Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

Comisión de Seguridad Social

Carpeta Nº 783 de 2006
Versión Taquigráfica N° 447 de 2006

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS
DE SALTO (AJUPENSAL)

Presentación de la lista Nº 4 ante la Corte Electoral para participar
el día 26 de marzo en la elección del representante
de los afiliados pasivos en el Directorio del
Banco de Previsión Social
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CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY

Proyecto de ley por el cual se dictan normas para la inclusión y regularización de
contribuyentes del Banco de Previsión Social
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Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 15 de marzo de 2006

(Sin corregir)


 

PRESIDE:   Señor Representante José Luis Blasina.

MIEMBROS: Señores Representantes Pablo Abdala, José Di Paulo y Esteban Pérez.

INVITADOS: Por la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas de Salto (AJUPENSAL) señores Melkor Nahabetian y Omar Viera.

Por la Cámara de Industrias del Uruguay, señores Walter Rodríguez, Secretario; Nelson Penino, Prosecretario; Luis Panasco y Pelayo Scremini, Vocales.

 


SEÑOR PRESIDENTE (Blasina).- Habiendo número, está abierta la reunión

La Comisión de Seguridad Social da la bienvenida a los señores Melkon Nahabetian y Omar Viera, integrantes de la Asociación de Jubilados de Salto.

SEÑOR NAHABETIAN.- En un principio, quiero aclarar que nací en Montevideo y soy uruguayo a pesar de que mi nombre y apellido son extranjeros. Ellos se deben a la nacionalidad de mi padre, que era armenio y a la de mi madre, que era italiana.

El 6 de febrero presenté una lista para ser candidato en las próximas elecciones del BPS; no fue por mi propia voluntad sino a raíz de una propuesta de los compañeros pasivos; ustedes deben estar enterados de ello porque la semana pasada hablé con el señor Diputado Blasina.

De acuerdo con el Reglamento de la Corte Electoral había dos posibilidades para presentarse: ser representante de una asociación de pasivos o tener el respaldo del 1% del total de habilitados para votar, que son 481.033, es decir que había que juntar 4.810 firmas o más, teniendo en cuenta los descartes que hace el organismo.

Como me hicieron esta propuesta el 23 de enero, faltando apenas trece días para el vencimiento del plazo establecido por la Corte en el artículo 20 -se podían presentar listas hasta el 6 de febrero-, dije a las personas que me comprometieron a esta aventura que no disponíamos de tiempo suficiente para recoger las firmas y que era más fácil recorrer el otro camino, es decir, el que se abre al ser representante de una asociación de pasivos. Hice esa gestión y obtuve varios resultados.

El primero fue que, luego de hablar, me mandaron inmediatamente la notificación notarial de que era representante de la Asociación de Jubilados de Salto. El día 30 de enero me enviaron un documento que dice así, entre otras cosas: "[...] para el Acto Electoral en el área de los Pasivos [...] a realizarse el día 26 de marzo de 2006". Con pleno conocimiento de ello es que se expide el certificado notarial mencionado.

Dos días después, el 1º de febrero de 2006 me mandaron la certificación de la personería jurídica de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Salto. Quiero aclarar que voy a dejar toda la documentación que tengo en la Comisión.

También entregamos en la Corte Electoral -tal como establece la reglamentación- las constancias de pasivos expedidas por el Banco de Previsión de cada uno de los integrantes de la lista y los certificados notariales autorizando la inclusión de los nombres del titular y de los cinco suplentes en la lista. Esta documentación se entregó el día en que vencía el plazo, es decir, el 6 de febrero, porque no tuvimos tiempo para hacerlo antes. Esto fue autorizado por la Corte Electoral el día 8 de febrero. Tengo aquí la concesión que dice: "[...] y concédase a los solicitantes el número 4 para distinguir sus hojas de votación en la elección del representante de los afiliados pasivos en el Directorio del Banco de Previsión Social [...]".

Ese mismo día -es decir, el 8 de febrero-, estuve con el Secretario Letrado, doctor Cataldi, en la sede de la Corte Electoral y le dije: "Doctor Cataldi: la gente de Salto me ha manifestado por teléfono que tiene algunos problemas internos. ¿Yo puedo sustituir la representación de Salto por la de Paysandú, la de Rocha o dos de Colonia?"; varias del país me conocían y lo podían hacer. Él me contestó en forma terminante: "No, Nahabetian. El plazo venció el 6 de febrero".

Al otro día, el 9 de febrero, el propio Secretario Letrado firmó junto al Presidente de la Corte Electoral un documento que inhabilitaba la lista por la presentación de un certificado notarial. Reitero que esto sucedió el 9 de febrero, es decir, tres días después del vencimiento del plazo reglamentario establecido por la Corte Electoral. Tengo en mi poder este documento de fecha 9 de febrero con el sello electrónico que indica que fue recibido, por el cual se revocaba el poder. La revocación es de estilo y dice que se revoca en todos sus términos la autorización concedida, en este caso, a quien habla, para actuar en nombre y representación de la institución frente a la Corte Electoral con relación a las próximas elecciones de autoridades del Banco de Previsión Social.

Siempre estuvieron muy bien enterados de la situación porque permanentemente estuve en comunicación con ellos. Cuando tomé conocimiento de esto -me notificaron al día siguiente, es decir, el 10 de febrero-, fui a Salto. También tengo aquí el boleto de ida y vuelta a Salto. En esa oportunidad, me reuní con el Presidente, el Secretario y el tercer miembro de la Comisión. Ellos me dijeron textualmente: "Nahabetian: no hay nada contra usted. Usted es un hombre preparado. Nos hubiera encantado que usted hubiera sido nuestro candidato; sabemos que usted se perjudica mucho con la resolución que tomamos, pero hemos recibido muchas presiones". No me pareció prudente preguntar a alguien que se confesaba de esa forma qué tipo de presión había recibido. Quedé anonadado; tomé el ómnibus nuevamente, y me vine para Montevideo, porque no tenía más nada que hacer.

Como ustedes saben, la Corte Electoral está actuando por extensión de su mandato. Está actuando legítimamente, pero no refleja el actual estado político del país ya que las elecciones de 2004 determinaron que el partido de Gobierno fuera el Encuentro Progresista-Frente Amplio, que en segundo lugar, estuviera el Partido Nacional, en tercer término, el Partido Colorado y, en cuarto lugar, el Partido Independiente. Pues bien, el señor Martínez Zimarioff mandó a la prensa un comunicado con fecha 1º de marzo -como podrán apreciar, en este comunicado aparece su nombre, su teléfono, etcétera- donde dice que la Lista 4, encabezada por Nahabetián, está habilitada para participar de la elección. Esto se publicó en la prensa al día siguiente, debajo de una foto del señor Murro; allí se dice que la Lista 4 está habilitada. Además, como dije, esto lo expresa un Ministro de la Corte Electoral. Entonces, la gente me empezó a llamar para saber dónde estaba la lista y para pedirme que se la enviara. Yo tuve que responder que no podía mandar la lista porque estaba inhabilitada; por otro lado, la gente me decía que no era así, que la Lista 4 estaba habilitada porque así había salido publicado en la prensa.

