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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

(Sesión celebrada el día 10 de mayo de 2022).

 

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 15:10).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

«Solicitud de audiencia por denuncia de alarma pública por aprobación del Decreto n.º 138, del 26 de abril de 2022, sobre caza.

Oficio 251‑2022 del presidente de OSE manifestando su imposibilidad de asistir en este mes de mayo y quedando disponible para asistir en próximas sesiones».

–Si les parece bien, el primer punto de los asuntos entrados lo dejamos para una próxima sesión. Vemos cómo está la agenda con relación a la venida del Directorio de OSE.

(Dialogados).

               –No sé si están de acuerdo en invitar en la próxima sesión a quienes solicitaron audiencia por denuncia de alarma pública por aprobación del Decreto n.º 138, de 26 de abril del 2022, sobre caza.

(Apoyados).

–En cuanto al segundo asunto entrado, el oficio del presidente de OSE en el que manifiesta su imposibilidad de asistir en mayo, realmente lo lamentamos porque hubiera sido bueno que fuera este mes, pero tratemos de que sea en una próxima ocasión.

SEÑOR COUTINHO.- Que se coordine para el mes de junio.

SEÑORA PRESIDENTA.- Exactamente.

               Si les parece bien, hacemos entrar a sala al señor ministro y la delegación.

 

(Ingresan a sala el señor ministro de Ambiente y autoridades del ministerio).

 

               –Damos la bienvenida al ministro, señor Adrián Peña, así como al subsecretario, señor Gerardo Amarilla; al director general de Secretaría, señor Diego Iglesias; al director jurídico, señor Marcelo Cousillas; a la directora de Planificación Ambiental, señora Marisol Mallo, y a la señora Magdalena Perutti.

SEÑOR MINISTRO.- En primer lugar, agradecemos esta invitación para charlar sobre estos temas, que son bien relevantes.

               Dado que tenemos varios temas para tratar, quiero preguntar por cuál quieren comenzar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Con respecto a la ley que aplica sanciones a los delitos ambientales, nosotros entendimos que se prefería analizar en una visita posterior, específicamente, con el ámbito de jurídica. Así que, si les parece, ese tema lo estaríamos dejando para una próxima instancia, que tampoco puede ser muy lejana, porque fue presentado hace bastante tiempo y, además, nos preocupa mucho. Esperamos poder conversar al respecto a la mayor brevedad posible.

               Luego viene el proyecto Neptuno, seguido del saneamiento para todo el país y el de los residuos, que fue planteado también por algún señor senador que quería conversar sobre ese asunto. Estos son los temas que, creo, habíamos planteado para convocarlos.

SEÑOR MINISTRO.- Vamos a hablar del proyecto Neptuno, básicamente.

               Este proyecto Neptuno, como originalmente se presentó, es una iniciativa privada en el marco de la Ley n.º 17555. En realidad, a nosotros –la Administración– nos gusta denominarlo proyecto Arazatí, porque tiene que ver con el lugar donde se va a hacer la toma de agua.

(Se exhibe presentación de PowerPoint).

–Para introducirnos un poco en el tema –las placas siguientes lo van a ir explicando con mayor detalle–, señalo que Montevideo y el área metropolitana no han tenido problemas de abastecimiento de agua potable, pero sí han estado cerca de tenerlos; los últimos tres veranos –digo esto para ser más claros– hemos tenido encendida la luz amarilla en cuanto al abastecimiento.

Desde que asumimos, el tema agua potable –y el agua en general– es una de las prioridades del ministerio; estoy hablando de cantidad de agua potable, pero también de la administración de recursos hídricos en todo el país y, fundamentalmente, de la calidad del agua.

Con respecto a la cantidad, este problema era evidente para Montevideo y el área metropolitana. Es más, cuando asumió la actual Administración había agua para unos cuarenta días en el río Santa Lucía, en la planta de Aguas Corrientes. Este es un problema diagnosticado desde hace muchísimo tiempo.

Nosotros asumimos el 27 agosto y el 31 de agosto, junto con el subsecretario Amarilla y el presidente de OSE, mantuvimos una reunión con el presidente de la república; ahí comenzamos a estudiar cuáles eran los caminos por seguir.

Había una propuesta planteada, que sigue vigente, que es la realización de un embalse en el arroyo Casupá, que es un lago de reserva del propio río Santa Lucía; en esto era en lo que venía avanzando la anterior Administración. Por cuestiones que vamos a explicar enseguida, a nosotros nos pareció interesante avanzar en esta idea que también tenía muchísimo tiempo en la OSE –no era novedosa, en realidad–: una toma del Río de la Plata.

Siempre había existido la idea de tomar agua del Río de la Plata y llevarla directamente a la potabilización en Aguas Corrientes. Incluso, en un momento de extrema sequía se estuvo pensando en un canal que llevaría agua bruta desde esa zona del Río de la Plata hacia la planta de Aguas Corrientes de forma tal de que no colapsara el sistema en Montevideo.

Esa vieja idea nos pareció muy interesante, porque supone dejar de depender de una sola fuente, de una sola planta, como pasa hoy en el Uruguay. Pocas ciudades como Montevideo dependen de una sola fuente, que es el río Santa Lucía, y de una sola planta, que es Aguas Corrientes. Cualquier cosa grave que sucediera, tanto en la fuente como en la planta, traería consecuencias importantes y graves para Montevideo y para la zona metropolitana, sobre todo en lo que tiene que ver con aspectos sanitarios.

Esto fue mencionado muchas veces por el exsenador y exministro Eleuterio Fernández Huidobro. Él siempre decía que cualquier cosa grave que sucediera en Aguas Corrientes, como por ejemplo un atentado –en Uruguay no estamos acostumbrados a que sucedan estos hechos, pero no quiere decir que no pueda pasar en algún momento–, traería grandes problemas a Montevideo. Quizás esto fuera no tanto por el abastecimiento de agua potable, que sería un problema, sino por todo lo que tiene que ver con la evacuación de los baños y demás. Es decir, estaríamos en un problema sanitario importante.

Básicamente, el proyecto consiste en la toma del Río de la Plata, potabilización en Arazatí y bombeo al Recalque de Melilla. El agua se toma, se potabiliza y se bombea al Recalque de Melilla, donde está el 85 % de la red del área metropolitana. En reglas generales, este es el proyecto, pero lo iremos detallando.

En la presentación podemos ver que, respecto a la necesidad, dice: «La planta de Aguas Corrientes sobre el río Santa Lucía abastece de agua potable a la Zona Metropolitana: parte de Montevideo, Canelones y San José. La planta de Aguas Corrientes tiene una capacidad de producción garantizada de 580.000 m3/día.

Existe un déficit de oferta de agua bruta actualmente de 120.000 m3/d y proyectado de 260.000 m3/d al 2045, valores equivalentes al 20 % y 50 % respectivamente, de la oferta de agua bruta disponible».

 Es decir que en los estudios de la OSE hay un diagnóstico que dice que necesitamos, en materia de cantidad, mayor agua. Como explicaba recién, la vulnerabilidad que tiene el actual sistema es que el río Santa Lucía es la única fuente de agua bruta. Uruguay viene trabajando desde hace mucho tiempo en esto, pero podemos decir que es una fuente de agua comprometida; todavía no logramos una mejora sustantiva en materia de calidad de agua porque estos son procesos. Justamente, desde el Ministerio de Ambiente estamos profundizando estas medidas, pero en realidad es una fuente que tiene comprometida su calidad en algún aspecto.

 Como explicábamos más temprano, la única planta que hay es la de Aguas Corrientes, por lo que si tuviera algún problema implicaría enfrentar los problemas que se detallaban. A su vez, tenemos tres líneas aductoras que transportan aproximadamente el 100 % del caudal y que salen desde Aguas Corrientes.

Como decíamos, cualquier incidente en la fuente actual o fallas en la planta afectaría severamente la seguridad operativa del sistema. Es decir, es un sistema con vulnerabilidades y debilidades.

Nosotros decidimos avanzar en esta opción y no aún en la de Casupá. ¿Por qué? Porque esta última no soluciona la vulnerabilidad de depender del río Santa Lucía y de tener una única planta. Lo que sí tendríamos sería más cantidad de agua.

Me adelanto a decir que los proyectos no son excluyentes: esto no quiere decir que no haya que hacer el proyecto de Casupá, porque luego de implementado este proyecto el 70 % del abastecimiento de Montevideo y de la zona metropolitana seguirá siendo de Santa Lucía. Por lo tanto, seguirá siendo la cuenca prioritaria del país y es necesario seguir trabajando allí. El embalse será necesario, quizás no de la misma dimensión, pero lo importante es que esa obra no es excluyente de la que estamos presentando. No las podemos hacer a la vez por una razón de recursos, pero este proyecto no descarta al otro, sino que prioriza una solución porque tiene en cuenta las cuestiones que planteaba anteriormente.

La solución está basada en estudios cuantitativos de la demanda proyectada y de la oferta de la cuenca del río Santa Lucía. Recién les hablé de la demanda y de la posibilidad de cumplirla con el río Santa Lucía. El proyecto propone una solución optimizada, integral al 2045, para resolver el abastecimiento de agua potable con calidad y seguridad a la zona metropolitana de Montevideo, parte de San José, Canelones y Montevideo, con una capacidad de producir e inyectar 229.000 m3/día al sistema metropolitano: Recordemos que son 580.000 m3/día lo que estamos elevando actualmente, el máximo de capacidad posible.

               Se propone la construcción, como les decía, de una toma de agua bruta en Arazatí; de una planta potabilizadora en Arazatí; de un embalse de reserva, un pólder, que es una reserva de agua dulce para cuando hay eventos de salinidad; de una tubería aductora de agua tratada –es decir, esa agua potabilizada se bombea a través de una tubería hacia el Recalque de Melilla–, y el ingreso de la red en Montevideo.

