Retorno a página principal

Carátula

COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DEL PROYECTO DE LEY

CON DECLARATORIA DE URGENTE CONSIDERACIÓN

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 15:38).

                La Comisión Especial para el Estudio del Proyecto de Ley con Declaratoria de Urgente Consideración tiene el agrado de recibir en la tarde de hoy al señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Carlos María Uriarte, quien comparece acompañado por el señor subsecretario del ministerio, ingeniero agrónomo Juan Ignacio Buffa; la directora general de secretaría del ministerio, doctora Fernanda Maldonado; el presidente de INAC, ingeniero agrónomo Fernando Mattos; y el director general de la granja, ingeniero agrónomo Nicolás Chiesa. El motivo de la comparecencia del señor ministro y de las autoridades es el análisis de la sección «Sector agropecuario», que va del artículo 353 al artículo 396.

                La política que lleva adelante la comisión es la de tratar cada sección capítulo por capítulo; le damos la palabra para hacer una introducción, si lo entiende pertinente, se realiza el análisis de los artículos que integran cada capítulo y al finalizar se da una instancia para que las señoras y los señores senadores pregunten y así vamos avanzando. Por último, aclaro que se pueden quitar el barbijo para intervenir y luego se lo deben volver a poner.

                Sin más, le reiteramos la bienvenida y le damos el uso de la palabra.

SEÑOR MINISTRO.- Si a  los señores senadores les parece bien voy a hacer algunas consideraciones previas tal cual fue nuestra presentación anterior y después abordaremos de a uno los capítulos del proyecto.

                Esta es una ley sistémica compuesta por capítulos referidos a economía, empresas públicas y seguridad que impactan directamente en el sector agropecuario, pero que no serán abordados en esta instancia, salvo que surja alguna pregunta. Vamos a concentrarnos en describir lo que el proyecto plantea y realizar alguna sugerencia de aspectos a incorporar que los senadores consideren pertinentes.

                Vamos a repartir el análisis de los artículos por eso nos acompañan el presidente de INAC y el director general de la granja quienes, por supuesto, están dispuestos a responder las preguntas que se desee formular.

SEÑORA MALDONADO.- El Capítulo I del Instituto Nacional de Colonización propone la modificación del inciso 1.° del artículo 5 de la Ley n.° 18756. Como bien saben los señores senadores el instituto hoy tiene varios criterios de clasificación de las colonias: propiedad, arrendamiento, aparcerías o disfrute precario y demás. Ahora vamos a hablar exclusivamente sobre los propietarios. Como se sabe, una vez que una persona es incorporada al estatuto del colono tiene que cumplir con determinadas obligaciones entre las cuales podemos mencionar el tema del pago en el caso de los arrendamientos, otra es trabajar directamente el predio y habitarlo con su familia, así como cumplir en términos generales con todas las directrices que surgen de la Ley n.°  11029 del Instituto Nacional de  Colonización, entre las que podemos mencionar asegurar sus cultivos. Además, tiene que cumplir con algunos requisitos como el libre ejercicio del derecho de propiedad que son autorizaciones previas a lo que es la enajenación, el arrendamiento, la hipoteca, etcétera.

                En el año 1948 a través de la Ley n.° 11029 se crea el Instituto Nacional de Colonización sobre la base de la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay con determinado régimen jurídico. En ese entonces había diferentes situaciones jurídicas sobre los campos que habían sido adquiridos antes de la vigencia de la Ley n.° 11029. Esto es así hasta el año 2007, cuando mediante la aprobación de la Ley n.° 18187 se incluye a las personas que antes del año 1948, es decir bajo un régimen ajeno a la Ley n.° 11029, habían adquirido campos. En aquel entonces la incorporación era mucho más amplia, ya que expresamente establecía que comprendía a todos; más adelante, esas modificaciones fueron objeto de recursos de inconstitucionalidad. En ese sentido, cabe aclarar que la Suprema Corte de Justicia se expidió en la mayoría de los casos a favor de la inconstitucionalidad. Por lo tanto, se realizó una negociación a nivel parlamentario con la intervención de varios actores públicos y privados que culminó con la aprobación de la Ley n.° 18756, de la que se trató de excluir de ese régimen de la Ley n.° 11029 a la mayoría de las personas que habían sido incorporadas al estatuto del colono. De todas maneras, se dejó dentro de este régimen a aquellas personas que habían adquirido sus predios antes de la Ley n.º 11029, pero que no habían cancelado en su totalidad los créditos que habían realizado para comprar dichas parcelas. Esta es, de forma muy sintética, la descripción del régimen aplicable.

                Los artículos de esta nueva ley –la n.º 18756– que hacían referencia expresa a esta situación, también fueron objeto de nuevos recursos de inconstitucionalidad. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia falló a favor de dicha inconstitucionalidad.

                Entonces, lo que se propone es una modificación en el primer inciso del artículo 5.º  de la Ley n.º 18756 a los efectos de dejar fuera del ámbito de aplicación de la Ley n.º 11029 a todas aquellas personas que adquirieron sus predios antes de la Ley n.º 11029 que, por lo tanto, lo hicieron bajo otro régimen jurídico. Eran otras las pautas establecidas para esas personas, y no se les aplicarían todas las disposiciones a las que hice referencia al principio en lo que tiene que ver con las obligaciones a cumplir y con las limitaciones del ejercicio del derecho de propiedad.

                Aquí la primera propuesta reza de la siguiente forma: «Declárase que no están afectadas ni comprendidas por la Administración y el régimen instituido por la Ley Nº 11.029, de 12 de enero de 1948 y modificativas, las parcelas que integran las colonias que hayan sido enajenadas por la Comisión Asesora de Colonización o la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay».

                En nuestra intervención anterior se nos planteaba la duda de si aquellos que tenían promesa de compraventa y que aún no habían llegado a la escrituración –sabemos que son menos los casos–, si serían incorporados aquí. Nosotros decíamos que, efectivamente, también correspondería incorporarlos porque dicha promesa se hizo bajo otro régimen jurídico.

                Por lo tanto, el artículo incorporaría también esas situaciones, es decir, no solo la de quienes hayan escriturado, sino también la de aquellos que tengan promesa de compraventa.

                No sé si el señor subsecretario desea hacer mención de a cuántas hectáreas involucraría esta medida en caso de realizarse la modificación.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Estamos terminando de redondear la cifra, pero la normativa afectaría unas 70.000 hectáreas. Esa es la cantidad de hectáreas que están siendo afectadas por esta ley y que tienen una implicancia fuerte en lo que refiere al valor patrimonial de ese activo. Recordemos que al estar afectados a la ley implícitamente eso es reconocido por el valor en el mercado de esa tierra.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Ha finalizado la presentación del capítulo I, «Instituto Nacional de Colonización»?

(Intervención que no se escucha).

                –Estamos analizando los artículos vinculados con el Instituto Nacional de Colonización. Las intervenciones de la señora directora General de Secretaría y del señor subsecretario hacen referencia a los dos artículos que integran este capítulo.

(Dialogados).

                Pasamos, entonces, a analizar el artículo 354.

(Intervención que no se escucha).

                –Con mucho gusto lo escuchamos.

SEÑOR PEÑA.- Originalmente eran dos artículos. Cuando el proyecto de ley ingresa oficialmente, lo hace con un artículo en la materia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ah, disculpe.

(Dialogados).

SEÑOR PEÑA.- Por eso era necesario, señor presidente.

                Con respecto a uno de los artículos que oportunamente se había retirado, el ministerio está planteando su reincorporación. Seguramente, eso es lo que va a explicar la delegación. Es por esa razón que terminan siendo dos artículos, uno será el actual y, el otro, el aditivo.

                Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pedimos disculpas, entonces.

(Dialogados).

                El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca acaba de presentar y explicar el artículo que viene en el proyecto de ley. En la eventualidad de que haya algún aditivo, el ministerio explicará cuál es, le dará entrada y será repartido entre los señores senadores.

SEÑOR BOTANA.- Además de la cuestión vinculada al valor del mercado, la posibilidad de acceder al crédito poniendo como garantía estas propiedades es un derecho que indudablemente tiene todo productor para favorecer la producción, y hoy ese derecho le está vedado en la práctica por esta circunstancia. Por lo cual, creo que además por eso es muy sabio el artículo propuesto.

                Lo que quiero consultar a la doctora Maldonado, que se refirió a los predios que tienen promesa de compraventa es si la redacción que tiene el artículo es la correcta o hay que hacerle una pequeña modificación para incluir esos casos.

                Muchas gracias.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Teniendo al ministro acá, quiero decir que me congratulo de que haya pedido disculpas por equiparar vacas y mujeres.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señora senadora: está fuera de tema. La masa la llama al orden.

SEÑORA DELLA VENTURA.- No entiendo demasiado el tema agropecuario, pero nos llegó la información –que corroboro con lo que dijo el senador Botana– de que, de acuerdo con esto, terrenos que, después de tener propietario, con la ley de colonización pasaron al instituto, vuelven al sistema anterior; que eso sería lo que se pretende. De alguna forma, ¿eso no va contra el espíritu de colonización, que es que sean considerados en forma diferente los terrenos, por lo que, justamente, tienen un sistema diferente de compraventa? Va contra esto, ¿verdad?

                Gracias.

SEÑOR CARRERA.- Nosotros queremos dejar clara nuestra posición.

Creemos que la propuesta del artículo 353 que está en el proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración va contra el espíritu de la ley de colonización. Esa ley, en su artículo 1.º, dice: «A los efectos de esta ley, por colonización se entiende el conjunto de medidas a adoptarse de acuerdo con ella para promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural». Es decir, está inspirada en el interés general.

                Nosotros creemos que sacar del régimen de afectación de la Ley n.º 11029 las hectáreas que provenían de la vieja sección fomento del Banco Hipotecario del Uruguay va contra los intereses colectivos que se establecen en la ley de colonización y que, claramente, son sus bases y su fundamentación.

La desafectación y la habilitación es una potestad que tiene el directorio del instituto de colonización; es decir que no se trata de que no exista posibilidad de desafectar esas tierras, sino que, siguiendo el interés general, los intereses colectivos que inspiraban la ley de colonización, el directorio tiene potestades para desafectar. Está establecido expresamente en el artículo 70 y siguientes de dicha ley; básicamente, el artículo 73 refiere a ello, pero el 70 dice: «La propiedad, uso o goce de las parcelas que formen las colonias estarán afectados a los fines de interés colectivo que por esta ley se promueven. Toda enajenación, gravamen o subdivisión, o la cesión en cualquier forma de disfrute, debe hacerse con la autorización previa del Instituto… ». Es un artículo largo que fue modificado –como decía la directora general– por la Ley n.º 18756.

                Entonces, a nosotros nos parece que existen formas de desafectar. Además, está previsto en nuestro ordenamiento jurídico que exista un gravamen por razones de interés general. Realmente no compartimos el artículo 353 porque entendemos que no tiene como base el interés general, sino que propende únicamente a los intereses particulares. Además, entendemos que esta forma promueve el despoblamiento de la campaña y la desprotección de los territorios de la producción familiar, vulnera la articulación de las colonias y  hasta desestimula el relevo generacional; a su vez, quita posibilidades a los aspirantes a colonos para que puedan acceder a las tierras. No debemos olvidar que, en definitiva, el Estado ha hecho una gran inversión en esta materia, justamente para el beneficio de toda la sociedad. Desde el punto de vista jurídico, es posible que se establezcan tierras y que tengan un gravamen o una forma jurídica especial.

En forma sencilla, esto es lo que se dispuso en la Ley n.° 11029, que fue votada en su momento por unanimidad. Estamos hablando de algo que ha tenido gran importancia para todas estas generaciones; por alguna razón, actualmente hay alrededor de 600.000 hectáreas que son administradas por el instituto.

                En su momento se discutió sobre esto en el Parlamento nacional, hubo un acuerdo político y se llegó a ese artículo 5.° de  la Ley n.° 18756. En aquel entonces, allá por el año 2011, se llegó a un acuerdo que intentó saldar las contradicciones que tenía en aquél momento el sistema político y se elaboró esta redacción del artículo 5°. Allí se dispuso que aquellas tierras que habían sido escrituradas antes de 1948 serían desafectadas y las que no lo habían sido, no. Quiere decir que se llegó a un acuerdo político y nosotros queremos defenderlo. Reitero que en aquel momento el Parlamento llegó a ese acuerdo y que los senadores del Frente Amplio, así como muchos otros legisladores  –creo que fue votado por unanimidad–, acompañaron la norma. A tal punto esto fue el resultado de un acuerdo político –que nosotros defendemos– que las autoridades del momento del instituto no estaban de acuerdo.

Insisto en que queremos defender esos acuerdos políticos. Precisamente, hoy estuve consultando al exsenador Agazzi, quien participó en la discusión de la que luego surgió este acuerdo. Noto que desde la tribuna gritan algo sobre inconstitucionalidades, pero es un tema que no está saldado porque es opinable; lo cierto es que se dieron sentencias a favor y en contra. De cinco ministros…

(Dialogados).

–Pido al señor presidente que me ampare en el uso de la palabra porque estoy haciendo una exposición política en nombre de un partido político.

SEÑOR PRESIDENTE.- Por favor, señores senadores, la mesa solicita que se haga silencio.

SEÑOR CARRERA.- Pretendemos rescatar y defender los acuerdos políticos, porque no es que no exista la posibilidad de desafectar tierras; existe esa posibilidad, se llegó a una sanción y quiero salvar eso. Es decir que cuando el sistema político se pone de acuerdo en algo, hay que respetarlo. Me parece que vamos a hacer muchos acuerdos políticos, pero creo que no es posible que dentro de cinco años los volvamos a cambiar.

En síntesis, queremos dejar clara la posición del Frente Amplio en el sentido de que las tierras que integran las colonias del Instituto Nacional de Colonización están afectadas al interés colectivo, definido en el artículo 70 de la Ley n.° 11029. Nosotros lo defendemos y creemos que el Estado ha hecho una gran inversión –generación tras generación– en caminería, alumbrado y viviendas. Eso es lo que queremos rescatar y decimos que es importante volver a aquella discusión que se dio en 2011, cuando los legisladores frenteamplistas –que eran mayoría e integraban el oficialismo– intentamos saldarla. Esa es nuestra posición con relación a este artículo que, reitero, no compartimos.  

                Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR ANDRADE.- Quiero dar la bienvenida a las autoridades y desearles una buena gestión.

                Voy a reafirmar algún aspecto. Los acuerdos que se puedan alcanzar no son eternos, pero parece que el procedimiento que se elige para salirse de ellos no es el adecuado, porque ni siquiera generamos una instancia de discusión. Este tema ha estado en el Parlamento en varias oportunidades –en los años 2008, 2009, 2011, 2014 y 2018–; ha habido diversas iniciativas que fueron tratadas por la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, se cursó invitación a todas las partes interesadas y, en su momento, se generó una articulación que permitiera cambiar las dificultades que había, sobre todo, en el artículo 15 de la Ley n.° 18187, que es el que ahora está modificando por el artículo 5.º de la Ley n.° 18756.

Parece que los procedimientos que se eligen no van en la dirección de un elemento que saben es de mucha sensibilidad, porque el porcentaje de tierras que tiene el Instituto Nacional de Colonización es mínimo con respecto al porcentaje de tierra general. En ese sentido, quiero hacer una pregunta sobre la desafectación porque, de acuerdo con las anteriores autoridades del instituto, se estimaba que se estaría afectando a unas 120.000 hectáreas y no 70.000. Por lo tanto, me gustaría saber si el número de 70.000 es definitivo o provisorio, porque en un caso estaríamos hablando del 20 % de las tierras del Instituto Nacional de Colonización.

                Más allá de las consideraciones porque, en definitiva, acordamos orientarnos esencialmente hacia las preguntas, quisiera consultar acerca de  la producción familiar, sobre todo la ganadera y agrícola, porque allí existe un problema en el acceso a la tierra. En la consideración del ministerio, con respecto al cambio que está previsto, es decir, la modificación del artículo 5.°, ¿cuál es la perspectiva que se tiene de los nuevos propietarios de la tierra? Pregunto esto, porque un riesgo sobre el que alertamos es que una mayor mercantilización puede generar una tendencia aún mayor a la concentración de la tierra como resultado del cambio normativo. Queremos saber si hay alguna evaluación del impacto de la norma que estamos considerando ahora.

SEÑOR CAMY.- Saludo la presencia del señor ministro, del subsecretario, de la directora general y de las autoridades que complementan la delegación que representa al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

                Quiero decir con claridad que, lamentablemente, discrepo con lo que ha señalado el señor senador Carrera, a quien respeto de manera particular; debo afirmar que lo dicho con respecto al acuerdo político no es así. Fui protagonista directo, porque la ley a la que los señores senadores están aludiendo –la n.º 18187– es una iniciativa que escribió quien habla y también contó con la firma del exsenador Larrañaga. Reitero que yo fui quien la escribió.

                Ese proyecto de ley fue sancionado por unanimidad en el Senado de la República y sufrió modificaciones en la Cámara de Representantes, pero no solo en este tema, sino en otros más que también generaron polémica. Tan así no fue que luego de que fuera sancionada la ley presentamos otro proyecto con quien hoy es director de la OPP –economista Alfie–, pero en ese entonces era senador de la República, y también con el exsenador Da Rosa, hoy intendente de Tacuarembó, para sacar, precisamente, este aspecto concreto.

Este tema referido a los bienes pertenecientes a la sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario,  que pasaron a conformar –en el año 1948, cuando el 12 de enero se sanciona la ley creadora del Instituto–  el capital del Instituto Nacional de Colonización, fue de larga discusión. Hay un trabajo del año 1974 sobre este tema, cuyo autor es el escribano Fernando Miranda, docente de la Universidad de la República, que publicó la revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay. 

El doctor Elbio López Roca, a quien tuve el alto honor de conocer –estoy hablando del año 1980, aproximadamente–, fue durante muchísimos años el director del área jurídica de Colonización y recuerdo que trabajé con él cuando fui vicepresidente de este organismo. Él elaboró y publicó una nueva tesis que decía cómo se afectaba la fracción que venía de la sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario, interpretando que les cabía esa condición porque, en realidad, la mayoría de las colonias eran afectadas y, por tanto, la fracción quedaba incorporada. En los hechos, con esa tesis el instituto intervino solo en los remates judiciales, pero no más que en eso; ese fue el proceso que ocurrió en las últimas décadas.

Cuando se presenta la Ley n.º 18187, de repoblamiento de la campaña –tal como se señalaba–, se modifica en la Cámara de Representantes a iniciativa de la bancada del Frente Amplio y se incorpora este cambio. Ahí comienza una gran polémica en la que participé directamente y que se generó en varias colonias del instituto. Recuerdo particularmente una reunión que se hizo en la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Italia; entre otras personas, estaba el exvicepresidente de la república, doctor Gonzalo Aguirre Ramírez, y otros calificados juristas que ampararon la tesis que, en definitiva, dio la razón respecto a la figura de inconstitucionalidad a decenas de productores. Ahí se realizó una instancia de negociación con el exsenador Agazzi –lo recuerdo claramente– en la que se intentó llegar a una solución que pasaba como una transacción y establecía que cuando se vendieran las fracciones tenían que ser ofrecidas con prioridad al Instituto Nacional de Colonización, aplicándose el amparo del artículo 35, aun en el caso de tratarse de superficies menores a mil hectáreas. Ese fue el acuerdo político. Antes de ingresar a la sesión del Senado, recuerdo particularmente la presencia importante de escribanos en las gradas; hubo un cuarto intermedio y después la bancada del Frente Amplio volvió al planteamiento original. Eso fue lo que sucedió y lo quiero decir con claridad porque fui partícipe, así como también quiero decir con claridad que comparto el tenor de lo señalado por el señor senador Carrera en cuanto a que hay que honrar los acuerdos políticos. Por esa razón me hago cargo especialmente de esta aclaración, porque fue así que sucedió.

