Retorno a página principal

Carátula

 

COMISIÓN DE HACIENDA

(Sesión celebrada el 3 de mayo de 2018).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:11).

                –Dese cuenta de un asunto entrado.

(Se da del siguiente).

–«Carpeta n.º 1075/2018. Mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña un proyecto de ley por el que se modifican varias disposiciones del Título IV del Texto Ordenado 1996, relacionado con el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas»

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión de Hacienda del Senado ingresa al orden del día para considerar la carpeta n.º 879/2017, «Retenciones sobre Retribuciones Salariales y Pasividades». Se modifican los artículos 1.º y 3.º de la Ley n.º 17829, de 18 de setiembre de 2004. Distribuidos nos. 1477/2017 y 1810/2018.Tenemos previsto recibir a la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU, y a la Cámara Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Capitalización, CUCACC.

 

(Ingresan a sala los representantes de ONAJPU).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión de Hacienda del Senado tiene el agrado de recibir a los representantes de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay para hablar sobre un proyecto de ley que propone modificar los artículos 1.º y 3.º de la Ley n.º 17829, relativo a retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades.

 Recibimos al señor Daniel Baldassari, secretario general; al señor Juan Alegre, secretario de organización y al doctor Álvaro García y les damos la bienvenida.

SEÑOR BALDASSARI.- En nombre de Onajpu agradecemos que nos hayan recibido para referirnos a un tema que consideramos muy delicado puesto que tiene que ver con la posibilidad de que nos hagan descuentos y se toque el dinero que los jubilados y pensionistas tienen en efectivo. Esa es una preocupación permanente para nosotros. En determinado momento de la aplicación de la ley de inclusión financiera la gente no podía terminar de pagar el crédito que había obtenido anteriormente; como se desfasaba, le quedaban sin cubrir unos meses, interrumpiéndose su cadena de financiación. Esa ley fue modificada. Nosotros reclamamos y fuimos atendidos en su momento; por suerte se resolvió.

Ahora hay una primera preocupación. Tenemos una gran sensibilidad porque no hay día en que no nos llamen varios jubilados y pensionistas por este tema. Como los señores senadores comprenderán, cuando se ganan $ 11.000 y se está solo es muy difícil financiar el conjunto de necesidades de un adulto mayor. La situación de los que viven con familiares es distinta de la de aquellos que dependen únicamente de su jubilación o pensión. Más allá de que en los últimos tiempos ha habido políticas que han mejorado esa situación, se encuentra en los términos mencionados.

                Según lo que hemos interpretado, este proyecto de ley plantea modificar el literal A del artículo 1.º, lo que afectaría al personal policial del Inciso 04. Por su parte, se modifica el literal G y a las cooperativas de consumo se agregan las de ahorro y crédito y los créditos otorgados por asociaciones civiles habilitadas a tales efectos, que cuenten con autorización legal a retención de haberes.

                Desde nuestro punto de vista, en cuanto a nuestra preocupación, no parece haber ninguna afectación por el literal A, que tiene que ver con el Fondo de Tutela Social Policial. Al estar constreñido al personal del Inciso 04, no nos merecería ninguna objeción.

                Por su parte, si entendimos bien, el literal G incorpora nuevos organismos que dan créditos, por lo que se estarían ampliando las posibilidades. Quiere decir que este artículo estaría extendiendo la lista de instituciones que se encuentran habilitadas para efectuar retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades en general. Se incorporan los créditos concedidos por el Fondo de Tutela Social Policial a los créditos concedidos por las cooperativas de consumo y de ahorro y crédito, y los créditos otorgados por asociaciones civiles habilitadas a tales efectos. A este respecto, nos resultaría interesante conocer la exposición de motivos del proyecto de ley para saber cuál fue el fundamento que dio mérito a la modificación de estos artículos, particularmente  aquellos en los que tenemos dudas.

                Asimismo, nuestro abogado ha elaborado un escrito que, como decíamos, refiere a la incorporación de nuevos organismos.

                Concretamente, nuestra preocupación es que se agreguen más organismos que concedan préstamos y se afecte lo que cobra cada jubilado o pensionista. Nosotros queremos que esto se preserve. Es un problema que planteamos con mucha fuerza.

SEÑORA MOREIRA.- Simplemente deseo expresar a nuestros invitados que al revisar la exposición de motivos sobre el agregado del Fondo de Tutela Social Policial, observo que hay un pequeño informe sobre las razones que habrían asistido al Ministerio del Interior a hacer este pedido. Solicito que secretaría les reparta la exposición de motivos para que puedan tenerla. No significa que allí haya una explicitación muy exhaustiva de los motivos, pero algo se dice y también se plantean prevenciones. Me refiero a que se les reparta el informe del 9 de agosto de 2017.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se dispondrá que secretaría reparta el informe para que los invitados puedan tener conocimiento de él.

