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COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES

(Sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2017).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 16:35).

                –Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

                «El Poder Ejecutivo remite mensaje solicitando el acuerdo para acreditar en calidad de representante permanente de la república ante la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y la secretaría del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), a la señora Ana Inés Rocanova Rodríguez.

                La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se aprueban los protocolos relativos a Enmiendas al Convenio sobre Aviación Civil Internacional».

–Se va a entregar al señor senador Pintado –que se ha especializado en este tipo de temas– el protocolo relativo a Enmiendas al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.

                Dese cuenta de otro asunto entrado.

(Se da del siguiente).

                «La Asociación de Funcionarios Contratados Locales de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares del Uruguay (ASFUCOUREX) remite nota solicitando audiencia con la Comisión para hacer entrega oficial del proyecto de “Estatuto del Funcionario Contratado Local de las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores (Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de carrera)”».

                –Según me informa secretaría, el miércoles próximo van a ser recibidos por la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, por lo cual los integrantes de esta comisión que quieran asistir a esa sesión podrán hacerlo y ya se estaría concediendo la audiencia solicitada.

SEÑOR LACALLE POU.- Es lógico pensar que si piden otra reunión tienen otro motivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Según tengo entendido, es para entregar el estatuto de los funcionarios contratados locales del Ministerio de Relaciones Exteriores; ellos ya vinieron y plantearon la situación. Por lo tanto, en la medida en que se trata simplemente de esa entrega, quedaría resuelto en esa reunión de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes.

(Ingresa a sala la doctora María Cristina Dartayete).

                –La Comisión de Asuntos Internacionales tiene mucho gusto en recibir a la doctora María Cristina Dartayete, exdirectora técnica de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual y excoordinadora de la Red de Propiedad Intelectual, quien va a dar su opinión con respecto al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, que está a consideración de esta comisión.

SEÑORA DARTAYET.- Traje un PowerPoint –no sé si esto es habitual aquí– para que el tema resulte, por lo menos, un poco menos aburrido. Este tratado es de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI– del sistema de Naciones Unidas. Por lo tanto, a diferencia del Adpic de la Organización Mundial del Comercio, no es lo que se llama un tratado vinculante, esto es, aunque el país sea miembro de la OMPI no lo obliga a suscribir el tratado. Este es un aspecto importante porque lo diferencia, precisamente, de lo que emerge de la OMC.

En primer lugar, voy a hacer una brevísima introducción sobre el conocimiento como objeto de derecho de propiedad y por qué se usa la propiedad intelectual para apropiarse del conocimiento. Esto es porque el conocimiento tiene como característica ser un bien no rival, no excluible, es decir que el contenido de la información una vez que es accesible al público puede usarlo cualquiera, beneficiándose de ese conocimiento. El uso por una persona no impide el uso por terceros, y este es un aspecto fundamental del conocimiento como bien.

¿Cuál es el valor económico que tiene el conocimiento? Es el valor principal de un producto en la mayor cantidad de los bienes actuales. Hoy en día podemos decir que de esta computadora lo más valioso no es el plástico ni los componentes materiales, sino el conocimiento que tiene incorporado. Por eso, quienes generan valor con el conocimiento usan los mecanismos de propiedad intelectual para apropiarse y protegerlo. En consecuencia, ha habido un incremento de la lucha por proteger cada vez más la propiedad intelectual, y esto lo pueden ver en todos los tratados internacionales actuales, en los que siempre hay un capítulo de propiedad intelectual sin importar si el tratado es grande o pequeño. Esta es la única forma que tiene el sistema capitalista de apropiarse de esa renta que produce el conocimiento. Eso lo hace a través del monopolio que dan los derechos de propiedad intelectual. O sea, una patente es un derecho monopólico, una marca es un derecho monopólico, una denominación de origen es un derecho monopólico. Los derechos de propiedad intelectual son derechos monopólicos y el beneficio para quienes detentan esos derechos es poder apropiarse de la renta en forma exclusiva.

El sábado La Diaria publicó una frase de Jayadev, Baker, Stiglitz y Dixit donde se plantea por qué los países avanzados diseñan sus políticas para maximizar los beneficios de las grandes compañías a través de las negociaciones internacionales y de esa forma aumentar su beneficio.

                Tenemos que partir de cuál es la relación de esta propiedad intelectual con el conocimiento. Creo que una premisa para todos es que el cambio tecnológico es el camino para el desarrollo, y el paradigma es la necesidad de generar capacidades para investigar, crear conocimiento, apropiarse de él y traducirlo en nuevas tecnologías. Entonces, el debate que hay que dar es cómo generar este conocimiento a través de un sistema de innovación eficiente y renovación.

El peso de la propiedad intelectual es cada vez mayor, pero tiene que estar adaptada a nuestras políticas en ciencia y tecnología. Con respecto a los mecanismos de protección de la propiedad intelectual hay dos elementos importantes a tener en cuenta: por un lado, son un mecanismo de apropiación de la renta que genera el monopolio y, por otro, son un incentivo económico a la investigación porque retribuye al innovador por las inversiones de poner un nuevo producto en el mercado, y esto lo quiero explicar un poco. La ventaja del patentamiento es para la innovación y no para la investigación. ¿Por qué? Porque lo que se produce surge de la investigación, lo que va a estar en el mercado es el producto innovador. No se protege la idea como tal, lo que se protege es el producto innovador. Aquí esto es clave, porque el patentamiento nos sirve en la medida en que producimos bienes innovadores. No sirve producir solo conocimiento y exportar solo «investigaciones», porque ahí el patentamiento funciona al revés: achica el dominio público y los campos que hay para la investigación. Entonces, debemos decir que las normas de propiedad intelectual fortalecen los medios por los cuales las naciones más desarrolladas generan gran parte de su riqueza y constituyen un sistema que regula y protege las rentas. A su vez, es monopólico y, como todo derecho monopólico, limita la competencia. Este es un tema clave a tener en cuenta.