                No obstante, quiero hacer otras consideraciones. Me gustaría señalar que, según creo, el Instituto Nacional de Colonización no se ve afectado por esta iniciativa. Es más, la propia ley de repoblamiento de la campaña introdujo los mecanismos por los cuales el Instituto Nacional de Colonización hoy –cuando digo hoy, me refiero a los últimos diez años– ha incorporado más tierras y eso es verdad. En el proceso colonizador se incorporó la capitalización inicial, entre otras cosas, por estos predios a los que estamos aludiendo en la discusión. Después, hubo un fuerte componente colonizador durante el gobierno del expresidente Pacheco Areco. En el gobierno del Partido Nacional, que presidió el doctor Lacalle, se incorpora la modalidad de la compra de algunos campos de recría, la que no existía; hoy hay aproximadamente dieciséis mil hectáreas. Hasta ese momento había experiencias departamentales en Maldonado y Paysandú, pero no había una en el Instituto Nacional de Colonización, salvo el viejo y primer campo de recría que está en la regional de San José, pero dentro del territorio de Flores, en el paraje Ahogados, que si mal no recuerdo es del año 1979.

Creo que la tercera ola de colonización es precisamente la que se hizo en los gobiernos del Frente Amplio al influjo de la Ley n.º 18187, la que, incluso, no solamente mandata el pasaje de tierras al Estado –algo se concretó a Colonización–mediante este y otros mecanismos, sino que la iniciativa original que planteábamos en ese proyecto no fue puesta en práctica porque requería iniciativa privativa del Ejecutivo, que es la que más ha posibilitado la compra de tierras. Me refiero a que el destino de lo recaudado por el impuesto a las trasmisiones patrimoniales de inmuebles rurales vaya directo a Colonización.

Ya aviso que he encontrado a algún librepensador –que respeto muchísimo– que opina que esto no debe ir a Colonización; por las dudas aclaro que voy a defender que quede en el Instituto Nacional de Colonización porque defiendo la vigencia de la ley y la del organismo, más allá de que considero que a mi juicio se requiere una modernización. Adelanto que vamos a presentar algunas iniciativas para modernizar el proceso –ayer se lo hicimos saber al presidente del organismo–, porque somos defensores del Instituto Nacional de Colonización y sostenemos que no se va a ver afectado en nada con este proyecto de ley. Entre otras cosas, también tendríamos que discutir si el vínculo ideal para la tenencia de la tierra es el de la condición de arrendatario; entiendo que la propiedad es la situación ideal para la tenencia. La propia ley de colonización establece un plazo de hasta 45 años y por eso, para poder comprar la tierra –me refiero, sobre todo, a aquel que no puede acceder a ella–, no hay que tocarla; es una cuestión filosófica que hay que discutir.

                También quiero señalar que si leemos bien la ley –hay que leerla porque es una gran ley–, veremos que en el artículo 63, al adjudicar en diferentes formas la tenencia de la tierra, se establece: «el progresivo pasaje de los regímenes de tutela a los de libre administración». Es decir, el legislador ya diferencia notoriamente lo que implica la tutela o la vigilancia; no trata de la misma manera al colono arrendatario que al propietario.

                El artículo 101 detalla las situaciones de incumplimiento para anular los compromisos de arrendamientos y de promitentes compradores, pero no refiere a los propietarios, no los incluye en la capacidad de desalojo del predio. ¿Qué establece sabia y expresamente la ley? La forma de expropiar, específicamente, los predios de propietarios que puedan tener un destino final distinto al de colonizar, pero en ningún momento –está claramente determinado– menciona la situación de propietarios que establece la Ley n.º 11029. Quiero cuidar los términos porque, como saben, soy respetuoso, pero es por lo menos distorsionador que se intente involucrar el tema de respetar la propiedad privada con el hecho de ir contra la colonización o la defensa de determinados privilegios. Esa ley está lejos de eso, por lo menos para nosotros, que la defendemos cabalmente y que vamos a votar muy convencidos la propuesta del Poder Ejecutivo.

SEÑOR DOMENECH.- Luego de la erudita exposición del senador Camy –propia de un oriundo del departamento de San José–, quiero agregar un comentario. Durante más de sesenta años estos inmuebles fueron enajenados libremente y siempre se entendió que no estaban alcanzados por las normas de la ley de colonización. El Código Civil establece el principio de irretroactividad de la ley. Lamentablemente, dado que está consagrada como ley, hay normas que son retroactivas y crean situaciones de injusticia. Precisamente, dicha ley incorporó estas fracciones –que durante añares se enajenaron libremente­– al régimen de colonización, lo que ocasionó problemas no solo a los que habían adquirido esos derechos en calidad de propietarios o promitentes compradores, sino también a los profesionales que intervinieron. Naturalmente, no fueron a pedirle autorización al Instituto Nacional de Colonización para la enajenación.

                Seguramente la incorporación de esas fracciones de campo responde al muy sano interés de promover la colonización en el Uruguay, pero se hizo de una forma que jurídicamente es muy reprochable, porque creó innumerables problemas. No sé de los acuerdos políticos que hubo en el pasado, pero esta norma consagra una situación de justicia –diría que imperfecta– que debería comprender a los promitentes compradores.              En los usos y costumbres de la transacción de bienes inmuebles es difícil que haya –sobre todo en aquella época– una compraventa que no esté precedida de una promesa. Cabe destacar que, a veces, esas promesas se ceden una y mil veces. Entonces, al momento de adquirir, esa gente pensó que tenía un estatuto legal que no era el del Instituto Nacional de Colonización.

                Por lo tanto, voy a acompañar esta norma si incluye a los promitentes compradores que creo que, injustamente, fueron afectados por estas disposiciones.

                Muchas gracias.

SEÑORA BIANCHI.- No puedo evitar hacer un comentario previo. Está bien que debamos hacer silencio, pero esta es una comisión de trabajo. Algunos comentarios, como el que hizo el colega Camy en cuanto a que no hubo un acuerdo político así, fueron hechos en voz alta. Entonces, todo está bien, pero estamos entre adultos y somos personas responsables.

                                Mi intervención será desde mi posición como escribana y como alumna de Miranda. Recuerdo perfectamente el trabajo al que hizo referencia el señor senador Camy. Fernando Miranda fue –desgraciadamente es uno de los desaparecidos–, además de escribano –lo digo con todo respeto a los colegas abogados; también soy abogada–, un jurista. Realmente, fue de los grandes juristas que tuvo el país, y se preocupó especialmente por esto, porque acá se da una afectación. Por supuesto, Fernando Miranda desapareció antes de que se aprobara la ley a la que estamos haciendo referencia y que queremos volver a su estatus original, pero siempre defendió, en el ámbito de la ley de colonización, que el que es propietario es propietario y punto. No podemos cambiar el Código Civil; no fue la voluntad del legislador en ese momento. Además, es una excelentísima ley –debe ser de las mejores leyes que tiene el país, de esas que habría que tocar lo menos posible–, que simplemente consagró –por eso no tenía que dar demasiadas explicaciones– el derecho a la propiedad.

Cuando ejercía el notariado tuve clientes propietarios, y era el régimen que correspondía; no se puede modificar un derecho que está consagrado en la Constitución, como el derecho a la propiedad. Si quieren discutir sobre que hace cincuenta años quienes hicieron la ley –que, realmente, ojalá tuviéramos pensadores y legisladores de ese nivel– debieron haber utilizado otro instituto, bueno, ya está, es el derecho de propiedad.

                                En consecuencia, si se afecta el derecho de propiedad, el Estado es responsable. A mí los acuerdos políticos –que, además, no se hicieron tal cual estaban estipulados– asumidos cuando  no era legisladora no me van a empujar a violar el derecho de propiedad.

                                Por otro lado, la expresión «obligaciones pendientes» hace referencia o está encartada en el régimen de la Ley de Promesa de Enajenación de Inmuebles a Plazo, que también es una ley muy importante que tuvo el Uruguay –estoy hablando de memoria, pero creo que es del año 1933–, a través de la que se entrega la posesión, los derechos de promitente comprador. Lo que falta es la formalización de una escritura pública de compraventa, porque esa es la tradición; es un tema específico. Además, es oponible a terceros. Incluso cuando era  el Banco Hipotecario del Uruguay quien emitía las promesas, no se inscribían –en la medida en que el promitente vendedor es una institución pública no es necesario inscribirlas–, pero tiene todo el peso jurídico de haber trasladado el dominio.

                                Acá no hay dos posiciones. Siempre nos dicen a los abogados o a los escribanos que tenemos dos bibliotecas al respecto; ¡no! Les podrían preguntar a los médicos cuántas bibliotecas tienen sobre el Covid-19, por ejemplo, pero acá ni siquiera caben dos posiciones: se tiene el derecho de propiedad, el derecho de promitente comprador, o no se tiene. Si se tiene y es anterior a la ley que se aprobó en 2011, hay que respetarlo. Si ello no ocurre, el Estado sufrirá las consecuencias, porque después de los recursos de inconstitucionalidad vendrán las reparaciones. Esto es así porque las personas que se vean afectadas en su patrimonio, en un derecho humano fundamental como es la propiedad, van a requerirle al Estado la reparación. Así es como acumulamos sentencias y sentencias que el Estado pierde porque «el fin justifica los medios».

                                Por lo tanto, este es un tema específicamente jurídico-notarial; no es un tema político.

No me voy a referir al espíritu de la ley porque no soy especialista en temas agrarios –sobre eso ya se han expresado otros compañeros–, pero se equivocaron: ¡no se pueden afectar derechos adquiridos, mucho menos cuando se trata del derecho de propiedad! ¿Qué le falta a los promitentes compradores? El instrumento público de la escrituración –un instrumento formal, fundamental, que además se inscribe en el Registro de Traslaciones de Dominio–, pero tienen la posesión, pagaron el precio. En consecuencia, no se puede afectar.

SEÑOR CARRERA.- Las posiciones están claras.

                                Simplemente quiero hacer referencia a que creo que estuvimos hablando de dos leyes diferentes. La Ley n.º 18187 es la que regula la colonización de las tierras y la Ley n.º 18756 es la que modifica algunos artículos que regulan el Instituto Nacional de Colonización.

                                Quiero aprovechar la oportunidad para decir que cuando el coordinador del Partido Colorado, señor senador Peña, hizo uso de la palabra, hizo referencia a que había otro artículo. Por lo tanto, solicito que la delegación nos aclare si se va a incorporar o no el famoso artículo de la residencia que fue retirado cuando llegó al Parlamento.

SEÑOR BERGARA.- Quiero dejar en claro –creo que ya lo está en la propuesta– que este sustitutivo opera estrictamente sobre el inciso primero. Como el señor senador Camy hizo referencia al acuerdo asociado a que los propietarios que enajenen deberán ofrecer en primer lugar al Instituto Nacional de Colonización los predios comprendidos, debe quedar explícito que ese  inciso segundo queda vigente y que esto solo sustituye al inciso primero.

                Simplemente quisiera que me confirmen si esto es así.

SEÑORA MALDONADO.- Han sido muy extensas las intervenciones; voy a tratar de hacer referencia a algunos aspectos que me parece que está bueno dejar en claro.

Esta modificación no pretende ir contra el espíritu consagrado en la Ley n.º 11029, por varias cuestiones. En principio, no afecta en absoluto al Instituto Nacional de Colonización. Estos predios no son parte del patrimonio del instituto, como tampoco lo son las parcelas de propietarios que fueron adquiridas luego de aprobada la Ley n.º 11029. Actualmente, el instituto es propietario de las parcelas y de las fracciones que arrienda o tiene bajo otra forma de tenencia precaria, puede ser en forma provisoria, como prueba, emprendimientos grupales, etcétera.

Distinto es cuando hablamos de qué régimen se le aplica a los propietarios. Hoy en día, a aquellos propietarios que se acogen a la de la ley de colonización  –es decir, aquellas personas que adquirieron sus parcelas en el marco de la Ley n.º 11029– tienen una serie de obligaciones, como residir en el predio, solicitar autorización previa para enajenar, para arrendar, para hipotecar, etcétera. No las voy a enumerar todas porque la ley es muy amplia y muy rica en ese sentido.

Las parcelas a las que nos estamos refiriendo fueron adquiridas antes de aprobada la Ley n.º 11029 y aquí venimos con la Constitución debajo del brazo. Esta modificación fue declarada inconstitucional por ir, entre otras cosas, contra la seguridad jurídica. En un Estado de derecho una de las cosas que se debe respetar es el tema de la seguridad jurídica, es decir, bajo qué régimen jurídico adquirí o ejercí determinado derecho. Esas son las reglas de juego que en ese momento tengo para enmarcar mi conducta, entre otras cosas, para adquirir un derecho, como es el de la propiedad. Eso me parece que es importante.

Por otra parte, no quita la posibilidad a ningún aspirante a colonización porque el instituto no puede disponer de estas parcelas, como así tampoco puede disponer de las parcelas que hoy están en el régimen de propiedad. No se le puede sacar, salvo que se expropie con razón fundada.

SEÑOR ANDRADE.- Estas tierras, en el régimen anterior al Instituto Nacional de Colonización –tanto por la Ley n.º 7378, como por la Ley n.º 8829– , estaban limitadas en el derecho a la propiedad.

SEÑORA MALDONADO.- No es así.

SEÑOR ANDRADE.- Las dos leyes tienen limitantes.

SEÑORA MALDONADO.- No, pero las leyes a las que usted hace referencia son posteriores y son más de dos.

SEÑOR ANDRADE.- Una es de junio de 1921 y la otra es de enero de 1932. Las dos ponen limitaciones al derecho de propiedad.

SEÑORA MALDONADO.- Exacto.

SEÑOR ANDRADE.-Lo que digo es que no se genera a posteriori una limitante al derecho de propiedad.

SEÑORA MALDONADO.- Depende de a qué limitante nos refiramos. En el caso de las limitantes a las que yo hice referencia, sí. Sé que en esas leyes anteriores a...

SEÑOR ANDRADE.- La de junio de 1921 y de enero de 1932.

SEÑORA MALDONADO.- Exacto.

SEÑOR ANDRADE.- Establecen el régimen por el que se accede a esas tierras.

SEÑORA MALDONADO.- Exactamente.

SEÑOR ANDRADE.-Yo pienso que hay como una especie de contradicción, en cuanto a que hay una política pública que favorece el acceso a la adjudicación de las tierras, previo a colonización; no se trata de una tierra que era de propiedad privada plena..

SEÑORA MALDONADO.- No; lo que sí había era una libre disposición, porque una vez que la persona adquiría la tierra, podía disponer después libremente de ella. Es decir, para la hipoteca o la enajenación, no se le limitaba. El señor Domenech hacía referencia a que durante todos esos años, hasta que se produce la modificación, se dispuso libremente de la propiedad, se enajenó, se hipotecó, se arrendó, nunca fueron observados los títulos, nunca se ejerció ese contralor. La primera ley a la que hizo referencia, modificativa de la Ley n.º 11029, declaraba nulas todas esas transacciones y esos títulos que se habían efectuado sobre esas parcelas. Esa fue la parte que se corrigió, pero igual quedó este primer inciso del artículo 5.º, dejando incorporados dentro de la Ley n.º 11029 a aquellas que aún no habían sido escrituradas. Pero, como decía hace unos instantes, no les quita la posibilidad a los aspirantes de acceder a tierras de colonización. Los aspirantes solicitan tierras y colonización dispone de las tierras que tiene en propiedad, que se las puede dar o no en arrendamiento, pero esto no es sobre las tierras de propietarios colonos, salvo que mediante algún otro mecanismo acceda a esas tierras. Entonces, esto para nada afecta las hectáreas que hoy tiene colonización.

El senador Carrera hablaba de la desafectación. Es cierto que el instituto de la desafectación existe pero, si no recuerdo mal, el artículo dice que esto es contra el pago de un porcentaje del valor de la parcela. Esta es una cuestión que ha afectado sobre todo a los pequeños productores –se trata en general de parcelas chicas– porque cuando presentan la petición al instituto para desafectar esas parcelas y se les exige el contrapago de ese porcentaje, la mayoría de ellos no puede acceder. Entonces, lo que hacen es presentar el recurso de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia se expide en un lapso que está entre un año y un año y medio. Luego de ello pueden enajenar su predio o realizar la operación que quieran. La mayoría se entera que está afectado a la ley de colonización en el momento en el que necesita hacer una transacción, enajenación o gravamen sobre el bien. En esos casos consultan al escribano, este  solicita al instituto de colonización el certificado correspondiente de que ese predio no está afectado a la ley de colonización, ahí le surge que sí lo está y comienza todo este proceso.

También se puede agregar una problemática más –esto también es extensivo a los propietarios de colonización, aunque haremos referencia solamente a aquellos que mediante esta propuesta se pretende dejar fuera del régimen– y es que cuando van a enajenar sus predios, dadas las limitaciones que tienen, no hay compradores ni interesados en esas parcelas. El propietario queda rehén de esa situación porque el único que le puede comprar es el instituto, pero sus recursos son finitos. Si bien hoy está mucho mejor posicionado para adquirir predios, es imposible que el instituto pueda adquirir todas las parcelas que hoy conforman, como decía el subsecretario, unas 70.000. Hay una confusión entre 70.000 y 120.000 –creo que el senador Andrade hacía referencia a eso–; cuando hablamos de propietarios en total nos referimos a antes y después de 1948 y otras veces hacemos referencia solamente a los anteriores a esa fecha. En el caso de parcelas adquiridas antes de 1948, hablamos de unas 70.000 hectáreas.

SEÑOR DOMENECH.- Se transformó en una especie de gravamen oculto, porque los escribanos estudian los últimos 30 años de titulación. ¿Por qué? Porque ese es el plazo de prescripción sin justo título ni buena fe. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Muchas de esas enajenaciones se produjeron antes de esos treinta años, los escribanos estudiaban ese período, aprobaban la bondad del título, el título comenzaba a circular y de repente se encontraron con que ese inmueble provenía del Banco Hipotecario del Uruguay y ya no estaba en las condiciones de libre disponibilidad en que se había comprado. Entonces, ha creado situaciones verdaderamente dramáticas tanto para los profesionales –ni qué decirlo– como para las personas que habían adquirido de buena fe esos inmuebles.

Entonces, diría que es una situación de clara justicia. En lo personal, soy un defensor a muerte de colonización –creo que es algo unánime y estamos todos convencidos de la bondad del régimen–, pero esto creó una situación de incertidumbre muy lamentable para un grupo importante de personas.