Acá tengo la fotocopia del fax que un Ministro de la Corte Electoral envió.

Este es un hecho que nos causa perplejidad; lo pongo en conocimiento de la Comisión por si no lo sabía, aunque tal vez esté enterada. También quiero dejarlo como constancia en el legajo de los antecedentes.

Hay dos o tres asuntos más que quiero señalar acerca de este tema. ¿Quiénes son candidatos por el orden pasivo |ante el Banco de Previsión Social? Los pasivos; tienen que ser pasivos. En este sentido, el artículo 4º del Reglamento de la Corte Electoral -que dejo a disposición de la Comisión-, establece lo siguiente: "[...] siempre que acrediten una permanencia mínima final de dos años continuos como jubilados [...] a la fecha de vencimiento del plazo para el registro de listas de candidatos establecido en el artículo 20º". Y el artículo 20 establece que el plazo venció el día 6 de febrero como ya he dicho. Quiere decir que los candidatos tenían que ser pasivos al 6 de febrero de 2004.

A su vez, en el artículo 23 del mismo Reglamento se establece: "La Corte Electoral verificará de oficio el cumplimiento de los demás requisitos exigidos en el artículo 4º para ser elegible". Quiere decir que la Corte Electoral tiene dos obligaciones: una, impuesta por el artículo 4º y, otra, por el artículo 23. Creo que la Corte Electoral tendría que aclarar si todos los titulares de las listas fueron verificados; sé que esto no se ha hecho de oficio. Yo fui funcionario del BPS durante cuarenta y cinco años, trabajé quince años en el Directorio, entro y salgo de allí como si fuera mi casa porque soy medalla de oro del organismo y los compañeros me dijeron que la Corte Electoral no lo había verificado de oficio como se establece en el artículo 23. Todo esto nos ha causado una gran perplejidad y un montón de inconvenientes.

Faltan diez días para las elecciones. Hay gente de todo el país que me está llamando; prácticamente teníamos contratada la imprenta para que nos hiciera tres millones de listas para desparramar en todo el país y no lo podemos hacer. Por tanto, si es posible, queremos que intervenga la Comisión de Seguridad Social a fin de que realice alguna gestión ante la Corte Electoral, aunque estén faltando solo once días para la realización de las elecciones. Lo único que queremos es poder participar. Comprendo que la Corte Electoral tiene todo el derecho del mundo de dejarnos de lado, hasta el día anterior, hasta el 25 de marzo, si es que ha sido revocado un poder. Pero en este caso hubo cosas que no están claras, por las cuales no puedo responder y por ello las pongo en conocimiento de todos ustedes, tal como ocurrieron.

Siempre pensé y sigo pensando que el acto eleccionario es lo más grande que tiene el pueblo uruguayo, porque le permite elegir democráticamente a su gente; lo más grande que tiene son la libertad de sufragio, las libertades públicas consagradas en la Constitución que nos amparan a todos. Creo que acá hubo cosas que no están lo suficientemente claras. Este es el asunto que pongo en conocimiento de la Comisión.

Me quiero referir a otros temas. Nosotros no somos ningunos resentidos. Lamentablemente, ahora tengo que hablar en primera persona. Como dije anteriormente, yo fui funcionario del BPS durante cuarenta y cinco años, por lo que creo conocer casi todo; no puedo decir que conozco todo en el BPS porque sería un absurdo de mi parte, pero durante esos cuarenta y cinco años pude conocer lo relativo al tema de las pasividades y a la recaudación. Yo fui perito fiscalizador del Banco de Previsión Social; di exámenes y la matrícula la obtuve antes de la dictadura. Fui opositor a la dictadura; era Secretario General del Movimiento de Rocha en Rocha y por este motivo fui muy castigado. Cuando terminó la dictadura, nuevamente di exámenes, obtuve la matrícula y fui nuevamente fiscalizador hasta el año 2001. Quiere decir que conozco todos los sistemas de recaudación del Banco: los sistemas de recaudación de industria y comercio, civil, rural y de la construcción; todos.

Además, en mi familia hay una cultura de seguridad social, pues, por ejemplo, mi esposa fue funcionaria del Banco de Previsión Social durante 31 años; mi hermana trabajó allí durante 30 años y falleció estando en actividad; mi cuñado, que fue Jefe de la Sala de Abogados del BPS y tenía a ciento cuarenta abogados a sus órdenes, fue funcionario durante 52 años; me refiero al doctor Antonio Trimarco que aun vive. Quiere decir que para nosotros la seguridad social es un asunto de familia. Los domingos, cuando comemos ravioles, nos enteramos de todo lo que pasa en el Banco de Previsión Social, aunque ya no seamos funcionarios. No me vanaglorio de ello sino que es la realidad. Conozco todo este organismo y cuando los jefes y los gerentes me ven, me preguntan qué estoy haciendo y les digo que estoy en busca de un expediente, me dicen: "Andá a buscarlo; está en aquel cajón". Quiere decir que me permiten sacarlo de los cajones, algo que yo no hago por delicadeza. Además, si quiero, puedo hacer el trámite yo mismo, porque saben que conozco cuál es el procedimiento.

Nahabetián nunca tuvo un sumario; nunca fue señalado con el dedo. En los últimos quince años trabajé en el Directorio del Banco de Previsión Social. Como ven, estoy en una situación un poco particular.

