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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN

(Sesión celebrada el día 18 de mayo de 2021).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 15:06).

–La Comisión de Constitución y Legislación del Senado da la bienvenida a la delegación de Stop Abuso Uruguay integrada por la licenciada Nita Próspero, el coordinador Gabriel Sosa y el contador Andrés Pereira.

SEÑORA PRÓSPERO.- Muy buenas tardes. Soy la licenciada Nita Próspero e integro la organización Stop Abuso Uruguay.

                En nombre de todos los niños de este país, agradecemos enormemente la oportunidad de poner su voz en este espacio de discusión, sobre todo en este tema que, como dirían ellos, tiene que ver con su diario vivir, con la fortaleza con la que después se desempeñarán, con su forma de vincularse, con sus estilos y con lo sano o no que serán sus relaciones de afecto o de cualquier otro tipo, es decir con toda su vida. Como dijera el psicólogo Frederic Skinner, padre de la teoría conductista: «Dame un niño y lo moldearé para cualquier cosa»; déjenme manejar su entorno y haré de él lo que ustedes quieran, hasta un asesino. Por eso, el relacionamiento y el entorno que le damos en el devenir de los tres a los diez o doce años es una impronta importantísima donde debe estar necesariamente toda la tribu para que aprenda esos estilos y esas formas, a veces, de un tío exitoso, de algún primo que gana o de un abuelo que da afecto. Necesitamos de todos.

                Sépanme disculpar. Hoy perdí a una hermana por covid, pero estoy acá porque ella hace años que quiere ver a sus nietos y le prometí que iba a luchar por ello hasta que me dieran las fuerzas. En mi casa tengo a mi marido también con covid, estoy aislada y todo esto nos está trayendo mucho dolor. En la organización somos muchos los padres, los tíos y los abuelos que venimos luchando por otro flagelo que también nos está llevando a gente honorable que quiere dar amor, que quiere estar con sus hijos, que quiere estar con sus nietos, que quiere dar oportunidades en esta vida y que no quiere crecer sin esa familia.

                La organización Stop Abuso Uruguay forma parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Además, es la única organización que defiende derechos de niños y que forma parte de la Unión Latam internacional y europea a nivel global.

                Quiero decir –es muy importante– que entre todas las organizaciones que defendemos derechos humanos hemos logrado muchas cosas. Seguimos denunciando las situaciones más inhumanas; hacemos marchas, movilizaciones, demandas y, de a poco, algunas de ellas son incluidas y confirmadas como verdaderos atropellos. Así logramos visibilizar y corregir algunas.

La situación por la que las madres hemos pasado a causa de un progenitor que abandona, que maltrata o no cumple con lo más básico, como es la pensión alimenticia, se está solucionando con el Registro de Deudores Alimentarios, con el cruzamiento de datos y con la posibilidad de que cada vez haya menos personas que trabajen en negro. Todo lo que se haga en este sentido será bienvenido, porque tiene que ver con los derechos de los niños.

                Están puestas las alertas, las medidas de alejamiento y las restricciones frente a cualquier caso de violencia denunciado y seguiremos cuidando que así sea, pero ¿qué hacemos con esos niños que viven con la persona maltratadora? En esta sociedad y en este país –como en cualquier parte del mundo– aún nos cuesta ver y aceptar que mala persona puede ser cualquiera, tanto hombres como mujeres; cualquiera. Los niños, muchas veces, están en manos de la persona maltratadora, que obstaculiza, impide y, además, los deja con padrastros o gente cercana, que es la que más abusa según las estadísticas que tenemos para mostrar. Rechazamos que se diga que son una minoría, porque por esa minoría hemos salido a diario a buscar una solución, a buscar un alivio cualquiera para esas discriminaciones y para visibilizar el dolor que causa ser excluido. ¿Qué les vamos a decir a esos niños cuando crezcan y digan que no tuvieron a su padre, que no tuvieron esa otra familia? ¿Les vamos a responder que eran una minoría?

Los hombres y mujeres de este país hemos marchado por la violencia hacia la mujer y realmente hemos conseguido soluciones para esa minoría; por suerte, la mayoría de las mujeres no somos maltratadas. Entonces ¿qué podemos decir sobre los cuantiosos daños provocados a los niños que no marchan, que no denuncian, que no votan y que muchas veces están rodeados y conviviendo con los verdaderos abusadores y manipuladores? Seguimos politizando los derechos humanos y convirtiendo a la infancia en chivos expiatorios con historias recurrentes, con crueles historias de sufrimiento, de aislamiento, de privaciones, y seguimos mirando para un costado, a veces por capricho y otras veces por no coincidir políticamente con el que denuncia maltrato, violación o abuso.

Todo esto nos ha hecho repensar el trabajo arduo y honorario que hacemos, que para nosotros es la real defensa de los más desprotegidos. Y al decir esto queremos dejar en claro que no damos un paso atrás con respecto al compromiso de los derechos humanos de los más débiles –niños, niñas y adolescentes–; al contrario, lo afirmamos porque nuestro compromiso no nos permite seguir jugando a las escondidas con la forma más cruel e inmoral de hacer daño. Al ser nosotros, madres, padres, abuelos o tíos, cómplices o simples espectadores, estamos destruyendo el futuro de lo que decimos que más amamos.

Necesitamos un proyecto que ampare y proteja el interés superior de estos niños. ¡Lo necesitamos! No podemos esperar.

                Me cuesta creer que todos estemos convencidos de que lo mejor es la tenencia compartida y la corresponsabilidad, y que no entendamos que este tema no se trata de proyecto sí o no, sino de cuál proyecto, de qué amalgama del proyecto sirve para defender a estos niños. Es importantísimo encontrar una solución.

                Los proyectos de ley son propuestas para dar solución a injusticias que se pueden modificar, cambiar, mejorar, pero nunca descartar.

                Quiero terminar diciendo que quienes nos definimos como defensores de los más desprotegidos, de los menos escuchados, de los que en esta etapa generan su carácter y temperamento, deberíamos estar sentados del mismo lado compartiendo la misma mesa y hablando el mismo idioma. Tener hijos no es una obligación, pero ser madre y padre sí lo es si hemos traído hijos al mundo. Podemos cambiar mil veces de pareja, pero ellos nunca podrán cambiar el padre que le dimos.

                A continuación, correspondería que la doctora Jennifer Romero hiciera uso de la palabra, pero como está en una audiencia dejó un texto para que el señor Gabriel Sosa lo lea.

                Muchas gracias a todos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Queremos decir que lamentamos mucho su pérdida.

SEÑOR SOSA.-  Muchas gracias por recibirnos en la tarde de hoy.

                Voy a leer el escrito de la doctora Jennifer Romero.

                Como asociación protectora de los derechos de los niños celebramos y agradecemos la oportunidad de ser convocados a debatir acerca de los proyectos presentados respecto de la tenencia compartida de los padres.

Brevemente haré referencia a la cuestión planteada desde un punto de vista estrictamente jurídico con el objetivo de que se pueda visualizar la problemática existente hoy día en el ámbito judicial.

Es fundamental la igualdad de derechos entre los padres y las madres a los efectos de buscar un equilibrio y evitar que sean vulnerados los derechos de los niños. Si bien sabemos que la patria potestad otorga iguales derechos y obligaciones a ambos progenitores, la realidad es otra. Sabemos que quien ejerce la tenencia tiene un rol preponderante y que en ocasiones vulnera el derecho del otro padre y, consecuentemente, el derecho del niño.

Como operadores jurídicos convivimos con una realidad que encuentra un marco jurídico que muchas veces resulta insuficiente y no garantiza el principio de igualdad que existe entre los progenitores, así como tampoco se logra satisfacer de forma fehaciente los derechos consagrados a ellos.

En forma cotidiana nos enfrentamos a múltiples casos donde son vulnerados los derechos de los niños por sus propios progenitores, ya sea por denuncias falsas, incumplimiento de visitas, incumplimientos en la obligación de alimentos, obstrucción en el vínculo por parte de quien ejerce la tenencia. El principio de igualdad es de orden constitucional y lo debemos garantizar.

Enfocándonos en los proyectos que actualmente se encuentran en discusión vemos que hay algunos aspectos en los cuales, a nuestro criterio, se podrían presentar algunas dificultades. Por ejemplo, antes que nada, hay que definir qué es la tenencia compartida y qué es lo que implica; aportar elementos a la definición.

Otro aspecto es la preceptividad de la tenencia compartida; el juez debe regularla.

Otro punto importante es el de los plazos procesales contenidos en el proyecto de ley; aunque son deseables, no creemos que puedan aplicarse en la práctica. Es deseable que pueda hacerse un proceso especial más abreviado que los existentes, lo que implicaría una reducción en los plazos consagrados en nuestro sistema jurídico, convirtiéndose en una herramienta peligrosa ya que podría dar lugar a presuntas inconstitucionalidades, lo que en definitiva alargaría el proceso que es, justamente, lo que queremos evitar. Por ejemplo, la modificación del artículo 37 establece un plazo de noventas días contados desde la presentación de la demanda para el dictado de sentencia. La intervención más preponderante de los técnicos mediante pericias e informes para auxiliar a los jueces a la hora de tomar su decisión, nos parece muy acertada. La realidad es que un expediente en el equipo técnico puede estar hasta seis meses para que se realice un informe. La pericia se desarrolla unas horas antes de la audiencia, con muy poco rigor científico debido a la saturación del sistema por lo que, si junto con el proyecto no dotamos al Poder Judicial de recursos económicos, no vemos que sean aplicables las modificaciones que se pretende introducir. El literal g) del artículo 35 se refiere al caso de la existencia de una denuncia contra uno de los padres, que podría ser, por ejemplo, por abuso o violencia. Se expresa que la mera denuncia no hace caer la tenencia compartida hasta tanto no se recaiga en una sentencia firme. Hasta aquí parece estar aplicándose el principio del debido proceso y el principio de inocencia, lo que nos parece correcto. Ahora bien, la segunda parte del artículo dispone que en caso de haberse aplicado medidas cautelares, estas deberán respetar el derecho del denunciado a la visita. Entendemos que esto va en contradicción con la normativa vigente, con el principio de prevención del riesgo y con los eventuales derechos de la víctima. Si hay medidas cautelares, no puede ejercitarse el derecho de la visita porque estaríamos desprotegiendo a la víctima.