SEÑOR ANDRADE.- Simplemente quiero hacer una aclaración con respecto a lo que mencioné. La Ley es la n.° 7377. En su artículo 6.° dice: «Todo colono beneficiario del préstamo se obliga a habitar la finca adjudicada y a trabajar la tierra por sí mismo o con su familia o a explotar en su chacra industrias agrícolas o granjeras. La explotación debe ser genuinamente personal o familiar y sólo por excepción se autoriza el empleo a terceros» y en el artículo 7.° dice: «El colono no podrá gravar ni vender su chacra sino cinco años después de la fecha de su adjudicación y con el consentimiento del BHU y de la Comisión Asesora de Colonización». Es decir que las limitantes que están en la ley de colonización ya estaban antes; después está el debate en la Suprema Corte de Justicia, pero lo que quiero señalar es que no había un régimen tan distinto para quien se hizo adjudicatario de esa tierra en forma previa.

SEÑORA MALDONADO.- Es un tema netamente jurídico y de derecho. Esas limitaciones existían bajo el amparo o bajo el régimen de esa ley que acaba de mencionar el señor senador. Después que el colono o quien adquirió las tierras –porque en ese entonces no era colono– cumplió con los requisitos establecidos en esa legislación que mencionó, quedó en libre disponibilidad y a los hechos me remito, como decía el señor escribano, todos los años que pasaron para la libre disposición. Acá lo que estamos viendo es que muchísimos años después,  por imperio de una ley, retroactivamente se introduce, en el régimen de la ley de colonización, inconstitucionalmente, a todas esas personas que adquirieron la propiedad bajo el régimen que el senador acaba de mencionar.

SEÑOR ABREU.- En la misma línea y para que quede bien definido –aunque todos lo sabemos– quiero decir que la declaración de inconstitucionalidad se aplica solamente a aquellas personas que lo promueven ante la Suprema Corte de Justicia. Por deformación profesional recurrí a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia y dice así: «…esta ley, al pretender modificar efectos jurídicos en contratos celebrados conforme con la normativa vigente al momento de su celebración, e incluso a situaciones que superan el plazo de treinta años (hipótesis en que todo vicio se subsana por prescripción) es violatoria del principio constitucional de seguridad jurídica […] Por la norma impugnada se consagra la nulidad absoluta de todos los negocios que no cuenten con la autorización previa que la norma exige, aún respecto de negocios que hayan sido celebrados con anterioridad a la exigencia de dicha previa autorización por parte del INC. Por lo tanto, las consecuencias previstas en la norma podrían determinar la afectación de derechos ya adquiridos, vulnerando el principio de seguridad jurídica». Dentro de la limitación que tiene el recurso de inconstitucionalidad, acá hay una enorme e importante contribución al concepto de la seguridad jurídica.

Lo que nosotros no podemos es tener esta doble interpretación, y más allá de todas las referencias a acuerdos políticos, estos tienen que respetar la seguridad jurídica. Esta es mi visión y espero que no se interprete como una alusión. Además, lo dice la Suprema Corte de Justicia más allá de la acotación que hicimos al principio sobre el alcance de la inconstitucionalidad.

SEÑORA MALDONADO.- El señor senador Bergara también hacía referencia al inciso segundo del artículo 5.°. Nosotros no estamos proponiendo la modificación de dicho inciso. 

                Por otro lado, el señor senador Peña hizo referencia a un artículo relativo a la residencia, que en su momento estuvo en consideración, que es donde está la incorporación del artículo 353 BIS que quedaría redactado de la siguiente manera: «Sustituyese el literal B) del art. 61 la ley 11.029 de 12 de enero de 1948, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“B) trabajar en el predio bajo su dirección y supervisión directa y habitarlo, salvo, en este último caso, que la colonia esté organizada o se organice bajo el sistema de viviendas agrupadas en poblados.  

El directorio del Instituto podrá autorizar la excepción a la obligación establecida en el inciso anterior, cuando se trate de colonos que:

1) hayan tenido una radicación por un plazo mínimo de diez años;

2) hayan cumplido con el plan de inversiones comprometido si lo hubiere;

3) invoquen razones fundadas de salud, educación o trabajo del colono o los integrantes del núcleo familiar.

En caso de que se invocaren razones de salud debidamente fundadas antes de los diez años de radicación se podrá excepcionar de la radicación con el voto conforme de cuatro miembros del Directorio».

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Tiene una copia para fotocopiar y repartir entre los señores senadores?

SEÑORA MALDONADO.-  Sí, por supuesto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Conocida la propuesta de incorporación está abierta la opinión de los señores senadores.

SEÑOR ANDRADE.- Vamos a tratar de estudiar la modificación propuesta, pero miro  y veo que faltan veinticinco días.

El tema de colonización, como lo han expresado los señores senadores, es sensible, se trata de una norma que hay que defender. Prima facie, sin tener el texto en mi poder, parecería ser que lo que viene es un híbrido entre la propuesta de la LUC  de febrero que planteaba un cambio en las condiciones que obligaban en colonización a trabajar directamente  la tierra  y lo propuesto hoy que establece el trabajo bajo su dirección, por lo que entendí.  Eso mantendría el planteo de la LUC 1 e iría a un planteo moderado de la parte 2  respecto a habitar. No parece sensato que lo discutamos así. Evidentemente, tenemos una posición contraria, sobre todo, del artículo original porque cambia la población objetivo de colonización. No se trata de que no tengamos en colonización quien quiera habitar la tierra y trabajarla. Ese sí sería un argumento sólido para sostener. Parecería que como no encontramos quien quiera trabajar la tierra y habitarla, tenemos que buscar, en una población objetivo distinta, entre quien no quiere habitarla o trabajarla directamente y puede trabajarla o estar a distancia.

                Entonces, pediría que al menos podamos discutir este artículo en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, y no durante el tratamiento de la ley de urgente consideración, a fin de tratar de construir acuerdos políticos. Si no, parecería que todos señalamos la importancia de tener consensos políticos sobre los temas centrales, pero inhabilitamos la posibilidad de llegar a acuerdos si este es el ritmo en el que aprobamos normas.

                Repito, quedan veinticinco días para tratar normas, y hoy nos enteramos del ingreso de este artículo. No; no hay un tiempo suficiente, sensato, sereno como para tratar los asuntos en profundidad en la comisión especial y así evitar equivocaciones. Si se equivoca la política, perdemos todos; no pierde solo el gobierno.

                En ese sentido, no compartimos que, a esta altura del debate, se incorpore esta modificación. Y solicitamos que esta iniciativa pueda ser tratada en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

SEÑOR BOTANA.- Este artículo –tal como se desprende de las palabras de los señores senadores de la oposición, y nos consta lo que sucede con los legisladores del gobierno– no es desconocido por nadie. Está en discusión desde la primera versión del proyecto de ley. Tiene origen en la situación que están atravesando un sinnúmero de productores que tienen su permanencia en el predio y ven su condición de colonos amenazada por esta situación.

                En ese sentido, hay varias resoluciones del organismo intentando quitar el predio a colonos que han invertido buena parte de su vida, del esfuerzo propio y familiar, de los recursos de todos, en el trabajo en esos predios, y no podemos ligeramente permitir que estos juicios o resoluciones del directorio lleguen a término, con la consiguiente pérdida de todo ese esfuerzo por parte de los productores.

                Esta es una ley de colonización; no es una ley de acceso a la tierra. La ley está hecha para colonizar, para que la campaña se repueble y para que las familias vivan allí. Y desde ese punto de vista creo que ningún legislador piensa de modo contrario. Creo que todos compartimos que ese es el ánimo de la ley. De no ser así, la ley no sería de colonización, sino de acceso a la tierra.                

                Lo que tampoco es justo es que esto le suceda a alguien que ha accedido a la tierra, que ha vivido allí junto a su familia, que ha trabajado y que ha completado el plan de inversiones demostrando su ánimo de permanecer trabajando la tierra y utilizándola de acuerdo con el mandato artiguista y con el de esta ley que es que la tierra es para el que la trabaja.

                Alguien que ha cumplido cabalmente con su plan de inversiones, que ha vivido en la tierra y que se ha integrado a la comunidad de la zona, merece también que se le respeten las situaciones por las que pueda atravesar. Me refiero a una enfermedad propia o de algún integrante de la familia, a la necesidad de progreso familiar o a la oportunidad de que sus hijos estudien, cuando no lo pueden hacer desde allí. Los colonos, que no son ricos –ningún colono lo es–, no pueden mantener dos casas, ni pueden mantener determinado tipo de servicios. Entonces, el colono, lamentablemente, es muy vulnerable ante este tipo de situaciones. Es realmente injusto que el Estado le quite la tierra cuando se radicó en ella, invirtió y dedicó su trabajo y el esfuerzo familiar.

                Lo que tiene este artículo como variación es la obligación de un tiempo de permanencia, la obligación de haber completado el plan de inversiones y la necesidad de una clara justificación de la situación que de allí lo saca. Existe, también, un inciso por el que se atiende la situación de los casos de excepción, con clara determinación de la forma en que se puede acceder a este beneficio. Esta es conseguir el voto conforme de cuatro integrantes del directorio cuando no mediaren las situaciones que están debidamente referidas, es decir, la permanencia por diez años, haber completado el plan de inversiones y tener una causa absolutamente justificada. Cuando lo único que existe es esta causa y no se ha cumplido todavía con el plazo, el colono, por el voto conforme de una mayoría especialísima –una mayoría del ochenta por ciento–, podrá permanecer con la tierra, trabajándola, pero viviendo en otro lugar. Es esa la situación.

                Creo que con esto vamos a salvar muchas situaciones absolutamente injustas y no vamos a perder lo que es el sentido de la ley de colonización ni el sentido de cada adjudicación.

                Muchas gracias.

SEÑOR CAMY.- Yo no estaba en conocimiento de este artículo que se propone. Sí estaba en conocimiento de que el senador Botana…

(Dialogados).

                –Lo conversé con el senador Botana y con algún otro legislador, diputado, a instancias del primero, por su iniciativa, y coincido con él en esto.

                Con franqueza, me gustaría discutirlo un poco más, pero voy a votar con mi partido, desde la convicción y desde la disciplina. Me hubiera gustado discutirlo un poco más porque tengo la intención –como dije anteriormente– de incorporar al debate legislativo temas de profundidad que encierra esta ley. En cuanto al acceso a la educación –una de las cosas de las que hablaba el senador Botana–, por ejemplo, si se lee esta ley, la Ley n.º 11029, se verá que los artículos 48 y 49 delatan claramente la preocupación que tuvo el legislador en su momento, cuando la sancionó, pero no menciona más que la educación primaria. Por eso, cada vez que una colonia se fracciona, se constituye, se dejan cinco hectáreas que se donan a primaria para que allí estén las escuelas. Pasa en todos los casos en los que hay colonias con escuelas, y donde no hay colonias con escuelas, están las cinco hectáreas destinadas a ello desde que se colonizó. Sin embargo, hoy se debe asistir al liceo, como mínimo.

                Pero observen por qué yo quería profundizar más. En oportunidad en que el Senado en noviembre de 2015 consideró el proyecto de ley de presupuesto quinquenal, se refirió a un tema que tenía el antecedente de  la Ley n.° 17296, la ley de presupuesto del gobierno del doctor Batlle. Ahí se establecía la rebaja del 18 % a la contribución inmobiliaria que en 2015 se derogó. Eso tuvo como impacto el aumento del 22 % de la contribución para muchos productores, particularmente lo sufrió la lechería, pero esto no viene el acaso. En ese momento, se definió para las primeras cincuenta hectáreas que estaban comprendidas por este beneficio, afectarlas con otras condiciones a las que se debía acudir a efectos de ser beneficiario de eso. Dentro de las condiciones que se establecieron, había que ser productor familiar y no solamente tener cincuenta hectáreas. A su vez, un decreto del 28 de febrero de 2014 define la condición de productor familiar y una condición es residir en la explotación agropecuaria donde se realice la actividad productiva agraria –tal cual el espíritu de colonización– o en una localidad ubicada a una distancia no mayor a cincuenta kilómetros de la misma. Quiere decir que consideramos de manera distinta al pequeño productor familiar a la hora de definir una política pública destinada a defender eso, con la que estoy de acuerdo y está bien. Se establece una excepción al más vulnerable, permitiendo que viva a menos de cincuenta kilómetros y pueda viajar, pero aquí a un colono no se lo permitimos, ni siquiera siendo propietario. Entonces, me parece que la lógica en este caso es contundente.

De todas formas, me hubiera gustado tener más tiempo porque no lo voto solamente por esta incongruencia sino convencido y creo que aquí hay cinco artículos que lo comprenden: el artículo 1.° de la Ley n.° 11029, el 61, el 63, el 71 y el 101. Reitero que si es posible disponer de más tiempo pueden contar conmigo porque entiendo que las discusiones son muy buenas; de lo contrario, lo voy a votar acompañando a mi partido y a los otros partidos que están respaldando al gobierno.

SEÑOR ANDRADE.- Saludo que tengamos una preocupación por impulsar la producción familiar porque este es un problema no solo en el Uruguay. Justo en el día de ayer tiroteábamos con el señor senador Abreu respecto a Hobsbawm, un historiador que ha escrito mucho respecto a que esta es una tendencia mundial y muy fuerte. Lo que digo es que se elige el camino de evitar la posibilidad de construir acuerdos porque es claro que sobre este tema en particular existen sensibilidades muy fuertes. El cambio parece sustantivo porque no es lo mismo trabajar directamente en el predio a que en el predio se trabaje bajo mi dirección. No es solo un cambio de redacción. Es evidente que en el cambio propuesto –estamos hablando de elementos que son esenciales en la ley de colonización, donde hay una política pública destinada a un objetivo y también una población objetivo hacia adelante– el riesgo que tenemos es que se deterioren los objetivos de la norma y su funcionamiento hacia adelante. ¿Eso está lo suficientemente evaluado como para tomar la decisión en veinte días?  Yo creo que no. ¿Se ha madurado lo suficiente con las organizaciones que están interesadas y con la Academia? Creo que no.

SEÑOR BOTANA- Ahora viene una.

SEÑOR ANDRADE.- Básicamente en este aspecto está claramente en contra y uno puede votar una ley en contra de todo. De hecho, algunas de las normas que están en la LUC tienen unanimidad en cuanto a estar en contra de parte de quienes han venido a dar su opinión. Se puede votar igual, pero digo claramente que parece que no es el mejor camino y, además, hay sentencia de la Suprema Corte de Justicia.  Y puedo citar algunos fragmentos porque recién se colocaba la cuestión constitucional como un elemento muy fuerte. La sentencia n.° 1390 de noviembre de 2019 sostiene con mucha claridad este aspecto, en el sentido de decir que, en definitiva, en el caso del literal B del artículo 61 de la Ley n.° 11029, en cuanto se establece la obligación del colono a la residencia en el predio rural afectado al régimen de colonización, si bien importa una restricción del goce de derechos constitucionales, está claramente fundada en razones de interés general. Quiere decir que sobre este tema más de una vez se ha recurrido a la Suprema Corte de Justicia.

SEÑOR CAMY.- No tiene que ver con esto.

(Suena la campana de orden).

SEÑOR ANDRADE.- Sí tiene que ver porque estamos hablando de la residencia. 

                Quiero constatar dos aspectos: por un lado, el riesgo importante de desvirtuar este instrumento hacia adelante y, por otro, no dar el tiempo para construir consensos políticos, aunque sé que hay un objetivo común de construir políticas que fortalezcan la producción familiar y consideren el despoblamiento de la campaña con este procedimiento en el que nos quedan veinticinco días para tratar este tema en el Senado.

SEÑOR CARRERA.- Realmente, señor presidente, nosotros no compartimos la metodología de esta modificación porque creemos que se desvirtúa el instrumento. Vemos con beneplácito lo que anunció hoy el señor senador Camy en cuanto a trabajar en la construcción de políticas públicas y en la profundización de la actualización de la ley de colonización. Creemos que lo correcto sería trabajar en la comisión especializada en esta temática. Esa es la visión que tenemos al respecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- No hay más señores senadores anotados para tratar el Capítulo I, «Del Instituto Nacional de Colonización»; por lo tanto, pasamos a analizar el Capítulo II, «Fortalecimiento del Instituto Nacional de Carnes».

SEÑORA MALDONADO.- Como los señores senadores saben, el Instituto Nacional de Carnes fue creado por la Ley n.° 15605 como una persona de derecho público no estatal.

                Las modificaciones que se pretende realizar van dirigidas a un abordaje más integrado a nivel de la cadena, en las competencias del Instituto Nacional de Carnes, sin sustituir ni ver comprometidas las potestades de otros institutos como el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el Plan Agropecuario, etcétera, en lo que tiene que ver con sus potestades de investigación, extensión y demás. Se elimina la aprobación previa y el control de la constancia oficial para aprobar la exportación y pasarían a ser competencia del Instituto Nacional de Carnes la habilitación de carnicerías en todo el territorio nacional y no solamente en el departamento de Montevideo, tal como está establecido hoy.

                Las modificaciones que se hacen tanto a la Ley n.° 19782 relativa a los embutidos como a la Ley n.º 19783 de inocuidad tienen como fin lograr una legislación integrada. No es que se pretenda modificar lo ya aprobado en la legislación anterior ni que se piense que son temas de urgente consideración. Sí son de urgente consideración la habilitación de las carnicerías en todo el territorio nacional –tema que se viene abordando desde hace muchos años– y la ampliación de las competencias a toda la cadena. Simplemente, se modifican allí algunas cuestiones para tener una legislación más integrada, a los efectos, fundamentalmente, de la reglamentación. También se establecen modificaciones al registro de las carnicerías, pretendiendo que tenga el carácter de público, tal como mencionamos hace unos instantes. Esto también está incluido dentro de lo que acabo de expresar y se suma el tema de la gestión de las transacciones en el abasto.

Si los señores senadores están de acuerdo, corresponde pasar a considerar los artículos 354 y siguientes del proyecto de ley de urgente consideración.

Mediante el artículo 354 se propone sustituir el artículo 2 del Decreto Ley n.° 15605;  no sé si tengo que leer todo, porque desconozco la mecánica de trabajo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Simplemente explique los artículos y luego los señores senadores plantearán preguntas.

SEÑORA MALDONADO.- Muy bien, señor presidente.

(Dialogados).

SEÑOR PRESIDENTE.- Como venimos haciendo hasta ahora, cuando termina la explicación de todo el capítulo, los señores senadores se anotan para hacer uso de la palabra. Ya tengo anotado al señor senador Mahía.

SEÑORA MALDONADO.- Aquí hay un error en la redacción que proviene de la publicación en el Diario Oficial. Cuando se habla de productos y subproductos dice dos veces «subproductos». Aconsejamos la corrección porque debe hacerse referencia a los productos y a los subproductos. A continuación, viene un agregado en el que se establece: «A su vez, tendrá competencia para asesorar, promover, analizar, coordinar y colaborar en la promoción y ejecución de actividades en el sector de producción de animales». Aquí se está hablando de las competencias del Instituto Nacional de Carnes.

                En lo que tiene que ver con el artículo 355, en el numeral 2, se dispone: «El registro, autorización y contralor de los negocios de exportación, procurando la optimización de los valores de realización y salvaguarda –se sustituye el término “salvaguardia” por “salvaguarda”– de la imagen nacional en los mercados compradores, debiendo el Instituto fijar los precios de orientación».

                Después se modifican los numerales.

