoten en las distintas categorías. El protocolo no puede ser restrictivo extremo, tiene que ser racional. La madurez del proyecto puede generar componentes que ayuden a seleccionar la mano de obra local.

...

(Ingresa a Sala la delegación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto)

——La Comisión de Legislación del Trabajo tiene el gusto de recibir a una delegación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, integrada por su director, contador Álvaro García, por el director ejecutivo de la Agesic, ingeniero José Clastornik, y por la asesora, señora Jenny Merlo.

SEÑOR GARCÍA (Álvaro).- Hemos leído las versiones taquigráficas de las reuniones anteriores en las cuales se plantea el tema que nos convoca.

Los CAC, como bien dijeron algunos legisladores integrantes de la comisión en las sesiones anteriores, forman parte de una política de gobierno destinada a tratar de provocar la mayor sinergia entre los diferentes organismos, facilitando a los ciudadanos de diferentes lugares del país la realización de trámites. Esto tuvo un amplio desarrollo, particularmente en el período 2005- 2010, y posterior evolución.

Le hemos pedido al ingeniero Clastornik, presidente de la Agesic, que nos acompañara en la sesión de hoy, a los efectos de ilustrar e historiar sobre este tema.

Lo primero que tengo que aclarar es lo siguiente. En reiteradas oportunidades se hizo mención en esta comisión a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Repasando la legislación vigente, el artículo 31 de la Ley Nº 18.996, de 7 de noviembre de 2012, establece: "Los cometidos y obligaciones asumidos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto relativos al acercamiento a la ciudadanía pasarán de pleno derecho a la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica (…), así como los recursos materiales, financieros y humanos afectados, cualquiera sea su vínculo contractual (…)". El primer dato es que desde el punto de vista legal, a partir de esta ley del año 2012, los cometidos los tiene la Agesic, y no la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. De hecho, actualmente intervienen de diferente manera la Agesic, pero también las Intendencias, porque los funcionarios, en su mayoría, son municipales. Asimismo, interviene el Correo, aportando sus locales, y también la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través de un pago de un complemento, que pese a que no tiene cometidos legales, lo sigue asumiendo. También interviene la Contaduría General de la Nación.

Si bien la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no tiene una jurisdicción, está involucrada en el tema. Obviamente, formando parte del gobierno nacional, forma parte de la solución.

El trabajo que hemos realizado en este período desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es analizar el universo de los CAC: conocer la cantidad exacta, el personal ocupado y, principalmente, las tareas que realizan actualmente.

Luego el ingeniero Clastornik informará adecuadamente cómo ha sido la evolución de esto.

Algunos de los legisladores intervinientes plantearon que como esto formó parte de una política nacional, era importante el mantenimiento del formato. Los Centros de Atención Ciudadana, tal como fueron pensados hace diez años, tenían un determinado formato. Con el paso del tiempo, vimos que todos los lugares podrían tener formatos más adecuados a la realidad tecnológica y a la evolución de la sociedad.

Quiero dejar bien claro que hay que hacer un análisis exhaustivo, caso a caso, y aplicarlo a la política que se tiene hoy en esta materia.

Hemos identificado a algunos lugares en los cuales la única solución son los Centros de Atención Ciudadana, tal como están planteados hoy. En otros lugares no pasa lo mismo. Quiere decir que tenemos que hacer esa transición. Y cuando digo "tenemos que hacer", me lo planteo como gobierno y como país. En ese sentido, la resolución que hemos tomado a nivel de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto -aún sin tener, como decía anteriormente, jurisdicción legal sobre el tema-, tiene que ver con la renovación por un año -hasta el 28 de febrero de 2016- de los pases en comisión que están establecidos desde las Intendencias departamentales hacia la OPP, a fin de no generar una situación indeseable. Estamos en este proceso; tenemos plazo hasta el 28 de febrero de 2016 para realizar el análisis caso a caso, y adaptar la situación cuando lo determine la Agesic. Nuestra opinión particular es que si hay necesidad de que existan, porque no hay otra posibilidad para los compatriotas que viven en ese lugar de hacer frente a sus obligaciones, tendremos que mantenerlos. Pero eso va a surgir del análisis pormenorizado que se realice caso a caso.

Tenemos un detalle bastante exhaustivo del tipo de tarea y de la actividad de cada uno de ellos que con gusto podemos acercar a la comisión.

SEÑOR CLASTORNIK (José).- Durante el período 2005- 2010 hubo más de un programa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que pasó a la Agesic, fundamentalmente aquellos que tenían que ver con temas de gobierno electrónico: Programa de Acercamiento a la Ciudadanía, Sistema Nacional de Registro de Empresas y Empresa en el Día.

En el caso del Programa Atención Ciudadana hay que dividir lo que son los CAC de toda la temática referente a la calidad de atención, y dentro de los CAC, lo que refiere estrictamente al funcionamiento.

Si uno visualiza lo que es un Centro de Atención Ciudadana, hay tres cosas que se podrían conceptualizar. En primer lugar, que uno encuentre todas las cosas relacionadas con el gobierno en un solo lugar. Es decir, un lugar físico, un centro ciudadano, un centro cívico, donde se encuentren todas las formas de conectarse con la Administración Pública. En segundo término, una ventanilla de trámites, o sea, un lugar con un ejecutivo que brinde este servicio. Y, por último, la posibilidad de gestionar la cobranza de determinados servicios. Fundamentalmente, lo que se trabajó con los CAC en el período de su desarrollo en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto fue tener un lugar físico en zonas muy alejadas, que no contaran con redes de cobranza o instrumentos disponibles. Me refiero a lugares que eventualmente estuviesen entre 50 y 100 kilómetros del centro más cercano de cobranza, lo que implicaba un desplazamiento para hacer el trámite.

Cuando se define el pasaje de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a la Agesic tratamos de establecer cuáles eran los modelos. Había dificultades en el modelo de sustentabilidad; en aquel momento no había un esquema presupuestal para darle continuidad. Eso fue lo que nos trasmitieron en la OPP para transferirlo a la Agesic. Para darles una idea, implementar un Centro de Atención Ciudadano costaba aproximadamente US$ 80.000, más el costo operativo que esto implicaba. Se decidió trabajar en dos vertientes. Dentro del marco de la ley de distribución oficial había un interés muy importante del Correo por tomar la gestión de esos lugares y ofrecer la atención de los trámites, servicios y cobranza, como parte de su valor agregado. Había un fuerte interés de todo el directorio de ese momento.

Por otra lado, estaba todo lo que se había aprendido en calidad de atención ciudadana, es decir, cómo se formaban a los ejecutivos, cómo se conectaban con los sistemas de gobierno electrónico, cómo se medía la calidad de atención, cuáles eran los sistemas de gestión para ver cuántos trámites habían hecho y cuál era el nivel de productividad de cada uno.

Lo que hicimos fue tomar todo ese know how, todo ese conocimiento que había sobre calidad de atención ciudadana, empaquetarlo y empezar a diferenciar dentro de los CAC lo que era el lugar físico de encuentro del punto de atención ciudadana. Asimismo, se focalizó, estandarizó y se le dio más valor al punto de atención ciudadana En base a eso bajamos los costos de implementación de cada punto de atención de US$ 80.000 a US$ 5.000. Entonces, vimos que podíamos generar un punto de atención ciudadana con una inversión de US$ 5.000 en la medida que tuviésemos socios dispuestos a ceder su local. Y los tuvimos en los centros MEC, en las comisarías y en las redes de pago.

En un año pasamos de veintitrés Centros de Atención Ciudadana a cien puntos de atención ciudadana. Es decir que en un año distribuimos cuatro veces más lugares de los que estaban conformados antes, con un volumen de inversión muchísimo menor por punto de atención. Lo mismo pasó con la gestión operativa. La idea de los puntos de atención es que una institución, fundamentalmente pública, pudiese de alguna forma hacer el esfuerzo extra de ayudar al ciudadano en los trámites y servicios.

Cuando nosotros los recibimos había veintiún locales existentes; dos terminaron de habilitarse desde la gestión de la Agesic. En ese caso hubo cuatro ejecutivos que entraron directamente como funcionarios de la Agesic. En ese momento, el modelo que tenía la Oficina de Planeamiento y Presupuesto era que si en promedio ganaban $ 15.000 en las Intendencias, se les pagaría un complemento por función o por especialización de otros $ 15.000. En el caso de la cobranza había un compromiso de quebranto de caja, que nos costó bastante tiempo implementar, porque la Administración Central no estaba muy estructurada para esos procedimientos. En ese sentido, se trabajó en una comisión, conformada por representantes de la Oficina Nacional del Servicio Civil, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de Presidencia, a fin de generar el formato que finalmente nos permitió cumplir con el compromiso de pagar los quebrantos de caja.

¿Cuál es la situación hoy? Al vencimiento de los dos años de funcionamiento con el Correo, la consulta fue si se mantenía el esquema vigente por el cual gestionaban los locales y de esta forma cerraban el tema de que estos locales pasaran a ser del Correo. De los veintitrés locales, el Correo manifestó interés -cambió la posición del comienzo- en mantener solo cuatro. Entonces, trabajamos la posibilidad de que las Intendencias tuvieran interés en mantener el esquema de funcionamiento. El tema era quién gestionaría el lugar físico. Nosotros le seguíamos suministrando todo el conocimiento, todo el soporte logístico, todo el know how y el soporte informático para que los puntos de atención ciudadana funcionasen.

Todas las Intendencias están interesadas en eso. Está pendiente una reunión entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Congreso de Intendentes a fin de cerrar el tema desde el punto de vista general.

El tema que queda pendiente es el de las cobranzas. Se hizo un chequeo de todos los lugares habilitados para cobranzas existentes y del universo de sitios que hoy están atendidos por los CAC. Solo dos no tienen red de cobranzas que se pueda utilizar como instrumento para mantener la calidad de atención. En ese caso, estamos en tratativas para ver si alguna de las redes existentes se extiende. El tema vinculado con las cobranzas tuvo complicaciones por los requerimientos que el Ministerio del Interior puso en determinado momento, asociados a la validación de los centros de cobranzas.

