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COMISIÓN ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN CARCELARIA
(Reunión del día 3 de junio de 2021)
SEÑORA SECRETARIA.- Está abierto el acto.
(Es la hora 17 y 6)
——De acuerdo con el artículo 107 del Reglamento de la Asamblea General, corresponde designar presidente y vicepresidente de la Comisión para el presente período legislativo.
SEÑOR LEGISLADOR NIFFOURI (Amin).- Revisando los antecedentes de la Comisión, vimos que en el período pasado se elegían las autoridades año a año, pero se mantenía la Presidencia y la Vicepresidencia distribuida entre los mismos partidos. Por eso, vamos a proponer como presidente de la Comisión para este período al señor senador Daniel Camy.
SEÑORA LEGISLADORA ETCHEVERRY LIMA (Lucía).- Quería plantear algo que nosotros veníamos conversando, y es que nos parece adecuado mantener lo que se venía haciendo, en consenso, de acuerdo con los antecedentes. En la medida en que no hay otro acuerdo ‑por lo menos no nos lo han comunicado, y creo que es lo que se estila, es decir, establecer un diálogo entre los distintos partidos a los efectos de decidir esto‑, vamos a acompañar la propuesta y planteamos la posibilidad ‑como el año pasado‑ de participar de la Vicepresidencia e integrar la Mesa de trabajo.
SEÑORA SECRETARIA.- Se va a votar.
(Se vota)
——Ocho en nueve: AFIRMATIVA. Convocamos al senador Daniel Camy a ocupar la Presidencia.
(Ocupa la Presidencia el señor legislador Carlos Daniel Camy Antognazza)
SEÑOR PRESIDENTE (Carlos Daniel Camy Antognazza).- Habiendo número, está abierta la reunión.
Dese cuenta de los asuntos entrados.
SISTEMA PENITENCIARIO.- Versión taquigráfica de la sesión de la Cámara de Senadores de fecha 12 de mayo de 2020, con palabras pronunciadas por la señora Senadora Graciela Barrera.
——Muchas gracias a los señores y las señoras integrantes de la Comisión, particularmente por la renovación de la confianza.
Corresponde, en función de lo establecido en el orden del día, elegir vicepresidente o vicepresidenta de la Comisión.
Se deja el espacio abierto a propuestas y sugerencias de nombres.
SEÑORA LEGISLADORA ETCHEVERRY LIMA (Lucía).- Señor presidente: la verdad es que si es posible ‑lamento si rompo el protocolo‑ solicitamos aplazar el tema, porque nosotros querríamos tener la oportunidad de conversarlo con el resto de los legisladores del Frente Amplio, a los efectos de ver si damos continuidad al trabajo con nuestro compañero, el diputado Mesa, o ‑eventualmente‑ algún otro diputado integrante del Frente Amplio pasará a ocupar la Vicepresidencia. Es más que nada por una distribución de tiempos, y sobre todo a fin de responder con responsabilidad.
SEÑOR PRESIDENTE.- Muy bien. Queda pendiente para la próxima reunión, como primer punto del orden del día, la designación de vicepresidente. Esperamos la sugerencia de un nombre de parte de la bancada de legisladores del Frente Amplio en este ámbito de trabajo.
También corresponde establecer el régimen de trabajo. Recordamos que durante el período que cerró estuvimos trabajando el último jueves del mes, a la hora 17. Si no hay otra sugerencia, ponemos a consideración la propuesta de ese día y ese horario.
Se va a votar.
(Se vota)
——Nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
SEÑORA LEGISLADORA ETCHEVERRY LIMA (Lucía).- Simplemente, quiero recordar que el año pasado habíamos planteado cuatro ejes de trabajo, y se aprobaron sobre la base de dar una continuidad mayor al trabajo de la Comisión en términos del proceso de abordaje de los temas. Si bien acordamos mantener esta reunión mensual en formato bicameral, quizás podríamos abordar los temas en una dinámica quincenal o de acuerdo con las disponibilidades existentes, sin comprometer a los colegas que viajan desde el interior y teniendo en cuenta los apoyos administrativos de la oficina del comisionado. Lo digo a los efectos de mantener ese ritmo de trabajo.
SEÑOR PRESIDENTE.- Es correcto. Así fue planteado el pasado período. Fue complejo, como en todas las comisiones, por la pandemia, que afectó el régimen de trabajo. Se sumó también en Cámara de Senadores la comisión especial de seguimiento de la pandemia, que comprometió, en algunos casos, más horario de trabajo y más días de quienes integramos este Cuerpo. De todos modos, me parece que tenemos que iniciar este período comprometidos con ese régimen quincenal. Tal vez podamos aprovechar hoy mismo la comparecencia del comisionado parlamentario para dejar ese aspecto solucionado en la práctica.
Si me permiten, antes de recibir al comisionado parlamentario, que es lo que corresponde según el orden del día, quiero dar un informe muy breve, que en verdad lo hago con un sentimiento encontrado, porque nunca pensé que esto que tengo dispuesto desde el 12 de mayo pasado iba a suceder con la ausencia física del exministro, exsenador, amigo de todas las horas, doctor Jorge Larrañaga. El 12 de mayo me invitó, en tanto presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria, a acompañarlo al ex-Comcar a inaugurar el primer centro de preegreso de personas privadas de libertad, una experiencia realmente muy interesante, que pude constatar. Se trata de una edificación de 850 metros cuadrados, en cuya construcción participaron setenta personas privadas de libertad y se utilizaron aproximadamente dieciocho mil bloques, puertas, ventanas y camas que se fabricaron en ese mismo centro carcelario. Por ejemplo, las camas fueron construidas por cinco mujeres privadas de libertad. Ese ámbito tiene una dependencia del Mides y también de la Secretaría Nacional del Deporte; concurrió el titular del Mides, doctor Martín Lema, y el doctor Larrañaga me pidió expresamente que informara ese tema en este ámbito. Estaba muy contento, muy orgulloso y muy convencido de que como complemento a la acción que en el Ministerio del Interior se viene llevando adelante en lo que tiene que ver con el ejercicio de las obligaciones policiales esta contracara era tan importante, o más, en el propósito final.
Resumidamente lo trasmito, y voy a procurar que las filmaciones de esa jornada y algún documento escrito más preciso en cuanto a lo que esa inversión implicó puedan llegar al despacho de cada uno de los legisladores integrantes de la Comisión.
Muchas gracias.
