Retorno a página principal

Carátula

COMISIÓN DE HACIENDA

(Sesión celebrada el 26 de abril de 2018).

 

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:23).

                –En virtud de que no hay asuntos entrados, ingresamos al primer punto del orden del día que es la carpeta n.º 879/2017, Retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades, que ya cuenta con media sanción y estamos recabando la opinión de varias organizaciones empresariales, sindicales y demás. En este caso, recibimos a la Asociación Nacional de Afiliados, representada por la ingeniera Elisa Facio y al doctor Hugo Speranza.

SEÑORA FACIO.-  Agradecemos a la comisión por recibirnos en el día de hoy, ya que para nosotros es muy importante y también pedimos disculpas por el retraso, pero tuvimos un inconveniente automovilístico.         

                ANDA es una asociación civil sin fines de lucro que se fundó hace 85 años con el objetivo de atender las necesidades cotidianas de los uruguayos. Quiero decir que desde su fundación la institución busca honrar ese objetivo original, atendemos y nos vamos adaptando a las nuevas necesidades de nuestros socios. Actualmente tenemos 265.000 afiliados en todo el país y 50 sucursales. Hemos procurado, como decíamos, modernizarnos y adaptarnos a las circunstancias generales y a las específicas de la regulación, en particular, en lo relativo a la ley de inclusión financiera. En un primer momento, este tema lo vimos como un inconveniente o un cambio de las reglas de juego que ANDA venía operando desde hacía muchos años, pero también supimos y procuramos encontrar algunas oportunidades en la ley. Fue así que nos presentamos ante el Banco Central para ser emisores de dinero electrónico; transitamos ese camino, tenemos una institución emisora de dinero electrónico para lo que tuvimos que abrir una sociedad anónima, y como asociación civil fue bastante complicado pensar en tener una sociedad anónima, porque nos parecía que no era para nosotros. Pero entendimos que ese era el camino y así lo hicimos porque queríamos acompañar a nuestros socios también en este proceso.

                Otro de los aspectos que planteaba la ley de inclusión financiera y que a nosotros nos preocupaba, era el tema del mínimo intangible y de las prioridades que se planteaban para la ley de retención. En ese sentido, en la búsqueda de una adecuación, en diciembre de 2014 modificamos nuestras políticas de afiliación y de crédito. De esta manera, pretendíamos prever los inconvenientes que nos podía generar el cambio de la legislación. Es así que, lamentablemente, hoy no estamos atendiendo a algunos uruguayos, a quienes les decimos que no podemos afiliarlos o no podemos darles crédito. Nosotros estamos regulados por el Banco Central y, por lo tanto, tenemos que categorizar y castigar nuestra cartera en base a la posición de los uruguayos en otras organizaciones. Por ejemplo, si se nos acerca una persona que está categorizada cinco en el sistema financiero, se nos hace muy difícil ofrecerle nuestros créditos.

                Por eso, con respecto a esta ley, estamos de acuerdo con lo que fue aprobado por la Cámara de Representantes y entendemos que sería positivo que se votara de esa manera. 

SEÑOR SPERANZA.- Siguiendo la línea de razonamiento de la ingeniera Facio, quiero hacer alguna referencia a aspectos de la ley de inclusión financiera que afectaron el funcionamiento de ANDA, si bien la institución hizo su esfuerzo para adaptarse y cumplir con sus requerimientos.

                Uno ya fue mencionado por la ingeniera Facio, que es la constitución de un instituto emisor de dinero electrónico para el pago de nómina, que con dificultades y mucho esfuerzo vamos llevando adelante.