Como decía anteriormente, no soy ningún resentido. Cuando el actual señor Presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, tomó posesión de su cargo el 1º de marzo de 2000, en su discurso inaugural expresó que la situación de la seguridad social era precaria. Antes de considerarme un ciudadano partidario soy un ciudadano, soy un oriental. Acá trabajó mi padre, mi madre, mi hermana, quienes murieron y descansan todos en el Cementerio del Norte. Soy hijo de inmigrantes; mi padre era armenio; fue desterrado por los turcos y vino al Uruguay. Mi madre era italiana. En este país mis padres formaron su hogar; se casaron legalmente, tuvieron tres hijos; mi hermana falleció, pero yo estoy vivo y, además, tengo un hermano en Canadá. Este es el gran drama que tiene la seguridad social: el demográfico. Al 31 de diciembre de 2004 había en el extranjero seiscientos mil uruguayos. Y el año pasado, primer año de este Gobierno del Frente Amplio, se fueron treinta y dos mil uruguayos más. No se ha detenido la corriente migratoria. ¿Y no se ha detenido por razones de carácter político? No. ¿Es porque esa gente está en contra del Frente Amplio? No. Es gente que acá no puede desarrollar sus posibilidades humanas y se va. Como se fueron antes del 31 de diciembre de 2004 se siguen yendo ahora; no se ha podido parar esa corriente migratoria. Hay seiscientos cincuenta mil uruguayos en el extranjero. Ese es el drama del país. Más que las papeleras y que los problemas de seguridad nacional internos que tenemos, nos estamos quedando sin gente. Ese es el drama del Uruguay. Cada vez somos menos, y menos gente que aporta a la Seguridad Social.

Entonces, le envié este documento al señor Presidente de la República, después de una conversación que mantuve con su hermano, señor Jorge Vázquez, el día 12 de mayo en el Edificio "Libertad". Al hermano del señor Presidente le pareció fantástica la idea y me dijo que se la mandara por mail; así hice el día 17 de mayo. También voy a dejar copia de este documento a la Comisión.

¿Qué planteaba en este documento? Solucionar el problema de los uruguayos radicados en el exterior y los problemas de la seguridad social dentro del país. Esta es otra idea mía.

En función de la actividad que tuve en el BPS y conociendo lo que conocí, debo decir que las dos últimas leyes de facilidades de pago, las Nros. 17.555 y 17.683 -la segunda complemento de la primera- salieron de esta cabecita. ¿Por qué? Porque cuatro de cada diez personas de las que atendía en el BPS en los años 2001 y 2002 me manifestaban su imposibilidad de pagar los aportes a la Caja; no podían. Entonces le dije a mi Director, al señor Daniel Delgado Sicco, que había que hacer un proyecto de ley de facilidades de pago. Como no le gustó mucho la idea, entonces, le mandé un fax al doctor Luis Alberto Lacalle, ex Presidente del Directorio de mi partido -en aquel momento era Presidente del Directorio de mi partido-, quien lo miró y me dijo: "Esto tiene que ser estudiado". Después de que el doctor Lacalle intervino, afortunadamente, se estudió en el Directorio, se envió al Poder Ejecutivo, al Ministro Atchugarry le pareció magnífica la idea y se consagró en ley. Se arribó a 18.400 convenios en pleno año 2002 y se recaudaron US$ 40:000.000. Esa fue iniciativa propia de quien les está dirigiendo la palabra en este momento. O sea que tengo experiencia en estas cosas.

Lo que proponía al señor Presidente de la República el 17 de mayo era buscar la forma de otorgar una pasividad a los uruguayos radicados en el extranjero. ¿Por qué? Porque el artículo 1º de la Ley Nº 16.713 del 3 de setiembre de 1995 -en cuya elaboración tuve oportunidad de participar con la señora Ministra de Trabajo y Seguridad Social del momento, la doctora Ana Lía Piñeyrúa, establece...

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Nahabetián ha incursionado en un área que, naturalmente, es sensible a esta Comisión, pero es un tema diferente al que motivó esta reunión.

(Diálogos)

En función del escaso tiempo que tenemos, pediría que se remitiera exclusivamente al tema motivo de la reunión.

SEÑOR NAHABETIAN.- Como ustedes quieran.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quisiera hacer una aclaración y a través de ella creo interpretar el sentir de todos los miembros de la Comisión.

Tenemos el espíritu -sólo el espíritu; después voy a aclarar por qué digo esto- de la más amplia participación democrática de todas aquellas opciones que ante un hecho importante para el país, -como va a ser la elección del 26 de marzo próximo-, quieran presentarse ante la ciudadanía para que esta se pronuncie frente a tales o cuales opciones. Es decir que no les debe caber ninguna duda acerca de esa situación que describía. Al mismo tiempo, quiero decir que esta Comisión no tiene injerencia directa sobre dos organismos, una institución y una organización social, que están objetivamente involucrados en el tema, aparte del involucramiento de ustedes. De esos dos organismos hay uno de carácter institucional, que es la Corte Electoral, y el otro, es una organización social, la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Salto. Nosotros, como Comisión, no podemos intervenir en absoluto ante ninguno de los dos. En el primer caso, porque los fallos de la Corte Electoral son -como ustedes saben- inapelables y solo en circunstancias muy excepcionales pueden ser recurridos; no vamos a entrar en ese terreno ahora porque no corresponde al caso que ustedes plantean. En el segundo caso, porque por razones fácilmente entendibles no tenemos -ni queremos tener- ninguna injerencia sobre las Asociaciones de Jubilados y Pensionistas instaladas en todo el país, tengan o no personería jurídica. En este caso sí la tienen, pero es un detalle; simplemente, habilita a otras circunstancias. Reitero que en ninguno de los casos esta Comisión o alguno de sus miembros tiene injerencia como tal en el tema; otra cosa es la libertad que cada legislador tiene después para actuar según entienda conveniente.

Quería señalar esto para que quedara claro cuál es la situación de la Comisión. Quizás, podríamos habérselos advertido antes para plantear esta entrevista de otra manera o resolver el tema más rápidamente pero, de común acuerdo, preferimos recorrer el camino de recibirlos formalmente.

Por otra parte, ustedes nos acercan una documentación en la que dejan constancias a través de escribano público...

SEÑOR NAHABETIAN.- Quisiera aclarar que la escribana es funcionaria pública y también de la Asociación de Jubilados de Salto.

SEÑOR PRESIDENTE.- No quiero ingresar en ese terreno; ya lo dije.

Formalmente, en esta nota del 8 de febrero de 2006, se mencionan las personas que se habían presentado.

(Diálogos)

En la nota de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Salto dirigida a la Corte Electoral se consigna que se le había dado autorización inicial. Acá no habla de las circunstancias que el señor Nahabetián menciona.

SEÑOR NAHABETIAN.- ¿De cuáles?

SEÑOR PRESIDENTE.- De las presiones.

(Diálogos)

No tenía por qué decirlo; yo me estoy remitiendo a lo que dice la nota. Allí sí dice que le retiran el aval que antes le habían otorgado y, ante esto, la Corte Electoral se pronuncia. Hay una resolución formal de la Corte Electoral que creo que deben tenerla.

Creo que en la resolución de la Corte Electoral no consta, pero tengo entendido que fue adoptada por unanimidad. Eso fue lo que me transmitieron informalmente.