SEÑORA LEGISLADORA BARRERA MALRECHAUFFE (Graciela Haydée).- Me congratula mucho esto del preegreso, porque la verdad es que hay que trabajar, y mucho, en ese tema. Creo que este es un primer paso dentro de una cadena muy larga de acciones. Considero que todos tenemos que estar comprometidos en trabajar no solo en el preegreso, sino desde el primer día en que una persona entra a un establecimiento carcelario. Quiero dejar sentado que me parece perfecto, pero también tenemos que preocuparnos desde el primer día.
Muchas gracias.
SEÑOR LEGISLADOR NIFFOURI (Amin).- Quizás podamos aprovechar la oportunidad de esta inauguración para coordinar una visita al Comcar y hacer no solo la visita a la cárcel en sí, sino también al centro. Creo que sería una linda oportunidad y ya podríamos aprovechar para hacer con la Comisión una visita in situ al Comcar.
SEÑOR PRESIDENTE.- Está a consideración del Cuerpo la iniciativa planteada por el legislador Niffouri.
Se va a votar.
(Se vota)
——Nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
Se encomienda a la Secretaría realizar las vinculaciones correspondientes con el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación a los efectos de establecer una fecha de visita, sugiero después del día 18, preferentemente. ¿Querrían proponer algún día en especial, considerando que hay legisladores del interior?
(Diálogos)
SEÑORA LEGISLADORA BARRERA MALRECHAUFFE (Graciela Haydée).- El año pasado me habían hecho llegar una invitación ‑que trasladé a la Comisión‑ de la empresa ISG, que trabaja en el Polo Industrial del Comcar. Ya que vamos, propongo aprovechar y hacer todas las visitas juntas.
(Apoyados)
SEÑOR PRESIDENTE.- Podríamos visitar también el Polo Industrial, que fue donde se realizaron las ventanas y las puertas que mencioné cuando di el informe de la construcción del centro de preegreso.
Si están de acuerdo, haríamos la visita al complejo carcelario, al centro de preegreso y al Polo Industrial.
SEÑOR LEGISLADOR SODANO (Martín).- Aprovechando este tiempo quiero hacer una consulta en base a la experiencia de muchos legisladores ‑mejor dicho: de la mayoría, porque creo que el más inexperiente y nuevo acá soy yo‑, sobre las propuestas de planes piloto en cuanto al tema de las acciones o los ejercicios dentro del sistema penitenciario. Por ejemplo, pienso presentar a esta Comisión una propuesta para generar un plan piloto sobre la rehabilitación de adicciones dentro del sistema penitenciario, que es uno de los tendones de Aquiles , una de las debilidades que tenemos. Entonces, quiero hacer una propuesta sobre un plan piloto, del que primero voy a hablar también con las autoridades competentes de la Cartera. En ese sentido, tengo una entrevista la semana que viene con el nuevo ministro del Interior, Heber; no tuve la suerte de llegar a presentársela a don Jorge Larrañaga.
Estuve investigando un poco en las redes, Google y demás, y supe que se han presentado dos planes piloto ‑o algo así‑ en el Parlamento, pero no tengo mucha información, y en base a la experiencia que veo acá en la sala, querría saber si me podrían ayudar a quitarme la duda.
Muchas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor legislador.
Si no hay más consideraciones, esperamos con tolerancia, un poco más, al señor comisionado parlamentario para el sistema carcelario.
(Se suspende la toma de la versión taquigráfica)
(Ingresa a sala el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, doctor Juan Miguel Petit)
——Damos la bienvenida al Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, doctor Juan Miguel Petit. Le agradecemos su comparecencia a la Comisión.
Antes de cederle el uso de la palabra, quiero informarle que la Comisión ha decidido trabajar desde el inicio con el propósito que definió en el anterior período: un régimen de reuniones quincenales en las subcomisiones para abordar los cuatro ejes temáticos que también se acordaron. Por tanto, expresamente, nos gustaría quedar en contacto con usted en las próximas horas; queremos que esto conste formalmente en la versión taquigráfica como un compromiso para concretar en breve plazo.
SEÑOR PETIT (Juan Miguel).- Voy a tratar de ser bien concreto. Tengo mucha información para darles luego de estos meses, e intentaré resumirla. Algunos materiales van a quedar para la consideración de ustedes.
Primero, quiero decirles que la oficina ha estado trabajando intensamente en todo este período. Pese a la pandemia, desde que se declaró el 13 de marzo del año pasado, en ningún momento ‑esto es motivo de beneplácito para nosotros‑, cerró sus puertas. Salvo las primeras dos semanas de la pandemia y dos semanas y media en el mes de abril, la Oficina trabajó permanentemente y tuvo abiertas sus puertas al público aquí, en el Palacio. Por supuesto, también trabajó durante el verano. Ningún día la Oficina estuvo cerrada, salvo esos pequeños períodos de pocos días que señalé. Cuando la situación sanitaria estaba más complicada, atendimos a la gente al aire libre: a veces en las escalinatas de atrás del Anexo; a veces en las placitas del frente del edificio. Ahora, la Comisión Administrativa nos ha dado un salón más grande, por lo que tenemos más facilidades. O sea que la atención al público estuvo asegurada.
Por otra parte, aumentamos la cantidad de teléfonos. Hoy, tenemos una red con ocho teléfonos celulares. Hicimos tarjetas con los números y las repartimos en todo el sistema.
Lo importante a destacar es que no cesamos la visita a las unidades. Por supuesto, no se pueden hacer las recorridas o las auditorías que hacíamos antes, en el sentido de ir celda por celda, golpeando y entrando a cada una de ellas. Ese fue un método que desarrollamos en la oficina, muy profundo, de análisis y de trabajo. De todos modos, hacemos recorridas y, a veces, entramos a los lugares más críticos.
Es decir que seguimos trabajando en la oficina y en el terreno.
También continuamos relacionándonos con todas las contrapartes, como siempre. Lo hicimos en la anterior Administración, con todos los jerarcas de ministerios varios: Educación ‑en particular con el Codicén‑, Mides, Interior, Trabajo, etcétera. También lo hemos hecho con esta Administración. Y cuando hay cambios de autoridades, como pasó en el Mides, también las visitamos. Durante 2021, hicimos un total de treinta y seis recomendaciones a nuestras contrapartes ‑no voy a entrar en detalle porque sería muy largo ahondar en ellas; después se las puedo pasar‑ y, además, veinte pedidos de información. Esta información está toda detallada: número, fecha, oficio y contenido de cada una.
Al mes de diciembre del año pasado, se habían hecho treinta y un pedidos de información y noventa y nueve notas de recomendación.
Con respecto a la oficina, debo decir que ayer tuve una reunión con la presidenta de la Asamblea General. Le planteé el tema que venimos hablando: la necesidad de seguir institucionalizando la oficina.