                Hasta aquí las palabras de la doctora Jennifer Romero.

                A continuación, voy a hablar por mi persona, Gabriel Sosa.

Queremos reafirmar que la gran mayoría de los padres y de las madres están aptos para la custodia de sus hijos. Lo reafirmo porque algunos colectivos quieren implantar la idea de que tal o cual progenitor no es apto para otros intereses que no sean los de la minoridad. Los niños y adolescentes tienen derecho a tener a su madre y a su padre en forma equitativa, algo que en la actualidad no está aconteciendo, salvo que uno de los dos, por razones fundadas, no esté apto para ello. La gran mayoría de las custodias son otorgadas a las madres, pese a que muchos padres plantean el interés de tenerla, a tal punto que sus abogados solicitan un régimen de visitas, ya que lo anterior se toma como algo descabellado.

                Dado que se han presentado dos proyectos de ley, nuestra organización solicita que puedan ser unificados, logrando así una única propuesta. Nos gustaría que se tuvieran en cuenta nuestras sugerencias, que surgen de la experiencia que hemos recogido durante todos estos años en los juzgados de familia con respecto a esta problemática, cosa que entendemos de suma importancia.

                En primer lugar, solicitamos que se plantee de manera firme y preceptiva la tenencia compartida de ambos progenitores, salvo que uno de ellos califique como no apto, demostrado fehacientemente a través de pericias forenses y psicosociales independientes, no de partes, o por el rechazo expreso de uno de ellos por imposibilidad de llevarla a cabo. En este último caso, pedimos que se otorgue un régimen lo más equitativo posible.

                En segundo término, solicitamos que en caso de incumplimiento se apliquen efectivamente las sanciones previstas en el artículo 43, sin perjuicio del artículo 279 B del Código Penal. En la actualidad, hay un alto grado de incumplimiento por el uso de una amplia variedad de estratagemas y artilugios y, en la mayoría de los casos, no se aplica ninguna sanción.

                En tercer lugar, pedimos que se garantice la independencia del abogado del niño. Por lo general, es designado por el juez actuante y, por lógica, eso puede determinar que haya conjunción de intereses.

                En cuarto término, en caso de que se implementen medidas cautelares hacia un progenitor, solicitamos que se garantice que el resto de la familia del denunciado tenga la tenencia compartida o se les otorgue un régimen determinado. Es un hecho que una de las estratagemas más recurrentes para destruir el vínculo son las distintas denuncias falsas y si a eso se le suma el alejamiento, se acentúa la manipulación del menor. Todos conocemos la famosa alienación parental.

                En quinto lugar, pedimos que la cámara de Gesell sea implementada por peritos especializados en la materia.

                En sexto término, creemos que el juicio se debe llevar a cabo en el lugar donde vivía el menor en el momento de la separación de los progenitores. En muchas situaciones, se utiliza el cambio de domicilio para entorpecer el proceso y obstaculizar el vínculo.

 Para terminar, queremos recalcar la necesidad de que se apruebe un proyecto de ley sobre tenencia compartida, que no solo ayudará a miles de niños a tener una infancia acorde a sus necesidades, sino que también redundará en una baja en los índices de violencia y de suicidios.

                Muchas gracias.

SEÑOR PEREIRA.- Buenas tardes. Estamos muy agradecidos por tener la oportunidad de expresarnos.

                Hay múltiples estudios que reconocen la importancia del conflicto familiar y los lazos de seguridad que se construyen para el desarrollo físico y psicológico de los niños. Como Estado no podemos olvidarnos del futuro de las nuevas generaciones y no actualizar derechos a los tiempos modernos, máxime si se tiene en cuenta que nuestra nación, a lo largo de su historia, siempre fue un país de avanzada. No se trata de un proyecto sí o un proyecto no, como decía la licenciada Próspero, sino de la búsqueda de las mejores soluciones posibles centrándonos en los niños y adolescentes, con las propuestas existentes y las eventuales mejoras que se desarrollen en el transcurso de estos debates.

                El desarrollo de los conceptos de corresponsabilidad y de tenencia compartida permitirá que padres que viven separados participen activa y equitativamente en la crianza y educación de los hijos de acuerdo con sus posibilidades, lo que implica cortar en algo una grave problemática como es la obstrucción de vínculos, por todos conocido. Es más, aun cuando los detractores de estos proyectos hablan positivamente de las bondades que tiene la tenencia compartida, sus perspectivas no los dejan mirar la realidad de la sociedad, donde la mayoría de los padres y madres son aptos totalmente y los que no son constituyen una ínfima minoría y el caso está en manos de un juez. Ya hemos visto cómo se manipula información o no se visibilizan datos estadísticos sumamente importantes, como los del Sipiav, sobre maltrato emocional, psicológico, físico y abusos.

                Por último, existe una forma muy actual de maltrato infantil, poco difundida, como es el impedimento de contacto o con los hijos de manera injusta por parte de un progenitor hacia el otro o su familia extendida. Es habitual ver estas realidades en separaciones de padres como son el sentido de posesión sobre hijos y el egoísmo, las denuncias falsas para alejar al otro progenitor o a parte de la familia de ese niño o adolescente sin sanciones de ningún tipo, denuncias promovidas por abogados u otros profesionales intervinientes, y largos e ineficientes procesos judiciales, donde para obtener un régimen de visitas se demora más de un año, con suerte, si no hay apelación donde los más afectados son los niños, circunstancias todas que se podrían evitar de antemano mejorando nuestras leyes.

También existen otras situaciones, como las de padres con restricciones por ciento ochenta días, según la Ley n.º 19580, que es usada como instrumento para apartar a un niño. Hay progenitores con escasos recursos para acceder a una defensa y en época de pandemia ni siquiera son atendidos por defensores de oficio en la primera llamada, o estos profesionales conocen el caso al momento de entrar a las audiencias que se realizan. Hay niños que son obstruidos para ser usados como mercancía de canje por dinero, para el logro de visitas, cuando ya se cumple de antemano con las pensiones alimenticias. También se ha visto que hay mediaciones que son imposibles de realizar. Las consecuencias es que se generan conflictos de lealtades graves muy difíciles de manejar, especialmente en edades tempranas con graves consecuencias en la salud física y emocional de los hijos, como bajo rendimiento escolar, anorexia, gastritis, ansiedad y ataques de pánico, entre otras, pero también hay secuelas peores, como la drogadicción, la prostitución y hasta el propio suicidio. Las acciones de obstrucciones están acompañadas de acciones directas con el fin de evitar el contacto del hijo y el padre, como incumplir los regímenes de visitas, no enviar al niño a la escuela si se sabe que el otro padre irá o retirarlos antes de hora. El efecto dañino de frases y acciones provocan en la mente de un niño algo devastador y estamos convencidos de que, sin una intervención promovida, decidida desde donde se dictan las leyes y firme del sistema judicial, el daño psicológico y emocional es irreversible en nuestros niños.

                Para terminar, quiero decir que olvidarnos de los derechos de nuestros hijos y no legislar sobre este asunto sería olvidarnos de nuestra propia esencia como nación y de la familia como base de la sociedad.

                Muchas gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Me quedé impactada con la exposición de la licenciada Próspero, a quien le mando un fuerte abrazo, porque haberse comunicado con la comisión en un día tan especial habla muy bien de su gran compromiso con el tema. No podía dejar de hacer este comentario porque a veces el protocolo nos hace parecer insensibles, pero no lo somos. La verdad es que, como dije, quedé impactada por su relato. Vaya nuestra máxima solidaridad con ella, y que tenga la seguridad de que vamos a seguir trabajando. Solamente quería hacer llegarle un abrazo a la distancia, y lamento no estar presente, pero en este momento estoy en mi quinta cuarentena en espera del quinto hisopado.

                Reitero mi fuerte abrazo, y ya que estoy en uso de la palabra quiero decir que todos los integrantes de la comisión vamos a hacer el máximo esfuerzo, ya que todos tenemos el mismo objetivo, aunque podremos diferir en algunos caminos. Vamos a hacer lo posible por conjugar todas las inquietudes en un mismo proyecto. Como persona que ejerció el derecho, puedo decir que vamos a tener que seguir luchando porque la ley podrá ser muy buena, pero quizás la realidad del Poder Judicial no sea la adecuada para cumplirla. No culpo al Poder Judicial porque no es una cuestión de culpas sino de responsabilidad. Muchas veces hay falta de recursos o mala gestión, que también existe porque nadie es infalible; a esta altura, ni el papa lo es. En consecuencia, el esfuerzo nos corresponde a todos, pero a nosotros en especial por la comisión que integramos. Entonces, tendremos que seguir trabajando para mejorar las condiciones materiales en que se plantean estos problemas. En este momento hay miles de procesos en los cuales se está discutiendo sobre la tenencia; fíjense que hace más de un año que el Poder Judicial no ejerce funciones.

