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Carátula

                                                                

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN

(Sesión celebrada el día 9 de abril de 2019).

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 14:36).

–Estamos convocados para continuar con el tratamiento del proyecto de ley relativo a las Declaraciones Juradas de los Funcionarios Públicos, por el que se modifica la ley n.º 17060, de 23 de diciembre de 1998. Pero, antes de ello, daremos lectura a los asuntos entrados.

Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

«Carpeta n.º 1296/2019. Daniel Bianchi Salomón. Solicitud de aplicación del segundo inciso del artículo 115 de la Constitución de la República. Moción presentada por el señor senador Pedro Bordaberry. (Distribuido n.º 2325/2019).

Carpeta n.º 1302/2019. Ciudad de Bella Unión, departamento de Artigas. Se declara feriado no laborable el día 13 de mayo de 2019, con motivo de conmemorarse los 190 años de su fundación. Proyecto aprobado por la Cámara de Representantes. (Distribuido en elaboración).

Carpeta n.º 1307/2019. Código General del Proceso. Se modifican varias disposiciones de la Ley n.º 15982, de 18 de octubre de 1988. Proyecto de ley presentado por las señoras senadoras Patricia Ayala, Graciela García, María Sara Rivero, Daisy Tourné y Mónica Xavier y por los señores senadores Charles Carrera, Juan Castillo, Rafael Paternain y Miguel Vassallo. (Distribuido en elaboración).

Carpeta n.º 1309/2019. Recurso de Referéndum contra las Leyes. Se modifica el artículo 2.º de la Ley n.º 17244, de 30 de junio de 2000. Proyecto de ley presentado por las señoras senadoras Patricia Ayala y Daisy Tourné y por los señores senadores José Amorín, Charles Carrera, Carlos Camy, Juan Castillo, Álvaro Delgado, Rafael Paternain y Miguel Vassallo. (Distribuido en elaboración)».

SEÑOR BORDABERRY.- A los efectos de ser más eficientes, sugiero que, antes de pasar al tema de la convocatoria, consideremos el asunto –dado que se trata de una modificación muy menor a la Ley n.º 16017–, por el que se pasa de 45 días a 90 el plazo al que se hace referencia en dicho texto. Luego, se podría proceder de la misma forma con el asunto que refiere a declarar feriado no laborable el día 13 de mayo de 2019 para la ciudad de Bella Unión, departamento de Artigas, con motivo de conmemorarse los 190 años de su fundación. Creo que estos proyectos son muy simples, por lo que podríamos votarlos rápidamente. Es más, en este último caso, ya tendríamos una candidata a miembro informante, por motivos obvios: la señora senadora Ayala.

                En síntesis, si los señores senadores están de acuerdo, propongo que se traten primero esos dos proyectos mencionados y después seguir con el orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE.-  En consecuencia, en primer término, trataríamos el proyecto de ley por el que se declara feriado no laborable para la ciudad de Bella Unión la fecha en que se conmemora los 190 años de su fundación.

(Apoyados).

                –Léase el proyecto.

(Se lee).

«Artículo 1.º.- Declárase feriado no laborable para la ciudad de Bella Unión, departamento de Artigas, el día 13 de mayo de 2019, con motivo de conmemorarse los 190 años de su fundación.

Artículo 2.º.- Otórgase goce de licencia paga en la fecha indicada en el artículo 1.º a los trabajadores de las actividades pública y privada radicados en la referida ciudad».

–En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                Se ha propuesto como miembro informante a la señora senadora Ayala.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –5 en 6. Afirmativa.

                A continuación, se pasa considerar el proyecto de ley vinculado a la modificación del artículo 34 de la Ley n.º 16017, en la redacción dada por el artículo 2.º de la ley n.º 17244.

                Léase el proyecto.

(Se lee).