SEÑOR BALDASSARI.- Además de eso, nos interesa lo que se dice en la exposición de motivos sobre el otro aspecto. Nos gustaría saber en qué se basa; si existe algo escrito, nos gustaría tenerlo.

SEÑORA MOREIRA.- ¿Sobre el literal G?

SEÑOR BALDASSARI.- Sí, señora senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Eso también está en el informe.

SEÑOR BALDASSARI.- Queremos entregar una solicitud por escrito al señor presidente, que también distribuimos a los demás señores senadores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si los señores senadores no desean formular más preguntas o consideraciones y los invitados no tienen nada más que agregar, les agradecemos la amabilidad de haber concurrido a la comisión y el documento que nos entregan, que será repartido a todos los miembros de la comisión.

                Muchas gracias.

SEÑOR BALDASSARI.- Muchas gracias a ustedes.

(Se retiran de sala los representantes de Onajpu).

 

SEÑOR DELGADO.- Semanas atrás, cuando el presidente de la comisión, señor senador Michelini, consultó qué temas se iban a priorizar en el orden del día, cada partido definió dar prioridad a una serie de proyectos de ley que estaban a estudio. En aquel momento, quien habla y otros integrantes del Partido Nacional, pedimos priorizar  un proyecto de ley en cuya consideración habíamos avanzado.

Es un proyecto de ley de mi autoría que está vinculado al control de las sociedades anónimas de propiedad estatal. Tiene un sentido de control más moderno. Obviamente, apunta a evitar discrecionalidades; además, se trata de contar con una norma donde hoy hay un vacío legal y casi un estado paralelo que se rige por el derecho privado, no aplica las normas de los funcionarios públicos ni el Tocaf; tampoco hace una serie de controles que las empresas madres o abuelas –en este caso son las empresas públicas– tienen sobre ellas mismas, no solo en el financiamiento y los préstamos, sino también en la gestión.  

                En el momento en que se consideró el proyecto de ley que presentamos, vino el director de la OPP con quien, en general, tuvimos coincidencias sobre varios aspectos. También vino el subsecretario de Economía y Finanzas, contador Pablo Ferreri, quien coincidió con el proyecto de ley e hizo algunas propuestas de agregados o modificaciones para una mejor definición de algún concepto. Luego vinieron representantes de las tres universidades: la Universidad de Montevideo, la Universidad Católica del Uruguay y la Universidad de la República, que coincidieron con el proyecto de ley e, incluso, hicieron algunas propuestas que, a mi juicio, lo mejoraban y le daban más claridad. Nosotros incluimos esas propuestas y le hicimos llegar al presidente de la comisión unas modificaciones en el sentido de lo que las propias universidades proponían. Recuerdo que una de ellas fue del observatorio de las empresas públicas de la Universidad Católica del Uruguay.

                Lo que impidió seguir avanzando en la consideración del proyecto de ley fue una definición de la bancada de gobierno que nos pidió tiempo para tomar decisión al respecto. Ahora queremos insistir en priorizar este tema, a fin de votarlo, por sí o por no, en las próximas sesiones de la Comisión de Hacienda.  Nos parece que es oportuno y necesario; además, nos parece una buena señal avanzar en la comisión en el control más moderno. Acá no se elimina nada, sino que se ejerce un mayor control de la empresa madre o abuela que, en realidad, es la que aporta el capital, las garantías y que no tiene los beneficios pero, a veces, sufre los perjuicios de estas empresas colaterales, subsidiarias que, en su mayoría, son de derecho privado, aunque en los hechos la propiedad es estatal, en algunos casos en un 100 % y, en otros, con porcentajes menores. Muchas veces las gestiones deficitarias inciden en el balance de la empresa madre, de la empresa pública.

                Por lo tanto, vamos a pedir que este proyecto de ley se incorpore al orden del día a fin de que los partidos se puedan definir al respecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración la propuesta del señor senador Delgado.

SEÑORA MOREIRA.- Quisiera hacerle un pedido a la secretaría. Cuando se empezó a discutir este tema, creo que había otro proyecto de ley del señor senador De León que ampliaba el giro.

Me anotan que ese ya se votó. O sea que el único que quedó por ser considerado es el del señor senador Delgado.