                Otro aspecto de la ley de inclusión financiera que tiene que ver con nosotros es el crédito de nómina. En cuanto a prelación de retenciones, el crédito de nómina se ubicó por encima del crédito tradicional con retención de haberes que otorgaban ANDA y las cooperativas de ahorro y crédito. A su vez, tenemos el aspecto del mínimo intangible. En cuanto al crédito de nómina, en particular, la institución también hizo una apuesta, un esfuerzo, para incorporarlo. Es un crédito que se da a mayores plazos, pero con una tasa máxima que es pautada por la ley. De agosto de 2016 a la fecha, la institución otorgó 27.932 créditos de nómina, es decir que hemos tenido dificultades para implementarlo. La tasa de interés de crédito de nómina –que es por montos mayores a los que tradicionalmente damos– va del 33 % al 39 %, dependiendo del plazo en el que se otorgue; a mayor plazo, mayor tasa. Tanto el crédito de nómina como el crédito con retención de haberes que otorga la institución siempre tienen el límite –para poder retener– del 20 % del sueldo nominal del trabajador o del pasivo. Es decir que nosotros no podemos acumular ni tenemos potestad legal para retener más allá de ese 20 %. Los créditos con retención común tienen una tasa de interés del 31 % y las compras con tarjetas del 33 %.

                El crédito de nómina ha tenido dificultades de implementación. Recuerden que se estableció la reserva de cupo, es decir que el socio de ANDA toma un crédito de nómina, pero para que sea sujeto de retención tiene que ir a la empresa para que esta le reserve el cupo para la retención del sueldo. Con el BPS tuvimos dificultades con la aplicación del mínimo intangible como también con la reserva de cupos. El BPS tardíamente está implementando la reserva de cupos. Con el tema del mínimo intangible recuerden –ya se ha explicitado– que la ley preveía un cronograma en cuatro años para llevarlo del 30 % al 50 %, pero hubo una dificultad con su instrumentación por parte del Banco de Previsión Social porque lo hizo de golpe, o sea, lo llevó del 30 % al 45 %. Por ello se tuvo la necesidad de reprogramar. Hoy está en el 35 % –será hasta fines de este año–  y después se retomará. Las dificultades que tuvimos con la aplicación del mínimo intangible originó el problema de no poder retener,  los socios quedaron bloqueados      –fueron alrededor de 30.000– y morosos. Estas personas, por su nivel de ingresos, tienen la necesidad de obtener crédito, por lo que terminan yendo a otro tipo de instituciones financieras que les cobran tasas mucho mayores, que no creo sea el objetivo de la ley de inclusión financiera y tampoco nuestro espíritu.

                Pensamos que lo que la ley nos ha dado es tiempo porque es hasta el 2021, que es cuando se va a aplicar nuevamente el 50 % que debe cobrar líquido el trabajador o pasivo. Entonces, queremos poner un foco de especial atención en ese punto porque esta ley lo que hace es equiparar la situación de las cooperativas de consumo, de ahorro y crédito y ANDA. Esa equiparación viene desde la historia. Siempre estuvimos equiparados porque son entidades de la economía social, tienen filosofías similares de servicios, no tienen fines de lucro, sus utilidades son irrepartibles y se vuelcan en el giro, en este caso, de la asociación o de las cooperativas. Entonces, lo que la ley pretende hacer es ubicar ese mínimo intangible en el 30 %. De volver al intangible que estipula la ley, que está reprogramado para llegar al 50 %, nos vamos a encontrar con dificultades similares a las que tenemos hoy y eso lo deberemos resolver.

                Pienso que el 35 %, que es lo que hoy tenemos, es una buena solución para todos los actores.

SEÑOR DELGADO.- Saludo a la delegación de ANDA que nos visita en el día de hoy. Queda claro que ustedes comparten el proyecto de ley a consideración de la comisión, que viene aprobado por la Cámara de Representantes.

                Les agradezco además que hayan manifestado cuál es el monto de las tasas. Es más, tratamos de que cada una de las instituciones que vengan lo digan. Obviamente, uno de los temas más importantes –por lo menos desde nuestra óptica– es que la gente, sobre todo la que tiene que adquirir crédito y tiene su recibo de sueldo como garantía, tenga las tasas más bajas. Y el otro tema que nos preocupa –que no los involucra en forma directa– es que el acto cooperativo no tenga interpretaciones diferentes según sea la modalidad cooperativa.

