COMISIÓN ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA

SITUACIÓN CARCELARIA

(Sesión celebrada el día 26 de junio de 2020).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 17:36).

                –Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

«Material entregado por el señor comisionado conteniendo una propuesta y documentación informativa sobre la oficina del comisionado parlamentario».

–Fue repartido.

En nombre de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria agradezco especialmente la comparecencia del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, doctor Juan Miguel Petit, a quien le damos la palabra. 

SEÑOR PETIT.- Muchísimas gracias. Sinceramente, para mí es un gusto que me reciban en esta comisión, que es la de referencia para nuestro trabajo dentro del Parlamento. Este ámbito resulta fundamental para nuestra tarea, para el apoyo, para el debate, actúa como caja de resonancia y permite realizar, si es posible, visitas conjuntas, que no siempre es fácil instrumental; es sabido que los legisladores tienen agendas muy complicadas y multitemáticas, a veces con gran demanda en sus distintos departamentos, localidades, etcétera. Por otra parte, este es un tema complejo, muy amplio, que está muy presente actualmente en la opinión pública, y a veces no es fácil agendar visitas, pero también puede ser una vía interesante de trabajo, tal como ha ocurrido en otros momentos de esta comisión. 

                Voy a tratar de centrarme en una presentación de la oficina. Algunos de ustedes la conocen porque durante este período ya han realizado visitas en terreno conmigo, pero creo que para la gran mayoría es nueva. Nosotros siempre decimos que nuestra oficina está al servicio de todas las bancadas, de todos los legisladores. Es una oficina que reúne los llamados «principios de París». Técnicamente, es autónoma e independiente, aunque depende del Parlamento; entonces, es un honor funcionar como organismo asesor del Parlamento pero con independencia técnica. Por lo tanto, debe responder por sus valoraciones y sus opiniones pero, a la vez –repito–, es un organismo asesor del Parlamento.

                Me resulta un buen puntapié inicial, sobre todo para quienes tienen un primer contacto con esta comisión y con esta temática, el afiche que repartimos a todos los legisladores. Allí se hace referencia a una situación real que ya he comentado en alguna otra comisión, un hecho que ocurrió el año anterior en nuestra oficina. Resulta que llegó una persona y nos contó una historia muy dura, de un muchacho cuyo padre había matado a su madre, posteriormente había prendido fuego la casa y con una de las vigas que quedaban se suicidó. La familia de este muchacho, que tiene 17 años, es bastante humilde y pobre; él vivía de changas que hacía en la feria y, de golpe, quedó solo con esa edad. A su vez, tenía un leve retraso cognitivo. Como decía, quedó solo con tres hermanos –el mayor de ellos tenía 20 años– viviendo en lo que era el fondo de esa casa, en una enorme condición de pobreza y pasando muchas dificultades. Este muchacho quedó, obviamente, muy afectado porque había visto la muerte de sus padres y al poco tiempo empezó a consumir drogas y cometió tres rapiñas en el barrio, rapiñas muy rústicas: asaltó con un revolver viejo que consiguió a tres vecinos, inclusive uno de ellos le pidió que le devolviera los documentos, cosa que hizo; o sea, un muchacho de una gran ingenuidad. Fue procesado y condenado, pasó por un par de cárceles en poco tiempo y terminó en el penal de Libertad. Estuvo allí un buen tiempo cuando un día vino su tía por la oficina, nos contó esta historia y a mí me resultó bastante incomprensible que estuviera en el penal de Libertad. Fuimos a verlo varias veces, hicimos gestiones, que llevaron varios meses, pero finalmente el muchacho fue transferido a otro lugar. Estuvo en el penal de Libertad muchos meses sin tener educación, trabajo, estudio ni asistencia psicológica. Se lastimaba, insultaba, estaba muy mal, pero no era una persona peligrosa ni que tuviera una carrera delictiva, sino una persona que tuvo esa desgracia en su vida.

Yo trato de hacer siempre las visitas de saco y corbata, prolijamente vestido, porque me parece que es una señal de respeto a los funcionarios, pero sobre todo a nuestros promovidos, que son las personas privadas de libertad. Entonces, lo que ocurrió fue que este muchacho, que llevaba casi dos años en el Penal de Libertad en una celda, perdido, lejano del mundo, vio a dos personas que llegaban de saco y corbata y le dijeron que venían del Parlamento, de la Oficina del Comisionado Parlamentario. Le dije que era el comisionado y que queríamos que nos contara su historia. La tía me llamó muy emocionada a los dos días y me dijo que la había llamado el sobrino, que no salía de su excitación y que le repetía una y otra vez que habían venido a verlo del Parlamento. Esa situación, para mí, motiva la esencia y la razón de ser de esta oficina.

Creo que es una de las cosas muy buenas que tiene nuestro Parlamento: una oficina que es capaz de llegar a los lugares donde muchas veces están las personas más olvidadas, más abandonadas, con peripecias de vida más dramáticas. Para mí fue todo un símbolo y lo pude ver condensado en la razón de ser de nuestra tarea: llegar a esas situaciones donde muchas veces se perdió todo rastro del Estado, de políticas sociales y demás.

Muy rápidamente, quería contarles cómo es nuestra oficina, cómo funciona. La nuestra es una oficina pequeña, que tiene siete asesores técnicos, un estadístico y dos administrativos que nos provee la Comisión Administrativa. No tenemos cargos propios. El único funcionario de la Oficina del Comisionado Parlamentario es el comisionado parlamentario. Más allá de su autonomía técnica, eso marca una situación que en algún momento el Parlamento tendrá que resolver; ojalá que lo pueda hacer este año. Me refiero a la necesidad de tener un mínimo personal propio, para que esta oficina no dependa de los pases en comisión. Hoy la oficina funciona, básicamente, con pases en comisión y con funcionarios que la Comisión Administrativa nos provee: dos administrativos y un técnico.

De entrada, cuando yo empecé esta tarea en 2015, me planteé que era necesario avanzar en la tecnificación de la oficina. El Parlamento y, entre otros fundadores de esta institución de monitoreo, el diputado Daniel Díaz Maynard, fueron unos visionarios, porque se adelantaron a su tiempo. Cuando en el mundo no existían todavía los mecanismos nacionales de prevención de la tortura, Uruguay ya estaba creando la figura del comisionado parlamentario. Ese fue el primer paso: la creación del dispositivo jurídico «comisionado parlamentario».

Los primeros diez años de la oficina posicionaron la figura del comisionado parlamentario. Todo el mundo sabe lo que hacía el anterior comisionado parlamentario y conoce sus presentaciones, etcétera. Yo me planteé como desafío la creación de la Oficina del Comisionado Parlamentario, una oficina que fuera técnicamente sólida y capaz no solamente de observar una cárcel y decir qué está bien y qué está mal, sino también de justificar fundadamente por qué se decía si algo estaba bien o estaba mal.

Eso nos llevó a hacer acuerdos con instituciones con más trayectoria que nosotros: por ejemplo, la Procuración Penitenciaria del Parlamento argentino, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el inspector de prisiones del Reino Unido, el ombudsman de prisiones de Suecia. Así iniciamos un proceso para tecnificar y darle solidez a la oficina.

Hicimos un trabajo para lograr tener nuestros propios protocolos y nuestra propia guía de intervención para poder responder cuando alguien nos pregunte por qué decimos que una cárcel está bien o está mal. Seguimos trabajando en eso, elaborando indicadores y guías de trabajo para poder valorar, evaluar un lugar. Y lo hicimos a partir de las normas internacionales, de las Reglas Mandela.

Tenemos un protocolo –no lo voy a repartir porque ya es abundante el material que estoy entregando– que toma en cuenta diversas facetas y dimensiones de los derechos humanos: las condiciones edilicias, el hacinamiento, la educación, el trabajo, el rol educativo/pedagógico, el clima de convivencia, la salud, la alimentación, la salud mental, las adicciones, si existen sectores de aislamiento, la situación de las mujeres. Y lo que hacemos en cada uno de esos capítulos es observar e ir marcando en una valoración de si están bien, más o menos, o mal. Hacemos un puntaje y sacamos un promedio. Lo hacemos en cada cárcel y por sector, y cada uno de esos rubros nos permite, por lo tanto, elaborar una valoración lo más objetiva posible de algo que es muy subjetivo, porque una cárcel es un mundo muy complejo.  Hay cárceles que están muy bien pero esconden problemas serios; hay otras que parecen estar muy mal pero dentro de ellas hay módulos o sectores que están mejor que otros. Por eso, la tarea es complicada.

                Elaboramos protocolos de visitas y cuestionarios para distintos temas. Nuestra oficina tiene algunos temas en los cuales nos sentimos, no sé si la palabra es «orgullosos», pero conformes de haber logrado algunas cosas y, en otros casos, de poner en agenda ciertos temas. En el año 2016 logramos poner en agenda el tema de las muertes en prisión, es decir, la cantidad de muertes que había. Y ahí hay una interacción, que es muy importante, con nuestras contrapartes. Es fundamental mantener el respeto a nuestras contrapartes y al rol de cada una. Nosotros tenemos actualmente y hemos tenido una relación de mucho diálogo con la administración parlamentaria, y muchas veces nuestros planteos –con los cuales se puede estar de acuerdo o no– han generado medidas positivas para la administración.

                Por ejemplo, en el caso de las muertes en prisión, empezamos a cuantificarlas, estudiar sus causas y aplicar un protocolo para ver qué había ocurrido: si las personas fallecidas habían participado de procesos de rehabilitación o no, cuál era su trayectoria de vida, si tenían familia, si habían tenido visitas. Eso llevó también a cambios en la manera de registrar esas muertes en prisión en la administración.

                El índice de prisionización –si Uruguay tiene muchos o pocos presos– es un tema que era poco conocido. Hoy en día, más allá de cuáles sean las medidas de política pública para enfrentar ese problema que existan, todo el mundo sabe que Uruguay tiene un índice de prisionización muy alto. Y lo mismo puede decirse con algunos temas que pudimos ir colocando en la agenda pública.

                Eso fue base de esos protocolos de visita, con cuestionarios. Tratamos de que las visitas no sean solamente de observación, sino que haya una observación con cuantificación, es decir, que haya elementos tanto cuantitativos como cualitativos.

                Una de las características de nuestra oficina es tratar de estar muy presentes en el terreno. Ese es también uno de nuestros motivos de satisfacción.

                En el año 2018 nuestra oficina hizo 928 visitas; en el 2019, 798, y en este año, 250. A los pocos días de iniciarse la pandemia del coronavirus, cuando estábamos valorando la situación y generando todos los mecanismos de observación, suspendimos las visitas, pero unos veinte días después las retomamos, con las medidas precautorias y los cuidados necesarios. Estuvimos en contacto con muchos mecanismos de observación y monitoreo del mundo y podemos afirmar que fuimos uno de los pocos que seguimos visitando las cárceles, tratando de cumplir el rol de observadores de la administración para ver si desplegaba o no las medidas de contingencia necesarias y de recibir los planteos de los internos.

                En lo personal, como comisionado, les informo a ustedes, que en definitiva son mis mandantes, que realizo aproximadamente dos o tres visitas por semana. Eso puede variar por distintas circunstancias, compromisos o situaciones, pero tratamos de ir por lo menos dos o tres veces por semana a las cárceles. Y tratamos de recorrer todas las cárceles. No nos quedamos solamente en los locutorios de visitas para tener entrevistas. Recorremos los patios, los celdarios; hablamos con los funcionarios, y a veces vamos celda por celda. Hay lugares donde esto no es fácil, pero periódicamente tratamos de hacerlo. Habría allí una larga lista de historias para contar.

                Procuramos estar en el terreno, es decir, no ser un organismo teórico, sino un organismo que se basa en la práctica, en estar día a día donde ocurren los hechos. Tratamos de ir cuando ocurre una muerte en la prisión; tratamos de estar presentes cuando hay motines; hemos participado de mediaciones; hemos participado de situaciones de tensión en las cuales hemos tratado de coadyuvar a una solución pacífica, hablando con las personas que estaban allí involucradas; hemos estado en episodios de toma de rehenes. Creo que esa es una de las señales positivas que da el Parlamento en este caso. El Parlamento está adentro de las cárceles.