SEÑOR MUJICA.- En principio, estoy de acuerdo con discutir este tema, pero quiero hacer una salvedad explícita. Vamos a discutir para mejorar algo que ha sido consecuencia y no causa. La existencia de empresas públicas en el derecho privado es una consecuencia de haber construido un derecho público que hace imposible el funcionamiento del Estado. Diría que, por el lado aparente de la bonhomía social, se fue construyendo en un proceso de años un Estado con tendencia cada vez más pesada y adiposa. Esa es una manera de frenar las posibilidades que tenía el Estado. Cuando uno históricamente compara el Estado de la época de don Pepe Batlle con el que tuvimos después de la década del 40, ve una dicotomía abismal.

                Quiero dejar bien clara esta salvedad porque el problema de fondo es que esto ha sido una consecuencia. Empezamos a crear este artilugio porque realmente con la administración del Estado no se puede hacer nada y frecuentemente hay que estar en la frontera de la ilegalidad para poder hacer algo. Este es el problema de fondo que tenemos: la discusión del derecho público aplicado a las empresas. Es un tema al que le estamos sacando el cuerpo porque implica una discusión pesada, dura. Por lo menos, en momentos de mi retirada, quiero dejar esta constancia.

SEÑOR DELGADO.- Después de escuchar las reflexiones casi testamentarias que hace el senador Mujica –lo digo con afecto y en broma–, queremos decir que, en realidad, este proyecto de ley no coarta a las empresas sino que, a partir de la realidad de hoy, les da mecanismos más modernos de control, entre los que están los manuales de procedimiento –que incluso el Banco Central del Uruguay los exige para otras instituciones– y un control mayor en el tema de los balances y del endeudamiento.

Creo que es una forma de empezar a trabajar sobre este asunto, aunque sabemos que no soluciona el tema de fondo. Además, estimo que la discusión adicional debería ser el tema del derecho público. Mientras tanto, esto es una realidad y la idea es encauzar el tema con un mayor nivel de controles. Por ejemplo, hoy el Tribunal de Cuentas no opera en las subsidiarias que funcionan dentro del derecho privado ni en los fideicomisos. Muchas veces hay una disociación entre la operativa de las colaterales, subsidiarias, que funcionan bajo el derecho privado y la de las empresas madres que, en realidad, las genera, las financia pero en definitiva muchas veces padecen cuando hay problemas de gestión, déficit o endeudamiento.

                El sentido del proyecto de ley no es eliminar las colaterales, sino que las sociedades anónimas de propiedad estatal tengan una mayor regulación, un mayor control y, sobre todo, algunos mecanismos de control más modernos que los que tienen hoy; incluso, hay un artículo casi programático que establece que en la medida de lo posible esas sociedades anónimas no estatales puedan ir abriendo una parte no mayoritaria del capital al mercado de valores. En eso coincidimos con el director de la OPP y con el Ministerio de Economía y Finanzas.

                La idea es poner en discusión este tema y tener definiciones e de los partidos políticos.  Nosotros ya la tenemos y estamos a la espera de una definición del partido de Gobierno. Me parece que es un lindo mensaje y es coyunturalmente oportuno empezar a trabajar en este tema.

SEÑOR MUJICA.- Repito que estoy de acuerdo en discutir el tema. En principio el problema es un dato de la realidad, pero el de fondo es el otro, porque me temo que vamos a terminar construyendo una nueva pirámide para que se haga cargo de este asunto y así sucesivamente. Esto es como el crecimiento exponencial de las ciudades; como no le ponemos una medida a las ciudades después hay que agujerear por abajo, hacer puentes por arriba, volverse loco, en lugar de hacer ciudades más racionales. Nuestro problema de fondo es medio parecido a eso porque estamos trabajando sobre las consecuencias, no sobre las causas. En algún momento el Uruguay se tendrá que plantear este asunto porque necesitamos un Estado ágil con terrible responsabilidad, con bruta descentralización y con capacidad de decidir y si se equivoca le arrancamos la cabeza.

                Un país pequeño necesita un Estado vigoroso; defiendo la concepción de un Estado vigoroso. Ahora, eso es un cambio de instrumento; aclaro que vigoroso no quiere decir grande ni multiplicado por cifra.

SEÑOR HEBER.- Me parece interesante lo que se dice. Quizás podamos coincidir en el diagnóstico. Creo que nadie está en contra de que el Estado funcione, ahora, nunca coincidimos en las soluciones de cómo hacer que sea más ágil. Claro que hay dos Estados grandes: uno que es el mayor, la organización de sus ministerios y un Estado empresarial, donde tenemos dificultades. Ahí es necesario el proyecto del señor senador Delgado, sin perjuicio de poder discutir lo que es el derecho público para hacerlo más ágil. Lo cierto es que el mismo Estado es el que ha derivado esto porque se siente maniatado a la hora de competir. Cuando lo hace en régimen de competencia precisa tener libres sus manos y sus piernas, que están atadas, para correr con agilidad y competir con las empresas privadas. Cuando lo hace en régimen de monopolio también porque las mismas empresas monopólicas a veces generan hijas y nietas que no tienen el debido control.