                –«Artículo1.º. Sustitúyese el artículo 34 de la Ley n.º 16017, de 20 de enero de 1989, en la redacción dada por el artículo 2.º de la Ley n.º 17244, de 30 de junio de 2000, al tenor del siguiente texto:

                “Artículo 34.- Quienes deseen adherir al recurso deberán expresar su voluntad en forma secreta y en acto que se celebrará en todo el país un domingo, en un plazo no mayor a 90 días después de efectuada la calificación afirmativa referida en el inciso primero del artículo 33 de la presente ley. A tal efecto se aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones que rigen para la emisión del voto en las elecciones nacionales, formulándose las adhesiones ante Comisiones Receptoras que se instalarán, en cantidad similar a las que se conforman en una elección.

                Los recurrentes deberán introducir en el sobre correspondiente una hoja en la que se leerá: ‘Interpongo el recurso de referéndum contra...’. Esta leyenda concluirá con la mención de la ley o de aquellos de sus artículos que se pretendiere impugnar.

                La Corte Electoral reglamentará la convocatoria y el acto de expresión de voluntad de los recurrentes en todo lo no previsto por este artículo”.

                Artículo 2.º. La presente ley entrará en vigencia en la fecha de su promulgación y se aplicará a los recursos en trámite en la Corte Electoral».

                –En consideración.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR CARRERA.- Propongo al señor senador Bordaberry como miembro informante.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                –5 en 6. Afirmativa.

                Los dos proyectos de ley aprobados serán elevados para su inclusión en el orden del día de la sesión ordinaria de mañana.

                Corresponde pasar a considerar el tema motivo de la convocatoria a esta sesión.

SEÑOR BORDABERRY.- Cuando analizamos el artículo 12 en la sesión pasada, la comisión me encomendó la tarea de elaborar un texto que le diera mayor legibilidad a dicho artículo. He repartido a todos los señores senadores un borrador de esta propuesta, pero me gustaría hacer dos o tres precisiones para que sea más entendible.

                Por un lado, dividí el artículo en dos, separando el contenido de las declaraciones de la parte de forma de la presentación y publicidad de declaraciones, a efectos de que quedara claro que una cosa es el contenido de las declaraciones y otra cosa es la forma. Aclaro que hice todo esto sin introducir ninguna modificación al artículo, salvo en la palabra «reconocido», en la frase que habla de «concubino reconocido», porque me encontré con que en el artículo 12 bis proyectado con anterioridad, en el último inciso, ya se había previsto en el proyecto de ley qué se entendía por concubino y qué por unión concubinaria. Entonces, ese inciso lo transformé en un artículo 12 quater porque nos parece que no hace a la formalidad ni al contenido. Por tanto, transcribí lo previsto en el proyecto anterior como un artículo separado, el 12 quater, pero manteniendo el mismo criterio de definición de «concubino» y de «unión concubinaria» que venía en el contenido del proyecto que estábamos analizando.

                Luego de eso separé todos los requisitos formales y los puse como literales en el artículo 12, en la parte referente al contenido de las declaraciones. Llegado a este punto, me surgió una duda que quizás la comisión podría eventualmente considerar –yo no quise incluirlo–, en cuanto a si por la vía de la reglamentación en el día de mañana no se podría fijar alguna otra exigencia. Por ejemplo, hoy en día se está avanzando mucho en el tema de la bancarización. De pronto, en el día de mañana podría haber una forma de acceder a información a través de la bancarización. Entonces, ¿no dejaríamos de esta forma una puerta abierta para acceder a alguna otra información con que se cuente? Esa es una posibilidad que no contemplé en el texto, pero queda abierta la opción de considerarla.

                También he visto que este proyecto va mucho a la parte de ingresos y al estado patrimonial, pero hay otra parte también importante que es la de los egresos. De pronto ese funcionario no aumenta su patrimonio, pero gasta mucho más y, por ende, tiene ingresos por fuera de esto; de todos modos, lo dejé exactamente como estaba en el proyecto de ley.

                En el artículo 12 bis incluí la parte del artículo 12 original «Forma de presentación y publicidad de las declaraciones». En este punto me permito llamar la atención: no sé si interpreté bien aquello que se dijo en la reunión pasada, pero creo que la intención de la comisión –que comparto– es aumentar el número de funcionarios sobre los cuales las declaraciones serán públicas. Todos sabemos que hoy en día las del presidente y del vicepresidente son públicas, pero la intención es extender el alcance de esta norma.