Actualmente, tenemos diez funcionarios en comisión. Nosotros creemos que la oficina tiene que formalizarse e institucionalizarse con cargos propios del Parlamento. En eso venimos trabajando. En la Comisión Administrativa se han hecho consultas con todas las bancadas. Esperamos que nuestras aspiraciones puedan plasmarse. Ya hay cinco cargos, que fueron creados en la anterior ley de presupuesto. Esperamos que, progresivamente ‑atendiendo, como es lógico, las restricciones económicas del caso‑, podamos contar con una plantilla propia y que se pueda llamar a concurso para esos cargos, según la normativa que corresponda.
Hay otros puntos importantes que comenté ayer con la presidenta de la Asamblea General, que refieren a cuestiones que tienen que ver con esta Comisión.
Le planteé que existe un vacío legal cuando nosotros presentamos denuncias a la Fiscalía. Muchas veces, nosotros presentamos denuncia a la Fiscalía cuando encontramos un hecho con apariencia delictiva ocurrido dentro del sistema carcelario: un abuso de funcionarios; una muerte cuya causa es confusa; una muerte o un herido grave a manos de otro interno o de funcionarios policiales. Se han hecho varias denuncias de este tipo a lo largo de toda la vida de la oficina y yo he realizado otras tantas durante el período en el que he estado a cargo. Creemos que existe un vacío legal con respecto a las facultades que tiene la oficina para seguir el avance de esas investigaciones. Muchas veces, las investigaciones requieren un impulso procesal de la persona interesada. Cuando lo hacemos en nombre, por ejemplo, de una familia cuyo hijo fue muerto ‑tenemos el caso de un interno que perdió una vista y fue lastimado en el cuerpo; el caso de otro interno que quedó parapléjico y tenemos algunos casos de muertes‑, la posibilidad de acceder a la carpeta de la investigación depende de cada oficina fiscal.
Hay una competencia confluyente de la Fiscalía y el Comisionado Parlamentario. Tuvimos una reunión con la Fiscalía General, en particular, con el nuevo fiscal adjunto, el doctor Juan Gómez. Analizamos este punto; él lo había hablado con el fiscal Díaz. Nos señaló que a él le parecía que eso debía ser arreglado por ley. Por eso, nosotros hemos elaborado un artículo. Les voy a hacer llegar a ustedes, con copia a la presidenta de la Asamblea General, la propuesta legislativa y la exposición de motivos, que es compartida con la Fiscalía. Básicamente, consiste en que el Comisionado Parlamentario, en aquellos casos que refieren a su mandato ‑o sea: delitos ocurridos dentro del sistema carcelario, dentro del sistema de ejecución penal; no cualquier delito‑ pueda participar y ser informado del avance del expediente que incumbe a una persona privada de libertad. Eso nos permitiría hacer lo que ya hemos hecho muchas veces y que ha tenido importantes consecuencias como, por ejemplo, en el caso de un interno que fue muerto por un disparo de la guardia cuando estaba de espaldas y arrodillado. El acceso a la carpeta fiscal nos permitió sacar una cantidad de informaciones y trasmitirla al Parlamento y al Poder Ejecutivo en su momento. Si no hubiéramos tenido acceso a eso, no hubieran podido realizarse esas actuaciones. A su vez, aportamos una cantidad de información a la Fiscalía, que ha redundado en ese proceso que todavía no ha terminado, ya más de dos años y medio después. Esto demuestra la importancia de que haya una oficina como la nuestra, especializada en esto, siguiendo los casos.
Así que sobre ese punto hemos conversado con la Fiscalía. Yo les voy a hacer llegar ese material a los efectos de que ustedes lo estudien y se busquen los mecanismos para que sea presentado al cuerpo legislativo para su aprobación. En la Fiscalía me expresaron su voluntad de testimoniar o remitir su beneplácito con ese tipo de solución.
Ayer también presenté a la presidenta de la Asamblea General un extenso documento relativo al plan estratégico de la oficina para el período 2021-2025.
Nuestra oficina nació para canalizar todos los casos que llegaban y desbordaban al Parlamento. La ley que la constituyó le dio el mandato de ser una agencia de promoción de los derechos humanos.
Nosotros hemos trabajado para tratar de institucionalizar la oficina y fortalecerla técnicamente. Tenemos acuerdos de trabajo con la Universidad de Cambridge, con la Procuración Penitenciaria de Argentina, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con la Facultad de Ciencias Sociales y con la Facultad de Medicina. Con ambas facultades hemos llegado a acuerdos firmados por la Comisión Administrativa. Por ejemplo, hemos acordado que la investigación de muertes en custodia se haga con apoyo de los médicos de la cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina. Con la Facultad de Ciencias Sociales acordamos trabajar con ese invento de nuestra oficina que es el protocolo de indicadores básicos de cumplimiento de los derechos humanos dentro de la cárcel. O sea que hemos trabajado mucho en organizar la oficina, y elaboramos un plan estratégico, pese a que es una oficina chica, precisamente para decir cuáles son nuestras líneas en los próximos cuatro años de trabajo, sea cual sea su titular. Dios mediante estaré yo, pero estamos todos sometidos a la voluntad del Creador, de la naturaleza, de la biología, de la suerte, de la alquimia o de lo que sea. Nos parece importante pasar de atender la emergencia a tener líneas de trabajo consistentes. De allí surge este plan, que tiene una primera parte que refiere al análisis de situación, los objetivos estratégicos, los valores en juego, los ejes, los principios de la oficina y los objetivos estratégicos. Van a ver diversos elementos. Yo sugeriría que este documento quede a consideración de la Comisión y que lo analicemos en la próxima reunión, porque creo que es bueno que lo analicen con tiempo y vean los ejes, que básicamente apuntan a trabajar con actores fundamentales, como por ejemplo la Justicia, e impulsar algunos temas que creemos que son fundamentales: tratamiento de adicciones; justicia terapéutica; atención en salud mental; madres con hijos; mujeres privadas de libertad y un gran tema fundamental ‑al terminar esta presentación me voy a referir a un caso concreto‑, que es el desarrollo de un sistema de medidas alternativas.