Lo importante es tener en cuenta las tres características, o sea: quién maneja el local, como centro ciudadano -estoy hablando del servicio como tal y no de la situación de los funcionarios involucrados-; en ese caso hay mucho interés de parte de los gobiernos municipales de asumir ese rol; el segundo tema refiere a las cobranzas que, en principio, decantaría por esquemas que ya funcionan y simplemente tenemos que cerrar los dos que nos faltan para tener toda la cobertura; en trámites y servicios, tenemos el modelo de Punto de Atención Ciudadana -que se ha probado exitoso-, que es escalable a cualquier lugar ya que lo probamos en un año extendiéndolo a cien puntos físicos en el territorio. Y lo que esperamos a partir del programa de trámites y servicios es un crecimiento muy grande en el back office, o sea, la alimentación de trámites y servicios que esos ejecutivos van a poder hacer desde los Puntos de Atención Ciudadana para que el concepto de esa atención presencial, con calidad gestionada tenga un volumen mucho más grande de trámites que se puedan hacer.

Con respecto a los funcionarios, primer tema: todos los funcionarios, de todos los programas, tuvieron una reinserción, una adecuación. No hay ningún funcionario que no haya recibido el ofrecimiento de una alternativa laboral dentro del contexto de lo que se estaba trabajando, salvo las circunstancias que puedan deberse a no cumplir las expectativas operativas.

Como decía García, tenemos vigente una extensión de la comisión a OPP hasta febrero; digamos, hay una dificultad en el pase a comisión a Agesic de esos funcionarios que no tienen la capacidad de pagar adicionales que sí tienen Presidencia y OPP; por eso nunca se efectivizaron de OPP a Agesic esos pases a comisión. Es parte de lo que tenemos para cerrar. Tenemos hasta el 28 de febrero para hacerlo.

SEÑOR GARCÍA (Álvaro).- Con referencia al punto que plantea el ingeniero, efectivamente hemos conversado con Presidencia y se va a hacer una transición. En cuanto a la Agesic -por eso quedó esto pendiente a nivel de OPP, el pago de la comisión, el mantenimiento de la comisión y el pago de la compensación- se va a hacer una transición a Presidencia en los casos en que corresponda hacerlo. Ampliando la información, a valores de setiembre de 2015, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto por estos treinta y cinco funcionarios que están en comisión paga una compensación diferente para cada uno que en algunos casos totaliza $ 292.405 por mes, $ 3.600.000 por año. A su vez, la Contaduría General de la Nación paga una permanencia a la orden para estos treinta y cinco funcionarios y hay tres más que están en Agesic todo lo cual suma $ 273.526. Y lo que decía el ingeniero recién, por un tema de funciones y primas por quebranto de caja tenemos que las cifras rondan en el 2015, aproximadamente -no tengo hecha la cuenta-, $ 1.000.000.

SEÑOR PRESIDENTE.- Estuvo una delegación de trabajadores de la construcción de Salto preocupados por el tema inversión pública, en particular, fibra óptica, pues se ha visto un enlentecimiento de las obras; de todas maneras, nos gustaría obtener un panorama sobre la inversión pública en general para el período.

SEÑOR GARCÍA (Álvaro).- Con referencia a esto dos comentarios generales y un ofrecimiento a la Comisión.

Ustedes saben -lo hemos anunciado públicamente- que el país ha realizado un avance importante en este período presupuestal implementando el Sistema Nacional de Inversión Pública. Como tenemos presupuestos quinquenales la oportunidad de poner todo esto en marcha es en el momento del presupuesto y prácticamente antes de asumir tomamos contacto con el tema -reforzado a nivel de los funcionarios de la OPP, de otros Ministerios- con los desarrolladores del sistema para llegar en tiempo y forma a tenerlo en este período presupuestal porque después iba a ser difícil de implementar. El Sistema Nacional de Inversión Pública -creo que es un avance importante en el Uruguay- brinda la posibilidad de tener en una sola base de datos todo lo que son los requerimientos de inversión, tanto de administración central como de las empresas públicas; también estamos empezando a trabajar con los gobiernos departamentales. Este sistema, con una base de datos general, permitirá contar con cifras oficiales. Y esto es muy importante porque quiero recordar que durante la campaña electoral, legítimamente, en los diferentes estamentos de la sociedad surgían reclamos acerca de inversiones y uno escuchaba las cifras más diversas dependiendo de cuáles fueran las fuentes. Esto enmarca claramente la política de inversión del Estado y brinda a públicos y privados, académicos, etcétera, que quieran trabajar con este tema, información fidedigna acerca de lo que el Estado está planificando para su infraestructura. Este Sistema Nacional de Inversión Pública en primer lugar nos va a permitir en este período hacer la agenda de infraestructura -la presentamos en el Consejo de Ministros que tuvo lugar en Carlos Reyles- que tiene un horizonte más amplio. Pedimos a todos los organismos que nos dijeran cuáles eran sus necesidades de infraestructura hasta el 2030 y se llegó a una cifra que orilla los US$ 24.000.000.000 a nivel de Administración Central y empresas públicas y organismos del artículo 220, Anep, Asse, etcétera. De esos US$ 24.000.000.000 que tenemos como horizonte, que no son proyectos concretos sino necesidades previstas, futuras, de los diferentes organismos, la bajada al piso en este período de gobierno es el anuncio que realizó el Presidente de la República del Plan Nacional de Infraestructura que es más o menos la mitad de esa cifra, unos US$ 12.000.000.000. Quiero recordar que tiene financiamiento en tercios; uno ya está previsto en el presupuesto nacional, que se está votando en el Senado en este momento; otra tercera parte son las inversiones de las empresas públicas, las realizadas por la Corporación Vial del Uruguay en materia de carretera y los aportes del Focem del Mercosur; otra tercera parte está previsto que se realice por modalidades público- privadas, no necesariamente a través de la aplicación de la ley de participación público- privada sino a través de aquellas modalidades que ha seguido UTE en los últimos tiempos que ha implicado el incremento del parque eólico. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hay un avance importante en materia de información, que es uno de los cometidos de la OPP y creo que el esfuerzo realizado para este período presupuestal va a dar sus frutos.

Reitero el ofrecimiento que mencionaba anteriormente; me parece que lo mejor que podemos hacer es que si la Comisión está de acuerdo y así lo decide en algún momento se puede realizar una presentación de los contenidos del sistema, de las previsiones, inclusive hasta por organismo.

El segundo comentario es el siguiente: muchas de las inversiones son, bien de empresas públicas, bien de los organismos del 220 y son inversiones importantes. Como saben ha habido un redireccionamiento de las mismas y este depende exclusivamente -no podría decir otra cosa porque son entidades autónomas- de las decisiones de los propios directorios. Si bien es cierto -como es público y notorio- que a nivel de política macroeconómica se establecen los instructivos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, de la OPP, acerca de los objetivos de inversión en el caso particular de las empresas públicas, dentro del esquema de esa totalidad de inversiones, son las propias empresas las que definen sus prioridades y los temas a abordar en cada instancia.

Queda hecho el ofrecimiento por si la Comisión desea profundizar en la información y conocer de primera mano lo que está previsto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Adelanto que la idea es organizar con tiempo un evento para que podamos hacerlo de amplia participación y para que tenga repercusión.

La Comisión ha intentado tener un mecanismo de recorrida del interior, tanto como Comisión o a través de sus integrantes; de hecho, llevamos ya varias reuniones con varias delegaciones de juntas locales departamentales; ahora tenemos el pedido de Paysandú de ser recibidos aquí aunque nosotros ya los hemos visitado. Ni hablar que este asuntos de las perspectivas de inversión pública es muy importante. Acá tenemos al representante por Tacuarembó que siempre está reclamando…

(Hilaridad)

——De repente conviene poner una lógica más o menos pareja de información.

Es de destacar lo que considero un valor: hasta ahora la Comisión ha intentado manejar los temas por encima de sacarnos lascas partidarias, tratando de contribuir en lo posible a resolver diferendos como a tratar de trabajar responsablemente. Seguramente planifiquemos con tiempo hacer algo como lo propuesto, de esas características, para un tema de tanta sensibilidad.

SEÑOR EZQUERRA (Wilson).- Había nerviosismo en los funcionarios de los CAC, hasta en los de la renovación.

Tres puntualizaciones para ver si nos pueden mostrar la planificación y sobre todo lo que ve el sistema político para un Uruguay de muchos más años; no se va a poder realizar todo, pero se marcará hacia dónde se apunta y quizás podamos aportar sobre esa visión. Me parece importante que nos pongamos metas lejos, más allá de apagar incendios.

Una de las debilidades que tenemos con respecto a los CAC se ha visto más profundizada con la medida del Banco de la República de cerrar algunas microbancas o de hacerlo en algunos días. Debemos aprovechar el sistema que tenemos, el de los cajeros, dado que a los empresarios se les complica; tenemos zonas muy extensas que no están cubiertas, pero me parece que algunas redes de cobranza están implementando algo así. También podría hacerlo el CAC debido a que por el traslado de dinero muchos privados no lo quieren hacer. Lo que me preocupa es que los pocos empresarios que nos van quedando en algunas localidades del interior terminen yéndose; tienen muchas dificultades; saben de memoria los sábados de todo el año y muchas veces los lunes no se cubren y se tienen que trasladar ochenta o ciento sesenta quilómetros para hacer sus gestiones. Hay que mantenerlos; seguro que hay batallas en las poblaciones más chicas que ya perdimos -aunque Las Toscas de Caraguatá, por ejemplo, viene creciendo-, pero hay que cubrir los centros urbanos más grandes dentro de las localidades. No es posible que el banco más cercano quede a doscientos cuarenta quilómetros; esto es lo que se debe recorrer para depositar o lo que debe trasladarse la maestra para levantar las partidas. En fin. Creo que son realidades que desde ahí podríamos cubrir.

Creo que hay un doble gasto que realizan todas las Intendencias; al final el Estado es uno solo y el gasto termina saliendo de la misma recaudación.