Esto genera varias preguntas que no están resueltas. Nos debemos una buena discusión sobre si este fortalecimiento de la protección incentiva o perjudica el aprendizaje tecnológico en nuestros países o se transforma en una barrera, cómo funciona nuestro sistema de investigación y, sobre todo, qué papel cumple la política pública como instrumento de innovación y regulación de la propiedad intelectual.

Los países desarrollados usaron la propiedad intelectual cuando tuvieron el desarrollo. Esto es así y lo demuestra toda la historia. Los americanos copiaron de los ingleses y durante años se protegía solo a los nacionales; luego Japón copió de los americanos; después Corea copió de Japón, China copió de todos, etcétera, etcétera. Es una cadena y surge la necesidad de protección cuando hay un desarrollo productivo. Entonces, otros elementos que debemos tener en cuenta, en forma previa a la discusión sobre si formamos parte o no de un tratado, son las asimetrías de la intensidad tecnológica. Los países desarrollados poseen estructuras productivas especializadas en sectores intensivos en conocimiento, pero esa no es una situación que se dé en nuestros países. En estos últimos, los sectores intensivos en conocimiento son los académicos, pero no el sector productivo. Esa es otra de las diferencias que debemos tener presente y creo que es otro de los puntos débiles. Nuestros países se fundan en sectores manufactureros o de recursos naturales, salvo excepciones. Y una de las excepciones que me trajo mi experiencia profesional, y que es muy positiva, es lo que hace el INIA, por ejemplo. En ese campo, ese instituto es uno de los lugares donde se realiza investigación, pero también se lleva adelante desarrollo e innovación. Quiere decir que se hace la cadena.

                Como dice el ingeniero Guarga, lamentablemente las patentes son un indicador duro de desarrollo.

                Siempre tenemos que velar por el uso equilibrado entre la protección de los derechos y las posibilidades de acceso al conocimiento, a la salud y a los alimentos.

                Esta herramienta, la propiedad intelectual, admite dos formas de uso: una defensiva, que es impedir el aumento de protección a nivel internacional que la convierta en una barrera de acceso y, por otro lado, una ofensiva, promoviendo el uso por parte de los nacionales para crear nuestro propio desarrollo.

                Este es un aspecto importante. Los institutos de investigación en el Uruguay, tengan el carácter de universitarios o no, efectúan actividades de investigación y desarrollo básicas y experimentales. A su vez, patentan los avances obtenidos sin que necesariamente ellos se incorporen a la producción de bienes y servicios. Aquí es donde está rota la cadena. Se necesitan otros instrumentos, centros de transferencia de tecnología. Es un crimen que no haya podido avanzarse, por ejemplo, en un centro de transferencia de tecnología para que esta cadena se concrete, para que avance, lo que en mi opinión es el eje fundamental.

                Es por esa razón que decía que estos avances científicos realizados por el sistema académico deben contribuir a incrementar el acervo de conocimiento para los agentes productivos, debiendo estos, obviamente, avanzar en sus capacidades tecnológicas, en sus rutinas empresariales, etcétera.

                Después de esta introducción, que espero haya sido lo suficientemente breve, quisiera entrar en lo que es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Es un tratado internacional del año 1978 y es lo que se llama un tratado procedimental. Es un sistema de presentación de solicitudes de patente y no un sistema de concesión de patentes. Los solicitantes pueden ser personas físicas o jurídicas, nacionales o residentes en un estado contratante del PCT.

                Tenemos que decir claramente que en el concierto internacional nunca podemos apartar los tratados realizados en él. En cuanto a este tratado, quienes protegen mayoritariamente sus invenciones son las grandes empresas, y no los investigadores individualmente considerados o las pequeñas y medianas empresas. O sea que, en el caso de nuestros países, el tratado es de interés, sobre todo, de las empresas multinacionales. En Uruguay –y ahora vamos a ver un mínimo de números– se da, fundamentalmente, por parte de las multinacionales de medicamentos y de productos agroquímicos.

                Un argumento que siempre se da es que muchos países son los suscriptores del tratado PCT. En los cinco años en que fui directora no recuerdo cuántas fueron las misiones que tuve de la OMPI para que se firmara el acuerdo. Constantemente están enviando expertos pero, además, ofrecen viajes, entrenamiento, tecnología. Hay oficinas que las pusieron ellos, las hicieron ellos. La oficina de Panamá, por ejemplo, la hicieron y después le brindaron la tecnología y todo lo necesario para ser miembro del tratado.

                Recuerdo que nuestro compañero uruguayo Ernesto Rubio, director de marcas de la OMPI, quería que suscribiéramos el acuerdo de Madrid, porque para él era un avance que los países suscribieran los tratados. Sin embargo, la firma del tratado no va a cambiar lo que son las asimetrías.