               De manera que va a haber una toma, un proceso de potabilización y un pólder o reserva de agua dulce, estudiada por los técnicos. Este, en realidad, fue básicamente un requisito de los técnicos de la OSE –que han trabajado en todo esto desde que se presentó la iniciativa– para asegurar el abastecimiento de agua potable en casos de eventos de salinidad en el agua. Esta es una planta potabilizadora, como las que ya conocemos en Uruguay. No es una desalinizadora, porque los eventos de salinidad son muy esporádicos. Ese pólder, esa reserva de agua, precisamente se ha previsto para que, si hay eventos de salinidad, no se interrumpa el suministro.

Vamos a referirnos ahora a los beneficios del proyecto.

En primer lugar, va a tener un impacto directo en el 60 % de la población del Uruguay.

Es el mayor proyecto de agua potable de la OSE en los últimos 150 años.

Beneficia directamente a tres departamentos: Montevideo, Canelones y San José.

En ausencia de este proyecto, el impacto de cualquier falla en el sistema de producción-aducción actual por falta de agua potable en la zona metropolitana provoca enormes perjuicios desde el punto de vista sanitario y socioeconómico.

Este proyecto, desde que se comience a construir, supone dos años de obra en el interior del país, que va a emplear en el momento pico 400 trabajadores directos y aproximadamente 2000 trabajadores indirectos.

¿Cómo estamos en este proyecto? ¿En qué estado de situación estamos?

Una vez que se presentó esta iniciativa, el Directorio de la OSE la declaró de interés. Es el proceso que siguen las iniciativas privadas. Tenemos varias iniciativas de este tipo dentro del ministerio –no es la única–, con diferentes objetivos. En el caso del agua potable, el proceso que establece la ley es que se declara de interés por parte de la Administración, con lo que se dispara el estudio de prefactibilidad, para el cual tienen un tiempo. En este caso, todo se realiza a costo de un consorcio de empresas privadas. A veces es una sola, pero en este caso es más de una. Todo esto fue presentado en tiempo y forma y se aprobó el estudio de factibilidad por parte del Directorio de la OSE.

En el estudio técnico participaron cuatro gerencias de la OSE, es decir, el directorio delegó en cuatro gerencias todo el estudio técnico. El consorcio ha venido trabajando, desde noviembre o diciembre de 2020, cuando se aprobó esto, hasta hace un mes y medio, en el detalle fino de toda la propuesta desde el punto de vista técnico.

Hoy la propuesta está validada desde el punto de vista técnico y aprobada por los técnicos y el Directorio de la OSE. Ese es el estado de situación actual.

Es una inversión de USD 288:000.000, y todos estos procesos de iniciativa privada terminan en un llamado a expresión de interés público. Es decir, un privado lo presenta pero la ley obliga a que esto vaya al régimen de competencia. Entonces, este proyecto, tal cual está establecido, va a ir a un llamado donde podrán también presentarse otras empresas. La diferencia es que quien presentó el proyecto, quien lo elaboró, quien dio las respuestas y quien hizo la inversión desde el punto de vista técnico tiene una ventaja sobre sus competidores, la que define la Administración. La ley establece que la Administración definirá entre el 5 % y el 20 % como ventaja. Como ustedes habrán visto, la OSE votó hace diez o quince días, a nosotros nos está viniendo esa comunicación, y ahora, a nivel del Poder Ejecutivo –OPP, Ministerio de Ambiente y Presidencia–, vamos a definir cómo seguimos en otros aspectos. Hay que definir el tipo de contrato, la estructura de financiamiento y la preparación de los pliegos, porque queremos llamar al proceso competitivo a más tardar a finales de junio para poder comenzar con las obras este año. Luego está el tema de los permisos ambientales y todo lo que sigue después.

Hay otro tema a cuya discusión alguno ya se ha adelantado, que es la forma de financiamiento y operación de la planta. Esto aún no está definido por el Poder Ejecutivo. Lo que ahora está firme es la aprobación técnica del proyecto, que es algo importante, porque originalmente hubo algunas dudas en cuanto a los eventos de salinidad, a la posible generación de floraciones de cianobacterias en la zona de la toma, etcétera. Técnicamente todas estas observaciones están levantadas y la propuesta, aprobada.

Hay cinco opciones de financiamiento y de operación presentadas por el consorcio.

Una de ellas es que la OSE directamente tome deuda, que se traslada a las cuentas públicas, y lleve adelante la elaboración de los pliegos y el proceso licitatorio. El levantamiento de fondos se haría por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y la OSE.

Otra opción es que el privado tome el endeudamiento, por lo que no se computa en las cuentas públicas. En este caso también se elaboran los pliegos, se da el proceso licitatorio y se genera un sistema mediante el cual, por un tiempo determinado, la operativa de la planta estaría a cargo del privado y la OSE le pagaría de forma tal de cubrir la operativa y también la obra.

Lo que está claro es que contamos con informes de constitucionalistas que dicen que las cinco opciones son constitucionales. De todos modos, esta es una decisión que aún no se ha tomado. En este tema intervienen el Ministerio de Economía y Finanzas y la OPP, porque tiene que ver con tomar o no tomar deuda, con determinados plazos, con quién asume los riesgos, etcétera. Es una decisión básicamente financiera. Desde la OSE se terminó la etapa que tiene que ver con el análisis técnico, pero esta definición va a ser más política y financiera, y no se va a tardar mucho en tomar porque, como decía, nosotros queremos llamar al proceso licitatorio antes de fines de junio. Ahí definiremos por cuál de estas vías vamos a avanzar.

Otra de las opciones es la creación de la CASU, la Corporación de Aguas y Saneamiento del Uruguay. Es una empresa que se constituye con la OSE y la CND, y es el vehículo a través del cual se genera la inversión. Es algo parecido a la Corporación Vial del Uruguay, un sistema que viene utilizando el Uruguay hace muchísimo tiempo. Aquí hay una discusión sobre si esto se imputa a deuda pública o no. Es toda una cuestión que se está estudiando, que se está definiendo y, repito, desde el Ministerio de Ambiente queremos tener una definición lo antes posible. Por lo tanto, estimo que de aquí a un mes a más tardar –quizás antes– estaremos definiendo qué vehículo utilizaremos para la financiación y la operación de esta planta.

Básicamente, creo que estos son los aspectos más relevantes vinculados al proyecto Arazatí.

SEÑOR MELÉNDEZ.- Quiero formular varias preguntas, muchas de las cuales tienen que ver con algo que planteó el ministro recién.

En este sentido, hay cierta contradicción con lo planteado en Montevideo Portal por Edgardo Ortuño con respecto al informe técnico. Es un aporte simplemente para poder mejorar, porque desde la OSE el director afirma que se aprobaron los estudios de factibilidad, pero sin informe técnico del organismo. Esa sería, entonces, una de las preguntas. Como el señor ministro aseguró que hay un informe técnico y que hay varias gerencias involucradas en ese informe, me gustaría que profundizara en los aspectos principales, porque, de lo contrario, estaremos poniendo en riesgo el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, que implica la observancia de los informes técnicos para cualquier determinación que tome el organismo.

               El ministro también habló sobre el tema de la salinidad del agua. Si bien es posible que solo haya eventos esporádicos, sabemos que igualmente pueden hacer mucho daño. Entonces, me gustaría saber cuál es el diseño de monitoreo y muestreo de los posibles episodios de salinidad que puede haber y cuál sería la respuesta rápida para que eso no llegue a los hogares, a los consumidores.

               Por otro lado, me gustaría saber si los posibles sobrecostos por el tratamiento del agua se van a trasladar al consumidor, es decir, si van a aumentar las tarifas o si eso va a ser absorbido en algunos otros escenarios donde se plantea contraer deuda. Esto es importante, porque si bien estamos diciendo que tomar agua del Río de la Plata puede servirnos en el corto plazo, también tenemos que considerar que al Río de la Plata vierte no solamente el río Uruguay, sino también el río Paraná, y también desde más al norte de nuestro país. Esto a veces nos complica con respecto a la calidad del agua. Entonces, quisiera saber cómo se va a hacer el filtrado y todo ese tipo de tratamientos.

               Por otra parte, el ministro dijo algo al respecto, pero me gustaría que especificara un poco más cuál es el caudal necesario para que este proyecto sea viable. Esto tiene que ver con el tema de la inversión, porque si bien se dijo que supera los USD 200:000.000, hay otras cifras que por ahí andan rondando y que están en el entorno de los USD 335:000.000.

Con respecto a los temas jurídicos, me parece que son de vital importancia. Me refiero, concretamente, a cómo se están pensando los contratos para la o las empresas adjudicatarias, qué beneficios se les otorgarían –porque por lo general se dan ciertas exoneraciones fiscales o de otra índole– y cuáles son los informes jurídicos de la OSE con respecto a si este proyecto no entra en contradicción con alguna de las tantas leyes o con el artículo de la Constitución que se aprobó en un plebiscito con un apoyo importante de la población.

En cuanto a Casupá, la pregunta –aunque me parece que ya hay un esbozo de respuesta– es si está descartada. También quisiera conocer cuáles son los perjuicios y los beneficios de una obra relacionada con la otra que determinaron que se hiciera Neptuno primero y que se postergara Casupá indefinidamente.

               Por último, me gustaría saber cómo va a ser –ya que este Gobierno hace tanto hincapié en eso– la transparencia de cada uno de los procesos: si van a estar publicados o si va a haber un enlace dentro del sitio web para acceder a la información, a fin de hacer un seguimiento.

SEÑOR LOZANO.- En principio quiero dar la bienvenida al ministro de Ambiente, que es de esta casa; al subsecretario, que también es de la casa, y a toda la delegación que los acompaña, a la vez que agradecerles por la presentación que se ha hecho.