Con respecto al numeral 6, consideramos que si se adopta la postura de que la habilitación de las carnicerías de todo el territorio nacional debe ser potestad del Instituto Nacional de Carnes –y hago referencia solo a la habilitación porque lo que tiene que ver con el control y demás ya está expresamente reconocido a través de la ley de inocuidad- y se deja esta redacción puede resultar contradictorio con lo anteriormente mencionado. Entonces, habría que suprimir la parte que dice: «Sin perjuicio de lo dispuesto en este numeral, la habilitación y control de carnicerías y locales de venta al consumidor del interior del país, deberá coordinarse con los Gobiernos Departamentales sobre la base de un protocolo de especificaciones técnicas a ser elaborado, en acuerdo, entre las entidades públicas competentes. El INAC acordará con el Gobierno Departamental que corresponda un plan de implementación de las especificaciones técnicas a los efectos de instrumentar adecuadamente la habilitación y control de los comercios referidos».

(Dialogados).

                –Estoy leyendo el agregado del numeral 6 que se elimina porque es contradictorio con lo que mencionábamos anteriormente.

                Al respecto ya hay una legislación uniforme en la ley de inocuidad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a poner un poco de orden porque hay varios señores senadores que no han entendido la explicación. Vamos a explicar que en el numeral 6 del literal A del artículo 355, al que la invitada está haciendo referencia, se elimina todo el texto desde «Sin perjuicio» hasta el final. Quiere decir que queda: «La habilitación, registro y control de carnicerías y locales de venta al consumidor en todo el territorio nacional».

SEÑORA MALDONADO.- Exacto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuamos.

SEÑORA MALDONADO.- También se suprimiría el numeral 10 del literal A del artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se elimina en su totalidad el numeral que comienza diciendo: «La adopción de las previsiones» y termina en: «que mejores condiciones ofrecieren».

SEÑORA MALDONADO.- Se agrega un literal C titulado «En la producción de animales». No se trata de un agregado nuestro, sino de un agregado a la legislación anterior y que ustedes ya tienen incorporado en el proyecto de ley.  El literal tiene que ver con la realización de actividades de asesoramiento. Hace referencia al objetivo que pretendíamos con esta modificación, vinculado a ampliar un poco las competencias del Instituto Nacional de Carnes en lo que es del gancho hacia atrás, o sea la producción de animales.

En ese mismo sentido van las modificaciones propuestas para el literal D. En el numeral 2 de ese literal también se pretende ampliar la generación y difusión del conocimiento de la producción en materia de carne, con la finalidad de promover la eficiencia y el mejor desempeño de la actividad. Insistimos en que esto tiene que hacerse sin menoscabar las competencias del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, del Plan Agropecuario y demás, porque así lo establece la legislación vigente de INAC.

                 Más adelante, se hacen modificaciones menores con respecto a algunos mecanismos de notificación que hoy utiliza el Instituto Nacional de Carnes y se incluye la posibilidad de hacer notificaciones electrónicas. Al no contar con esta herramienta hoy existe una gran problemática para hacer efectivo el cobro de multas y demás, lo que se verá acelerado e incrementado si esto no se contempla por modificaciones en la tecnificación de registros que ya están a estudio del Instituto. Por un lado, tendríamos un sistema muy eficiente desde el punto de vista tecnológico, pero, por otro, de no considerarse los medios electrónicos se puede producir un gran atraso en las notificaciones.

                Más adelante, se establece el registro de carnicerías; la ley de inocuidad ya determina que sea público. Otra salvedad que tenemos que mencionar es que en el texto del artículo 362 se suprima desde «Además de las sanciones previstas en los Decretos Leyes N° 14.855 de 15 de diciembre de 1978 y N° 15.605, de 27 de julio de 1984 y demás normas complementarias» hasta «tanto en el circuito formal como informal».

                En el artículo 363 no se suprimiría nada, por lo que queda tal cual el texto del proyecto de ley presentado.

                Esto era cuanto quería informar sobre el Instituto Nacional de Carnes.

                Muchas gracias.

SEÑOR MAHÍA.- Quiero dar la bienvenida a la delegación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y desearle éxitos en su gestión.

                Espero no equivocarme en la formulación de las preguntas porque quizá pudo haber un cambio o una supresión que, naturalmente, podrían estar de más.

                En el literal C del artículo 3 que se sustituye en el 355 se hace un agregado. Me pregunto cuál es el objetivo de introducir un nuevo actor en un área que aparentemente está cubierta por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y hay varios. Me refiero a lo que expresaba la doctora Maldonado en cuanto a que el lema general de INAC es el de atender las etapas del proceso de industrialización desde la portera del establecimiento rural hasta el consumidor final. 

                Con respecto a esto la pregunta es si no existe la posibilidad de que haya una superposición con otras áreas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca –como, por ejemplo, la Dirección General de Servicios Ganaderos, Opypa, Dicose o el propio INIA– o con otros órganos del Estado que tienen una especialización cuando este órgano notoriamente tiene otra. Querríamos un fundamento de esta propuesta.

                La siguiente consulta es bastante menor; simplemente queríamos conocer la ampliación de la cobertura. Me refiero al artículo 355 cuando se propone el cambio de la expresión «todo otro órgano de gobierno» por «toda otra entidad estatal». Queríamos saber cuál es el sentido de esa modificación.

(Dialogados).

Me dicen que eso se eliminó. Tengo miedo de haberme equivocado, señor presidente, entre lo que estoy comentando y lo que se nos entregó. A veces pasa esto cuando uno viene con cierto libreto.

(Dialogados).

                No tengo nada más que agregar, señor presidente.

SEÑOR BONOMI.- Le doy la bienvenida a la delegación. Con la doctora Maldonado nos reencontramos después de haber intercambiado opiniones sobre distintos temas en 2005, 2010 y 2015; ahora estamos en otra función, pero seguimos intercambiando.

                Quisiera hacer un comentario general y dos o tres preguntas sobre el artículo 354, y referirme fundamentalmente al 355. Corro el riesgo de no haber entendido las eliminaciones; si es así, solicito que me lo digan.

                El artículo 354 incorpora competencias para «asesorar, promover, analizar, coordinar y colaborar en la promoción y ejecución de actividades en el sector de producción de animales».  Como decía el señor senador Mahía, estas competencias de INAC se superponen con las de la Dirección General de Servicios Ganaderos en las actividades del sector productivo. Le agrega competencias en materia de producción de animales –con lo cual duplica los cometidos que actualmente tiene el plan agropecuario– y le asigna tareas de investigación en producción y de habilitación e inspección. Para mí todo es un poco confuso.

                Por lo tanto, las preguntas son las siguientes. ¿Cuál es la finalidad de esta serie de cometidos nuevos? ¿Qué se pretende lograr incorporando estos cometidos? Al incorporarlos, ¿no se desnaturaliza INAC? Esas son las consultas sobre el artículo 354.

                En el artículo 355, se elimina del numeral 4 –acá es donde digo que no sé si los cambios son correctos– la siguiente oración: «La autorización previa y la constancia de control oficial de calidad comercial serán requisitos indispensables para habilitar la exportación». A mi juicio, esa eliminación es grave porque se trata de la principal herramienta de INAC para garantizar la calidad de los productos exportados, respondiendo a los pedidos del comprador. No solo controla los aspectos sanitarios, sino los requisitos que pone el comprador. Lleva a cabo una inspección cruzada con los veterinarios de la División Industria Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ya que estos solo evalúan la parte sanitaria.

                Actualmente, Uruguay es de los países que tienen menos retorno de los contenedores por exportadores. Esto se debe a los controles de INAC. Hasta ahora los que compran y pagan bien observan los controles, por lo que creo que nosotros no deberíamos bajarlos porque eso nos perjudicaría a nivel comercial. Los países van a seguir subiendo las exigencias de calidad y nosotros bajamos los controles a través de esta modificación.

                (Dialogados).

                –El artículo 355, numeral 3 del texto que tenemos delante elimina la autorización previa y la constancia del control oficial de calidad comercial, que serán requisitos indispensables para habilitar la exportación. ¿Esto fue eliminado? ¿Cuál es la finalidad de eliminarlo? Este es uno de los cometidos primordiales del INAC.

Aclaro que de ninguna manera estamos de acuerdo con esto.

SEÑORA DELLA VENTURA.- En la misma línea de suprimir los controles previos en el numeral 2 se elimina la palabra «previa». Es decir, que tiene coherencia con lo que se quitó.

SEÑOR BONOMI.- Tenemos algunas diferencias con dos artículos, que no son sustanciales, por lo que no haremos una objeción. Pero sí haremos sobre el artículo 355.

SEÑOR ANDRADE.- Esta vez sí voy a ser breve porque el senador Bonomi me restó buena parte de la preocupación, pero tanto en el numeral 2 como en el 3 de la Ley n.º 15605 no entendemos el argumento para la modificación. Además, quiero preguntar si esto no es un riesgo para la política de inserción comercial, porque tanto lo que se hace con la autorización previa suprimida en el numeral 2 como la supresión del párrafo entero del numeral 3 que decía  «La autorización previa y la constancia de control oficial de calidad comercial serán requisitos indispensables para habilitar la exportación» parecerían retirar al INAC y aflojar controles para la calidad del proceso de la carne.

SEÑOR BOTANA.- Quiero hacer una consulta, porque tengo una preocupación con el hecho de que se quite en el numeral 6 del artículo 355 la coordinación con los gobiernos departamentales. La ley orgánica municipal, en su artículo 35, numeral 24, literal G, otorga a los gobiernos departamentales competencias en este sentido. Yo quiero saber si con esto lo que hacemos es derogar esa competencia.

                Además, quiero expresar una inquietud. Tengo verdadera preocupación por las inspecciones que pueda realizar el INAC en las carnicerías de los pueblos de la campaña, porque estos obviamente no tienen ni siquiera el mismo riesgo sanitario, pero tampoco tienen la posibilidad de niveles de inversión como los que se requieren para las instalaciones de carnicerías en zonas como sería, por ejemplo, Pocitos, en la capital. La apertura de este tipo de políticas nos ha dejado sin los mataderos en todos nuestros pueblos. Eso es una condena para el trabajo, para el consumo familiar que tiene que pagar carnes a precios muchas veces inalcanzables para esa población. A su vez, es un grave problema para el pequeño productor dueño de una vaca, de una oveja, o de unas poquitas vacas, porque no tiene cómo acceder a la venta en el remate zonal y mucho menos tiene ingreso a los frigoríficos o a las pantallas. Entonces, nosotros debemos ser cuidadosos de las consecuencias de las medidas que se toman. Si el problema aquí es el abigeato, ataquémoslo y no condenemos a pueblos enteros para combatirlo. No condenemos a un pueblo entero por un mal que generan dos, tres o cuatro malos ciudadanos. Tengo exactamente la misma filosofía que para la ley llamada de inclusión financiera. No me gustan las persecuciones a los buenos por culpa de unos pocos malos. Si el problema es la inocuidad, entonces habría que agregar un numeral que obligue al INAC a inspeccionar todos los lugares en los que se carnea, y se carnea también en las estancias y establecimientos rurales. Entonces, el INAC debería recorrer todos los mataderos de las estancias, todos los carneaderos de las estancias, sus carnicerías, y controlar allí la inocuidad de la carne.

                Es simplemente eso. Me disgustaría que el artículo se saque –con el agregado que se le había hecho–  por las razones que expuse.

SEÑOR MAHÍA.- Cuando hablaba de «toda otra entidad estatal» me estaba refiriendo al literal  D del artículo 355 al que hacía referencia el señor senador Bonomi. Quiero agregar que en el numeral 2 se elimina la expresión «de interés general» del texto de la ley vigente y me gustaría saber cuál es el sentido de esta eliminación.

                Por otra parte, en el artículo 7.° de la ley original, que figura en el artículo 364 propuesto, se elimina un grupo de coordinación integrado por un representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; otro del Congreso de Intendentes y un tercero del Instituto Nacional de Carnes. También quería saber cuál es el sentido de esto.

                Por último quiero decir que, por lo menos de lo que uno percibe del análisis de este capítulo, una vez más queda demostrado que estos temas podrán ser importantes en la visión del Poder Ejecutivo y particularmente de esta Cartera, pero creemos que no tiene nada de urgente como tal.

                Básicamente, estas eran las preguntas que quiero formular.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Solamente quiero aclarar que la eliminación que mencionó el señor senador de la expresión «de interés general» en el numeral 2, aparece en el numeral 3.

SEÑOR DOMENECH.- Quería acompañar con una breve intervención las palabras del senador Botana, porque hemos visto desaparecer las carnicerías de los pueblos del interior. Nosotros no somos muy entendidos en el tema, pero creemos que eso responde a exigencias desmedidas, por lo menos para esos pequeños pueblos que frecuentamos. Las carnicerías son negocios familiares que, además, permiten al modesto productor vender una vaca que se le mancó o algún animal de descarte, lo que tiene repercusiones económicas en esas pequeñas comunidades. Por tanto, pedimos al ministerio que de alguna forma atienda esa situación.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Ha finalizado la lista de oradores para tratar el capítulo «Fortalecimiento del Instituto Nacional de Carnes» que,  como todos hemos podido apreciar es un capítulo que tiene sus bemoles. Por lo tanto, solicito que ordenemos las respuestas; el ministro dispondrá quién hace uso de la palabra y en el momento en que se esté dando respuesta la Mesa no va a admitir ningún tipo de interrupción de manera de poder ir ordenando el debate. Esto se debe a la singularidad del capítulo, a la infinidad de preguntas que se han hecho al respecto y a la variación de redacciones que el propio ministerio nos ha anunciado que propondrá a la comisión.

SEÑOR MINISTRO.- Voy a tratar de contestar de acuerdo al senador que formuló cada pregunta y voy a ir designando quién responde.

                Con respecto a las consultas del senador Mahía, me voy a referir a las propuestas de nuevas funciones, nuevos alcances que tendría el Instituto Nacional de Carnes.  Entendemos que lo que se propone no entra en el campo de los otros institutos –como ha sido mencionado– y voy a explicar el porqué. Hay aspectos relacionados a la cadena de producción cárnica de las que nadie se ocupa en Uruguay. No tenemos a alguien que defienda los intereses que se crean en el contexto general de la cadena de producción de carne, es decir desde que nace el ternero hasta que se faena y se exporta. Tal como hoy está constituido el Instituto Nacional de Carnes se ocupa de la carne una vez que el animal entra al frigorífico. En el proceso anterior no tenemos alguien que regule las políticas, sí tenemos quien investigue respecto a qué tecnologías aplicar o aspectos vinculados a la investigación como lo hace el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. También tenemos institutos que se dedican al desarrollo rural y a la transferencia y validación de tecnologías como el Instituto Plan Agropecuario.

                En este aspecto se está pensando, y lo voy a ejemplificar porque va a quedar muy claro, en quién se ocupa de actividades como la exportación de ganado en pie, que hay que regular y tranzar, ya que aporta al Instituto Nacional de Carnes como aporta las carnes, el 0,6 %. Sin embargo, esa actividad está representada en su interés comercial por la Unión de Exportadores de Ganado en Pie, pero no hay aspectos relacionados al involucramiento, incluso se puede dar la dicotomía de que haya intereses encontrados en el propio INAC respecto a esa actividad.

                La  otra argumentación que también me parece clara es la relativa a emular a instituciones muy exitosas que existen en el mundo como lo es  Meat and livestock, que es la que ordena toda la producción de carnes en Australia o Beef and Lamb de Nueva Zelanda, que ya realiza esa función. Es exactamente esa la justificación por la cual, además, en las recientes decisiones respecto al uso de las reservas de INAC se tomó en cuenta la reservación de fondos para que, si el Parlamento aprueba esta nueva actividad, lo pueda realizar.

                En pocas palabras esta es la argumentación por la que se está promoviendo esta nueva actividad  o nueva área de influencia de las actividades de INAC.

SEÑOR MAHÍA- En la interna partidaria analizaremos los fundamentos que el ministro plantea. Este no es el momento de plantear razones de fondo. Si agradecemos la explicación.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Voy a realizar un par de comentarios.

 Lo primero que hay que analizar en la propuesta de la ley de urgente consideración referida a INAC son dos temas que creo que hay que poner arriba de la mesa: en primer lugar,  la ley de inocuidad aprobada por todos y, en segundo término, todos los decretos reglamentarios que hoy están por salir a la cancha. Entonces, me parece que analizar esta propuesta de INAC en el marco de esa ley y de esos decretos, donde muchas de las problemáticas que se plantean asociadas a las carnicerías del interior y demás no están abordadas en esos decretos reglamentarios y en esa ley de inocuidad.

                Lo segundo, y siguiendo la línea del planteo del señor ministro, el Instituto Nacional de Carnes tiene una gobernanza donde está representada la industria, el Gobierno y los productores. Cada vez  más vamos a poder valorizar que la carne que llega al plato depende de cosas mucho más alejadas del origen de la cadena.

Por lo tanto, no es menor que el Instituto Nacional de Carnes tenga una mirada de cadena. Consideramos que vamos a resolver muchos de los problemas de falta de ganado y de trabajo si discutimos y solucionamos temas relacionados con la cría que si no lo hacemos.

                En la actualidad no hay un ámbito donde se recree esa discusión relacionada con esa mirada de cadena, con la cadena de la carne. Por lo tanto, no es menor darle esa mirada al INAC en clave de cadena porque, muchas veces, las soluciones al tema de la carne están en el campo.

SEÑOR ABREU- Quisiera una aclaración exclusivamente de carácter técnico, porque en cuanto a la autorización de las exportaciones, toda la cadena está bien.

                Me gustaría hacer ahora una pregunta. El certificado de origen de exportación no lo otorga INAC sino otro instituto –la Cámara de Industrias del Uruguay o la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay– y eso es importante porque, en materia de exportaciones, el certificado de origen es el que da la posibilidad de defender las preferencias arancelarias que se les otorgan a los productos. Creo que el certificado de origen no llega hasta INAC y es eso lo que quiero consultar.

SEÑOR MINISTRO.- No, no llega. Entre otros, el LATU es el que realiza esas certificaciones de origen.

                Para contestar lo planteado por los señores senadores Bonomi y Andrade con respecto a los numerales 2 y 4 del artículo 355, referidos a autorizaciones y certificaciones previas, solicito al señor presidente se autorice al presidente de INAC a hacer uso de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Mattos.

SEÑOR MATTOS.- Buenas tardes. Es un gusto estar en la comisión.

                Notamos una visión más moderna de los controles y de la reglamentación del INAC. Recordemos que la Ley n.º 15605 es del año 1984, es decir, del final del período de facto. Evidentemente, es una ley que está vigente en un noventa por ciento; no es una mala ley en el sentido de que ha cruzado el tiempo con pequeñas modificaciones y ha sido de utilidad.

                No obstante, entendemos que los tiempos van cambiando –ya pasó más de una generación–, y nosotros apuntamos a la modernidad y a equipararnos con los países de avanzada. Uruguay es un país con prestigio internacional, es de los principales actores en el comercio mundial de carnes –estamos entre los diez mayores exportadores, a pesar de nuestra pequeña dimensión geográfica–, y tiene en la tradición exportadora una de sus fortalezas.

                Cuando se promulgó la ley del INAC, la participación del Estado era muy importante porque había una fuerte financiación de fondos públicos a la industria frigorífica del momento. En este sentido, hay una serie de salvaguardas en la ley de INAC que intentan asegurar el recupero de esos créditos, que eran nada más que dineros de la sociedad apostados a la actividad privada. Entre esas salvaguardas está la autorización previa de exportación.

                También es cierto que el Estado participaba mucho más activamente, ya que generaba intervenciones y stocks reguladores o participaba en negocios con otros Estados y, por lo tanto, la acción del INAC era muy distinta a la actual.