Por lo tanto, estamos en una situación de nebulosa jurídica. Son dineros públicos sobre los que hay que responder y no hay control. Ahora, tampoco los controles en exceso generan esa posibilidad. Hay un dicho muy cierto que dice: por temor a perderme en el camino me corto las piernas. Eso genera la inacción. Esta situación hay que discutirla; personalmente estoy para las dos discusiones. Acepto la invitación del señor senador Mujica para discutir qué Estado ágil queremos para poder ser eficientes

 –nadie está hablando de un Estado desertor sino de uno eficaz y eficiente, que no lo hay– y dividir la acción que define el control que el Parlamento puede hacer, porque lo cierto es que se tiene muy poco control si no se interviene ni se participa en los directorios de las empresas. Se trata de una larga y global discusión que deberíamos darnos acerca de cuál es el Estado que queremos –el Estado empresarial, comercial, industrial cuestionado en su eficacia y eficiencia–, pero sin perjuicio de ello tenemos que votar un proyecto de ley que clarifique situaciones –que no están claras– relativas a la acción del gasto público en empresas que actúan en el derecho privado. Esto es lo que plantea el señor senador Delgado y me parece correcto.

                Sin buscar una reacción como la de los temas que hoy han ocupado los principales titulares de los diarios, nos importa que no se diga que el sistema político está omiso en clarificar controles que son necesarios en las empresas que actúan en el derecho privado y son sociedades anónimas pertenecientes al Estado. Me interesa que tengamos las dos discusiones; la que plantea el señor senador Mujica, porque creo que es profunda, pero también tenemos urgencia en tratar la de los controles –que no existen–, de las empresas que actúan en el derecho privado.

                Nada más. Gracias, señor presidente.

SEÑORA MOREIRA.- Creo que el derecho público ha hecho algunos avances; por ejemplo, se aprobó el Estatuto del Funcionario Público de la Administración Central en el período pasado, hicimos varias modificaciones al Tocaf y a los procedimientos licitatorios para darle agilidad al Estado, pero la realidad es que el proceso de tercerizaciones en el Estado se llevó a cabo a troche y moche en los años noventa. Es decir que no se trata solo de que el Estado fuera ineficiente sino de que hubo una intención de desarrollar colaterales en varios campos; lo mismo sucedió en la salud o en la educación, donde había programas financiados por el BID que nadie controlaba. Eso luego se regularizó o fue desapareciendo. Lo que sucede con todo lo que se desarrolla por fuera del Estado es que después desaparece quien lo impulsó, pero al Estado no le quedan esos haberes ni esas capacidades; se trata de programas ad hoc y cuando se van los consultores «olvídate de lo que aprendiste». Hubo una inflación de esos programas en la década del noventa.

                No obstante, creo que en la discusión de fondo no nos vamos a poner de acuerdo por el tema del Estado empresarial. Me parece que el Estado debe tener el control de los recursos estratégicos de un país y presumo que con el señor senador Heber voy a discutir mil años sobre esto.

                Es cierto que un Estado empresarial requiere normas jurídicas y marcos regulatorios muy distintos a un Estado que presta servicio social; son dos películas diferentes. Sin embargo, sabiendo que sobre el tema de fondo vamos a tener discrepancias y conociendo el proyecto de ley del señor senador Delgado, creo que cuando agendemos esta discusión lo primero a tener en cuenta es escuchar, desde la propia Mesa Sindical Coordinadora de Entes o del Ministerio de Industria, Energía y Minería, su evaluación sobre estos aspectos, más allá de lo que el sistema político pueda pedir como explicación, es decir, cómo se controla, quién lo hace, los balances, la capacidad del ministerio de intervenir en esos balances, etcétera. Todos sabemos de qué estamos hablando porque esta discusión se arrastra desde el tema Ancap, CABA y la producción de perfumes. ¿No es así? Me parece que el proyecto de ley del señor senador Delgado viene atado a esa discusión.

                En definitiva, cuando agendemos esta discusión, me gustaría que el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Industria, Energía y Minería o la Mesa Sindical Coordinadora de Entes –si es que tiene alguna forma de coordinación que pueda ser traída a este ámbito– hablaran sobre los aspectos vinculados a la iniciativa del señor senador Delgado, pero también sobre otros aspectos porque ellos tendrán su opinión sobre el marco regulatorio de las colaterales. Es algo que me interesa escuchar porque no  hay colaterales en todos lados –solo en algunos– y no todo el Estado funciona mal; hay cosas que funcionan muy bien y otras que lo hacen muy mal.