El senador preopinante ha planteado casi todas las preguntas que quería formular. De todos modos, quiero consultar qué dicen los estudios –porque se habló mucho del faltante de cantidad que hay ahora– en cuanto a la calidad del agua en estos últimos veinte, treinta años. Concretamente, me gustaría saber si la calidad ha sido afectada, cómo ha sido la incidencia de las cianobacterias y demás. Es importante saber dónde estamos situados con respecto a la calidad.

               Por otro lado quisiera saber si existen estudios en el sentido de que en estos proyectos pueda haber algún tipo de problemas ambientales.

SEÑORA PRESIDENTA.- En primer lugar quiero decir que hay mucha gente preocupada con este tema en Florida, incluso el propio alcalde de Casupá, con quien he hablado días atrás.

               Este estudio de factibilidad, supuestamente, plantea que en 2037 se debe contar con un volumen superior de agua embalsada, concretando una obra –que podría ser como la represa de Casupá o similar– para abastecer la planta potabilizadora de Aguas Corrientes, que continuará siendo la principal del sistema. ¿Esa información técnica se conoce?  También quisiera saber por qué se descarta esto si cuesta la tercera parte.

               Por otro lado, el artículo 19 de la Ley n.° 17555 prevé que tiene que hacerse, luego de aprobado el estudio de factibilidad, una audiencia pública dentro de los 120 días establecidos para realizar el llamado a licitación. Entonces, quisiera saber si se va a convocar a un diálogo de actores políticos y sociales para procurar un acuerdo sobre el tema del abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana.

               A su vez, quisiera saber qué expertos realizarían los pliegos, es decir, si serían los técnicos de la OSE, y con qué objetivo se contrató –si es que se contrató– a la CND y a la empresa israelí Mekorot, es decir, si tiene que ver con esto mismo y cuáles son los objetivos que se plantearon.

               El senador Meléndez ya se refirió a las cuatro gerencias técnicas que, supuestamente, no fueron las que hicieron el informe. Ese documento termina siendo aprobado por el director general pero no con las anuencias técnicas que debería haber tenido el estudio de factibilidad.

SEÑOR COUTINHO.- Doy la bienvenida al ministro, al subsecretario y a las demás autoridades del Ministerio de Ambiente que nos visitan. Muchas gracias por su presencia.

               Para nosotros es importante saber cuál es la hoja de ruta de este proyecto y cuáles serán los beneficios de este esfuerzo que están haciendo en todo este contexto. En concreto, quisiera saber cómo se solucionarán determinados temas y qué pasará a partir de que tengamos esto.

               También quería profundizar en la razón de que se haya priorizado el proyecto Neptuno al de Casupá, aunque creo que el señor ministro ya lo contestó.

               Por otro lado, quiero poner de manifiesto que el ministro –que ha venido con la voluntad de ponernos al tanto de todo este proyecto– es una de las partes de esto. Él tiene la responsabilidad que le corresponde al Ministerio de Ambiente, pero está claro que si la Constitución marca que es necesario seguir algunos pasos, este Gobierno lo hará, porque no se va a saltear esas etapas.

               El ministro también fue claro en cuanto a que el margen de bonificación de la empresa que presenta el proyecto es de entre 5 y 20, pero eso está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas, de la OPP y de otros organismos del Estado. El Ministerio de Ambiente va a sugerir qué es lo que ellos entienden es lo mejor y después se verá el proceso en los números.

               Este es un trabajo en conjunto con la OSE y el directorio del organismo está integrado por varias partes. Podría haberse generado también la presencia de diferentes mecanismos, pero no sucedió en el ministerio, sino en el ente. Por lo tanto, hoy no podemos atar todos los escenarios puntuales, sí podemos avanzar o adelantar de acuerdo con determinadas circunstancias.

               Digo todo esto porque hay preguntas que el ministro no tendría por qué      responder; él vino a responder todo lo relativo a su área y creo que es importante que esto conste en la versión taquigráfica. Muchas de las preguntas que se están haciendo no tienen que ver con la parte que es su responsabilidad y tendríamos que  esperar a que venga el resto de las partes involucradas.

               Puntualmente, me gustaría saber cuál es el antes y el después de este escenario y cuáles son los contextos.

                Además, señor presidenta, como se estila, no se debería intercambiar comentarios entre los senadores integrantes de la comisión frente a la delegación y sí aprovechar lo máximo posible la visita para que nos deje todos los aportes que tengan para hacer.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Saludo a los integrantes de la delegación encabezada por el señor ministro y el subsecretario, compañeros en el período pasado.

               Tengo dos preguntas para realizar. ¿Existen tierras para la instalación de la planta potabilizadora y de bombeo en la zona o deben expropiarse? ¿Se requiere desalinizar el agua que toma Arazatí? En ese caso, ¿existen previsiones sobre cuántos días del años el agua de Arazatí debe ser desalinizada para su potabilización?

SEÑOR MELÉNDEZ.- También agradezco la presencia de todo el equipo y que se puedan contestar todas las preguntas realizadas. En realidad, suelo hacer muchas preguntas, aunque no corresponda, porque los invitados pueden tener alguna información que sirva para cuando venga el organismo al que sí amerita que se le haga la pregunta.

               Quería simplemente hacer esa aclaración.

SEÑOR CAGGIANI.- Quiero agradecer la presencia del ministro, del subsecretario y de todos los integrantes de la delegación del Ministerio de Ambiente, así como al diputado, que se escapó –dicho esto en el buen sentido de la palabra– de la interpelación.

Considero que ha sido muy importante la explicación que ha dado el ministro sobre este proyecto de ley en términos generales.

En el orden del día hay otros puntos que también son importantes para tratar.

Sobre las apreciaciones que hicieron los colegas, quiero decir lo siguiente. Sin duda que este tema es trascendental para el consumo de agua potable de la población del área metropolitana y de toda la población del Uruguay. Hoy se mencionó al exministro de Defensa Nacional, Fernández Huidobro, quien fue un puntal para pensar estos temas con una mirada más profunda. Él no solo hablaba del agua potable, sino también de problemas alimentarios, poblacionales, energéticos. Algunas veces se le dio corte y otras no; a veces se lo cita para algunas cosas y para otras no.

En lo personal, y dadas las manifestaciones que están haciendo organizaciones de la sociedad civil y el propio sindicato de la empresa estatal OSE, me gustaría incluir en esta temática el aspecto de la constitucionalidad, aunque no del proyecto de ley en sí, porque una iniciativa privada no necesita de un marco constitucional, por cuanto ya tiene una ley que vehiculiza y –como bien estableció el señor senador Coutinho– determina  todo un procedimiento, con el correspondiente llamado público para que se pueda obtener un puntaje específico, etcétera. Seguramente este se va a realizar como se hacen todas las licitaciones del Estado, que por suerte son bastante buenas, transparentes y sobre las que no tenemos grandes problemas, como sí tienen otros países de la región.

El ministro hizo algunas apreciaciones sobre los informes de constitucionalidad del proyecto de ley en cuanto a la operación de la futura planta potabilizadora de agua. Sin duda que ahí surge el tema del artículo 47 de la Constitución. Me gustaría saber cuáles son los informes jurídicos al respecto y si es posible que esta comisión pueda contar con ellos para manejarlos con mayor propiedad y conocerlos, porque resulta de un interés fundamental. Sé que distintas organizaciones se han expresado sobre esa preocupación. Yo fui uno de los que votaron el artículo 47 de la Constitución de la república, como lo hizo el 60 % de los uruguayos, por lo que creo que allí hay un elemento fundamental.

A las preguntas formuladas por el señor senador Meléndez, quiero sumar la siguiente: ¿por qué se terminó segmentando el estudio de factibilidad o el estudio de los aspectos técnicos, de los aspectos jurídicos y financieros? Con respecto a la parte económica –que es la que quedó más tiempo en evidencia–, el ministro bien dijo que había hasta cinco proyectos con posibilidades de convocatoria a una iniciativa privada, con cinco fases o posibilidades de gestión, pero todas con condicionantes financieras diferentes. Se habló de USD 24:000.000 y de USD 34:000.000; había una diferencia de USD 10:000.000 por año solamente en esas cinco fases. Creo que, si uno multiplica esto por treinta, podrá advertir un desfase importante de casi USD 300:000.000 entre una y otra fase, independientemente de que una compute o no para el endeudamiento soberano, porque es una deuda que deberíamos tomar todos los uruguayos.

En fin, quisiera saber cómo puede bifurcarse la parte técnica sin contar con la parte financiera. Pregunto esto porque la propia OSE tendría que financiar parte de esa obra o ello sería de cargo de los ciudadanos a través de las tarifas que cobra el organismo, que además implicaría otras cuestiones.

Concretamente, quería consultar sobre esos dos aspectos en lo que hace a la parte constitucional y a la parte financiera. De no ser posible tener una respuesta en el día de hoy, se lo plantearemos a las autoridades de OSE cuando sean convocadas.

SEÑOR MINISTRO.- Se trata, sin dudas, de temas muy importantes, pero hay algo que quiero decir antes de comenzar a responder las preguntas.

               Nosotros estamos dispuestos a venir a esta comisión cada vez que se entienda necesario. Hay muchos temas a tratar y está claro que la idea es tener un vínculo más fluido con los señores senadores. Por ejemplo, la semana pasada, en una reunión similar a esta en la Cámara de Representantes, nos quedamos cortos de tiempo y es probable que hoy nos pase lo mismo. Ya que estamos acá, nos gustaría dejar toda la información posible para que conste en la versión taquigráfica. De todos modos, si tenemos que volver en otra oportunidad por estos temas o por otros, estamos dispuestos a hacerlo.