                Quiero hacer una pregunta que me surge de algunas manifestaciones vertidas a la comisión por quienes –como estarán conscientes– no tienen la misma  sintonía respecto a la equiparación de ANDA a las cooperativas de ahorro y crédito, y de consumo.

Cuando recibimos a Asociación de Funcionarios de las Cooperativas de Consumo y a la Federación Uruguaya de las Cooperativas de Consumo –lo habrán visto en la versión taquigráfica; si no es así se la hacemos llegar– nos manifestaron textualmente: «Las asociaciones civiles y, puntualmente ANDA, ocupan el 90 % del mercado de las retenciones. ANDA tiene –y lo dijeron aquí, lo he recogido de las versiones taquigráficas– un patrimonio de USD 128:000.000, hace 3:500.000 de operaciones por año, da créditos de nómina y créditos al consumo y, además, cuenta con el renglón de alquileres. O sea que si a ANDA, que tiene el 25 % de alquileres y el 20 % de nómina, le dejamos el resto, lo equiparamos y lo ponemos al mismo nivel de las cooperativas de consumo, terminará acaparando el mercado». Es decir, terminaría generando un monopolio de todo el mercado.

                Como estas afirmaciones se realizaron aquí en la comisión,  involucran a ANDA directamente, y somos respetuosos de todas las expresiones, me gustaría que sus representantes  dejaran su opinión al respecto.

SEÑOR CAMY.- Como señaló el señor senador Delgado, creo que han sido muy concretos en el primer interés de la comisión: conocer la opinión con relación al proyecto de ley a consideración. Queda claro que la opinión es favorable a la propuesta que tuvo media sanción en la Cámara de Representantes, con las modificaciones introducidas, obviamente, a la propuesta original del Poder Ejecutivo.

                Tengo entendido que, en el último ejercicio, según a la información a la que accedí, se otorgaron un total de 3:607.831 créditos, por un monto aproximado de USD 17:000.000. Me gustaría conocer el porcentaje de créditos –si lo tienen aquí– según la tipología de los mismos.

                Por otro lado, quisiera saber específicamente cuál es la tasa de interés efectiva anual en los adelantos de pasividades.

                Gracias.

SEÑORA FACIO.- Dando respuesta a las inquietudes presentadas, comento que la ley de retención habilita a ANDA a descontar el 40 % del salario del trabajador por concepto de alquiler  –es un renglón aparte–, y el 20 % por concepto de crédito, como manifestó el doctor Speranza. Aclaro que es el 20 % por concepto de crédito y punto. Nosotros no podemos tomar el 20 % por un crédito más el de nómina. No; es el 20 % por todo concepto: por concepto de crédito, sea nómina, préstamos en efectivo o compras con tarjeta de crédito.

                Para nosotros la tarjeta de crédito es un instrumento de utilización del crédito social porque el 90 % de las compras se realizan en comercios vinculados a rubros de alimentación.

                Con respecto a la tipología de los créditos y a su cantidad, trajimos algún número. No se trata de los préstamos anuales –con mucho gusto podemos enviar un correo electrónico con esos datos–, sino del trimestre octubre–diciembre de 2017, en la modalidad de préstamos efectivos. En ese período otorgamos 123.068 préstamos en efectivo por un importe de $ 525:687.000, que da un promedio de préstamos de $ 4.272. También otorgamos créditos por compras realizadas, digamos en comercios,  con la tarjeta de crédito, por un importe de $ 598.897, con un tique promedio de $ 842, a través de 711.140 operaciones.

El doctor Speranza señaló que el 14 % de nuestros préstamos en efectivo fueron de nómina, o sea que no pudimos colocar el préstamo de nómina de la manera que se había previsto en la ley. Hicimos el esfuerzo, pero por todo lo que relatamos, no pudo lograrse. Algunas organizaciones y empresas no dan reserva de cupo, e incluso las que sí lo dan, luego no le dan al préstamo de nómina la prioridad que le otorga la ley sino que lo mantienen junto con los préstamos de ANDA, es decir, los préstamos comunes de retención. Entonces, sí hicimos ese esfuerzo y tenemos una porción de la cartera que representa un 14 % del total de los préstamos de nómina, y ese stock de créditos equivale aproximadamente a un 8 % de nuestros afiliados, o sea que el préstamo de nómina ha sido como chiquitito.