                Uruguay ganó el prestigio y, en realidad, la industria privada –los que defienden las actividades privadas– es la que está sometida al juicio del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nadie más interesado que la propia industria, la propia marca, en defender su prestigio, su calidad, frente a terceros mercados. O sea que si equis empresa no cumple con las normas comerciales que establece un contrato entre privados, será castigada por el mercado y ello va en desprestigio de su propia marca.

                Entendemos que la autorización previa de exportación pertenece a otro momento, a otra época. Lo que nosotros sí tenemos son otros instrumentos de intervención, en el sentido de que están las habilitaciones de planta para el caso de que las condiciones no se cumplan en un extremo o haya reclamos sobre la calidad comercial de los productos.

                Hoy tenemos, por un lado, la intervención del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en los aspectos higiénico–sanitarios y, por otro, la intervención del INAC, en términos generales y en términos específicos. Es cierto que hay que mantener certificaciones comerciales para algunos mercados que específicamente las solicitan por acuerdos como, por ejemplo, la cuota Hilton o los acuerdos sanitarios que existen con el mercado de Chile. En esos casos sí está obligado el INAC a participar y a acompañar los aspectos de calidad, porque hay un acuerdo entre los servicios que otorgan el certificado sanitario que habilita la exportación y el país de origen. Ahí sí, por un término de calidad, el INAC debe estar directamente involucrado.

                Estos eran los comentarios para hacer respecto a este capítulo.

                Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor ministro.

SEÑOR ANDRADE.- ¿Me permite una interrupción por este tema específico?

SEÑOR PRESIDENTE.- Si es por el tema específico, adelante.

SEÑOR ANDRADE.- Gracias, señor presidente.

                En realidad, cuando señalábamos esta dificultad, pensábamos que –creo que hablo en nombre de toda la bancada– la garantía acerca de los controles de calidad estaba cubierta en un lugar diferente que el mercado; lo digo sinceramente. Ahora sí quedé mucho más preocupado.

                A mí me tocó –por mis tareas anteriores– conocer mucho los frigoríficos y sé que hay algunos que hacen muy bien las cosas, que hacen un esfuerzo enorme desde el punto de vista del proceso de producción, algunos tienen enormes problemas para cumplir requisitos básicos –de esto podría traer abundantes constancias si lo pudiéramos discutir en profundidad– y otros, enormes dificultades –creo que las autoridades lo saben– que en ciertos casos han generado un perjuicio para el país. Por lo tanto, abandonar el rol del Estado y pensar que el mercado solo resuelve –como me parece que escuché– a los efectos de que cada empresa cuide su marca es para el país un retroceso gigantesco.

En realidad, pensé que estos elementos de modificación tenían que ver con algún error de redacción o que había prevista otra institucionalidad que, en un tema que es de muchísima importancia económica y sensibilidad, nos cuidara. Así es imposible votar. Generamos un riesgo que es de enorme magnitud.

                No quiero poner ejemplos porque no me parece sensato, pero adelanto –no es este el ámbito para la discusión política– que sobre este tema, tal como está, vamos a tener una discusión profunda en la comisión.

(Intervención de un señor senador que no se escucha).

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a poner un poco de orden. Por medio de las interrupciones y de la fijación de posiciones políticas estamos abandonando el criterio que habíamos fijado, que era que el ministro terminara la exposición y que, en todo caso, se repreguntaría. Exhorto a todo el mundo a volver a ese criterio; si no, no vamos para adelante ni para atrás.

Estamos empantanados desde hace un rato, producto de interrupciones que hacen que se vayan desarrollando debates paralelos, y los debates paralelos no nos permiten cerrar los temas. Yo diría que vayamos cerrando temas de tal manera de poder ir avanzando sobre el articulado.

                Entonces, le voy a solicitar al señor ministro dos cosas: que siga explicando y que no conceda más interrupciones. Después de terminada su intervención, con muchísimo gusto, permitiré que los señores senadores puedan preguntar, como lo han podido hacer hasta ahora durante todo el debate del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración.

SEÑOR MINISTRO.- Simplemente, quisiera preguntarle al presidente de INAC si terminó con su exposición.

SEÑOR MATTOS.- En este punto, sí.

SEÑOR MINISTRO.- Continúo con la contestación de los planteamientos.

El senador Botana se refirió a la eliminación de una parte del numeral 6 del artículo 355 y, si el señor presidente lo permite,  le voy a solicitar a la doctora Maldonado que le responda.

SEÑORA MALDONADO.- Como dijimos al principio, eso ya fue contemplado en la ley de inocuidad que fue aprobada el año pasado y en los decretos reglamentarios que están en proyección en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con la intervención de los Ministerios de Industria, Energía y Minería, Trabajo y Seguridad Social, Economía y Finanzas, y de Salud Pública. Por lo tanto, a los efectos de lograr una mayor integridad entre las normas, nos parece que ese texto debería quitarse de la redacción de este numeral 6, así como también lo que mencioné respecto del artículo 362 del proyecto de ley, donde se pretende sustituir el artículo 4.° de la Ley n.° 19783.

SEÑOR MINISTRO.- Creo que la pregunta que hizo el señor senador Mahía ya fue contestada porque se le cambió el número; está en el numeral tres del artículo 355.

 Luego quiero referirme a los comentarios del senador Domenech, en relación con su preocupación por la desaparición de las carnicerías en el interior del país.

                Como hombre de campo, del interior, no sé si hablar de desaparición porque las carnicerías existen y la gente siempre tiene un lugar donde comprar carne, pero lo que nos preocupa es que la inmensa mayoría de los abastos departamentales ya no están y no hay control de inocuidad de la carne que se vende y que consumen los pobladores del interior, de nuestros pueblos. Eso es lo que nos preocupa y nos anima –al igual que al senador Botana– a buscar formas de garantizar esa inocuidad para que quienes tienen que desarrollar el negocio lo puedan hacer dentro de un marco legal similar en todo el país. Estamos hablando de una misma normativa para Montevideo, Rocha o Lavalleja y que los límites departamentales no marquen diferencias en las obligaciones que se exigen a quienes quieran instalar una carnicería. Básicamente esos son los fundamentos principales que nos animan a pensar en dar este nuevo rol al INAC, en cuanto a la habilitación de carnes en el interior. No creo que con esto estemos amenazando el poder de los gobiernos departamentales sino que, por el contrario, los estaremos fortaleciendo en cuanto a que se mejora el servicio que se da a sus ciudadanos. Tampoco creo que con esto haya una centralización del poder en el INAC, sino que es al revés, porque el objetivo es acercar este instituto a todos los uruguayos, vivan donde vivan. Hay que recordar que el INAC ya realiza una función y que en nuestros pueblos es muy común que quien realmente hace el control para que las cosas se hagan de acuerdo a las normas, sin estar en la habilitación, sea este instituto. Cuando llegan los inspectores del INAC a los pueblos todos se comentan y salen corriendo para ponerse en condiciones.

SEÑOR MATTOS.- Para complementar lo que manifestaba el señor Ministro y responder las inquietudes de los senadores Domenech y Botana, quiero decir que al INAC le preocupa el mercado interno. De hecho, como todos saben, hay una ley de inocuidad vigente, cuyos decretos reglamentarios están a consideración del Poder Ejecutivo y prontos a promulgarse. Creo que es un paso hacia adelante respecto a los cuidados de los alimentos que se expenden en los distintos comercios habilitados. Nosotros tenemos esa preocupación con el doble o triple estándar que existe en el Uruguay respecto a las condiciones de venta. Nos preocupa y vamos a trabajar duramente para reducir ese estándar, porque no queremos que nuestros ciudadanos tengan condiciones diferentes de acceso en cuanto a la calidad e inocuidad de los productos en materia de carnes. En ese sentido, el INAC va a trabajar duramente porque ahí sí entendemos que, desde algún punto de vista, el mercado no atiende las necesidades. Recordemos que todos aquellos mataderos precarios que existían en el Uruguay, donde muchas localidades hacían sus propias faenas en condiciones higiénico–sanitarias muy deficientes, se fueron eliminando, pero siempre se tenía la idea de que el abastecimiento a través de la industria instalada iría a llegar a muchas localidades, cosa que en muchos puntos del país no ha ocurrido. Nosotros tenemos esa preocupación. En el INAC hay un plan de inversiones para instalar establecimientos de faena Ciclo III con las habilitaciones sanitarias correspondientes, dar las garantías y que un pequeño comerciante carnicero pueda tener las condiciones para hacer una faena dentro de los patrones generales higiénico–sanitarios y respetando la ley de inocuidad.

Asimismo, vamos a promover un trabajo conjunto con los Gobiernos departamentales para la aplicación de lo que surja de la ley de urgente consideración, pero también de la reglamentación de la ley de inocuidad en el sentido de que el INAC, en gran parte de su trayectoria de tantos años, miró mucho más al comercio exterior y ello se explica porque el 70 % de nuestra producción se destina a la exportación. No obstante, es claro que debemos tener una mirada mucho más cercana con el consumidor y con el abastecimiento interno; tenemos que aplicar políticas de coordinación intensa con las intendencias municipales, en el sentido de que no tengamos roles contrapuestos o superpuestos. Es necesario que en el mercado interno tengamos, realmente, una condición que se equipare y se iguale con la calidad que pretendemos alcanzar en nuestras exportaciones. Una fortaleza fundamental de nuestro prestigio internacional es también que el mercado interno tenga las condiciones equivalentes a la producción y a la calidad del producto que nosotros exportamos. En esto hay un trabajo muy importante para hacer junto con los Gobiernos departamentales y los municipios; es necesario elaborar un plan de inversiones en los mataderos de zonas alejadas donde normalmente no llega el abastecimiento, para intentar evitar que la única opción del suministro sea la vaca que se mata abajo de un árbol o que el mercado desabastecido genere problemas colaterales de abigeato que, lamentablemente, es uno de los grandes flagelos que tenemos en el interior.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Quiero volver al artículo 355. En realidad, si se le quita lo que se dijo sobre la autorización y se piensa que es el mercado el que va a regular, a su vez, el INAC sigue teniendo esto de la fijación de normas, porque queda la parte que dice: «La fijación de normas de calidad y especificaciones técnicas a fin de orientar las exportaciones hacia niveles de calidad comercial aceptable; la organización y cumplimiento del control oficial de calidad de las exportaciones del sector, y el establecimiento de regímenes específicos de certificación de calidad que soliciten en cada caso los exportadores».

Como decía, se quita todo lo que era autorización previa. Entonces, la duda que se me genera es: ¿hasta dónde no hay conjunción de intereses? Lo cierto es que va a controlar el INAC, que está integrado por gremiales de productores que, a su vez, son los que van a exportar. Se me generó esta duda y no sé si se tuvo en cuenta.

SEÑOR GANDINI.- Mi intervención es muy cortita, porque la idea es simplemente dejar una constancia y una preocupación respecto de lo que se quita en este artículo 355. Me refiero al control de calidad que hoy hace INAC y al peligro que puede significar, no en el vínculo comprador–vendedor, exportador–importador sino en lo que refiere a los mercados, que es a lo que a Uruguay le cuesta mucho acceder. Esto lo conversaremos después y lo iremos viendo. Tenemos un coordinador en la bancada que se dedica al tema, pero quiero expresarlo porque es la preocupación de varios señores diputados que me pidieron que la trasladara a este ámbito y de este modo lo hago. 

SEÑOR VIERA.- Cuando me anoté no había hablado el señor presidente del INAC, quien realmente con su intervención me aclaró inquietudes que habían sido expresadas en sala por los señores senadores Domenech y Botana sobre la realidad del interior, del interior profundo, del interior fronterizo, en donde hay localidades a las que realmente el mercado no llega con carne de la industria y, por lo tanto, terminan comiendo carnes en peores condiciones sanitarias de las que había cuando existían los abastos. Hay departamentos que no tienen ni un solo abasto ni un solo frigorífico y, en consecuencia, también hay localidades que no tienen carnicerías. Hay problemas con las carnicerías pero hay más problemas a partir de que desaparecieron los mataderos precarios.

                                Me alegra mucho lo que acaba de decir el señor presidente del INAC. Creo que es una muy buena noticia, hay una buena dirección en la ley de inocuidad y en la posibilidad de habilitar mataderos para el abasto local, sobre todo para las localidades más chicas; con que haya uno por departamento ya sería una gran solución.

(Dialogado).

                                –En definitiva, termino expresando la preocupación sobre la que tenemos que trabajar para que queden claros los controles que el país va a hacer para asegurar la calidad y su prestigio en las exportaciones cárnicas. Me sumo a las expresiones de preocupación vertidas acá por la eliminación de ese control.

                                Gracias, señor presidente.

SEÑOR BOTANA.- Me anoté para hacer uso de la palabra, porque no puedo aceptar a la ligera la acusación de que los gobiernos departamentales no controlan la inocuidad de los productos que se venden.

Acá nos encontramos dos señores senadores que fuimos intendentes. Creo que hemos cumplido con nuestras responsabilidades en ese sentido y me gustaría que se me informara de los casos en los que no lo hemos hecho. Entiendo que hemos sido los que hemos hecho todos los cursos de manipulación de alimentos; que somos los que hemos estado permanentemente inspeccionando. No se debe confundir esto, señor presidente, con la persecución que el INAC hace en los pueblos, poniendo multas altísimas que obligan al cierre de los pobres establecimientos a los que ahora se les va a exigir el mismo nivel que se exige a todas las carnicerías del Uruguay. A mí me ha tocado conocer de multas del orden de los setenta mil pesos y seguramente haya muchas más.

                                Señor presidente: sinceramente reafirmo mi preocupación. Esta línea ha terminado con el trabajo y con los mataderos,  ha desabastecido de carne a los pueblos de la campaña. ¿Será que ahora tendrán que consumir carne envasada al vacío? ¿A qué precio? ¿Con qué poder adquisitivo? ¿A quién le va a vender la vaca el que tiene una sola? Estas preguntas no me fueron contestadas, señor presidente, y no sé si este es el momento de que me sean contestadas. Repito que no me gustó para nada el hecho de que se acuse a la ligera a los gobiernos departamentales.

                                Muchas gracias.

SEÑOR BONOMI.- Precisamente, creo que la mejor forma de corregir un problema es reconocerlo; lo digo sin ofender. Creo que en la venta de carne en el interior, a veces, no solo no hay control sanitario sino tampoco del origen de la carne. Esto puede gustar o no, pero esa es una cuestión objetiva.

                                Cuando era ministro del Interior, me convocaron a una comisión por el tema del chorizo artesanal. Estuve de acuerdo, pero siempre y cuando se certifique el origen de la carne, y para eso tiene que haber control. No se trata de ofender o no. Hay un montón de cosas que, a veces, no funcionan del todo bien porque faltan recursos. Y no ofendemos a nadie si lo decimos. Entonces, creo que en este punto es correcto mejorar los controles.

SEÑOR MINISTRO.- Quiero dar a los señores senadores la más absoluta garantía de que vamos a ser fieles veladores de lo que Uruguay ha ganado durante tanto tiempo y con el esfuerzo de todos. En el acierto o en el error,  vamos a poner como prioridad que las modificaciones aseguren que nuestros productos sigan teniendo el prestigio que han logrado hasta ahora.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ingresamos en el tratamiento del capítulo III, «Titularidad sobre inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias».

SEÑOR MINISTRO.- Proponemos dar de baja a este capítulo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, ingresamos en el tratamiento del capítulo IV, que modifica el Código Rural.

SEÑOR MINISTRO.- Este capítulo quedó descolgado, cuando se pensó inicialmente, porque la actualización de nuestro Código Rural amerita un estudio profundo.

SEÑOR PRESIDENTE.- A propuesta de la delegación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la comisión votará negativamente los artículos vinculados a la titularidad sobre inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias.

SEÑOR MINISTRO.- Como decía, en el artículo 369, que sustituye al 176 del Código Rural, hay una modificación que tiene que ver con una cuestión de justicia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ingresamos en el tratamiento del capítulo V, relativo a la creación del Instituto Nacional de la Granja.

SEÑOR MINISTRO.- Trataré de ser breve en este tema.

La creación de este instituto es una necesidad sentida para el sector y realmente es unánime el pedido que hemos recibido de los actores involucrados. Solamente, quiero aclarar que la citricultura no queda comprendida en las actividades que uno consideraría dentro de la granja.

                                Está en sala el actual director general del Instituto Nacional de la Granja, por si existe alguna pregunta, ya que este tema es muy normativo y extenso.

SEÑORA MALDONADO.- Me voy a referir a una modificación que estamos sugiriendo. En el literal K del artículo 375, proponemos que en vez de expresar: «Determinar las normas de calidad a las que deberá ajustarse la comercialización de productos granjeros en nuestro país (nacionales e importadas)», se establezca: «Asesorar en normas de calidad...  » y luego seguiría igual.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Le agradeceríamos a la señora directora que nos repitiera lo que acaba de manifestar.

SEÑORA MALDONADO.- En el artículo 375, literal K, que comienza diciendo «Determinar las normas de calidad», proponemos sustituir «Determinar las» por «Asesorar en».

SEÑOR PRESIDENTE.- Perfecto.

SEÑOR MINISTRO.- La verdad es que omití algunas modificaciones que propondremos.

                En el artículo 381, que refiere a la integración, proponemos añadir a la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ese es otro capítulo, señor ministro.

                Sobre el Instituto Nacional de la Granja, ¿no hay ninguna otra consideración de  redacción?

SEÑOR SUBSECRETARIO.- En el artículo 377 proponemos incorporar el tema de los seguros. Donde dice: «El financiamiento será concedido por la administración del Fondo de Fomento de la Granja para: proyectos de implantación, desarrollo y reconversión de montes frutales, mejoras fijas», sugerimos agregar «subsidio a  las primas de seguros», que es parte de lo que hoy  se destina al fondo de la granja.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sugerimos al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que oportunamente nos haga llegar por escrito la redacción que sugiere incorporar en este artículo.

SEÑOR CARRERA.- El señor ministro decía que esta es una demanda del sector. A nosotros nos parece importante, pero creemos que esta discusión debería darse fuera de la ley de urgente consideración; habría que discutirlo en la comisión especializada para disponer de más tiempo. Aquí se realizan modificaciones a políticas públicas que creemos que hay que discutir con mayor profundidad.

                                Por ejemplo, en el artículo 370, que modifica el artículo 8.º de la Ley n.º 16105, se elimina la Dirección Nacional de la Granja, y nosotros creemos que hay un conjunto de políticas públicas que desarrolla esta dirección  que son importantes. El artículo dice «Créase, como persona de derecho pública no estatal», y hace referencia a que va haber participación a través del Consejo Directivo, el que «será integrado con un representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que lo presidirá, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería, un representante del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y cuatro representantes de los productores granjeros». Consideramos que, en vez de «representantes de los productores granjeros», debería decir «representantes de las gremiales». Queremos preguntar si hay posibilidad de corregirlo. Está bien que se les dé participación a las gremiales, como en muchas instituciones que se han creado –como el INAC y el Inale– y que hoy mencionamos. Por lo tanto, considero que habría que hacer esa modificación: donde dice «productores granjeros», debería decir «representantes de las gremiales», los que serán electos conforme a lo que establezca la reglamentación.