               Como señalaba el señor senador Coutinho, gran parte de este tema es competencia interna de la OSE, aunque está en la órbita del Ministerio de Ambiente. Al respecto, quiero decir que mantenemos reuniones periódicas con el presidente del Directorio de la OSE y estamos trabajando en conjunto para hacer el seguimiento de todos estos procesos, pero naturalmente hay información fina que, llegado el momento, corresponde que la brinde el directorio del ente. Sin perjuicio de ello, creo que podemos responder sobre muchos aspectos.

               Por mi parte, tengo constancia de que, cuando se presentó el proyecto, el Directorio de la OSE decidió encargar el seguimiento del tema a cuatro gerencias del ente, que son las que trabajaron de manera intensa y en conjunto con la contraparte privada en todo este tiempo. Precisamente, de ese intercambio fue que surgió la decisión del ente de dar su aprobación. La gerencia general envió un informe y, sobre esa base,  el directorio aprobó por mayoría el proyecto de factibilidad. La información de que dispongo es que este asunto pasó por todas la instancias correspondientes en la OSE y, de hecho, el proyecto recibió modificaciones no menores –que incluso incrementaron la inversión– a partir de la idea inicial presentada, con el fin de contar con resguardos que surgieron del intercambio técnico entre los actores y la OSE. Tengo claro –porque he hablado con algunos gerentes– que el trabajo técnico está hecho, pero no estoy seguro de que el informe de la gerencia general refleje exactamente el de los técnicos, aunque tengo entendido que es así. Asimismo, considero que la validación técnica está dada e, incluso, la información con la que yo contaba era anterior a la aprobación del directorio, puesto que esa validación técnica estaba dada desde hacía mucho tiempo.

               Desde el punto de vista ambiental, la información que tenemos es que, en definitiva, si bien va a existir un impacto, estará contenido y no será muy grande. De todas maneras, esto va a tener que cumplir con todas las etapas, como cualquier otro proyecto. En este punto, quiero hacer una salvedad.

               Entiendo la sensibilidad que despierta el tema, pero también creo que nos estamos adelantando. Por ahora lo que tenemos es una aprobación de la OSE de la parte técnica de la propuesta. Hay una intención del Gobierno en el sentido de avanzar en este tema, pero la decisión aún no está tomada. La idea es avanzar, elegir cómo se va a procesar el agua y definir el financiamiento antes de junio, pero todavía, repito, no hay decisión. Una vez que esté tomada y se haga el llamado, comenzarán a correr los tiempos de los estudios de impacto ambiental como en cualquier otra obra que se hace en el país.

               La información que por ahora tenemos es que el impacto sería menor y localizado, además de que para todos los impactos existen medidas de mitigación conocidas por todos. Es una obra sencilla; se trata de la potabilización de agua dulce y bombeo, que es algo que el Uruguay hace desde hace 150 años. Aquí no hay ninguna novedad, es decir que no estamos hablando de tecnologías o afectación que ya no conozcamos o sobre la que no tengamos experiencia.

               Con respecto a la salinidad, quiero mostrarles algunas gráficas de los estudios que se han hecho. Básicamente, aquí hay dos fenómenos que tienen que ver con la salinidad en esa zona: la intensidad de los vientos y el caudal del agua dulce que viene de los ríos Paraná y Uruguay. En realidad, tuvimos una prueba de fuego en el último verano: se dio un episodio que, según los técnicos, los hidrólogos, se da en un período de retorno de ochenta y cuatro años. Lo que nos pasó el último verano, fundamentalmente entre enero y marzo, que tuvo que ver con la baja enorme del caudal del río Uruguay y, sobre todo, del río Paraná, produjo una sequía histórica que generó una situación que –reitero– se da, según los técnicos, cada ochenta y cuatro años. Y ahí se ve la posibilidad de salinidad.

               Estos son los dos componentes que ocurren de acuerdo con la fortaleza de esos vientos y el caudal. Fíjense que el caudal medio de los últimos veintiocho años es de 15.000 metros cúbicos por segundo, que es la sumatoria del río Paraná y el río Uruguay. Sin embargo, en este período de dos meses de este último verano fue de 7500 metros cúbicos por segundo. O sea, tuvimos un evento absolutamente extraordinario desde ese punto de vista y fue parte de los estudios que se han hecho. Hay una serie que es de los años 2003 y 2004 y los últimos estudios que se han realizado.

               Entonces, ahí está la información, que voy a dejar a la comisión. Se dice que el 97,5 % del tiempo la salinidad es inferior a 0,45, es decir, está en el valor permitido. Acá se expresa que ocurrieron 72 eventos de salinidad en 28 años, lo cual significa un promedio de 2,5 eventos por año.

               No los quiero aburrir con esto, pero la realidad es que el pólder, la reserva de agua dulce que se proyectó, está garantizando el abastecimiento en un período de retorno no menor a cincuenta años. Esa reserva de agua dulce –que fue una exigencia de los técnicos de la OSE– asegura que se tome el agua de la reserva si hay eventos de salinidad y el período que se tiene en cuenta en el cálculo hidrológico es de un período de retorno no menor a cincuenta años. Quiere decir que en un período de cincuenta años podría haber un problema en materia de elevada salinidad. En todo caso, esto llevaría a que no se produzca agua. Mientras haya salinidad elevada, no se produce y se sigue abasteciendo de Santa Lucía, pero el pólder asegura el abastecimiento cien por ciento. De hecho, también vamos a tener años de monitoreos y, eventualmente, si hay más eventos de salinidad, puede solucionarse con otro pólder o agrandando el ya existente. La realidad es que esto está previsto. Se podría haber tenido un menor nivel de seguridad a la hora de la potabilización en cuanto a tener siempre el agua disponible y decidir no producir ni potabilizar los cinco días que tengo un nivel alto de salinidad y seguir el abastecimiento a través del otro, pero el nivel que se exigió al proyecto es de contar cien por ciento con el agua. Por eso se construye este pólder, que se hizo sobre la base de los requerimientos de la OSE, con lo que se asegura tener siempre agua. Por ello nunca se trata de desalinización, sino que siempre es potabilización de agua dulce. Cuando el nivel es elevado, se toma de la reserva; cuando el nivel es bajo, se potabiliza tal cual estaba previsto. Esto es cuanto tenía para decir con respecto al nivel de salinidad y a los recaudos que tuvo el proyecto.

               En lo que tiene que ver con la calidad del agua, es verdad que existen elementos de floración, que son las características normales para un río como el Río de la Plata, con las características a que está expuesto. Allí no hay novedad; la calidad es similar a los niveles que tomamos en el río Santa Lucía.

               Hay un proceso bastante superior al del río Santa Lucía en cuanto a la potabilización, porque incorpora tecnología más moderna. En realidad es la misma tecnología, pero hay algunas cosas en las que habría que invertir en la planta de Aguas Corrientes que tienen que ver con un tratamiento previo que se hace al agua que se potabiliza por sus condiciones. Esas prestaciones ya van a venir incorporadas en esta planta, que es cero kilómetros y que incorpora las últimas tecnologías, por más que es una tecnología conocida, como decía más temprano.

               Voy a referirme ahora al proceso que está planteado en el proyecto para el tema de la calidad del agua, es decir, el proceso de la propia planta y cómo se va a realizar la potabilización en Arazatí.

El proceso de tratamiento comienza con la coagulación optimizada resultante de aplicar coagulantes, preferentemente de tipo férrico o de aluminio. Esta etapa se procesaría en el canal de mezcla rápida Parshall de condiciones de turbulencia apropiadas.

Continúa con la floculación mecánica para un tiempo de retención hidráulica mínimo de veinte minutos, a ser desarrollada en las cubas originalmente previstas con este fin e incorporando nuevas unidades de agitación mecánica de gradiente de velocidad variable.

La tercera etapa es la clarificación por decantación. El sobrenadante clarificado continuará el proceso de filtración, con una reducción significativa del contenido de materia orgánica disuelta y una remoción superior al 90 % del material particulado.

La siguiente etapa se denomina «Ozono en posición de interoxidación». Esto es lo que les decía que se ha planteado hacer en la planta de Aguas Corrientes para mejorar el agua que allí se toma.

La quinta etapa es la biofiltración.

Luego viene la desinfección química con cloro gas como proceso final adecuado para la eliminación de patógenos y la incorporación de residuos preventivos de calidad bacteriológica en la red.

La siguiente etapa es la recirculación directa del desagüe de lavado de filtros a la cabeza del proceso.

Posteriormente se realiza el tratamiento y disposición final directa de lodos concentrados removidos. Los lodos altamente concentrados tienen un proceso de secado y disposición en un lugar ya establecido y los lodos que surgen del lavado de los filtros se recircularizan a la toma, a la cabeza del proceso, digamos.

               En resumen, el ciclo es el siguiente: la toma, la mezcla, la floculación y sedimentación, el contactor con ozono, etcétera. Y el proceso que se va a utilizar con la toma de agua tiene mejoras con respecto a lo que habitualmente se hace en Aguas Corrientes, ya que se incorporan nuevas tecnologías que no están en dicha planta.

               Básicamente, esto está previsto en cuanto a la calidad y ya fue analizado por los técnicos de la OSE.

               Lo mismo pasa con el pólder. Por sus características, según dicen los técnicos, habrá menos posibilidades de formación de floraciones en el pólder que en el propio Río de la Plata, pero, de todos modos, si fuera igual, el proceso es el mismo a la hora de la toma y también del procesamiento. Entonces, esas cuestiones han sido tomadas en cuenta.

Se va a elevar unos 229.000 metros cúbicos por día. Estamos hablando de que hoy tenemos 600.000 metros cúbicos por día, o sea, un 35 % más del agua que hoy está elevando la OSE desde Aguas Corrientes. Básicamente, esto supone una mejora sustantiva en la cantidad de agua, que en definitiva redunda en una mejora en la calidad de vida de las personas. Aquí podría haber algún ingreso más para la OSE porque algo más de agua se puede comercializar, pero, en definitiva, no va a haber más ingresos para el Estado. Ya me adelanto a decir que no va a haber cambios en las tarifas. Se trata de cumplir nada más ni nada menos que con un derecho básico, como es el acceso al agua potable.