Sin duda que muchas veces planificamos reparaciones u obras y no lo hacemos junto con las Intendencias. Me parece que tendríamos que tener planificados un par de años para no volver a romper una obra que se realizó; la única que gana termina siendo la empresa que hace el trabajo dos o tres veces. Desde OPP tendrían que generar un ámbito de planificación; creo que es de las cosas más costosas que hay, precisamente, ese doble trabajo que terminamos haciendo porque el vecino enseguida reclama la reparación.

Supongo que estará dentro de la planificación la crisis en que se encuentra toda la logística de las rutas transversales. El país no está tan mal en lo que son las rutas hacia Montevideo, pero los que lo atravesamos a través de las Rutas Nacionales Nos. 27, 44, 30 o 6 -en la que hay bruto puente que achicaría ciento y pico de quilómetros la salida de la producción de toda una zona- vemos la necesidad de su reparación porque nos está faltando competitividad, tenemos que bajar los costos a la producción. No digo esto para cargar las tintas; es una necesidad que tenemos y queremos resaltarla a fin de sensibilizar.

SEÑOR GARCÍA (Álvaro).- Atendible y razonable lo planteado por el diputado.

Indudablemente, el tema de tener todo en un solo sistema ayuda a hacer los cortes correspondientes, corte territorial, por ejemplo. Por eso mismo decía que estamos conversando con las Intendencias, por la importancia que tiene que los gobiernos departamentales utilicen el sistema para ver dónde se pueden estar superponiendo tareas. Es muy difícil esa coordinación. He participado desde el lado del sector privado en empresas de obra y en lo que es, por ejemplo, el mantenimiento de la ciudad la coordinación se vuelve complejísima: romper una vereda para hacer una canalización corresponde a un ente, pero ello debe coincidir con los procesos licitatorios de otro ente que tiene que intervenir en el mismo lugar. Es muy difícil coordinar. Creo que si tenemos las cosas más grandes en el mismo mapa podemos tomar decisiones más racionales.

Con referencia a las menciones de algunas rutas transversales, en la información que se va a brindar están todos los planes que están previstos por los diferentes Ministerios; en este caso, sería el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el que se ocuparía de la reparación de esos tramos.

SEÑOR CLASTORNIK (José).- Hay temas en los que la tecnología está avanzando y capaz que nos da las soluciones en el corto plazo. Por ejemplo, estamos hablando con el Brou y otras instituciones porque hay cajeros que se autoalimentan con el dinero que se deposita. O sea que puede hacerse cobranza de sueldos y pagos y el dinero circula físicamente, no solo en la localidad, sino en el propio cajero. Creo que han visto que se están dando pago de facturas en los propios cajeros automáticos. O sea que uno empieza a ver instrumentos tecnológicos que también nos ayudan en muchas de las cosas que mencionamos

En algún momento también hablamos de PAC móviles; si no podemos instalarlos en un lugar quizás tengamos que ponerlos sobre ruedas y tener un día de cobertura. Existen múltiples soluciones que están siendo evaluadas en este momento. No puedo decir que una sola sea la solución y que tengamos una definida sino que estamos continuamente analizando la situación para encontrar la salida más eficiente dentro de los presupuestos que manejamos para dar calidad de servicio a los ciudadanos. No creemos que porque una persona esté a cien quilómetros de distancia deja de ser ciudadano; lo es tanto como cualquier otra aquí en Montevideo. Nunca dejamos de tener en cuenta la base de la equidad territorial no importa dónde haya estado el modelo CAC, PAC o como se llame en el futuro.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos mucho la presencia de la delegación y permanecemos en contacto para ver cómo y cuándo podemos organizar una actividad referente al marco de inversión pública.

(Se retira de Sala la delegación de la OPP)

(Ingresa a sala una delegación de representantes del Sindicato Único de Trabajadores de Tambo y Afines).

SEÑOR PRESIDENTE.- Esta Comisión tiene mucho gusto en dar la bienvenida a la delegación de representantes del Sindicato Único de Trabajadores de Tambo y Afines, integrada por las señoras María Flores y Verónica Núñez y por los señores Ruben Bossolasco, Juan Cripino y Nahuel Martínez.

SEÑORA FLORES (María).- Para nosotros es un placer estar aquí. Traemos distintos planteos referentes al área rural porque nuestro sindicato abarca varias ramas. Nos pareció de orden que los compañeros que tienen problemas y que han agotados todos los recursos en diferentes ámbitos los planteen.

Nahuel Martínez va a referirse una problemática que se da en Durazno en el límite con Florida y que cuando estuvo el Consejo de Ministros planteamos ante los distintos Ministerios.

SEÑOR MARTÍNEZ (Nahuel).- Trabajo para una empresa de origen sirio en la cual trabajan aproximadamente siete trabajadores sirios que no están en Caja; dos no tienen ningún tipo de documentación. En total, como el embarque es zafral, entre siete y más de veinte trabajadores estábamos en negro.

Cuando tuve un accidente laboral la empresa no me prestó ningún tipo de asistencia y tuve que realizar la denuncia ante el Banco de Seguros del Estado para poder atenderme. Seguimos a la espera de ver qué se resuelve porque fue citada la empresa pero el Ministerio nos manifestó que reiteradas veces fue llamada y no acuden pero sí pagan las multas, es decir que lo que ocurre es no le dan importancia a los empleados. Estamos indignados pero no sabemos qué camino seguir para llegar a un fin concreto. Ayer tuvimos una audiencia en la que nos juntamos con el abogado de la empresa pero todo quedó en veremos; no se sabe qué pasará.

SEÑORA FLORES (María).- La firma es Volcani S.A., una empresa de origen sirio que tienen trabajadores sirios.

Cuando estuvimos allí para entregar el petitorio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el argumento fue que no hablan español. Se aplicó el artículo 500 porque no reciben ninguna notificación y tienen diez juicios en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Durazno. Además, tienen sirios indocumentados dentro de la empresa porque ellos tienen todo el proceso de engorde del novillo; llega el animal, se engorda a feed lot en encierro y vienen trabajadores de Siria en los barcos que al feed lot. La inspección fue pero no encontró ningún trabajador; lo que aparece en el acta es que había diez camperas y diez palas, pero los trabajadores no estaban.

Otro elemento es que esto ocurre en el límite departamental entre Florida y Durazno, de manera que pasan de un lado para el otro. Nos indigna cómo tienen a los trabajadores. Personalmente, fuimos a intentar dialogar -porque después dicen que los sindicatos no dialogan- pero lo único que nos contestaron fue "Yo no hablar español", "Yo tener por qué poner en Caja", "Yo no entender".

Nahuel Martínez es el décimo trabajador que se presenta a las audiencias. Cuando el Consejo de Ministros sesionó en Durazno, le planteamos esto al señor ministro Murro, quien pidió un informe respecto a la empresa, que está elaborando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Realmente, han incumplido en todo; el abogado se presentó sin poder de resolución y lo único que dice es que se trata de una empresa siria que tiene la cabeza puesta en ese país y no acá y que realmente no entiende las normas uruguayas.

Obviamente, nosotros vamos a agotar todos los recursos posibles. Hasta buscamos un traductor de sirio para que comprendan cuáles son las normas de nuestro país. Cuando fuimos a hablar con ellos nos hizo gracia que nos dijeran "Yo no entender. Yo no tener por qué poner persona en Caja", cuando ellos sí estaban inscriptos. Les preguntamos por qué ellos sí estaban y los trabajadores uruguayos no. Todo este proceso ha significado un desgaste pero apostamos a agotar todos los mecanismos.

También queremos plantear otros casos de diferentes ámbitos que nos cuesta encaminar.

Les agradecemos infinitamente, porque cuando planteamos el tema de las avícolas fueron, dieron lo mejor de ustedes y cumplieron con todo lo que pedimos. Confiamos en ustedes como siempre.

SEÑOR BOSSOLASCO (Ruben).- Quisiera que conozcan las condiciones en que trabajamos día a día y cómo nos trasladamos

El vehículo no tiene ningún tipo de seguridad, no tiene control vehicular y, en algunos casos, ni siquiera tiene asiento por lo que los compañeros viajan parados. No hay un botiquín para realizar una curación en caso de accidente. En cuanto a la higiene, trabajamos en lugares donde están las heces de los pollos y hay pollos en descomposición; comemos dentro de los galpones porque no tenemos un lugar específico para hacerlo. En los galpones no hay una canilla con agua para lavarse las manos.

Por otra parte, muchos trabajadores están en negro, no tienen recibo de sueldo ni fecha reingreso. En caso de accidente laboral, los días se pierden y nadie los paga. Si su esposa va a tiene familia, el trabajador debe ir a trabajar igual porque los días que falte no se los pagan. Al que despiden, muchas gracias nada más. Es todo totalmente en negro.

Mi avícola es Avícola del Oeste y, en este caso particular sí tenemos recibo de sueldo pero en otras no tienen nada; no existe el aguinaldo, la licencia, la media hora ni nada.

SEÑORA NÚÑEZ (Verónica).- Quiero agradecer la oportunidad de que nos reciban. Soy estudiante de la Licenciatura de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias sociales y vengo en representación de un colectivo de estudiantes de un proyecto integral que se llama Trabajo y sociabilidad, que hace cuatro años viene trabajando con trabajadores del sector productivo del junco y la totora. Lamentablemente, los trabajadores no han podido concurrir hoy; creemos que ello se debe a que todavía queda mucho trabajo por hacer, a que las condiciones materiales y subjetivas no están dadas para presentarse en ciertos ámbitos y a que la inmediatez del trabajo genera la imposibilidad de aprovechar determinados espacios.

La idea era venir aquí a presentar las características del trabajo en el sector, que se desarrolla en las márgenes del río Santa Lucía, en Ciudad del Plata, en condiciones precarias y de informalidad. Es un trabajo zafral de carácter extractivo que ocupa seis meses del año en los cuales los trabajadores cortan el junco del río y luego elaboran las esteras.

Hicimos un censo con un montón de información que estuvimos procesando durante este año y el anterior; ahora estamos buscando espacios para que se visualice y socialice la información que obtuvimos.