                También es una oficina, como les decía, con capacidad de propuesta. Tratamos, para eso, de ser un espacio abierto a las tendencias penitenciarias y criminológicas del mundo, ya sea mediante acuerdos o invitados. Cada seis meses realizamos lo que llamamos un Espacio de Innovación Penitenciaria, donde invitamos jueces, autoridades nacionales, autoridades de nuestra contraparte, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, el Poder Judicial, académicos, etcétera, para discutir los distintos temas que tienen que ver con la cárcel: educación, trabajo, salud, salud mental, el nuevo código. Allí se discute, se debate y se trata de buscar puntos en común. 

¿Cómo es una visita? ¿Qué es una visita? Computamos una visita cuando un funcionario de nuestra oficina va a la cárcel por lo menos por dos horas. No computamos una visita cuando vamos a un acto protocolar, una inauguración o una actividad formal. La visita implica recorrer, dialogar y hablar con los funcionarios. Nosotros damos pautas a nuestros funcionarios; inclusive, estamos elaborando un decálogo. Somos muy respetuosos de quienes realizan la tarea penitenciaria. Sabemos que muchas veces quienes vienen de afuera son vistos como quienes vienen a hacer denuncias a la opinión pública.

Por un lado, decimos a los funcionarios de custodia, a los funcionarios de guardia, a los funcionarios técnicos –también a nuestras contrapartes–: los derechos humanos son de ustedes porque están acá seis, siete u ocho horas. Nosotros venimos, visitamos, recorremos y volvemos a la oficina. Hacemos una tarea con gran exigencia, que es dura por momentos, pero no estamos todo el día acá, con frío, en medio de la angustia y con el problema que significa estar en contacto con las personas privadas de libertad. Somos muy respetuosos de aquellas instituciones que vamos a visitar. Sabemos lo difícil que es su tarea.

Por otra parte, muchas veces no nos gustan las cosas que vemos, inclusive muchas veces no nos agradan los procedimientos que ocurren. Sin embargo, tratamos de ser asertivos y de decir las cosas sin ofender, sin pensar que porque venimos de afuera, del Parlamento y con la bandera de los derechos humanos somos más que nadie. No somos más que nadie ni tampoco menos que nadie. Todos somos contrapartes y socios tratando de defender la vida y los derechos humanos de todas las personas: los que están privados de libertad, quienes los visitan, los funcionarios y la sociedad toda. Eso es muy importante porque no es así en todos lados. 

Muchas veces quienes visitan una institución desde afuera pueden tener una mirada facilista de los problemas que hay allí y se generan situaciones de tensión con las personas que están ahí. Por supuesto que muchas veces tenemos discusiones, hacemos denuncias, otras veces encontramos cosas que están mal, como los encubrimientos de delitos, y también hemos tenido que denunciar algunas situaciones penalmente. Nosotros formulamos cuatro denuncias penales en 2018, tres en 2019 y una en 2020. Muchas de ellas tienen que ver con abusos policiales y de la custodia. En 2018, sobre todo, se refirieron a abusos que realizó la Guardia Republicana; pero nuestra tarea no termina allí. Nuestra tarea no es solamente la visita y la denuncia, sino que es tratar de construir, de mediar y de catalizar cambios. 

En el caso concreto del año pasado con la Guardia Republicana, en la unidad 1 en particular, cuando vimos que los procedimientos no eran ajustados a derecho, nos reunimos con la Guardia Republicana, con los internos, hicimos asambleas con ellos y terminamos en una reunión a la cual fue el director de la Guardia Republicana con los internos para tratar de canalizar las tensiones y explicar por qué se generaron problemas en esa unidad. Esa es nuestra materia de todos los días. 

Además de las visitas, hacemos tareas de advocacy, de cabildeo o de catalización. También hablamos con las autoridades, no solamente las nacionales, sino también los ministros, fundamentalmente el ministro del Interior que es nuestra contraparte –aquí está presente el exministro Bonomi con quien dialogamos en el período anterior–, pero sobre todo con el Instituto Nacional de Rehabilitación y también con las autoridades de la salud, las autoridades sociales y las intendencias. Muchas veces cuando hacemos visitas en el interior, vamos a las intendencias para hacer planteos de apoyo a las cárceles en lo que tiene que ver con la limpieza, con el transporte, etcétera. 

En 2016 visité a todas las autoridades nacionales que tienen que ver con lo carcelario, como lo hice este año –me falta visitar al ministro de Salud Pública que lo voy a ver el lunes– realizando, modestamente, la tarea de hacer propuestas, dar información y plantear los temas. 

El tema de los privados de libertad no tiene sindicatos, no tiene lobbies, es un tema difícil de entender y en la ley de promoción de derechos humanos se establece llevar los temas a todos los lugares. 

En 2018 presentamos tres habeas corpus y en 2019, dos. El habeas corpus es una revolución en las cárceles. Está incorporado al Código del Proceso Penal por una rareza, una curiosidad legal uruguaya, ya que el habeas corpus no es un juicio penal, sino un juicio constitucional. No es una demanda penal contra la Administración ni contra el titular de la Administración, sino que es un mecanismo correctivo de una situación que no pudo enmendarse a través de los mecanismos habituales.

                Tradicionalmente, el habeas corpus se utilizaba para la prisión indebida y ahora se incorporó el habeas corpus correctivo para aquellas situaciones de prisión legítima –es decir, cuando alguien está legítimamente preso porque está condenado en debida forma–, pero que se encuentra en condiciones de reclusión inadecuadas y se considera que son inhumanas. En esos habeas corpus que presentamos muchas veces se llegó a acuerdos, pero el objetivo es que las situaciones se solucionen. El objetivo no es presentar habeas corpus para generar problemas, discusiones, para salir en la prensa o para agitar a la opinión pública. El habeas corpus es la etapa final de un largo camino en el que se presentan notas, se habla, se conversa, se discute, se plantean alternativas y cuando entendemos que una situación no puede seguir estando o que vulnera derechos fundamentales y hiere nuestra sensibilidad, se recurre a él para que un tercero lo resuelva. No es un ataque a la Administración o al jerarca de turno, sino una manera legal en nuestro país –y constitucional en muchos países– de resolver un problema grave de derechos humanos –o que algunos entienden que son graves– que requiere que un juez resuelva si es así o no.

                Esto fue una novedad muy importante porque es un mecanismo que permite catalizar situaciones que pueden quedar trancadas. El comisionado parlamentario no tiene un mandato obligatorio, no es vinculante. Los informes y las recomendaciones no son vinculantes, lo cual es bastante comprensible porque es un mecanismo de intermediación, un mecanismo ombudsman. Siempre lo dije y se lo he dicho a los distintos jerarcas: la legitimidad de la política la tienen los gobernantes de turno, que fueron electos por la ciudadanía. Nuestra tarea es de recomendación y de propuesta y, en todo caso, tenemos que convencer a los gobernantes de turno de que las propuestas y las recomendaciones que hacemos tienen sentido. Se recurre al habeas corpus en casos extremos, cuando entendemos que se trata de algo muy grave y que es una situación tiene que ser corregida.

                Por otra parte, la oficina ha continuado desarrollándose. Incluso, la oficina de Informática del Parlamento nos ha permitido tener un sistema digital. Una de nuestras tareas es recibir a muchísima gente, como familiares o allegados de personas privadas de libertad que muchas veces no tienen acceso a otros mecanismos. La defensa pública está desbordada, colapsada, con lo cual muchas veces hay una gran dificultad de acceso a los abogados. Estamos trabajando con esta situación, es decir, transfiriendo casos y tratando de trabajar constructivamente en conjunto. En las cárceles es muy común que los internos nos digan que no tienen abogado, que no conocen a su abogado, que no se pueden comunicar con él o que tienen que rever la pena, pero no hay nadie que les haga el trámite, etcétera.

                Un aspecto importante que tuvimos que enfrentar en el desarrollo de la oficina fue cómo calificar las situaciones carcelarias. Voy a hacer un breve comentario del informe del año 2019, que íbamos a presentar al inicio de esta legislatura, pero el coronavirus lo impidió. Me parecía justo entregarlo luego de haber estado presente desde fines del año 2015 hasta que finalizó la pasada legislatura, coincidentemente con la finalización de la anterior Administración. La idea era entregar a quienes habían sido mis contrapartes el informe y el balance del año 2019. El informe estuvo pronto y pude entregarlo formalmente a algunas contrapartes, pero no lo pude hacer formalmente por cuestiones de agenda y por cambio de autoridades en el Parlamento. Lo íbamos a hacer a principios de marzo, se demoró y, dada la situación por el coronavirus, lo entregué a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, que muy amablemente lo recibió y está al tanto de todas las tareas de la oficina. También lo colgamos en la página web, hicimos un comunicado de prensa, lo hicimos llegar a todos los legisladores –aunque aún no estaba formada la comisión– y hoy los señores legisladores lo tienen en las carpetas en versión papel. Creo que a veces es práctico tenerlo. En caso de ser pertinente y que nuestra tarea sea positiva, es material para consultar, subrayar para preguntar después, etcétera.

Sobre el informe de 2019 voy a hacer unos pocos comentarios, porque está para que ustedes lo estudien. Quizás algunos ya lo hayan visto; tuve contacto con algunos legisladores por distintos temas y sé que lo han visto, que están al tanto de las consideraciones que presenté allí.

Ahora pasaré a referirme a otras cosas que, según creo, fueron un aporte de nuestra oficina en este período.

Cuando nosotros hacemos la clasificación –este es un punto muy importante y en breve, o al menos antes de octubre, espero poder presentar un informe doctrinario al respecto–, analizamos cómo calificar las condiciones de reclusión, sobre todo porque no hay una única biblioteca sino muchas. Hemos trabajado intensamente en la búsqueda de indicadores que sean lo más objetivos posible, porque no se trata de que alguien diga «a mí me parece que el lugar está muy mal» y otro diga que le parece que está muy bien, sino de tener elementos como, por ejemplo, un informe con –supongamos– 35 indicadores cualitativos y cuantitativos que marcan determinada cosa; así, por lo menos, se va a tener que demostrar que eso está todo equivocado, que el equipo y quien habla hicimos un relevamiento erróneo o que la situación cambió en el último mes, cosa que a veces puede pasar. Así es como avanzamos en esa manera de observar y de calificar. 

                En el gráfico 9 del informe, que habla del diagnóstico del sistema, puede verse que cuando hacemos la calificación de las condiciones de vida, introducimos un término que nos parece que es el eje, la vara para medir las condiciones de reclusión. Esto nos remonta, por un lado, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que condena los tratos y las penas crueles, inhumanas y degradantes; y por otro, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala que la finalidad de la cárcel es el tratamiento para la readaptación social, la profilaxis del delito –como dice nuestra Constitución; una terminología un poco vieja pero que se entiende–, la reeducación, la rehabilitación y la reinserción social. Cuando este tratamiento no existe, la cárcel pierde sentido y se vuelve inhumana. Y este tratamiento no existe cuando no hay acceso a la educación, a la salud, a la comunicación, a una vida digna, a la tranquilidad, etcétera. Nosotros construimos una serie de indicadores –este protocolo que les mencioné-,  justamente, para identificar cuándo esos valores están afectados o dañados. Nos pareció que eso no tenía otro nombre. Si se quiere, era mucho más políticamente correcto o pacífico decir que las condiciones de reclusión eran malas, inadecuadas o insuficientes. De todos modos, consideramos que en pleno siglo XIX, en Uruguay, un país que tiene una larga historia de desarrollo social y una buena tradición en inversión social, un país considerado de ingresos altos según los estándares internacionales, ciertas carencias no tenían otro nombre más que trato cruel, inhumano o degradante, porque lo que estaba allí no era algo ineludible para el país sino que era una situación que se podía atender de otra manera. Se habla de tratos crueles porque implican un dolor añadido a la privación de libertad, la que ya es dolorosa. Y creo que todos lo hemos visto ahora, con el coronavirus; si es doloroso permanecer encerrados en nuestras casas, con nuestras cosas, con nuestra familia, con nuestras mascotas, con nuestros libros, que hasta nos sentimos mal, nos irritamos, nos ponemos violentos, nos angustiamos, nos deprimimos, imagínense cuánto mayor es el dolor para la persona que está privada de libertad en una celda, de pronto, con dos, tres, cuatro, cinco u ocho personas que no conoce. Ya la prisión es dolorosa y lo es mucho más aún si la comida es mala e inadecuada, si hay violencia, si hay peligro de vida, si hay amenazas, si hay contaminación, si no hay patio o no se puede salir a uno, si no se tiene acceso a una actividad deportiva, si no existe acceso al aire libre, etcétera, y nos pareció que a eso había que llamarlo por su nombre. Obviamente, esto nos valió debates pero, justamente, creo que es el sentido de la tarea que siempre podamos debatirlo. De todos modos, estamos convencidos de que, desde el punto de vista de nuestro trabajo, fue un paso importante decir que hay ciertas condiciones de reclusión que se vuelven crueles, inhumanas y degradantes.