Esto lo engancho con los datos que voy a aportar, que también los tienen en el material. Hoy, en el sistema carcelario tenemos 13.645 internos. En la gráfica se muestra que en el año 1999 había 4.117 presos. Cuando se crea la oficina del Comisionado Parlamentario y empieza a operar, había 7.000 presos y hoy vamos rumbo a los 14.000; o sea que se ha duplicado la población. Por eso, hacemos el planteo de que hay que formalizar e institucionalizar la oficina con cargos propios. De todo corazón, creo que quienes inventaron esta oficina, es decir, los legisladores que participaron, que eran de todas las bancadas con representación parlamentaria, realmente crearon una pieza innovadora, y no por el titular actual, sino por el mecanismo y lo que representa creo que es motivo de beneplácito del Parlamento. No es poca cosa que al Parlamento lleguen las personas más pobres, vulnerables y alejadas de las respuestas institucionales de nuestra sociedad en busca de auxilio.
Hay 13.645 personas privadas de libertad. La tasa de prisionización, es decir, la cantidad de presos cada cien mil habitantes ha ido creciendo, y ya estamos en 385, que es muy alta. Es la más alta de América Latina, salvo Brasil; probablemente estemos hoy como estaba Brasil hace diez años. ¿Cuál es la proyección? ¿Cómo sigue esto? No lo sabemos, porque no es una línea de producción industrial, o sea que no sabemos exactamente cuántos presos va a haber, pero podemos hacer un cálculo. Si la tendencia siguiera igual que en los últimos doce meses, es decir, si el ritmo de crecimiento fuera el mismo ‑a mi oficina llegan los partes diarios del INR y veo día a día el aumento de la población; lo pueden ver en rojo en la segunda página‑, en 2024 tendríamos 19.289 presos. Estaremos aumentando prácticamente un Comcar entero en la población penitenciaria. Supongamos que la tendencia se redujera a la mitad, es decir que el ritmo se enlentenciera por algún motivo equis, en 2024 estaríamos en 16.305 presos.
En la tercera hoja está la distribución de las muertes, pero ese no es el tema de hoy.
En la cuarta hoja van a ver la densidad en el área metropolitana y en el interior del país. La densidad es una medición que se hace tomando dos variables, que son la cantidad de personas y la cantidad de plazas, y se da un porcentaje. Cuando hay 100%, es plena ocupación; es decir, cien personas y cien plazas; cuando hay 120% de densidad, quiere decir que hay ciento veinte personas para cien plazas. A partir de ciento veinte las valoraciones internacionales entienden que existe hacinamiento crítico, que implica que colapsan todos los servicios educativos y se aleja totalmente la posibilidad de una convivencia normal en la cárcel. Por ejemplo, en las cárceles de Santiago Vázquez, Canelones y en la femenina de Colón, que son tres lugares, si sumamos los 3.800 presos de Santiago Vázquez, los 1.000 de Canelones y las mujeres, tenemos que cerca de la mitad del sistema tiene un hacinamiento crítico en el área metropolitana. Si vamos al interior vamos a encontrar datos también nada halagüeños: vamos a ver hacinamiento crítico en Salto, Artigas, Colonia, Soriano, Cerro Largo, Paysandú, Tacuarembó, etcétera. En algunos casos el hacinamiento se combate porque hay lugares que por ejemplo tienen una convivencia razonable. Por ejemplo, en Pense, departamento de Soriano, uno encuentra ocho o diez personas en una celda, pero la celda se abre de 8 de la mañana a 6 o 7 de la tarde y la gente está en un patio, con lo cual la convivencia es un poco mejor, incluso hay un salón comedor. No obstante, hay lugares en los que la celda no se abre, como por ejemplo en algunos sectores de Maldonado en los que la celda está cerrada y se sale al patio una o dos veces por semana, con suerte. Esto es en algunos sectores; de nuevo digo que la heterogeneidad domina en el sistema. En la misma cárcel de Maldonado tenemos un sector de preegreso para doce internos que hacen su comida y si uno va de tardecita en invierno los encuentra con la estufa a leña, mirando la televisión, conversando y preparándose porque trabajan de mañana muy temprano en el campo, y a pocos metros hay lugares de hacinamiento. A su vez, a pocos metros de esos sectores de hacinamiento hay otros con internos que salen al patio dos veces por semana, que tienen educación, tienen liceo y salen a trabajar. O sea que es una realidad muy distinta. No se puede hablar de las cárceles de Uruguay o decir que todo está mal, ni ahora ni antes, porque no suele ser así; son procesos largos en los cuales se acumula, se gana y se pierde. Después, cada uno podrá hacer su valoración particular de acuerdo con su perspectiva filosófica, política, ideológica, personal o profesional, pero es un sistema heterogéneo que todavía tiene cosas que resultan lacerantes en cuanto a las carencias. Tiene también muchas cosas positivas que se han hecho y otras muy positivas que se están haciendo, y las puedo referir ahora. Les pueden preguntar, como me preguntan a mí: “¿Cuál es el problema? Porque si hay gente que comete delitos, va presa”. Esto es como si a uno un domingo le llegan cinco familiares a comer que no tenía previsto; hay solamente dos alternativas, o se compra comida afuera o cada uno come menos. Acá pasa lo mismo. Con un sistema penitenciario que crece hay dos alternativas, creamos más cárceles o tenemos menos presos, porque si no, el sistema se vuelve absolutamente infinanciable y es imposible que reciba los elementos técnicos y de seguridad; es un fenómeno de derechos humanos y también de seguridad. Con esto se crea un ciclo vicioso: más reincidencia, más delitos, más presos; más reincidencia, más delitos, en un sistema que estalla de distintas maneras. Puede estallar hacia adentro con muertes, motines o silenciosamente con mecanismos de corrupción y supervivencia que no son percibidos, pero lo que sí está claro es que irradia violencia, corrupción y delito a la sociedad, y se pierden muchas vidas.
Creo que estos datos deben iluminar nuestros debates. En Uruguay a toda esa población tenemos que agregarle aproximadamente doce mil personas en medidas alternativas, que son seguidas por veinte técnicos. ¡Veinte técnicos! O sea que el sistema de medidas alternativas no tiene una intervención técnica suficiente, con lo cual los jueces no creen en ella, los fiscales no creen en ella, la opinión pública no cree en ella y los legisladores no creen en ella, no porque los técnicos que trabajan sean malos ‑son muy buenos y muy dedicados‑, sino porque el sistema de medidas alternativas es visto por la opinión pública como mandar para la casa. La gente dice: “Cometió una rapiña y lo mandaron para la casa; cometió un daño y lo mandaron para la casa”. Pero en realidad la medida alternativa es también una ejecución penal. Los sistemas de ejecución penal tienen dos grandes brazos: la prisión y las medidas alternativas. En Suecia el sistema carcelario se llama sistema penitenciario sueco y de medidas alternativas, y los funcionarios pertenecen a los dos mecanismos, que tienen vías de ida y vuelta: quien incumple una medida va a la cárcel y en la cárcel quien tiene buenos puntos va al sistema. Creo que esto es ilustrativo de las necesidades del ahora.