 Este proyecto es cien por ciento inversión en calidad de vida de las personas. Hay otras inversiones que pueden tener un retorno o una mejora de ingresos, pero esta es una inversión para solucionar un problema que tenemos diagnosticado hace mucho tiempo, que es asegurar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana. Insisto, es determinante –señalando un poco la hoja de ruta en la que estamos– porque es la inversión más importante, en cincuenta años, en agua potable. Por eso es bien relevante que lo hablemos, que trabajemos en los temas y que los sigamos explorando.

La empresa no va a tener ningún beneficio más que los ya existentes para el régimen de inversiones, la calificación en la Comap. En ese sentido no tiene ninguna otra ventaja. Como señalamos, no hemos definido el porcentaje de ventaja. Las ventajas son las que existen, no hay ninguna otra. Acá no hay ningún UPM con ventajas adicionales a las que ya establece la ley vigente. Son las ventajas que se les da a las empresas.

Por otra parte, no hemos definido aún cuál será la ventaja de entre el 5 % y el 20 %. Este ministerio tiene posición sobre cuál debería ser ese porcentaje. Adelanto que nuestra visión es siempre favorecer la mayor competencia posible, pero aquí hay otros elementos que entran en juego y, obviamente, no es una decisión solo del Ministerio de Ambiente, sino que estas son de las cosas que tenemos que trabajar con el Ministerio de Economía y Finanzas y la OPP.

Aprovecho para responder una de las preguntas del senador Caggiani, respecto a por qué se separa un proceso del otro. La respuesta es que son decisiones diferentes. La decisión financiera involucra decisiones país, decisiones más globales que tienen que ver con toma de deuda, con tasas de interés, con otras cuestiones que no hacen estrictamente a decisiones que puedan depender solo de la OSE. A su vez, a nivel de la OPP, tiene que ver con una visión general de las empresas públicas, de cómo se hacen las inversiones. Se pueden redireccionar algunos recursos que ya iban hacia la OSE, se puede contribuir con nuevos recursos o se puede incluirlo en nuevas presupuestaciones. Entonces, entendimos que el nivel de toma de decisión del financiamiento correspondía al Poder Ejecutivo, en la medida en que están involucrados otros componentes que obviamente escapan al manejo de una empresa pública, de un ente como la OSE.

Hay más elementos a tener en cuenta. Entonces, sí nos interesaba que todo lo que tiene que ver con la validación técnica del proyecto estuviera en manos de la OSE. Creo –y lo afirmo– que tenemos una capacidad técnica muy buena en la OSE, que tenemos una empresa –en este caso del Estado– que tiene una larga trayectoria, que incluso es referencia internacional. Creo que tenemos los técnicos que pueden validar sin ningún inconveniente todos los procedimientos, los que han venido hasta ahora y los que van para adelante. También me adelanto a responder otra pregunta: todos los pliegos y todo el llamado van a estar a cargo de los técnicos de la OSE, que son los que saben de agua en el Uruguay. Con relación a esas decisiones, desde el ministerio le damos la derecha a OSE, que es el organismo que tiene la experiencia y el conocimiento.

Nuevamente, ¿por qué nosotros optamos por este proyecto? Es una decisión política y estratégica. Estoy absolutamente convencido de que hemos acertado en la decisión; es decir, la presa de Casupá no resuelve el problema. El principal problema que tenemos es la dependencia de una sola fuente, de una sola planta, y la seguridad del abastecimiento no se resuelve con Casupá. Entonces, esta decisión, desde el punto de vista estratégico del país, desde nuestro punto de vista es mucho más acertada. Hay que priorizar esta obra. Luego, la otra obra hay que realizarla en la medida en que es necesario asegurar también la cantidad de agua que llegue al río Santa Lucía.

Insisto –sobre esto voy a volver más tarde y voy a ceder la palabra–: en el Santa Lucía seguimos con problemas de calidad y va a pasar tiempo para que la calidad mejore. Esto supone un nuevo embalse de agua. Entiendo –porque además soy casi vecino de Casupá– que en el pueblo querían la obra ya porque generaría algún puesto de trabajo y demás, pero también es cierto que allí se va a instalar un nuevo embalse de agua, y esto no es lo mejor desde el punto de vista ambiental. Es allí donde comienzan a generarse problemas como las floraciones y demás. Entonces, seguramente el embalse sea algo en lo que haya que avanzar, pero entre las dos opciones, desde el primer momento, como decisión estratégica, política y de gobierno no tuvimos ninguna duda en avanzar por este camino, porque creemos que es el que aporta mayor seguridad y donde la inversión tiene un mejor rendimiento en términos país.

Luego también aclaro que hay que tener mucho cuidado con los números que se manejaron con respecto al costo de la obra de Casupá, que desde nuestro punto de vista no son los que se habían anunciado, sino bastante superiores. Allí hay más de una opinión. Para la OPP duplican o triplican los costos. Desde la OSE se ha reconocido que la primera presupuestación –porque todavía no era un proyecto, sino una idea con algún número–, o sea, la idea de costos de la obra de Casupá que se conoció, que era del entorno de los USD 100:000.000, está bastante por debajo del costo real de la obra, que, en ningún caso, baja de los USD 200:000.000, y para algunos ronda los USD 300:000.000. En fin, allí hay todo un tema.

Entonces, nosotros no tenemos ninguna duda de que, en principio, el camino es ir por esta obra, aunque siempre aclaramos que no se trata de dejar de lado a Casupá y demás, sobre todo porque, insisto, el 70 % del área metropolitana seguirá siendo abastecido por el río Santa Lucía. Allí hay que seguir trabajando en asegurar la cantidad –y la presa de Casupá va en ese sentido–, pero también hay que trabajar mucho en la calidad, donde todavía estamos bastante atrás.

El proceso, obviamente, va a ser transparente, como señalaba el señor senador Caggiani. Es un proceso público, abierto, donde todo se va a conocer, y nosotros estamos también a la orden.

               Nosotros estamos convocando –ayer hablé con la directora nacional de Aguas– para el 15 de junio al comité de cuenca del Río de la Plata, de forma tal de evacuar estas dudas.

               Aquí quiero hacer una puntualización. Nosotros comenzamos a trabajar en este proyecto en el 2020, y fue cristalizando. Podría haber naufragado, por múltiples razones: porque tuvimos una pandemia en el medio, por falta de financiamiento, porque la OSE podía decir que no era viable desde el punto de vista técnico y que los eventos de salinidad no se arreglan con un pólder, que son insalvables, etcétera. Entonces, yo entiendo la preocupación de algunos colectivos, pero no puedo presentarme ante uno de ellos a hablar sobre lo que no sé. Entonces, si no hay una decisión tomada y recién están en marcha los estudios técnicos, mal puedo ir a presentarme a una asamblea.

               Ahora, en la medida en que ya hay un estudio técnico, podemos ir a hablar de esto con los vecinos, con los técnicos y podemos responder las preguntas que quieran sobre la parte técnica. Esto lo tenemos; entonces, podemos comparecer. Luego habrá otros elementos, pero insisto en que estamos llamando al comité de cuenca. Para nosotros los ámbitos de participación son muy importantes. Hemos participado personalmente de todos los ámbitos de todos los comités y comisiones de cuenca –es la primera vez que lo hace un ministro y en ningún caso le quitamos importancia–, pero está claro que debemos tener los elementos suficientes para poder ir a hablar con los vecinos y con las personas que tengan inquietudes. Este es un proceso que, como ustedes están viendo, está en marcha y aún tiene etapas sin cerrar.

               Reitero que ahora tenemos elementos, porque ya está aprobada la factibilidad técnica, y de esto podemos hablar, pero mal podríamos ir a hablar antes. Ya anuncio acá que desde ayer di las directivas a la directora nacional de Aguas para la convocatoria el 15 de junio del comité de cuenca del Río de la Plata donde podremos hablar de estos temas con todo el mundo y el tiempo que sea necesario.

               Con respecto a la expropiación, quiero decir que son siete hectáreas, que es lo único que hay que expropiar. No hay problema en ese sentido.

               En cuanto a la desalinización, no se desaliniza nada en ningún momento.

               Con relación a la cuestión jurídica, el proyecto vino con informes y la OSE cuenta con ellos. El proyecto tiene dos informes de dos constitucionalistas, que no recuerdo quiénes son –no quiero dar nombres porque puedo equivocarme– y, hasta donde yo sé, la asesoría jurídica de la OSE va en la misma línea de estos informes. Obviamente, todo debe hacerse de acuerdo con lo que marca la Constitución de la república. Eso está claro y así lo vamos a hacer. El artículo 47 dice que el suministro de agua potable y el servicio de saneamiento deben ser brindados por el Estado, y así va a ser. Quien va a suministrar el servicio, en cualquier caso, va a ser la OSE.

               También me adelanto a decir que en Uruguay existen plantas de tratamiento que la operan privados. El gran avance sobre esto se dio, precisamente, en los últimos quince años, y hoy las empresas privadas operan plantas de saneamiento prácticamente en todo el país. Esa es la realidad. Hoy la OSE brinda el servicio de saneamiento en muchísimos lugares, existen empresas privadas que construyeron plantas de saneamiento y las están operando, y existen plantas de saneamiento de la OSE operadas por privados. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, en un proceso gradual, la OSE ha tenido una pérdida de capital humano importante y no cuenta, en muchos casos, con los recursos humanos suficientes para poder hacer frente a este trabajo.