                Otra aclaración que vale la pena hacer es con relación a nuestro caudal social. Un 57 % de nuestros afiliados tiene ingresos inferiores a $ 20.000…

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Ese monto corresponde a los ingresos familiares?

SEÑORA FACIO.- No, los ingresos son personales porque el socio es individual, aunque los derechos se extienden a toda la familia.

                Y el 90 % de nuestros afiliados tiene ingresos por debajo de los $ 40.000. Aunque somos una organización muy grande, nunca perdemos de vista a quiénes estamos atendiendo; por más que sean muchos créditos, teniendo en cuenta el valor de los tickets que mencioné, estamos hablando de compras que rondan los $ 800 y de un valor promedio de préstamos de $ 4.000.

SEÑOR SPERANZA.- En cuanto a las tasas, debo decir que la tasa de crédito de nómina oscila entre el 33 % y el 39 %, dependiendo del plazo en que se otorgue ese crédito, que puede llegar a los dos años; en ese caso se aplica la tasa máxima, pero ajustado a lo que establece la norma legal.

                La tasa efectiva anual para los préstamos en efectivo con retención se ubica en el 31 %, y para las compras con tarjeta, en el 33 %.

SEÑORA FACIO.- Por su parte, la tasa del adelanto de pasividad está más baja, es del 29 %.

SEÑOR PRESIDENTE.- Creo que han sido muy claros, concretos y concisos.

Les agradecemos su presencia.

SEÑORA FACIO.- Gracias a ustedes por recibirnos.

(Se retiran de sala los representantes de ANDA).

(Ingresan a sala los representantes de Cudecoop).

SEÑOR PRESIDENTE.-La Comisión de Hacienda del Senado tiene el gusto de recibir a una delegación de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas –Cudecoop– integrada por la doctora Graciela Fernández, el profesor Ricardo Pisciottano, el técnico agropecuario Juan Carlos Canessa y el ingeniero Gabriel Isola.

SEÑORA FERNÁNDEZ.- Señor presidente: es un honor para la confederación concurrir nuevamente a la Comisión de Hacienda del Senado para  tratar este asunto. Es un tema que ya tiene varias idas y venidas en cuanto a los planteos que ha realizado la confederación.

                Queremos plantear una cuestión previa que es importante y que evitará algunas cuestiones posteriores. La confederación representa  a las federaciones del movimiento cooperativo.  La confederación confedera y organiza con el objetivo de desarrollar y promover el movimiento cooperativo, pero cada federación que forma parte de ella mantiene una autonomía e independencia en las decisiones sobre los puntos que le atañen a cada una de las federaciones. Es un concepto histórico uruguayo en lo que tiene que ver con lo estrictamente gremial  y hay que entenderlo de forma clara.

                La confederación está conformada por todas las clases cooperativas  que surgen en este país. El movimiento cooperativo nacional es histórico y de muy –reitero–, muy larga data; por lo tanto, no es sencillo conformar una idea unánime sobre distintos puntos y no lo es en el movimiento cooperativo uruguayo ni en el internacional. Cuando tenemos conformando parte de una confederación distintas clases, empresas  y organizaciones cooperativas de proyectos asociativos tenemos que buscar un mínimo común denominador para poder convivir y eso fue logrado después de veinticinco años por parte del movimiento cooperativo nacional, y es la Ley n.º 18407.  Es un hito histórico del movimiento cooperativo. En este ámbito todos han escuchado el gran eslogan del movimiento cooperativo que surgió en el año 2008 –en octubre la ley cumplirá diez años– «Una ley un movimiento».  El movimiento cooperativo  tiene un gran reconocimiento sobre esta casa legislativa porque se basa en los principios centrales de la democracia y la autonomía. Por lo tanto no es sencillo tratar ningún tema.