                                Después, nos preocupa lo siguiente. A través de la Ley n.º 18827 y del Decreto 480/2012 se creó el Fondo de Fomento de la Granja, cuyo objetivo, entre otros, era cancelar las deudas con el BROU –hablaba de USD 800.000–, el BPS, el BHU, el FIDA. Se buscaba establecer, además, la gestión de los riesgos climáticos con la promoción de los seguros, los reaseguros y un apoyo financiero; se buscaba el apoyo financiero al sector.

                                Por lo tanto, si se elimina esa competencia, ¿quién se va a hacer cargo de estas políticas públicas? ¿Qué pasará con los seguros agrícolas? ¿Qué pasará con los fondos de garantía? ¿Qué pasará con la producción en las cadenas agroindustriales? ¿Qué pasará con los proyectos de acceso a los mercados externos? ¿Qué pasará con el apoyo a la capacitación técnica y al desarrollo tecnológico, en el marco del fortalecimiento institucional? ¿Qué pasará con la promoción de la inocuidad de alimentos?

                                En los artículos 378 y 379 se suprime la Dirección General de la Granja. Entonces, como estamos creando una persona pública no estatal, nos preocupa quién desarrollará todas esas políticas sectoriales.

                                De todas maneras y tal como expresamos al principio, creemos que esta es una modificación importante que se debería dar en un marco de discusión más amplio, como lo es la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, ya que consideramos que hay que darle participación a los diferentes sectores que están involucrados.

SEÑOR BERGARA.- Lo que voy a expresar está en consonancia con el último planteo del señor senador Carrera, pero voy a agregar una variante. Tal como decíamos en otras instancias, el diseño institucional debe tener consistencia con los roles del Estado. Es así que mi duda es que, en la medida en que se suprime la Dirección General de la Granja del ministerio –que la entiendo como el ámbito donde se genera la política hacia el sector–, desde el punto de vista institucional, dónde quedará alojado el ámbito de la definición de política. Mi duda es si la creación del instituto necesariamente tiene que implicar la supresión de la dirección en el ministerio. No creo que por un tema de roles en conflicto deba ser el instituto el que genere la política hacia el sector.

                                En definitiva, mi consulta es –supongo que lo han razonado en estos términos– si hay una justificación para que la creación del instituto implique la eliminación de la dirección o si son  roles diferentes que tienen que cumplir, con ámbitos institucionales diferentes y por lo tanto no necesariamente debe desaparecer la dirección, sin perjuicio de que puede haber transferencias parciales de recursos hacia el instituto. Esto tiene que ver con el artículo 379, que es la discusión del diseño institucional para el sector.

                                Aprovecho para hablar del artículo 378, que refiere a la transferencia de bienes y derechos, tema que considero debería estar en la ley de presupuesto y no en esta,  porque  este no es el ámbito en el que se pueda transferir a un instituto que, además, todavía no está creado.

                                Otro punto que necesita aclaración –el señor ministro algo mencionó–, es el que tiene que ver con el artículo 374, que modifica el artículo 9.º de la Ley n.º 16105. Allí se elimina la expresión «de hoja caduca» para incluir la citricultura. Mi pregunta es cómo queda en consonancia con la existencia del plan citrícola. O sea, el sector citrícola tiene su plan citrícola «propio» –entre comillas–, entonces quisiera saber cómo queda la relación del instituto en esta materia y si no hay algún tipo de duplicación. Es esencialmente una consulta para entender cómo es la distribución de funciones.

SEÑOR MAHÍA.- Voy a intentar complementar porque las preguntas que han formulado mis compañeros me son propias.

Lo que en realidad se necesita es saber con mayor profundidad la motivación del cambio institucional propuesto porque es una institucionalidad que tuvo determinado funcionamiento, que –insistimos– se debería analizar aparte por todas las organizaciones que están involucradas y que tienen un grado de permeabilidad importante en la sociedad organizada. En lo personal, puedo aportar mi experiencia en el departamento de Canelones, que es el que más conozco. En ese sentido, sabemos del grado de involucramiento y de expectativa que tienen las organizaciones de fomento rural. Hay todo un entramado en el departamento a nivel de la granja, que por supuesto el señor senador Peña también conoce porque reside en una zona donde se dan estas características.

Por ese lado, entonces, en cuanto a este cuestionamiento cómo podemos, en el marco de este proyecto de ley, introducirnos en estas honduras cuando sabemos que hay organizaciones que tienen legítima expectativa por las consecuencias que pueden traer las políticas públicas aplicadas.

                Además, complementando lo que señalaba el señor senador Bergara, planteo la inquietud sobre si no podemos estar cayendo también en algún grado de superposición, aunque sea tangencial, de algunos otros órganos del Estado, particularmente de la conducción general en materia de la granja. Insisto que, en particular, a mí me preocupa especialmente el efecto que tiene en las organizaciones de la sociedad y de la producción de la granja que esencialmente tiene una identidad canaria muy fuerte y, por lo tanto, queremos hacer especial énfasis. Ojalá logremos convencernos entre todos de analizar este tema en forma específica, aparte, con un diálogo más profundo con actores, y que lo permitan, incluso, los tiempos que estamos viviendo, que es un dato de la realidad.

SEÑOR ANDRADE.- Nosotros somos socios en construir una institucionalidad que jerarquice la cuestión de la granja y esa es la primera constancia que quería dejar.

                Respaldando lo que sostenía el senador Bergara, nos parece que la construcción de esta institucionalidad tiene mucha importancia y esto tiene que ver con el diálogo con los actores. Aclaro que yo soy de Progreso, una capital granjera. Si no puede pasar todo el capítulo a la comisión de ganadería –que creo sería lo conveniente–, quizás podamos crear la señal política de la institucionalidad, pero trabajando más en los contenidos con los actores. De lo contrario, podemos correr varios riesgos que claramente la iniciativa no persigue, pues no busca tener problemas con la institucionalidad existente o dificultades en su puesta en práctica. Yo creo que en los temas en los que tenemos diferencias, que son insondables, está bien que se avance, pero en los que tenemos acuerdo no parece lo más sensato no agotar las instancias para ese acuerdo. En este caso, dado que hay un consenso en la construcción de la institucionalidad, preferiríamos que nos diéramos tiempo para achicar el margen de error, y esto se hace cuando el consenso social acompaña la construcción de la norma, aunque es muy difícil con los tiempos que tenemos para la discusión de la LUC.

SEÑOR MINISTRO.- Quisiera pedir al Director General de la Granja, ingeniero agrónomo Nicolás Chiesa, que comente algunos aspectos a los que hicieron referencia los senadores Carrera,  Bergara y Mahía. Sobre lo que plantea el senador Andrade, como es una propuesta de trabajo, no nos corresponde opinar.

SEÑOR CHIESA.- En cuanto a lo que se planteaba aquí sobre los cometidos y a si era necesario o no mantener la dirección de la granja en base a la creación de esta nueva institución, queremos decir que esta institución es la que debe generar los apoyos y las políticas para el desarrollo de la granja. No estamos repitiendo institucionalidades. La Junta Nacional de la Granja, que funciona con representación de todo el ámbito gremial del sector, también va a participar de esta idea. Creemos que este instituto va a fortalecer y va a hacer más eficientes las políticas de desarrollo del sector de la granja.

En cuanto a lo que planteaban los señores senadores Mahía y Bergara con respecto a la citricultura, quiero decir que el plan citrícola no existe más dentro del ministerio. La citricultura se atiende principalmente dentro de la dirección de servicios agrícolas. Dentro del ministerio ese es el orden en el que tenemos que trabajar porque, tomando palabras del ministro, la cartera está muy desordenada en lo que tiene que ver con sus competencias. Cuando se crea este instituto hay que incluir no solo la citricultura –por eso se saca lo de hojas caducas– sino también las otras áreas que involucran a la granja como ser la apicultura, los animales menores, las aves, los suinos, porque hoy están desperdigadas dentro del ministerio. Por ejemplo, la Mesa Avícola funciona dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural, la asociación de conejos hoy no tiene quién la atienda y la apicultura está desperdigada y funciona dentro de muchas direcciones del ministerio. Entonces, tenemos que ordenar la institucionalidad para ser eficientes y no repetir tareas y funciones. Es por eso que queremos un instituto que abarque a todos estos productores y a todas estas actividades que están dentro de la granja. No se renuncia a facultades que tiene el ministerio en cuanto a las políticas que tiene que marcar, pero sí se apunta al desarrollo de políticas y del sector.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Una cosa que tiene que quedar clara es que el diseño de la política le compete al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La cartera tiene ámbitos suficientes como para poder pensar e implementar una política para el desarrollo de un sector tan importante como el granjero. Entonces, es el Instituto Nacional de la Granja el mejor instrumento ejecutivo para aterrizar esas políticas que son tan necesarias en un sector que es el más desangrado de los productores. Por tanto, quiero que quede claro que acá hay un ministerio que es el que va a desarrollar las políticas en torno a la granja.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Creo que no fue respondida una pregunta que, si no me equivoco, hizo el senador Carrera, relativa a la integración que figura en el artículo 370. Allí se dice que estará integrado por cuatro ministerios y luego habla de cuatro representantes de los productores granjeros. Me gustaría que profundizaran en cómo va a ser el nombramiento de esos cuatro representantes.

SEÑOR MINISTRO.- Simplemente quiero señalar que en vez de «productores» va «gremiales» y no cualquier gremial, sino que vamos a trabajar para que sean representativas de los productores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Esperamos esas redacciones del ministerio.

SEÑOR BERGARA.- Me queda clara la explicación del señor director del instituto en cuanto a la cobertura y eso lo vemos con buenos ojos. Ahora bien, me gustaría saber más concretamente y de acuerdo con lo expresado por el señor subsecretario, cuáles son los ámbitos suficientes que tiene el ministerio para la definición de estas políticas. Y me gustaría que eso quedara hilado muy fino. Quizás sea un tema de lenguaje, pero hay matices entre lo que dijo el ingeniero Chiesa y lo expresado por el señor subsecretario con relación a dónde está la definición de políticas. Entiendo que el Poder Ejecutivo, el ministerio, es el responsable  de  la  definición de  políticas  y, en todo caso, el instituto –como bien decía el señor subsecretario– es el que se encarga del aterrizaje o su implementación concreta; ese es el diseño adecuado. Por eso pensábamos que dentro del ministerio debía mantenerse un ámbito específico en esta materia, como una dirección nacional, encargada de la definición de las políticas. Puede ser eso o puede ser alguna forma alternativa. Como el subsecretario mencionaba que había suficientes ámbitos dentro del ministerio me pregunto qué ámbito, que no sea una dirección general de la granja, sería el que abordaría una definición de estas políticas.

SEÑOR CAMY.- Respaldamos, tal como viene, la propuesta sobre el Instituto Nacional de la Granja. Simplemente quería dejar una constancia con relación a la respuesta que el señor Chiesa le diera al planteamiento concreto del señor senador Bergara relacionado con el tema citrícola. Entiendo que si no se incorpora expresamente el tema el ministerio –no digo que tenga que ser en esta institucionalidad que se crea, pero sí en algo específico– estaría incurriendo en el error de que seguiría acéfalo como estuvo hasta ahora respecto de esta área agrícola.

El último proyecto legal fue de 1970 que creó el ámbito institucional de la granja. Y si mal no recuerdo, luego hubo un estudio de 2011 que impulsó el Gobierno, que diagnosticó muy bien la situación y sobre esa base proyectó un programa para atender, fundamentalmente, las pymes citrícolas. Estamos hablando de 14.500 hectáreas, de 420 productores y de un sector que es exportador, mucho más que el frutícola. Hablamos de un sector que está compitiendo con países como Perú, Sudáfrica y Chile que entran sin aranceles a Europa. En Estados Unidos, donde estamos en igualdad de condiciones, nos va muy bien. Es un sector que está invirtiendo en riego y genera trabajo en zonas muy depreciadas del país. Hay emprendimientos que generan casi 1.000 puestos de trabajo en el interior del interior, en el norte del país. Precisamente hoy algunas de las principales empresas internacionales, concretamente una de Perú y otra de Argentina, compraron y se están radicando entre el norte de Salto y Bella Unión para competir.        

                Creo en las políticas activas y sectoriales. Quiero dejar constancia de que específicamente la citricultura tiene que ser comprendida. Sé, fundamentalmente de parte del ingeniero Buffa, que está en el ánimo del ministerio asumir esto, aunque tal vez no sea esta la instancia ni la herramienta. Insisto en dejar constancia de que hablamos de un sector que demanda respuestas que deben ser contempladas.  Comparto el diagnóstico –creo que el responsable fue el ingeniero Montes  en el año 2011, durante el Gobierno del expresidente Mujica–, aunque lamentablemente después, por distintos motivos, no cuajó. Repito que es un sector que demanda respuestas y me parece que tiene que estar incluido por las particularidades que tiene respecto del resto de la granja.

SEÑOR PEÑA.- Como verá el señor presidente, he cumplido al pie de la letra porque me he aguantado para no participar de los intercambios, pero cuando la gente lea la versión taquigráfica y vea que no dije nada, se va a preguntar qué pasó. Por eso quería dejar alguna constancia. Compartimos muchas de las cosas que aquí se han dicho, como ser, la necesidad de una institucionalidad y la creación del instituto. Como lo hemos manifestado, estamos trabajando en la interna de la coalición de Gobierno para generar una alternativa que permita la creación del instituto, pero donde la base sea lo más amplia posible para logra la mejor herramienta que se pueda. En eso estamos trabajando en las subcomisiones con la coalición.

Me reconforta la posición de la oposición, porque creo que del trabajo parlamentario pueden surgir acuerdos. Creo que aquí podemos estar cerca de uno que determine generar la institucionalidad y dejar para un segundo tiempo cuestiones más específicas vinculadas con la creación del instituto. Esto es de una gran complejidad por tratarse de un sector complejo, y las cosas complejas no tienen soluciones simples.

                Muchas veces lo que se muestra en televisión –hace un rato lo comentaba con senadores de la oposición– son, obviamente, aquellas cosas en las que discrepamos. Tiene sentido que así sea. Sin embargo, creo que en todas estas jornadas de trabajo hay muchos puntos en los que el articulado ha mejorado gracias a los aportes hechos por la oposición. Considero que hay muchas cosas –tengo esa expectativa– que podemos votar juntos y sería una muy buena señal. Me parece que este puede ser un capítulo en el que demos esa señal. Eso sería muy bueno para la granja como sector y sería una señal muy potente y saludable.

                Quería hacer esa reflexión, señor presidente, abusando de su generosidad.

SEÑOR ANDRADE.- Quisiera dejar una constancia.

                En los últimos seis o siete años he estado vinculado al sector citrícola. Comparto la valoración de que es de los sectores que genera más empleo en el mundo y es de los menos afectados por el cambio tecnológico. Lo que no tengo el gusto de compartir es que no haya habido medidas para el sector citrícola. De hecho, hoy es el único sector que está amparado por el procedimiento de seguro de paro especial desde hace cinco años para acompañar el proceso de recambio varietal en un alto porcentaje de las plantaciones con el fin de acceder a los mercados de más alto valor que requieren una producción de determinado calibre y determinada combinación de dulzura y acidez.

                Una de las primeras medidas que votamos en este período fue la relativa al fondo citrícola. Rebotamos de haber votado el año pasado nuevamente el fondo citrícola.

                Si uno mira las políticas desde el punto de vista del Inefop, los esfuerzos más importantes que destinamos en 2016, 2017 y 2018 tuvieron que ver con el hecho de establecer en Bella Unión y en Belén un conjunto de mecanismos. También sucedió con Mevir. Digo esto porque generamos un acuerdo en el sector citrícola para que, en particular, Mevir abordara en Salto a trabajadores de la citricultura que estaban afectados. Siempre falta. Con sinceridad, independientemente de esta mención en el articulado, creo que no es correcto –o por lo menos no lo comparto– que se sostenga que el sector citrícola está abandonado a la buena de Dios porque ha habido un conjunto de medidas sociales, laborales, de formación, de seguridad social, financieras y de recursos para ese sector en toda la línea. Podemos enunciar todas las medidas para las tres empresas principales: Azucitrus, Caputto y Milagro, en Young, Paysandú y Salto, pero también para algunos sectores de San José. Me parece que sería una consideración equivocada decir –y queremos dejar constancia–que es un sector para el que no ha habido políticas.

                También quiero señalar que varias veces me tocó participar en instancias de convocatoria del sector citrícola y ha habido definiciones en esa dirección.

                Gracias, señor presidente.

SEÑOR MINISTRO.- Siguiendo la línea del señor senador Andrade, quiero decir que apoyo.

(Dialogados).

                Quiero dar fe de que hoy, en el norte del país, contamos con una citricultura muy evolucionada y tenemos muchas expectativas de que, dentro de dos o tres años, nos esté sorprendiendo, no solo en cuanto al cambio varietal porque es de tipo tecnológico, sobre todo en especies como la mandarina y el limón. Las empresas que se mencionaron, además de las argentinas y peruanas –San Miguel y Camposol–, realmente, pueden proyectarnos a una dimensión importante sobre todo del lado del limón y eso nos ha generado mucha expectativa. Los invito a conocer estos emprendimientos.

Esto no quiere decir que no tengamos un problema muy serio en la citricultura –ustedes lo saben bien– que venimos sobrellevando y va a requerir consideración urgente. Por eso quería transmitirles mi impresión con respecto a la citricultura. Creo que hubo un malentendido, por lo que le voy a pedir al director de la Dirección General de la Granja –Digegra– que explique dónde está comprendida la citricultura en el Instituto Nacional de la Granja.

SEÑOR CHIESA.- El artículo 374, por el que se modifica cuáles son los productores que están incluidos en la definición de granjeros, dice específicamente «dedicados a la fruticultura», no dice «fruticultura de hoja caduca». Ahí incluimos todos los rubros frutícolas –la producción de cítricos, de arándanos o de lo que sea– que se producen en este país.

                Para que los señores senadores lo tengan en cuenta –y a fin de aportar a lo que decía el señor ministro–, quiero decir que hoy se está dando, principalmente en la zona sur del país, una reconversión importante de productores que producían manzanas, frutales de hoja caduca y hoy están incluyendo dentro de su esquema varietal a la citricultura. Muchísimos productores están pasando a ser productores mixtos. Por eso también entendemos que estos rubros tienen que estar incluidos en el instituto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ingresamos al capítulo IV, «Creación del Instituto Nacional de Bienestar Animal», que es el último vinculado al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.       

SEÑOR MINISTRO.- Me gustaría que hiciera uso de la palabra la doctora Maldonado.

SEÑORA MALDONADO.- Sobre esta última parte vamos a sugerir algunas modificaciones.

                En el artículo 381 que se refiere al consejo directivo, en lo que tiene que ver con su integración, incorporaríamos a la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, que se sumaría a los que ya están mencionados. Proponemos la siguiente redacción: «El Instituto será dirigido por un Consejo Directivo conformado con un representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que lo presidirá, un representante del Ministerio de Salud Pública (Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis), un representante del Ministerio del Interior, un representante del Congreso de Intendentes, un representante de la Facultad de Veterinaria, un representante de las agremiaciones de productores rurales, un representante de las protectoras de animales y un representante de la Sociedad de Medicina Veterinaria. El Consejo Directivo reglamentará su funcionamiento y sesionará semanalmente».