Les cuento que en la oficina, como parte de las actividades, estamos a punto de sacar un folleto ‑no tengo para todos, porque es un boceto‑, que es un librillo para entregar a las familias para los niños que visitan a un familiar en la cárcel. Es un viejo sueño que tenía hace muchos años, incluso antes de estar acá: que el niño que va a visitar a un hermano o a un tío a la cárcel pueda llevarse un recuerdo que no sea totalmente malo. Acá hay algunos mensajes que tienen que ver con que la cárcel es un ámbito más de la sociedad y no un lugar de aislamiento y de exclusión; se circula en la ciudad: se va al estadio, al liceo, a la Intendencia, y la cárcel también está ahí. Tratamos de que fuera lindo y alegre, y de que tuviera espacio para que los niños pudieran escribir, etcétera.
Comento también que venimos realizando reuniones mensuales con los jueces de ejecución y estamos trabajando para hacer un acuerdo con la defensa pública, a efectos de que los internos que tengan dificultad para acceder a su defensor puedan ser rápidamente contactados y derivados por nuestra oficina, y para eso trabajamos en conjunto con la defensa pública.
Los jueces de ejecución son los grandes custodios y garantes del sistema, y son la autoridad en el sistema penitenciario. El Ministerio del Interior administra lo resuelto por el Poder Judicial, que es el verdadero dueño de la situación. Trabajamos mucho con los jueces de ejecución, que con el nuevo Código tienen un rol fundamental que cumplir.
Además, agregué ‑voy a ir redondeando, dejando para el final una situación‑ un informe especial que presentamos en el mes de enero, cuyo análisis también puede quedar para la próxima sesión. Refiere a la situación de las madres con hijos, apuntando a la pertinencia de contar con un sistema de prisión domiciliaria asistida y no de prisión, pero no para todos los casos. Hemos hecho y estamos haciendo de nuevo un estudio caso a caso y es notorio que la amplia mayoría de las mujeres presas con hijos, son mujeres que han incurrido en delitos leves, de narcomenudeo, a veces de depósito de sustancias psicoactivas, microtráfico, etcétera por razones de subsistencia, muchas veces manipuladas, explotadas o extorsionadas ‑son elementos que a veces ni siquiera aparecen en los expedientes por temor‑, y claramente no es la cárcel el mejor lugar para rehabilitarse y reintegrarse, y mucho menos con hijos a su cargo. Eso requiere también voluntades importantes.
Ayer me reuní con el nuevo ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que es un viejo conocido de los legisladores y de esta casa, y también mío. Tuvimos un largo diálogo en el que repasamos todos los temas del sistema, y quedamos en seguir conversando. Le plantee todas estas inquietudes, los problemas y desafíos que tiene el sistema, y básicamente algunas líneas urgentes que tienen que ver con la atención del hacinamiento, la necesidad de contar con más intervenciones técnicas, el desafío de las medidas alternativas y la necesidad imperiosa de que ASSE cubra todas las cárceles, porque cubre solamente el 65% del sistema. Es un cierto contrasentido que sanidad policial cubra el 35% del sistema, porque son recursos que fueron asignados para la atención médica de los policías. No tiene mucho sentido que esos recursos se vuelquen a otra población. Además, sanidad policial no tiene muchos servicios en el interior por lo que la atención está muy desnivelada, sobre todo en lo que tiene que ver con adicciones y salud mental. Es necesario que haya un solo prestador de salud; ASSE ha hecho una muy buena experiencia. Destaco que después de que ingresó en el sistema, a partir del año 2018, se llamó a concurso de cargos y se cambiaron algunas orientaciones que fueron tratando de aprovechar mejor los recursos. Por ejemplo, en unidades chicas, se pasó a la modalidad de médico de familia en vez de tener especialistas, y se buscó ampliar la cobertura. En fin, da para largo, porque hubo novedades importantes. El trabajo con ASSE es muy importante.
También planteé dos artículos que están en la ley de urgente consideración. No voy a entrar en el debate sobre esa normativa; participé de ese debate cuando estuve acá e hice pública mi posición en sendos documentos ante el Senado y la Cámara de Diputados. Destaco dos normas de esa ley. Una establece que el Instituto Nacional de Rehabilitación debe diseñar una estrategia de reforma penitenciaria, y otra, la creación de un Consejo de Política Criminal y Penitenciaria. Si bien en su momento hice algunas observaciones en cuanto a que me parecía que la integración de ese organismo debería ser un poco más amplia e incluir, por ejemplo, a la Universidad de la República, a algunos otros organismos y a actores de la sociedad civil, de todas maneras me parece que una vez que esté funcionando se puede invitar a otros organismos, instituciones y académicos para que participen. Es muy importante que en este tema se aúnen los tres Poderes del Estado trabajando y buscando algunos acuerdos. Estos temas requieren un consenso, una política y una estrategia a largo plazo, y es necesario que trabajen en conjunto los tres Poderes del Estado. Este fue uno de los temas que hablé con el ministro Heber; aprovecho para remarcar que creo que son dos asuntos importantes y es bueno que esta Comisión analice su pertinencia. Voy a terminar con un caso en el que hemos trabajado intensamente estos días a partir de la muerte de un muchacho en el módulo 12 del Comcar, en el área de salud mental. Han salido algunos artículos en la prensa y su familia ha dado algunas notas. Cuando nos enteramos, empezamos a investigar el caso, rastreamos a la familia y la ubicamos. Es un caso sumamente doloroso. La historia está narrada con detalles, y van a ver que habla de una familia muy humilde que vivía en el barrio La Capuera, en Maldonado, en la zona cercana al aeropuerto de Laguna del Sauce. Es una familia muy pobre, que luchó por este muchacho que desde chico tenía grandes problemas de conducta; tenía trastornos de agresividad y sobre todo rompía cosas, a veces jugando y a veces pegándole a los animales. Tenía muy mala relación de convivencia, se golpeaba a sí mismo, golpeaba y agredía a sus compañeros y sus maestras. La familia hizo innumerables consultas en los servicios de salud; fue medicado desde muy chico. Tenía claramente un trastorno de salud mental y un retraso cognitivo importante. Le costaba muchísimo avanzar en el sistema educativo por más que había algunas áreas en las cuales lograba integrarse.