Veinticinco años le llevo al movimiento cooperativo discutir el mamotreto que configura esa ley. Veinticinco años de discusiones sobre cómo zanjábamos los temas y cómo los poníamos. Y hay un capítulo central, que es el común denominador, y es el de disposiciones generales. Ese capítulo de disposiciones generales es rico, no solo para Uruguay, sino para América. Somos el ejemplo en toda América de haber logrado que un artículo diga que el Estado promueve y desarrolla el cooperativismo, que es el núcleo central de la economía social y que se lo ha ganado por derecho. Además, contiene la definición de qué es el derecho cooperativo, donde el Poder Judicial nunca entendió la diferencia entre el cooperativismo y otro tipo de empresas. Para entender el cooperativismo con todo el resto del asociativismo nacional hay que entender lo que es el acto cooperativo que es la piedra angular; acto cooperativo que tiene larga data y cuya primera definición fue dada por los mexicanos. Esto nos ha costado mucho. A diez años de la ley nos ha llevado mucho esfuerzo ponerla en práctica. Ha habido muchas diferencias y no lo tenemos por qué esconder.

El acto cooperativo, sus principios y valores, Uruguay los tiene en la ley. Eso es magnífico. Esos principios y valores que fueron reconocidos por la ACI a nivel internacional,  Uruguay los tiene en la ley, y los dejó abierto a los cambios que se vayan dando en el cooperativismo nacional e internacional por las resoluciones internacionales, entre ellas, la n.º 193 de la OIT que dice que somos herramienta para el desarrollo.

Entonces, no es sencillo. Y cada ley –como una ley tributaria– o acto administrativo que emana del Estado para temas generales roza muchas veces con nuestra ley general cooperativa, y a veces roza porque no se logra un fiel cumplimiento de la ley o no se sabe de qué estamos hablando, y eso fue lo que pasó con la Ley de Inclusión Financiera. Allí el movimiento cooperativo en primera instancia fue mal entendido porque nunca estuvo en contra de lo que significa la inclusión financiera en el país, sería ridículo estar en contra de semejante propuesta cuando hemos sido de los pioneros en la inclusión social, financiera y de desarrollo territorial, dando a las poblaciones del territorio nacional la posibilidad de conseguir préstamos en territorio y todo eso que han escuchado decir por todos los que han venido estos días aquí. 

Entonces, la confederación en lo que tiene que ver con la modificación de la Ley n.º 19910 ya planteó en un principio que el acto cooperativo no se podía destripar, que no está previsto para una clase cooperativa. El acto cooperativo está previsto para todas las cooperativas; equitativamente la ley lo define así. No es un capricho del movimiento cooperativo, tenemos una definición legal en el artículo 9.º de la Ley n.º 18407; está específicamente definido. Nosotros como confederación estamos planteando que no exista discriminación de actos cooperativos entre las distintas clases cooperativas. En su momento, ¡claro que entendimos el acto cooperativo de consumo! Y ahorro y crédito –que era la que lo afectaba como clase cooperativa– discutió el tema y lo señaló arduamente en ese momento; aquí hay señores senadores que estaban presentes en el momento de la discusión. Bueno, las cosas no salieron así; salieron para las cooperativas de consumo que atravesaban y atraviesan una situación económica compleja; sabemos que deben lograr una competencia en el mercado necesaria, que no solamente con el acto cooperativo de consumo, bajándolo o subiéndole a aquel o al otro, va a cambiar la realidad de las cooperativas; es un paquete mucho más importante de medidas, no solo para las cooperativas de consumo, para todo el cooperativismo. Pero creemos que lo que pasó en la Cámara de Diputados es muy importante, es el reconocimiento al esfuerzo que hizo el movimiento de ahorro y crédito, y la confederación lo respeta y lo entiende así.

                La postura de la confederación en relación con este tema es que sí está satisfecha con lo acaecido en la Cámara de Representantes. Claro que sí, pero quiere más: quiere que el acto cooperativo no sea de ahorro y crédito y consumo, sino que tenga la definición general de acto cooperativo que se establece en la ley. Como dio lugar a confusión, decimos que reconocemos que ha habido un gran avance para las cooperativas de ahorro y crédito en este tema.