                En 2015, en el Uruguay se solicitaron 26 patentes por residentes y 532 por no residentes. Si analizamos este número de solicitudes vemos claramente las asimetrías existentes entre solicitudes nacionales y extranjeras, lo cual se repite en todos los países en desarrollo. Si se ingresa al sitio de la OMPI podrán ver que los números son clarísimos e iguales.        

                Estas asimetrías son lo que nosotros llamamos una de las tantas barreras para el desarrollo nacional. ¿Por qué? Porque toda solicitud de patente extranjera que ingresa al país se comporta como un límite, tanto para la investigación como fundamentalmente para la producción nacional de bienes innovadores; acota el dominio público. O sea, toda nueva patente que se solicita tiene como fundamento limitar la competencia por parte de las empresas nacionales y limitar el dominio público, el conocimiento que todo el mundo puede usar.

                En la presente gráfica podrán ver que en color oscuro se representan las patentes de no residentes y en color más claro las de residentes.

                Ahora mostraré un cuadro más alentador: el de los modelos de utilidad. ¿Qué son los modelos de utilidad? Son las pequeñas patentes, son las mejoras tecnológicas. Acá se da la inversa; no obstante, nosotros no podemos proteger modelos de utilidad a través del sistema PCT, porque el sistema PCT es solo para patentes de invención. Esta gráfica, que me da alegría, va también de la mano de una política nacional. En 2008 se creó una nueva política de energía no renovable, sustentable. A partir de este año surgen los modelos de utilidad, las pequeñas patentes, para paneles solares, aspas de molinos y todo aquello relativo a energías renovables. O sea que cuando hay una política de innovación en el país surgen solicitudes de protección acordes a ella, no así en materia de grandes tecnologías o de patentes de invención, donde sucede groseramente lo contrario.

                Con respecto a las ventajas del tratado se han hecho una serie de afirmaciones. Algunos entienden que promueve la innovación tecnológica; que es una herramienta para llevar la innovación y tecnologías nacionales fuera de fronteras, protegiéndola de forma eficaz; que el beneficiario es el solicitante nacional porque le abre las puertas del mundo; que el sistema facilita la solicitud internacional; que otorga mayores plazos; que la solidez de las patentes concedidas por países centrales estimula las inversiones y la transferencia de tecnología; que la publicación internacional facilita la información tecnológica y que la oficina cuenta con insumos provenientes de oficinas de reconocida autoridad. A esto debemos contestar lo siguiente: la innovación –como ya dijimos– es el conjunto de bienes y servicios, consecuencia de ideas innovadoras generadas a nivel nacional. Por lo tanto, la patente por sí misma, no es innovación, sino un elemento previo al producto innovador. Cualquier invento para que se transforme en un bien innovador necesita de fondos para su desarrollo y producción, que no vienen automáticamente con la protección por patente de invención. Es más, muchas veces, el inventor –lamentablemente, lo vemos con frecuencia en los institutos de investigación– ha vendido la patente para financiar la continuación de sus investigaciones.

                A veces, como pasó en el Clemente Estable, quien vende la patente no puede seguir con la línea de investigación, ¿por qué? Porque la vendió. Esto es muy grave y es no manejar el sistema.

                Aprendí mucho de Israel, un país donde se trabaja muy bien esta temática. Allí la Universidad Hebrea de Jerusalén está impedida de vender y solo puede licenciar la patente, es decir que solo puede licenciar su conocimiento. Previamente a licenciarlo en el exterior se agota la transferencia de tecnología interna a las propias empresas de Israel o a las que se crean a esos efectos, como las spin-off  o start up. Quiere decir que hay una política pública previa para llevar esto adelante.

                Entonces, la afirmación de que el beneficiario es el solicitante nacional porque le abre las puertas al mundo, no es así. El verdadero beneficiario –tal como lo dijimos– son las empresas multinacionales que vienen a patentar al Uruguay a los efectos de impedir la competencia.

                El tratado tiene un punto clave: es de ida y vuelta. No es solo de ida para nuestros investigadores e innovadores, sino que es de ida para ellos y es de vuelta para todas las empresas extranjeras, investigadores extranjeros o quien quiera patentar en el Uruguay. Facilita el patentamiento de los de acá para allá, pero también el patentamiento de allá para acá. Esa ida y vuelta tampoco hay que perderla de vista.

                Por otra parte, el solicitante nacional accede al uso del sistema PCT porque si tiene un pasaporte español o italiano puede patentar en el exterior a través de dicho sistema. Hasta ahora esto lo han hecho todos.

                Incluso Argentina, que tampoco suscribió el PCT, tiene más afinado este tema.  El INTA de Argentina compró una sociedad anónima de Delaware y patenta a través de la oficina de esa sociedad anónima.          Quiere decir que no es un impedimento no formar parte del tratado.

                También tenemos que ver cuál es el número de investigadores que tienen necesidad de patentar en el Uruguay. No hay lo que se llama una masa crítica. Hoy en día puede haber, como mucho, 10 o 15 solicitudes de patentes de uruguayos en el exterior.

                Por otra parte, si se generan productos y se piensa transferir la tecnología protegida, también hay que tener mucho cuidado. Por ese motivo para todo eso se necesita una política pública de transferencia de tecnología, de preferencia endógena. Y si se transfiere al exterior eso debe estar afianzado y alguien –que no sea el investigador–  debe encargarse de esa transferencia de tecnología. Insisto: tiene que haber un equipo que se ocupe de eso.