                En el artículo 382, que sustituye el artículo 16 de la Ley n.º 18471, el literal H quedaría redactado así: «Disponer y ejecutar, cuando a su juicio correspondan, las acciones conducentes a la limitación de la reproducción de los animales de compañía, procediendo para tal fin a su esterilización y a la realización de campañas de adopción de animales de compañía». Por otra parte, la frase «Lo dispuesto es sin perjuicio de lo establecido en el numeral 3) del literal B) del artículo 12 de la presente ley» se suprimiría.

SEÑOR PRESIDENTE.- Disculpe, señora directora, pero le solicito que le aclare a la comisión a qué artículo estaba haciendo referencia cuando hablaba del literal H.

SEÑORA MALDONADO.- Estaba haciendo referencia al literal H del artículo 382 del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración mediante el cual se propone sustituir el artículo 16 de la Ley n.º 18471.

                A su vez, percibimos que falta un literal I; es un error. Por lo tanto, se correrían los literales.

Por otra parte, el literal K del artículo 386 por el que se propone modificar el artículo 9 de la Ley n.° 18471 dice: «Recoger la materia fecal de los animales en la vía pública» y, si bien es obvio, queremos aclarar que hace referencia a los animales de compañía.

                El artículo 393 comienza diciendo: «Todo animal castrado deberá ser identificado…» y aquí se debe agregar «de compañía». Por lo tanto, debe decir: «Todo  animal de compañía castrado» porque, si bien hace referencia a los artículos que le anteceden, nos parece que es pertinente aclararlo expresamente.

                Quiero hacer una referencia a la creación del Instituto de Bienestar Animal, que creemos es pertinente. Sin perjuicio de que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es competente en determinar las políticas en la implementación y el cumplimiento de las regulaciones de bienestar animal, tanto a nivel de la producción como con respecto a los animales de compañía, a través de lo que hoy se conoce como la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, nos parece pertinente reforzar este ámbito. Cuando hablamos de bienestar animal lo hacemos en términos generales, no solamente haciendo referencia a animales de compañía, sino también a lo que tiene que ver con animales de producción sobre la base de la legislación ya existente. Dentro de este instituto se diferenciarían dos módulos: aquello que específicamente hace referencia a los animales de compañía y lo que refiere a los animales de producción, sin perjuicio de lo que hoy ya está dispuesto, sobre todo en lo que tiene que ver con competencia sanitaria. La ley que legisla actualmente sobre bienestar animal y tenencia responsable excluye de la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal –por lo tanto, del instituto, ya que se hace sobre esa legislación– la normativa relativa al traslado y al sacrificio de animales de producción. Basándonos en criterios éticos con respecto a todo lo que tiene que ver con el tema de la inocuidad y la importancia creciente que se debe dar –tanto a nivel nacional como internacional– al bienestar animal, la idea es dar la jerarquía suficiente desde el punto de vista institucional. Por eso se amplían algunas competencias de lo que hoy se conoce como la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal a este instituto, sin perjuicio de que sabemos que hay algunas disposiciones que son de índole presupuestal y que vendrán en el proyecto de ley pertinente.

SEÑOR BERGARA.- Compartimos la idea de jerarquizar el tema y eso muchas veces viene de la mano justamente de un rediseño institucional. Por lo tanto, en general, vemos con buenos ojos la iniciativa.

                De todos modos, queremos comentar algunos aspectos que no son menores. Vamos a empezar por el artículo 380 de creación del instituto, que lo instala como un órgano desconcentrado en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. No tenemos del todo claro cuál debería ser la ubicación institucional de este instituto porque, dependiendo del ministerio en el que se aloje, luego será el énfasis o las preocupaciones centrales de su actuación. Por momentos uno piensa que esto podría estar en el Ministerio de Educación y Cultura, en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente o en el Ministerio de Salud Pública. Quiero dejar constancia de que, prima facie, no termina de convencernos el hecho de que este órgano deba estar en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Obviamente, luego en el debate seguiremos conversando sobre esto. Pero quería dejar esta constancia porque, reitero, colocarlo en un lugar institucional implica darle un perfil y un foco de preocupaciones que es diferente a otro lugar institucional, aunque sea el mismo instituto, con las mismas potestades, los mismos recursos, etcétera.

                En cuanto al artículo 381, que refiere a la integración del Consejo Directivo, la señora Maldonado planteaba sumar a la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay. No lo vemos mal, pero nos preguntamos si no sería de recibo incorporar a un representante de la sociedad civil entre las organizaciones no gubernamentales que están registradas en el Ministerio de Educación y Cultura. Según tenemos entendido, hay unas catorce ONG registradas en este tema. Quizás a través de algún mecanismo de elección se pueda incorporar un representante de la sociedad civil en el Consejo Directivo; dada su nutrida composición, creemos que no alteraría los equilibrios y es un tema en el que  la sociedad civil tiene un rol importante para jugar.

Un tema complejo que tiene que ver con el punto inicial de dónde alojamos el instituto es la eliminación de la aplicación de otros medios no eutanásicos en el antiguo literal I, que ahora es el H. Ahí sí tenemos una discrepancia porque creemos que eso debe mantenerse. Además, entiendo que esto puede tener detrás al tema de las jaurías que atacan al ganado en el terreno rural, y por eso hablaba del punto inicial. Creemos que se debe mantener la posibilidad de aplicación de otros medios no eutanásicos y eso implicaría mantener lo que se plantea eliminar en la última frase del literal H, que expresa: «Lo dispuesto es sin perjuicio de lo establecido en el numeral 3) del literal B) del artículo 12 de la presente ley» y refiere a aplicar medios no eutanásicos, sin perjuicio de matar animales cuando presenten amenaza o peligro a personas u otros animales. Realmente, nosotros somos partidarios de mantener ese esquema, pero es algo que en su momento seguiremos discutiendo.

Por otra parte, me gustaría que aclararan por qué se eliminan en el artículo 383, que refiere al artículo 17 de la ley de 2009, algunos literales como, por ejemplo, el B que refería a contratar el personal o los servicios que considere necesarios; el final del literal C que decía que se considerará falta administrativa grave el ocultamiento de información o la obstaculización no justificada al accionar de la comisión –en este caso, sería al instituto–; el literal E que refiere a recibir herencias, donaciones y legados y administrar esos recursos. En ese mismo sentido, me gustaría saber si pueden dar una explicación de por qué en el artículo 387 se elimina el literal D referido a tiendas de mascotas o empresas comercializadoras de animales de compañía y accesorios para estos. Simplemente, quisiera tener una justificación de por qué cosas que, en principio, parecían razonables se estarían eliminando.

Por último, en el artículo 387 que modifica el artículo 19, creemos que el literal A que habla de refugios o albergues para animales debería separarse de esta enumeración que se hace porque tienen características diferentes, sobre todo, en el cobro de tasas. Una cosa son los criaderos de animales o los servicios de paseadores, y otra, los refugios y albergues, que tienen una característica diferencial. Pensar en cobrarles tasas a estas entidades que, justamente, están brindando un servicio más que importante podría tener un tratamiento diferencial.

SEÑOR ANDRADE.- Simplemente, quiero entender la propuesta con referencia a la eliminación de otros medios eutanásicos. En la normativa actual eso está limitado por lo que dice el numeral 3 del literal B del artículo 12 de la Ley n.º 18471. El literal B de ese artículo establece: «Dar muerte a un animal, excepto en las siguientes circunstancias:

1)  Cuando correspondiere en virtud de las actividades productivas, comerciales o industriales según las normas legales y reglamentarias en materia de sanidad animal, o de experimentación científica de acuerdo a la normativa especial a la que refiere el artículo 7º de esta ley.

2)  Para poner fin a sufrimientos ocasionados por accidentes graves, enfermedad o por motivos de fuerza mayor, bajo la supervisión de médico veterinario.

3)  Cuando el animal represente una amenaza o peligro grave y cierto hacia las personas u otros animales.

4) Para evitar o paliar situaciones epidémicas o de emergencia sanitaria, según las normas legales y reglamentarias en materia de sanidad animal».

La pregunta que me surge es la siguiente: fuera de esta casuística, ¿cuándo se aplica el método eutanásico? Si se suprime la no aplicación del método eutanásico que está reglamentado –es decir, no es que no podamos matar animales, podemos hacerlo; según la norma podemos, por ejemplo, matar a una jauría que ponga en riesgo a los animales–, ¿qué circunstancia nueva, no prevista en la ley, amerita el cambio en la redacción?

SEÑORA DELLA VENTURA.- De pronto, todas las preguntas tienen que ver con cómo va a enfocar el ministerio la temática a través de este instituto. Me parece importante resaltar que el nombre es Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal y ahora se suprime la referencia a la tenencia responsable. Quería saber a qué se debe ese cambio porque, en realidad, durante estos años la tenencia responsable ha servido realmente para avanzar en este tema concreto. Entonces, no entendemos por qué se le quita esa parte del nombre que es tan importante.

SEÑOR OLESKER.- En realidad, varios de los aspectos que tenía anotados para señalar ya los mencionó el señor senador Bergara. Por lo tanto, voy a aprovechar para dejar dos constancias que tienen que ver con la ubicación institucional y el nombre,  que no reflejan una conceptualización. Por eso que quiero plantear dos puntos al respecto.

                En lo que tiene que ver con la ubicación institucional, entiendo que el Instituto Nacional de Bienestar Animal debe contemplar aspectos productivos, sociales y humanos, y me gustaría saber –más allá de la infraestructura que imagino que es de las principales fortalezas que el ministerio tiene para que se ubique allí; lo entiendo y a corto plazo hasta es una posibilidad– por qué no se está pensando en una cuestión más integral. Y voy a decir algo que a ninguno de los compañeros que está aquí tiene por qué agradarle: ¿no sería el nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el lugar adecuado para este instituto? Lo dejo planteado, ya que el ministerio se crea aquí y seguramente se va a crear porque entiendo que no…

(Dialogados).

                -Lo segundo que quiero señalar está vinculado a lo que dijo la señora senadora Della Ventura. Me gustaría saber por qué se elimina la expresión «tenencia responsable» cuando la evidencia empírica tanto nacional como internacional muestra que muchas veces el problema del bienestar no tiene que ver con los animales, sino con los propietarios.

SEÑOR PRESIDENTE.- Como ha finalizado la ronda de preguntas de los señores senadores, cedemos el uso de la palabra al señor ministro o a quien él disponga para contestar las preguntas referidas a su ministerio en el articulado propuesto en el proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración.

SEÑORA MALDONADO.- En referencia a las observaciones del senador Bergara, que no pude anotar en su totalidad, en principio las modificaciones al literal H, –sin perjuicio de lo establecido en el numeral 3 del literal B del artículo 12– son de redacción, porque en el proyecto de ley se habla de acciones conducentes a limitar la reproducción y demás. Entonces, no nos parecía pertinente que se hiciera referencia a que un tema no tiene que ver con el otro.

SEÑOR ANDRADE.- En realidad la supresión sí tiene sentido porque se hace referencia al método no eutanásico.

SEÑORA MALDONADO.- Nuestra propuesta de modificación no pretende eliminar lo que establece la ley de tenencia responsable con respecto a no utilizar métodos eutanásicos para el control de la población. Esto, sin perjuicio de las disposiciones específicas que se mencionaron en cuanto al peligro inminente, jaurías y predios agropecuarios. No es nuestra intención modificar esos aspectos.

                En el proyecto original no estaba contemplado de esta forma, y si dejamos la expresión «sin perjuicio», se desprende una contradicción. Se trata de un tema de redacción.

SEÑOR BERGARA.- Si se saca de la redacción lo que refiere a la aplicación de otros medios no eutanásicos queda sin sentido: «Lo dispuesto es sin perjuicio de lo establecido en el numeral 3 del literal B del artículo 12 de la presente ley».

 Queremos mantener la referencia a la aplicación de otros medios no eutanásicos y, por lo tanto, eso debería mantenerse.

SEÑORA MALDONADO.- Exactamente. La intención no fue suprimir de la redacción la referencia a la aplicación de otros medios no eutanásicos, sin perjuicio de lo que ya está dispuesto. Es decir que se trata de tener en cuenta en qué situaciones concretas se pueden utilizar –como lo mencionaron hoy– y cuáles son las excepciones para proceder a dar muerte a un animal de compañía.

                Luego les podemos entregar el proyecto porque hay que agregar el numeral para que la redacción tenga sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- No es de mejor técnica legislativa lo que estamos haciendo. Por eso, vamos a solicitar al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que revise los comentarios, que parecerían ser de recibo, de los senadores Andrade y Bergara, y nos haga llegar una redacción acorde a lo que coincidimos que puede ser el objetivo final.

SEÑORA MALDONADO.- Lo mismo haremos con otras modificaciones al proyecto de ley original, por ejemplo en lo que tiene que ver con suprimir la herencia, la contratación de personal, etcétera, a las que el señor Bergara hacía referencia.

SEÑOR BERGARA.- ¿Qué sucede con la posibilidad de representación de la sociedad civil?

SEÑORA MALDONADO.- Ese tema no lo hemos considerado.

SEÑOR MINISTRO.- Cuando se habla de sociedad civil nos referimos a productores y asociaciones de productores.

SEÑORA DELLA VENTURA.- ¿Por qué no se hace mención a la tenencia responsable?   

SEÑORA MALDONADO.- En el proyecto de ley original se hacía mención a la tenencia responsable. Sin embargo, si analizamos a nivel internacional lo que es más adecuado suprimimos lo relativo a la tenencia responsable y dejamos lo vinculado al bienestar animal. Lo hacemos solamente por un tema de nomenclatura, desde el punto de vista internacional. Además, estos conceptos están estrechamente vinculados; no hay bienestar animal sin tenencia responsable. Pero, en este tema se siguen criterios internacionalmente establecidos.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Señoras y señores senadores: con los deberes que se lleva el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de hacernos llegar la redacción de las modificaciones que entiendan oportunas, despedimos al ministro y a la delegación y les agradecemos la presencia en la tarde de hoy.

 

(Se retira de sala la delegación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca).

(Ingresa a sala la delegación de la Comisión Nacional de Fomento Rural).

 

La Comisión Especial para el Estudio del Proyecto de Ley con Declaratoria de Urgente Consideración creada por el Senado de la república tiene el agrado de recibir a la Comisión Nacional de Fomento Rural, encabezada por su secretaria general, Cristina Revetria, quien viene acompañada del señor Fernando López, primer secretario de la institución.

                Les pedimos disculpas por haberlos hecho esperar. Sin más, les cedemos el uso de la palabra.

                Han sido invitados para opinar sobre la sección vinculada al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero tienen la libertad de hacerlo sobre otros temas que les preocupen.

SEÑORA REVETRIA.- Buenas tardes para todos y todas; es un gusto estar aquí.

                Como representantes de la Comisión Nacional de Fomento Rural venimos a plantear las inquietudes que nos surgen sobre la ley de urgente consideración, en particular, en los temas vinculados al agro y a la producción familiar.

                Hemos estado considerando un documento en el que están todas nuestras inquietudes y en el cual hemos venido trabajando con las mismas dificultades que tenemos todos por la pandemia. Incluso, nos hemos tenido que comunicar de otra manera, lo cual ha resultado ser todo un aprendizaje. Tratamos de compartir con ustedes nuestras inquietudes.

                Los puntos que se mencionan a continuación responden a las prioridades de la Comisión Nacional de Fomento Rural, que viene estudiando el contenido del proyecto de ley a consideración. En la actualidad, la Comisión Nacional de Fomento Rural nuclea a un centenar de entidades de primer grado, sociedades de fomento rural, cooperativas agrarias y otras formas organizativas de base, con distinto grado de desarrollo y relacionamiento. Estas, a su vez, agrupan en sus padrones sociales a 17.500 familias, dedicadas a los más diversos rubros productivos y ubicadas en nuestro medio rural en todos los rincones del país.

                Queremos señalar que el año pasado la Comisión Nacional de Fomento Rural presentó una propuesta de políticas públicas diferenciadas en las que se plantea una visión integral sobre las políticas públicas de desarrollo rural, con énfasis en las políticas diferenciadas para la agricultura familiar.

                Muchas gracias.

SEÑOR LÓPEZ.- Queremos agradecer que nos reciban en este ámbito. En primer lugar, hemos enviado a la secretaría un documento escrito con el conjunto de planteos que vamos a sintetizar aquí. Como ya dijo nuestra secretaria general, este es un proyecto muy amplio y bastante complejo –creemos que es un proyecto de discusión vivo–, que se ha venido modificando. Asimismo, en la sección agropecuaria, como en otras secciones, hay temas que son sumamente importantes, pero consideramos que algunos de ellos no son urgentes. ¿Por qué? Porque entendemos que un proceso de discusión más amplio, más profundo y con una mejor participación, mejoraría sustancialmente.

                En segundo término, entendemos que más allá de esta Ley de Urgente Consideración es fundamental destacar la importancia de la conceptualización de la agricultura familiar en todas sus manifestaciones, como una fuente determinante de ingresos de familias rurales, pero también como modo de vida y como sector productivo, social y cultural, que asimismo es parte de un activo importante de toda la sociedad uruguaya.

                Con respecto a los puntos vinculados al proyecto de ley en consideración, nos vamos a referir al artículo 212 –que hace mención a los fondos aportados al Fondes–, al artículo 230 –tema conceptual de Ancap– y a otros que están dentro del capítulo agropecuario.

                Además, creemos que lo importante es mantener las líneas que hoy se vienen trabajando, sin negar que puede haber otras posibilidades. El sistema de fomento rural y cooperativo ha venido trabajando en forma importante y creemos que se debería seguir promocionando, y a veces nos preocupa que pueda competir con destinos como, por ejemplo, la infraestructura.

                En el caso del artículo 230 vinculado a Ancap, por la importancia estratégica, por ser una de las empresas públicas y sobre todo por la política energética, entendemos que debería ser tratado en forma independiente. No estamos haciendo un juicio de valor sobre el contenido, pero creemos en la importancia de tener empresas soberanas, como las que tenemos.

Con respecto a los artículos contenidos en el capítulo agropecuario y vinculados al Instituto Nacional de Colonización, antes que nada quiero decir que reconocemos que en el documento final de la ley de urgencia se haya retirado un artículo vinculado a la residencia, porque nos preocupaba mucho dado que para nosotros, estratégicamente, la residencia del colono es parte de la política de colonización, y por eso entendemos que una política pública de tierras en cualquier país tiene que ver con que el colono esté arraigado en la tierra, así como las familias que se dediquen a ello. Según el artículo 353 vigente, entendemos que más allá de la titularidad o el impacto económico, es un instituto y en lo que tiene que ver con las tierras que eran de la sección fomento del Banco Hipotecario del Uruguay –que son cerca de un 25 % de las tierras que están en el marco de la Ley n.º 11029– lo importante es que el concepto de colonia, sobre todo en lo social y en el desarrollo, va mucho más allá de quién es el titular de la tierra. Por lo tanto, entendemos que el concepto de colonia, en la medida en que esto se apruebe así como está, perfora lo que es el ecosistema de producción, de comunicación, la caminería rural, en fin, un conjunto de situaciones que se dan en ese ámbito de la colonia, algo que ya se ha discutido en proyectos de ley anteriores, por lo que la Comisión Nacional de Fomento Rural ya ha venido anteriormente a manifestar su opinión. Debo decir que seguimos teniendo la misma opinión en cuanto a que hay que seguir siendo parte del alcance de la Ley n.º 11029, porque estas tierras ya fueron afectadas en su momento con la creación del instituto, es decir que son de antes de 1948 y cualquier titular que haya comprado tierras bajo este sistema ya fue beneficiado por esta propia política pública. Por otro lado, entendemos que acá estamos hablando de la totalidad de las tierras del instituto, menos del 4 % de la tierra agrícola nacional. Entonces, que el mercado regule y haga lo que quiera con el 96 %, pero acá estamos hablando solamente del 4 %; creemos entonces que este 4 % debe seguir siendo parte de una política pública y el instituto de tierras debe seguir siendo testimonial de lo que es el mercado de tierras. Por lo tanto, la Comisión Nacional de Fomento Rural no comparte el contenido de este artículo, por un lado, por la dimensión de las hectáreas y, por otro, porque no hace justicia al esfuerzo que la sociedad hizo en su momento para que hubiera una política pública que diera beneficios de acceso a la tierra a los que hoy la utilizan. No compartimos el argumento que sea por un tema comercial en cuanto a que pueden tener mayor valor si se desafectan, porque será mucho mayor el perjuicio a aquellos más pobres del medio rural que están en las colonias.