                Simplemente quería hacer ese comentario –más humano que jurídico– y comprometer a todos los miembros de la comisión en ese sentido; no tengo ninguna duda de que así va a ser.

                Gracias, señor presidente.

SEÑORA ASIAÍN.- Ante todo, quiero hacer llegar un saludo y mis respetos a la licenciada Nita Próspero por su tarea en el día de hoy. Muchas gracias por estar presente, a pesar de todo. ¡Gracias!

SEÑOR PRESIDENTE.- Despedimos a los invitados y queremos hacer llegar nuestra solidaridad a la licenciada, así como saludar a los demás integrantes de la delegación. Muchas gracias por los aportes que hicieron a la comisión.

(Se da por finalizada la conexión vía Zoom con

la delegación de Stop Abuso Uruguay).

 

(Se da inicio a la conferencia vía Zoom con la delegación de la Red Pro Cuidados).

                Damos la bienvenida a la delegación de la Red Pro Cuidados, integrada por el  licenciado en Ciencias de la Comunicación, Federico Barreto; la educadora de primera infancia, Joanna Pennino, y la exlegisladora especializada en derechos de la niñez y la adolescencia, Margarita Percovich, a quienes cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR BARRETO.- Queremos agradecer que nos hayan hecho el honor de participar de esta sesión de la comisión para poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los proyectos de ley que tienen a estudio.

                Para comenzar, por mi parte, quería hacer algunas reflexiones con respecto a un concepto que estructura ambos proyectos, que es el de la corresponsabilidad de género. Sin duda alguna, es una intención legislativa más que loable; de hecho, todos los que integramos la Red Pro Cuidados hemos estado trabajando en ese tema y con esa preocupación desde las más diversas organizaciones e, incluso, desde las responsabilidades laborales que nosotros hemos tenido. Como los señores senadores bien saben, cada vez hay más abundante literatura sobre la brecha de género, especialmente en materia de trabajo no remunerado al interior de los hogares y en el cuidado de las personas no autoválidas. Nosotros manifestamos que, por supuesto, es bienvenido el hecho de que nuestro Parlamento regule y avance en materia de corresponsabilidad de género y ¡vaya si hay un potencial importante para poder avanzar en este sentido! Por ejemplo, están las herramientas para la equiparación y la justicia salarial entre varones y mujeres; los servicios de licencias; las políticas educativas; otros servicios de cuidados que apuntan a liberar el tiempo de mujeres; herramientas como las transferencias monetarias con perspectiva de género o, incluso, un tema que es bien coyuntural, pero que mucho impacta en materia de igualdad entre varones y mujeres, como es la reforma de la seguridad social, que también está a estudio de este cuerpo legislativo y que entendemos mucho tiene que ver con los asuntos de corresponsabilidad de género.

 Al mismo tiempo, queremos dejar en claro que estas prácticas culturales y familiares no pueden ser reguladas por una norma legal. Es un contrasentido querer promover transformaciones culturales mediante la imposición de medidas en el terreno judicial, incluso en contextos de conflicto familiar como los que estamos regulando con estos proyectos. Por eso les pedimos, en este caso, en este estudio legislativo que este cuerpo está haciendo, que podamos reenfocar la prioridad en donde verdaderamente se merece: en los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta tiene que ser la prioridad de este cuerpo legislativo. Necesitamos saber escuchar mejor a nuestras niñas, niños y adolescentes, poder prestar atención y hacer valer sus preferencias, y considerar seriamente los niveles de exposición a la violencia a los que estaríamos exponiéndolos, poco más que tratándolos como un activo en la negociación entre sus progenitores o hasta como un motín a repartir tras un conflicto familiar. Incluso, en el peor de los casos podríamos estar exponiendo a nuestros niños y niñas a situaciones de riesgo de violencia tanto física como psicológica, y hasta a situaciones de abuso sexual. Por supuesto, doy por descontado que este cuerpo legislativo tiene honestas intenciones en avanzar hacia una mayor paridad entre varones y mujeres y mayor justicia social hacia una mayor corresponsabilidad de género. Ya hemos mencionado algunos ejemplos de herramientas, de mecanismos legislativos y políticas públicas que mucho pueden profundizar en este sentido. Nosotros somos, por ejemplo, fervientes defensores de las políticas implementadas, a través de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados que tiene entre sus principios fundantes promover la corresponsabilidad de género entre varones y mujeres. Pero lo que tiene que quedar en claro es que estos proyectos no solo no constituyen una herramienta de impacto, sino que seguramente sean regresivos en la materia, particularmente, respecto a los derechos de la protección de niñas, niños y adolescentes.

                Para finalizar, por mi parte, como varón y padre de familia, insisto en que tenemos que dejar de lado las presiones de grupos de influencia que están integrados por personas que, seguramente, tengan muchos planteos válidos, pero no son situaciones que puedan ser generalizables ni tampoco absolutas. Creo que lo que realmente debemos hacer es enfocarnos en lo que nos debe desvelar, en particular, en nuestra sociedad: la promoción del mayor bienestar posible para nuestras niñas, niños y adolescentes.

                Decía Martin Luther King que no hay mayor revelación del alma de una sociedad que la forma en que trata a sus niños. Esta es una frase que me quedó grabada desde hace mucho y que he usado en distintas oportunidades, tanto en mi trabajo como en mi militancia, y creo que también debería ser una reflexión que nos permitiera generar algunas modificaciones o reflexiones sobre los proyectos que hoy estamos tratando.

                Por lo tanto, ruego a los señores legisladores que consideren estas reflexiones y que no den un paso atrás en derechos, porque puede ser verdaderamente regresivo para nuestro sistema de protección a la infancia.

SEÑORA BIANCHI.- Nosotros tenemos por costumbre escuchar a las delegaciones y no hacer planteamientos de los senadores frente a ellas, aunque después podemos hacer algún intercambio, porque, por suerte, vivimos en una democracia y esta es la casa de la democracia, más allá de que estoy en mi domicilio por razones sanitarias, no por la edad, sino porque estoy en cuarentena.

Por lo que estuve escuchando hasta ahora hay cosas que nosotros como legisladores, al menos yo, no podemos admitir. Lo que pretendemos es hacer intercambios técnicos con las delegaciones. Nunca se habló de corresponsabilidad de género y no son proyectos de ley de esa naturaleza, porque la ideología de género es precisamente eso, una ideología. Pueden llamarla como quieran, pero nosotros tratamos de mantener coherencia con lo que pensamos, ya que algunos podrán sostener esa ideología y otros no.

                Lo que voy a pedir –y lo hago con toda calma– es que nos ayudemos mutuamente porque, como dijeron los legisladores de todos los partidos, tenemos la misma voluntad de solucionar el problema, pero que no se nos adjudique, en general, mediante eslóganes sin contenido, que existen presiones sobre nosotros. Creo que presiones hay en todos lados, porque yo podría decir que también se ejerce presión sobre nuestros invitados y no se me ocurriría ni siquiera pensarlo.

                Por lo tanto, voy a solicitar que de ahora en más se tenga en cuenta que la delegación está en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores; esto no es un comité de base ni nada por el estilo, sino lo que acabo de decir. Entonces, para que podamos trabajar mejor nosotros recibimos a esta delegación, porque queremos escuchar a todos, pero no nos adjudiquen ese tipo de pensamientos, ideologías o eslóganes sin contenido, con los que podemos estar o no de acuerdo.

                Esto lo quería decir desde el principio, porque ya la primera intervención me preocupó en ese sentido y como me caracterizo por decir lo que pienso –y lo voy a seguir haciendo–, pido por favor que se haga el aporte sobre el proyecto o los proyectos que vamos a aprobar o no, para que los representantes que fuimos electos por la ciudadanía podamos hacerlo mejor. Lo que aquí necesitamos son aportes y no que se nos adjudiquen o se nos imputen determinadas conductas y, sobre todo, reitero, con eslóganes sin contenido.

                Así que voy a pedir, señor presidente, que se guarden las formas en ese sentido, también en lo que respecta a las delegaciones.

SEÑOR MAHÍA.- Voy a discrepar con la intervención de la señora senadora Bianchi, ya que la delegación ha dado su punto de vista a través de un solo orador, y en modo alguno nos hemos sentido aludidos por ninguna delegación de las que aquí se han hecho presentes. Por lo tanto, entiendo que el presidente de la comisión está ejerciendo con ecuanimidad su función. Tampoco creo que haya que utilizar adjetivos que puedan denostar a algún invitado que dirá lo que dirá sobre sus puntos de vista. Por nuestra parte, acompañaremos o no sus planteos, y luego tendremos tiempo de debatir sobre estos asuntos entre pares. Pero como esta es la segunda vez que sucede algo así en la comisión, al menos quería dejar claro el punto de vista de quienes represento y que a mi entender, repito, el señor presidente está manejando con ecuanimidad las intervenciones de todas las delegaciones y dando el derecho a cada invitado de decir lo que piensa. En definitiva, no comparto lo que ha expresado la señora senadora.

SEÑORA PENNINO.- En primer lugar, quiero decir que soy educadora de primera infancia, estudiante de psicología y funcionaria judicial, pues trabajo en un juzgado letrado de familia especializado. 

Siguiendo la línea de lo que mencionaba Federico Barreto, desde la Red Pro Cuidados queremos señalar algunas cuestiones que nos preocupan con relación al concepto de tenencia compartida, es decir, a la idea de pasar la misma cantidad de tiempo con ambos progenitores.