                Como les decía, toda patente extranjera funciona como limitante del dominio público, lo que impide que se investigue al respecto o se fabriquen productos basados en dichos patentamientos.

                Esto es clave en el área farmacéutica. ¿Por qué? En primer lugar, porque las solicitudes de patentes extranjeras, cuando yo estaba en la dirección, alcanzaban el 90 %. Si bien han bajado algo, tienen un porcentaje mayoritario. ¿Por qué sucede eso? Porque hay una industria competitiva de genéricos y ello constituye un elemento clave. No se viene a patentar a Uruguay si no hay una industria competitiva, es decir, no hay solicitudes de patentes de teléfonos celulares, por ejemplo, porque no hay una industria en ese rubro. O sea, las solicitudes se hacen cuando existe la posibilidad de competencia. Este es un tema clave.

                El sistema facilita la solicitud inicial, pero no se achican los costos porque cuando entra en fase nacional los costos van a ser los mismos que si no se usara el sistema. El sistema se usa, porque Uruguay no tiene impedimento para usarlo, pero al no adherir al tratado entran menos solicitudes de patentes.         El doctor Villamil siempre dice que no va a aumentar significativamente el número de solicitudes de patentes, pero va a consolidarse una invasión –que ya está dada– de aquellas con baja calidad, que forman parte de las estrategias dirigidas a bloquear la competencia y mantener los monopolios. Por ejemplo, cuando la Coca Cola apareció con la patente de Coca Cola Zero, trajo 70 patentes a fin de impedir que la competencia siquiera se acerase. Y esto se da en casi todos los rubros.

                Se dice que la oficina va a contar con insumos provenientes de oficinas de reconocida autoridad: los famosos informes de patentabilidad extranjeros. Este punto es uno de los más peligrosos, ya que la existencia de informes previos vinculantes de los países centrales, con intereses diferentes, promueve la costumbre de no realizar informes propios independientes y de acuerdo a los criterios de interés nacional. Al ser realizados por las oficinas de los países desarrollados, siguen bajo estándares de exigencia, en coincidencia con sus estrategias y no con las nuestras. Estos informes constituyen un condicionamiento para las políticas púbicas de los países en desarrollo que han tratado de contener altos estándares de análisis.

                ¿A quién se beneficia? De 750 solicitudes de patentes que se presentan por año, sólo 30 pertenecen a uruguayos, lo que muestra que un sistema que facilita el patentamiento beneficiará a las transnacionales del medicamento y no a los inventores o investigadores nacionales.

                Por lo tanto, con el doctor Villamil concluimos que, teniendo en cuenta que la patente es sólo una herramienta, antes de recurrir a ella es necesario llevar adelante una serie de estudios destinados a determinar el posible valor comercial de los descubrimientos que resultan de la actividad de investigación y desarrollo. Esos  estudios requieren contar con recursos, especialmente equipos multidisciplinarios, y formar esas capacidades es la prioridad actual.

SEÑORA MOREIRA.- Agradecemos a la doctora Dartayete la claridad de la exposición y la brevedad. Queríamos pedirle si nos puede dejar la presentación porque contiene muchos datos. Además, previamente habíamos recibido a los representantes de la industria farmacéutica.

Por último, quiero acotar que si no fuera porque a las 17 horas tenemos prevista otra comparecencia, plantearía muchas preguntas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos a la doctora Dartayete.

(Se retira de sala la doctora Dartayete)

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 (Ingresan a sala la embajadora Ana Inés Rocanova Rodríguez

y el embajador Diego Pelufo).

Continuando con la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales, tenemos mucho gusto de recibir a la señora embajadora Ana Inés Rocanova Rodríguez para que informe sobre los lineamientos de trabajo a desarrollar ante la Aladi y la secretaría del Mercosur, y al ministro Diego Pelufo, director de Asuntos Institucionales de la Cancillería.

SEÑORA ROCANOVA.-  Señor presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, señoras y señores senadores y secretarios de la comisión: quisiera comenzar por agradecer sinceramente el espacio que me otorgan para presentar los principales lineamientos de la gestión –en la misión permanente de Uruguay ante la Aladi y como integrante de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur– para la cual he tenido el honor de ser designada por el señor presidente de la república y el señor canciller Nin Novoa. Como funcionaria de carrera, evidentemente esta constituye una de las instancias más significativas y comparecer ante los señores senadores le da un realce muy especial que sinceramente valoro mucho.

                Quiero referirme, en primer lugar, a la gestión de la misión permanente ante Aladi y, en segundo término, a la gestión ante la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur.

                Respecto a la Aladi no es necesario destacar –es por todos conocido– que, efectivamente, se trata de una institución que contiene o representa el mandato histórico de integración regional por excelencia. Al mismo tiempo, es el marco jurídico que sirve de base a la mayor parte de los procesos de integración subregional y fue el primer ámbito en el cual los países reconocieron la necesidad de combinar la divergencia y la convergencia, al plasmarla como un principio del tratado constitutivo de Montevideo de 1980. También es el principal nexo que nos une a nivel de los mecanismos subregionales de integración con el sistema multilateral de comercio a través del artículo XXIV del GATT.

                Estos principios, que han sido plasmados ya hace cuatro décadas, siguen siendo para Uruguay la base jurídica para los procesos de integración regional y de relacionamiento económico–comercial con los países que integran la asociación, en línea con lo dispuesto por el artículo 6.º de la Constitución de la república.