Hay otras condiciones, en otras cárceles –y enseguida voy a dar los números–, que no se pueden calificar tan severamente. Encontramos que, de pronto, no es suficiente el acceso al trabajo pero hay estudios, o hay estudios pero falta capacitación y trabajo y también hay hacinamiento, o no hay hacinamiento pero hay encierro en celda. Una persona que esté con otra, o sola, en su celda y no salga al patio durante semanas, no tiene hacinamiento, pero aun suponiendo que la comida fuera muy buena, hay unos indicadores que le dan muy mal. Entonces, nosotros hacemos un balance de esos indicadores y cuando tenemos una relación mixta o con contradicciones, calificamos esos lugares como con insuficientes condiciones para la integración social.

De nuevo: la dignificación, la humanización, el tener acceso a los derechos es lo que nos permite la integración social. Esta es nuestra mirada, nuestra visión: el antídoto para la violencia es la humanización. No hay una pastilla que cure el trastorno de personalidad, la psicopatía o la transgresión. Lo único que podemos hacer es cambiar las condiciones de vida de la persona, el entorno, el contexto, sabiendo que en contextos favorables de dignificación, en contextos positivos, sanos, limpios y de integración, por lo menos bajan los niveles de violencia y, cuando esos niveles de violencia bajan, la integración social se vuelve más posible.

Y, después, calificamos en una tercera categoría a aquellos lugares que tienen oportunidad de integración social y en los que hay acceso al trabajo, un buen clima de relacionamiento con los funcionarios, una buena comunicación con la familia y la comunidad, etcétera.

Esos fueron los tres grandes ejes con los cuales valoramos el sistema penitenciario.

Vale la pena decir algunas cosas. Según consta en el informe de 2019 –son los datos que tienen allí–, un 26% de la población carcelaria está en condiciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes; un 27% está en buenas condiciones, es decir, en condiciones de oportunidades de integración social y un 47% está en insuficientes condiciones para la integración social. Vale decir que los números han ido marcando una mejora en el sentido de que ha habido un descenso en los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Creemos que en los últimos años fue notorio que hubo un descenso en lo que respecta a las peores condiciones en los lugares de reclusión. No obstante eso, no resulta para nada satisfactorio ese 26% que hemos relevado luego de haber visitado y recorrido,  en algunos casos, celda por celda, lo que en ocasiones ha motivado pedidos de informes especiales, publicaciones e, inclusive, habeas corpus; esto es, todavía, el núcleo duro de la demanda no satisfecha de humanización en el sistema penitenciario. Pero justo es decir que hubo esfuerzos y mejoras en ese rubro. Esto es como la canción de León Gieco, el sistema carcelario «es un monstruo grande y pisa fuerte». Su transformación es muy compleja y difícil, y hay allí una gran materia pendiente.

                Un 47% del sistema se encuentra en condiciones diversas, como les decía, mixturadas. De pronto, ustedes pueden encontrar en una cárcel, en un mismo módulo, un sector que sabe trabajar, que tiene acceso a estudio, que está bastante limpio y, a pocos metros, otro sector donde todas las personas están encerradas y hace semanas o meses que no salen al patio. ¿Y por qué no salen al patio? Ante todo, por suerte –y como resultado de cosas buenas que se hicieron en los últimos años–, en general, en nuestro sistema penitenciario los responsables de las unidades no son personas sádicas, malintencionadas o que solamente quieran castigar. Es cierto que nuestro sistema arrastra todavía carencias muy importantes, pero en muchas ocasiones la no salida al patio obedece a un cúmulo de situaciones: algunas veces, a una mala comprensión de la gestión y, otras, a amenazas cruzadas entre los internos por falta de funcionarios que puedan filtrar y bajar la violencia; es decir, reitero que se trata de un cúmulo de situaciones.

Hay directores o jefes de módulos, comandantes de módulos, jefes de servicio que a veces no manejan y no gestionan la situación, que siguen todavía con los papeles antiguos de la custodia, el control y el encierro y no se han puesto al día en el sentido de que la convivencia, la educación, la comunicación y el desarrollo de las capacidades de las personas es lo que evita la violencia. Ocurre muchas veces que la acumulación de la violencia lleva a que cuando se abre el patio se genere violencia, por lo que se vuelve a cerrar. Es una cadena, un ciclo vicioso que es muy complicado de romper.

                                En fin, muchas veces las condiciones son malas y no porque el director lo quiera; a veces son carencias presupuestales, estructuras mal diseñadas, dado que el país tiene una falta de acumulación científica en la arquitectura, en el diseño, en la gestión, en la investigación de cuáles son las mejores prácticas, en la investigación sobre la rehabilitación y en el área psicológica. En todo el mundo, pero en Uruguay en particular, nos falta acumulación de conocimiento, el saber basado en la información y en la evidencia. Eso genera problemas importantes.

                                Como ya les dije, las condiciones de reclusión sufrieron un terremoto debido al aumento de la población penitenciaria que se triplicó en poco más de 10 años. En la gráfica pueden ver las estadísticas de evolución de la población. La población penitenciaria en Uruguay se triplicó sin que se hayan triplicado los recursos. En la gráfica pueden ver cómo se empieza a producir violentamente el fenómeno, sobre todo a partir del año 2001. Tradicionalmente el país estaba en el entorno de los 4.000 privados de libertad. Esas cifras empiezan a crecer. Repito: estamos hablando de 4.000 privados de libertad en los años 1999 y 2000.

                                El otro día le comentaba al presidente del Codicén: «Imagínese usted si en 10 años se triplica la matrícula estudiantil. Imagínese si a un intendente se le triplica la cantidad de hogares a los que tendría que darle saneamiento». Nuestro país funciona con una tasa demográfica cercana a cero, pero no ocurre lo mismo en el tema penitenciario. Es un área peculiar de la realidad uruguaya, crece demográficamente a un ritmo vertiginoso, por lo menos a nivel de Uruguay. Actualmente crece a una velocidad de 1,1 % mensual. En mayo llegamos a 12.158 personas privadas de libertad. Por lo tanto, podemos estimar que a fines de año estaremos pasando las 13.000 personas privadas de libertad.

                Al día de hoy podemos decir que Uruguay está ubicado cómodamente en el puesto 26, de 123 países, que más presos tiene. Tenemos una tasa de prisionización de 344 personas cada 100.000 habitantes. Tenemos más presos que cualquier país de América del Sur salvo Brasil, que nos gana por un poquito; es probable que lo pasemos pero por ahora nos gana por un poco.

Este es un tema para analizar. Se puede decir: «Si hay personas que delinquen, tienen que ir presas». Es lógico, a nadie se le ocurre decir que quien cometa delitos no puede ir preso porque no hay lugar, pero esto implica un enorme signo de interrogación en cuanto a cómo responde la sociedad a la transgresión.

Creemos que en este gigantesco sistema penitenciario hay una dimensión de políticas sociales que no está resolviendo determinados problemas que pueden solucionarse en otros ámbitos y terminan siendo frenados en la última barrera de contención que es la cárcel. La deserción educativa, la pobreza, la exclusión social y las adicciones generan muchas veces delitos leves como el hurto. En el área metropolitana, cerca del 80 % de las personas que ingresan a la cárcel lo hacen por hurto. Hay una cantidad de situaciones que con otro diseño de políticas sociales más focalizadas y más centradas en determinados lugares y personas, y con la atención en los problemas pendientes que el país tiene en educación, familia, crianza, etcétera, deberían influir para que la cárcel no sea la barrera de contención.

                La cárcel no es una barrera de contención sino una medida de corto plazo. Unas 650 personas salen liberadas todos los meses de allí, con lo cual la cárcel es una «solución» transitoria. No solamente las medidas de política social tienen que ver en esto, sino también las medidas de política criminal. ¿Quién va preso? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué beneficios tiene? Y, sobre todo, ¿qué otras medidas alternativas puede haber a la privación de libertad? Penas y medidas alternativas para delitos leves, la prisión por fin de semana–como existe en muchos países–, la prisión parcial, etcétera, son mecanismos que muchos países ensayan para no tener un sistema penitenciario gigante. ¿Por qué? Porque un sistema penitenciario gigante está condenado al fracaso, está condenado a ser ineficiente y está condenado a ser fuente de nuevos delitos. Al ser gigante es infinanciable; no hay gobierno ni ministro de economía que lo pueda financiar, ni Mandrake como ministro de economía lo podría hacer. Entonces, va a ser un sistema pobre en intermediación socioeducativa, pobre en capacitación, pobre en trabajo en adicciones y altísimo en reincidencias, como es todavía nuestro sistema.

                                Por tanto, hay que repensarlo todo y creo que la Comisión Especial de Seguimiento del Sistema Carcelario es un ámbito parlamentario más que propicio para pensar en estos temas.

                                Un último comentario sobre el Informe de 2019. Al final tiene 20 conclusiones, 20 recomendaciones generales y, si no me equivoco, 33 recomendaciones específicas. Las 20 recomendaciones están en línea con las conclusiones; cada conclusión tiene como correlato una recomendación vinculada a eso que se concluyó. Por su parte, las 33 recomendaciones específicas tienen que ver con aspectos muy concretos, con dispositivos y medidas muy prácticas que refieren al manejo de las historias clínicas, la presencia de videocámaras, los primeros auxilios y el trabajo estadístico. Insisto en que son recomendaciones muy pero muy prácticas, porque trato de que nuestro trabajo no sea etéreo sino bien concreto.  Una de ellas, por ejemplo, es que todo director de cárcel debe entrevistarse con la persona que entra a su cárcel. Eso pasa en algunas cárceles, pero en muchísimas los directores no saben a quién tiene preso. Son responsables de la vida de la persona que tienen allí, pero no la conocen y muchas veces ni siquiera dialogan con ella. Lamentablemente todavía hay directores que piensan –lo he hablado con ellos y mucho nos lo dicen; tenemos una relación muy fluida con los directores y hablamos con casi todos– que su autoridad descaece si hablan con todos los presos.      

Nosotros decimos que no, que la autoridad se construye a partir del diálogo democrático, a partir del intercambio, a partir de dar respuestas, tanto por parte de los directores como de los funcionarios, los comandantes de guardia, los jefes servicios, los funcionarios educativos y también de los funcionarios policiales. Aplicación de las normas, orden y control, pero diálogo en la búsqueda del objetivo común.

                                Las recomendaciones son largas y quedan a la consideración de ustedes, pero quiero recalar en la primera de ellas: «1.- Reformas en curso. Reforma penitenciaria, rol del Parlamento y trabajo interinstitucional». «Reforma penitenciaria» fue el nombre que se le dio al proceso que se inició en Uruguay en 2010, en el que se empezaron a hacer una serie de reformas o a aplicar nuevas políticas en materia penitenciaria. En realidad, la expresión «reforma penitenciaria» no es nueva; es la que empezaron a usar los pensadores de la Ilustración cuando a fines del siglo XVIII se crea la cárcel moderna. Enseguida de su creación nace la respuesta y la crítica a la cárcel moderna, porque la cárcel es una contradicción en sí misma; a alguien que no puede vivir en libertad lo encerramos para que se prepare para vivir en libertad. Algún criminólogo ha dicho que es como preparar a un acróbata adentro de un ascensor o a un piloto de un avión adentro de un submarino, pero es el mecanismo que tienen las sociedades hoy en día. Hay pensamientos criminológicos abolicionistas, pero sin ir tan lejos, lo que sí está claro hoy en día es que la cárcel debe ser la última razón y debe ser un mecanismo lleno de contenido. No tiene que ser un tiempo perdido, tiene que ser un tiempo útil para proyectar una nueva vida.