No se advierte la diversidad de condiciones de vida de las familias y mucho menos las necesidades existenciales de los niños, niñas y adolescentes con relación a su desarrollo evolutivo y socioemocional. Partiendo de la base de que en cada separación existen conflictos –no necesariamente violentos, pero conflictos al fin–, la situación de los hijos resuelve el conflicto de los adultos, pero no sus condiciones de vida.

Nosotros pensamos que para que todos los niños, niñas y adolescentes desarrollen adecuadamente y de forma óptima sus capacidades y habilidades, tanto cognitivas como socioemocionales, requieren de condiciones ambientales estables –con rutinas que sean continuas– y de estilos de crianza. Esta continuidad que requiere el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes es más imperativa cuando existe una separación entre los progenitores, porque hay muchas inestabilidades.

Se han hecho algunos estudios e investigaciones académicas que han mostrado que la alteración de la continuidad de la rutina puede afectar negativamente el desarrollo de los niños, ya que se pone una mayor atención en temporalidades ajenas y una menor en sus tiempos, necesidades y exigencias de aprendizaje. Se habla de «niños mochila» o de «niños agenda», y esto abre un abanico de comportamientos como hiperactividad, déficit atencional y dificultades de aprendizaje, así como la presencia de indicadores de ansiedad y de depresión, entre otros.

Entonces, el hecho de pasar la misma cantidad de tiempo con cada progenitor no garantiza un cuidado de calidad como derecho –que es lo que estamos presentando aquí–, sino que se cumple con una resolución judicial que, muchas veces, a raíz de las condiciones de vida de cada progenitor, puede quedar depositada en terceras personas. Esta visión igualitaria de tiempo no necesariamente implica que el cuidado esté a cargo del progenitor que corresponda.

Por lo tanto, calidad en los cuidados también refiere a estar disponible emocionalmente –y no solamente en los tiempos y espacios– e implica estar atento a las necesidades particulares de cada hijo y acompañarlo en el cumplimiento y desarrollo de las diversas actividades que presentan.

Entonces, pensamos que la tenencia compartida no debería referirse a una división igualitaria del tiempo, sino a la construcción de acuerdos compartidos de formas y estilos de cuidado que vayan en el mismo sentido y que garanticen y protejan los derechos de las infancias y adolescencias, siempre tomando en cuenta la opinión de niños, niñas y adolescentes en caso de judicialización de los conflictos familiares.

Esto es todo cuanto quería expresar.

(Ocupa la presidencia el señor Carlos Camy).

SEÑOR LANZ.- Buenas tardes a la delegación.

                Quiero preguntar a la delegación si nos pueden hacer llegar por escrito la exposición, dado que tuvimos algún inconveniente en la conexión y hubo algunas frases que no quedaron muy claras. Esas interrupciones se esclarecerían si nos hicieran llegar por escrito la exposición.

SEÑORA PERCOVICH.- Nosotros tenemos el informe escrito, así que lo enviaremos inmediatamente después de que terminemos la exposición.

                Mi nombre es Margarita Percovich e integro la Red Pro Cuidados. Soy exlegisladora y he estado trabajando siempre activamente en relación con los derechos de la niñez y de la adolescencia.

                De hecho, junto con otros legisladores, fui impulsora del desarchivo cuando se intentó aprobar el Código de la Niñez y la Adolescencia, con una ley nacional, después de haberse ratificado, casi inmediatamente después de que se aprobara, la convención a nivel internacional de las Naciones Unidas.

(Ocupa la presidencia el señor Charles Carrera).

                –Quiero decir además que ese trabajo de aprobación del código fue compartido por diputados de distintos partidos, entre los que estaban el actual presidente de la república –que integraba la Comisión de Constitución–, la actual vicepresidenta de la república y el actual ministro de Trabajo y Seguridad Social. Fuimos los que desarchivamos los textos anteriores para poder aprobar esta normativa.

                Quiero hacer una precisión que nos parece importante y que refiere a la importancia de las convenciones. Si bien a veces se critican, son la expresión de luchas de distintos movimientos sociales que quieren que se reconozca su ciudadanía porque han sido un poco invisibles en el tratamiento de los Estados. Cuando los Estados analizan esos reclamos –Estados que son los Gobiernos que en cada coyuntura integran las asambleas de las Naciones Unidas–, aprueban o desaprueban esas demandas; en caso afirmativo, las aprueban en una convención que después compromete al Estado, tanto en las reformas legislativas como en las políticas públicas. Este fue el caso de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que se aprobó con esa cultura general –diría– que tenemos en Uruguay, por ser un país envejecido, un poco adultocéntrica. Nos ha costado bastante reconocer a los niños, niñas y adolescentes como personas que tienen derechos. En ese sentido, la convención establece que es un derecho que debe primar sobre otros derechos. No ha sido fácil. El primer texto del Código de la Niñez y la Adolescencia siguió siendo muy tutelar, como sucede con la protección –que siempre existió en el Uruguay, por suerte– de la niñez y la adolescencia, y de a poco se fue adecuando a los principios de la convención.

                Esas dificultades que hemos tenido, más allá de la que tenemos en la sociedad uruguaya con relación a la niñez y la adolescencia –que nos es común y que por supuesto también la tiene el sistema político–, dan como resultado algunas consecuencias complicadas que explican a veces que ingresen proyectos que no están de acuerdo con los principios de la convención. En parte, queremos decir esto, porque varias organizaciones sociales y algunos actores profesionales han señalado algunas de las discrepancias que tienen estos proyectos con los principios de la convención.

                También queremos decir que una resistencia que hemos visto en algunos profesionales que han participado en la discusión de esta comisión y que han dejado sus testimonios –hemos leído atentamente las actas– hacen referencia a las dificultades que tiene el Poder Judicial para implementar estos cambios en aquellas legislaciones nacionales que han tratado de adecuar convenciones, tanto la de la niñez y la adolescencia, como la de Belém do Pará, relativa a la violencia hacia las mujeres. Se trata de reformas para un Poder Judicial que tiene que cambiar sus parámetros, porque es complejo trabajar con los conflictos en el ámbito privado –tema que atañe justamente a estos dos proyectos que se presentan– por las razones que señalaba la educadora y psicóloga Joanna Pennino.

                Como ha reclamado el Poder Judicial –por ejemplo, el doctor Cavalli– esas reformas requieren un mayor presupuesto. Lamentablemente, quienes hemos seguido atentamente los presupuestos para las políticas sociales debemos reconocer que los mensajes autónomos e independientes –como organismo del 220 que es el Poder Judicial– no han tenido respuesta en los sucesivos Gobiernos que hemos tenido a partir de la recuperación democrática. Esto hace que muchas de las políticas que el Poder Judicial debería desarrollar para la aplicación, tanto del Código de la Niñez y la Adolescencia, como de la Ley n.º 19580 – relativa a la violencia sobre las mujeres, pero también sobre las niñas y las adolescentes, porque los conflictos familiares, los tengan las mujeres o los varones, se reflejan en su progenie y en la familia– se vean perjudicados. Por lo tanto, atentan contra los derechos de la niñez y de la adolescencia.

Aprovecho para decir que la fundamentación de motivos de ambos proyectos de ley –sobre todo de uno de ellos– hace referencia a los grupos de presión. A nosotros nos parece que hay que manejar con cuidado este tema de los grupos de presión y, en ese sentido, estoy de acuerdo con la senadora Bianchi. Como se decía, pueden ser expresiones de intereses contrapuestos, pero en algunos casos coinciden con las definiciones de los derechos humanos que realizan las convenciones que nos obligan como país y en otros coliden con ellos. Entonces, me parece que es desde ahí que hay que analizar estas apuestas que se hacen y la manera en que se manejan los términos cuando se presenta la exposición de motivos del proyecto de ley.

Por último –y brevemente para no extendernos del tiempo que se nos ha adjudicado–, quiero dejar consignado que nos sorprende que el instituto rector de las políticas de la niñez y de la adolescencia, el INAU –que está asignado a esa rectoría por la ley que crea el Código de la Niñez y la Adolescencia–, no haya hecho una resolución formal del directorio, en mayoría o en minoría, si no hay acuerdo. Simplemente, su presidente expresó que no aportaría demasiado y trasladó la responsabilidad al Poder Legislativo. Por supuesto que el Poder Legislativo es el que decide cuáles son los cambios que hay que hacer, pero nos parece que el organismo rector de las políticas de la niñez siempre tuvo esa responsabilidad y que nunca la eludió, fuera la Administración que fuera. Nos parece que sería importante que se trasladara claramente.

Muchas gracias, señor presidente y señores integrantes de la comisión.

SEÑORA BIANCHI.- Yo pedí la palabra para cuando se retire la delegación.

                Simplemente quiero agradecer los aportes y las reflexiones, pero quiero hacer un planteamiento cuando se retire la delegación.

SEÑOR CARRERA.- Saludamos a la delegación. Muchas gracias por los aportes.

 

(Se da por finalizada la conexión vía Zoom con los representantes

 de la Red Pro Cuidados).

 

SEÑORA BIANCHI.- Voy a hacer una aclaración; la voy a hacer ahora y no la voy a hacer más. No es una contestación al senador Mahía, porque no es ese el objetivo.

                Toda vez que yo entienda que se hacen planteamientos que están fuera de lugar, lo voy a decir; estoy en mi derecho de hacerlo.

                Las dos integrantes de esta delegación que hablaron en último lugar hicieron aportes importantes. Incluso, se utilizó una expresión que a mi compañera Carmen Asiaín le costó mucho convencerme de que se incluyera: la tenencia compartida y la corresponsabilidad de la crianza. El tema de los «niños mochila» es una preocupación que yo personalmente tengo hace muchos años.