                Ahora bien: somos conscientes de que los vínculos entre los países y los procesos de integración regional no son lineales, sino que requieren un proceso de construcción permanente y que también existen retrocesos, estancamientos y momentos de mayor dinamismo. La Aladi claramente no es un ámbito que esté exento de críticas y de escepticismo, pero entendemos que es necesario rescatar la continuidad de este ámbito de integración regional así como el acervo jurídico que ha sido construido a lo largo de estas cuatro décadas. Sin perjuicio de ello, también sabemos que resulta un desafío imperativo trabajar muy intensamente para potenciar y actualizar la agenda de la Aladi. Es por ello que hemos centrado nuestras prioridades en tres ámbitos: uno de ellos refiere a la agenda arancelaria, otro a la agenda no arancelaria, y por último están los referentes a los mecanismos de ampliación de este ámbito de integración regional.

Con relación a la agenda arancelaria, los acuerdos de complementación económica son claramente los instrumentos más visibles del acervo con que cuenta la Aladi, ya que constituyen el marco jurídico preferencial en el cual basa el comercio intrarregional. Claramente es el caso de Uruguay con el Mercosur y de los acuerdos que el Mercosur ha firmado con los países que integran la asociación.

Somos conscientes de que el entramado de acuerdos comerciales suscritos en el marco de la Aladi presentan niveles muy diferentes, tanto de madurez como de profundidad, lo cual generalmente constituye un importante desafío al momento de pensar en una convergencia adecuada, sobre todo si a este hecho le sumamos que también existen acuerdos preferenciales de comercio que han sido suscritos por fuera del marco jurídico de la asociación. Esta situación plantea, entonces, el primer desafío, que es cómo potenciar esta plataforma de acuerdos a los efectos de asegurar la debida armonía, la coherencia, la profundización y la armonización de estos acuerdos, tomando en cuenta también que el comercio intrarregional, pese a esta plataforma, sigue siendo muy bajo ya que representa exclusivamente el 16 % del intercambio que tenemos entre los países que integran la asociación y de que la liberalización alcanzada abarca el 82 % del universo arancelario.

Esto nos lleva, a su vez, al otro punto, que refiere a la agenda no arancelaria de la asociación. Allí Uruguay entiende que existe un amplio margen para poder trabajar y que los avances que puedan registrarse en estos ámbitos van a coadyuvar a la consolidación de la plataforma comercial, a visibilizar los contenidos y los alcances de los acuerdos, y a facilitar el comercio y el uso que hagan los operadores privados de la plataforma que brinda la Aladi. Un ejemplo de la importancia que tiene toda esta agenda paraarancelaria podemos encontrarlo en todo lo que hace al proceso de aproximación entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, donde se acordó establecer líneas de trabajo para facilitar el comercio, la cooperación aduanera, la promoción comercial, el apoyo a las pymes y la identificación de posibles cadenas regionales de valor. En todas estas áreas encontramos que hay instrumentos de Aladi que pueden contribuir de una manera efectiva y tangible a esta hoja de ruta acordada, especialmente en materia de reglas de origen de certificación de origen digital.

Otro elemento que es fundamental en esta agenda no arancelaria son todos los esfuerzos que la Aladi viene desarrollando en materia de promoción comercial. Este año se llevó a cabo la tercera edición de la llamada Expo Aladi, que en los hechos es una macro rueda de negocios que se ha consolidado como la mayor plataforma o ronda de negocios a nivel de América Latina, con aspectos innovadores que, por ejemplo, han determinado la participación de la FAO apoyando la presencia de todas aquellas pequeñas entidades vinculadas a la agricultura familiar.  Uruguay fue la primera sede de esta ronda de negocios y ha apostado fuertemente, a través del punto focal que es Uruguay XXI, a la continuidad de estos esfuerzos.

El tercer elemento que quisiera mencionar con relación a la agenda de la Aladi   –no voy a hacer muy extensa mi exposición– tiene que ver con ampliar la cobertura geográfica, es decir, los niveles de participación en la asociación. Uruguay siempre ha apostado fuertemente y ha apoyado los procesos de adhesión, que se iniciaron en su momento con Cuba, luego siguió Panamá, estamos próximos a concretar la adhesión de Nicaragua y han comenzado conversaciones preliminares con Costa Rica. También en esa línea apoyamos y hemos visto con buenos ojos que por primera vez México asume la Secretaría General, porque entendemos que todas estas instancias de adhesión, en definitiva, consolidan la dimensión latinoamericana de la asociación. Estas son las prioridades que, en consonancia con los lineamientos de nuestra política exterior y las prioridades fijadas por la Administración, hemos determinado con relación a la Aladi.

                En cuanto al Mercosur, voy a referirme específicamente a la Comisión de Representantes Permanentes, que es el ámbito en el cual actúa la representación. En primer lugar, va de suyo que tenemos que destacar el carácter prioritario que tienen para Uruguay el Mercosur y los instrumentos a través de los cuales se canaliza una parte muy significativa de lo que tenemos con los países vecinos y los asociados, tanto a nivel comercial como político, económico, financiero, social, cultural y de servicios. Dentro de este ámbito institucional del Mercosur, la Comisión de Representantes Permanentes fue creada en el 2003 como un órgano del Consejo del Mercado Común, en el marco del fortalecimiento institucional del Mercosur. Funciona de manera permanente y asiste a todas las actividades que son requeridas por el Consejo de Mercado Común y la Presidencia Pro Témpore en ejercicio. Entre sus funciones quisiéramos destacar especialmente las vinculadas a la difusión normativa y las relacionadas con el Fondo de Convergencia Estructural.