Es un trabajo familiar en el que participan alrededor de ciento tres familias y, si bien algunos se reconocen como trabajadores, cuando preguntamos por los colaboradores, notamos que la labor de un montón de mujeres y de jóvenes está invisibilizada. La tarea es bastante complicada porque hay riesgos relacionados con la salud, con el trabajo en el río y no se cuenta con la protección de la seguridad social.

Algunos trabajadores se fueron empoderando y enriqueciendo al comprar el producto y tener relaciones de asalariamiento encubiertas; hay relaciones de dependencia, de trabajo subordinado que están invisibilizadas porque no hay contratación y ni siquiera figura la rama productiva en el Banco de Previsión Social. Eso habilita mecanismos de dependencia que trascienden lo productivo. Muchas veces ocurre que "Si no me gusta como trabajás, te dejo de comprar junto de un día para el otro". Inclusive, se dan situaciones de favores y de lealtad y se le da dinero a alguien a cambio de que trabaje gratis durante la zafra.

Con este proyecto hemos golpeado puertas durante mucho tiempo y ahora estamos en el cierre, la práctica se termina y tenemos una cantidad de conocimiento acumulado que nos gustaría socializar. Estamos tratando de generar redes con el PIT- CNT porque queremos que esta información salga a la luz. Les agradecemos toda la colaboración que puedan brindarnos.

SEÑOR CRIPINO (Juan).- Yo soy delegado de una quinta de cien hectáreas donde se producen citrus para exportación. La zafra es de cuatro meses luego de la cual continuamos quienes estamos en las casas, cosechando durante el resto del año.

Sufrimos varias irregularidades como la falta de higiene de los baños; tampoco tenemos dónde comer; en una pieza chica están los vestuarios, el comedor y todo lo demás.

Desde las casas hasta el fondo de la granja hay 1 kilómetro de distancia que se hace a pie. Hay una tabla a la que sube un operario cargado con un bolso cuyo kilaje no se conoce. He hablado con la patronal pero ellos no quieren acceder a ninguna petición. Creo que habría que enviar una inspección. Según tengo entendido, habría que trasladar a los trabajadores hasta el fondo de la granja. Además, la media hora de descanso no existe; trabajamos de las 8 horas hasta las 12 horas y paramos 1 hora; y luego trabajamos de las 13 horas a las 17 horas. Según tengo entendido, cada ocho horas debe haber media hora de descanso, pero de esta forma no se cumple. El patrón dice que no conoce la ley. Lo mismo ocurre con la vestimenta, con el calzado y con los equipos para lluvia. Eso se repite en las granjas que están alrededor. Hay problemas con los sueldos, con los tractoristas. No hay categorías. Todos somos peones. Durante todo el año, somos quince. Tendría que haber categorías

Los tractoristas de categoría uno, en el BPS son peones. Una granja de esa categoría debe tener otro control. Todo lo que se saca de limón, naranja y tangerina es para exportar. Además, hay galpones que crían aves. Todos los que trabajan allí están en negro. Trabajan doce horas en vez de ocho. Esto lo he discutido. Sé que está establecido que hay que trabajar ocho horas, con media hora de descanso.

SEÑOR PRESIDENTE.- Soy de Villa Felicidad, una zona de quintas. El primer gremio que conocí fue a los once años. Nuestra crítica era que nos pagaban Nuevos Pesos 1.800 porque éramos menores; las mujeres y los niños cobrábamos eso. Las otras personas cobraban Nuevos Pesos 3.600. Nos ponían a estibar en la cámara como si tal cosa. Difícilmente había laburo peor. También teníamos que lavar manzanas y nos volvíamos locos para sacarles el remedio.

Una vez se nos ocurrió reclamar el aguinaldo y nos dieron mucho trabajo. Siempre fue muy difícil hablar del sindicato en el medio rural. En ese momento, ya existían las ocho horas. Las condiciones de salud laboral -andar cargados, descalzos- no eran buenas.

Hoy, recibimos a trabajadores de Caputto, que están sufriendo un lock out patronal. Tienen tres gremios y hablaron sobre la barra que está en la recolección. Allí hay una circunstancia pendiente que no sé cómo vamos a resolver. No creo que solo sea con leyes.

Este tema es motivo de discusión en todos los plenarios. Hay un sector de trabajadores que no tiene derechos; en la estancia los hacen trabajar las horas que quieren y tampoco tienen condiciones elementales de salud e higiene. El problema de la avícola es un caso. Este problema es complejo. La mayoría de los que trabajan allí vienen del medio rural y les cuesta mucho pensar que tienen que tener zapatos, cinto de seguridad, cascos. Les parece una molestia. Nosotros creemos que hay que defender la pequeña producción rural. Uruguay tiene que generar una condición de desarrollo de la pequeña producción rural y ni hablar de la agroecológica. Es cierto que este discurso, que hay que defender, no puede ocultar que en la pequeña producción es donde están las condiciones laborales más complicadas.

Esto nos ata a un problema porque desde el punto de vista de la soberanía alimentaria y económica, hay que promover una forma de organización del trabajo y, desde el punto de vista de la historia y de la cultura, hay una contradicción, un nudo, con condiciones terribles.

Nosotros vamos a convocar a las empresas, iremos a los lugares, enviaremos las versiones taquigráficas a las inspecciones y presionaremos para que las inspecciones se hagan. A la nueva ley de salud laboral y seguridad industrial hay que incorporar una condición de fiscalización social, pero para que la ley se aplique tiene que haber un delegado de seguridad porque si no es lo mismo que la nada.

Por otro lado, no vemos un enemigo en el trabajador inmigrante. Esto cuesta a todos cuando hay desempleo. El trabajador inmigrante, muchas veces está correteado por varias cosas -provenga de República Dominicana, Bolivia o Paraguay-; es nuestro compañero. A la vez, tratamos de generar condiciones para que el compañero que venga lo haga en las mejores condiciones laborales. Los controles migratorios generan una condición de trabajo precario. Entran sin documentos. Nos preguntan cómo hacemos para incrementar los mecanismos de control. Hay que poner mucha cabeza en esto, teniendo el cuidado de no transformar ninguna instancia. En lo personal no pienso que ese trabajador sea nuestro enemigo. No lo es. Muchas veces no tuvo opción. Distinto es el que organiza el trabajo que utiliza esa condición de mayor dependencia para pisotear derechos laborales. Es ahí que tenemos que confrontar. Este debate es difícil.

Tenemos controles migratorios que son muy laxos. Trabajé tres años en Montes del Plata. Había trabajadores que ingresaban con visa de turista. Eso es precarización laboral. Hay que convocar a la empresa. No hace falta ser sirio para que los empresarios digan que no conocen las leyes laborales y no las pueden respetar. Este problema es general con respecto a los derechos laborales, más en el medio rural.

Nosotros no estamos en contra del pequeño granjero. Pero tenemos que madurar y se deben respetar las condiciones de trabajo elementales de salud y seguridad. Parece que hablar sobre esto es estar en contra del campo y eso no es así. Los principales actores para resolver esto son ustedes. Veremos cómo podemos ayudar. Sin un sindicato rural más fuerte, no hay posibles mejoras. No estoy negando el papel del Parlamento; lo que podamos hacer, lo haremos. Pero la alternativa se va a construir si hay más trabajadores organizados y tienen más fuerza. Hay que ayudar a dotar de más organización a los compañeros que tomen la bandera del medio rural, a veces en condiciones de soledad y dificultad extremas.

En todos lados hemos dicho que estamos en el siglo XXI y los compañeros de las avícolas están reclamando que las ratas no los muerdan. Los compañeros de los arrozales reclaman que no los fumiguen para no tener problemas en la piel o que no fumiguen la escuela rural que está al lado del arrozal. La discusión parece medieval.

Hay que buscar alternativas, que es lo más complejo; denunciar es un boleto.

Entendí que algunas negociaciones están frustradas, estancadas, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Podemos convocar a quien sea para negociar, aunque comience el receso. En un rato van a venir representantes de Aldeas de la Bondad, que a las 8 estaban negociando con el INAU. Si los espacios en la Comisión, que son formales, no alcanzan, podemos convocar por fuera de la Comisión. Tiene que haber voluntad.

Como anécdota cuento que fui un montón de veces al frigorífico de Tarariras cuando estaban en huelga y organicé un montón de asambleas afuera. Ahora, como fui como presidente de la Comisión, me recibieron y me dejaron entrar.

La Comisión puede ayudar, pero el partido definitivo lo van a jugar ustedes. Todo el sistema político debe saber que hay una gran deuda en materia de condiciones de trabajo. Las herramientas que creamos son importantes, pero sería mejor si todas funcionaran y se aplicaran. Al trabajador que no le respetan la categoría va a mirar el Consejo de Salarios con desconfianza; lo mismo pasará con el que reclama la categoría y lo echan. Va a seguir en la categoría uno manejando el tractor, yendo a la cámara, podando; va a ser multiuso. Esa es la lógica, que nos toca de cerca porque venimos de ese palo.

Reitero que la Comisión queda a disposición.

SEÑOR PUIG (Luis).- En varias oportunidades, los compañeros han concurrido a la Comisión y hemos estado en el interior con varios de ellos analizando esta situación.

Hay varios componentes. Coincido en que avanzar en estos temas va directamente de la mano del fortalecimiento de la organización sindical. De allí la preocupación de muchas empresas de Montevideo y del interior -grandes, medianas y chicas- para las cuales el mejor sindicato es el que no existe. Van a tratar por todos los medios de desalentar la conformación del sindicato y de convencer: "Si te afiliás al sindicato, tu destino va a ser quedar desocupado. Si se te acerca gente universitaria, no le prestes atención porque te llenan la cabeza con cuestiones raras".

Estoy convencido de que la organización sindical es fundamental. Hay que darle una mano. En ese sentido, desde el Estado a veces tenemos dificultades para plantearnos que los trabajadores no estén siempre pateando contra el clavo en una relación de fuerza muy desfavorable. Se hace imprescindible que los organismos del Estado estén en una dimensión en la que a veces no están.