                Por lo tanto, para agendar la discusión de fondo –como decía el señor senador Heber–, me parece muy importante recabar la opinión del Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE.-    Este es un tema muy importante y como se planteó hablar del problema de fondo quisiera expresar lo siguiente. Creo que nos cubre a todos los partidos políticos un manto de hipocresía porque los partidos que  impulsamos esta modalidad del derecho público actuando en lo privado o del Estado actuando en derecho privado, hoy la queremos acotar, y los partidos que la rechazaron hoy tienen, o han tenido, una visión más propensa. Por tanto, debemos ser honestos, por lo menos, para que conste en la versión taquigráfica porque, de lo contrario, estamos perdiendo cada vez más credibilidad.

                Por otro lado, considero que debe existir un estado fuerte y eficiente. Me parece que a veces le seguimos errando cuando no vemos que el camino de la eficiencia es descentralizarlo.

                Quería dejar esta constancia para cuando se hable en serio sobre estos temas.

 

(Ingresan a sala los representantes de Cucacc).

                Buenos días. Damos la bienvenida a la delegación de la Cámara Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Capitalización, integrada por su presidente Germán Gorga; su secretario, José Clavell; y por su asesor, Alfredo Lamenza.

                Los hemos convocado a los efectos de conocer la opinión que tienen respecto al proyecto de ley que está a estudio de esta comisión y que propone la modificación de dos artículos de la Ley n.º 17829, que refiere a las retenciones en las pasividades y en las retribuciones salariales.

SEÑOR GORGA.- Muchas gracias por convocarnos. Nuestra organización gremial tiene apenas quince años ya que nacimos en el 2002, un año muy particular. Las cooperativas de capitalización consideramos que teníamos que estar unidas para comunicar nuestro rol social, de ayuda mutua que no se entendía mucho en aquella época. Incluso, nos habían puesto el Imaba porque pensaban que hacíamos intermediación financiera, y tuvimos que explicar mucho que no lo hacíamos.

                Actualmente, somos los representantes en los consejos de salarios del sector que hoy agrupa a unas noventa cooperativas de ahorro y crédito. Según las últimas informaciones somos casi un millón de socios cooperativistas.

                En la gremial diez cooperativas integramos el directorio y la comisión fiscal. Y quien habla representa a Copac.

                Es importante destacar que las cooperativas de ahorro y crédito abarcan todo el espectro nacional. Generalmente surgieron de grupos de afinidad de los trabajos; la gran mayoría son de los sectores industriales, de la lechería, de la actividad del papel, de la policía, de los soldados, de la intendencia, de los empleados del Poder Legislativo, etcétera. En definitiva, estamos en todos lados.

Le cedo la palabra a nuestro secretario que se va a referir a lo más importante de todo este tema.

SEÑOR CLAVELL.- Buenos días. Soy el secretario de Cucacc y represento a una cooperativa del interior, Cintepa, de la ciudad de Juan Lacaze, departamento de Colonia.

Respecto a lo que decía el señor presidente Gorga, añado que las cooperativas de ahorro y crédito están distribuidas en todo el país. Un 40 % de ellas están en el interior

–lo que es lógico en relación a la población– y, más allá de la parte económica –que es de lo que tratan estas cooperativas de ahorro y crédito–, prestan un rol social muy importante en lo que tiene que ver con sus asociados, con su masa social. No solamente brindan préstamos en efectivo, sino también actividades sociales, que no se ven, que es un intangible que recibe el socio y no se tienen en cuenta. En este sentido, se dan clases de computación, hay bibliotecas, hay acuerdos con organismos para la movilidad de personas no videntes, etcétera. Es todo un conjunto de cosas que no se tienen en cuenta ni se valoran en momentos de tomar ciertas decisiones.

El intangible –que es la parte que nos afecta hoy en día– es sustancial porque tiene que ver con el retorno de dinero que, si bien es importante para la cooperativa lo es más para volver a volcarlo a la masa social. Esto lo va a especificar mejor el doctor Lamenza, que va a hacer una presentación para clarificar un poco más el tema y la posición de las cooperativas de ahorro y crédito.

SEÑOR LAMENZA.- Muchas gracias por la invitación. Ya estuvimos en esta comisión en el 2012, en el 2013 y en otras oportunidades para tratar el tema de las cooperativas. Por suerte hemos tenido buena receptividad de todos los legisladores y seguimos trabajando sobre ello.