Entonces, en el inciso segundo proyectado puse «Las declaraciones de» y dejé en blanco para que la comisión proponga a quiénes le parece que se incluirían en esa declaración. Al mismo tiempo, traté de aunar unas contradicciones que había en el artículo anterior, porque hablaba de formulario abierto y de formulario cerrado según lo que establezca la reglamentación, pero no determinaba cómo era. En consecuencias, lo que sí se expresa es que las declaraciones de los funcionarios que se detallen se presentarán en sobre abierto; de todos los demás, en sobre cerrado con posibilidad de ser abierto de acuerdo con lo que dice más adelante la ley. En definitiva, ese concepto quedó más claro.

                En el artículo 12 tris se incluye una propuesta de ese artículo tan raro que obligaba a la Junta de Transparencia y Ética Pública a llevar un registro de la evolución del patrimonio y de los ingresos. Ese registro se limita a todos aquellos cuya declaración patrimonial es abierta, es decir, que integra el listado que se debe poner, como es el caso del presidente y el vicepresidente, etcétera, porque lo tendrá abierto la propia junta, por tanto, podrá llevar un registro de la evolución. Agregué, también, un inciso segundo –aclaro que eso es nuevo–, que dice: «También incluirá en dicho registro la evolución de los referidos datos de los funcionarios que aleatoriamente y de acuerdo con lo que establezca la reglamentación, se determine». ¿Por qué? Porque pretender llevar un registro de la evolución de patrimonio de miles y miles de funcionarios parece imposible. Ahora bien, lo que se hace en este tipo de normas reglamentarias y de políticas de control es elegir aleatoriamente mediante sorteo a un grupo de funcionarios y a esos abrirles y hacerles la evolución. Es un poco lo que se hace modernamente en la aduana. En muchos países se utiliza un equipo similar a un semáforo, con los colores verde y rojo: el verde permite pasar y el rojo indica que ese viajero debe ser revisado hasta en los bolsillos.  

                Esto es distinto a como estaba antes y me pareció que era bueno incluir a todos los que tienen la declaración abierta, que son los de mayor jerarquía, y lo otro aleatoriamente para ayudar a la Jutep a cumplir su tarea. Esa es la explicación del trabajo que me encomendaron.

                Es cuanto tenía para decir sobre el trabajo que me fuera encomendado.

SEÑOR CARRERA.- Estoy de acuerdo con el planteo del señor senador Bordaberry, pues me parece correcto tal como lo presentó.

                Por mi parte, estuve tratando de interiorizarme sobre la lógica utilizada y esta es que con respecto a los cargos políticos –fue lo que se votó en la Cámara de Representantes y es un poco lo que se mencionó la semana pasada–, cuando presentamos la declaración, el sobre se abre y se hace público. Pero hay una serie de cargos que estamos obligando y en esos casos sería en sobre cerrado y en determinado momento se los analiza. Por eso se habló de abiertos y cerrados.

                En líneas generales comparto la propuesta que formuló el senador Bordaberry, pues sigue la lógica de lo que se trató de buscar en la Cámara de Representantes. No obstante, sin dejar de reconocer el trabajo del señor senador Bordaberry y habiendo realizado quien habla un trabajo en la misma línea que el señor senador, solicitaría que pasáramos a considerar otros artículos y dejar este desglosado para estudiarlo en conjunto y votarlo la semana que viene.

SEÑOR BORDABERRY.- Sería bueno que la secretaría elaborara un comparativo de forma tal de visualizar claramente  las modificaciones.