Este muchacho tenía una relación familiar compleja, sus padres estaban separados. En los últimos tiempos, luego de haber cumplido los 18 años, decidió no tomar la medicación. Era muy grande, y la familia no podía obligarlo a tomar la medicación. Vivía al fondo de la casa de la hermana, en una pieza sin luz y sin agua. Caminaba 20 kilómetros de ida y 20 kilómetros de vuelta para ver a su padre, con quien tenía una relación de referente, pero a la vez discutía, tenía problemas. Muchas veces, fue llevado a la comisaría; su familia, con gran dolor lo denunciaba porque ya no sabían qué hacer con él. Sobre todo rompía las cosas, dañaba la casa. Los registros que tenemos de agresiones a personas son muy pocos, salvo eso de las maestras, compañeros, personas del vecindario, de la convivencia más cercana.
Claramente, se trataba de un muchacho muy grande, no podían con él y después de los 18 años vivía, prácticamente, a campo traviesa, se lo veía deambular por la zona.
En algún momento, cuando tiene las crisis con el padre, le dan orden de alejamiento. El padre hace la denuncia a la justicia de familia, se le da una orden de alejamiento, la incumple y se le coloca una tobillera. Él se lleva muy mal con la tobillera, se enoja porque debe ir a cargar la tobillera a una comisaría o a un supermercado; tenía que ir tres veces por día. Imaginen todo eso para un muchacho con un retraso mental importante. Se enojaba; se arrancaba la tobillera. En determinado momento, es formalizado por el delito de haber roto la tobillera, cosa que él negó. Fue un hecho muy confuso; había llovido, estaba viviendo solo en el medio del campo, se había mojado la tobillera y se había desactivado. La defensa sostuvo que él no la había roto, que se había desactivado porque se había metido en el agua con la tobillera. Finalmente, cuando se le rompe la tobillera por segunda vez, va a la comisaría a cargarla, se molesta porque no lo atienden rápidamente, se va, la policía lo va a buscar, insulta a la policía, los agrede, se genera un enfrentamiento y es llevado a la Justicia. En la primera intervención había habido un peritaje que lo daba como imputable. A partir de ese peritaje, en el juzgado fue condenado a 11 meses de prisión. Fue enviado a la cárcel de Maldonado; la cual tiene un gran hacinamiento. No pudimos averiguar con cuánta gente estuvo en la celda, pero nos imaginamos que solo no estuvo. Imaginemos las dificultades de convivencia que tuvo. Fue agredido, lo quemaron. Fue detectado rápidamente en la cárcel. Lo hicieron ver por médico y por psiquiatra. En su caso, pese al triste final, una cosa buena es que no pasó desapercibido por el sistema. He visto casos de internos que pasan desapercibidos, nadie se entera de que pasaron por allí, no reciben atención. Su comportamiento era tan complejo que enseguida lo vieron un médico y un psiquiatra. Llegaron a la conclusión de que no podía estar allí, y lo derivaron al Centro de Diagnóstico de Montevideo, cosa inusual en el sistema carcelario, salvo en casos de amenaza de muerte o de extorsión. Cuando hay denuncias de extorsión tenemos cierto acuerdo con el INR; cuando existe una fuerte denuncia de que alguien está siendo maltratado o amenazado, es retirado al Centro de Diagnóstico y en un ambiente un poco más aséptico es estudiado.
A este muchacho de la Cárcel de Maldonado lo llevaron al Centro de Diagnóstico y estuvo un mes. Algo inusual. Tuvo varias entrevistas con psicólogo, y la propia subdirectora técnica del lugar se reunió con él. Luego, fue derivado al Comcar. Estuvo en el módulo 5 que es donde hay internos crónicos, con medicación crónica. Obviamente, no era un lugar para él; la cárcel no era un lugar para él. Ninguna cárcel era para él. Lógicamente, en ese lugar agrede y lo agreden. Los relatos de los internos hablan de una persona que, por momentos, era muy agresiva, que se comportaba como un niño, que hablaba como un niño, que hacía ruidos como un niño, que decía incoherencias; hablaba de que era agente del FBI. Claramente, no estaba en sus cabales.
Al ver que estaba muy descompensado es llevado al módulo 12, que es un área dentro del Comcar que depende de ASSE, que es atendido por servicios de enfermería y médicos de esa dependencia.
Destaco que no he pedido que todos estos detalles no consten en la versión taquigráfica. Muchas veces, cuando hago presentaciones pido que ciertas cuestiones no figuren en la versión taquigráfica. En el informe he tratado de filtrar todas las cosas que pudieran ser dañinas para el honor, el amor y la integridad de las personas referidas, especialmente de su familia. Pero todos los elementos que aporto es porque nos reunimos con la familia; un equipo nuestro fue a Maldonado, y personalmente voy a ir en las próximas horas a darles una devolución. La familia nos aportó toda la historia educativa y médica de él. Está muy agradecida al Parlamento, por haber tenido un lugar de escucha para poder contar su historia. Básicamente, lo que nos dijeron fue: “Queremos saber de qué murió; queremos que su muerte no haya sido en vano”. De qué murió este muchacho no lo sabemos.
(Se suspende la toma de la versión taquigráfica)
——El cuerpo no tenía signos de violencia física. Es trasladado del módulo 5 cuando lo ven descompensado, porque estaba en el radar del sistema; es decir, no hubo negligencia u omisión del sistema carcelario en atenderlo. Lo que hubo fue una inadecuación de las características intrínsecas de un sistema carcelario para atender a un muchacho con un retardo importante, que le generaba una enorme angustia y una gran violencia.
La familia en todo momento trabajó con él; hicieron muchas consultas durante toda su vida. La madre lo visita el domingo 9 de mayo ‑el día de la madre‑; él estaba descompensado, no la quiere ver, y la observa desde lejos. Al día siguiente se descompensa más aún y es cuando hacen el proceso para llevarlo al módulo 12.
El día antes de morir, rompe unos caños de la celda y lo trasladan a otra celda, donde aparece muerto a la postre muere. Cuando lo trasladan, el muchacho no podía sostenerse solo. Lo llevan agarrado entre dos o tres funcionarios en un colchón. Este hecho es muy llamativo, porque a él nunca le había ocurrido eso. Las causas de la muerte no están claras. La autopsia todavía no tiene una conclusión. Hay pericias de algunos de sus órganos, pero no están terminadas. Puede haber varias hipótesis. Él había bajado mucho de peso en los últimos años. Estamos hablando de 30 o 40 kilos en una persona de 20 años. Pudo tener problemas metabólicos importantes, quizás una diabetes no detectada y agravada en las últimas semanas y descontroladas. Me explicaron algunos médicos que puede haber problemas con el equilibrio térmico del cuerpo con la temperatura exterior. Pudo haber algún elemento circulatorio no detectado, eso no lo sabemos, y no sé si se va a saber. Hay elementos en cuanto a la atención que recibió, que están siendo estudiados por la Fiscalía.