                                Como les decía, allí hicimos esa recomendación que tiene que ver con una conclusión que refiere a la reforma en curso y en la que señalamos que la reforma penitenciaria iniciada en 2010 ha sido un proceso positivo de transformaciones en el sistema penitenciario y de un modelo que dejó de ser aquel modelo custodial tradicional. Muchos recordarán –tal vez no los más jóvenes– que el país tenía casi veinte sistemas penitenciarios porque las cárceles del interior dependían de cada jefatura departamental. Los médicos eran médicos policiales que estaban sometidos a la autoridad y a las órdenes que recibían. Había muy pocos funcionarios técnicos, había muy poca relación con la sociedad civil y había un alto grado de corrupción.

                Concluimos, entonces, que la reforma penitenciaria en 2010 fue un proceso positivo, fue un proceso que comenzó un cambio de modelo, que sentó bases para ir más allá en las metas de protección de los derechos humanos. También señalamos en el informe que hay muchas cosas pendientes, como que una buena parte del sistema todavía sigue siendo de condiciones humanas inaceptables. Pero nos pareció que la reforma penitenciaria que se originó y estuvo apoyada por un acuerdo en el Parlamento –si no recuerdo mal, se llamó Acuerdo por la seguridad pública y la seguridad ciudadana, que hasta incluía un capítulo de cárceles– que permitió prioridad y apoyo presupuestal, y comprensión para los trabajos que allí se iniciaban. Eso permitió muchas cosas.

                Como recomendación decimos que hay que seguir con ese trabajo. Hay muchas cosas pendientes. Si bien hay muchas cosas que se lograron y muchas buenas prácticas que se establecieron, quedan muchas cosas que todavía hay para superar. En ese sentido, creemos que la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria tiene un rol muy importante.

                Entre las recomendaciones que formulamos está la realización de grupos de trabajo temáticos. Hay temas importantes pendientes en materia de salud y salud mental, debe regularse el trabajo penitenciario, tiene que fomentarse el emprendedurismo, tiene que ser posible que una persona privada de libertad no se transforme en un niño gigante. Los presos terminan siendo niños gigantes dependientes, sin capacidad de autonomía, dependen de que la visita que los vaya a ver les lleve alimento; son personas que no generan su propio sustento, no pueden sostener a sus propias familias y no tienen un proyecto de vida. Deben tener capacidad de elaborar sus manufacturas, su producción, sus emprendimientos y capacitarse. Muchas de las personas privadas de libertad nunca pasaron por un consultorio de salud mental.

Al delito y a la cárcel se llega por muchos caminos. Pero en esta hiperinflación penitenciaria que tiene el país, es evidente –si hiciéramos un perfil de quién está preso en Uruguay– que los presos son hombres jóvenes, pobres, que desertaron del sistema educativo, que cayeron en las adicciones y que tienen una baja capacitación laboral. Son personas que, de haber sido tratadas a tiempo, podrían haber tenido otra inserción en la sociedad; no estaban condenados al delito; no eran psicópatas seriales, eran personas con condiciones desfavorables y adversidades que la cárcel los toma tardíamente, pero que podría elaborar con ellos un proyecto de vida.

Mencioné que uno de los temas pendientes es la salud mental y la justicia terapéutica, que es la posibilidad de que las personas que son adictas no vayan directamente a la cárcel, sino que puedan ir a una clínica especializada.

                En definitiva, me parece que hay una enorme tarea a continuar. Hay muchas situaciones que en el sistema penitenciario están muy mal, pero creo que es importante tomar las líneas trazadas y continuar profundizándolas.

                Quiero hacer un pequeño comentario sobre las cárceles y el coronavirus, tema obviamente de actualidad. Con eso termino y voy al documento final que adjunto a los señores legisladores.

                A poco de iniciar esta Administración, comenzó el coronavirus. Creo que es bueno señalar el correcto manejo que se ha hecho de la crisis carcelaria con el coronavirus. Se tomaron medidas de diálogo con los internos, se les explicó la situación, hubo una muy buena respuesta de la población privada de libertad y se empezaron a hacer prácticas positivas como la fabricación de barbijos en muchas cárceles. Nuestra oficina –informo a los señores legisladores que son mis mandantes– se colocó en modo netamente colaborativo. Tratamos de ayudar lo más posible en una modalidad que no era la habitual, como salir a conseguir donaciones, golpear las puertas de empresas, embajadas y solicitar cooperación internacional. Aquí, inclusive, hay algún legislador o legisladora que también obtuvo donaciones para el interior del país. Hubo momentos que fueron complejos, una administración que recién llegaba, a la que se le hicieron cambios. Para nosotros era muy importante dar la señal a los privados de libertad de que había una sociedad que se estaba preocupando por ellos, no solamente las autoridades, sino la sociedad. Por eso nos pareció muy importante que llevaran canastas con donaciones al peor módulo de la cárcel de Canelones, al módulo 2; al Penal de Libertad; a los peores módulos del Comcar; a la cárcel de mujeres, porque si bien había una cobertura básica que es obligación del Estado cubrirla –en este caso, del Ministerio del Interior–, nos parecía  que para poder mantener la calma en esos primeros meses que no se sabía qué iba a pasar –veíamos las noticias de motines en Brasil y en Argentina, muertes en Colombia, Ecuador, Estados Unidos,  Italia–, y pensamos que acá se podía venir lo peor. Por supuesto que la batalla no está ganada y hay que seguir el día a día con este tema. Nos parecía muy importante dar a los internos la señal de que la sociedad y las autoridades se estaban preocupando por ellos. Creo que eso tuvo un efecto, aunque es imposible de medir, pero muchos internos dejaron de tener visitas; hay un porcentaje importante, no medido, pero no menos del 20 % o 25 % de personas que no tienen visitas en la cárcel cuando están presas y este porcentaje aumentó muchísimo con el Coronavirus. Hubo módulos enteros donde el 90 % de la población no tenía visitas, lo que les acarreaba dificultades para mejorar la alimentación, tener abrigo, mejorar el colchón o tener colchón, etcétera. Quiere decir que hubo allí una tarea importante y encontramos una actitud muy receptiva en las autoridades nacionales. También hicimos tareas, como decía al principio, de mediación, de hacer puentes, nuestra tarea es recorrer organismos y hacer planteos con otras libertades que no tiene un jerarca de una cartera o ministerio, de una intendencia, de una secretaría que, de pronto, le es muy difícil decir: «No tengo recursos» o «Vengan a ayurdarme» «Vengan a apoyar nuestra tarea». Nosotros hemos cumplido esa tarea en años anteriores y mientras estemos en la oficina lo vamos a seguir haciendo; lo hicimos en este caso, al golpear las puertas de la cooperación internacional de la presidencia donde tuvimos una muy buena respuesta. En los próximos días va a haber una importante donación de máquinas del Sistema de Naciones Unidas para la construcción de barbijos, talleres y lavamanos en el Comcar. Había carencias importantes en muchos rubros que hubo que atender y todo lo relativo al Sistema Nacional de Emergencias también. Nuestra oficina se puso en modo Coronavirus; aquí en el Parlamento nos dieron celulares, pasamos a la atención por celulares y estar en red con toda la oficina, hubo muchos días en que la oficina estuvo prácticamente cerrada, algunos íbamos un momentito, pero trabajábamos desde nuestras casas y, más o menos, a los veinte días retomamos las visitas. La oficina realizó un set con veinte recomendaciones para el Ministerio del Interior para enfrentar el Coronavirus. Elaboramos un documento y trabajamos con la defensoría, donde nosotros entendimos que había que presentar el pedido de prisión domiciliaria para aquellos presos vulnerables, que tenían enfermedades y que tuvieran poca pena pendiente. Esta fue una práctica que se hizo en muchos países. También trabajamos con la división de la defensa pública, se presentaron más de doscientos pedidos de prisiones domiciliarias de las cuales muchas de ellas están en curso todavía. Las respuestas positivas fueron pocas, aproximadamente, fueron unas quince, pero forma parte de otra valoración que excede el tiempo disponible. Creo que nosotros como oficina parlamentaria cumplimos con nuestro deber de hacernos presentes con un documento a los defensores públicos y también a los privados que, en algún caso, lo usaron con un posicionamiento doctrinario sobre el sentido de la prisión domiciliaria de personas vulnerables y con riesgo de salud en una pandemia que podría, en caso de que el virus ingresara a la cárcel, hacer su situación doblemente vulnerable.

Para terminar –porque esto daría para mucho–, quiero decir que efectivamente, en la situación actual y con la población de hoy, el sistema tiene una densidad de 104 personas. En realidad, muchas veces se habla de hacinamiento y sobrepoblación, pero hay que ponerse un poco de acuerdo en los términos. Cuando se habla de densidad, se mide, sobre 100 cupos, cuántos están ocupados. Cuando están los 100 cupos llenos, la ocupación es plena; si hay más de 100 ocupados, hay sobrepoblación, y a partir de 120 ya estamos hablando de sobrepoblación crítica, lo que habitualmente se llama hacinamiento.

                El sistema es desparejo por un conjunto de razones. En el sistema la densidad bajó, el hacinamiento bajó y hubo construcción de cárceles, pero hay otros problemas. El otro día estuve en una cárcel y vi que en una celda –lo que voy a decir es exactamente como lo describo– había ocho personas y en la de al lado no había nadie. ¿Por qué ocurre eso? Por un cúmulo de factores. Primero, porque tenemos cárceles muy grandes y hay enfrentamientos sociales que se concentran y se retroalimentan en la cárcel. Me refiero a enfrentamientos de la calle, de grupos de afinidad y a veces de grupos delictivos, pero, en general, salvo en algunos casos, no refieren a grupos de crimen organizado, sino de afinidad. Muchas veces se trata de enfrentamientos debidos a deudas por droga o a que un grupo de una localidad o barrio se enfrenta a otro de otra localidad. También las condiciones de la vida en prisión, cuando hay poca actividad y poca calidad en la convivencia, exacerba el enfrentamiento; no hay otra cosa que hacer que enfrentar a alguien, buscar un enemigo. Todos, cuando no tenemos nada que hacer, buscamos un enemigo y en una cárcel lo vamos a encontrar rápidamente. Entonces, las condiciones de reclusión avivan esa violencia. Es así como se generan agrupaciones de personas que se sienten autoprotegidas en un grupo, en una celda, y no quieren ir a otra. Uno podría preguntarse por qué la autoridad no los saca y los divide. Puedo decir que eso no es tan fácil, porque, por ejemplo, en el Comcar hay módulos para 600 personas y en la noche, desde las 7 de la tarde a las 7 de la mañana, quedan tres o cuatro funcionarios. Entonces, es muy difícil imponer autoridad allí. También hay módulos grandes que prácticamente no tienen equipo técnico y lo que hay es una acumulación de gente, una suma de personas que conviven; allí la generación de violencia hace muy difícil manejar lo que parece de sentido común, como disponer que un preso vaya para una celda y otro a otra y que se cumpla determinado horario. Eso es parte del desafío y la superpoblación hace todo mucho más difícil. Cuando estamos ante una sobrepoblación crítica o lo que llamamos hacinamiento, se da el colapso, se cae el avión, no se puede hacer nada y no hay inversión que haga dar vuelta eso.

                En este momento, la situación es de sobrepoblación porque, según nuestra evaluación más reciente, hay 105 ocupaciones. A fin de año, con esta proyección de población, estaremos rumbo a 115, por lo que estaremos entrando en hacinamiento crítico. Y esto se podrá agravar si agregamos los efectos sociales de la crisis sanitaria y efectos que lamentablemente va a tener la ley de urgente consideración, de aumento de la población penitenciaria u otros factores que puedan surgir. En esto no hay previsiones mágicas y puede pasar de todo. La aplicación de la ley depende de operadores y puede haber interpretaciones y variaciones, pero, en general, el aumento de la población es sostenida y nada indica que haya un factor que nos haga pensar que va a bajar, es decir no se avizora un cambio socioeconómico o una revolución desde el punto de vista educativo, ya que en Uruguay no han pasado esas cosas nunca. Probablemente la tendencia a aumentar la prisionización se mantenga y con esto vamos hacia un problema que ya es grave y serio hoy y lo será mucho más hacia fin de año.