                Creemos que es importante que esta cuestión se entienda en estos términos y que existen diferencias. Antes de que alguien las pregunte, vamos a decirlas; como los señores senadores saben, hay diferencias entre el planteo de uno y otro sector del cooperativismo, ya que algunos consideran que esto no alcanza, sino que tienen que tomarse otras medidas. El artículo de referencia agrega organizaciones que no estaban presentes en la norma anterior, que son las asociaciones civiles, por cierto, un mundo inmenso. No le pongo nombre y apellido, pero reitero que el de las asociaciones civiles es un mundo inmenso. Hoy podrán ser estas que manejamos más, que tienen mayor relevancia y ya tienen prelación en lo que tiene que ver con el tema alquileres, pero mañana podrán ser otras.

                El movimiento cooperativo y la confederación tienen la obligación de apoyar las decisiones y las posturas que han traído nuestras representadas, las federaciones cooperativas. Sobre esas bases vamos a caminar y a seguir defendiendo la presencia del acto cooperativo como tal. El acto cooperativo es la piedra angular que nos diferencia de cualquier otra organización de otro tipo o carácter, como le quieran llamar. El acto cooperativo existe ya en las cooperativas agrarias, que fueron las pioneras en este tema; conforman parte del relacionamiento diario del socio con la cooperativa y de esta con las otras cooperativas. La única salida que tiene el movimiento cooperativo nacional para trascender económicamente es la intercooperación y la piedra angular de esta es el acto cooperativo. Con el acto cooperativo iremos solicitando la aplicación de la ley de inversiones, las normas tributarias, etcétera.

                De modo que nuestro planteo es sencillo. Estamos de acuerdo en que hubo un avance y seguimos planteando y jerarquizando el acto cooperativo definido en la Ley n.º 18407.

SEÑOR DELGADO.- Es un gusto recibir a la delegación de Cudecoop, institución con la que hemos trabajado durante muchos años. Sus aportes fueron muy importantes en aquella comisión especial que integramos en la Cámara de Representantes en 2007, a efectos de considerar una ley marco de cooperativas. De ese ámbito surgió la Ley n.º 18407, en los hechos, un código, a tal punto, que varios países lo miran como ejemplo a seguir. Fueron dos años de trabajo muy duro, pero en verdad de una legislación muy dispersa y muy antigua que abarcaba todas las modalidades cooperativas, logramos crear un código cooperativo que, además –esto no es menor–, contó con el apoyo de todos los sectores políticos representados en el Parlamento. Me parece que fue una señal fuerte que representa una gran conquista de la sociedad uruguaya y también del movimiento cooperativo.

                Obviamente, una de las innovaciones es la inclusión de la definición de acto cooperativo. En verdad, es un elemento innovador de la ley que, en mi opinión, debería mantenerse. Me alegra que la delegación de Cudecoop coincida en que no se puede diferenciar el acto cooperativo por modalidad de cooperativa. El acto cooperativo es un acto único y ese es el espíritu con que se lo incluyó en la ley y nuestra intención es que se mantenga en esas condiciones.

                Dicho esto, a diez años de la aprobación de esta ley, considero que este es un buen año para hacer una evaluación de su aplicación. Por razones de la vida misma, del avance de las cooperativas y sus modalidades, del avance de la tecnología y de la sociedad, considero que, a diez años de aplicación de una ley a la que –como es lógico–  posteriormente se le introdujeron algunos parches, estamos en un buen momento para evaluar su aplicación y, quizás, encarar los ajustes necesarios. Por supuesto, Cudecoop podría elaborar un documento de base y proponer las modificaciones que entienda pertinentes.

Quería dejar constancia de que comparto la visión de Cudecoop en cuanto a que no haya diferenciación entre los actos cooperativos por modalidad de cooperativa. Creo que es un tema que tenemos que dejar claro, fue el espíritu original y me parece que no puede haber ninguna ley que vincule al acto cooperativo o lo mencione donde haya algún resquicio de intención de modificar ese acto en función de la modalidad de cooperativa. En ese sentido, nosotros vamos a acompañar la posición de Cudecoop.