                No es un cuestionamiento a la presidencia ni mucho menos, porque si no lo haría, pero como legisladora tengo derecho a plantear mi discrepancia, porque la primera intervención me parece que estuvo en gran parte fuera de lugar y no hay que perder de vista el ámbito en el que estamos; y no voy a seguir discutiendo el tema porque no es el objetivo.

Resalto las dos últimas intervenciones que, a pesar de la brevedad del tiempo del que disponían, estuvieron a la altura de la circunstancia y quedamos a la espera de la documentación. Esto es lo que uno mínimamente pide en el ámbito del Parlamento.

                Gracias, señor presidente, y no fue un cuestionamiento a su presidencia.

SEÑOR MAHÍA.- Señor presidente: primero –y a modo de aclaración también– quiero decir que comparto lo señalado. Es el legítimo derecho de la señora senadora Bianchi decir lo que piensa cuando lo entienda oportuno, como el de todos nosotros. No hay ningún cuestionamiento en ese sentido.

                También ejerciendo el mismo derecho que la senadora, nosotros damos nuestra opinión respecto a lo que aquí sucede. Personalmente, no voy a hacer valoraciones hoy sobre las intervenciones realizadas, tanto por la delegación anterior como por esta, porque creo que lo que aquí se plantea precisa un tiempo de sedimentación, de escucha y reflexión. En ese sentido, una vez que estemos entre pares podremos intercambiar al respecto, más allá del proyecto de ley sobre el que se termine expresando la comisión –el que fuere– en el sentido que corresponda y con las legitimidades correspondientes.

                Simplemente queríamos aclararlo, porque a todos nos compete ese derecho y cada uno tiene la opción de ejercerlo en función del mejor funcionamiento de la comisión.

SEÑOR DOMENECH.- Respecto a la primera exposición a la que alude la senadora Bianchi, comparto que por lo menos hubo un par de apreciaciones que estuvieron totalmente fuera de lugar. Nosotros vamos a escuchar a todas las delegaciones, no vamos a proscribir a nadie ni impedir que nos hagan conocer los puntos de vista discrepantes, pero en lo personal nos vamos a reservar la defensa sobre las críticas que se puedan hacer a estos proyectos en la instancia oportuna. De todas formas, pienso que opiniones como a las que estamos haciendo referencia realmente no contribuyen a una reflexión criteriosa de los proyectos de ley en estudio.

SEÑORA BIANCHI.- Exacto.

SEÑOR DOMENECH.- Quiero destacar que, si bien discrepo radicalmente con las opiniones vertidas por las señoras Pennino y Percovich, encuentro que son atendibles y, por la forma como fueron expresadas, vamos a tenerlas en cuenta con mucha satisfacción.

SEÑORA KECHICHIAN.- Creo que esta comisión ya va a tener la instancia y el momento para discutir, después de escuchar a todas las delegaciones.

                En lo personal, pienso que tenemos que escuchar con serenidad lo que tengan para decir cada una de ellas. Si bien me sentí un poco sorprendida con la calificación que hizo la delegación anterior de que se podía estar criando un asesino y me pareció absolutamente fuera de lugar, no creí que tuviera que intervenir porque quizás estén en su derecho de opinar sobre las consecuencias que puede tener la aprobación o no de uno u otro proyecto de ley.

                Por lo tanto, me parece que tenemos que escuchar con serenidad y tranquilidad lo que las delegaciones tengan para decir, siempre que lo hagan con respeto. Obviamente, lo que no se puede aceptar es la falta de respeto, que creo que no sucedió en ninguna de las intervenciones. Por lo tanto, vamos a seguir escuchando, porque son muchos quienes quieren expresarse, para poder debatir serenamente y con toda la información cuando termine este proceso de recibir opiniones.

SEÑORA BIANCHI.- Yo estoy absolutamente serena. No se hagan eco de que tengo que estar empastillada, porque por suerte no tengo ningún problema, no tomo ninguna pastilla, soy muy serena. Lo que no admito es que haya cosas que estén fuera de lugar, y ese es un derecho que tengo. No voy a discutir el contenido del proyecto ahora ni lo que dicen las delegaciones que van a venir, en principio, porque en esta política que se está instaurando de lo políticamente correcto y de la relativización, estamos perdiendo una de las esencias que tiene el Parlamento, que es el debate.

                A mí también me chocaron algunas cosas que dijeron los integrantes de la primera delegación, pero cuando habló un integrante de la Red Pro Cuidados, hubo imputaciones de conductas que no las permito y hay que señalarlas, porque la crianza de asesinos no se nos imputó a nosotros, pero sí que desconocemos los derechos del niño, que nos dejamos llevar por grupos de presión. Eso va en contra directamente de nosotros, pero no con nombre y apellido, porque eso no importa. Cada uno se defiende. Yo no necesito que nadie me defienda; lo he dicho hasta el cansancio. Lo que sí creo es que hay límites que hay que cuidar y no se pueden avasallar determinados ámbitos que son del Poder Legislativo. Sé que está bastante alicaído su prestigio, pero uno pretende, entre otras cosas, volver a ponerlo en su lugar. Y esas cosas hay que decirlas en el momento. Además, considero que es ético decirlas en el momento, porque que después se enteren de que yo cuestioné a determinada persona que no es de la comisión cuando ya se retiró, me parece que sí es una absoluta falta de ética. Entonces, me parece bueno que se digan en el momento en que tienen que decirse. Y no estoy hablando del fondo del asunto. Tengo anotados algunos comentarios, porque me molestaron especialmente. El tema del respeto es un concepto bastante subjetivo. Si me dicen que estoy bajo los efectos de grupos de presión, se me está ofendiendo, y es un derecho que tengo sentir que se me está faltando el respeto.

                No tengo ninguna intención de alargar esta discusión; al contrario, estoy muy interesada, como todos ustedes, en este tema. Pero hay normas y reglas de conducta que tenemos que adoptar, en el buen sentido amplio de la palabra. Todos queremos que salga la mejor solución, con o sin proyecto, porque el Uruguay es muy volvedor; estamos desde principios del siglo XX con las mismas cosas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Yo iba a hacer una valoración, pero en virtud de que están esperando los representantes de Unicef, vamos a escucharlos.

 

(Se inicia la conexión vía Zoom con representantes de Unicef).

                –Damos la bienvenida a la representante de Unicef en Uruguay, señora Luz Ángela Melo, y a la oficial de protección de la infancia, señora Lucía Vernazza, a quienes con mucho gusto les ofrecemos el uso de la palabra.

SEÑORA MELO.- Honorables integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores del Poder Legislativo: en nombre de Unicef, agradezco la invitación para expresar nuestra opinión sobre los proyectos de ley presentados relativos a la corresponsabilidad en la crianza y la tenencia compartida responsable.

                Celebramos esta oportunidad resaltando la apertura al diálogo para la protección de los derechos humanos de la infancia por parte del Estado uruguayo a través de su honorable Parlamento.

                Uruguay es un ejemplo internacional en la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos. Mediante la Ley n.º 16137, aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. El órgano encargado del monitoreo del cumplimiento de las obligaciones del tratado es el Comité de los Derechos del Niño.

                Por mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas –de la cual, como ustedes saben, Uruguay es parte–, Unicef promueve a nivel mundial el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por tanto, la convención y las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño serán las principales fuentes referidas para fundar los aspectos que se exponen a continuación, conforme a la siguiente estructura.

                En primer lugar, destacaremos los aspectos positivos de los proyectos.

                En segundo lugar, analizaremos la relación con dos principios fundamentales, que son la base de los derechos del niño: el primero, el interés superior del niño, y el segundo, el derecho a ser oído.

                Por último, plantearemos la relación y las posibles implicaciones en los contextos de violencia.

                A continuación me voy a referir a los aspectos positivos, que tienen que ver con la corresponsabilidad en la crianza.

                En primer lugar, destacamos la jerarquización del principio de corresponsabilidad en la crianza, que se encuentra alineado con el principio de responsabilidad compartida recogido por la convención en su artículo 18, que establece: «Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño...».

Consideramos que iniciativas que apunten a reducir la distribución desigual de responsabilidades en la crianza de los niños son muy positivas, entendiendo que el cuidado compartido beneficia el desarrollo de los niños y de las niñas. Sin embargo, si bien resulta indiscutible que la distribución de las tareas de cuidado no es equitativa, en general, y que es favorable para los niños la corresponsabilidad en sus cuidados, nos preocupa que algunos de los artículos propuestos en ambos proyectos de ley podrían afectar directamente la aplicación de los dos principios fundamentales de la convención a que ya nos referimos y que voy a repetir: el primero, el interés superior del niño, niña y adolescente, y el segundo, el derecho a ser escuchado.

Ahora explicaré el contenido y alcance de cada uno de estos principios, para luego identificar muy rápidamente cómo algunos artículos de los proyectos de ley podrían afectarlos.

En primer lugar, voy a referirme al principio del interés superior del niño.

El derecho del niño, niña o adolescente a que su interés superior sea una consideración primordial es un principio fundamental de la Convención sobre los Derechos del Niño y se encuentra establecido en su artículo 3.1, que reza: «En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño».

La Observación General n.º 14 del comité, que interpreta el concepto de interés superior del niño, lo define como un concepto triple.

En primer lugar, el interés superior del niño es un derecho sustantivo, es decir que todos los niños tienen derecho a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses y que se ponga en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que lo afecte.

En segundo lugar, el interés superior del niño es un principio jurídico interpretativo fundamental. Si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño.