                Yendo al meollo de la cuestión –por lo que nos han citado– quiero señalar, en primer lugar, que nuestra cámara siempre ha estado a favor de la inclusión financiera y de la ley que la regula. Las cooperativas de ahorro y crédito siempre han tratado de incluir a los excluidos porque ni qué hablar que sus socios son las personas de menores recursos y, como se decía, generalmente derivan de sectores gremiales muy puntuales. Cada cooperativa generalmente responde a un sindicato o a un grupo de afinidad y, entonces, siempre vamos a estar a favor de la inclusión. Lo único es que hay alguna norma –y en el proyecto había algunas cosas que, por suerte, se modificaron, pero quedó alguna otra– que ya habíamos anunciado que iba a causar problemas y, lamentablemente, eso se dio.

                La principal cuestión, hoy por hoy, es el tema del intangible que, básicamente, es afecta a la gente, a los socios. Las cooperativas, que están integradas por alrededor de 1.000 trabajadores directos y otros tantos indirectos, cumplen un rol social, ni qué hablar en lugares como Juan Lacaze, donde también hay escasez de empleo. Todo esto es  muy importante pero lo fundamental es atacar el problema del encarecimiento del crédito para los sectores de menores recursos, que nos parece bastante evidente. ¿Por qué se da eso? Por el famoso intangible. El artículo 34 de la Ley de Inclusión Financiera –que ante un problema puntual, el año pasado fue modificado por la Ley n.º 19536– aumenta el cronograma del intangible a los efectos de ir paliando la situación. Pero es un remedio transitorio y si no solucionamos el tema vamos a volver a molestarlos dentro de un tiempo.

                ¿Qué es el intangible? Es la suma que el asalariado y el jubilado tienen para garantizar el crédito. Tradicionalmente, en una época, todo el sueldo podía garantizar un crédito. Hace más de diez años se limitó esa posibilidad –creemos que con buen criterio– porque causaba la lamentable situación de que muchas veces la gente entre todas las retenciones que tenía –pensión alimenticia, alquiler, Banco República– terminaba no cobrando nada, lo que a todas luces era negativo.

Ante esa situación, se planteó la solución de que el 30 % del salario fuera intangible, es decir que la persona cobrara un  30 %; nos pareció una idea sabia. Entonces, con el afán de proteger al asalariado y al jubilado en la Ley de Inclusión Financiera se pretende llevar el intangible, cronológicamente, hasta un 50 %. Esto puede parecer algo positivo, pero en realidad no lo es, tal como habíamos anunciado y están las pruebas de que es así. ¿Por qué? Si se llevara el intangible al 50 % por el juego de la prelación, por ejemplo,  primero se descontaría la pensión alimenticia que en este país oscila entre el 20%, el 25 % y el 30 % y luego el alquiler que es alrededor del

30 %, se estaría reteniendo el 60 % de su salario, por lo cual no llegaría al 50 %.  A su vez, si a la persona no se le descuenta la pensión alimenticia, igualmente puede tener un préstamo del Banco República que, más el alquiler, el Banco Hipotecario, etcétera, va a llegar al 50 %. Entonces, esta solución hace que en el papel la persona se quede sin la garantía del salario.

¿Qué pasa cuando la persona no puede garantizar ese préstamo con su salario o jubilación? Igualmente va a pedirlo porque lamentablemente lo necesita, pero no va a poder hacerlo con la tasa de retención. El Banco Central fija las tasas, por ejemplo, el tope de un préstamo con retención, que es el que prestan las cooperativas, es al 43,58 %; más de eso no pueden prestar. Hay cooperativas que prestan al 28 %, al  30 % o al

40 %, pero no pueden hacerlo a más del 43 %. En cambio, a partir del 1º de mayo, el tope de un préstamo sin retención por ejemplo en una financiera –en el caso de aquellas personas que tienen otras retenciones y sumadas llegan o superan el 50 %–  es

139,85 %, es decir que por la disposición legal la persona se ve obligada a tomar un préstamo a una tasa tres veces mayor que la que tenía.

Claramente, es una situación que perjudica a esa persona y que termina impactando su endeudamiento. Esto pasó en febrero del año pasado cuando el Banco de Previsión Social empezó a aplicar el intangible –que no había aplicado desde la Ley de Inclusión Financiera– y pasó del 30 % al 45 %. En ese momento, miles de jubilados se quedaron sin la posibilidad de acceder a un préstamo o incluso de pagar el que ya tenían; aumentó su endeudamiento y no pudieron obtener créditos, incluso algunos ni siquiera lo consiguieron en las financieras.