Lo que la Comisión podría solicitar a la Corte Electoral sería que remitiese la nota por la cual, en la sesión equis del Directorio, quitan la autorización que antes habían otorgado a la Lista 4 para presentarse en la elección del 26 de marzo.

Estos son los elementos que tenemos y, como decía al principio, no podemos ingresar en ninguna otra área que no sea esa porque, de hacerlo, estaríamos contraviniendo determinadas normas que nos vemos obligados a respetar.

Esa es, sucintamente, la situación planteada. Como ven, en este tema nuestro espacio es muy escaso. Como Comisión podemos recabar alguna información complementaria; después que la delegación se retire, lo definiremos.

SEÑOR NAHABETIAN.- Nosotros queríamos participar en la elección y no podemos.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Comparto las reflexiones del señor Presidente desde el punto de vista del ámbito de actuación de esta Comisión y del escaso margen de que disponemos con relación al tema planteado.

Por supuesto que mi aspiración sería que el señor Nahabetian pudiera ser candidato, pues entiendo que una mayor diversidad desde el punto de vista de la oferta electoral para esta elección -como en cualquier otra- es algo deseable para quienes tenemos vocación democrática. Lamentablemente, tenemos que asumir una realidad que, de acuerdo con las últimas expresiones del señor Nahabetian, los propios interesados ya han asumido. Me refiero a que estamos frente a un hecho aparentemente irreversible a esta altura de las circunstancias, no solo por el acotamiento desde el punto de vista jurídico o institucional o por las pocas o nulas instancias que puedan quedar de aquí en adelante, sino también por la perentoriedad de los tiempos, pues estamos a diez días de las elecciones.

Por lo tanto, creo que entre nosotros no debemos hacer trampas al solitario; no está en el ánimo de la Comisión, y seguramente tampoco en el de los visitantes pretender hacer lo imposible. De todas formas, no está de más haber tenido esta instancia. Sin perjuicio de que debemos respetar y respetaremos la autonomía de la Corte Electoral -que es un órgano jurisdiccional que administra justicia electoral en esta elección y en el resto de los episodios electorales que tiene a su cargo-, considero que deberíamos remitir la versión taquigráfica de esta reunión, que es pública, y que más allá de la reserva inicial no está llamada a conservarse en secreto ni cosa similar. Lamentablemente, mucho más que eso no podemos hacer.

Entiendo que la Corte Electoral administra los Reglamentos de acuerdo con lo que los reglamentos prevén y establecen. En este caso -por circunstancias que no son del caso ni es el ámbito adecuado para desentrañar-, uno de los requisitos exigidos formalmente no se ha verificado o se verificó inicialmente y después se revocó, independientemente de las circunstancias y las presiones que hayan mediado entre un episodio y otro.

Este es un tema que ni siquiera a la Corte Electoral -no me quiero poner en su lugar- le incumbe o importa, pues lo que tiene que hacer es la verificación de los requisitos electorales que su propia reglamentación y la ley establecen.

Por lo tanto, con absoluta honestidad -porque en esto no tenemos que ser complacientes de más ni alentar expectativas donde no es posible hacerlo- digo que hay que asumir la rotundidad de los hechos, y en tal caso, en el ámbito de la colaboración, coordinación o buen relacionamiento que entre todos los organismos debemos tener, más allá de las competencias, entiendo que hay que dar noticias a la Corte Electoral sobre este intercambio de ideas, sin perjuicio de considerar que la vida ni la seguridad social, por suerte, se terminan el 26 de marzo. En todo caso, a partir de ahí comenzará una nueva etapa, y tanto ustedes como nosotros -estemos en el lugar que estemos-, seguiremos trabajando por mejorar la condición de los compatriotas en un tema que nos resulta sensible; por algo ustedes y nosotros estamos en los lugares que estamos.

SEÑOR NAHABETIAN.- Quiero finalizar comentando la nota fechada el 17 de mayo que envié al señor Presidente de la República; esto motivó que el hermano del señor Presidente la pasara a la Comisión Asesora Jurídica que tiene la Presidencia. Esa Comisión estimó que esta iniciativa -que no pude desarrollar ante los señores Diputados por falta de tiempo, pero dejo una copia del "e-mail" que envié- fuera aprobada y luego enviada al Presidente de la República, quien la vio con muy buenos ojos. Posteriormente pasó al Banco de Previsión de Social, donde durmió un tiempo prudencial, y en atención a manifestaciones del señor Presidente de la República en la localidad de Zapicán, envié un "mail" al señor Presidente Vázquez.

Como consecuencia de esta última nota que envié al Presidente de la República el 9 de noviembre de 2005, el señor Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social me contesta que por mandato del señor Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, remite respuesta del Ministerio sobre la nota enviada el 9 de noviembre. Sin embargo, no contesta la nota que envié el 17 de mayo, que es prácticamente el proyecto de ley; en esa ocasión explicaba a la Presidencia de la República que los uruguayos radicados en el exterior están autorizados, por varios artículos de la Ley Nº 16.713, a realizar aportaciones, comenzando por el artículo 1º que establece que el sistema previsional que se crea por la presente ley se basa en el principio de la universalidad. Esto significa que nuestros compatriotas son uruguayos acá y fuera del país, realizando actividades lícitas remuneradas.

Además, a través del artículo 48 la propia ley autoriza el aporte voluntario de los trabajadores a la seguridad social, en el país o fuera de él. Existe el argumento -no menos lógico- de que los uruguayos que trabajan en todas las embajadas y representaciones diplomáticas acreditadas en el país reciben sus sueldos de esos países y aportan a la seguridad social de nuestro país, al amparo de la ley de actividades lícitas remuneradas. Esto sería considerar a todos los uruguayos que están trabajando en el extranjero como si estuvieran trabajando en las embajadas acreditadas en Uruguay.

Acá se recaudan US$ 800:000.000 por año, que los uruguayos radicados en el extranjero están dispuestos a dar; yo soy hijo de inmigrantes y sé qué pasa por la cabeza de los inmigrantes que están en el extranjero. Hay 70.000 uruguayos en Estados Unidos que envían US$ 105:000.000 todos los años a sus familiares; los residentes uruguayos en Sydney enviaron US$ 6:000.000 en medicamentos y mobiliario al Hospital Pereira Rossell; los uruguayos que están en España -entre ellos mi sobrina, casada con el hijo de un Diputado comunista- están deseando venir; mi hermano, que está en Canadá, también desea venir al país.

Dejo una copia de esa nota, y espero que los señores Diputados la estudien.

Muchas gracias por la atención que nos brindaron.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de los señores Nahabetian y Viera.