Y en tercer lugar, el interés superior es una norma de procedimiento. Siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una evaluación de las repercusiones de la decisión en el niño o los niños interesados o afectados. La evaluación del interés superior del niño es una acción que debe realizarse en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias y evaluando las consecuencias concretas que cada decisión tendrá en la vida de ese niño o de esa niña.

                Si bien las responsabilidades parentales compartidas suelen ir en beneficio del interés superior del niño, tal como lo señala el mismo comité, cuando existe conflicto entre los padres «en las decisiones relativas a la responsabilidad parental, el único criterio debe ser el interés superior del niño en particular. Es contrario al interés superior que la ley conceda automáticamente la responsabilidad parental a uno de los progenitores o a ambos. Al evaluar el interés superior del niño, el juez debe tener en cuenta el derecho del niño a conservar la relación con ambos progenitores, junto con los demás elementos pertinentes para el caso».

                La evaluación del interés superior del niño es un factor central en el derecho de familia. En cualquier decisión el juez deberá garantizar tres elementos: que el niño o la niña estén protegidos frente a cualquier forma de violencia o abuso familiar; que, en la medida de las posibilidades, ambos padres tengan una participación significativa en la vida de los niños, y que el niño reciba una crianza que garantice su desarrollo adecuado.

                El segundo aspecto que ahora voy a tocar es el derecho a ser escuchado.

                Escuchar a los niños es un derecho y es además una condición imprescindible para determinar el interés superior del niño.

                Como ven, los dos principios están relacionados.

                La evaluación del interés superior del niño debe abarcar el respeto del derecho del niño a expresar libremente su opinión y a que esta se tenga en cuenta en todos los asuntos que le afectan.

                El derecho a ser escuchado se consagra en el artículo 12 de la convención, que establece: «1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formar su juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.

                2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional».

                Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, señalamos que los proyectos de ley presentan redacciones que pueden afectar el interés superior del niño y condicionar el derecho a ser escuchado, por las siguientes razones.

                La primera es que la modificación propuesta por el proyecto de corresponsabilidad en la crianza al artículo 35 del Código de la Niñez y Adolescencia agrega al artículo original, que dice «El juez siempre deberá oír y tener en cuenta la opinión del niño o adolescente», la siguiente frase: «en la medida en que sea manifestación de su voluntad reflexiva y autónoma, según su grado de desarrollo cognitivo y autonomía progresiva».

                Reconocemos el espíritu que acompaña la propuesta y en ese sentido ponemos en la consideración de los honorables senadores que esta redacción se ajuste al lenguaje utilizado por la Convención sobre los Derechos del Niño, para evitar interpretaciones que puedan ir en desmedro del interés superior de los niños.

                En tal sentido, sugerimos la siguiente redacción: «El juez siempre deberá oír y tener en cuenta la opinión del niño o adolescente en función de su edad y madurez». Esta redacción, así de simple, refleja lo que recomiendan el Comité de los Derechos del Niño y la convención.

                Es obligación del Estado asegurar el derecho a ser escuchado de acuerdo con la edad y madurez del niño, establecido en el artículo 12 de la convención. Esto debe verse como una obligación para los Estados de evaluar la capacidad de ese niño de formarse una opinión, y no como una limitación del derecho a ser escuchado.

                Tal como lo plantea el comité, los Estados partes deben dar por supuesto que el niño tiene capacidad para formarse sus propias opiniones y reconocer que tiene derecho a expresarlas.

                En el proyecto de tenencia compartida la nueva redacción dada al artículo 34 afecta el derecho de los niños a ser escuchados, en tanto se elimina el literal C) previsto en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que dice: «Bajo su más seria responsabilidad funcional, el Juez siempre deberá oír y tener en cuenta la opinión del niño o adolescente».

                Recomendamos, entonces, que se vuelva a contemplar en la redacción la obligación del juez de escuchar y tener en cuenta la opinión de los niños y adolescentes.

Escuchar a los niños es indispensable para determinar su mejor interés en cada caso singular y ofrecerles una respuesta ajustada a sus necesidades, tanto materiales como afectivas.

                Y el último punto que voy a tocar es el derecho a no ser objeto de ningún tipo de violencia o malos tratos.

Entonces, llamamos la atención sobre la posible afectación del derecho de los niños, niñas y adolescentes a no ser objeto de ningún tipo de violencia o malos tratos, establecido en el artículo 19 de la convención. La modificación propuesta por el proyecto de corresponsabilidad en la crianza al artículo 35 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en el numeral 6), establece: «La mera denuncia presentada contra uno de los padres no suspenderá el régimen de tenencia alternada y su ejercicio hasta tanto no exista una sentencia firme de condena en contra del denunciado por parte del tribunal competente, de conformidad con el artículo 37». Y la incorporación del numeral 3) del artículo 39 del Código de la Niñez y la Adolescencia en cuanto al régimen de visitas provisorias, disponiendo que «Solo por motivos particularmente graves y sobre los cuales exista prueba fehaciente podrá negarse el régimen de visitas provisorio solicitado por el padre o la madre», puede poner en riesgo la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes ante situaciones de violencia.

                Si bien comprendemos la intención del legislador de mantener la relación de los niños con ambos progenitores, es importante señalar que el interés superior del niño debe primar frente a cualquier sospecha de amenaza de violencia. Las estadísticas oficiales dan cuenta de los altos índices de violencia intrafamiliar a los que los niños, niñas y adolescentes están expuestos. La protección de la integridad de los niños y niñas debe primar hasta tanto se esclarezca la situación judicial del denunciado.

                Asimismo, resulta fundamental que se incluya de forma explícita dentro de los motivos particularmente graves para la suspensión de las visitas de los progenitores a los niños las denuncias de violencia doméstica y violencia contra niños, niñas y adolescentes. El interés superior del niño deberá anteponerse ante cualquier otro principio. Eso significa que ante cualquier sospecha de violencia se deben proteger los derechos del niño por sobre el interés de cualquiera de los adultos denunciados.

                En el mismo sentido, el proyecto de tenencia compartida responsable establece, en el artículo 8.º, un procedimiento especial y sumario para la fijación de un régimen de visitas provisorio, que no voy a repetir.

                Unicef considera que no es adecuado condicionar la restitución de las visitas a los plazos administrativos. Comprendemos el espíritu del legislador para agilizar los plazos en que los procesos judiciales sean desarrollados. Sin embargo, muy respetuosamente me permito preguntar: ¿qué sucedería si luego de pasados los noventa días y ya retomados los contactos de los niños con la persona denunciada, se comprueba que efectivamente han existido situaciones de violencia? Sugerimos que la redacción dé prioridad a la protección de los niños, niñas y adolescentes sobre los plazos administrativos y se suspendan las visitas provisorias hasta tanto no se resuelva la situación del denunciado.

                Como he mencionado a lo largo de mi exposición, el interés superior del niño debe primar siempre y antes de restablecer las visitas con uno de los adultos denunciados por situaciones de violencia. Eso es necesario para garantizar que no se afecte física o emocionalmente a los niños.

                Agradecemos a la comisión el espacio que nos ha otorgado para brindar nuestra opinión y quedamos a disposición ante cualquier aclaración o consulta.

                Muchísimas gracias.

SEÑORA ASIAÍN.- Quiero agradecer a la representante de Unicef por sus aportes y por la forma de hacerlo, es decir, desde una intención de construir y destacando lo que encontraban riesgoso, pero también lo que encontraban positivo.

                Ciertamente que en lo personal voy a tomar muy en cuenta todo cuanto se ha dicho.

                Quisiera realizar una consulta. Entiendo que el poder mantener el contacto cotidiano con ambos progenitores forma parte del interés superior del niño, niña o adolescente; esa es la premisa de mi pregunta. En ese intento de conciliar el interés superior del menor,  quisiera saber qué pasaría si ese contacto, esa visita –no la tenencia, la visita– fuera realizada en presencia de abuelos u otros familiares, en una plaza o lugar público que garantice la integridad del menor –es lo que teníamos pensado cuando lo redactamos; quizás sea oportuno ponerlo por escrito para que quede claro– y, sobre todo, en los casos en que la denuncia –ya que no se dice contra quién es la denuncia de violencia– no haya sido por violencia hacia el menor sino, quizás –por supuesto que tampoco es justificable–, por problemas entre los padres.

Así como las personas privadas de libertad tienen derecho a las visitas en un ambiente controlado, quisiera saber si se podría establecer un régimen de visitas, fijadas por el juez –algo está dicho en el proyecto de ley sobre corresponsabilidad en la crianza– y en una modalidad que las garantice: en presencia de abuelos paternos o maternos o de tíos, y en un lugar donde se pueda asegurar que esa violencia no será ejercida. Además, se debe siempre escuchar al niño –tiene derecho a ser escuchado– porque, evidentemente, la manifestación de no querer tener esa visita es bastante concluyente en ese sentido.

                Esa era la pregunta. Muchas gracias.

SEÑORA MELO.- Agradezco muchísimo las preguntas de la senadora, que me parecen muy pertinentes.

                Sin que esto implique que nosotros podamos contestar por escrito –para estudiar de manera muy juiciosa las respuestas a preguntas tan importantes–, quiero contestar que el juez debe tener, en su honorable interpretación de la norma, la capacidad de aplicar los principios del interés superior del niño y del derecho a ser escuchado. Estos dos principios deben ser la columna fundamental de las decisiones que se adopten en casos particulares como los que la señora senadora presenta. Es decir, el juez, en su sabiduría como tal, debería poder tener todos los elementos para aplicar estos dos principios fundamentales ante excepciones como esas, que son muy pertinentes.

