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Carátula

 

 

COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO E INCLUSIÓN.

 

(Sesión celebrada el día 6 de noviembre de 2017).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 16:06).

                –La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión les da las buenas tardes y agradece la presencia de la señora ministra, maestra Marina Arismendi y de la delegación que la acompaña.

                Tiene la palabra señora ministra.

SEÑORA MINISTRA.- Buenas tardes.

                Para nosotros es un gusto estar acá y hacer los primeros avances sobre los distintos elementos que han llevado tanto al ministerio como a las organizaciones de la sociedad civil a elaborar y presentar este proyecto de ley que además de tener un sentido de justicia social reconoce realidades en las que hemos avanzando y que se han dado en llamar la «agenda de derechos».

                Hemos realizado un estudio que si el señor presidente lo permite, tanto el señor Graña como cualquiera de los directores de división podrá ampliar, por haber sido quienes elaboraron, profundizaron e intercambiaron los elementos para la discusión de esta ley integral.

 Este proyecto de ley toma la población que detectamos está dentro del marco general de las personas que tienen sus derechos vulnerados en una de las tres líneas estratégicas que tiene el Mides junto con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, la profundización de la descentralización y lo que hemos llamado protección integral o los derechos vulnerados que aún nos quedan.

Cuando hablamos de los derechos vulnerados nos estamos refiriendo a personas, familias, colectividades o comunidades que si bien desde el punto de vista de los ingresos han tenido avances  –las mediciones de la Encuesta Nacional de Hogares y otros censos muestran que ha habido un abatimiento de la pobreza y más importante aún de la indigencia por tener una renta alta si nos comparamos con el promedio de los países de la región– igualmente tienen que asumir dificultades. Del trabajo hecho en cada lugar y territorio nos vamos encontrando, repito, con esas dificultades, aunque ya no de la línea base del tema de pobreza o indigencia. Siempre decimos –y esto surge tanto del documento base de la Cepal como de las intervenciones realizadas por los ministros y ministras de la región que estuvieron en nuestro país– que hay un entrecruzamiento de las desigualdades.

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Esto se refiere a que ante igual situación, por ejemplo, de trabajo,  hay elementos, como ser mujer, raza o etnia, diversidad, etcétera, que hacen que esas personas o familias tengan mayores dificultades. Ya en el período pasado, en la segunda etapa del Mides, pudimos identificar mucho más finamente –y por eso se empezó a trabajar con las tarjetas de alimentación de Uruguay Social– que hay una población muy concreta, la trans, que tiene menor expectativa de vida.  Había estudios académicos que lo planteaban y el censo que realizamos en esta tercera etapa del Mides lamentablemente lo confirmó con creces. Nos enorgullecemos del formidable avance en la expectativa de vida que tiene el Uruguay, que hace que las personas vivan más y mejor y envejezcan  con dignidad –que son derechos por los que hemos peleado–, pero en el caso de la población trans esta expectativa de vida no supera los cuarenta y pocos años; lamentablemente el censo corrobora duramente esto. En una de las presentaciones del censo el profesor Sempol manifestaba que estos datos hacen que la academia deba replantearse un montón de temas, porque confirma con dureza muchas de las hipótesis o estudios académicos pero, además, pone sobre la mesa cosas que no se habían contemplado. También tenemos el tema de los reconocimientos como sujetos de derecho. Me gusta repetir que la Constitución dice claramente que todos los habitantes de la República tenemos los mismos derechos. No habla de ciudadanos y ciudadanas como ocurre en otras constituciones, sino de todos los habitantes de la República. Digo esto, porque estamos teniendo un flujo migratorio importante y esta dirección –que es  justamente la que atiende el tema– adoptó el criterio de que la Constitución se refiere a todos los habitantes de la República y por lo tanto abarca a quienes han elegido venir a vivir aquí  o los han traído a través de la trata y el tráfico de personas, que es otro aspecto que debemos abordar.