Entendemos que la ley requiere una modificación en ese sentido –¡ni qué hablar!–,  y más allá de que es fundamental para las cooperativas porque su modo de actuar es la retención –históricamente, el Estado les ha dado el beneficio de la retención por sus características democráticas, de autonomía y porque el capital es de sus propios socios–, el control que hace la Auditoría Interna de la Nación, entre otros, hace que si no pueden retener van a tener que cambiar su operativa, lo cual es muy difícil. A su vez, más allá de eso  se va a ver perjudicado el asociado. Ese es un resumen del principal problema que estamos afrontando en el presente.

                Quería aclarar, además, que a pesar de que la tasa puede llegar al 43 %, en una cooperativa a fin de año se reparte los excedentes entre los socios que obtuvieron préstamo. Quiere decir que si a la cooperativa operativamente le salía más barato  prestar a una tasa más baja y prestó a una un poquito más alta, a fin de año  devuelve una parte de esos excedentes a sus socios. Esto quiere decir que la tasa tiene un valor un poco menor del que estábamos hablando.

SEÑOR DELGADO.-  La Cámara de Cooperativas de Ahorro y Crédito  ha sido muy clara con respecto a cómo funciona el intangible y los condicionamientos que se genera, tal  como está previsto.

                Estamos discutiendo un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes en el que se establece una prelación. Esa iniciativa tiene algunas modificaciones al régimen de retenciones de salarios y pasividades vigente.

  Concretamente, me gustaría saber qué modificaciones harían para mejorar este proyecto de ley que viene de la Cámara de Representantes y que tenemos a consideración. Otras organizaciones hicieron algunos comentarios como, por ejemplo, no diferenciar el acto cooperativo por rama cooperativa, entre otros. En definitiva, nos gustaría conocer su opinión sobre el texto que tenemos a consideración para que queden blanco sobre negro las propuestas de modificación que estiman pertinentes.

SEÑOR AMORÍN.- Vamos a hacer una pregunta relacionada a lo que venían exponiendo.

                 Me gustaría saber si cuando aumenta el porcentaje que queda en favor del trabajador o disminuye la parte del sueldo que se puede retener, han observado un aumento en la morosidad. ¿Ha sido un problema serio?

También me gustaría saber cuál es la diferencia de tasa que tienen ustedes con las empresas que prestan casi que con el recibo de sueldo solamente.

SEÑOR LAMENZA.- Hemos observado una mayor morosidad y no solamente lo decimos nosotros ya que quedo patentizado y reconocido por las propias autoridades y el Parlamento porque, justamente, cuando se dio la situación del Banco de Previsión Social el año pasado, se tuvo que elevar el proyecto de ley relativo a la reprogramación del intangible para que los jubilados pudieran salir de la morosidad. Tenemos cooperativas que brindan servicios sociales y ni siquiera les entraba la cuota –que es muy baja, de $120 o $ 150– para descontar. Por ello los socios pierden los derechos sociales que, como decía el secretario de la cámara, son muchos, aunque a veces no hacemos hincapié en ellos. Lamentablemente esos beneficios se pierden.

Reitero, la morosidad aumentó y creció el número de jubilados que ni siquiera pudieron obtener el crédito que estaban necesitando, además muchos de ellos están en el clearing y eso dificulta la situación.

                Según el Banco Central, la tasa para un préstamo menor a 10.000 UI con plazo hasta de un año en moneda nacional no reajustable, es de 43,58%, que es el tope para las cooperativas –aunque hay cooperativas que prestan al 28 %, 30 % o 40 %– y el tope para una financiera, sin retención, para el mismo tipo de préstamo, es de 139,85 %, y hay financieras que prestan al 126 % y alguna estará en el límite. Quiere decir que, claramente, esa tasa es el triple, más allá del interés de las cooperativas –alguien podrá pensar que venimos a defender nuestro corporativismo y a los trabajadores, obviamente, estamos en todo nuestro derecho de hacerlo como cámara, porque creemos en ella–, pero más allá de eso hay una realidad que rompe los ojos y hasta el día de hoy no hemos encontrado a nadie –hace cinco años que estamos estudiando el tema– que nos diga que esto es distinto. Por eso tenemos la esperanza de que se modifique esta normativa.

                Con respecto a la otra pregunta del senador Delgado, queremos  hacer un poco de historia.

                La cámara, junto con otras entidades –como el Incaoop y demás– hicieron un proyecto propio. Algunos aspectos se tomaron en cuenta para redactar el proyecto que finalmente se aprobó, pero otros puntos no se consideraron.  En ese proyecto, obviamente, nuestro principal reclamo era el intangible y, en un segundo renglón estaba el tema de la antigüedad, es decir, cuando distintas entidades están en un mismo nivel de prelación, ¿quién cobra primero? De acuerdo a la ley de inclusión financiera cobra primero la que llega primero pero históricamente, con respecto a un préstamo con retención, cobraba en primer lugar el más antiguo en el lugar de cobro. Por ejemplo, es lógico que una fábrica  cobre primero el préstamo otorgado por su cooperativa, o que en la ANEP, se cobre en primer lugar el préstamo dado por la cooperativa de los maestros. ¿Pero qué pasa? El proyecto que se aprobó no toma en cuenta la antigüedad.