                De todas formas, pido a la amable senadora que nos deje estudiar un poquito más, ser juiciosos y responder por escrito a sus dos preguntas.

SEÑORA ASIAÍN.- Muchísimas gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Reitero la apreciación de mi compañera, la senadora Carmen Asiaín, por el tono, por destacar los aspectos positivos y por ayudarnos –en definitiva, es lo que los legisladores necesitamos– a hacer lo mejor posible en nuestra labor.

                Como se va a contestar por escrito, que me parece una muy buena práctica porque, en definitiva, la tranquilidad es otra, se puede escribir serenamente –aunque nosotros siempre estamos serenos; muy firmes en nuestras convicciones, pero muy serenos–, quisiera realizar una pregunta.

En el Uruguay –supongo que conoce la realidad–, hay un desfasaje muy grande, que puede ser de años, para que quede ejecutoriada la sentencia, supongamos en el ámbito penal, más allá de que ahora con el nuevo Código del Proceso Penal la posibilidad de acuerdos con la Fiscalía puede haber abreviado algunos plazos. De todos modos, vamos a ponernos en la peor hipótesis porque lo que queremos es defender el interés del niño. Entonces, queremos que nos ayuden –teniendo en cuenta las experiencias internacionales– a saber cómo hacer en ese puente que puede ser de años, cuando parte de la vida del niño o del adolescente trascurre con un progenitor que es denunciante, mientras el denunciado es inocente, de acuerdo al principio de inocencia que para nosotros en un régimen democrático es fundamental. No me pondría a discutir qué es primero porque es imposible; obviamente, el interés del niño tiene que estar siempre en primer lugar, pero el principio de inocencia es una de las bases del sistema democrático republicano.

Reitero que nos interesa conocer la experiencia internacional porque eso es lo que «nosotros tratamos de resolver», entre comillas, con este proyecto de ley. Me refiero al desfasaje entre una denuncia realizada en un ámbito como el juzgado de violencia doméstica –aunque vulgarmente se lo llama de emergencia–, donde además no se aporta prueba, se pueden reiterar las denuncias –se pueden hacer tres, cuatro o cinco en un mes porque no hay un límite– y el niño sigue quedando en manos de un progenitor, no importa cuál porque el género no me interesa, y ser manipulado. Hay que recordar que la personalidad del niño está en un proceso de formación y puede ser manipulado por el progenitor que lo tiene en los hechos. Entonces, ¿cómo resolvemos este tema? Si tengo un niño de dos años y la sentencia penal llega luego de cinco o seis, ese niño ya va a tener siete u ocho años. Cuidado con esos principios absolutos en el sentido de decir que primero está el derecho del niño y del adolescente, con lo que estoy de acuerdo, pero vamos a ver cómo se puede instrumentar y eso es lo que pido nos ayude a resolver jurídicamente la representante de Unicef en Uruguay. Luego con políticas públicas podremos impulsar mayores recursos y un montón de cosas, pero ahora tenemos que tratar de dar un impulso legislativo.

                Muchas gracias.

SEÑORA MELO.- Entiendo que ustedes están planteando una gran interrogante y que de ahí viene el espíritu para haber puesto el límite de noventa días. Lo que puedo decir, con el ánimo de poder ayudar con alguna solución legislativa, luego de haber trabajado en los derechos del niño y en el comité, es que esa es una disyuntiva clásica en el derecho. De todos modos, como ya expusimos en lo que leí, ante la menor sospecha o duda de que un niño puede estar en una situación que ponga en riesgo su integridad, hay que protegerlo porque es el más vulnerable de todo el grupo familiar. Eso no significa que en ese ámbito familiar no haya otras personas vulnerables por violencia doméstica porque eso es así. Reitero que es una interrogante complicada y que entendemos perfectamente el plazo de noventa días, pero vuelvo a plantear el peligro de que, por ejemplo, ante una situación de falsa denuncia se esté haciendo algo que, en realidad, el legislador entendió era lo mejor y, sin embargo, sucede en ciertos casos que los niños se vean perjudicados. Por eso la interrogante es qué puede pasar si después de esos noventa días –al año o a los dos años– se descubre que uno de los dos padres en efecto ejercía violencia. Eso es muy complicado. Por eso, señora senadora, yo entiendo la interrogante. Así que permítannos volver y rápidamente veremos si podemos proponerles alguna solución.

SEÑOR PRESIDENTE.- Les agradecemos mucho la presencia y los aportes.

SEÑORA MELO.- Les damos las gracias en nombre de Unicef por permitirnos asistir a tan honorable foro.

(Se da por finalizada la conexión vía Zoom con representantes de Unicef).

 

(Se inicia la conexión vía Zoom con representantes de

Varones Unidos por una Masculinidad Positiva).

SEÑOR PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a los señores Esteban Wurch y Miguel Graña en representación de Varones Unidos por una Masculinidad Positiva.

SEÑOR GRAÑA.-  Les agradezco mucho la invitación.

                Estuve mirando unos enlaces donde hay unas investigaciones sobre custodia compartida. En especial, cito el caso de España, que en 2005 introdujo la figura de la custodia compartida en el Código Civil y esto llevó a que en diez años las cifras de custodia se triplicaran. En 2007, los jueces solo la concedían cada diez casos y en 2017 se otorgó en el 30 % de los casos, según el Instituto Nacional de Estadística. De todos modos, aunque se mantiene la tendencia de otorgar a la madre el control total de la crianza, la tenencia en custodia compartida va en aumento. Uno de los beneficios de la custodia compartida es que los niños no perciben la separación de los padres como un problema ya que permite el contacto continuo con los progenitores y logra así mantener las figuras materna y paterna. Además, favorece la comunicación entre los progenitores porque tienen que ir a reuniones con profesores y con otros padres los días que conviven con sus hijos. Ninguno de ellos tendrá entonces más poder de decisión y los niños no tendrán que optar por uno u otro. Así el niño acepta la nueva situación sin gran dificultad porque sienten que a pesar del divorcio siguen teniendo una familia. Por lo tanto, la custodia compartida ayuda a que los niños normalicen su vida.

 Durante los más de treinta años transcurridos desde que se aprobó la Ley de Divorcio en España, muchas familias sufrieron los efectos negativos de la custodia exclusiva de sus hijos, y la sociedad mayormente es partidaria de la custodia compartida. Sin embargo, prejuicios e intereses creados prevalecieron sobre la evidencia científica y el sentido común, y el contacto directo y asiduo del niño con ambos padres, tras la separación de estos, sigue siendo la excepción en España.

Otro documento interesante es el titulado «El mejor padre, ambos padres». Se trata de resúmenes sobre la custodia compartida y de la importancia de los temas aquí recopilados que coinciden en subrayar las ventajas de ese régimen de convivencia para el bienestar de los hijos de padres separados.

Hay un estudio del 2002, que fue publicado en el Diario de psicología familiar y se titula: «Adaptación de los niños en custodia compartida versus custodias exclusivas. Un metanálisis». Según sus resultados, los niños en régimen de custodia compartida mostraron mayores niveles de adaptación que aquellos en custodia exclusiva, básicamente materna. Además, no se encontraron diferencias sustanciales de adaptación entre grupos de niños con custodia compartida y niños con familias intactas.

En el estudio «Satisfacción de vida ante niños de diferentes estructuras familiares» se hizo un análisis comparativo en treinta y seis ciudades occidentales. Los datos utilizados proceden de un estudio llevado a cabo entre 2005 y 2006 por la Organización Mundial de la Salud y treinta y seis países. No voy a nombrarlos, incluso no voy a leer la metodología empleada y la población testeada, pero con gusto voy a enviarles el archivo en PDF –que consta de siete páginas– a la dirección de correo electrónico que me indiquen para que puedan tenerlo completo, incluso en su versión original en inglés. Los resultados de este estudio confirmaron las conclusiones de investigaciones previas: los niños en régimen de custodia compartida física declararon niveles de satisfacción vital significativamente más altos que los niños que vivían en cualquier otro régimen de convivencia.

En otro estudio realizado en 1998 por el Instituto de Investigaciones Sociales de Dinamarca se compararon grupos de hogares monoparentales, unos encabezados por el padre y otros por la madre. En general, se constataron niveles más altos de bienestar y adaptación general en los hogares paternos, además de un nivel de problemas personales más bajos en los padres que en las madres. Otra conclusión es que los hogares paternos, aparte de favorecer más la convivencia del niño con el otro progenitor, propiciaron una mejor calidad de las relaciones: las madres tenían mucho mejor relación con los niños cuando estos vivían con el padre que en el caso contrario. Este estudio se llama «Creciendo con papá», y es una comparación de niños de tres a cinco años viviendo con sus madres o con sus padres.

                Otro estudio de 1996, «Ventaja de custodia paterna para niños en edad escolar», concluye: «Si hay una conclusión importante en este estudio, es la demostración de la importancia del padre para el bienestar psicológico de los hijos después del divorcio». Según los datos del estudio, nada indica que los niños se desarrollen mejor si el progenitor que ejerce la custodia es de su mismo sexo; lo que el estudio demuestra, más que la ventaja de una custodia de su mismo sexo, es la ventaja de la custodia ejercida por el padre. Tan importante como la convivencia es la relación asidua con el progenitor no custodio en lo que respecta al bienestar psicológico; el contacto estrecho con el padre, en el caso de los niños con custodia materna, compensa plenamente las ventajas de vivir con el padre, en el caso de los niños con la custodia paterna. Es decir que los regímenes más idóneos para el bienestar del niño son la custodia paterna y luego la custodia compartida, por delante de la custodia materna exclusiva.