(Se retira de Sala la delegación de pasivos de la Asociación de Jubilados de Salto)

(Ingresa a Sala una delegación de la Cámara de Industrias del Uruguay)

La Comisión tiene el gusto de recibir al Secretario del Consejo Directivo, señor Walter Rodríguez, al Prosecretario, señor Nelson Penino y a los señores Luis Panasco y Pelayo Scremini.

Ustedes ya nos habían adelantado su preocupación a través de una nota. Por otra parte, debo aclarar que la Comisión está considerando actualmente el proyecto de ley. Quiero decirlo ahora formalmente aunque algunos de nuestros invitados ya lo saben. La iniciativa se encuentra en el orden del día de la Comisión, y ya cuenta con media sanción legislativa.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Agradecemos mucho la atención que han tenido de recibirnos tan rápidamente por este tema, que consideramos importante.

No estamos aquí pidiendo ventajas ni facilidades innecesarias.

Debemos destacar que la Cámara de Industrias está integrada por una masa social, de la cual un 84% son pequeñas y medianas empresas, hecho que mucha gente ignora. Se trata de pequeñas y medianas empresas con la medida de Uruguay, aunque frente al mundo todas nuestras empresas son pequeñas.

En el contacto con nuestros asociados, industriales y empresas, hemos detectado una gran preocupación sobre todo en empresas que han sufrido, quizás tanto o más que otras, la crisis de 2002. Inclusive, algunas empresas ya venían sufriendo la crisis de 1999 por la devaluación del real en Brasil, lo que nos cerró ese mercado por casi un año, perdiéndose la competitividad lograda. Esas empresas hoy están recuperándose, cumpliendo con sus deudas y tratando de desarrollar una actividad competitiva.

El hecho de no disponer de los certificados del BPS no permite importar ni hacerlo en admisión temporaria. Es decir, las empresas no pueden abastecerse directamente de insumos de importación. Esta sería una herramienta fundamental para que nuestro país pudiera llegar con su producción al exterior. Por tanto, los costos de esas empresas se ven agravados porque deben importar y operar a través de terceros, que por supuesto no gozan de la admisión temporaria. A su vez, no pueden acceder al crédito bancario para la prefinanciación de exportaciones. En consecuencia, quienes de una manera u otra han podido sobrepasar la situación crítica de 2002, están en una situación de recuperación pero delicada; no tienen margen para trabajar con ciertos costos superiores a los de otras empresas por la incidencia de estas circunstancias que acabo de mencionar.

Para muchas empresas medianas o de cierta importancia, US$ 10.000 o US$ 20.000 más por mes es algo importante, pero cada uno está en su dimensión. También puede haber una pequeña empresa que se esté desarrollando, con sus dificultades, y para la que, de repente, $ 5.000 tenga el mismo efecto que para otro el enfrentarse con un pago para cumplir deudas atrasadas de otra envergadura; todo está en relación con la empresa.

La Cámara de Industrias -como lo intenta el Gobierno, y esperamos que se cumpla- está abocada a generar puestos de trabajo, a aumentar la masa laboral. Para ello presentamos muchas propuestas a los gobiernos. Creemos que facilitar de una forma no exagerada el pago de las deudas al BPS, primero que nada, mantiene en la legalidad y en la formalidad a las empresas, porque si desaparecen, sabemos que se va atomizando y se va nutriendo la actividad informal e ilegal del país. Ya nos hemos reunido con la gente para evaluar la situación. Hemos encontrado que con igualar las condiciones de pago de las deudas patronales o de las deudas por el personal en setenta y dos cuotas, se solucionaba la problemática de la mayoría de las empresas que estaban en situaciones delicadas. Lo más importante es que esas empresas tienen posibilidades de seguir trabajando con éxito; no se trata sólo de sacarse de encima la deuda del BPS, sino de mantener las fuentes laborales que crearon.

SEÑOR PENINO.- Debo decir que participé en el grupo que discutió este proyecto de ley; tuve el honor de ser invitado por el Directorio del BPS. Estamos convencidos de que es un muy buen proyecto de ley. ¿Por qué lo digo? Porque es una iniciativa que está de acuerdo con los objetivos explicitados en la exposición de motivos. Estamos convencidos, reitero, de que es un buen proyecto. Sin embargo, con el paso de los días recibimos inquietudes de algunas empresas que nos manifestaron que haciendo los cálculos con la aplicación de este proyecto de ley, si bien mejoraba muchísimo su situación, para poder cumplir, en algunos casos, no iban a poder acogerse a esta normativa, porque no iban a llegar. Sucede que en algunos pueblos del interior, donde no hay otra alternativa de puestos de trabajo, se hace imprescindible mantener los que ya existen, aunque sean precarios, porque la empresa no podría continuar si no lograra entrar en esta refinanciación.

Nosotros no planteamos aumentar la cantidad de cuotas en forma general, para que todos se sumen en esa ampliación, sino que proponemos flexibilizar las condiciones. Nuestro planteo es que el Directorio del Banco de Previsión Social, con el voto de cinco de sus miembros -es decir, mayoría especial- y ante situaciones excepcionales y debidamente acreditadas por las empresas, pueda extender el plazo. Por lo tanto, no proponemos abrir una puerta para que todos paguen en más cantidad de cuotas sino que queremos que exista la posibilidad de que el Directorio, luego de estudiar situaciones debidamente comprobadas, tenga la posibilidad de negociar una ampliación. Creo que es importante destacar esto.

Con respecto a este tipo de empresas queremos decir que hemos encontrado zonas del país en las que si no se mantienen los puestos de trabajo que ellas generan, se crearía una dificultad económica enorme no solo para la empresa y para sus trabajadores sino también para todo el entorno, es decir, para los comercios y para todas las posibilidades de desarrollo económico de la región.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Como se dijo, esta propuesta consiste en un pequeño cambio a una muy buena ley, que permite mantener en actividad legal a muchas empresas.

Hemos consultado a los principales integrantes de las distintas agrupaciones y partidos políticos y a distintos Senadores -quienes tendrían que analizar lo que estamos proponiendo- y podemos decir que no hemos tenido opiniones en contrario. No quiero comprometer la opinión de los señores legisladores, pero reitero que no hemos recibido objeciones. Creo que valdría la pena -como supongo va a hacer la Comisión- consultar a las autoridades del BPS; en este momento, uno de sus Directores es un representante de la Cámara de Industrias

Si los señores Legisladores no encuentran ningún inconveniente, nosotros creemos que esto sería de gran ayuda para que mucha gente pudiera seguir adelante.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión va a estudiar esta iniciativa en el marco del análisis del proyecto que cuenta con media sanción del Senado. No podemos adelantar otra opinión más que el compromiso de estudiarla.