(Se suspende la toma de la versión taquigráfica)
——Quedan enormes interrogantes. Nuestra oficina no tiene facultades fiscales; tampoco tiene facultades divinas para condenar o absolver a alguien. Es una oficina de trabajo que trata, humildemente, de aportar en la perspectiva de derechos humanos, para construir un sistema que sea garantía de vida de todas las personas: los privados de libertad y los que están afuera y se van a relacionar con ellos.
Hay varias conclusiones que nos muestra este caso.
Creo que es un caso emblemático. Lamentablemente, en la prensa, cuando hablamos de personas privadas de libertad, se vuelven emblemáticos los casos de delitos atroces. Es comprensible, lamentablemente, porque el delito nos produce un enorme rechazo. Cuando vemos delitos de sicariato, de violación, de descuartizamiento, de cosas atroces y se conoce el autor de los hechos, queda esa imagen. Son casos emblemáticos que muestran determinada población penitenciaria que, por suerte, es la minoría. En el tema carcelario, los delitos extremos, los delitos atroces ‑ayer lo hablábamos con el ministro del Interior‑ están lejos de ser la mayoría. Hablamos de la posible construcción de una cárcel de seguridad. El país no necesita una cárcel de seguridad para más de cuatrocientas personas. Eso sí, es necesario para descomprimir, para generar mejor nucleamiento de internos.
Este muchacho simboliza muchas de las cosas que hemos venido hablando en estos últimos años. Marcelo era un niño cuando ingresó al sistema, lo pueden ver en la fotografía que está circulando entre ustedes. ¡Era un niño, Marcelo! Su ejemplo nos muestra las dificultades que tiene el sistema de salud mental para casos complejos. Nos muestra las dificultades que tiene el sistema de justicia para detectar esos problemas a tiempo y ver cuándo alguien puede o no darse cuenta de la verdadera consecuencia de sus actos. El informe incluye una referencia a la imputabilidad, tal como está prevista en el Código, y a la necesidad de mirar esa definición y tener presente lo que nos señala la neurociencia en una cantidad de dimensiones actuales. Hay personas que tienen su salud mental afectada, muchas veces parcialmente, y no pueden valorar la consecuencia legal, jurídica y ante la Justicia de sus actos. Hay una cantidad de personas presas que no deben estar en las cárceles, sino en un centro especializado de salud mental. Es un problema del país, no del partido A, B o C. No es un problema de por qué no se hizo antes o si se hizo bien o mal; es un desafío pendiente que tenemos todos.
Es fundamental la atención en salud mental, la atención de las adicciones, la atención a la familia, la conexión con las comunidades, llegar a los lugares donde las familias hacen todo lo que pueden ‑llevarlos a la escuela, a la policlínica‑ y terminan llamando a la Policía. La familia se sentía muy mal. La familia se siente muy responsable, muy culpable, y nos dicen: “Llamamos a la Policía, porque era lo único que podíamos hacer. Marcelo se enojaba, rompía las cosas, se iba corriendo, desaparecía tres días, después volvía, se peleaba con uno y con otro”.
Entonces, más allá de lo que es posible mejorar en la conducta humana, claramente hay que atender el tema de la salud mental en la comunidad, dentro de la cárcel y, sobre todo, la derivación de personas que pasaron por el sistema de justicia a lo que llamamos justicia terapéutica. Esto ya existe en el país porque el Código del Proceso Penal prevé la internación de personas en centros especializados de salud, cuando su situación lo amerita. Son centros que probablemente no existen, y es un desafío para el Ministerio de Salud Pública y para ASSE construir sobre eso. Sabemos que hay una ley de salud mental que está en vías de aplicarse, con una cantidad de desafíos a los que este se agrega.
Agregamos algunas conclusiones a este informe preliminar. Destacamos lo que hizo la familia y que, tanto el sistema penitenciario como el Servicio de Atención Integral de Salud de ASSE reaccionaron, trataron de atender a Marcelo con las herramientas que tenían, pese a que la cárcel es un lugar inadecuado para un trastorno de este tipo.
Nos constituimos en la Fiscalía, como decía al principio, para ser parte de la indagatoria, aportar elementos y seguir toda la investigación final. Termino con algunas recomendaciones finales.
Recomendamos al Ministerio del Interior y al Instituto Nacional de Rehabilitación reforzar la dotación de recursos humanos y materiales existentes para la aplicación de medidas sustitutivas de la prisión, para que aquellos casos que, como este o similar a este, se originen en trastornos de salud mental o que no deben ir a la cárcel puedan ser asistidos y seguidos en la comunidad, con programas de sostén técnico y social en conexión con los servicios de salud de ASSE y los recursos sociales comunitarios de apoyo a la familia. Convocamos a todos los actores del sistema de ejecución penal, entre los que nos incluimos, defensa pública, fiscalía, jueces, jueces de ejecución, Sistema Nacional Integrado de Salud, sistema de salud mental, sistema carcelario y discusión de medidas alternativas a trabajar en conjunto para desarrollar vigorosamente los mecanismos de justicia terapéutica ya existentes en nuestra legislación, para que aquellos que tienen afectada su salud mental, puedan ser asistidos en un centro especializado para ello y no en una cárcel. La causa final de la muerte de Marcelo Ayala todavía está bajo estudio forense y fiscal. Hay muchas hipótesis sobre ella. Parece claro que la patología mental de Marcelo requería otro derrotero. Su familia nos ha dicho que quiere saber por qué murió y que su muerte no haya sido en vano. Su dura y amarga historia y cruel desenlace nos invita a todos los actores del sistema de ejecución penal a trabajar, transformar e innovar para que casos como este puedan tener a tiempo la asistencia especializada que, quizás ‑¡quizás!‑, podrían haber cambiado el tristísimo curso de su vida.
Muchas gracias, señor presidente.
SEÑORA LEGISLADORA (Lucía Etcheverry).- Gracias al comisionado por el informe.
Me gustaría saber, primero, cómo toman conocimiento de esta situación. Yo lo leí en la prensa, donde además se indicaba que una organización no gubernamental se presentó a Fiscalía. Quería corroborar cómo fue y tener claro cuál es el proceso que va a llevar esto. Más allá de que no vuelva a pasar y de que creo que hay otros antecedentes que determinan que va mejorando un poquito con el tiempo, en algún momento tenemos que hacer un clic. En este caso particular, quisiera conocer el rol y qué pasos va a seguir la oficina del comisionado.