                Un estudio del año 2001, titulado «Los efectos de la custodia legal en madres, padres y niños», hace un balance de riesgos y beneficios de la custodia compartida y los resultados aportan más indicios de beneficios que de riesgos. Dicha investigación no ha hallado ninguna prueba de efectos adversos de la custodia compartida en la adaptación de los niños. Incluso, agrega que si hay un elemento adicional positivo para las madres con custodia compartida, es que tienen el triple de posibilidades de encontrar nueva pareja en comparación con las madres en custodia exclusiva.

                Quiero hacer otra aclaración con respecto a la problemática que se ha planteado en el caso de las denuncias de violencia de género.

                En  2015, en la página de Facebook del Museo de la Violencia de Género, se publicó una estadística que mostraba los casos comprobados de violencia intrafamiliar con niños y se determinó que el doble de los casos de violencia era ejercido por la madre y solo la mitad de ellos ejercidos por el padre, siguiendo por padrastros, madrastras y demás. Desgraciadamente, la publicación se dio de baja a las tres horas por presiones que ejerció la gente que no estaba de acuerdo con la medición. Sin embargo, en estos estudios que yo acabo de leer –repito que les envío gustosamente el enlace con las siete páginas– se declara que también la custodia compartida permite suavizar las relaciones entre ambos padres, por un lado, y entre la madre y el niño, en los casos de violencia.

También quería mencionar un estudio –que no sé si se conoce mucho por acá– realizado por la activista británica Erin Pizzey, que en los años setenta fundó el primer refugio para hombres y mujeres víctimas de violencia doméstica en el Reino Unido. La investigación que llevó a cabo –que ya tiene más de cuarenta años– en el refugio al que accedían personas con problemas de violencia, arrojó que la violencia era siempre bidireccional, y que como ella había sido abusada por su abuela y por su madre, tenía claro que no había un monopolio de la violencia por parte de un sexo o de otro. Entonces, logró hacer un seguimiento de las parejas, y vio que en la mayor parte de las veces había relaciones tóxicas donde la violencia era común entre los dos cónyuges. La mitad de las mujeres que trataban con el equipo de psicólogas de Pizzey volvían a rehacer sus vidas con personas no violentas, pero la otra mitad, o se conseguían una pareja igual de violenta o volvían con la anterior.

Por supuesto, las investigaciones que hizo Erin Pizzey le causaron grandes problemas, porque ella fue muy crítica con el movimiento feminista. Siempre aseguró que en Gran Bretaña se movían enormes cantidades de dinero y que era un negocio rentable para ellas mantener constantemente las subvenciones estatales y la de los privados. Así fue como terminó siendo amenazada e, incluso, entraron a su casa y le mataron al perro, lo que hizo que se exiliara y se fuera a vivir fuera de Gran Bretaña durante mucho tiempo.

En este momento, Erin Pizzey tiene ochenta y pico de años, pero sigue dando charlas por todo el mundo. Es más, hay videos de ella en YouTube, donde explica claramente los resultados de todas las investigaciones.

La conclusión básica es que la violencia no es una cuestión cultural ni sistémica de un sexo hacia otro, sino un patrón cultural que se aprende en la infancia y se repite en la vida adulta como víctima o victimario y, a veces, en relaciones muy tóxicas, los casos son intercambiables. Ella insistía mucho con el alejamiento de los niños de los hogares violentos o, por lo menos, el tratamiento en cuanto a terapias para el control de la ira, así como analizar caso por caso, porque en ciertas situaciones había drogas y en otras, alcohol, pero sobre todo el patrón de comportamiento, porque los niños iban a repetir después ese mismo esquema: hijos de padres abusados iban a ser, a su vez, abusadores, porque era lo único que conocían.

Voy a redondear el tema con el cuento de mi caso personal.

En los años ochenta me divorcié y tenía muchos problemas para visitar a mi hijo. Ahí fue la primera vez que escuché hablar de custodia compartida, porque el juez había amenazado a mi ex de que si seguía con los problemas… No fue así lo que pasó, pero realmente demoré treinta años para poder rehacer la relación con mi hijo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero dejar la constancia y advertir que usted está en una comisión del Parlamento nacional y que quedará constancia de lo que está diciendo en las actas, que hoy son públicas.

SEÑOR GRAÑA.- Sí, claro.

                Quería decir que demoré treinta años en volver a tener una relación con mi hijo. Por ello, desearía de alma que se aprobara este proyecto de ley para que otros padres –viendo esta investigación que hice para esta intervención de hoy– pudieran ver qué beneficiosa es la custodia compartida. ¡Ojalá salga la ley para que otros padres no tengan que pasar por lo mismo que yo! Como dije, después de treinta años recién estoy rehaciendo la relación con mi hijo: yo con sesenta y tres años y él con cuarenta, con una familia ya formada, con tres hijas. Realmente, este es un problema que afecta a varias personas que no han tenido tanta suerte como yo y han interrumpido su relación.

                Por el momento es cuanto quería decir y agradezco la oportunidad que nos han dado los señores senadores de dar a conocer nuestra opinión.

SEÑOR WURCH.- En principio, quiero destacar uno de los temas sobre los que se ha hablado. Me refiero a uno de los argumentos en contra que se está utilizando, en cuanto a que se está pasando por alto el derecho de los niños. Precisamente, uno de estos artículos refiere al 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño y al 14 del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley n.° 17823.

En el artículo del proyecto al que me refiero se dice que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y al desarrollo de los niños y adolescentes. Concretamente, se establece que la preocupación fundamental de los padres será el interés superior del niño y la finalidad de la disposición es la justa distribución y reparto de las responsabilidades, derechos y deberes inherentes a la patria potestad. En otro punto se trata de buscar parámetros para aplicar sanciones, por ejemplo, en el caso de que cualquiera de los padres no permitiera en dos oportunidades la visita o la tenencia de la otra parte, o en cuatro ocasiones dentro de un plazo de dos meses, de modo que se ponga atención a esa situación.

                Por otro lado, se propone también que ante denuncias de un padre hacia otro se cuente con la asistencia de peritos psicólogos a fin de establecer si el padre denunciado es apto para ejercer la tenencia o no. Esto se puede contraponer con la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, que establece que ante una denuncia se debe quitar la tenencia o impedir la visita a los hijos. Lo que se busca con esta iniciativa es que se presenten pruebas fehacientes de lo denunciado, requiriéndose también el dictamen de un juez al respecto.

                Con relación a otros puntos vinculados con la vulneración de los derechos de los niños y adolescentes, en este proyecto de ley se establece que se deberá tener en cuenta el desarrollo emocional y psicológico del menor. En esos casos se deberá designar un defensor y no tomar en cuenta solo la palabra del niño o del adolescente, ya que de acuerdo con testimonios que se han mencionado aquí, en algunos casos se manipula al menor para que, por ejemplo, diga frente al juez que solo quiere estar con la madre. En esta iniciativa se propone que se cuente con pruebas a fin de verificar la veracidad de los dichos del niño y también de los padres.

                Con estos proyectos de ley también se busca acortar los plazos en casos de denuncias establecidas en la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, que son de noventa días, luego de los cuales se podrían restablecer las visitas. En esta iniciativa se propone contar con pruebas realizadas por peritos psicólogos dentro de ese plazo, y en caso de que ello no ocurriera, al finalizar los noventa días se restablecerían las visitas y la tenencia.

                A su vez, con respecto al artículo 5.°, lo que se busca una vez realizada la denuncia sobre el incumplimiento de las visitas es que el juez de familia a cargo del acto reduzca ese plazo a un máximo seis días con respecto al impedimento de la visita de los padres.

                  Asimismo, reitero que el plazo no se debe aplazar más de noventa días después de realizada la denuncia para poder retomar la tenencia de los hijos, y que el denunciante pueda tener su traslado correspondiente para poder salvaguardar su seguridad.

                    Quiero recalcar que el artículo 46 de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género establece que no será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de sus testimonios. Acá lo que se busca es justamente esto, es decir que ante una denuncia se pueda apelar a pericias psicológicas para poder desestimar la manipulación de un padre hacia su hijo contra su otro padre. 
                    Además, ante una presunta denuncia y sin tener pruebas fehacientes, una de las medidas cautelares que establece el artículo 65 de la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género y que el tribunal podrá adoptar es la prohibición al agresor de tener contacto con sus hijos, comunicarse, visitarlos e, incluso, poseer cosas personales de ellos. Proponemos eliminar lo que establece el artículo 67. Justamente, lo que se quiere evitar con la tenencia es que un padre no pueda tener contacto con su hijo por seis meses sin que haya pruebas de esa denuncia; se debería evitar que un padre sufriera las consecuencias por una falsa denuncia. He trabajado con casos en los que ante una denuncia de abuso o de acoso sin pruebas los padres no han podido tener contacto durante seis meses. Lo que se busca es que se pruebe dicha denuncia para realmente ratificar si es cierta o no. Si es una denuncia a la pareja por cuestiones que hacen a ella, considero que el padre debe seguir viendo a sus hijos porque estos no tienen nada que ver, y si es una denuncia por el trato efectuado a sus hijos se debe proceder conforme con lo que la ley establece.
                    Eso era cuanto quería expresar.
SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la comparecencia y los aportes de Varones Unidos por una Masculinidad Positiva. 
(Se da por finalizada la conexión vía Zoom con los representantes de
Varones Unidos por una Masculinidad Positiva).

–Se levanta la sesión.

(Son las 16:59).

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.