SEÑOR MIERES.- Me parece que es un trabajo muy interesante y que aporta para ordenar un poco más el texto. Sin embargo, tengo alguna duda sobre la necesidad de generar un registro de evolución de activos, pasivos, ingresos y vínculos con empresas. Considero importante que haya una evaluación de la evolución por parte de la Jutep, pero me da la impresión de que no necesariamente eso debería traducirse en un registro permanente. Es más, quizás sea un trabajo demasiado engorroso para la Jutep. Lo que sí creo que debe haber es un sorteo anual de los casos en los que se va a ir para atrás, incluidos los funcionarios públicos. Hablo de los que tienen declaración pública y privada; se sortea un determinado número –que creo figura en el proyecto de ley establecido– y se estudia hacia atrás en el momento que toque.

La necesidad de mantener un registro permanente de todos los cargos con declaración jurada abierta me parece que es un trabajo muy complejo y, en realidad, está abierto. O sea que los casos que estén abiertos, quien quiera estudiarlos para atrás, puede ingresar a la Web y buscarlos. 

En definitiva, para que el proceso sea más simple lo que sí debería haber es un sorteo anual de funcionarios públicos, obligados, los que, sean públicos o privados, se investigan. Dicha investigación dará un resultado. Si la Jutep entiende que hay algo que es extraño, pedirá las aclaraciones a la persona y luego si fuera menester se hace la denuncia correspondiente. Pero lo otro creo que tiende a generar una inflación de datos que es muy pesada.

SEÑOR BORDABERRY.- Son pocas las veces que discrepo con el señor senador Mieres en este ámbito, pero esta es una cuestión política.

                El artículo proyectado no hace más que achicar y limitar el último inciso del artículo 12, que establecía que había que llevar un registro de la evolución de activos de todos los funcionarios que hacían declaraciones, lo cual era casi imposible.

                Pienso que llevar un registro de evolución de activos – pasivos, ingresos y vínculos con empresas, aporta mucho desde el punto de vista del control. ¿Por qué? Porque se presentan declaraciones y declaraciones, y punto. Pero si aparte de eso se hace un análisis de cómo evolucionan los ingresos –activos y pasivos– en esas declaraciones, obviamente eso es lo da un sentido a todo esto. Quiere decir que se sabrá si aumentó el patrimonio, o sea, si aumentaron los ingresos o si bajaron los pasivos. Eso llevará a que se ponga la lupa en alguien que esté evolucionando de una forma realmente no lógica respecto de su patrimonio. De repente ese ciudadano recibió una herencia –está bien; no hay problema– o quizás tenga otra actividad donde genera recursos y es así cómo aumenta su patrimonio, pero parece sensato seguir la evolución. No sé si es adecuado tener un registro –en realidad esa modalidad me hace ruido–, pero sí entiendo que la junta debería hacer un seguimiento. Eso sería sensato.

                También sé que esto se presta para el escándalo. He visto que cuando los presidentes y los vicepresidentes, de tanto en tanto, cuando hacen públicas sus declaraciones, la repercusión es: «aumentaron su patrimonio». Sin embargo, como es en pesos, aumenta por la inflación –¡vaya a explicar uno que fue por la inflación!– y a veces sencillamente porque sus activos se valorizaron o se desvalorizaron por determinadas razones.

                Esto, claramente, no es una discusión jurídica sino de política, de control de los actos eventualmente y posiblemente no éticos.

SEÑOR CARRERA.- Comparto lo planteado del señor senador Bordaberry, pero quiero dejar constancia de que esta es una vieja aspiración de la Junta de Transparencia y Ética Pública –de hace muchos años–, plasmado en un proyecto cuando el señor Yarzábal era presidente. Es allí donde se fundamenta la razón de llevar un registro.

                Quería dejar esa constancia y decir también que la Jutep comparte el razonamiento que hacía el señor senador Bordaberry.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si los señores senadores están de acuerdo, el artículo 12 quedaría desglosado y se le encomendará a la secretaría que prepare un comparativo con la redacción presentada por el señor senador Bordaberry y el planteamiento del señor senador Carrera.

(Apoyados).

               

SEÑOR CARRERA.- Por respeto al trabajo realizado por el señor senador Bordaberry me gustaría, primero, darle mi redacción –que tiene una presentación distinta a la  suya–, y que luego el señor senador se la envíe a la secretaría.