                Estaba leyendo la carta que enviaron al presidente de la comisión y hay una frase que dice: «En este sentido, sostenemos que es imprescindible avanzar en el reconocimiento integral y genérico del Acto Cooperativo, concepto central de la actividad de las cooperativas y eje del derecho cooperativo, tal como se señala en la Ley 18.407 (art. 9º)». ¿Exactamente a qué hacen referencia? Creo que hay un reconocimiento integral, quizás pueda estar en discusión algún tema, pero creo que hay un reconocimiento y, entre otras cosas, está previsto en la ley y está vigente. Me sorprendió un poco la frase que manejaron y me gustaría que lo especificaran.

SEÑOR CAMY.- Saludo la presencia de la delegación de Cudecoop. Ha sido muy clara la exposición de la señora presidenta, me comprende plenamente lo que señala porque somos fervorosos defensores del modelo cooperativo y de la ley que cumple diez años.

Nos queda clara la expresión en la nota que nos remiten respecto a las prioridades de Cudecoop. Además, somos defensores del modelo conceptual de federación y de confederación. ¡Ojalá este Estado hubiera estado organizado desde esa concepción democrática y autónoma! El reconocimiento de la autonomía –y me hago cargo de lo que digo– está siendo progresivamente cada vez más violada en este país desde el Gobierno central. Concretamente, me parece que no es para esta comisión, en estas circunstancias, la profundidad de lo que se expresó.

Simplemente quiero saber si entendí bien. ¿Cudecoop –pese a que expresa claramente que su comprensión es de confederación y no queremos que lo digan porque lo sabemos, es lógico y está bien que suceda porque en todas las organizaciones democráticas y federales hay matices y visiones distintas– respalda el proyecto de ley que estamos considerando tal como viene de la Cámara de Representantes? ¿Están de acuerdo? ¿No lo niegan dentro del equilibrio natural que debe tener por presentar matices y visiones? No digo esto para camisetear ni para significar. Sabemos que Cudecoop no expresa parte de lo que representa pero, ¿podemos manejar que este es un proyecto atendible, que se puede votar? ¿Cudecoop puede decirlo? Si no puede decirlo voy a entender porque soy defensor del concepto que muy bien expresó, cuenta con mi apoyo. Digo esto porque es un tema que a todos nos apasiona y nos gusta. En definitiva, si bien esto es para parlamentar, tenemos un proyecto que hay que votar y estamos a horas de terminar con la nómina de quienes van a venir a hablar por el conocimiento específico que tienen. Entonces, no se trata de ser livianos sino específicos y concretos en una resolución que tenemos que tomar. En ese sentido, es importante conocer el punto de vista de Cudecoop.

SEÑORA FERNÁNDEZ.- El señor senador Delgado pregunta qué significa el tema que surge de la nota cuando decimos que es imprescindible avanzar en el reconocimiento integral y genérico del acto cooperativo. Aclaro que ese reconocimiento integral y genérico del acto cooperativo está en la Ley n.º 18407, pero no en la Ley n.º 19210. Creemos que tiene que existir un reconocimiento del acto cooperativo integral y genérico sin que esté la traducción «acto cooperativo de consumo» y «acto cooperativo de ahorro y crédito»; solo tiene que estar «acto cooperativo». Eso no significa –con esto respondo la interrogante del senador Camy– que nosotros tengamos claro que, tal como viene el texto de la Cámara de Representantes, es una postura clara para el sector que representa Cucacc en las cooperativas de ahorro y crédito. Ellos entienden que esto es un avance, que ha significado un gran esfuerzo para los diputados, que comprendieron lo que significaba que las dejaran afuera. Por lo tanto, la cámara de cooperativas de ahorro y crédito –si no se los ha planteado, ya se los va a decir– está conforme con la redacción dada en la Cámara de Representantes. No sucede lo mismo con la Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo, que plantea dos o tres diferencias importantes. En primer lugar, entiende que en la Ley n.º 19210 no estaban en la prelación organizaciones que no pertenecen al mundo cooperativo ni a las organizaciones cooperativas. Es decir que ahora agregan lo relativo al acto cooperativo de ahorro y crédito y también a otras organizaciones como las asociaciones civiles.