En esta Administración creo que solo hay una planta más –que si no me equivoco es la de San Ramón, por ahora– que está siendo operada por privados, y esto tiene que ver con una demora en la conexión de la cañería; hasta que no esté pronta, la OSE no la va a operar. Todo el resto de las plantas de saneamiento operadas por privados son de Administraciones anteriores, o sea que esto no es novedad en el Uruguay: privados operando plantas propiedad de la OSE –eso es lo más común– y un servicio brindado por la OSE. En todo caso, las Administraciones anteriores cumplieron con la Constitución, porque eso no está prohibido, o sea que en este caso sería algo similar a lo que ya el Uruguay conoce de los últimos quince años.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Gracias, señor ministro, y gracias, señora presidenta. Es realmente un gusto estar con los senadores en la comisión, acompañado por jerarcas y técnicos del ministerio. 

Obviamente, quiero subrayar lo que el señor ministro ha dicho con respecto a lo que es una visión estratégica del Estado sobre un proyecto que no es nuevo. En realidad, esta idea de Arazatí es un tema que viene de la década de los setenta y busca una fuente alternativa para el abastecimiento de agua potable del área metropolitana de Montevideo, que incluye al 60 % de la población. Por esto nos parece sumamente importante tener esta alternativa, que nos dé un grado de soberanía con respecto al tema agua, independientemente de la fuente de donde se saca hoy, que es una sola. Esa fuente ha abastecido a Montevideo por 150 años, pero existe siempre ese riesgo latente de que tenga problemas, como los que decía el señor ministro respecto a las dificultades que hemos tenido en los veranos pasados.

Solamente quiero hacer un par de puntualizaciones con respecto a lo que decía la señora presidenta con respecto al artículo 19 de la Ley n.º 17555, que tiene que ver con las audiencias, pero no como ámbitos de participación –que es el caso de la comisión de cuenca que mencionaba el ministro–, sino como parte del precio competitivo. El artículo 19 dice que se podrá llamar a audiencia pública, licitación u otro proceso competitivo, o sea, como una posibilidad de los procesos de competición para los oferentes o participantes en este proceso de iniciativa privada.

De todas maneras, seguramente el Ministerio de Ambiente va a tener varias instancias de participación pública de la sociedad civil y, obviamente, de los actores políticos, para que puedan intervenir en el proceso de decisión.

Con respecto al artículo 47, señalo que me parece oportuno lo que decía el señor ministro. Más allá de los informes jurídicos que existen, en ninguna de las opciones que se han planteado está previsto que el servicio de abastecimiento de agua potable para el consumo humano de la población sea prestado por privados. Va a ser prestado exclusivamente por personas públicas estatales, en este caso la OSE, como lo dice la Constitución de la república, y de ninguna manera este Poder Ejecutivo ni este ministerio piensan en sortear lo que dice la norma constitucional, que es muy clara al respecto.

Los señores senadores pueden tener la certeza de que realmente va a ser así y que esto se va a cumplir a rajatabla, más allá de la lectura que se le puede dar a la operación o no de determinadas acciones que cumple la OSE. El organismo brinda hoy el servicio de agua potable a la ciudadanía, pero para llegar a cumplirlo tiene algunos procesos anteriores que los hace con privados, los contrata para arreglos y construcción de cañerías, para reparación, para mantenimiento, para construcción de pozos semisurgentes, para la construcción de instalaciones. En realidad, para ello contrata empresas privadas y hace licitaciones privadas; después el servicio –que es lo más importante–, lo cumple la OSE. Incluso, el mantenimiento de esos equipamientos, instalaciones e infraestructura muchas veces lo hacen los privados, pero  la OSE es el que brinda el servicio al ciudadano, que es lo que quiere garantizar el constituyente cuando establece esa disposición en el artículo 47.

               Así que solamente quería agregar esto a lo ya expuesto claramente por el señor ministro.

SEÑOR MINISTRO.- Aquí hay dos temas presentes. Por un lado está lo que tiene que ver con la calidad del agua en términos generales y, por otro, están las cinco propuestas de financiamiento. Quiero detenerme en ellas y detallarlas, para que la comisión tenga cabal conocimiento de cómo operaría cada uno de los sistemas, además de la información general que ya presenté y de los conceptos generales que acabamos de mencionar con el subsecretario.

SEÑOR COUTINHO.- De acuerdo con lo que dijo el señor subsecretario, la OSE brinda el servicio y lo financia. El ingreso del privado es en base al aporte del presupuesto de la OSE. Esto no significa que el privado involucre a determinados actores externos y que la OSE tenga que pagar de una u otra manera.

SEÑOR MINISTRO.- Hay varias opciones que vamos a detallar a continuación.

SEÑOR COUTINHO.- Me refiero puntualmente a la gestión de la potabilizadora y demás. El servicio es de la OSE y el financiamiento es privado, pero no me refiero al financiamiento de estas cinco opciones. A este respecto, va a ser interesante saber, por encima de lo que defina el Ministerio de Economía y Finanzas, cuál es la que sugiere el Ministerio de Ambiente. Estaba haciendo referencia a lo que se dijo anteriormente sobre el servicio y el financiamiento de la OSE; el servicio de la gente.

SEÑOR MINISTRO.- Exactamente. En todos los casos, el servicio es brindado por la OSE; en realidad es brindado por el Estado, porque en Maldonado hay un híbrido entre la OSE, la intendencia y demás. Repito: en todos lados el servicio es brindado por el Estado, por la OSE o por esta empresa. Desde allí se paga el trabajo que hace el privado, como decía el subsecretario, en múltiples aspectos. Yo me detuve en las plantas de tratamiento de saneamiento, porque son como una planta de tratamiento de agua potable, están en el mismo renglón en la Constitución; desde el punto de vista formal, son lo mismo. Además, están todos los servicios que detalló el subsecretario, a los que también OSE contrata permanentemente con privados. Insisto en que ese sistema tuvo un crecimiento exponencial en los últimos quince años. Esto tiene que ver con una baja en la inversión de  la OSE en términos relativos y el mantenimiento de determinadas capacidades en la empresa pública.

Como decía al inicio de mi intervención, desde el ministerio tenemos dos grandes preocupaciones en materia de agua, que son centrales en la gestión: la cantidad y la calidad de agua. Hay otros temas –algunos vamos a tratar hoy–, pero en materia de calidad tenemos una gran prioridad. Este es un tema bien relevante para el Uruguay. Si bien tenemos una calidad media y buena del agua, tenemos que seguir trabajando, porque existen algunos elementos que producen dificultades en materia de calidad del agua con relativo avance. Por ejemplo, al día de hoy, más del 80 % de los efluentes industriales están controlados en tiempo real por el Ministerio de Ambiente. Esto es algo que prácticamente no existe en la región; es un gran avance.

Por otra parte, está la calidad del agua vinculada al saneamiento. En este punto tenemos algunas dificultades. Sin embargo, hay un proceso. Gran parte de las obras contra la cuenca del Santa Lucía de los centros urbanos pegados al río están siendo terminadas. En Fray Marcos ya está operativo, comienza a funcionar en San Ramón y  la obra en Santa Lucía está avanzando; quiere decir que allí habrá mejoras sustantivas, pero tenemos un gran problema con la contaminación difusa.

En un país productor de alimentos, en un país con base agropecuaria, el gran tema vinculado a la calidad del agua está en la producción, y en ese sentido tenemos mucho para avanzar. Ya que estamos hablando de agua potable, tenemos mucho para avanzar en todo lo que es la cuenca del río Santa Lucía; allí el principal problema tiene que ver con la materia orgánica que llega al curso, que básicamente se relaciona con los tambos. En la cuenca del río Santa Lucía hay 1100 tambos, de los cuales aproximadamente 400 cuentan con plantas de tratamiento de efluentes. Hace unos meses el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca cerró un préstamo de USD 3:000.000 con el Banco Mundial para financiar obras de tratamiento de efluentes de las salas de ordeñe de 197 tambos. Es decir que la cifra se elevará a 600, pero todavía estamos muy lejos de los 1100. Allí hay muchas cosas más por hacer.

Ustedes saben que el ministerio viene con una lógica de acumulación. No venimos a inventar la pólvora, a reiniciar cosas ni a empezar desde cero, sino a acumular sobre lo que el Uruguay ha venido haciendo en materia ambiental en los últimos treinta años. Esa es una línea de la actual gestión del ministerio. Entonces, vamos en la línea de profundizar el plan del Santa Lucía. Estamos ingresando en lo que se denomina «Segunda generación del plan».

               Este tema es muy importante. El señor senador Lozano preguntaba cómo ha sido la calidad del agua, sobre todo en el último tiempo. Allí hay un problema claro: todo lo que tiene que ver con la fertilización y el trabajo para que los nutrientes que llegan a los cursos de agua no cambien y se cuente con menos aportes de fósforo y nitrógeno, que es lo que, en definitiva, genera el problema de las cianobacterias, entre otras cosas.

Entonces, si me preguntan cuándo se termina el problema de las cianobacterias, respondo que va a ser cuando cambie lo que hagamos en las cuencas. Si no, no va a cambiar nunca. Si bien creo que tenemos algunas cosas para hacer en la fuente, siguen siendo mínimas. Siguen siendo muy pocas las cosas que podemos hacer.

Tenemos un sistema de detección que seguramente esté utilizado en poco tiempo. Para eso, en estos quince minutos me gustaría aprovechar que estamos aquí para que se autorice a hacer uso de la palabra a la ingeniera Marisol Mallo, que es la gerenta

del Área de Información, Planificación y Calidad Ambiental de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, bajo cuya órbita está la División Calidad Ambiental, y allí calidad de agua. Es donde está toda la información con respecto a este tema, que es bien relevante.

Si la señora presidenta está de acuerdo, ya que estamos todos, aprovechamos para dejarles información sobre la cuestión general en cuanto a calidad del agua.

SEÑORA MALLO.- Buenas tardes.

               Muy sintéticamente voy a referirme a este tema. Ustedes ya lo manejan dado que en los últimos años ha estado varias veces sobre la mesa de todos.