Además, la violencia que ocurre en la cárcel no queda guardada allí. Esa vieja idea de las películas de que había un camino de tierra que terminaba en un lugar en el medio de la nada y allí se encontraba la cárcel, con muros altos, donde se depositaba el problema, ya no existe, cambió. Estamos en el siglo XXI, en Latinoamérica, y las cárceles están integradas a nuestras sociedades y reciben miles de visitantes. Vamos rumbo a 13.000 presos, pero tenemos miles y miles de niños y adolescentes cuyos referentes, padres, hermanos, tíos o quienes los criaron, están privados de libertad.

                No es casualidad que en la última campaña electoral el tema de la privación de libertad y de las cárceles haya estado –creo yo– más presente que nunca. Es un tema que está presente en la cultura, en el canto, en las letras de las murgas, en las letras del rock, en las letras de la música en general, en el arte, en la comunicación, en los verbos y expresiones que utilizamos. Entonces, la violencia de la cárcel se desparrama a toda la sociedad, a los comportamientos.

Estudiando el tema de la tuberculosis aprendí mucho. Yo pensaba que el vector de esa enfermedad había sido la cárcel, que había vuelto a pegar fuerte en Uruguay por las malas condiciones carcelarias. Sin embargo, la gente de la Liga Nacional contra la Tuberculosis me dijo que no, que se produce una sinergia, un juego en espejo entre las malas condiciones y el hacinamiento en los barrios de mayor carencia y pobreza y el hacinamiento en los módulos con superpoblación, donde hay mala ventilación, mala alimentación, mala salud y encierro. Esos mundos en espejo se conectan y así se dispara la tuberculosis, que tiene un índice mucho mayor que en la sociedad en general. Lo mismo ocurre con la violencia en las cárceles: se traslada a la sociedad. De esa forma, tenemos ajustes de cuentas, destrucción familiar, malas condiciones de socialización, niños que van a ver a sus padres, madres, tíos o hermanos presos y que viven en el mundo del revés, donde el malo es el que impone el orden –la autoridad, el mundo adulto– y lo malo es la ley.

Todo eso nos coloca ante un problema gigantesco –reitero: es un monstruo grande que pisa fuerte– que requiere pensar mucho. No tengo una solución –es un tema muy complejo–; tengo algunas pistas.

Lo que quería hacer en esta primera presentación –y con esto termino– era exponer sobre lo que llamé «Ejes de trabajo para avanzar en reforma penitenciaria». Son líneas de trabajo; no son soluciones. No tienen cuantificación económica ni mucho menos, pero son los temas centrales; son como el menú, los ingredientes, que serán utilizados en distinta proporción. Eso se determinará en la interrelación de los tres poderes del Estado. Al final del día, el Gobierno no es solamente el Poder Ejecutivo, sino la interacción entre los tres poderes del Estado, cada uno con una función predominante –ejecutiva, legislativa o judicial–, pero con funciones complementarias en las otras áreas.

Lo planteo como una propuesta de trabajo para la comisión y, también, para que sirva como marco de acuerdo con ella. No pretendo poner un nombre grandilocuente ni que sea un acuerdo nacional o una plataforma programática, pero me parece que la gravedad de la situación carcelaria requiere acuerdos interinstitucionales, más allá de los debates que se puedan dar, que siempre son naturales en la democracia.

Mañana será 27 de junio. En esa misma fecha, pero de 1973, perdimos nuestra democracia, por lo tanto, sabemos que el debate es consustancial a ella. Justamente, en el marco de esta fecha, queremos decir que, más allá del debate, más allá del planteo de distintas opiniones, de distintas valoraciones –que pueden ser más o menos encendidas; más o menos complejas o radicales–, es muy importante avanzar en acuerdos programáticos, en líneas de trabajo en común, en líneas de trabajo que puedan aportar pautas para presupuesto. Pero este no es solamente un problema de plata, sino que también es un problema de política, de orientación, de coordinación y de articulación.

Muchas veces, en las áreas más carenciadas –justamente, por la profundidad de sus carencias– pequeños aportes tienen un impacto trascendente y enorme. Esto lo hemos visto en estos días en distintos terrenos: cómo lugares carenciados logran cambiar con muy poco. De pronto en esos lugares faltan computadoras, mecanismos electrónicos, máquinas para capacitarse laboralmente, tractores, etcétera, pero cuando el Estado articula con instituciones, cuando coordina con la Universidad, las intendencias, los entes y las empresas estatales, se logran insumos para generar cambios. Hay muchas cosas que, justamente, tienen que ver con tener una mirada común, una hoja de ruta y algunas cuestiones claras.

Con respecto a la justicia terapéutica a que refería anteriormente, quiero comentar que hoy recibí a una delegación de familiares de personas con consumo problemático de sustancias. No muy lejos de Uruguay, en Argentina, ya existe la justicia terapéutica como programa piloto; también existe en Chile, en Centroamérica y en Estados europeos. Son mecanismos por los cuales la persona adicta que comete delitos, en vez de ir directamente a la cárcel, a través de un equipo técnico que evalúa que es un delito leve, que no es una situación de peligrosidad, que no es un delito grave, que no es un delito de sangre, va a una clínica especializada. Eso requiere que exista esa clínica especializada. Ya está previsto en nuestra ley, pero exige una política por la que haya recursos en la administración de la salud que puedan ser dispuestos para esa atención; que exista disposición del Poder Judicial para comprender que una persona puede estar no solamente en una cárcel, sino también en un ámbito de salud especializado.

                Estos ejes de trabajo de veintiún puntos tienen que ver con ese tipo de cosas. Lo dejo a consideración de ustedes y del público. Nuestra oficina es transparente y estos aportes no tienen ningún secreto. De alguna manera están contenidos en el informe, aunque no son lo mismo, sino un compendio de las líneas de trabajo, pero sí tienen que ver con los derechos humanos, con las Reglas Nelson Mandela –que son las normas mínimas para el tratamiento de los reclusos– y la importancia de lo técnico, es decir, que en la cárcel haya intervención técnica. Los problemas de seguridad no tienen que llevarnos a trasladar la seguridad pública como un fin en sí mismo, que lo son en la vida pública, pero en la cárcel son un medio, y la Constitución lo dice muy claramente, asegurar para reeducar. La seguridad en la cárcel es un medio para un fin, que es el de reeducar. Es necesario que todas las políticas sociales participen de la política penitenciaria. Los ministerios de cada ramo tienen mucho para aportar; por supuesto que tienen sus necesidades y es complejo decir a alguno de ellos: «Mire, además de todo lo que hace usted, ahora debería también trabajar en la cárcel». Creemos que es posible y que hay que hacerlo. Los ministerios, las intendencias, las secretarías y las empresas públicas deben participar.

La salud mental es un gran tema para el país, tanto dentro como fuera de las cárceles. Es necesario que ASSE cubra todo el sistema penitenciario. Hoy esa cobertura es solo del sesenta y cinco por ciento, pero es fundamental que ASSE atienda a toda la población penitenciaria. Hay una descoordinación en la salud entre ASSE y la salud policial; si bien hay acuerdo, eso no termina de hacerse y, por tanto, es una materia pendiente

                El trabajo y la capacitación profesional son otros puntos para considerar. En tiempos de esta pandemia hemos visto lo mucho que pueden hacer, por ejemplo, dos entidades de la sociedad civil: los sindicatos y las empresas. Yo fui testigo de cómo muchas empresas que llegaban al Penal de Libertad, al Comcar y a la cárcel de Canelones a hacer donaciones, decían: «Bueno, pero acá se podría hacer una actividad. Acá hay gente joven, gente con ganas de trabajar. No es lo que yo me imaginaba; no es lo que yo pensaba». Lo mismo puede decirse de sindicatos, puesto que es gente que tiene una tarea específica, una prioridad –van un poco en paralelo–, pero que encuentra en lo carcelario un enorme espacio, no solo de solidaridad sino también de cumplimiento de sus fines.

Por supuesto que la lucha contra la violencia dentro de la cárcel requiere medidas prácticas y en el informe hay algunas sugerencias al respecto.

La perspectiva de género también debe ser considerada. El delito es cosa de hombres; lamentablemente es así. En todo el mundo más del 90 % de las personas privadas de libertad son hombres y más del 90 % de las personas que cometen delitos punibles son hombres. En Uruguay es un 7 % la cantidad de mujeres privadas de libertad y en su gran mayoría –si analizamos los casos– son personas que han recurrido al delito in extremis o han sido víctimas de tremendas penurias, tienen tremendas carencias cognitivas o sociales agudísimas, generalmente vinculadas al micronarcomenudeo y, muchas veces, han sido víctimas de explotación y abuso por parte de figuras masculinas ocultas que las llevaron a esa situación, no en todos los casos, pero sí la amplia mayoría de las veces. Creemos que es necesario tener una política específica para las mujeres privadas de libertad. Es malo masculinizar el mundo femenino en la privación de libertad. A veces digo que es muy triste ver cómo «comcarizamos» a las mujeres privadas de libertad con modelos edilicios de tratamiento y funcionarial que reproducen la cárcel, que por lo general está hecha para hombres y termina allí aumentando la vulnerabilidad de esas mujeres.

Creo que el país tiene una materia pendiente –más allá de que hubo avances importantes y destacables– en cuanto a pegar un salto cualitativo más en la atención en la Unidad n.° 9 y en las que están en Salto y en Soriano, donde hay mujeres privadas de libertad con sus hijos chicos, en principio de hasta cuatro años. Si bien son pocas mujeres en esa situación, es una materia en la que Uruguay puede pegar un salto cualitativo. Aunque se les da un trato que, en general, es cuidadoso y tienen respuestas bastante acordes a la situación, están en el marco de un mundo masculinizado, de penales más grandes, de una cárcel mayor, conviven muchas mujeres con muchos niños.

El Uruguay tiene todas las condiciones para tener un sistema alternativo, de prisión domiciliaria, con asistencia, tratamiento y orientación para esas mujeres que, en su gran mayoría, cometieron delitos leves y que van a estar poco tiempo en prisión. La cárcel va a ser una vía, probablemente, de mayor vulnerabilidad, de daño, de destrucción, y va a afectar a esos niños, que se acostumbran a ver a un guardia, walkies-talkies, alambrados, camiones del Ejército y policías. No es lo natural para un niño vivir con otros veinticinco niños, rodeados de alambrados, por más que tengan buena alimentación y atención médica. Uruguay puede tener un sistema diferente, en el que aquellas personas que no puedan estar en sus casas porque el delito fue más grave, tienen hijos y no pueden dejarlos con algún familiar u otra persona –no tienen más remedio que estar con sus hijos–, tengan pequeñas unidades o casas en donde estén controladas y vigiladas, pero que sus hijos no sufran el daño de esa institución grande, y las otras mujeres pueden tener una atención de otro tipo.

En Argentina, sin ir muy lejos, pero también en otros países latinoamericanos, por la vía del habeas corpus ha habido jueces de vigilancia que han entrado a unidades de madres con hijos y han determinado la prisión domiciliaria de toda la unidad, entendiendo que en el siglo XXI la privación de libertad de una mujer con hijos por un delito leve en una macroinstitución es una prisión indigna. El concepto de «dignidad humana» cambia con el tiempo. Probablemente, lo que era digno en la Edad Media, no lo era a principios del siglo pasado y quizás lo que no nos asustaba hace cincuenta años, hoy sí. Está bien que sea así, porque los derechos humanos y la sensibilidad humana se desarrollan y somos cada vez más exigentes.