Usted decía que no pasó desapercibido por el sistema, y lo remarcó. Más allá de que impacta todo lo narrado y lo que se puede mirar en el informe, la pena de un año u once meses de penitenciaría por la rotura de la tobillera, ¿no es desmedida? Me parece que esto arranca mucho antes, hay otra vulneración de derechos y todo lo que usted mencionaba del sistema, pero a los efectos de ir corrigiendo por partes estas situaciones tan complejas sería bueno tener claras algunas cuestiones. Me refiero, por ejemplo, al rol de la Defensoría y de la Justicia en las definiciones que tomaron en las etapas de todo este proceso.
SEÑOR PETIT (Juan Miguel).- ¿Cómo nos enteramos? El Instituto Nacional de Rehabilitación lo hacía al principio, cuando empezó a funcionar la oficina? Luego dejó de hacerlo por muchos años; yo pedí insistentemente las novedades diarias, pero no me las daban. Las novedades diarias son un reporte que todas las cárceles mandan al INR, donde se informan distintas cosas: si encontraron droga en el sector tal, si hubo un intento de fuga, etcétera. Esas novedades diarias, en los primeros años de la oficina, a partir de 2005 y 2006, se enviaban; son un material muy útil para nosotros. Yo durante mucho tiempo las pedí. A partir de 2015, tuve reuniones con el ministro del Interior y con las autoridades pidiendo esa información. Yo entendía que, además, eran para uso interno; no eran para divulgar y tampoco contenían información de seguridad en el sentido de claves de vulnerabilidad de los locales penitenciarios, por ejemplo. No accedimos a esa información, pero ahora se retomó ese envío, desde más o menos abril del año pasado, y a nosotros nos llegan todos los días las novedades diarias del sistema, que obviamente manejamos con total prudencia, tanta que ustedes habrán visto que nunca sale públicamente de nosotros un dato público sobre eso. Durante estos años en que he estado en la oficina se imaginarán que he fotografiado, filmado y grabado cientos y miles de situaciones chocantes. Sin embargo, casi nunca hago lo que hice hoy, es decir mostrar una foto; creo que nunca había mostrado una foto; mostré alguna vez una foto de alguna situación, pero he tratado de ser muy discreto con eso, o sea que esa información la manejamos con mucho cuidado.
En las novedades diarias no viene cuando muere alguien, pero el director del INR o la subdirección técnica ‑como también ocurría en la Administración anterior, entre 2015 y 2020‑ nos avisa cuando hay una muerte. A veces, nos enteramos por nuestros propios medios, por el director de una cárcel, el jefe de módulo o los propios internos. En este caso, nos enteramos por la dirección del INR. Fuimos al módulo, empezamos a recuperar información, contactamos a la familia y nos presentamos en Fiscalía. Yo creo que nadie más se ha presentado en Fiscalía hasta la fecha. Le dijimos a la familia que también podía presentarse con un abogado particular o con otra organización, pero se presentó con nosotros. Nosotros tenemos competencia para presentarnos autónomamente, pero cuando es un caso así tratamos de escuchar también a la familia, ver qué quiere y que no sienta menoscabada o que hacemos algo que va más allá de lo que quieren. En este caso, claramente la familia quería saber qué había pasado y que alguien la mantuviera al tanto. Además, la familia no señaló otro problema: cuando a este muchacho lo trasladaron de la cárcel de Maldonado al Comcar ellos no se enteraron, con lo cual les llevó varias semanas ubicarlo. Ese es otro problema crónico ‑¡crónico!‑ que tiene el INR ‑hay una recomendación específica sobre eso‑, y es la atención a la familia. Esto no quiere decir que todas las personas que atienden a las familias en las cárceles o aun en el INR lo hagan mal ni muchísimo menos, pero claramente no hay un sistema establecido, una central telefónica para atención a la familia, para dar información sobre si la persona está internada en un hospital, si la trasladaron por motivos de seguridad o porque está enferma, etcétera. La recomendación es que en cada unidad haya un servicio fuerte, y hoy en día tener una central telefónica no es demasiado costoso. Hasta se puede tercerizar; ni siquiera tiene por qué ser atendida por funcionarios. Se debería tener una central telefónica donde la gente pueda llamar y preguntar: "Fulano de Tal, que está internado allí, ¿sigue allí?", y le respondan: "No; mire: fue trasladado a tal lugar". Si por motivos de seguridad no se puede decir, se puede responder: "Bueno, mire: por motivos de seguridad no le podemos decir, pero llame a tal lado que tal día se le va a decir", porque puede pasar que por un motivo de seguridad no se pueda informar a dónde va la persona.
¿Cómo sigue ahora esto? Como en todos los casos hay una investigación fiscal y una investigación administrativa de ASSE. Sé que en ASSE hay un área de atención a los usuarios ‑no recuerdo exactamente el nombre‑, donde está siendo evaluado. ¿Por qué? Porque si bien el territorio donde ocurre el hecho está dentro del Comcar, fue en un sector ‑ese módulo tiene cuatro sectores‑ que es administrado por ASSE. Así que respecto de la parte administrativa hay una investigación de ASSE; inclusive hay cámaras en el lugar que registran los hechos.
Por otra parte está la indagación de la Fiscalía. Nosotros vamos a tratar de seguir de cerca la investigación, para informar a la familia y para juntar más elementos que nos permitan hacer recomendaciones de buenas prácticas ‑por eso catalogamos este informe como preliminar‑ y para aportar a una conclusión.
En esto ‑al final lo expongo‑ trabajaron siete personas, prácticamente toda la oficina. Algunas fueron a la cárcel de Maldonado, y recabaron información allí; otras hablaron con la familia; otras fueron al Comcar, al módulo 12; otras hablaron con los defensores. Hablamos con peritos, con forenses, con médicos. Recopilamos toda la historia. La familia nos dio elementos como su trayectoria educativa, estudios psicológicos, etcétera. Armar todo eso en una semana nos permitió llegar a alguna conclusión que vamos a aportar a la Fiscalía, además de toda esta carpeta que nos dio la familia.
SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor comisionado parlamentario. Damos por culminada la reunión de la Comisión de la jornada de hoy y en las próximas horas nos contactaremos usted y yo, doctor Petit, para coordinar las reuniones quincenales de los grupos de trabajo a lo que nos comprometimos hoy en la Comisión.
SEÑOR PETIT (Juan Miguel).- Con mucho gusto.
SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la reunión.
(Es la hora 18 y 30)