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo, señor senador.

                La secretaría recibirá la propuesta adicional del señor senador Carrera, una vez que la vea el señor senador Bordaberry.  

                Léase el artículo 13 del título IV, que figura con las sugerencias realizadas por la secretaría.

(Se lee).

                «Artículo 13. (De los plazos de presentación).- Para la presentación de las declaraciones juradas se dispondrá de un plazo de treinta días. Este plazo comenzará a computarse para las declaraciones juradas iniciales una vez cumplidos sesenta días corridos o alternados de ejercicio del cargo desde la toma de posesión del mismo, instancia ésta que se considerará como la fecha válida para la expresión patrimonial del declarante. Las declaraciones subsiguientes se formularán cada dos años contados a partir de la toma de posesión, siempre que el funcionario continuare en el ejercicio del cargo. Toda vez que cesare en el mismo, deberá presentar una declaración final dentro de los treinta días posteriores a la fecha de cese, tomándose esta como la fecha válida para la expresión patrimonial de los bienes e ingresos.

                Cuando el funcionario hubiera desempeñado un cargo o función contratada y pasare a desempeñar otro dentro de los treinta días posteriores al cese y estuvieren ambos cargos o funciones comprendidos en los literales B) a R) del artículo 11 de la presente ley, con la excepción de los Directores de Entres Autónomos y Servicios Descentralizados comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República, no se requerirá declaración jurada final ni inicial del ingreso, mientras mantenga vigencia durante el período de dos años la declaración jurada anterior a que refiere el inciso precedente. En las mismas circunstancias, en caso de haberse presentado declaración de cese, no se requerirá la inicial para el nuevo cargo o función.

                Para las autoridades que cesen o ingresen en los cargos o funciones referidos en el artículo 10 y literal A) del artículo 11 de la presente ley y en calidad de Directores de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados previstos en el artículo 221 de la Constitución de la República, la declaración jurada de cese valdrá también para la de ingreso a una nueva función que requiera presentación de declaración jurada, si el plazo que mediare entre el cese y el ingreso no superare los 30 días, sin perjuicio de lo dispuesto en el último inciso del artículo precedente».

                –En consideración.

SEÑOR VASSALLO.- Deseamos formular algunas observaciones a este artículo, señor presidente. Tengo un texto alternativo que quiero sugerir o poner a consideración de los miembros de la comisión.

                Voy a hacer tres observaciones que nos parece conveniente superar. La primera de ellas es que a lo largo del artículo se utilizan distintos períodos. Nos parece bueno unificarlos en uno solo. En el primer inciso se establece un plazo de sesenta días. Sin embargo, en el segundo, se habla de treinta días. Creo que, si llevamos todos a treinta días, la exposición del artículo sería más simple.

                Me parece que, en el segundo inciso, donde se incluyen los literales M), T) y U), que son todos selectivos, también se podría incluir un texto que quede más claro.

                A su vez, considero que en el tercer inciso –que refiere a las declaraciones subsiguientes y se establece que se formularán cada dos años contados a partir de la toma de posesión– sería mejor establecer «de la declaración inicial» en vez de «la toma de posesión». Si se fija el plazo de treinta días para todo, quedaría más homogéneo.

                En base a estos comentarios, si el señor presidente lo autoriza, deseo sugerir un texto alternativo. Traje algunas copias de ese texto para que resulte más fácil su lectura. En él se simplifica el texto, sin cambiar excesivamente los contenidos.

                 Sugerimos, entonces, el siguiente texto: «ARTÍCULO 13. (De los plazos de presentación).- Para la presentación de las declaraciones juradas se dispondrá de un plazo de treinta días.

                Este plazo comenzará a computarse para las declaraciones juradas iniciales una vez cumplidos sesenta días corridos o alternados de ejercicio del cargo desde la toma de posesión del mismo, instancia ésta que se considerará como la fecha válida para la expresión patrimonial del declarante.