Es muy importante que el Instituto Nacional de Rehabilitación siga creciendo, y también el trabajo de sus funcionarios. Es muy importante saber que hay muchas cosas positivas que se han hecho y que se hacen todos los días. Hay gente que sostiene muy buenas prácticas; hay centros que han logrado experiencias de rehabilitación muy positivas, como los de Salto, Artigas, Punta Rieles viejo, Durazno y Juan Soler. Y aún en lugares con mucha complejidad hay experiencias positivas y gente joven, con vocación. Es un trabajo desgastante, que requiere capacitación permanente, reciclaje, apoyo, valoración social y ser reconocido. Es gente que está sosteniendo esa enorme montaña de angustia que es la cárcel. Esa cantidad de problemas que no pudo resolver la familia, el sistema educativo, el sistema social, la comunidad, se sostiene por los funcionarios penitenciarios, los policías, los técnicos, los gestores administrativos, los funcionarios, ¡todos! Es muy importante que esa institución tenga una gestión moderna; aún no tiene el nivel de desarrollo administrativo, burocrático y tecnológico que tiene todo el Estado. Le faltan, a veces, insumos logísticos básicos: computadoras, vehículos, videocámaras, trabajar en red, etcétera. Es un instituto nuevo, que tiene pocos años, que se instala en una de las realidades más complejas del país: lo carcelario. Y se instala en una de las realidades más frágiles que tradicionalmente tuvo el Uruguay. Por lo tanto, requiere apoyo, recursos, institucionalidad, comprensión, capacidad de gestión y autonomía para poder hacer las cosas.

                Cabe acotar que además de los doce mil y pico de presos que hay en Uruguay, existen diez mil personas con penas alternativas. Son personas que transgredieron la ley porque cometieron faltas o delitos. Las faltas tienen naturaleza delictiva; como decía un criminólogo –Ferri, si no recuerdo mal–, son delitos enanos, pequeños delitos, que pueden o no ser el anuncio de un delito mayor. Las penas y medidas alternativas –que también son penas– a veces complementan una condena de cárcel, pero al día de hoy tienen muy poca asistencia y supervisión. En la actualidad, tanto la gente como la opinión pública, el sistema político y los operadores de justicia no creen en las medidas alternativas. El sistema penitenciario sueco, por ejemplo, está basado en dos pilares: la privación de libertad y las medidas alternativas, y tiene avenidas que van y vienen. Personas que están privadas de libertad postulan a las medidas alternativas; personas que están con medidas alternativas y no las cumplen –las controlan minuto a minuto– vuelven a la privación de libertad.

                Una de las grandes reformas del sistema penitenciario americano, que ha empezado a cambiar su macropunitización y macroprisionización, es la capacidad de poder postular a las medidas alternativas. Si el sistema de medidas alternativas no se fortalece vamos a concluir que no sirve para nada, pero será una fantasía autorrealizada porque, por supuesto que sin técnicos, sin vehículos, sin programas y sin locales, no hay manera de lograr que esas medidas sean efectivamente de rehabilitación para la reinserción. Si las medidas alternativas consisten solamente en que la persona se presente en la comisaría o que cada tanto vaya un funcionario de la comisaría a verificar si la persona está o no en su casa, estamos liquidados. Las conclusiones podrían ser: "Suspendamos las medidas alternativas y que vayan todos a la cárcel" o "Que queden libres". Sin embargo, ninguna sería correcta porque, en una democracia, quien comete una transgresión debe rendir cuentas de alguna manera, ya sea con una multa, con privación de libertad, con penas alternativas o con trabajo comunitario. ¡Debe rendir cuentas!

Las medidas alternativas son un mecanismo que requieren de una atención importante y creo que tenemos que actuar en consecuencia. Me refiero a la educación, al sistema educativo, a la capacitación profesional y, finalmente, a todo lo que tiene que ver con el egreso de la persona que estuvo privada de libertad. La Dirección Nacional de Apoyo al Liberado está haciendo un muy buen trabajo, pero puede ser fortalecido y probablemente requiera alguna dosis de autonomía. En el informe que presenté propongo que esté dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, ya que a la persona liberada a veces le cuesta volver a un lugar en el que, de alguna manera, se identifica con quien lo llevó a la cárcel o con quien administró su privación de libertad y quiere empezar una nueva vida. Entonces, es un espacio que debe tener conexión con una cantidad de organismos sociales, pero no tiene por qué hacerlo todo; entiendo que debe derivar, hacer convenios y articular.

Finalmente está el trabajo con la familia y con los hijos de las personas privadas de libertad.

Son veintiún puntos que dejo a la consideración de los señores legisladores y están adjuntos en la carpeta que he presentado.

Perdonen si mi exposición ha sido un poco extensa, pero en realidad he estado esperando esta sesión desde mediados del año pasado, cuando la comisión dejó de reunirse. Nuestra tarea necesita mucho del trabajo de esta comisión y de los aportes de los señores legisladores; es preciso discutir sobre estos temas, necesitamos información y tenemos muchas ideas para colaborar con ustedes, desde formar grupos de trabajo hasta realizar teleconferencias con países que tienen buenas prácticas penitenciarias. Concretamente, en breve espero una invitación para participar en una conferencia, vía Zoom, por el proceso de reforma que está teniendo el sistema penitenciario de Estados Unidos, donde luego de tener una altísima prisionización, se llegó a la conclusión de que más penas y más delitos no generan las soluciones esperadas, y hay que pensar en otro tipo de alternativas. Esto comenzó en Texas –es algo que viene a cuento–, por un acuerdo al que llegaron el Partido Demócrata y el Partido Republicano; más allá de debates y enfrentamientos, llegaron a establecer una hoja de ruta.

En este sentido, espero poder aportar algo con el documento que voy a dejar en la comisión para la consideración de los señores legisladores.

                Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR SCHIPANI.- Quiero agradecer al comisionado parlamentario por su comparecencia en la comisión y también felicitarlo por la labor que viene desempeñando, que se evidencia en este informe. Para quienes somos nuevos en el ámbito parlamentario y estamos tomando contacto con la situación del sistema carcelario nos resulta realmente ilustrativo repasar cada uno de los elementos que aquí se señalan, que no son solo descripciones de la realidad, sino que muchos de ellos son propuestas que fueron recogidas por las autoridades. Sin ir más lejos, ayer compareció el Ministerio del Interior y varias de las recomendaciones que surgen de este informe son las que conforman el llamado Plan de Dignidad Carcelaria.

                Felicitamos nuevamente al comisionado y me comprometo como legislador –creo que es el espíritu de todos los integrantes de la comisión– a trabajar en conjunto para afrontar temas tan importantes para el país y para la sociedad, como lo son la dignificación y el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Tenemos que tomar conciencia de que la situación del sistema carcelario afecta directamente la seguridad pública. Muchas veces la ciudadanía no percibe eso porque cree que invertir en cárceles es tirar la plata pero, a mi juicio, esa inversión se traduce en cuidar la seguridad de todos, porque la demostración más clara de cómo influye eso en la seguridad está pautada por el índice de reincidencia.

Reitero: agradecemos al comisionado parlamentario por el trabajo que está llevando adelante y nos comprometemos a colaborar con esa tarea.

Solamente quería dejar constancia de eso.

SEÑOR MALÁN.-  Ante todo, agradecemos la presencia del comisionado parlamentario.

Valoramos todo lo que está realizando y queremos dejar constancia de que el trabajo que ha desarrollado no es teórico, sino que es algo concreto y ha sido efectuado en territorio. Varias veces hemos recorrido con el comisionado la Unidad Penitenciaria n.º 24 de Pense, y me consta el diálogo que ha tenido con muchas de las personas privadas de libertad, con los distintos directores y con el personal, siempre planteando propuestas concretas. Para mencionar una –que siempre se la recuerdo–, los privados de libertad no tienen diarios ni libros, algo tan sencillo que usamos cotidianamente. ¡Imagínense estar recluido en un lugar sin tener la mínima información y ni siquiera un libro para leer! Esas fueron propuestas concretas realizadas a los directores de las unidades penitenciarias. 

Otro tema que quería mencionar tiene que ver con la oficina. Tenemos que valorar la tarea que lleva adelante el comisionado parlamentario penitenciario porque reiteradas veces los familiares, angustiados –tanto de la ciudad de Mercedes como de cualquier lugar del interior del país–, que tienen al hijo, a un sobrino o a un nieto en Montevideo, llaman a los legisladores por las distintas problemáticas que se generan para ver qué se puede hacer, y me consta que inmediatamente esta oficina se ha puesto en contacto con las distintas familias para contenerlas en esa situación de tristeza y de angustia que les toca vivir. Bueno, el comisionado parlamentario y su equipo brindan el respaldo que estas familias necesitan en un momento tan complicado.

Por último, me parecen buenos –aunque no he profundizado en su estudio– los ejes de trabajo para avanzar en la reforma penitenciaria, porque creo que estas cuestiones que involucran a las cárceles, los presos y demás, son rechazadas culturalmente y se necesitaría llegar a un acuerdo interpartidario para poder avanzar en estos temas.

¿Por qué digo esto? En la unidad penitenciaria que hemos visitado –el comisionado sabrá–, en un momento se impartió un taller de murgas con privados de libertad. El taller incluía coreografía, maquillaje, coro, vestimenta; en definitiva, era una movida total. Pero cuando se difundió la información de que iban a participar del concurso departamental de murga como invitados, hubo una revolución en el pueblo, en los medios de comunicación, para que no fueran. Había gente que decía: «¿Cómo voy a ir a aplaudir al que me robó?». Entonces, acá hay algo que culturalmente no está avanzando en sintonía con lo que decía el diputado que habló anteriormente, en el sentido de que se debe atender la seguridad sin olvidar a los que están privados de libertad, porque algún día van a salir, y es importante cómo van a salir.

                En definitiva, me parece que es necesario un acuerdo interpartidario por el cual todos podamos llevar adelante una estrategia de Estado, de tal manera que todos los partidos políticos tengamos los mismos objetivos y que no nos estemos chicaneando. Es clave tener esta base para empezar a conversar sobre estos temas, que son realmente importantes si queremos avanzar como sociedad.

SEÑOR BONOMI.- Quisiera hacer algunas puntualizaciones, porque cuando uno escucha esto y escucha lo que se dijo ayer, si no le da contexto no lo entiende.

                Por ejemplo, ayer se señaló que una de las cárceles con mayor grado de hacinamiento es la de Salto. Cuando uno piensa que existe ese grado de hacinamiento, saca la conclusión de que es un desastre. Sin embargo, aquí se señala que es una de las cárceles en las que existen oportunidades de integración social. Porque ¿qué es el hacinamiento? Es la densidad por celda, pero para dormir. Después tienen actividades por fuera, y entonces el hacinamiento no es el mismo que el que existe en una cárcel que quizás es mucho menor pero en donde los internos están todo el día dentro de la celda. Por eso digo que uno no entiende si no les da contexto a las cosas.

                El comisionado decía que ASSE atiende solo el 65 % de las cárceles. Sí, pero cuando empezó el proceso, no en 2010, sino en 2011, ASSE atendía el 0 % de las cárceles. Las cárceles estaban atendidas –como dijo también el señor comisionado– por médicos policiales y enfermeros policiales. Y algunos enfermeros les vendían a los presos un diazepam en cien pesos. Entonces, hubo que hacer todo un proceso para que ASSE se hiciera cargo. Digo esto porque muchas de las cosas, además de las intenciones y las buenas voluntades, requieren presupuesto. En este caso hicimos un acuerdo con ASSE para que se encargara del 100 %, pero ASSE tenía un presupuesto discutido para otra cosa. Entonces, cuando se le da la tarea, avanza hasta donde puede. Y el 35 % restante es atendido por médicos del Hospital Policial y sus correspondientes en cada departamento.

                En definitiva, el presupuesto no debe ser solo para el Ministerio del Interior, sino que debe ser también para asignar tareas relacionadas con cárceles. Yo comparto totalmente que debe haber asistencia psiquiátrica en cárceles, pero no vayamos a pedir que esa tarea la cumplan psiquiatras del Hospital Policial. Eso tiene que ser ajeno al Ministerio del Interior. Tiene que haber presupuesto para lograr ese objetivo; de lo contrario, es muy difícil que eso se cumpla. Y va a ser muy difícil. Cuando se ven cuáles van a ser las pautas presupuestales para este período, se saca esa conclusión. Entonces, uno puede tener muchas buenas intenciones, pero después hay que ver qué pasa.