                Por otro lado,  tenemos el tema del ingreso al mundo del trabajo que está íntimamente relacionado con las posibilidades de estudio y también con problemas sociales mucho más profundos desde el punto de vista cultural e ideológico que no solo ocurren en el Uruguay, pero es esta la sociedad que queremos cambiar. Igualmente quiero decir que hemos avanzado mucho y estamos obligados a seguir haciéndolo con normativas. En este caso se trata de una propuesta que ha tenido consideraciones públicas que la constriñen simplemente a un problema de reparación económica, lo que genera, primero, un desconocimiento del tema, al tiempo que no profundiza en los derechos y en las discriminaciones, aspectos sobre los que tenemos que trabajar. Esto tiene que ver con la educación, con la atención de salud, con el tema de la vivienda, con lo registral, es decir, con un conjunto de elementos que el proyecto que ustedes tienen a consideración contempla.

Por otro lado, quiero decir que el censo fue para nosotros muy importante porque los datos firmes –eso lo ratificamos una vez más–, los datos duros, los que realmente nos muestran la realidad nos sirven, por un lado, para saber qué es lo que tenemos que hacer y, en segundo lugar, para cambiar las propias políticas que llevamos adelante. Ni las políticas ni las normas son eternas, sino que hay nuevas realidades, nuevas situaciones y ciertas posibilidades que tenemos que atender. Muchas veces hemos conversado y decimos que cuando el tema era, después de la crisis, poner un plato de comida una vez al día para cada persona, esa era una situación; en la segunda etapa pudimos hacer otra cantidad de cosas que en la primera no se podían concretar; y en esta tercera tenemos la posibilidad de ampliar y consolidar, por medio de la legislación, algunas cosas que todavía tenemos que mejorar. En otros temas tenemos, incluso, propuestas para modificar leyes que fueron iniciativa de nosotros mismos. Pero como la vida, la realidad, cambia – si ustedes nos permiten, hoy que estamos del otro lado de la mesa esta es nuestra opinión–, también tienen que cambiar la normativa; no podemos decirle a la sociedad que se constriña dentro de la ley, sino que las leyes tienen que ir transformándose junto con las modificaciones sociales.

                Si usted está de acuerdo, señor presidente, le solicitaría que autorizara al director Federico Graña a que haga uso de la palabra para que amplíe sobre la documentación y claves que tenemos sobre este proyecto de ley.

SEÑOR GRAÑA.- Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Federico Graña. Soy director nacional de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social.

                Voy a separar mi exposición en tres partes. La primera va a estar vinculada a los datos que figuran en la carpeta que les repartimos están para que puedan seguir mejor la intervención. En la segunda parte se va a exponer sobre cómo fue el proceso de elaboración del proyecto, y en la tercera se van a tratar los artículos que a nosotros nos parecen importantes y que están atados a varios de los datos que les traemos hoy a partir del censo.

                Lo primero que habría que remarcar es que, como muy bien lo indicaba la señora ministra, los procesos de exclusión y reproducción de desigualdades a nivel social son complejos e involucran múltiples variables. De esa hipótesis es que partimos nosotros.

                Otro de los temas que vamos a exponer es sobre una cantidad de teorías o supuestos analíticos que marcan esos niveles de discriminación y por qué se dan. A su vez, tenemos las denuncias de la sociedad civil organizada sobre los altos niveles de discriminación que sufría esta población específicamente. ¿Cómo el Estado puede llegar a tomar partido y dar una respuesta a estas situaciones? Teniendo datos empíricos que vayan más allá de los supuestos analíticos y teóricos y, además de eso, se constaten o no las denuncias de violencia a estas personas. ¿Por qué digo que esto es central? Porque lo que teníamos que buscar como respuesta es si esto es una cuestión estructural, basada en la identidad de género de las personas, o meramente la suma de algunas acciones concretas que le pudieron haber pasado a cualquier individuo, más allá de su identidad de género. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier individuo pudo haber sido mal atendido en cualquier oficina del Estado, más allá de su identidad de género. Es por esto que considerábamos importante generar un censo.