Con respecto al artículo 355 del INAC, que tiene un conjunto de subtítulos, el concepto principal es que muchos de estos aspectos están contenidos en la ley que se aprobó el año pasado de inocuidad. En este sentido, queremos decir que nos preocupa un poco el rol de fiscalización que debería llevar adelante el INAC y cuál sería la estructura técnica e institucional para hacerlo. Entendemos que el INAC sí debe tener un rol de supervisor de articulación con los gobiernos departamentales. Aquí se podría entrar en otra discusión que tiene que ver con los gobiernos departamentales, pero no vamos a entrar en ella. Lo que sí queremos decir es que el rol del INAC es de promoción y seguimiento, pero creemos que es difícil darle un conjunto de roles que quizás después no tenga ni las acciones ni el perfil para llevarlos a cabo. Por eso creemos que sus roles serían los de coordinación y supervisación, y no tanto el de fiscalización. 

                Con respecto a los artículos 367 y 368, según el texto que tenemos nosotros –que era el original– vinculado a titularidad de inmuebles rurales y explotaciones rurales…

SEÑOR PRESIDENTE.- Esos artículos se retiraron de la ley; ya no están en consideración.

SEÑOR LÓPEZ.-  Entonces, pasamos a los artículos 370 y 371 relativos a la creación del Instituto Nacional de la Granja. Compartimos que la granja debe mejorar su institucionalidad, por lo que esto implica para el mejoramiento de las políticas en un sector que tiene importancia estratégica y en donde la inmensa mayoría son productores familiares. Creemos que esta institucionalidad puede ser importante pero, como dijimos anteriormente, nos parece que debería ser tratado en forma separada. Ahora bien, si se mantiene en el proyecto de ley hay tres aspectos que son sumamente importantes y no quedan claros en la redacción. Uno es el de la gobernanza. A diferencia de otros institutos, como INIA, Plan Agropecuario y el Instituto Nacional de Semillas, que en su ley de creación establecen a título expreso las gremiales que integran la junta directiva, en este caso solamente se dice «representantes de los productores granjeros», lo que entendemos no es de recibo. En todo caso, se podría utilizar la redacción de la ley vigente, la ley de la granja de 1992, o alguna similar. Desde nuestro punto de vista, el proyecto de ley debe establecer quiénes son las organizaciones que lo integran y pongo el ejemplo de todos los institutos que están hoy vigentes, el INAC, el INIA, Plan Agropecuario e Inase. Ellos dicen a título expreso quiénes son las organizaciones que integran la junta directiva en representación de cada sector.

                Lo segundo, es que nos parece que se debe profundizar en los cometidos porque, por ejemplo, no se dice una sola palabra sobre lo que hoy es una de las principales políticas para el sector granjero, que es el apoyo a los subsidios de los seguros granjeros como forma de bajar la vulnerabilidad. En este proyecto de ley se borra totalmente eso; no se dice nada.

                Lo tercero es cómo se va a financiar. Podemos entender que un proyecto de ley de estas características no puede tener aspectos presupuestales, y por eso sería mejor discutirlo aparte, pero tienen que quedar claramente establecidos los cometidos, los objetivos y cuál va a ser su financiamiento. Tampoco queremos que el Fondo de Fomento de la Granja, que es el brazo articulador de la política granjera, se utilice para bancar el funcionamiento, sino que debería seguirse con los destinos que allí están establecidos.

                Luego, con respecto a dos artículos que están por fuera del sector agropecuario y refieren al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, no compartimos esta redacción alternativa. De la manera que queda establecido –que sea voluntaria o que el Estado debería expropiar– termina siendo inaplicable. Además, no se puede poner por encima del interés general el interés particular o el interés económico cuando hay un ecosistema que proteger, sobre todo en el caso de los más frágiles y podemos poner varios ejemplos. Además, la experiencia demuestra que desde que se ha aplicado la ley vigente hasta ahora, muchas de estas sociedades de fomento son parte de estos ecosistemas y hasta ahora se ha venido trabajando en acuerdos de trabajo y de explotación agropecuaria dentro de los parámetros acordados por todas las partes. En general no hay grandes conflictos con esto; por lo tanto, no entendemos por qué se perfora esta situación y por qué se termina vulnerando un ecosistema. Es imposible decir que en un ecosistema hay explotaciones agropecuarias privadas que pueden hacer algo que está prohibido, sería impensable solamente con lo público.

                Es cuanto quería decir.

SEÑOR CARRERA.- Saludamos a la Comisión Nacional de Fomento Rural. Nos parece importante que presenten un documento con una visión integral donde plantean varios puntos que compartimos.

                Con respecto a la creación del Instituto Nacional de la Granja coincidimos en que debe haber una discusión más amplia donde los sectores involucrados participen de esa discusión. Creemos que es importante tener una institucionalidad propia. Justamente en el día de hoy hicimos algunas preguntas porque nos preocupan algunos puntos como, por ejemplo, en referencia a dejar sin efecto la ley que creó el fondo para el fomento de la granja.

                El presidente dio una buena noticia: bajaron los artículos 367 y 368, lo cual es muy importante. Pero, por otro lado, queríamos darles una mala noticia que les acercamos con la autorización del presidente: hay una nueva redacción del artículo 353 bis, que refiere a lo que tiene que ver con la no obligatoriedad de la residencia. A nosotros nos preocupa eliminar la obligación de la residencia y la explotación directa, que es lo que se propone en la nueva redacción. Queremos saber qué opinión le merece esta modificación. Lamentablemente este tipo de leyes nos dificulta la discusión porque consideramos que el directorio de colonización ya tiene la potestad para autorizar la no residencia en el lugar por razones de salud o por las que se establezcan.

                Por lo tanto, repito, queremos conocer la opinión de ustedes sobre el artículo 353 bis, que establece la no obligatoriedad de la residencia y además hay tres requisitos que tendrán que cumplir.

SEÑOR MAHÍA.- Hicimos referencia a los temas que acaban de señalar cuando estuvo presente el Poder Ejecutivo. Quiero hacer una pregunta que refiere a este tema.

                Recién se comentó que era muy difícil consultar a las instituciones involucradas dentro de la Comisión Nacional de Fomento Rural. La pregunta tiene que ver con esto. Soy del departamento de Canelones y me pregunto hasta qué punto se pudo hacer, teniendo en cuenta el universo general de productores que están vinculados a las instituciones que forman parte de la comisión de fomento que mencionamos. Es decir, este proyecto tiene dificultades para lograr un abordaje con los directamente involucrados, que son parte de la institucionalidad hoy vigente de la junta. Si bien hoy se puede compartir el diseño de una nueva institucionalidad, hay organizaciones involucradas y, por lo tanto, nos importa mucho saber hasta qué punto y en qué tiempo se los pudo consultar, porque para nosotros la opinión de los directamente involucrados hace a la definición final.

SEÑOR ANDRADE.- Quiero agradecer la presencia de los integrantes de la Comisión Nacional de Fomento Rural, porque ello enriquece la discusión del tema. No hay dudas de que para construir una política que dé resultados es imprescindible la participación de los actores. Me sumo a las preocupaciones y preguntas que realizó el señor senador Carrera, sobre todo al cambio de colonización.

                Por los documentos de la comisión, sabemos que le dan un papel estratégico al Instituto Nacional de Colonización. Por lo tanto, cualquier cambio es importante, sobre todo si son sustantivos. A modo de ejemplo, cuando terminó la reunión con el ministerio nos quedamos con la duda de si los tres numerales que colocan en la redacción alternativa tienen que aplicarse de manera simultánea o si alcanza con cualquiera de ellos para no radicar en el campo. Ese es un ejemplo de las dudas que nos quedaron de una redacción que recibimos hace unos minutos.

                Entonces, probablemente, si no tienen opinión formada ahora, tal vez puedan hacerla llegar por escrito. Vamos a tratar de seguir trabajando en este tema, que es de mucha sensibilidad.

                Asimismo, compartimos la preocupación acerca de que el Instituto Nacional de Colonización pierda facultades con respecto a la calidad de lo que el país exporta.

                Muchas gracias por su presencia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Camy.

SEÑOR CAMY.- Saludo la presencia de los representantes de la Comisión Nacional de Fomento Rural, particularmente al señor Fernando López, con quien nos conocemos desde hace muchos años. Nos conocimos cuando fui vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización, y él, presidente y directivo de la Comisión Nacional de Fomento Rural.

                Creo que es una entidad histórica y también con peso en lo referente a la representatividad para tratar algunos de los temas que están involucrados en este capítulo.

                Más allá de las coincidencias –que las tenemos– y otros puntos en los que no, destaco el hecho de que es una organización que nació en 1915. En oportunidad de sus cien años, el Senado de la república lo conmemoró, en una sesión especial, donde tuve el alto honor de hablar en nombre del Partido Nacional. Ya desde aquel primer congreso –creo que fue realizado en Minas, en el mes de mayo– empezó a tratar este tema. Él tuvo mucho que ver con la creación del Instituto Nacional de Colonización porque en 1945, en el teatro Florencio Sánchez, en Paysandú, nació el germen de lo que fue ese instituto.

                A su vez, representa a casi un centenar de entidades que incluyen la Sociedad de Fomento Rural Tres Islas, en Cerro Largo; la Sociedad de Fomento Rural Ortiz, en Lavalleja; las Sociedades de Fomento Rural Tarariras o Colonia Valdense, en Colonia, que son de punta, o la propia Sociedad de Fomento y Defensa Agraria, en Montevideo, a la que concurrimos todos los años a su asamblea anual.

                Evidentemente, tiene una representación que se la asignamos, y es importante su opinión.

                No sé si es ahora el momento adecuado para discutir. Nosotros leímos por arriba el planteamiento. Abarca varios temas y vamos a considerarlo.

                Quiero hacer dos preguntas, señor presidente. La primera de ellas no tiene que ver básicamente con colonización, ya que conozco la opinión de la asociación y del señor López. Me gustaría saber si el documento que nos envían fue aprobado por la comisión directiva de la asociación o por la asamblea de la Comisión Nacional de Fomento Rural. Lo planteo porque, desde hace muchos años, tengo como mecanismo de funcionamiento un vínculo muy directo con las gremiales, con las colonias, con las asociaciones rurales. He hablado con algunas y, por lo menos, no se me ha expresado esa actitud en algunas de las cosas que leí en este documento. Es por esa razón que hago la consulta, que no pierde valor lo que allí dice, cualquiera sea la respuesta. Simplemente, me gustaría conocer si fue aprobado por la asamblea de quienes constituyen esta asociación de segundo grado, o es la comisión directiva.

                En segundo término, quisiera conocer qué opinión tienen respecto a la definición que hace el decreto del 28 de febrero de 2014, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Allí se determinan las condiciones que definen el carácter de productor familiar. Sé que esa es una de las principales banderas de esta organización, que mucho la representan. Entre las condiciones que se incluyen para que sean beneficiarios de lo que la política pública del país tiene dirigido hacia ese sector, establece residir en la explotación agropecuaria donde se realice la actividad productiva agraria o en una localidad ubicada a una distancia no mayor a cincuenta kilómetros de ella.

                Planteo esto expresamente por la consideración, no de lo que se establece en este artículo al que refirió el señor senador Andrade, que no sabemos en qué va a quedar, sino a la discusión del concepto de redefinición de radicación, que no es lo mismo que residencia, que también es un detalle que queremos dar, porque se habla de residencia y de radicación. Son conceptos distintos, que también tienen su lógica en la discusión de la ley de 1948.

                Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Han finalizado las intervenciones de los señores senadores.

                Si el señor López tiene respuestas para dar, le vamos a dar la palabra. Si lo necesita, puede mandar alguna de ellas por escrito, al igual que el documento, lo que le agradecemos.

SEÑOR LÓPEZ.- En primer lugar, gracias por las preguntas y las opiniones.

                En segundo lugar, vamos a hacer algunas consideraciones, pero otras cuestiones, como el análisis más en detalle del artículo que introdujo el ministerio, para hacerlo más tranquilos, las mandaremos por escrito igual que el resto.

                Voy a hacer dos comentarios. Por lo menos mirándolo por arriba mientras hablaban los señores senadores, vi que lo que plantea ahora el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es una potestad que tiene hoy el directorio. Entonces, ¿cuál sería el argumento para introducir un cambio? Nosotros entendemos que para que se flexibilice; es una opinión. De todas formas, lo vamos a contestar por escrito.

                En cuanto a lo que decía el senador Mahía, estamos bastante preocupados porque acá, recién, al pasar –el proyecto de ley no lo dice– se mencionó que se derogaría el fondo de la granja, y eso sería un problema adicional. Esto no lo dice el proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración, pero si se está pensando en hacerlo, sería muy complejo.

SEÑOR PRESIDENTE.- En ningún momento durante la presencia del ministerio se manejó ese concepto.

SEÑOR LÓPEZ.- Gracias.

                Lo que sí les podemos decir es que, en términos generales, según lo hablado con muchas de nuestras organizaciones de base, de Canelones, del sector granjero, y con otras que no son de nuestro sistema de fomento rural, hay un ambiente favorable a la creación del instituto. Ahora, si uno les repregunta –como hacen los periodistas– y les dice: «¿Usted está de acuerdo con que saquen la política de subsidios a los seguros granjeros?», va a haber más gente en contra que a favor del instituto. Entonces, no solamente se trata de decir instituto sí, sino para qué, con qué cometidos y con qué políticas.

                Con respecto a la opinión dada por el senador Camy, quiero decir dos cosas. Se puede imaginar el señor senador que es imposible hacer una asamblea en estas condiciones, menos cuando están cambiando el texto cada pocos días. Pero está bien la pregunta porque nos permite referirnos a ciertas cuestiones.

Nosotros hemos venido haciendo, desde hace un tiempo, un proceso de consulta. Les enviamos a todas nuestras organizaciones el anteproyecto en su momento, cuando fue público, y les enviamos el proyecto que mandó Presidencia a los legisladores, incluso con consultas para que todas nuestras sociedades de fomento expresaran sus opiniones.

La Comisión Nacional de Fomento Rural tiene una mesa ejecutiva y un consejo directivo de 21 miembros y 21 suplentes, o sea que son 48 de las 104 organizaciones que la integran. Y, como decía, hemos hecho un proceso de consulta –vía correo electrónico– a todas nuestras organizaciones; además, tenemos varias comisiones de trabajo y nosotros hemos hecho un proceso con el consejo directivo –que, como dije, son 21 titulares más 21 suplentes–, hasta donde lo pudimos hacer por la situación del momento, para consultar sobre lo que la mesa venía planteando.

                Asimismo, hicimos un trabajo técnico –con apoyo técnico– para evaluar en profundidad e, incluso, para comparar esto con la propuesta de políticas pública que hicimos el año pasado para todos los sectores políticos, a fin de ver qué coincidencias, qué puntos de riesgo y qué puntos a favor había. Y esa es la base de esta presentación.

                Como en cualquier orden de la vida, no hay unanimidades, sobre todo en una organización con las características de la Comisión Nacional de Fomento Rural, en la que hay organizaciones de todo tipo; es imposible. Incluso entre dos personas que son vecinas a veces tampoco hay unanimidad. Pero aun así, la comisión nacional hizo –ojalá todas las organizaciones del sector agropecuario lo hicieran– ese proceso de consulta, que no es perfecto, pero sí tratamos de ser cada día lo más transparentes y participativos posible, como siempre, tratando de consensuar los distintos intereses que funcionan dentro de nuestro sistema.

                Con respecto al concepto de radicación de 2014 quiero decir lo siguiente. Lo primero y más importante fue la definición del Mercosur del 2007 por la que se crea la caracterización de productor familiar en el ámbito del Mercosur y se mandata a los gobiernos a caracterizarlos, crear un registro y aplicar políticas al respecto.

A partir de la decisión de los países del Mercosur, se fue avanzando. Creo que en Uruguay, alrededor del año 2008,  se elabora la primera definición –imperfecta porque siempre hay que mejorarla– y se crea el registro, que es voluntario.

El senador hace referencia a las últimas modificaciones de ajuste que se hicieron en el 2014, para mejorar y ajustar esa situación a la realidad uruguaya. Por ejemplo, si comparamos las características o los requisitos de los productores familiares de Uruguay con los de Paraguay, veremos que no tienen nada que ver porque en este último país la mayor parte de los productores tiene menos de cuatro hectáreas. Aunque en Uruguay se pueda decir que un productor con 500 hectáreas es un productor familiar, eso no lo va a creer nadie en ningún lugar del mundo porque hay que cumplir conjuntamente con cinco requisitos y no solamente con la radicación. Eso lo sabe el señor senador.

                Con respecto a la definición vigente, entendemos que es la mejor posible aunque puede ser mejorada. Tiene que quedar claro que para ser productor familiar no se puede tener más de 500 hectáreas Coneat 100; no tener más de dos asalariados permanentes o su equivalente en jornales diarios; vivir en el campo o a menos de cincuenta kilómetros, y que su principal ingreso provenga de la explotación agropecuaria. Ese conjunto hace al universo de la producción familiar. Nosotros entendemos que la radicación a una distancia de hasta cincuenta kilómetros, puede ser un obstáculo, si es que no hay una escuela cerca, pues obligaría a los productores a vivir en un pueblo que quizás esté a una distancia más lejana. Eso lo vemos muy seguido. Sí creemos que hay que precisar que en el caso de una política pública vinculada a la política de tierra, uno puede ser un poco más exigente. Se puede hablar de productor familiar en un sentido amplio para todo. No sé si con esto contesté las preguntas. Si bien compartimos la propuesta, creemos que es mejorable.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Se supone que estas condiciones que acaba de enumerar tendrían que darse todas a la vez, en forma simultánea.

SEÑOR LÓPEZ.- Así es.

SEÑOR PEÑA.- Quiero hacer una aclaración. No sé cómo se coló lo relativo al fondo de la granja y su posible eliminación. Damos la total tranquilidad a la delegación de que eso no está planteado en ningún caso. No solo eso sino que también la aspiración del actual Gobierno es recuperar ese fondo para los productores. La actual coalición de Gobierno votó en contra de la ida del fondo a rentas generales y nuestra aspiración –en la medida de las posibilidades– es recuperarlo para los productores, tal cual fue creado en un gobierno del Partido Colorado. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la participación de la Comisión Nacional de Fomento Rural.

                No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 19:40).  

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.