En el período anterior, en esta misma sala, denunciamos ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lo que nos habían planteado los compañeros de Rivera. Nos dijeron: "Denunciamos las condiciones de trabajo en los free shops. Fuimos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social local y cuando volvimos nos echaron porque se enteraron". Reclamaban que no tenían media hora de descanso ni un lugar donde comer; que comían a las apuradas en diez minutos un refuerzo, en un baño de uno por uno, que no tenían las más mínimas condiciones

Hoy, la situación en Brasil es compleja, pero en aquel momento estaba en una etapa floreciente y las condiciones de trabajo no habían mejorado. Eso fue en el período anterior y lo denunciamos ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En esas recorridas que dice el presidente que hacemos como Comisión, pero individualmente, me he encontrado con denuncias en diferentes departamentos relativas a que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social local no cumple con las funciones para las cuales está comprometido. Generalmente, hay un vínculo directo con las patronales y los trabajadores terminan siendo perjudicados. Sin duda, no es una tarea fácil. El Ministerio y sus diferentes áreas, como la Dinatra, están trabajando para resolver esta situación. Muchos compañeros dicen que se les complica hacer cuatrocientos o quinientos kilómetros hasta Montevideo porque "ni hablar de los fueros sindicales". No se reconocen sindicatos. Nos parece que tenemos que poner el acento en los organismos del Estado, a fin de que puedan constituir, en diferentes áreas, un elemento para la protección de derechos. Creo que tienen que jugar un papel más activo en materia de protección de derechos.

Los compañeros dijeron que no se les reconocía la categoría, y que todos eran peones; realizan toda la gama de actividades en una empresa.

Las empresas, independientemente del origen de la patronal, están radicadas en el país y, por lo tanto, tienen que cumplir obligatoriamente con todas las normas. Como decía el compañero Andrade, ojalá esto fuera una excepción llevada adelante por algún empresario que viene de otros pagos. ¡No! Esta realidad la tenemos instalada tanto con patrones uruguayos como con los que vienen con las transnacionales. De lo que no cabe duda es de la necesidad de generar mecanismos de confianza mutua con compañeros que vienen de diferentes partes del mundo a trabajar. Ahí se pone a prueba la solidaridad, de la cual el movimiento sindical uruguayo ha hecho gala durante toda su historia. Es un movimiento sindical gestado por inmigrantes, fundamentalmente europeos, que vinieron con mucho bagaje de solidaridad. Para nosotros es imprescindible que ese bagaje de solidaridad aflore cuando nos encontramos que a trabajadores peruanos, dominicanos y de diferentes lugares, se los explota más que a los uruguayos y se les desconocen sus derechos todos los días. Ahí hay una cuestión de solidaridad, y no tenemos duda que el movimiento sindical la impulsa. Allí van a tratar de hacer aflorar diferencias artificiales entre los trabajadores, porque aquello de que "divide y reinarás" sigue siendo aplicado por las patronales.

Por último, con respecto a la situación de las avícolas, nos hemos encontrado con que la situación que denunciaban los trabajadores era tan o más grave. Estuvimos recorriendo las diferentes avícolas y aún después de haber concertado una visita de la Comisión de Legislación del Trabajo, nos encontramos con que las condiciones de higiene, de salud laboral y demás eran desastrosas. Nos encontramos con situaciones tragicómicas. Por ejemplo, algunos mecanismos para descarga a tierra tenían jabalinas que brillaban. Las habían puesto el día anterior. Los mecanismos de control de roedores eran tan nuevitos que cuando se les preguntó a los trabajadores cuánto hacía que estaban ahí respondieron que nunca los habían visto; los habían colocado en la mañana que concurrimos.

Aquí hay una conjunción de cosas. Sin duda, la organización de los trabajadores es importante, pero a veces esta es tremendamente débil debido al trabajo sistemático para que no se organicen.

También es importante la mano que se puede dar desde acá, desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y desde el conjunto del movimiento sindical. Quizás haya que articular esfuerzos porque cuando los trabajadores quedan expuestos a condiciones tan desparejas, terminan ganando las patronales, generando situaciones de desconocimiento de derecho.

Por tanto, generar mecanismos articulando diferentes esfuerzos es fundamental. La comisión no va a resolver la situación, pero el trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y la comprensión que logremos por parte de los jerarcas del Estado es bien importante.

Acá tenemos problemas con los trabajadores de la limpieza. Si no se respetan los derechos en el Palacio Legislativo se imaginarán que en el taller que está a dos cuadras va a ser más complicado aún. Pero acá hemos parado trabajos porque no se reunían las condiciones de seguridad. Se estaba trabajando con amoladora sin protección auditiva, sin lentes, sin guantes, y en las peores condiciones.

Creo que tiene que cambiar la cultura de las jerarquías del Estado y de los mandos medios, que muchas veces no están acostumbrados a plantearse que tienen la obligación de hacer respetar las leyes y los derechos de los trabajadores. Pasa en todos lados. Ese cambio cultural implica también que la jerarquía del Estado asuma su responsabilidad, porque en muchos casos se mira para otro lado. Yo estoy dispuesto a discutir esto.

SEÑORA FLORES (María).- Los queremos invitar al segundo Encuentro Nacional de Trabajadores Rurales a realizarse en Puntas de Maciel, Florida. Estamos haciendo un esfuerzo grandísimo para juntar a todos los trabajadores rurales. Ha concretado su presencia Ernesto Murro. Queremos hacer un pin pon de preguntas con los trabajadores rurales. En un encuentro que se realizó en Durazno estuvimos con varias autoridades de los ministerios y los comprometimos para que nos acompañaran. Vamos a hacer talleres, charlas abiertas y debates con diferentes organismos. También van a concurrir representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

La consigna es "Con la garra y el corazón puesto en nuestro día a día en el campo".

En el Consejo de Salarios que va a arrancar, del Grupo 22, que termina en julio del próximo año, vamos a plantear una reivindicación relacionada con nuestro ficto de alimentación y vivienda, que es de $ 2.450 por mes. Vamos a defender esa reivindicación a capa y espada porque con $ 2.450 pesos por mes no come nadie.

Nos encantaría tomar la posta e invitarlos al juncal, ya que los compañeros tienen mucha expectativa de que los visiten, y de que los vean en su propio ambiente. Ellos también van a estar el 18 y el 19 en Florida. La idea es que cada uno muestre su trabajo y escuche a los diferentes sectores. También van a estar los compañeros de UTAA, de la caña, la gente de la naranja, los compañeros de todos los sindicatos se van a concentrar ahí. Este encuentro empieza el 18 a las diez de la mañana y se extenderá hasta el 19. Estamos tratando de conseguir el salón de Mevir, cuya comisión son los propietarios de la zona y no lo quieren prestar para el encuentro. Estamos agotando los medios para conseguirlo. Allí serán bienvenidos con un termo, un mate y un asado para pasar el día.

SEÑORA NÚÑEZ (Verónica).- Las compañeras estudiantes del trabajo social entendemos que la academia es un mínimo aporte a todo esto y que es necesario aunar esos esfuerzos.

Hicimos un censo que es un relevamiento que nos exigió el Banco de Previsión Social hace un par de años para conocer cuántos son los trabajadores del junco. Me gustaría dejarles una copia para conocer la realidad del sector.

Cuando decía que las condiciones quizás no estuvieran dadas, me refería a la organización del sector, y a que hay una falta de conciencia del trabajo y de cultura de la reivindicación muy fuerte.

SEÑORA ZAPETA (Laura).- El diputado Puig se refirió a la fortaleza de los sindicatos para poder reivindicar derechos. Cuando vean el informe del censo que elaboramos van a ver que las condiciones de trabajo de los compañeros del junco muchas veces no permiten una conciencia respecto del valor que tiene esa organización. Como estudiantes en el proyecto integral que nos embarcamos, que tiene cuatro años y que termina este 2015, tratamos de dar visibilidad al sector. Esa fue la tarea que nos propusimos este año, pero en realidad quisiéramos que eso no quedara ahí. El tema de la organización y de empujarlos a que logren hacerse visibles por ellos mismos, ir a instituciones y demás, requiere de una mano que los apoye. En realidad, como estudiantes no podemos hacer mucho más. Es una realidad muy cruda y estaría bueno que se revierta. Esperamos contar con vuestro apoyo y que no nos dejen solos en esto.

SEÑOR BOSSOLASCO (Rúben).- Voy a hacer entrega de un pequeño resumen para que se imaginen el día a día.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos mucho la visita.

(Se retira de Sala representantes del Sindicato Único de Trabajadores de Tambo y Afines)

(Ingresa a Sala representantes del Sindicato de Funcionarios de Aldeas de la Bondad)

——La comisión tiene el gusto de recibir a una delegación del Sindicato de Funcionarios de Aldeas de la Bondad, integrada por la señora María Germino y por los señores Eduardo Brun, Fabián Medina, Sergio Osorio e Ismael Sequeira.

SEÑOR MEDINA (Fabián).- Solicitamos una nueva audiencia a efectos de plantear una situación que compromete a los trabajadores de la Fundación Imcos, porque entendimos que esta comisión nos había incentivado a llegar a acuerdos productivos con el gobierno, en este caso, directamente con el INAU, del cual somos trabajadores tercerizados.

Desde el año 2014 venimos trabajando en una solución definitiva. También queremos desengañar a este tipo de ONG, que es muy problemática, a tal punto que a veces terminamos perdiendo la fuente laboral aquellos que dejamos hasta lo que no tenemos para que los servicios sean los mejores.

Somos trabajadores de un centro de atención permanente para personas discapacitadas. Brindamos un servicio de salud, cuidados en general y mantenimiento. En este sentido, queremos informar que el INAU ha llegado a un acuerdo de rescisión del convenio con la empresa. Nosotros entendíamos que era necesario ubicar a cada uno en su lugar para que no seamos los trabajadores que paguemos los platos rotos de algo que se venía arrastrando hace un tiempo y que se pudo comprobar. Se está buscando los mecanismos de solución tanto para los que allí viven como para los mismos trabajadores. Cabe aclarar que somos ciento cincuenta en Salto y cincuenta en Paysandú.