Con respecto a la difusión normativa, quisiera referirme a las tareas que realiza la Comisión de Representantes Permanentes con relación al estatuto de la ciudadanía del Mercosur, que fue aprobado en el año 2010 y en el que se establece un plan de consolidación progresiva. Allí la Comisión de Representantes Permanentes realiza una importante tarea de sistematización, seguimiento y difusión de todos aquellos derechos y obligaciones que emanan de la normativa Mercosur y que, claramente, tienen un impacto directo y tangible en la vida de nuestros ciudadanos. Es por eso que existe una sistematización regular que especialmente identifica cuáles son los órganos y las entidades encargadas de su aplicación en cada Estado.

                En segundo término quiero destacar la labor que realiza la Comisión de Representantes Permanentes en materia de seguimiento y gestión de los proyectos Focem, que constituyen la principal herramienta del Mercosur para la reducción de las asimetrías del bloque regional, principalmente en beneficio de las economías menores. Uruguay realiza un aporte anual correspondiente al 2 % del total del fondo, recibiendo como contrapartida USD 36:000.000 anuales. En esta primera instancia o década del Fondo, nuestro país cuenta con 12 proyectos: 9 de ellos en ejecución y 3 que ya han finalizado. Estos se han llevado a cabo en materia de desarrollo productivo, de trasmisión eléctrica, vinculados con población vulnerable, en materia vial y también de vías férreas. Dada la importancia de este instrumento, daremos especial prioridad al seguimiento de los proyectos que se encuentran en ejecución, así como a las instancias venideras de negociación tendientes a la entrada en vigor y reglamentación de la nueva etapa del Focem, que fue aprobada en el año 2015.

Quisiera finalizar señalando que este es el marco en el cual habré de desempeñarme para alcanzar los objetivos marcados en cumplimiento de las líneas estratégicas establecidas en los pilares de la política exterior del Uruguay, comprometiendo todo mi esfuerzo en una participación activa y constructiva en estos ámbitos, en consonancia con la tradición histórica de nuestro país en materia de integración para la construcción y perfeccionamiento de mecanismos de integración transparentes, inclusivos, dinámicos y modernos, que conduzcan a una integración profunda en todos los ámbitos, y sintiendo realmente un verdadero orgullo de representar al país en esta instancia.

                Agradeciendo nuevamente su atención, quedo a disposición de los señores senadores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias, señora embajadora. La exposición ha sido muy clara sobre un tema que conocemos y que, obviamente, nos toca muy de cerca, en lo que concierne tanto a Aladi como al Mercosur. Le vamos a solicitar que nos deje copia de su exposición.

Si no hay comentarios o preguntas que los senadores deseen formular a la señora embajadora, agradecemos su presencia y, una vez se retire de sala, someteríamos a votación el pedido de acuerdo.

Muchas gracias.

(Se retiran de sala la señora embajadora Ana Inés Rocanova Rodríguez

 y el señor embajador Diego Pelufo).

                –Se va a votar la solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo para designar a la señora embajadora Ana Inés Rocanova representante permanente de la república  ante Aladi y el Mercosur.

(Se vota).

                –7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                El señor senador Martínez Huelmo solicita ser el miembro informante. ¿Estamos de acuerdo?

(Apoyados).

–Entonces, se designa miembro informante al senador Martínez Huelmo.

                Para hacer un planteamiento, tal como me lo había adelantado, tiene la palabra el señor senador Lacalle Pou.

SEÑOR LACALLE POU.- Agradezco al señor presidente y también por la atención del resto de la comisión.

                El planteo que voy a hacer es bien breve –lo consulté con los compañeros del Partido Nacional, con el senador Mieres y con algún senador del Partido Colorado, específicamente con Pedro Bordaberry, que es el delegado del partido en la comisión– y refiere a la ratificación del TLC con Chile.

Para hacer una historia reciente y que conste en la versión taquigráfica –aunque los señores senadores la conocen de memoria–, el presidente de la república, en una entrevista radial, dijo que cada vez que se encontraba con la presidenta de Chile le daba vergüenza por no haber ratificado el TLC. Nosotros hicimos un planteo, se desestimó, pero el canciller insiste. Días pasados dijo que el señor presidente de la república pretende avanzar sin perjuicio de lo que se diga en el partido político.

                No quiero que se vea esto como una chicana menor, aunque pueden opinar lo que quieran. Ahora bien, cuando desde el Gobierno se dice una cosa, en un mensaje que está firmado por todos los ministros, y hay una avidez y las noticias traspasan las fronteras, me parece que nuestro país queda en una mala posición. No quiero abundar sobre todos los TLC u otros tratados con los que hemos amagado y después quedan en la nada, pero nosotros, como dirigentes políticos, como gobernantes del país, necesitamos del partido de gobierno noticias ciertas, certeras, formales. La verdad es que no me merece más confianza lo que me está diciendo el Gobierno por la prensa, porque son mensajes contradictorios.