                Ayer nos presentaban Santiago Vázquez –Comcar– como un monstruo peor que el de León Gieco. Se hablaba de cuatro módulos con tratos crueles, inhumanos y degradantes. En cuatro módulos, hay insuficientes condiciones para integración social. En cinco módulos, existen oportunidades de integración social. Además, como decía el comisionado, hay cárceles que son muy lindas, pero al lado hay algo que hace ruido. Y también ocurre lo contrario: hay alguna que tiene una larga historia de complicaciones y sin embargo, ahí mismo hay cosas positivas.

                También ayer nos decían que hay cuatro cárceles que todavía están en la jefatura departamental correspondiente. Pero en 2010 había 17 o 18 cárceles que estaban en las jefaturas. Nos dijeron que el summum de lo grotesco era Treinta y Tres. Sin embargo, Treinta y Tres no está entre aquellas cárceles en las que hay tratos crueles, inhumanos y degradantes; está entre las que ofrecen oportunidades insuficientes. Y dos de las cárceles que nos mencionaron ayer, Flores y Artigas, están entre las que no tienen oportunidades de integración social. Entonces, no solo hay que tener datos, sino que hay que entenderlos en la evolución.

                Digo todo esto porque vamos a tener una tarea muy larga de comprensión de las cosas. Cuando discutimos la LUC, nosotros dijimos que si no hay presupuesto para cárceles, a fin de año tenemos un hacinamiento estructural cantado. Hoy no existe hacinamiento estructural. Hay algunas personas privadas de libertad más que plazas penitenciarias. Pero a fin de año esa relación va a ser mucho mayor, es decir, va a haber hacinamiento estructural.

                Ahora bien, me voy a curar en salud. Yo no soy de los que creen que no hay que aumentar penas, ni soy de los que creen que necesariamente hay que aumentarlas. Creo que hay penas que deben aumentarse, hay otras que deben disminuirse y hay delitos que tienen que sancionarse, evidentemente, con penas alternativas.

                El otro día trajeron a un muchacho de Brasil deportado, con tres homicidios. Era menor cuando cometió los tres homicidios que están reconocidos, pero va a ser acusado de tres más. En uno de los casos mató a una bebita de menos de un año y al padre. Eso no se arregla con dos años en el Inisa, porque el grado de deterioro que tiene este muchacho necesita medidas socioeducativas por más tiempo que dos años. No lo pienso en términos de privación de libertad tradicional. Lo que digo es que para desarrollar las medidas socioeducativas necesarias para corregir esa cabeza, no alcanzan dos años. Y esas medidas no pueden aplicarse en libertad, porque ese muchacho participaba en un grupo que hacía desaparecer personas muertas, matadas por ellos mismos, en un chiquero. Les tiraban los cuerpos a los chanchos y los chanchos se los comían. El chiquero lo cerraron, porque un chancho lo mordió a él. Acostumbrado a comer carne humana, lo atacó a él. Entonces, después de eso hicieron desaparecer el chiquero. Pero esa cabeza no se recupera con dos años.

                Yo sé que en mi partido me dicen que lo que digo está mal. Pero no está mal. Hay que poner los pies en la tierra y mirar las cosas con los pies en la tierra. Y hay gente que, como decía el comisionado, no puede estar en una celda con tres más que están en una carrera delictiva. Hay que tratar de recuperarlos de otra forma. Las leyes tienen que atender el problema y no seguir una receta, como simplemente duplicar las penas. Si duplicamos las penas, duplicamos los problemas. Y si eliminamos las penas, aumentamos los problemas. Uno tiene que pensar en esto ajustado a lo que está pasando y entender lo que está pasando, no tener clichés que solucionen las cosas.

                No voy a seguir, porque es un debate que tendremos después, pero quiero decir que tanto la presentación de ayer –de la cual comparto la segunda parte pero no la primera– como la de hoy nos van a obligar a tener un intercambio profundo de ideas sobre qué se necesita.

                Lo que podamos acordar va a necesitar un presupuesto en el que, permítanme decir, no confío mucho por los datos que dieron acerca de cómo se va a encarar el tema. Entonces, vamos a tener un problema y habrá que atacar el hacinamiento no con la construcción de plazas, sino tratando diferente a los que tienen una solución de otro tipo. Eso merece un intercambio.

                Quería dejar esa constancia a cuenta de mayor cantidad. 

SEÑOR SODANO.- Con muchos de ustedes ya estuvimos y ahora le damos nuevamente las buenas tardes al señor comisionado para el sistema penitenciario, con quien hoy nos vimos cuatro o cinco veces de pasada.

                Tengo muchas cosas encontradas. Por asistir en el día de ayer a la comisión que trata el proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración pude escuchar solo la primera parte de la presentación que hizo el señor ministro, que justamente fue la del video. Me quedé con una parte sensible de imágenes y no con la explicación posterior, con el contenido, pero conozco parte de esa realidad carcelaria porque fui a las cárceles no como legislador, sino a visitar personas. Hay algo que sí me llama la atención y creo que en toda la presentación que nos hizo el señor comisionado hay coincidencia: si no creamos espacios, plazas, y no empezamos a ajustar los grupos de personas para trabajar, máxime teniendo en cuenta lo que se dispone en la LUC –estoy de acuerdo con que habrá que aumentar las plazas de otra manera porque las penas se extienden y no hay penas que se acorten, como también expresaba el señor senador Bonomi–, la situación se vuelve muy difícil. Creo que en esto la parte presupuestal es fundamental. Me refiero a que se mejore el presupuesto del Ministerio del Interior y que se dedique una parte para esto o se busque alguna ayuda a través de las instituciones de derechos humanos, porque es necesario construir cárceles para los cupos que tenemos. Hay sobrepoblación y, en muchos casos –no voy a usar la palabra «inhumanas», pero las condiciones no son adecuadas–, no tienen con qué alimentar la recreación porque no tienen libros ni nada, sino a las otras personas y llega un momento en el que estando solo con otro individuo uno se termina irritando y choca. Es un tema muy complejo. Además, como bien se dijo, sabemos que la mayoría provienen de la parte más crítica de la sociedad; tienen una vida humilde y viven situaciones de violencia. Tuve un cuñado que cuando le preguntaban qué quería ser cuando fuera grande decía: «chorro como mi tío» y tenía 9 años. No me lo contaron, lo viví. Repito que visité cárceles por ir a ver gente conocida que hizo las cosas mal, se equivocó y tenía que pagarlo, y lo está haciendo. Cuando uno atenta contra el derecho de otra persona, lógicamente tiene que pagarlo. Que hay penas que habría que aumentar, quizás sí, quizás no, pero no voy a entrar en ese debate.  Sí digo que la herramienta que hoy tenemos en nuestro sistema no es la adecuada para la demanda existente. Creo que va a ser fundamental el trabajo, la obligación que todos tenemos como parlamentarios de mejorar esa herramienta para todas esas personas que están pagando una condena. Si no les damos las herramientas, algunas personas se van a recuperar y otras van a salir peor porque en muchas ocasiones tienen que luchar para levantarse al otro día.  

                El otro día se mostró una requisa en un penal. No pude estar atento por el tema de la LUC, pero accedí a videos que mostraban cortes, fierros y una cantidad de armas carcelarias que era impresionante. ¡Parecía que había más armas que presos! Entonces, ¿esa es la seguridad que tienen ellos? ¿Será para atacar o para defenderse? ¿A qué punto llegan? ¡Ayer en el video de las cárceles veíamos que viven con los cables pelados! ¡Para enchufar cualquier cosa se cuelgan de los alambres de los cables a 220 V! Creo que esto está teniendo una falla muy grande a nivel estructural porque ellos mismos y los presos anteriores lo dañaron. Se ha hecho un daño tan grande en esa parte del sistema que es algo –y voy a usar la palabra– inhumano en muchísimos sectores y ni siquiera puede aprovecharse para cubrir esas plazas porque está totalmente deteriorado.

Por lo tanto, felicito la presentación que nos hizo. También estoy totalmente agradecido por la paciencia que nos ha tenido, como ya hemos mencionado en la Comisión de Derechos Humanos otras veces.

                Quiero decir que cuando vino a la Comisión de Derechos Humanos estudié el currículo de a quién iba a ver y me di cuenta de que tiene una larga trayectoria en la materia. Desde acá quedamos a las órdenes. 

SEÑOR NIFFOURI.- Antes que nada quiero saludar el informe presentado por el comisionado parlamentario y resaltar la importancia de su figura, sobre todo en democracia, por cómo se elige, con mayorías importantes para lograr los consensos en el Parlamento, y también por los informes que da, que son bien importantes y presentan una visión totalmente alejada de la política, que le hace bien a todo el sistema democrático para avanzar en algo tan sensible como el tema carcelario. Creo que eso es bien importante y hay que resaltarlo. Entiendo que es un gran acierto que el Parlamento uruguayo haya llevado adelante esta figura del comisionado parlamentario. ¿Por qué digo esto? Porque hemos visto el informe.

                En el día de ayer comentaba que era buena la visita de las autoridades del ministerio para fijar un punto de partida a los efectos de arrancar, luego de quince años de Gobierno de una fuerza política, porque ahora hubo un cambio y tenemos un nuevo Gobierno. También es bueno este informe del comisionado parlamentario para eso.

                Es más: es bueno saber que el 73 % de la población carcelaria está en condiciones insuficientes para la integración social. ¡Si habrá que trabajar en todo eso! El 26 % sufre tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ayer las autoridades decían que el 15 % de la población carcelaria duerme en el piso. El Gobierno pasado invirtió en una cárcel totalmente a contrapelo de lo que marcan las Reglas Mandela. Hay un 60 % de reincidencia y el 60 % de los que salen están en situación de calle. El propio informe del comisionado parlamentario maneja un hito histórico: a través de un habeas corpus, una jueza cierra unos módulos de la cárcel.

                Eso es lo lindo de la democracia: en su momento teníamos a un ministro que discrepaba con el comisionado parlamentario y ahora está participando activamente de esta comisión.

SEÑOR BONOMI.- Discrepaba y acordaba.

SEÑOR NIFFOURI.- Ni que hablar.

                Creo que va a pasar lo mismo con este Gobierno: se va a discrepar y se va a acordar con el comisionado parlamentario. Por eso, lo bueno y lo fundamental de la herramienta es que se siga en ese camino.

                ¡Ni qué hablar que entendemos que se tiene que trabajar en esto! No estoy al tanto de si el comisionado ya se ha reunido con las autoridades del Gobierno entrante –aunque supongo que sí– a propósito de la presentación del programa Dignidad Carcelaria 2020-2025, que todos sabemos que es ambicioso y ojalá se pueda cumplir, porque todos aquí deseamos lo mismo.

                Por otra parte, considero que la integración del Mides en el programa –tema que se trató en el día de ayer, haciéndose referencia a las ONG, que trabajan muy bien en las cárceles– es fundamental. Hemos recorrido bastante algunas de las cárceles, como la de Canelones, la de Santiago Vázquez  y la chacra, y me parece interesante aplicar eso. Si bien no soy un especialista en el tema, creo que debemos tratar de aggiornarnos a la uruguaya y replicar las cosas que funcionan bien en el mundo, con los recursos que tenemos, que si bien todos sabemos que son finitos, está el compromiso de lograr que resulten suficientes optimizándolos e invirtiéndolos de buena manera. Creo que ese es el trabajo fundamental que debemos asumir y destacar en esta comisión.

                Así como años atrás les reclamábamos a los legisladores y éramos críticos sobre algunas cosas que entendíamos que no se tenían que hacer, nuestro discurso va a seguir siendo el mismo pero vamos a tratar de que las cosas se hagan como se deben hacer. Sabemos que en algún momento el comisionado parlamentario tendrá los mismos debates con el ministro actuante y nosotros, desde aquí, leeremos anualmente los informes, recorreremos junto a él las cárceles y trataremos de ser un nexo para buscar soluciones a este tema tan sensible y que tanto precisa de todo el Parlamento.

SEÑORA ETCHEVERRY.- Ante todo, aclaro que recién hoy recibí la propuesta del Ministerio del Interior que, por supuesto, voy a leer con detenimiento.

                Comparto lo que se ha planteado. Creo que estamos en un escenario complejo y que realmente tiene que haber una política de Estado, que trascienda a quienes están en el Gobierno. Esto no es una política que se resuelve en un período de Gobierno. Por lo tanto, para que sea una política de Estado tiene que estar pensada más allá de quiénes sean los administradores de turno, porque se necesita un gran acuerdo.