En este sentido los trabajadores conocemos muy bien el trabajo, sabemos lo que necesitan las personas, no solo en lo que tiene que ver con el afecto sino con los servicios; cada uno de nosotros tenemos un compromiso día a día.

En ese sentido, entendemos necesario explicar que, desde marzo a la fecha, los trabajadores generamos un formato de trabajo autónomo, buscando la forma de que esto sea lo más viable posible y tratando siempre de mantener los puestos de trabajo y el compromiso con lo que proponíamos. Una de las decisiones de llamarlos a ustedes era no solo para informarlos de cuál era nuestro trabajo, sino también para decirles que hemos creado un grupo de licenciadas en enfermería -estas compañeras integran nuestro sindicato- con los funcionarios de servicios y otros, para lo cual contamos con la ayuda de los sindicatos correspondientes, del plenario, de la comisión y del mismo Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Nosotros entendíamos que era bueno producir más en el interior; a veces dependemos exclusivamente de algo que nosotros mismos podemos hacer, generar y administrar.

Desde el INAU, de la fundación Imcos, del Mides, será necesario buscar que esto sea lo más viable posible. Sabemos que en el interior es muy difícil acceder a la bolsa de trabajo y si no se soluciona este problema sería un golpe para el departamento, tanto social como económico, porque tendríamos más de ciento cincuenta personas despedidas, buscando salidas para poder cobrar. Un despido necesario no es directamente ir a la bolsa de trabajo.

Por tanto, es necesario seguir generando propuestas y ver la forma de que esto sea un poco más controlado, tanto de parte de nosotros, los trabajadores, como de los entes que correspondan a las otras ONG que existen en el momento.

SEÑOR SEQUEIRA (Ismael).- Venimos acompañando a los compañeros de Salto, a quienes les surge la preocupación por poder autogestionar su fuente de trabajo. Pensamos que por el tiempo que llevan allí son las personas más idóneas, a lo que se agrega lo manifestado por el compañero Fabián respecto a la pérdida de fuentes de trabajo de muchos compañeros.

Nos llama la atención -por eso solicitamos poder exponer la problemática- algunos comentarios que nos llegaron en el sentido de que las instituciones pensaban dejar a los trabajadores afuera, sin darles el respaldo necesario y sin siquiera tener en cuenta el proyecto de autogestión que están llevando adelante. Eso llevó a que tratáramos de mantener esta reunión, porque se está atendiendo a una ONG que fue la responsable de haber fundido a esta empresa y que, además, recibió muchos subsidios por parte del Estado sin haber dado cuentas de eso. Los trabajadores en alguna instancia -y creo que en esta oportunidad también, pero más acentuado- llegaron a tener problemas con el cobro de sus salarios. Todos los años se presenta la misma problemática respecto al tema del fondo de licencias, del aguinaldo, que siempre terminan cobrándolo fuera de tiempo. Ya venían con un atraso muy importante pero ahora se afecta también el cobro de los salarios.

El movimiento sindical de Salto ve con preocupación que se esté corriendo riesgo con muchos puestos de trabajo.

SEÑOR PRESIDENTE.- En este Período ya hemos tenido este tema encima de la mesa, que tiene varias puntas importantes. Una de ellas es en lo que desemboca un largo proceso de regulación laboral. Me consta que los compañeros y compañeras han transitado un largo período de superar dificultades, que se puede remontar hasta las prácticas de persecución sindical por el no pago de licencias, aguinaldos, etcétera. Si después de mucho tiempo detrás del cumplimiento de normativas laborales el resultado es que no se continúa en el trabajo, por más explicación jurídica que haya, es terrible como antecedente. Hoy ha sido un día record en recorrer circunstancias de como se dan violaciones laborales y, en particular, en el interior. Pero el problema no es que acá vengan las denuncias; el día que no se denuncien no es porque no sucedan; es parte de la vida.

Sabido es que este sindicato tuvo enormes dificultades para formarse, lo que ha generado grandes líos con los compañeros para tratar de hacer efectivo el cobro del medio aguinaldo, manteniendo reuniones con INAU; recién hace dos meses se pagó. Y si todo esto desemboca en la condición de que el trabajo se pierde no hay forma de explicarlo desde el punto de vista de la reestructura organizativa de nada; no hay forma.

Una segunda referencia es que para mí todo trabajo es digno, tiene valor y en este caso todavía superior porque están trabajando con personas con discapacidad severa. Creo que Uruguay de a poco viene haciendo visible las formas de opresión social que sufre el colectivo de personas con discapacidad. Todos los sistemas políticos, de todos los colores, tenemos enormes deudas con esto al igual que la sociedad tratando de encarar una batalla cultural que aborde el tema de las personas con discapacidad desde una perspectiva de derecho y no desde la perspectiva de la caridad. Es una enorme batalla cultural a dar y lo que estamos haciendo ahora es reconocer esos derechos. Lo que no estábamos haciendo antes es que esos derechos elementales se preserven como, por ejemplo, el derecho a la salud, al trabajo, etcétera. Hoy hay déficit en la reglamentación y en el cumplimiento de una norma integral, a la vez que procuramos construir derechos para las personas con discapacidad y sus familias.

Una tercera referencia es de compromiso. La última vez que los compañeros estuvieron aquí mantuvimos reuniones con la presidenta de INAU, a efectos de garantizar que trabajadores que han hecho una serie de denuncias que no solo son de carácter sindical sino en la gestión -formas de contratación en la plantilla inflada por parte de la empresa con un número de trabajadores mayor a los que efectivamente trabajan- al final no se queden sin trabajo. Hay ONG que hacen un trabajo maravilloso y se comen la cancha y hay otras que da pena la forma en que organizan los temas, perdiendo toda significación. Existen las dos. Y les hemos planteado a ustedes y al INAU que si se abría un proceso licitatorio tendría que contemplarse la participación de los trabajadores, a efectos de que todo esto tuviera el menor impacto posible: de los pacientes, del trabajo que se construye. Y creo que en la comisión va a haber consenso en ayudar. De todos modos, está claro que esta comisión no tiene la llave para determinar que un día votemos algo y al otro se resuelva una licitación, pero sí para contribuir a que estén los ámbitos de negociación, que el proceso sea lo más transparente posible, que haya claridad respecto a los términos en que se convoca la licitación y se especifique el tema de los puestos y condiciones de trabajo como un elemento central a preservar. Y que luego de esa evaluación participe la representación social para que el proceso sea lo más democrático y claro posible. En ese plano somos socios seguros para trabajar en esa dirección de minimizar, tratándose de un proceso que siempre genera incertidumbre y que es difícil. Aún manteniendo todos los puestos de trabajo y todas las condiciones, es un proceso que tiene sus complejidades, por lo que trataremos de dar una mano en toda su dimensión: al colectivo de los compañeros de Salto y Paysandú, en el impacto que provoca a nivel local, en que es un colectivo que ha regularizado condiciones de trabajo, por lo que no está bueno que el resultado desemboque en pérdida de puestos de trabajo.

Por tanto vamos a dar una mano acá y en cualquier otro lado. Si es necesario se puede armar un escenario de negociación mañana en la noche o yendo al departamento de Salto a reunir a las autoridades, tratando de que sepan que estamos haciendo un seguimiento, que la comisión está mirando con cuidado los compromisos que se asumieron en su momento -la versión taquigráfica se enviará al INAU y al Mides- y que en este punto hay una especial preocupación porque el desenlace minimice la posibilidad de impactos sociales.

SEÑOR PUIG (Luis).- Creo que se ha planteado la visión que en general tiene la Comisión de Legislación del Trabajo. Hemos hecho el seguimiento de este tema pasando por diferentes circunstancias.

El tema de la precarización, de la flexibilidad laboral, del desconocimiento de derechos a los cuales fueron sometidos durante mucho tiempo ha sido una constante. Resultaría preocupante para el desarrollo, no solo del mantenimiento de los puestos de trabajo sino por la tarea que se realiza, el trabajo con personas con discapacidad, si se volvieran a reiterar los mismos errores. Si aquellos no hicieron posible brindar una correcta atención, desconociendo los derechos de los trabajadores que no cumplieron con la función para la cual estaban contratados por el Estado, asumieran nuevamente una situación de estar a cargo de ella sería un grave error no considerar la propuesta de autogestión que están planteando los trabajadores, porque afectaría el tema de la atención a personas que lo necesitan y mucho. Al mismo tiempo, creo que afectaría la credibilidad sobre la transparencia de los mecanismos. Sería reiterar un error y esto pasa de diferentes maneras, por ejemplo, cuando uno se encuentra con empresas que desconocen los derechos de los trabajadores, son violatorias de las normas legales y tienen dificultades en un ente público pero después aparecen prestando servicios, por ejemplo, en Ancap o en otro lado. Pienso que el Estado debiera darse mecanismos de registro que permitan establecer qué empresas y ONGs prestan una muy buena función a la sociedad, mientras que hay otras que están disfrazadas y actúan peor que las que están rotuladas como tal.

Reitero que hay que tener mecanismos por los cuales se genere una situación de que aquella empresa que incumple con sus potestades no pueda pasarse de una dependencia del Estado a otra. Muchas veces se han planteado estas situaciones; existen registros que son absolutamente insuficientes pero en este caso concreto, con la salvedad que hacía el presidente, no es acá que se corta el bacalao, no es acá donde se va a resolver pero, sin duda, para acompañar este proceso y pelearla junto con ustedes, cuenten con el conjunto de esta comisión.

SEÑOR PLACERES (Daniel).- La delegación que hoy nos visita ya ha comparecido en otras oportunidades.

El entuerto que hay acá es que resulta determinante hablar con el gobierno. He sabido de casos de ONG a las que se le ha dado la plata y no la destinan para pagar a quienes corresponde. Hay una falta de control brutal. Esta es una discusión fuerte que hay que dar, sobre el modelo que queremos. Molesta mucho cuando se plantea la autogestión por parte de los colectivos de trabajadores y trabajadoras en el Gobierno. Estamos peleando contra las tercerizaciones que existen en el Estado, que son lucrativas de determinado séquito de personas que tiene a la gente eternamente: veinticinco años. Y no es cuando yo vaya a estar en el Gobierno; estoy institucionalmente en el Gobierno. No se trata de banderas; es algo que tenemos que ir cambiando entre todos.