                En segundo término, consideran que el tema de la prelación se cambió en lo que tiene que ver con la antigüedad. Para decirlo de manera sencilla: el que se presente primero es el que primero tiene derecho. Mejor en el tiempo, mejor en el derecho; es un principio general del Derecho. No era el que se aplicaba pues el que tenían históricamente las organizaciones cooperativas con derecho a retención era la antigüedad en el ejercicio de ese derecho. El texto nuevo las afecta y han planteado por qué las afecta. Ese tema también existe en algún sector de cooperativas de ahorro y crédito más pequeñas.

                Como dije al inicio de mi exposición, existen diferencias de interpretación en este tema. Ahora bien, la confederación puede querer muchas cosas en este tema pero hay una que es clara: el acto cooperativo sin diferenciación. Esa es la postura de la confederación y si las cuestiones vienen tan complicadas, sumamos un acto cooperativo en uno de los sectores que también lo necesita. Lo que no queremos es que esto quede encajonado. Lo decimos sin ninguna vuelta. Ha sido un logro. La gallina come a granos, ¡qué se va a hacer!

SEÑOR MUJICA.- Me interesaría conocer su posición con respecto a la equiparación de las organizaciones civiles a las cooperativas en el orden de prelación.  Para mí, ahí está la madre del borrego.

SEÑORA FERNÁNDEZ.- En este momento, el movimiento cooperativo nacional se encuentra abocado a un tema complejísimo como es el de la economía social en el que están las asociaciones civiles presentes; quiénes las conforman y quiénes están. Es un asunto que ha generado una ardua discusión en el movimiento cooperativo institucionalizado y en el movimiento cooperativo formal que conforma nuestra confederación y sobre el cual no hay acuerdos. La confederación está trabajando muchísimo para que se entienda el concepto de economía social. El senador Mujica sabe muy bien que son temas muy complicados.

Hay organizaciones dentro del movimiento cooperativo que entienden que no es relevante el hecho de que estén o no estén, pero hay otras organizaciones –ustedes lo vieron aquí–, acompañadas por las organizaciones sindicales y por los trabajadores de sus sectores, que entienden que la presencia en el mismo orden de las asociaciones civiles las perjudicaría. Asimismo, entienden que no correspondería al concepto cooperativo la presencia de asociaciones civiles en el mismo orden de prelación en la legislación de retención cooperativa de hace añares cuando, además, la Ley n.º 19210 puso en la prelación a organizaciones que ya afectaron al movimiento cooperativo y algunas de ellas, como las asociaciones civiles, tienen prelaciones muy importantes. Por ejemplo, cuando uno va a cobrar el crédito de sus socios cooperativistas, el alquiler es clave, el resto queda muy poquito en la práctica. Eso es lo que se plantea.

No solo tenemos organizaciones débiles dentro del movimiento cooperativo –que es lo que siempre se pone arriba de la mesa–, sino que hay organizaciones que tienen fuertes estructuras, con presencia y mercado fuertes, y con una importante estructura administrativa. Sin embargo, eso carece de relevancia y se ha lidiado con el tema de la presencia de ciertas organizaciones.

Reitero que para la confederación es un tema complejo y es difícil fijar una postura. Vamos a respetar las dos posturas que hay: la de la Cámara Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito por Capitalización –Cucacc– y la de  la Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito –Fucac–. También hay discrepancias dentro de las cooperativas de ahorro y crédito más pequeñas. Por lo tanto, no sería correcto ni transparente de nuestra parte decir que tenemos un criterio unánime.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay un abanico de criterios.

SEÑORA FERNÁNDEZ.- Exacto. Hay un gran abanico como lo es el movimiento cooperativo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hay más inquietudes por parte de los señores senadores, agradecemos la visita de los integrantes de Cudecoop que han sido, como siempre, muy claros en sus conceptos.

                No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 11:13).

 

 

 

 

 

 

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.