                Entiendo que las propuestas o los ejes de trabajo que el comisionado parlamentario ha marcado en el documento son interesantes, son de recibo, son pertinentes y suficientemente abarcativos de la realidad, compleja y multicausal, que viven los privados de libertad. Digo los privados de libertad porque no es solamente dentro del sistema penitenciario, sino que también están sus familias, su entorno y los más diversos barrios de donde provienen, tanto en el área metropolitana como en el interior.

                Debemos ser conscientes de que nos enfrentaremos a una situación que tendrá su complejidad, ya que se recrudecerán las penas y se ampliarán los plazos, lo que indiscutiblemente llevará –es un dato de la realidad– al aumento del número de personas privadas de libertad. El propio comisionado parlamentario ha dicho que seguramente lleguemos a los trece mil privados de libertad a finales del año. Por lo tanto, tenemos que ir acompañando todo esto con medidas concretas que permitan ir generando algunas rutas de salida para quienes tienen condiciones; acá no estamos hablando de forzar a nadie. En este ámbito no solo tenemos que darle señales a la opinión pública, sino que también debemos trabajar en concreto para resolver la situación.

                Entonces, señor presidente, si se aprueban estos ejes y se conforman grupos de trabajos en los que podamos distribuirnos, plantearía –no sé si corresponde– la posibilidad de empezar a armar, dentro de cada uno de esos ejes temáticos, un cronograma con una hoja de ruta que implique tiempos, acciones y organismos con los cuales establecer coordinaciones para que la comisión laude y podamos empezar a trabajar ya con otro ritmo. Digo esto porque acá el tiempo realmente importa y mucho, porque hace la diferencia. Me parece que hay cuestiones que se tienen que jugar antes de que finalice la etapa de presentación del presupuesto nacional, a efectos de que podamos estar en condiciones para prever.

                Más allá de que después quisiera hacer algunas preguntas, señor presidente, deseaba plantear una propuesta de trabajo a partir de esto, si es pertinente.

SEÑOR MESA.- Quiero sumarme al saludo al comisionado parlamentario y también al agradecimiento por su informe, tan ilustrativo como lo esperábamos, el cual en algún punto se conecta con los temas que tratamos en la jornada de ayer.

                Me parece importante dejar la constancia de que, en líneas generales, tenemos la convicción de que estos temas tan relevantes para el país tengan el apoyo suficiente y propio de una política de Estado. Como hemos venido conversando, tenemos por delante una instancia presupuestal que puede ser decisiva a la hora de poder impulsar estas políticas de Estado con las que esperamos que se obtengan los resultados que todos aquí deseamos. De esta forma, también podremos seguir profundizando en las líneas trazadas, como mencionaba el comisionado, sobre todo las que piensan en el día después, en la rehabilitación, en la reinserción social, en el poder bajar el índice de reincidencias.

                A su vez, acompaño la propuesta de la señora legisladora Etcheverry en el sentido de ver si podemos dejar aprobado el documento con los ejes de trabajo, a efectos de avanzar en la reforma penitenciaria que acaba de presentar el comisionado. Confío en que esta comisión sea un ámbito en el que podamos ir pensando y diagramando esa política de Estado. Por lo tanto, si corresponde, podemos ir armando algún cronograma de trabajo en base al documento que recién se presentó.

SEÑOR PRESIDENTE.- En primer término, quiero mencionar que es unánime el reconocimiento al trabajo realizado por el comisionado parlamentario, a quien le agradecemos su disposición y no solo por la concurrencia a la comisión, la que es mandatada por la Ley n.º 17684. También reconocemos al comisionado parlamentario por su tarea en otras instancias como, por ejemplo, las vinculadas al tratamiento del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración, que implicó analizar temas normativos, sobre los que seguramente hubo matices, pero en los que todos coincidimos que tienen directa implicancia sobre este tema que vamos a tratar.

                En segundo lugar, coincido con lo establecido por la señora legisladora Etcheverry y el señor legislador Mesa en cuanto a fijar un cronograma, aunque tengo mis dudas sobre si establecerlo ya hoy.

                Me parece, en primer término, que faltan algunos integrantes de la comisión y, fundamentalmente, creo que es pertinente considerar que más allá de que algunos de nosotros seguramente ya hemos leído el informe del comisionado parlamentario –que fue ingresado el 15 de abril pero que finalmente se distribuyó en los  últimos días–, la versión taquigráfica de la comparecencia del señor ministro del Interior ni siquiera ha sido leída por todos porque no está repartida; seguramente es de interés y sería útil volver a leerlo y analizarlo.

                Además, me parece que es muy oportuna la sugerencia de fijar rápidamente un cronograma de trabajo, vista la próxima instancia presupuestal. A su vez, también me permito decir que creo que es muy positivo –y pasa a ser auspicioso– poder encontrar líneas de acción conjuntas hacia una política de Estado. Eso es lo que concluyo a una semana de haber tomado posesión de la presidencia de esta comisión y considerando el hecho de que en 24 horas hayamos recibido al ministro del Interior y al comisionado parlamentario.

                Deduzco –con esto no quiero involucrar a todos– que hay, por lo menos, en la visión hacia adelante, una vocación de trabajar en conjunto y me parece que sobre bases de común acuerdo. Así ha sido expresado, por ejemplo, por el señor legislador Bonomi, que dijo ayer que tenía discrepancias con la primera parte de las expresiones del ministro Larrañaga, pero coincidencias con la segunda parte. Eso lo tomo como algo positivo. Aparentemente estamos en sintonía para trabajar hacia adelante sobre bases comunes.

                En una lectura rápida de los ejes de trabajo hacia adelante que propone el comisionado parlamentario, no veo diferencia con lo que se planteó como el Plan de Dignidad Carcelaria. Me parece también que es bueno discutir aquellas cosas que desde la perspectiva histórica nos pueden diferenciar en algún aspecto, en algún matiz, pero si podemos poner el acento en lo que viene, seguramente estemos logrando avanzar. Esto es, reitero, sin dejar de analizar, porque también es bueno que la conclusión sobre lo que viene sea lo más ajustada posible al conocimiento real de todos los temas.

                Más allá de que volveremos a darle la palabra al señor comisionado parlamentario para terminar su exposición, señalo que hemos definido que los últimos jueves de cada mes sean los días ordinarios de trabajo de esta comisión, o sea que la próxima reunión sería el jueves 30 de julio; el funcionamiento está así establecido. Si los integrantes de la comisión están de acuerdo, como presidente me comprometo a enviar, mediante la Secretaría, en todo caso, el material respecto a alguna consulta informal, si entendemos que por los tiempos presupuestales y las prioridades de las distintas bancadas no podemos analizarlo de otra forma. Veríamos también de adelantar el calendario o de hacernos un espacio si se precisara o, en todo caso, buscaríamos otros mecanismos de trabajo tomando, por ejemplo, la idea de la legisladora Etcheverry de conformar grupos de trabajo en subcomisión, que han funcionado muy bien en otras instancias. Si les parece, haríamos eso.

                Vamos a estar convocados para el 30 de julio –o, eventualmente, antes; lo  hablamos– ya con el propósito de venir con todo el material leído y con las facultades de votar, bien si se cree entendible una aprobación ya –que podría ser– o una consideración sobre el informe que hace el comisionado parlamentario, y también respecto al documento concreto –no la versión taquigráfica– del Ministerio del Interior, cuando llegue. Hablo,  sobre todo, de un compromiso que sí tiene que ser de este ámbito –me lo imagino así en este quinquenio– de aprovechar esta coincidencia de poner como política de Estado el tema carcelario y penitenciario.

                Si logré resumir lo que interpreté de lo que han dicho todos, acordamos esa ruta de trabajo.

                Volvemos a dar la palabra al doctor Petit, a efectos de poner punto final a su comparecencia en esta reunión, aunque habrá otras.

SEÑOR PETIT.- Agradezco muchísimo a quienes hablaron; realmente han sido muy cálidos y la verdad es que me voy muy contento de esta reunión porque veo que hay muchas ganas de hacer cosas. Además y, obviamente, más allá de la diversidad y de los matices de cada pertenencia política, siento que hay una preocupación y un compromiso de trabajar en estos temas en los que uno está aprendiendo siempre. Un compañero mío de oficina dice que el que más sabe de esto, no sabe nada y yo le digo también a la gente joven que llega a la oficina –tenemos un equipo de voluntarios– que no se asuste, que estamos todos aprendiendo. Todos los días vemos cosas que nos sorprenden y nos hacemos enormes preguntas sobre la naturaleza humana.

                Primariamente puede pensarse que este es un tema duro, quizás no es de los más apetecibles para trabajar, pero cuando uno le encuentra la vuelta y el sentido, descubre una gran emoción; es gratificante entrar en contacto con vidas humanas que podrían estar perdidas pero que, de pronto con muy pocas cosas, pueden dignificarse, lo que lleva a una mejora de  la vida de sus familias y se evita además un daño a otros. Creo que se van a llevar muchas alegrías en esta comisión, así como unos cuantos dolores de cabeza; en la medida en que conozcan lo que ocurre y se logren objetivos, se van a llevar una alegría.

                Si me pongo a analizar todos los temas planteados por los participantes me van a terminar echando. Los invito a visitar nuestra página y nuestro Twitter donde subimos información. Ahora estamos trabajando e innovando con grupos de promotores de derechos humanos. Tenemos 7 grupos instalados en distintas cárceles. Lo hicimos a partir del coronavirus pero hemos visto que ha tenido un efecto importante. Por ejemplo, tenemos un grupo en el módulo 11 del Comcar. Es un lugar que está muy mal y el grupo de promotores ha tenido un gran efecto entre los internos y los funcionarios. Los operadores se han sentido muy motivados con nuestra presencia; hicieron otro grupo. Dialogamos permanentemente con ellos; están encantados de que nosotros vayamos y nosotros de mantener el diálogo con ellos.

                En la unidad 1 donde se vivía una situación de tensión por el coronavirus, se suspendieron las visitas conyugales. Allí, desde hace tiempo tenemos un grupo instalado los días viernes y vamos con promotores de derechos humanos. No es fácil, son grupos de 20 internos. Si son difíciles las comisiones parlamentarias imagínense las comisiones con delegados de internos. En algún momento, hablando con ellos, nos han planteado que les gustaría recibir a legisladores. Nosotros les dijimos: «Ustedes son representantes de sus sectores y también promotores de derechos humanos». En el día de ayer, después de varias reuniones de negociación y de discusión, se encontró una solución práctica para que se retomaran las visitas conyugales. Nos dio gran alegría que a la oficina llegaran dos llamados telefónicos de internos –desde el monedero o de algún lugar que más vale no averiguar– para agradecer al Parlamento por llegar a la solución de un tema que llevaba cuatros meses planteado y que amenazaba con producir una situación de mucha tensión en la medida que había un diferendo con las autoridades. Nosotros mediamos, zanjamos, conversamos y desaparecimos de escena. Debemos ser muy cuidadosos en el protagonismo, tenemos que tratar de que ocurran cosas pero salir lo menos posible en la foto; tenemos que ser muy discretos y que sean los actores que están allí los que puedan encontrar las soluciones.

                Voy a transmitir a los compañeros de la oficina esta señal de apoyo a la tarea. Créanme de verdad y de corazón que me dan un enorme empuje y una gran energía para seguir trabajando en este clima de encuentro. Es un tema que da para encontrarse y para  lograr puntos de acuerdo; nadie tiene la solución. Aquí hay mucho para inventar. Por supuesto que nos gustaría que nuestro país fuera famoso por sus hospitales, sus rutas, su cultura, su mercado, sus calles o su urbanismo, pero por qué no puede ser también reconocido por haber logrado alcanzar buenas capacidades de integración para aquellas personas que han tenido problemas de convivencia con el resto de la sociedad.

                Muchísimas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Simplemente le aclaro –aunque parece obvio– que esta comisión tiene establecido salir el último viernes de cada mes a hacer las visitas a territorio. Naturalmente, están suspendidas mientras esté vigente la emergencia sanitaria, pero sí está planteado el interés de realizarlas.

                Se levanta la sesión.

(Son las 19:42).