                Entonces, si aquí el Frente Amplio formalmente dice que no van a avanzar hasta determinada fecha por los resortes político-partidarios que sea, yo puedo opinar a favor o en contra, si está bien o está mal  –eso es harina de otro costal; lo haré afuera–, pero formalmente esta comisión necesita saber si se va a avanzar o no, porque insisto en que los mensajes del Gobierno son contradictorios y ya somos todos grandes como para andar diciendo una cosa en la prensa y que no se actúe en consecuencia. Obviamente que no ha sido ninguno de los que está aquí; fue directamente el presidente de la república o el ministro de Relaciones Exteriores. Además, insisto en que trae consecuencias negativas para nuestro país.

                De manera que ese era el planteo. Si se puede obtener una respuesta, bien, y si no, insistiremos en algún momento.

SEÑORA MOREIRA.- En primer lugar voy a decir que sí, soy parte del Gobierno, si por Gobierno se entiende otra cosa que el Poder Ejecutivo. Somos la bancada del partido de gobierno. Además, me siento en la responsabilidad de decir –porque a nadie se le oculta– que estamos teniendo un debate y un análisis sobre el TLC con Chile. Creo que el TLC ni siquiera ha sido ratificado por Chile aún. Y el partido de gobierno está en este momento en debate sobre el TLC con Chile y sobre el tratado de cooperación en materia de patentes.

                Esto es lo que le podría responder al señor senador Lacalle Pou. Estamos con nuestros tiempos de análisis. Nuestro sistema de aprobación de los tratados no permite abrirlos ni cambiarlos; tiene la característica de fast track, que implica sí o no a todo el tratado. Entonces, lo estamos estudiando y no creo que podamos en este momento comprometer una fecha, si es eso lo que el señor senador Lacalle Pou necesita. Pero el proyecto está en estudio por parte del partido de gobierno y, en efecto, viene firmado por todos los ministros. Así son las cosas. Es el partido de gobierno el que está en un debate sobre la conveniencia del TLC con Chile, habida cuenta de que ya tenemos un tratado de libre comercio con Chile, ya tenemos cuatro acuerdos firmados y este es un tratado de nueva generación, que incorpora otras cosas, que tienen que ver con servicios, con propiedad intelectual, con una encomienda directa de que el país celebre un tratado de protección de patentes. Por supuesto que tengo mi opinión sobre el hecho de que dentro de un tratado venga una encomienda a un país para que celebre otro tratado. Pero estamos examinando las consecuencias a largo plazo que tienen, en particular, estas tres cosas: el tratado de cooperación en materia de patentes, los artículos sobre propiedad intelectual y los artículos sobre servicios. Estamos haciendo estudios y trabajando con el Poder Ejecutivo sobre las consecuencias de la firma de un nuevo acuerdo con Chile, sabiendo estas tres cosas. El comercio con Chile es bastante marginal en la balanza comercial uruguaya. No es propiamente la relación comercial con Chile la que nos preocupa, sino las otras cosas que vienen en el acuerdo y que tienen similitudes con otros tratados –como el de liberalización en materia de servicios– con los que el Frente Amplio ha tenido un intenso debate. Por tanto, como todo partido político, tenemos debate. Además, está muy bien que el partido político y el Gobierno no sean la misma cosa, porque esa confusión entre partido y Estado no es ni ha sido buena. El partido tiene sus tiempos para discutir estas cosas y yo en este caso le estoy contestando al senador Lacalle Pou como representante del partido Frente Amplio.

SEÑOR PINTADO.- Nosotros estamos en un proceso de debate –las posiciones son públicas y claras– y falta la síntesis, que la daremos a conocer en los tiempos que correspondan.

                Creo que nadie tiene la intención de dilatar; simplemente queremos que la decisión se tome luego de analizarla bien. En ese sentido, sabiendo que hay algunos requerimientos de parte del Poder Ejecutivo, hay que tener en cuenta que el Poder Legislativo es independiente, aunque muchas veces se nos acusa de ser una especie de brazo ejecutor legislativo sin mucho análisis.

                Además, el Poder Legislativo chileno tampoco le ha dado aprobación a este tratado, más allá de que eso no sea un salvoconducto para no apurar el tranco.

                En definitiva, queremos que se resuelva rápido y, desde mi punto de vista, en breve tomaremos una resolución. Somos conscientes de que del otro lado de la cordillera están en el mismo proceso de análisis; si los chilenos ya lo hubieran votado tendríamos otro apuro en abordarlo. Así somos, nos tomamos nuestro tiempo y vemos lo que pasa, más allá de las posiciones que tenemos cada uno, que son conocidas pero no vale discutirlas acá. Ese no es nuestro proceder.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero dejar dos constancias.

                En primer lugar, el Poder Ejecutivo, y en particular el Ministerio de Relaciones Exteriores, compareció ante las dos comisiones de asuntos internacionales reunidas en conjunto antes de la firma del Tratado de Libre Comercio con Chile y dio información detallada, circunstanciada y profunda. Atendió todas las observaciones y escuchó todos los planteos antes de la firma.

                A su vez, quiero decir que a partir de la firma –ocurrida ya hace un año–, desde que ingresó a esta comisión la solicitud de ratificación del tratado, yo, como presidente de la comisión, lo puse en el orden del día más de una vez, en alguna de ellas a solicitud del canciller, pero en todos los casos no fue posible aprobarlo por decisión de la bancada de Gobierno. Es una situación diría que muy rara, muy sui generis. La verdad es que debo expresar que me quedo con una fuerte preocupación, porque deja al Gobierno en una posición muy incómoda, por decir lo menos.