                En el caso de las personas comprendidas en los literales M., T. y U. del artículo 11, la declaración deberá ser presentada antes de los treinta días del acto electoral correspondiente.

Las declaraciones subsiguientes se formularán cada dos años contados a partir de la toma de posesión, siempre que el funcionario continuare en el ejercicio del cargo. Toda vez que cesare en el mismo, deberá presentar una declaración final dentro de los treinta días posteriores a la fecha de cese, tomándose ésta como la fecha válida para la expresión patrimonial de los bienes e ingresos.

Cuando el funcionario hubiera desempeñado un cargo o función y pasare a desempeñar otro dentro de los treinta días posteriores al cese y estuvieren ambos cargos o funciones comprendidos en la obligación de presentación de declaración jurada, no se requerirá declaración jurada final de cese, ni inicial del ingreso, mientras mantenga vigencia la declaración jurada anterior en los términos a que se refiere el inciso precedente».

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración la nueva redacción propuesta por el señor senador  Vassallo para el artículo 13.

SEÑOR BORDABERRY.- Me gustaría estudiarlo.

Por otro lado, me gustaría saber a quién alcanza el literal M. del artículo 11 que ya fue aprobado. Está claro que los literales T. y U. refieren a cargos electorales.

SEÑOR PRESIDENTE.- El literal M. refiere a ediles de las juntas departamentales y sus correspondientes suplentes y a ediles de las juntas locales autónomas.

SEÑOR BORDABERRY.- El literal T. refiere a alcaldes y concejales y el U. a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia y a las intendencias.

                Por otro lado, también me gustaría saber las razones por las cuales hay que presentar la declaración jurada treinta días antes del acto electoral correspondiente. Por lo que veo se está poniendo la carga antes de ser electos y ese es un cambio de lógica importante porque los senadores o el presidente de la república tienen que hacer la declaración una vez que asumen. Ahora deberán hacerlo antes de ser electos y si bien no se dice expresamente, interpreto que el acto electoral correspondiente es aquél al que se presentan. Por lo tanto, a todos esos posibles candidatos les estamos imponiendo la obligación de presentarla treinta días antes del acto electoral; todavía no son funcionarios y ya entraríamos en el campo de las normas electorales. Es un cambio importante y por ello le agradecería al señor senador si puede profundizar sobre este punto.

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

SEÑOR PRESIDENTE.- El artículo 13, en consideración, queda desglosado hasta la próxima sesión, oportunidad en que se propondrá una nueva redacción por parte del señor senador Vassallo.

                Léase el artículo 14.

(Se lee).

                «Artículo 14.- (Registro de declaraciones).- La JUTEP llevará un registro de las declaraciones juradas de los funcionarios referidos en la presente ley y expedirá los certificados de haberlas recibido. La Junta proporcionará los instructivos o formularios que correspondan para la correcta declaración jurada. Las declaraciones se conservarán por un período de diez años contados a partir del cese del funcionario en su último cargo obligado a declarar o de su fallecimiento. Vencido el mismo, procederá a su destrucción, labrándose acta notarial de dicho acto, salvo que el interesado hubiera solicitado su devolución, en cuyo caso se le entregará».

                En consideración.

SEÑOR MIERES.- Me parece que hay redundancia con una de las propuestas de artículo 12 que realizó el señor senador Bordaberry, porque se habla otra vez del registro de declaraciones juradas. Deberíamos realizar algún tipo de integración entre lo que dicen el artículo 12 tris y el artículo 14.

SEÑOR BORDABERRY.- Tiene razón, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- La propuesta sería, entonces, desglosar el artículo y encomendar al señor senador Bordaberry un ajuste, en concordancia con el 12 tris.

                Entonces, desglosamos el artículo 14 y lo consideramos en la próxima sesión junto con el 12 y el 13. Propongo al señor senador Bordaberry para que elabore una redacción.

                Léase el artículo 15.

(Se lee).