Yo veo permanentemente venir a los compañeros aquí. Entonces ¿cuál es el problema de agarrar el toro por las guampas? ¿Con quién hay que hablar? ¿Con el INAU? Hablemos con el INAU. Ya hicieron la denuncia, ya hicieron todos los papeles; hay que empezar a determinar quiénes son los responsables de esta situación. Y si hay alguien que quiere atracar en un colectivo autogestionado y mantener ese servicio con el conocimiento y la antigüedad del trabajo ¿cuál es la dificultad? Hasta ahora no he desatado el nudo. No entiendo cuál es. ¿Es conformar una cooperativa autogestionada? Este tema ya se ha planteado desde hace tiempo; no es de ahora. Y los trabajadores vienen de Salto, no de San José ni del área metropolitana. Por lo menos tres integrantes de esta comisión venimos del ámbito sindical por lo que tratamos de agotar todas las instancias. Hay un colectivo que plantea continuar con un servicio. El Estado está pagando a una empresa y esta dice que se va. El colectivo asume que la capacitación de los trabajadores y trabajadoras es importante mantenerla. Entonces, si están todos de acuerdo ¿cuál es el problema?

Quiero trasmitir el esfuerzo que hacen los colectivos al venir a la comisión. Como bien decía el señor diputado Puig se nos va el mes de diciembre, en enero no encontramos a nadie y estamos teniendo conflictos laborales en todos los ámbitos; no solo el caso de ustedes. Lo que tiene de bueno esta comisión es que se puede reunir fuera de este ámbito; no se necesitan los funcionarios que son realmente importantes. Y los diputados van todos a una reunión que hagamos. Ayer mantuvimos una reunión en el PIT CNT por otro tema laboral y también participaron diputados colorados. Por tanto, creo que hay aptitudes de la comisión de abrirse hacia todos los lados. Creo que los plazos hay que acortarlos.

SEÑORA MARTÍNEZ (Dianne).- Felicito a la delegación porque trabajar con discapacitados no es una tarea fácil. Comparto lo expresado por el señor presidente en el sentido de que sería bueno que se pudiera regularizar la situación de ustedes ya que las personas con discapacidad sienten apego por quien los cuida, siendo muy difícil desprenderse de eso. Sería muy lastimoso perder ese afecto que sienten, reitero, por quienes los cuidan todos los días y con quienes logran entablar, muchas veces, hasta un lazo familiar. Está bien que así sea porque eso hace que la persona se pueda superar, pueda mejorar; para ustedes debe ser bien lindo verlos desarrollarse y lograr sus metas. Ojalá que se encuentre una solución.

Tenemos un gran problema con las ONG. Debería haber una forma de regular, algún mecanismo de evaluación, de asignación de puntajes, de ponerlas en un ranking; no tengo claro el mecanismo ni cómo se podría llevar adelante, si a través del Ministerio de Trabajo o cómo, pero algo se debería hacer para hallar una solución porque realmente hay muchas que cierran aquí y se van a trabajar a otro lado; son empresitas encubiertas. Esto no está bien porque mucha gente que hace tiempo está trabajando pierde por ello. A veces perdemos los horizontes y descuidamos lo más importante que es la fuente laboral. Dejamos a unos con trabajo y se los quitamos a otros. Mi preocupación es esa, que quizás haya que buscar un mecanismo de evaluación o de regulación porque abundan las ONG, algunas de las cuales trabajan de manera excelente y cumplen una labor extraordinaria, pero por lo que pude averiguar otras no; a veces el dinero se va para otro lado cuando en realidad debe quedar en manos de quienes vienen trabajando.

SEÑORA MUTTI FORNAROLI (María Manuela).- Hay varias cosas que quiero mencionar. Es muy productiva la instancia de la Comisión a la hora de hacer una denuncia, pero el tema es que en algún momento debemos llegar a buen puerto. Esto es algo que nos tiene que preocupar. Los temas de mi departamento han sido recurrentes en esta Comisión, pero ustedes también están siendo recurrentes porque como Estado no hemos logrado darles una respuesta. Esto es preocupante. El Estado tiene tiempos que no son los tiempos de que disponen las personas y el de las necesidades sociales.

Por otro lado, recogiendo el guante de lo que plantea la diputada con respecto a las ONG, me preocupa mucho ese tema porque a través del Sistema Nacional de Cuidados estamos ampliando la atención a las personas con discapacidad y no nos puede pasar que en esta gran inversión y esfuerzo que hace el Estado no tengamos un control fuerte; invertimos muchísima plata y quizás tengamos que plantearnos cómo hacer un seguimiento tanto económico, bastante pesado para el Estado, como social y laboral.

Creo que el camino es la autogestión. Cada vez me queda más claro que uno de los caminos cuando los trabajadores tienen ganas y capacidades, que las tienen porque de hecho ya están desarrollando la labor, es el de la autogestión. Creo que en ese aspecto nuestro Estado tiene que avanzar en una legislación que proteja y fomente la autogestión por parte de los trabajadores. Siempre que esté en juego el lucro de los empresarios los que salen perdiendo son los trabajadores. Si queremos una sociedad diferente y apostamos a ella, la autogestión de los trabajadores es una de las grandes vías; ustedes nos enseñan que es el camino. Entonces, tenemos que tener, como Estado, una política de fuerte apoyo, contundente, desde lo laboral hasta lo económico para este tipo de propuesta. Me doy cuenta que debido a aspectos burocráticos, administrativos y por falta de conocimiento y de convencimiento, muchos proyectos lamentablemente quedaron por el camino con muy buenas intenciones. Me gustaría que estas palabras fueran a ámbitos de decisión porque tenemos muchos compañeros que constantemente están haciendo de esto una bandera y otros que desde lo social están haciendo una bandera y por otro lado llegamos a lugares donde fracasamos constantemente. Esto debe ser tomado como una política de Estado y tomado desde esta Comisión como una de las tantas vías hacia una sociedad más justa.

SEÑOR SEQUEIRA (Ismael).- Se me ocurre que si, por ejemplo, un carpintero se va de licencia, viene otro, agarra el martillo y clava el clavo. En este caso, debido a la función que cumplen estos compañeros nos han planteado que muchísimas veces, estando de licencia, tienen que ir al trabajo a atender a la persona que ya se adaptó a ellos; es decir que no hay otra persona que pueda brindar la atención ni dar el servicio que necesita el discapacitado. El tema no solo pasa por la capacitación de los trabajadores; hay que tener en cuenta que la función en sí misma es muy especial dadas sus características. Eso hay que remarcarlo. No se trata solamente de la capacitación de un trabajador sino de la necesidad de dar continuidad a la tarea. Entonces, creo que este es uno de los puntos a tener en cuenta.

En cuanto a dónde está el nudo, cuando hay una problemática y queda demostrado que una ONG ha sido ineficiente y el Estado ha tenido que salir a subsidiarla para que pueda seguir funcionando y los trabajadores se organizan, arman todo un proyecto de autogestión, lo tienen bien planificado y supuestamente se le va a dar algún tipo de atención, la información que llega Salto es que las organizaciones del Estado se van a reunir con las instituciones departamentales del Mides y del INAU y con la dirección de la ONG, pero no con los trabajadores. Esa es la preocupación que tenemos. Se armó todo este proyecto, se generó terrible expectativa para que los trabajadores no perdieran sus fuentes de trabajo y, sin embargo, desde el Estado… Acá hay que apuntar hacia el gobierno porque es el propio gobierno el que da la línea de arreglar todo con las instituciones que hay y que los trabajadores se manejen. El nudo lo vemos ahí. ¿Cómo se desata? Comparto lo que se ha dicho en cuanto a lo desgastante que ha sido tener que venir aquí; hemos tenido reuniones en este mismo Parlamento con las direcciones, tanto del Mides como del INAU y con la tranquilidad de que se nos iba a dar una respuesta fue que se elaboró ese proyecto, pero hoy nos preocupa saber que desde las dos instituciones se está marcando que se va a tener todo tipo de reuniones, pero no con los trabajadores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sé que venir de Salto no es una changa fácil y vamos a tratar de ayudar a que los ámbitos fluyan. Nosotros no sustituimos los ámbitos, sino que ayudamos a que estos fluyan, a que se procese la negociación colectiva. Hoy, por lo que entendí, había voluntad para trabajar; en todo caso, había que hacer algún retoque jurídico de la presentación de la asociación, que no tenía todavía los avales, dar una mano al Ministerio de Educación y Cultura para acelerar ese trámite, explorar esa y otras alternativas que nos colocaran en la discusión de dos escenarios: uno, que el proceso licitatorio, su evaluación y demás -desconozco cómo se hace-, termine refrendando la posibilidad de empresa autogestionaria, cooperativa o asociación civil en la que funcionen los trabajadores; la otra posibilidad también contempla que tienen que incluirse los trabajadores o que tiene que establecerse el vínculo laboral. De repente hay que esperar un año o dos para que se defina en alguna de esas dos direcciones, del mejor escenario o del menos malo; el tema es descartar el peor, una reestructura salvaje en la que se pierda todo: puestos de trabajo, organización. Ese es el criterio que estamos intentando consensuar como

Comisión para poder pararnos en esa discusión. Es claro que no podemos forzar y decir: "Esta es la propuesta licitatoria y no hay otra"; además, estaría mal. En nuestra opinión, parece tener una ventaja importante la que está elaborada por los compañeros. Ahora, en ese plano lo que podemos hacer es eso: insistir en que los ámbitos se abran porque ayuda mucho más un paso concreto que se dé para mejorar la circunstancia y encauzar la negociación que cincuenta denuncias de que la cosa está mal. En ese plano hemos intentado movernos, a veces en forma acertada, otras rompiéndonos las guampas contra el piso. En ese plano hemos intentado movernos a fin de no ser meros receptores de problemas y diagnosticadores de situaciones, sino que efectivamente construyamos instancias de ayuda. Me ha tocado venir pocas veces a la Comisión como militante sindical, pero la Comisión era el lugar que te recibía, te escuchaba, pero después difícilmente resolviera o ayudara efectivamente; tenía márgenes muy cortos. Estamos intentando cambiar esa dinámica. Y lo que proponemos todos aquí -los compañeros de Salto se encargarán de que nadie se olvide- es hacer un seguimiento; tienen los teléfonos; no precisan permiso para llamar; en lo que podamos ayudar lo haremos, sobre todo, para que se instalen los ámbitos que efectivamente logren que no caigamos en el peor escenario posible: trabajadores afuera, desmantelamiento de la atención, pacientes sin ayuda. En ese plano somos socios. Está claro que no sustituimos el papel de la organización que es la que en definitiva se tiene que hacer cargo. En su momento hubo un compromiso de que cuando se abriera esta instancia los trabajadores iban a estar incorporados. Y somos garantes de que ese compromiso se efectivice porque no precisamos que nos den nada firmado para defender lo que se acuerda. Las palabras valen para nosotros casi lo mismo. En ese sentido nos vamos a mover.