Quisiera hacer alguna pregunta para tener más elementos de juicio. Ustedes se refirieron a que han mantenido diversos contactos. ¿Esos contactos también los realizaron antes de que el proyecto fuera aprobado por el Senado?

SEÑOR RODRÍGUEZ.- No.

SEÑOR PENINO.- No; los mantuvimos antes.

Participé en la redacción de la iniciativa y, en aquel momento dentro de ese grupo de trabajo había distintas opiniones. En esa oportunidad opiné que veinticuatro cuotas eran pocas. Discutimos si tenían que ser treinta y seis o cuarenta y ocho. Al final, se fijó veinticuatro cuotas porque la mayoría de ese grupo estuvo de acuerdo en esa cantidad.

De cualquier manera, este proyecto me pareció un muy buen logro. Recién cuando trascendió el proyecto aprobado por el Senado, muchas empresas tomaron conocimiento de la situación y nos trasmitieron sus inquietudes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Además, mencionaron que tuvieron contactos de carácter político e institucional. A propósito, se refirieron a que hablaron con distintos grupos; por supuesto, no les vamos a preguntar con quiénes hablaron ni qué les dijeron. Sí quisiéramos saber -porque nos parece importante- si tuvieron contacto directo con la institución desde la cual surgió esta iniciativa que, según tenemos entendido, fue el Directorio del Banco de Previsión Social y qué ambiente advirtieron.

SEÑOR PENINO.- Estuve presente en esa oportunidad. En el Directorio del Banco de Previsión Social tuvimos contacto con su Presidente, señor Ernesto Murro. Fue una reunión larga. Al principio actuó fríamente, pero después de conversar llegamos a la conclusión de que él no se opondría a esta solución. Cuando empezamos a hablar propusimos extender hasta una determinada cantidad de cuotas, que no tenían nada que ver con estas setenta y dos. También se habló de algún sistema por el cual las empresas tuvieran que pagar, además de la cuota normal actual, un porcentaje para cubrir lo anterior. No estuvo de acuerdo con esto

En concreto, la opinión fue que esta podría ser una propuesta razonable.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Cuando el señor Penino hacía mención al porcentaje sobre la cuota, quería decir que la intención es que se pusiera como tope, por ejemplo, una cuota que no superara el 50% del aporte mensual. Esta proposición fue desechada

Más adelante hablamos de que el Directorio del BPS, según su libre albedrío, otorgara más facilidades, que no solo fueran 24 cuotas sino una cantidad mayor. Esta proposición tampoco nos convenció porque vimos que era demasiado liberal y dejar algo abierto de manera tan indefinida nos comprometía a todos. Parecería que igualar la cantidad de cuotas para uno y otro tipo de aportes, es aceptable, siempre y cuando exista una resolución y un estudio por parte del Directorio del BPS, además de la aprobación de no menos de cinco miembros, como lo establecen otros artículos de la ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Con motivo de este tema nos hemos contactado periódicamente con el Directorio del Banco de Previsión Social -hay actas de las que ustedes pueden disponer- y se conversó al respecto.

Tengo entendido que cuando recibimos al Directorio del Banco de Previsión Social el proyecto de ley no había sido aprobado por el Senado. En dicha ocasión tuvimos algunos adelantos bastantes concretos sobre los contenidos de lo que en definitiva luego se había transformado en un proyecto de ley que había sido enviado por el Poder Ejecutivo.

El motivo de la visita del día de hoy de todos ustedes es porque la Comisión quiere tener una opinión actualizada acerca de cuál es el espíritu del Directorio.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Simplemente quiero adelantar cuál es nuestro talante con relación a este asunto.

Mi partido, el Partido Nacional, que no integra el gobierno sino la oposición política, desde el comienzo de este proceso ha acompañado con calor esta iniciativa, que resultó aprobada por unanimidad en el Senado. Por tanto, consideramos que es un buen proyecto de ley que efectivamente implica un conjunto de instrumentos hábiles para lograr los propósitos de inclusión y de regularización de las contribuciones a la seguridad social. Todo lo que redunde o contribuya a mejorar el proyecto o el instrumento que tenemos entre manos, lo consideramos bienvenido.

Entendemos que en lo que hace a los plazos, a los tiempos y a la forma de refinanciación, esta mejora apunta a la médula del proyecto de ley. En ese sentido y con el mismo ánimo, estamos dispuestos a acompañar esta propuesta que no es novedosa para nosotros, porque en los contactos previos hemos hablado con distintos integrantes de la Cámara de Industrias y con muchas empresas -vamos a decirlo claro; no cometo una infidencia por ello- que se nos apersonaron planteándonos las cosas en términos de que para muchos esta modificación puede significar la oportunidad o no de acogerse a los beneficios y a estos instrumentos. No se trata simplemente de un capricho ni de la búsqueda de una mayor comodidad en el pago de las obligaciones sino de la posibilidad o no de poder acogerse a los beneficios.

Sin perjuicio de ello, advierto una primera tensión en todo este aspecto, que quiero trasladar a ustedes a efectos de ver cómo nos podemos parar frente a este planteamiento. Por un lado, hemos recibido esta inquietud pero, por otro, muchas empresas -ya lo mencioné en la sesión anterior de esta Comisión- e interesados están ansiosos de que esta iniciativa se convierta en ley prontamente. Se aducen razones de vencimientos, de plazos, y se hablaba de los certificados del BPS para poder operar. Para muchos hay una suerte de parálisis en todo esto porque existe expectativa en el sentido de que esta ley se ponga en marcha y se comience a implementar. Quiere decir que por un lado nos solicitan esta modificación pero, por otro, la mayor prontitud para que este proyecto se convierta en ley.

Si esta propuesta llegara a tener acogida, evidentemente -como todos sabrán-, el proyecto tendría que volver al Senado y más allá de la voluntad política, eso se traduce en días, semanas o hasta en un mes para la entrada en vigencia de la ley.

Hago este planteamiento a nuestros invitados de una manera amistosa, para que nos ayuden a situarnos desde el punto de vista de esas expectativas que aparentemente son contradictorias y que pueden no serlo en la medida en que uno las sepa administrar de una forma más razonable y equilibrada. Sin ninguna duda -como decía el señor Presidente y la delegación de la Cámara de Industrias lo reconocía- la opinión en esta materia del Directorio del Banco de Previsión Social -más allá de que formalmente la iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo, pero es un proyecto de ley del Banco de Previsión Social- será indispensable.