                «ARTÍCULO 15. (Apertura de las declaraciones).- La JUTEP tendrá a su cargo la custodia de las declaraciones juradas que reciba en cumplimiento de la presente ley, tomando las medidas necesarias a fin de mantener la reserva de su contenido, así como la de los datos personales del declarante. Sólo procederá a la apertura del sobre conteniendo la declaración jurada:

A) A solicitud del propio interesado.

B) Por resolución fundada de la Justicia Penal o del Ministerio Público.

C) Por resolución fundada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

D) Por resolución fundada de la JUTEP, o cuando de la evolución de la información del formulario abierto previsto en el artículo 12 de esta ley surjan diferencias significativas que generen dudas razonables de la consistencia de las mismas o se revelen relaciones con otras empresas que puedan sugerir conjunción del interés público y privado. Antes de la apertura se le dará conocimiento al interesado a los efectos de que dentro de un plazo de 15 días hábiles haga sus aclaraciones, descargos o aportes que entienda conveniente realizar.

La JUTEP en ambos casos necesitará unanimidad de integrantes para su apertura y determinará en cada caso la necesidad de comunicar dicha decisión a la Justicia Especializada o al Ministerio Público.

E) A solicitud fundada de una Comisión Investigadora Parlamentaria.

F) A solicitud fundada de una Comisión Investigadora de una Junta Departamental.

G) A solicitud fundada del jerarca del organismo en que revista el funcionario, en el curso de un sumario que se le esté incoando.

H) De forma aleatoria mediante el procedimiento y garantías que disponga la reglamentación respectiva y en función del análisis de riesgo pertinente. De esta forma se procederá a abrir hasta un 5 % (cinco por ciento) de las declaraciones juradas de carácter no público por parte de la Junta en cada año civil, las cuales serán examinadas por los técnicos pertinentes del Organismo a los efectos de controlar su contenido y verificar que cumpla con los requerimientos legales y reglamentarios formales y sustanciales.

I) A solicitud de cualquier persona por razones fundadas de declaraciones individuales de los obligados por el artículo 10 de esta ley por el procedimiento previsto en la Ley Nº 18.381, de 17 de octubre de 2008 y sus modificativas. (Acceso a la Información Pública)».

–En consideración.

SEÑOR CARRERA.- En el  artículo 15 aconsejo que se supriman todas las referencias a resoluciones fundadas puesto que en nuestro ordenamiento todas tienen que serlo, porque si no serían actos ilegítimos. Todos los actos administrativos en nuestro ordenamiento jurídico tienen que ser fundados. 

Creo que hay que suprimir la potestad del Ministerio Público para abrir declaraciones juradas; ello se debe reservar únicamente a la Justicia Penal.

También creo que hay que suprimir la posibilidad de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo pueda abrirlas, puesto que no encuentro un sentido a dicha disposición.

Asimismo, entiendo que habría que suprimir la posibilidad de que el jerarca del organismo pueda solicitar la apertura de la declaración jurada en el curso de un sumario.

                Considero que hay que suprimir el último literal porque de esa forma estamos transformando esto en información pública. Las únicas declaraciones juradas públicas serían las de los cargos políticos. Por lo tanto, pierde sentido la distinción entre público y privado.

                En principio, esas serían las modificaciones que le haría.

SEÑOR VASSALLO.- Si entiendo bien, el señor senador Carrera propone suprimir el literal C) del artículo 15.

SEÑOR CARRERA.- En principio, propongo que se supriman todas las referencias a las resoluciones fundadas, puesto que todas son fundadas y no puede haber actos administrativos no fundados en nuestro ordenamiento ya que en ese caso serían ilegítimos.

También sugiero suprimir la potestad del Ministerio Público de abrir las declaraciones cerradas, reservando únicamente dicha atribución a la Justicia Penal.

Propongo además que se elimine la posibilidad de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo abra las declaraciones puesto que no le encontramos sentido en dicha disposición.

Pensamos asimismo que hay que quitar la posibilidad de que el jerarca del organismo abra las declaraciones en un sumario.