Los señores senadores tienen en su poder la primera síntesis grande del proceso y este material va a ser publicado, como lo fue el trabajo metodológico del censo que a la brevedad les haremos llegar. La idea es presentar toda la serie de datos en conjunto, habida cuenta del interés que existe a nivel internacional. Este es el primer Estado que genera un censo específico para esta población. Por ejemplo, estamos trabajando en conjunto con la secretaría de Derechos Humanos de la presidencia de la nación Argentina para asesorarlos en este tema y ellos toman como referencia nuestro censo. También estamos trabajando sobre un convenio con el Conapred, de México que, en realidad, es la comisión que genera los seguimientos de los análisis de indicadores de Derechos Humanos en México. Además, desde El Salvador, a través de Naciones Unidas, me ha llegado una invitación concreta porque es la primera vez que más allá de los discursos –sin importar de donde provengan–, se buscan datos. Es más, hasta hace poco tiempo, cuando se hizo la conferencia LGBT en nuestro país en conjunto con Holanda, hasta el Banco Mundial señaló la necesidad de generar datos duros más allá de los relatos, certeros o no, de la sociedad civil organizada. Esa es la importancia del censo.

A continuación voy a citar algunos datos generales que nos parece central remarcar. El primero de ellos es la cantidad de personas. Hay 933 personas, siendo un 88 % mujeres trans y un 12 % varones trans, cifras que, teniendo en cuenta el censo 2011, representaría el 0,02 de la población general. El otro dato que es coherente con la realidad nacional es que el  40 % de la población trans se concentra en Montevideo y el resto en el interior del país.

SEÑOR PRESIDENTE.- A efectos de corroborar que sean los mismos datos que busqué para poder estar informado del tema, me gustaría saber si ello corresponde al censo 2016.

SEÑOR GRAÑA.- Si; sucede que hay una publicación anterior que se hizo previo a la culminación del censo. En el mes de octubre se terminó de levantar datos de 2016 y seguramente el documento que obre en poder del señor presidente sea un avance que presentamos en un seminario en setiembre de ese año y quizá de ello surja una diferencia de cien personas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Eso es importante para hacer el seguimiento.

                En el censo también se habla de personas inubicables.

SEÑOR GRAÑA.- Justamente, aprovechamos también el censo para ver cómo funcionaba una de las prestaciones que tenía el ministerio, como era la tarjeta Uruguay Social, ya que cualquier persona que, por decirlo de alguna manera, sea trans, tiene derecho a acceder a ella. A partir de esa base de datos se hizo una publicación de metodología. Aclaremos que si bien esta variable está prevista en el censo nacional, este trabajo lo hicimos en conjunto con la Universidad de la República y para lograrlo se dieron varios pasos desde el punto de vita metodológico. El primero de ellos fue la base de datos que el propio ministerio tenía con la tarjeta Uruguay Social. Ahora bien, con respecto al caso de las personas inubicables hemos ido avanzando un poquito más, ya que algunas están fallecidas y otras se mudaron.

SEÑOR PRESIDENTE.- Simplemente quería saber si era el mismo material.

SEÑOR GRAÑA.- Sí, es el mismo material actualizado al cierre del proceso.

                Como decía, el promedio de edad –que no se corresponde con la expectativa de vida– es de 36 años. Como bien señaló la señora ministra, son estudios regionales los que marcan la expectativa de vida de las personas trans en Latinoamérica. Diríamos que son los únicos estudios que hay sobre expectativa de vida porque, de acuerdo con la muestra que nosotros teníamos era muy difícil llegar a este dato.

                Otro dato muy interesante, que resaltó la señora ministra, se encuentra en el gráfico 1, en el que se dice que se trata de una población joven. Este es el primer escenario. A veces en los discursos se dice que es una población joven y que hay «como una moda»; sin embargo, los datos y los registros que tenemos muestran que la identidad de género siempre existió. O sea que las personas trans o conocidas en algún momento como personas travestis siempre existieron a lo largo de la historia de la humanidad. Hay culturas en las que se habla de dos espíritus. Por ejemplo, en Tailandia se habla de los ladyboys. Hay muchas culturas en las que ya existía esta figura.

                Más allá de eso, volviendo al punto central, el dato más importante que nosotros tenemos es que solo el 2 % de las personas trans supera los 65 años. Si comparamos este dato con el censo del año 2011 vamos a ver que la población en general está en el entorno del 14 %. La primera pregunta que nos deberíamos hacer como Estado es: ¿por qué no llegan a viejas? ¿Por qué estas personas no llegan a ser viejos y viejas? Como consta en el documento, los factores que explican la diferencia en el proceso de envejecimiento de las personas trans y las no trans son múltiples: la discriminación, la violencia, la expulsión del núcleo familiar a edad temprana, la expulsión de centros educativos, la imposibilidad de contar con trabajos formales y estables, quedando restringidas al comercio sexual como estrategia de supervivencia. La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas tiene que ser entendida como el resultado de un contexto de discriminación, producto de los individuos y de las instituciones.