En esta nueva etapa, a partir de cuando el proyecto de ley fue remitido con media sanción del Senado, no hemos hablado formalmente con el Directorio del BPS. Abogaremos por esta contemplación en la medida en que eso no conspire con los tiempos que supongo que tanto ustedes como las empresas están esperando que sean.

SEÑOR PANASCO.- Soy uno de los encargados del relacionamiento entre la Cámara de Industrias y el Parlamento.

Considero que elaborar una ley insume mucho tiempo y desde el punto de vista práctico debe funcionar lo mejor posible. Con ese espíritu concurrimos a esta sesión. Todos sabemos que cuando se está elaborando una ley, sus destinatarios no tienen conocimiento de ella hasta que se comenta de una manera más profunda cuál es su contenido. Luego, cuando se aplica la ley y la persona se encuentra con su texto, se presentan las dificultades. Por este motivo es que me pregunto por qué no concurrimos en la instancia de su consideración en el Senado y lo hacemos ahora que ya cuenta con media sanción.

Si tanto el Directorio del BPS como el Poder Ejecutivo presentaron esta iniciativa, por algo fue. Quiere decir que hubo motivos que llevaron a que el BPS la enviara.

Quienes estamos en el día a día y vivimos los cambios de escenario, sabemos de las repercusiones que estas cosas tienen de manera inmediata y luego sabemos que para que un asunto sea considerado, lamentablemente, pasan muchos meses y a veces hasta años mientras se considera, se reconsidera y, por último, se toma en cuenta la situación. Mientras tanto, pasan una cantidad de cosas que, lamentablemente, hacen que quienes están intentando llevar adelante las empresas no puedan hacerlo. Cuando las empresas no funcionan, sí se nos da todo, pero la cuestión es que mientras tanto no se dan las soluciones que los cambios de escenario requieren.

¿Qué quiero decir con esto? Que entendemos muy razonable la propuesta que estamos haciendo porque no solicitamos que quede instrumentada en forma automática sino que apuntamos a que los organismos del Estado como el BPS tengan más potestades, por ejemplo, para negociar con los usuarios, como creo que de alguna manera está sucediendo con la DGI.

En la medida en que el Directorio del BPS tenga este instrumento, lo va a utilizar, si quiere, si lo considera pertinente.

Digo esto porque creo que es importante saber hacia dónde va dirigido esto. Lo que estamos diciendo es que hay que propiciar un mecanismo para que el propio Directorio del BPS, con la carpeta del contribuyente, diga sí o no y eso, por supuesto, es inapelable.

El señor Penino lo dijo muy claramente: la reunión que tuvo no fue fácil y, finalmente, el BPS no puede propiciarlo, pero sí nosotros, como usuarios y contribuyentes, si lo entendemos pertinente. Digo esto como forma de plantear un análisis profundo

De cualquier forma, nosotros también nos estamos acogiendo a una decisión que deberá tener la mayoría dentro del BPS.

Quienes integran el BPS -lo digo con toda sinceridad- pertenecen a distintos sectores -los contribuyentes, los jubilados, etcétera- y es lógico que cada uno tenga su posición en función de lo que entienda pertinente. Lo que nadie puede negar es que si no hay quien contribuya, no va a haber para repartir. Eso es algo que tiene que estar muy claro y debería ser el sentido común. Por más que yo quiera obtener algo de algún lado, si no hay, no hay. Eso es lo que nos anima a decir que entendemos la posición que existe, aunque no la compartimos -el señor Penino lo dijo con toda sinceridad en ese grupo de trabajo- porque, según el caso y con la información de que disponen, los distintos actores lamentablemente no tomaron en consideración los factores reales de la vida.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quisiera hacer un comentario con relación a una cuestión absolutamente objetiva que plantea el señor Diputado Pablo Abdala, sobre todo al final de su intervención. Y aunque el señor Diputado fue muy explícito, creo que es importante resaltar esto para que se lleven una idea de cuál es la situación en la que nos encontramos. Aclaro que eso no nos condiciona de ninguna manera en la posición que adoptemos pero, al mismo tiempo, es una situación objetiva porque el problema de las urgencias viene de varios lados. ¿Soy claro?

SEÑOR PANASCO.- Perfectamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Además, también hay que tener en cuenta que esta Comisión de Seguridad Social, así como otras, cuando tratan un proyecto, sea por iniciativa del Poder Ejecutivo, como es éste, o por iniciativa parlamentaria, tienen que actuar como un Cuerpo y analizar las cosas profundamente. Y si entienden pertinente introducir alguna modificación, ya sea un punto o una coma a tal o cual proyecto, lo hacen. Eso es lo que justifica el funcionamiento bicameral; si no fuera así no tendría sentido. Y soy consciente de que acabo de decir algo que es de Perogrullo.

Quería recalcar esto, apoyando lo que decía el señor Diputado Pablo Abdala, porque me parecía muy importante que lo supieran oficialmente, a pesar de que presumo que ustedes ya lo sabían.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Y para que también se enteren quienes no están acá.

SEÑOR PÉREZ.- Compartimos la preocupación. En la medida en que tenemos un concepto de desarrollo de país productivo, en eso nos va la vida a todos. Para hablar de un despegue de país productivo necesitamos asegurar el piso, y el piso lo representan ustedes.

No me es ajena la situación social, inclusive desgraciada de muchos pequeños empresarios hoy fundidos que no pueden acceder a la jubilación por el problema de las deudas. Por lo tanto, comparto totalmente el tema de las urgencias. Estamos ante un problema de riesgo de algunas empresas, pero también ante un profundo problema social de pequeñas empresas, fundamentalmente en el interior, cuyos empresarios -a medida que han ido quebrando- quedaron en una situación desgraciada. Esos empresarios perdieron sus ingresos por ese emprendimiento pequeño y es imposible que se puedan jubilar porque son deudores del BPS.

Por lo tanto, conjuntamente con el equipo, nos vamos a sumar a la idea de hacer nuestra tarea con la mayor celeridad posible, visualizando las inquietudes que han expresado las otras partes. Pero también debemos decir que con dolor hemos comprobado que algunos empresarios poco responsables han echado mano al bolsillo del trabajador, reteniendo aportes que debieron haber sido volcados al BPS. Entonces, en los planos de las intransigencias o no intransigencias eso, en un acto de justicia, también pesa a la hora de la reflexión.

SEÑOR PENINO.- Con respecto a las inquietudes que planteaba el señor Diputado Pablo Abdala, debo decir que son las mismas que las nuestras.