 También creemos que hay que sacar el último literal porque estamos transformando en información pública algo que es reservado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para continuar con el método de trabajo adoptado y adelantar, sugiero al señor senador Carrera que para la próxima sesión incorpore los conceptos que ha señalado en la nueva redacción.

(Dialogados).

Queda desglosado el artículo 15.

                Léase el artículo 16.

(Se lee).

                «ARTÍCULO 16. (Omisión de la presentación).- Cuando el funcionario obligado no presentare su declaración jurada en los plazos previstos por el artículo 13 de la presente ley, se le notificará de dicha circunstancia a través de su Organismo de origen. Transcurrido un plazo de quince días hábiles y verificado su incumplimiento ingresará en la calidad de omiso.

La JUTEP comunicará la calidad de omiso al organismo en que reviste el funcionario, a efectos de la aplicación de las medidas disciplinarias pertinentes y de la retención prevista por el artículo 99 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006, o en su caso a los organismos de previsión social correspondientes.

Los funcionarios obligados que no hayan presentado su declaración jurada al egresar de la función pública en el plazo correspondiente, serán intimados en forma fehaciente por parte de la JUTEP para que lo hagan en el plazo de quince días. Si el intimado no cumpliere con la presentación de la declaración en el plazo otorgado, no podrá ejercer nuevamente la función pública ni ser candidato a cargos públicos electivos para lo cual se cursará información a la Corte Electoral.  

Sin perjuicio de lo previsto en el inciso anterior, la omisión de la presentación de la declaración jurada al egreso será sancionada con una multa equivalente a 50 UR (cincuenta unidades reajustables). No obstante, el infractor tendrá el plazo perentorio de diez días corridos, contado desde el día siguiente a la notificación de la resolución de la multa, para presentar la declaración omitida. Si así lo hace, la multa se rebajará a la mitad.

Las multas establecidas en el inciso anterior se aplicarán oportunamente sin perjuicio de lo establecido en el artículo 99 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006.

La JUTEP mantendrá actualizada la información en su página web de los nombres, documentos de identidad, cargo, organismo y repartición de los obligados omisos».

–En consideración.

Quiero recordar que luego de la consideración de este artículo tendremos que dejar pendiente lo que resta porque algunos integrantes de esta comisión debemos concurrir a la Comisión de Hacienda que fue convocada de manera extraordinaria en el día de hoy.

SEÑOR MIERES.- En el tercer inciso se dice: «Si el intimado no cumpliere con la presentación de la declaración en el plazo otorgado, no podrá ejercer nuevamente la función pública ni ser candidato a cargos públicos electivos para lo cual se cursará información a la Corte Electoral». Aquí no se fija ningún plazo y me parece una sanción muy exagerada. Por ejemplo, en caso de entregar la declaración jurada fuera del plazo, la multa se reduce a la mitad.

Me da la impresión de que esto debería ser consistente y congruente, por lo que deberíamos establecer algo así como: «hasta tanto no presente la declaración jurada omitida».

SEÑOR VASSALLO.- Me parece que lo que dice el señor senador Mieres es correcto. Inclusive, al final del inciso primero se señala: «y verificado su incumplimiento –injustificado, porque puede haber un incumplimiento que tenga alguna razón– ingresará en la calidad de omiso». Por lo tanto, puede haber alguna razón para cierto incumplimiento, pero creo que en este caso se refiere al que es injustificado.

Algo similar sucede a la mitad del tercer inciso. En el texto que tengo en mi poder se expresa: «Si el intimado no cumpliere –de forma injustificada– con la presentación de la declaración en el plazo otorgado…». Ahí ingresamos en el tema que planteó el señor senador Mieres sobre la función pública. Creo que hay que dejar abierta la posibilidad de              algo que no tenga justificación.

SEÑOR CARRERA.- Señor presidente: visto su solicitud, propongo que el señor senador Mieres tome este deber y presente una nueva redacción para el artículo 16, tomando los aportes del señor senador Vassallo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha sido una sesión de trabajo derivado y compartido.

                Se levanta la sesión.

(Son las 15:28).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.