                Además, lamentablemente, se da esa situación paradójica de que todos sabemos que en el Parlamento hay mayoría para votar el Tratado de Libre Comercio con Chile, pero el funcionamiento en bloque del partido de Gobierno en contraposición al Poder Ejecutivo del propio Gobierno no permite su fluidez, su decisión.

                Lamento mucho que suceda esto, porque creo que en todo esto el que queda de rehén es el Uruguay.

SEÑOR PINTADO.- No quiero dejar pasar esa afirmación de que el partido de Gobierno está en contra del Gobierno y que tenemos un bloque que lo paraliza. A veces somos acusados de lo contrario, de que no hay flexibilidad. Es bien sabida la posición que tenemos todos; estamos debatiéndola, pero tenemos nuestros mecanismos y también queremos que pronto tengamos una posición. Creo que en poco tiempo va a haber novedades, pero no somos un bloque en contra del Gobierno, aunque sí se reivindica el derecho a analizar los asuntos que se plantean.

SEÑOR LACALLE POU.- Primero, quiero agradecer la información que dieron la señora senadora Moreira y el señor senador Pintado.

                Segundo, destaco algo que dijo la señora senadora Moreira, que no puede cambiarse, pero es bien interesante interpretar a qué se refirió. En el numeral 7.º del artículo 85 se establece que tenemos que aprobar o reprobar los tratados –reitero: eso no puede cambiarse–; sí podríamos, en caso de que hubiera humildad e intención de una política nacional, anticiparse a las cosas. Más de una vez hemos reclamado que el Gobierno, cuando avanza en estos instrumentos internacionales y compromete a todo el país por encima de su período de administración, tiene que tratar de que haya una cohesión más importante dentro de la casa de uno, dentro del país –ya no digo dentro del Frente Amplio– antes de firmar estos tratados. Así podría avanzarse de una forma mucho más simple. Y es cierto; acá uno escucha: «me gusta esto», «no me gusta esto», pero hay que resolver ratificarlo o no. Si tenemos la posibilidad de trabajar en la génesis de estos tratados, otro sería el cantar. Sé que es más difícil, pero sería más prudente y más conveniente que la base de algo que compromete a toda la nación por encima de un período de gobierno fuera lo más amplia posible.

SEÑOR PARDIÑAS.- Este es un tema de enorme trascendencia que no escapa al hecho de que se estén haciendo estos planteos en la comisión –que también se han hecho a nivel público–, por la significación que tienen. Sin embargo, las puntualizaciones realizadas por el señor senador Lacalle Pou en esta instancia final quedan ratificadas por la constancia que hizo el propio presidente de la comisión. El Poder Ejecutivo dijo cuáles eran los lineamientos con los que estaban trabajando antes de que el tratado estuviera sellado. Es más, creo que en la propia comparecencia del señor ministro se informó que tenían textos definidos en algunos capítulos, y la mayoría de los textos estaban a definir. Por lo tanto, hubo espacios que no fueron aprovechados a tiempo –incluso nuestra fuerza política asumió esa responsabilidad– porque fue en esa reunión que hicimos circular la información que allí se volcó. Pero a veces las urgencias de las discusiones políticas derivan en tratar otros temas.

                Reitero: nos parece importante seguir considerando cuál ha sido el avance en Chile, tal como planteaba el señor senador Pintado; si Chile sancionara este tratado, creo que sí nos marcaría una urgencia mayor. Tenemos la experiencia de lo que ocurrió con el tratado de la hidrovía Uruguay-Brasil. En la legislatura pasada asumimos la responsabilidad de tratarlo en forma acelerada en el Parlamento nacional y así se procedió, y resulta que el Parlamento brasileño lo ratificó tres años después.

                Entonces, en estas cuestiones que implican compromisos bilaterales, me parece que está bien que monitoreemos la evolución en los demás países y que aprovechemos ese tiempo para generar los espacios de intercambio. Se sabe que nuestra fuerza política no está integrada por un solo partido, sino que es una confluencia y, por ende, tenemos que procesar la información hasta llegar a esa síntesis que es necesaria, y a la que hizo referencia el señor senador Pintado.

                En resumen, vamos a estar a la altura de aprobarlo o reprobarlo pero dentro de los tiempos que estimamos necesarios.

SEÑOR OTHEGUY.- A pesar de que creo que se han dado las explicaciones del caso, comprendemos y nos parece legítimo el planteo que está haciendo la oposición. Hemos tomado nota sobre este tema que ya ha sido planteado por el presidente de la comisión en otras oportunidades. Por lo tanto, quiero señalar que la bancada de senadores del Frente Amplio ha trasladado a su fuerza política la necesidad de que a la brevedad se tome una decisión sobre este tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pasamos a considerar el tercer asunto que figura en el orden del día: «Tratado entre la República Oriental del Uruguay y Ucrania sobre Relaciones de Amistad y Cooperación (Carp. n.º 877/2017- Distr. n.º 1475/2017)».

                Tiene la palabra el señor senador Martínez Huelmo. 

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Es un tratado de amistad muy sencillo, y creo que si hacen confianza en el texto que tienen a estudio hace varios días podría pasar a votarse.

SEÑOR PRESIDENTE.- Así es, hemos podido analizar el informe porque fue enviado previamente.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Tratado entre la República Oriental del Uruguay y Ucrania sobre Relaciones de Amistad y Cooperación

(Se vota).

                –6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                Obviamente, el miembro informante será el señor senador Martínez Huelmo.

                No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 17:46)

 

 

 

 

               

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.