               Lleva muchísimo años revertir los procesos de deterioro de la calidad del agua que se da en una cuenca. Por eso es importante que trabajemos en toda la batería de acciones. La cuenca del Santa Lucía es prioritaria desde el punto de vista del suministro de agua potable a toda la población. También es una cuenca prioritaria desde el punto de vista productivo. Por la posición estratégica en que está localizada, tiene una presión muy importante desde los desarrollos urbanos y también desde el ámbito productivo. Es por eso que tiene, de alguna forma, un estado de situación de calidad que en el pasado generó los eventos puntuales sobre el suministro de agua potable y que sensibilizó a todos los actores para que, con fuerza, se trabajara en un plan para revertir el deterioro.

               Todos los procesos que de alguna forma intervienen en el ecosistema hídrico son lentos y tienen que hacerse en múltiples acciones, y los resultados de la mejora sustancial de la calidad van a verse, seguramente, en forma importante en una década o algo más.

               Eso nos llama a todos a una responsabilidad y, como recién decía el ministro, en nuestro país tenemos la ventaja de que los problemas de calidad del agua no son más complejos desde el punto de vista de contaminantes, que son mucho más difíciles de gestionar.

El tema de los nutrientes está presente en todos los países del mundo. Viene asociado a la necesidad de trabajar con prácticas productivas que nos generen un proceso de mayor sostenibilidad. Allí hay mucha cosa para hacer con respecto a los aportes difusos que también, en lo que refiere a los contaminantes, son los que recientemente más se abordan desde el punto de vista nacional. Decimos esto porque tradicionalmente el foco de control de la contaminación y todas las herramientas que tenemos diseñadas estaban pensadas para fuentes puntuales, tanto de efluentes industriales como de saneamiento.

               Acá hay un aprendizaje y un desarrollo de nuevos instrumentos y herramientas que tiene que ser permanente. Lo que debemos tener claro es que el tema de la eutrofización que tenemos no va a tener resultados en forma inmediata.

               Hemos logrado revertir el incremento sostenido que se venía haciendo de los niveles de nutrientes en la cuenca, pero obviamente hay que hacer mucho más si queremos bajarlos efectivamente para que los eventos de floraciones de cianobacterias desciendan en la frecuencia de ocurrencia en un escenario donde la variación del clima nos pone en una situación también con muchísimas más presiones.

               Entonces, tener una fuente alternativa, obviamente, genera un sistema mucho más sólido y con mucho menor riesgo, porque el estado de situación de dos fuentes diferentes que brinden el servicio de suministro de agua a la población nos deja en una posición mucho más fuerte ante cualquier evento de calidad que pueda existir.

SEÑOR MINISTRO.- El financiamiento y la operación de la planta sé que van a ser temas de discusión. Entonces, me parece que, en la medida en que estamos aquí, es bueno evacuar todas las dudas que puedan tener al respecto, como así también dejar la mayor cantidad de información posible para que se entienda el sistema.

               Como les decía, hay cinco opciones diferentes de financiamiento en degradé, desde la inversión pública dura, al último sistema. Como contamos con la suerte de tener aquí a quien nos asesora en el tema, la señora Magdalena Perutti, me gustaría cederle la palabra para que nos brinde mayor información sobre cada una de las opciones del modelo económico-financiero. Todavía no hemos decidido cuál vamos a elegir, pero me parece que sería bueno ponerlos en antecedentes de qué significa cada una.

SEÑORA PERUTTI.- Buenas tardes a todos.

               El objetivo es contarles brevemente en qué consiste cada una de estas cinco alternativas. El cometido fue tratar de dibujar este abanico de alternativas sobre la base de las experiencias que había tenido el país en lo que es inversión en infraestructura, lo que al final del día es beneficio público.

               En este sentido, en la primera alternativa, como bien decía el señor ministro, la OSE es quien toma la deuda a través de un fideicomiso y la contrata. O sea, esa deuda que toma la OSE es una infraestructura, una inversión que queda en su balance, así como también la deuda. Esta es la experiencia, por ejemplo, en la que actualmente actúa la OSE cuando financia las inversiones que hace. Lo que hace la OSE es ceder parte de la cobranza a un fideicomiso, que al principio levanta los fondos y va repagando esa deuda a largo plazo con esa cesión de cobranza. Esta es una estructura que actualmente usa la OSE para pagar su infraestructura, pero desde el punto de vista de los montos –me refiero al monto al que actualmente asciende esa deuda– es de una cuantía menor a las inversiones a las que refiere este proyecto. Como bien dice el cuadro, esta deuda quedaría en el balance de la OSE y, por lo tanto, sería computada en la deuda global a nivel del país.

               A medida que vamos pasando de escalón, vamos a ir viendo distintas alternativas en las que lo que varía es en el balance de quién queda la infraestructura, quién toma la deuda y cómo se hace el vínculo entre la OSE, que es quien tiene que usar ese activo, y el que toma la deuda. Por eso, a medida que vamos pasando de una alternativa a otra y, de alguna manera, ese vínculo –tanto de la propiedad del activo como de la toma de la deuda– se va alejando de la OSE, en términos relativos se encarece el monto anual que la OSE tiene que destinar al repago de esa inversión.

               En el segundo caso se dice que la OSE es dueña de un vehículo. ¿Qué significa esto? Que la OSE forma un fideicomiso o una sociedad anónima y esa figura es la que contrata la obra y toma el financiamiento; a su vez, le cobra a la OSE por el uso de esa infraestructura. Esto es bastante parecido –por poner un ejemplo de cosas que suceden hoy en día– a lo que hace la UTE con las líneas de alta tensión en las que el organismo invierte. De hecho, en el proyecto que la UTE está llevando adelante en este momento con la empresa china, que es la que está ejecutando la obra, la UTE formó una sociedad, que es la que licitó la obra y contrató la empresa. Además, la UTE tomó la deuda para el pago de esa infraestructura. Reitero que esta segunda alternativa es similar al ejemplo que actualmente la UTE está utilizando para sus líneas de alta tensión.

               ¿Por qué me gusta poner un ejemplo? Porque me parece que es la forma más sencilla de ver cómo el país llevó adelante otras infraestructuras en lo que tiene que ver con la búsqueda de formas de financiamiento. ¿Qué significa en este caso? Que ese vehículo va a tener que tomar la deuda; por lo general toma deudas de organismos multilaterales en base a las ventanillas privadas de estos organismos. Esto significa que no ocupa el cupo de deuda que ya tiene aprobado el país, sino que son cupos adicionales de endeudamiento.

               En la alternativa 3 se muestra que no es la OSE la dueña de ese vehículo jurídico, sino la CND. ¿Cuál es la diferencia con el caso anterior? Ahí vamos al ejemplo de la Corporación Vial del Uruguay, que actualmente es tomadora de endeudamiento y con esa deuda invierte en infraestructura vial. Entonces, esa alternativa plantea una situación similar en la que una entidad, en este caso llamado CASU, formada por la CND, es la que contrata la obra, la que toma el endeudamiento para financiar esa obra y la que le va a cobrar a la OSE a medida que use el activo. En este ejemplo que está planteado se utilizaría deuda soberana para la toma del financiamiento. Esto significa que parte de las líneas de crédito que la banca multilateral otorga al país se utiliza para esta inversión, lo que, de alguna manera, le quita el lugar a otra necesidad de fondos para la que también se pensó esa deuda.

               Por otro lado, en la alternativa 4, el que hace la infraestructura, el que contrata la obra y el que toma el financiamiento ya no es parte del Estado en el sentido amplio; ya no es la OSE, ni su vehículo, ni la CND, sino que quien licitó este contrato es el que hace la obra y toma el financiamiento. Entonces, en este escenario, el financiamiento está en la cabeza de la empresa privada que decidió invertir en este proyecto. Aquí se hace como una suerte de contrato de arrendamiento con la OSE, que paga al privado por el uso de una infraestructura, que al final del período del contrato vuelve a OSE. Ese es el caso, por ejemplo, de las líneas de alta tensión que utilizó la UTE cuando las empresas privadas fueron las adjudicatarias de esos contratos. La línea que va desde Melo hasta Tacuarembó siguió este camino. En ese caso, una empresa privada licitó un contrato de leasing, construyó la obra, tomó la deuda y luego arrendó a la UTE el uso de esa línea de alta tensión que, al final del período del contrato, retorna al activo de la empresa pública.

               Si ustedes ven, hay saltos en los montos anuales que implican este tipo de alternativas. ¿Por qué? Porque a medida que cambiamos el activo de manos empiezan a aparecer otros conceptos de gastos. Primero, las instituciones financieras siempre le van a prestar a una empresa privada a un mayor costo que a la pública. Si estamos diciendo al privado que tome la deuda, entonces, razonablemente, los bancos le van a cobrar más caro que a la empresa pública. También, razonablemente, le van a prestar a menor plazo, por lo que necesita que la cuota anual sea un poco más alta para poder pagar el monto de la infraestructura.

               Además, en la medida en que hay una empresa privada que asume el riesgo de la gestión del activo, de tener una infraestructura a un precio cerrado, etcétera, tiene sus costos de garantía, sus costos operativos y, obviamente, un incentivo por generar una rentabilidad. Eso es lo que ocasiona las diferencias de los precios aproximados entre las distintas alternativas.

               En la última opción, en la 5, lo que se le estaría pidiendo a la empresa privada no es solamente que construya y que financie, sino también que opere el activo. Operar el activo no significa comercializar el agua, sino hacerse cargo de la operativa de esa infraestructura. Entonces, en lugar de hacerlo técnicos de la OSE –como en la alternativa 4–, lo harían técnicos contratados por la empresa privada, que sería el caso de la alternativa 5.  Podríamos decir que es parecida al aeropuerto de Carrasco, en el sentido de que se trata de una infraestructura construida, financiada y operada por un privado, pero al final del período de concesión va a volver a los activos del Estado. Entonces, la diferencia entre la 4 y la 5 es que en esta última agregamos esa BOT –por la sigla en inglés–, donde le estamos pidiendo que construya, que opere y que después la traslade.