Sin embargo, como dijimos, para nosotros el principal problema es el intangible. Si este tema se solucionara para las cooperativas y, sobre todo, reitero, para los tomadores de crédito –que es lo que importa–, se estaría dando un grandísimo paso. Ahora bien, si nos dicen que el proyecto se puede modificar, lógicamente reclamaríamos sobre el tema de la antigüedad, pero no queremos que por agregarle este punto –que, como dijimos, consideramos muy importante, pero seguramente lo podremos seguir trabajando en otra instancia– termine naufragando un proyecto que ya viene encaminado.

SEÑOR DELGADO.- Simplemente, es para decir que si ustedes tienen una propuesta que elaboraron junto con  el Inacoop –y que, una parte, fue recogida por el proyecto de la Cámara de Representantes y otra no–, sería bueno que la pudieran dejar en la comisión pues nos va a servir como elemento de discusión y como insumo para tomar una decisión.

SEÑOR LAMENZA.- Quería agregar otro punto.

                El artículo 2º del proyecto aprobado es muy particular y dice: «Agrégase a las excepciones previstas en el inciso final del artículo 3.º», etcétera, es decir, que el contenido es de un gran tecnicismo lo que hace que sea ininteligible al leer el artículo así nomás. Si entramos a averiguar qué dicen los literales, los artículos de artículos, etcétera, encontramos que el Banco República, el BHU, ANB, Mevir y los seguros de vida colectivos, también están buscando el intangible. Entonces, lo que planteaban las cooperativas en el 2012 no era tan loco y parece ser que también el tema le estaría pegando a otras entidades. Nos parece lógico –como decíamos hoy–, porque donde una persona tenga una retención de pensión alimenticia o de alquiler, los que vienen atrás, que están muy por arriba de las cooperativas, tampoco cobrarían. Queríamos señalar esto y destacar allí, justamente,  la importancia de este proyecto de ley.

SEÑOR GORGA.- En cuanto a la consulta que se hizo, quiero agregar que lo que se aprobó en relación con el corrimiento de los intereses, ratificó que el límite del intangible ya está en su máximo en el 30%. Cuando las cooperativas comenzaron a cobrar con el 35%, el ciclo empezó nuevamente y la gente, que es dueña de las cooperativas, comenzó a salir de sus deudas.

En lo que tiene que ver con el tema de la retención, hay que tener en cuenta que hay instituciones que tienen una posición dominante y son un poco asimétricas con respecto a nosotros que somos instituciones de organización social. No somos competitivos porque cuando se juntan cien o ciento cincuenta personas para formar una cooperativa no lo hacen para competir sino para solucionar un problema como la vivienda o tener un crédito que ofrece una herramienta de supervivencia y ayuda mutua. Si bien es un sistema diferente también capitalizamos, es un sistema de ayuda mutua.

                En consecuencia, este corrimiento demostró que el 30 % es el límite máximo del intangible para beneficio de las personas. En las cooperativas estamos diciéndole que no a la gente porque el año que viene, cuando comience el ciclo del 40 %, nuevamente vamos a tener el mismo problema.

                Por nuestra parte, salimos muy satisfechos de la reunión en la Cámara de Representantes porque allí comprendieron el significado del recibo de sueldo como garantía y como mecánica de funcionamiento para la gente común a la hora de tomar un crédito. Sabemos que siempre, en nuestra vida, estamos necesitando dinero para todo y hay que tener en cuenta la parte negativa cuando la gente queda automáticamente como deudora. Hay instituciones que están en posición dominante que dan créditos porque saben que son las que van a cobrar primero; el resto no puede cobrar, cae del recibo y la gente queda como morosa automáticamente.

No quiero calificar esto, pero la verdad es que es algo perverso porque la gente no sabe que es deudora simplemente como consecuencia de un corrimiento del sueldo.

 Creemos que el acto cooperativo es algo muy importante para todas las cooperativas y el intangible es un pilar fundamental en la vida de la economía social. La retención es algo histórico y por algo en el pasado se consolidaron las instituciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos especialmente la presencia de la delegación y los aportes que ha hecho. Por otro lado, agradeceríamos que se enviara lo que refirió el señor senador Delgado.

                No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 11:14).

 

 

 

 

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.