Quería agregar que cuando el Directorio del Banco de Previsión Social estableció los objetivos de este proyecto de ley, el grupo trabajó en su redacción y ahora, que es tratado en este Parlamento, todos pensamos en que será una ley definitiva para solucionar un montón de problemas. Me refiero a los problemas de recaudación del Estado, de los trabajadores, a quienes no les vertieron los aportes y de muchas de las empresas para continuar funcionando. Reitero que todo lo hacemos pensando en que sea una solución definitiva. Lo que no queremos es que se sancione una ley y que dentro de seis meses surja el problema de que hay que pensar en una nueva ley porque quedaron algunos casos que no estaban comprendidos. Entonces, nuestra propuesta es dar la herramienta al Directorio del Banco de Previsión Social para que, si en el futuro apareciera algún caso que no estuviera comprendido en esta ley, este tenga la flexibilidad suficiente como para poder contemplarlo.

Pensando en que esta ley sea definitiva, habría que poner un poquito en la balanza si amerita demorar su sanción una, dos o tres semanas; no sé cómo son los trámites legislativos.

Con respecto al tema de los trabajadores, quisiéramos que se hubieran volcado todos los aportes al BPS. Nosotros representamos a empresas que cumplen estrictamente con eso. Creemos que la mayoría cumple, pero quisiéramos que todas lo hubieran hecho y que no estuviéramos en esta situación. Sabemos que hay trabajadores cuyos aportes no fueron vertidos al BPS, pero si la empresa no tiene salida, ese trabajador no va a recibir los aportes. Entonces, con este proyecto de ley, tenemos que buscar la solución para que el trabajador, en mayor o menor tiempo, reciba esos aportes que le fueron descontados. Creo que el proyecto de ley prevé que el aporte se vuelque a la cuenta del trabajador y aunque sea en un plazo más largo tenga la misma rentabilidad que hubiera tenido si el aporte se hubiera hecho en su momento.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Muchas veces algunas personas ignoran que cuando una empresa se atrasa con el BPS inmediatamente se le aplican multas y recargos. Pero si el mes anterior no pudo pagar, por ejemplo, $ 100, es difícil que al mes siguiente pueda pagar $ 150 más los $ 100 del mes anterior, porque las multas y los recargos establecidos en el BPS están de acuerdo con un nivel de inflación superior al 150%.

Por lo tanto, los señores Diputados imaginarán que con 20% de multas, 20% de recargo y 5% de interés mensual se acumula una cifra tal que, si no se pudo pagar la anterior deuda, menos se podrá saldar la generada. Además, hay otro problema, pues el Banco de Previsión de Social no acepta pagos a cuenta si no se cancela la deuda con multas y recargos.

Esto ha creado una bolsa de deudores que, aun teniendo dinero para pagar, no lo pueden depositar en el Banco de Previsión de Social. Esta fue una de las primeras cosas que en marzo de 2005 conversamos con el señor Presidente del Directorio del Banco de Previsión de Social, pues entendíamos y entendemos que habría que facilitar una cuenta corriente para que los deudores puedan ir depositando dinero, para luego ver qué tratamiento de multas y recargos se aplica.

Hay que tener en cuenta que los aportes al Banco de Previsión de Social no los calculamos los empresarios sino los funcionarios, y en tal sentido quiero comentar que una empresa, por la liquidación de dos o tres horas extra de $ 50 o $ 100, como consecuencia de una inspección realizada, cinco años después debió pagar $ 300.000. Hay que ver cómo se transforman los números dentro del Banco de Previsión de Social, más allá de que hay empresas que por ese y otros conceptos tienen cuentas que les llegan a US$ 60:000.000, y no venden esa cifra ni en diez años. Entonces, ¡nunca van a poder pagar! Es por eso que entendemos que este proyecto de ley es muy bueno, porque abre las puertas a la continuidad de las empresas y a la legalidad de la actividad empresarial y de los empleados, que es lo más importante.

Durante toda nuestra vida luchamos y propusimos a los Gobiernos combatir la informalidad, la ilegalidad y la competencia desleal y todo esto, cuando no se soluciona, abre un espectro de informalidad e ilegalidad.

Por otro lado, para tranquilidad del señor Presidente y del señor Diputado Pablo Abdala, nosotros previmos que esto volvería al Senado, y en tal sentido hablamos con los coordinadores de las distintas bancadas, pero a algunos no les entregamos esta nota porque queríamos que la Comisión y el Presidente del Banco de Previsión de Social fueran los primeros que tomaran conocimiento de este texto. De todas formas, quiero decir que mantuvimos contactos verbales y que la mayoría dio su consentimiento en el sentido de que si la Cámara de Representantes aprobaba esta iniciativa ellos tomarían una actitud positiva para darle trámite inmediatamente, debido a la urgencia e importancia del tema.

Por supuesto que no puedo comprometer la palabra de las personas con quienes hablamos, pero puedo decir que no encontramos dificultades pues, de ser así, hubiésemos tratado de allanarlas.

SEÑOR PANASCO.- Tal como el señor Walter Rodríguez dejó en claro, nosotros sabíamos de la media sanción y de cuál es el funcionamiento de las Cámaras del Parlamento. Es por esa razón que nosotros intentamos adelantar algo debido a la urgencia del proyecto, sobre todo si tenemos en cuenta que la crisis fue en el año 2002 y que ahora estamos en el 2006. Por eso el tema de los plazos.

Por lo tanto, quería clarificar que este texto lo enviamos a distintas Comisiones; no fue a todo el mundo, sino a determinados lugares. Estamos todos de acuerdo con que esto es de suma urgencia, por no decir que ya tendría que estar hecho desde hace tiempo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Es correcto lo que afirma el señor Panasco y también es cierto que en ocasiones vale la pena insistir una y otra vez en la información porque, por ejemplo, se puede estar de acuerdo con determinada iniciativa, pero no se sabe qué consecuencias pueda tener cuando pasa el tiempo.

Sería saludable -por lo que han expresado compruebo que ustedes lo están haciendo- informar a la gente, sin que signifique ningún adelanto respecto a lo que pueda suceder en el futuro con relación a este proyecto. Es bueno que se sepa que juegan los dos elementos porque, por ejemplo, luego puede aparecer una persona sorprendida porque estaba de acuerdo con una cosa, pero no fue informada de otra y esté urgida por tal o cual situación.

Por lo tanto, creo que ayuda todo lo que redunde en mayor información.

La Comisión de Seguridad Social agradece la presencia de los integrantes de la Cámara de Industrias del Uruguay, reiterando que queda comprometida en el estudio de esta iniciativa en el marco del estudio general del proyecto que ha sido aprobado en el Senado.

(Se retira de Sala la delegación de la Cámara de Industrias del Uruguay)

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.