               Esas son las cinco alternativas con sus características. Cuanto más me traslade a la quinta, más riesgos son los que transfiero hacia el sector privado –riesgo de construir, riesgo de operar, riesgo de financiar– y, por lo tanto, menos riesgo dejo del lado público. La relación riesgo-retorno, de alguna manera, siempre se verifica: cuanto menos riesgo asumo, más caro –por decirlo de alguna forma– le sale al Estado en términos anuales.

SEÑOR CAGGIANI.- Han sido muy precisas las explicaciones del equipo técnico del ministerio y de las autoridades.

               Quiero referirme a un tema que planteé específicamente. Entiendo la ingeniería financiera y cómo los diferentes modos de financiamiento van encareciendo o no el procedimiento correspondiente. Del mismo modo, comprendo que esa es una decisión país, en la medida en que, en realidad, no la toman solamente las autoridades que integran el Directorio de la OSE, sino todo el país, porque así lo requiere la envergadura de la obra.

               Más allá de eso, en el procedimiento que se estableció de acuerdo con la resolución n.° 263/021, el Directorio de  la OSE en pleno definió destinar un grupo de seguimiento de la contraparte de la iniciativa privada Neptuno. No la voy a leer, porque ustedes conocen la resolución, pero en el considerando 1) se establece que para llevar adelante ese contralor se entiende conveniente una contraparte de seguimiento de esos estudios que entienda y aúne los aspectos técnicos de ingeniería financiera y jurídicos involucrados. Esto es así más allá de que después la decisión país la tomarán las autoridades legítimamente electas, el presidente con los ministros correspondientes.

               Mi pregunta es si la OSE terminó de realizar todo el procedimiento correspondiente para informar, en este caso, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Economía y Finanzas, a la OPP y a Presidencia de la República sobre la visión que tiene respecto a la ingeniería financiera. Esto es importante y es un tema que a nosotros nos preocupa, al menos en términos de conocimiento, más allá de que luego esperamos tener la posibilidad de recibir a las autoridades de la OSE en la comisión para ahondar en estas preguntas específicas.

               Por otro lado, si fuera posible les pediría que hicieran llegar los informes jurídicos correspondientes, tanto de las autoridades de la OSE como de los constitucionalistas aparentemente contratados por la empresa que presentó la iniciativa privada o el consorcio. Sería bueno conocerlos para tener más información.

SEÑOR MINISTRO.- Con respecto a lo último, los informes son parte de una documentación todavía reservada, en la medida en que no se ha avanzado en esto, pero en caso de que se avance, claramente va a estar todo disponible, junto con otros informes.

               En cuanto a la definición, no corresponde solamente a la OSE –por lo que expliqué–, pero en todo caso se va a tener en cuenta su posición y su visión.

               En todas las reuniones que venimos teniendo, digamos, de más alto nivel con respecto a este tema, participa el presidente de la OSE, el director de la OPP y el propio presidente de la república. Es decir, la OSE está incluida a la hora de la definición. Obviamente, por lo que implica y por el monto –hablamos de la inversión más importante de estos cincuenta años–, no es resorte solo de la OSE, pero forma parte y se la escucha de manera permanente. Es parte del esquema y de la toma de decisiones.

SEÑOR CAGGIANI.- Yo me refería al proyecto, no a la decisión final.

SEÑOR MINISTRO.- El informe técnico es el que tenemos y elevamos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Lo que sucede es que al parecer, según entiendo, iba todo junto.

SEÑOR MINISTRO.- Sí, pero el conocimiento de la OSE es en el agua: en la ingeniería, en la potabilización, bombeo y distribución de agua.

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, pero la información que nos llegó dice que se creaba el grupo técnico de la OSE para su estudio, y la factibilidad comprende todo el proyecto: los aspectos técnicos, de ingeniería financiera y jurídicos involucrados.

SEÑOR MINISTRO.- Lo que resolvió el Directorio de la OSE está en su resolución, que se elevó hace quince días. Ahí está la definición de la OSE.

SEÑORA PRESIDENTA.- Bien. Gracias.

SEÑOR STRANEO.- ¿Es lo que está viniendo?

SEÑOR MINISTRO.- Sí, no sé si ya llegó. Demora por las vueltas burocráticas, pero hace diez días que se decidió el envío.

SEÑOR COUTHINO.- Creo que algunas consultas del señor Caggiani van a quedar plasmadas cuando la empresa realmente esté adjudicada, porque no se tiene la seguridad de que sea la que presentó la iniciativa. Sí corre con una ventaja, que puede ser en determinado puntaje, pero puede terminar siendo otra empresa la que genere esto.

               Por nuestra parte queremos agradecer todos los aportes con respecto a este proyecto puntual. Creo que fue contundente la información. Se podrán derivar otros aspectos, de acuerdo con las circunstancias de cada uno, pero veníamos manejando entre nosotros casi todos los escenarios por diferentes medios –notas periodísticas y determinados informes– y hoy tenemos plasmado algo contundente con respecto a esto, que busca mejorar en todos los aspectos.

               Me gustaría, sí, dejar previstas un par de visitas más. Creo que siempre es saludable el intercambio del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo.

               Por lo tanto, agradezco nuevamente la presencia del señor ministro, del subsecretario y de las autoridades correspondientes, y vamos a entrar en esa rutina de ida y vuelta en este contexto de algo tan importante. Se trata de algo novedoso para el Poder Ejecutivo: una cartera que tomó rango ministerial en este nuevo contexto desde hace muy poco tiempo y está generando una etapa, de acuerdo con esas circunstancias.

SEÑOR LOZANO.- Me sumo al agradecimiento del senador Coutinho y por sobre todo quiero agradecer la muy completa explicación que hicieron respecto a las preguntas, que realmente fueron muy sustanciosas.

Quiero hacer una última pregunta: ¿qué cursos de agua van a abastecer el o los  pólderes?

SEÑOR MINISTRO.- El Río de la Plata.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Por mi parte también quiero agradecer al señor ministro y a la delegación. Fue muy fructífera toda esta sesión. La verdad es que nos evacuaron muchísimas dudas y realmente salimos muy satisfechos.

SEÑOR MINISTRO.- Brevemente, en este continuo, quisiera reflexionar sobre el riesgo.

               En las tres primeras opciones el riesgo es todo del Estado, mientras que en las otras dos opciones no tenemos aumento de deuda ni riesgo. Ustedes me preguntarán: ¿qué riesgo? Hay cosas que han salido mucho más caras por haberlas hecho nosotros –esto debe ser tenido en cuenta–, y hay ejemplos muy cerca, en el puerto de Montevideo, de millones de dólares. Entonces, el riesgo para el Estado en las últimas dos opciones es cero. No digo que se vaya a ir por ese camino, sino, simplemente, que se debe tomar en cuenta todo eso.

SEÑORA PRESIDENTA.- Ahí también está el riesgo de lo privado.

SEÑOR MINISTRO.- ¿Cuál es el riesgo?

SEÑORA PRESIDENTA.-  Si se le da todo al privado, puede haber un riesgo en cuanto al abastecimiento en algún momento, por más que se diga que no.

SEÑOR MINISTRO.- El abastecimiento es siempre del Estado y de un recurso que es del Estado.

SEÑORA PERUTTI.- Simplemente quiero hacer una aclaración en función de lo manifestado por el señor senador.

Así como la gerencia técnica de la OSE había estado involucrada al momento de la elaboración de los estudios técnicos, también la gerencia financiera y de planificación del organismo lo estuvo en el análisis, en el ida y vuelta de las alternativas y en los números por detrás de ese renglón que aparece en ese resumen.

Así que, siguiendo la consulta planteada, decimos que sí hubo un involucramiento y un seguimiento de la OSE, tanto por parte de su gerencia financiera y de planificación, en todo lo que fue el capítulo económico-financiero del informe de factibilidad.

SEÑORA PRESIDENTA.- Dado que quedaron sin tratar dos grandes temas, vamos a tener que coordinar una próxima visita.

SEÑOR MINISTRO.- Estamos a la orden.

SEÑOR MELÉNDEZ.- En mi caso también quiero agradecer la información brindada, y obviamente hay cuestiones sobre las que, como bien dijo el colega, no vamos a llegar a acuerdos, porque son de carácter político. La estabilidad Estado-mercado es un tema muy grande, que podemos desarrollar en otro momento, pero el caudal de información proporcionada ha sido muy bueno y, a su vez, consideramos importante la posibilidad de acceder a todos los procesos que se estén dando. 

Sobre algunas dudas que quedaron planteadas, vamos a tratar de satisfacerlas cuando vengan las autoridades de la OSE.

SEÑOR MINISTRO.- Este proyecto es muy importante, y como ministro me interesaría que discutamos sobre los temas reales.

Como decía Borges, la mayor parte del tiempo nos preocupamos de los problemas imaginarios y no de los reales. Entonces, pongamos el foco en los problemas reales. Tenemos un problema de abastecimiento constatado hace décadas y estamos proponiendo una solución que representa la mayor inversión de la historia.

De manera que una vez más debemos definir qué queremos. Obviamente que las discusiones son siempre bienvenidas; ahora bien, discutir sobre lo que no existe puede ser un gran problema para un país. Discutamos los problemas concretos y reales, para lo que siempre estamos a la orden. A veces vemos problemas en donde no los hay y eso es algo que me preocupa.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la presencia del ministro y de todo su equipo, porque realmente ha sido muy enriquecedora. Seguiremos en contacto porque han quedado pendientes otros temas.

Se levanta la sesión.

(Son las 17:04).

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.