SEÑOR OSORIO (Sergio).- Hay algo que nos tiene preocupados a todos y es el paso del tiempo. Desde marzo de este año se acordó que al 1º de marzo del año que viene ya no debía haber ningún vínculo entre la ONG y el INAU. Hablamos con el diputado Placeres; todo el mundo nos impulsó por la autogestión. Nosotros estamos convencidos de que la autogestión es el camino. Nosotros queremos defender nuestra fuente de trabajo pero también -y es lo más importante- queremos defender el vínculo que tenemos con los gurises; les llamamos así aunque algunos no lo sean. Nosotros siempre decimos que nosotros no elegimos trabajar en Aldeas sino que fueron los gurises los que nos eligieron a nosotros. Se ha dado que ha transcurrido el año, que salen las bases, que sí, que no, que les vamos a avisar, que vamos a conversar. El 16 nos enteramos de que las bases del llamado a licitación habían salido en el Diario Oficial con un plazo de presentación hasta el 7 de diciembre. Nos quedamos con ese estrecho margen de tiempo; la licenciada en enfermería ya había elaborado un proyecto de atención integral en base a lo que es nuestro trabajo, que no queremos que sea un trabajo institucional sino, más que nada, en sus casas; más que ver sus discapacidades, intentamos ver sus capacidades. Pues bien, nos encontramos con la desagradable sorpresa de que el INAU ya tenía resuelto el llamado a licitación; sabíamos que entre las cláusulas de las bases había una que establecía que para lograr un puntaje para acceder a la licitación era necesario tomar los funcionarios de Aldeas. Eso iba a dar cierto puntaje. Eso no salió; o sea que a nosotros no se nos da la posibilidad…

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Está confirmado que eso no está en las bases?

SEÑOR OSORIO (Sergio).- En las que tenemos no figura.

Lamentamos tener que venir acá, que tengamos que hacer reuniones, que tengan que apretar a la empresa y al INAU por parte de la Dinatra. Nosotros nunca dijimos que hubo irregularidades, delitos o fraudes en la ONG. Siempre dijimos que en los treinta y siete años que hubo convenio nunca se controló. Entonces, tenemos inquietudes. Si se cierra el convenio y quedan ciento cincuenta trabajadores sin trabajo… Para Montevideo, esta cifra no es mucho, pero para Salto es un golpe muy importante. Dentro de nuestros temores está: ¿quién se hace cargo de los despidos? La fundación, como está, no tiene dinero. Según el INAU, él no se hace cargo. Entonces, estamos a la deriva y hasta marzo no encontramos a nadie. Nosotros queremos saber si en marzo va a seguir adelante esta ONG o una nueva. Estamos dispuestos a trabajar y no solo por las personas que tenemos hoy allí; tenemos posibilidades de abarcar muchas más y nos dijeron que el proyecto que teníamos de repente era demasiado pretencioso. Puede ser, pero es la base de lo que pretendemos porque queremos más, queremos llegar a ser un hogar modelo para los gurises. Esos gurises están internados, no porque la madre no pudo tenerlos; la mayoría de los que están ahí fue por internación judicial: fueron víctimas de abuso, de maltrato, de abandono; algunos fueron encontrados en basureros. No tienen a nadie. Ni siquiera saben por qué viven. Nosotros nos volvemos su familia. Ellos nos eligieron. Y vamos a seguir peleándola y vamos a venir más veces; vamos a ir a la Dinatra y a donde sea. Vamos a seguir golpeando puertas. Materialmente no tenemos tiempo de formar una asociación civil para el 7 de diciembre. Se nos plantea también que si la formamos los integrantes de la directiva no pueden percibir sueldos. Estamos entre la espada y la pared. Estas no van a ser unas fiestas muy agradables para la gente que trabaja en Aldeas. A todo esto se suma la incertidumbre de si cobraremos o no el sueldo y el aguinaldo. No venimos a dar lástima sino a plantear una situación que es real. No sé si es la tercera o la cuarta vez que venimos aquí, pero lo vamos a seguir haciendo porque necesitamos apoyo; no precisamos que nos den todo, sino apoyo para encontrar el camino, la solución a todo esto.

SEÑORA MUTTI (Manuela).- Es una situación urgente para ustedes, para la comunidad de Salto y para los gurises que están ahí.

Nosotros fuimos electos para esto, es decir que ustedes van a ser recibidos la cantidad de veces que sea necesario. Así será en todo el Parlamento. Creo que ese es el espíritu de todos los legisladores que integramos la Comisión, que para algo nos metimos en este baile: porque planteamos transformar la realidad. Para eso sirve la política.

Estoy a las órdenes como compañera del departamento y como legisladora electa.

No sé cuáles son los caminos que la Comisión tendría que segur para sumar un porotito más a las soluciones para nuestro departamento que en este momento vive un montón de conflictos laborales. Según los números, junto con Artigas, nuestro departamento es uno de los que tiene índices de desocupación más graves. Por ello no podemos sumar situaciones que compliquen más las fiestas.

SEÑOR MEDINA (Fabián).- Lamentablemente, no pudimos conformar una cooperativa porque somos aproximadamente cien funcionarios organizados en el sindicato y era complicado ser cooperativistas con un solo objetivo: armar un proyecto base pretencioso como el que queremos. Creemos que, por ser el primer hogar autogestionado del país, debe ser ejemplo y brindar la mayor calidad de vida. Cuando nos organizamos, algunos compañeros integramos una asociación civil, corriendo riesgos y sabiendo que quizás no íbamos a cobrar sueldo porque era posible que el INAU no entendiera que somos trabajadores. Además, nosotros y la gente que nos guía en esto pasamos por alto algunos detalles que desconocíamos, por lo que fuimos rechazados por el Ministerio de Educación y Cultura. Eso ya lo corregimos hoy.

En ese proceso siempre buscamos lo mejor. No paramos desde las primeras reuniones que tuvimos en marzo, en Salto con el diputado Andrade y en Montevideo con los diputados Placeres y Puig. También recibimos apoyo de la diputada Mutti y de muchos otros que se acercaron.

A veces tenemos dudas por dos temas puntuales. Uno es que se dice que la empresa no va a continuar si no hay un aumento significativo de recursos; entienden que si el INAU no aporta $ 1.000.000 más a la fortuna que ya da por la cantidad de internos para un formato de servicios adecuado a lo que ellos pretenden. Además, no hay garantía de la seguridad laboral que pretendemos. La gente del INAU manifestó que ellos podían buscar la forma de que se negocie y que se entienda la antigüedad, el compromiso y la decisión de estar al lado de esos gurises, pero no pueden obligar a una organización a darnos trabajo. Faltan tres o cuatro días para que esto finalice, quizás no lleguemos a estar habilitados, nos falte algo más que presentar ante el Ministerio de Educación y Cultura y no contemos con más días porque no es fácil venir a Montevideo ya que somos un sindicato que no tiene solvencia económica. Nos preocupa no cumplir con los plazos, no porque no tengamos ganas sino porque se nos dificulta. Tenemos un programa y un proyecto que creemos que es el mejor, por eso queremos buscar la forma de abrir el abanico y ver cómo desatamos este nudo. Hemos puesto la mejor voluntad en las negociaciones para llegar a lo mejor. Esta Comisión puede ayudar para llegar a buen final a corto plazo, de manera de asegurar unas fiestas y un principio de año lo más productivo posible para más de ciento cincuenta personas que hoy no saben si seguirán trabajando. Cuando el servicio decae los más castigados son quienes viven de lago que nosotros les damos.

Creemos que el Mides, el INAU, el Ministerio de Salud Pública, el Banco de Previsión Social y Pronadi -que también está integrado y funciona muy bien- deberían buscar una solución para dar una capacitación que permita rendir mejor a aquellos que tienen más experiencia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a hacer un esfuerzo para que la semana próxima nos visite el INAU, que es el que tiene mayor capacidad de decisión. Además, podemos ayudar en lo que sea necesario como, por ejemplo, los trámites que está realizando la asociación civil ante el Ministerio de Educación y Cultura. Seguramente, va a haber un largo recorrido hasta que no haya una garantía de trabajo en la forma que sea, la idea u otra.

SEÑORA GERMINO (María).- Quiero agregar que somos cinco licenciadas en enfermería y elaboramos un proyecto de gestión de salud para seguir trabajando con estos niños a los que brindamos atención integral las veinticuatro horas. Tenemos la mayor experiencia para estar con estos niños y además durante este tiempo se generó un gran afecto, un gran apego, porque somos su familia sustituta.

Aunque Uruguay no cuenta conformación continua en este tema que recién comienza, consideramos que nuestra experiencia es muy importante y se va transmitiendo de los funcionarios más antiguos a los más nuevos.

El modelo de gestión abarca el cuidado de veinticuatro horas en diferentes áreas, con fisioterapeutas, psicomotricistas, musicoterapia y psicólogos si es necesario. La decisión está en ustedes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Estaremos en contacto.

(Se retira de sala la delegación del sindicato de trabajadores de la Fundación Imcos)

Se levanta la reunión.

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.