                Para entender por qué llegamos a esto vamos a compartir con ustedes algunos números. Otro dato que tiene que ver con la vejez de las personas trans –aunque no pasa solo con personas trans– es que al romper con los núcleos familiares esa etapa se vive en soledad. En la vida de las personas trans el abandono del hogar es un dato central. La edad promedio de salida del hogar es de 18 años, pero si repreguntamos se va modificando. Uno de los factores más frecuentes y que explican que se vayan de su casa tan pronto es la existencia de problemas familiares durante el proceso en el que viven su identidad de género o lo que la bibliografía comúnmente llama el «proceso de destape». Esa persona le cuenta a su núcleo familiar esta situación, empieza a vivirla y se generan conflictos. En este tipo de casos el promedio de edad en el que abandona el hogar baja a 16 años. Cuando las personas empiezan a vivir ese proceso o cuando el «proceso de destape» sucede a temprana edad son expulsadas o abandonan el hogar en el entorno de los 16 años.

                Hay un dato que hay que remarcar  y es que el 58 % de las personas censadas declararon haber sido discriminadas por algún miembro de su familia. Es decir que de las 933 personas que fueron censadas, el 58 % declaró haber sido discriminadas por su núcleo familiar.

                Otro punto que nos parecía muy interesante era el acceso a la documentación, porque una de las cosas que hacía era evaluar a la propia ley de identidad de género, que es del año 2009. Es una ley muy nueva desde el punto de vista histórico y ha tenido un impacto que queríamos compartir con ustedes. Concretamente, al momento del censo el 19 % de las personas había realizado el cambio, otro 19 % lo estaba tramitando y un 62 % no lo inició. Ante esto, cabe preguntarse cuáles han sido las razones por las que estas personas no se hayan amparado a este derecho. Un 9 % no tenía información, es decir que no conocían la ley. Un 7 % no lo realizó por temor a que la familia se opusiera al trámite. Hay un 5 % de personas que ya están cobrando prestaciones y tienen el temor de iniciar el trámite y perderla, cosa que habla de la falta de información existente.

Otros datos que se desprenden de los relatos están vinculados al costo que implica iniciar el trámite de identidad de género o a prácticas excesivas por parte de los operadores judiciales. Como los señores senadores saben, para iniciar el proceso jurídico y obtener la identidad de género es necesario contratar abogados o abogadas para llevar a cabo ese trámite. Más adelante vamos a hacer referencia a los ingresos de las personas trans, pero ya podemos decirles que les cuesta sostener este trámite. Se podrá decir que hay abogados de oficio, institutos como el de la Facultad de Derecho, líneas de patrocinio elaboradas por el Ministerio de Desarrollo Social, sobre todo para las oficinas del interior del país y que desde nuestra dirección se hace un acompañamiento de estos procesos. Pero, de todas formas, lo que sucede es que algunos operadores judiciales hacen consultas que van más allá del espíritu de la ley, y esto también corre como reguero de pólvora entre estas personas y en sus redes sociales.

                Por ejemplo, la ley no pregunta en ningún momento cuántas parejas tuvieron las personas. No hay motivo para acceder a la identidad de la persona, ni de preguntar si fueron abusadas sexualmente o no, cuál es la duración de sus parejas y si ejercieron o no el comercio sexual. Sin embargo, algunos juristas hacen estas preguntas en las audiencias y ello ha generado un rechazo en la población trans.

                Quiero dar otro dato muy interesante para comparar, que se explicará durante el proceso. Por ejemplo, la ley argentina –posterior a la uruguaya– establece un trámite administrativo que se realiza en las oficinas del registro civil de cada provincia. En realidad en Argentina no hay datos sistemáticos. Lo único que existe es una nota editada en el diario La Nación, del 5 de mayo de este año, donde figura que 5703 personas se ampararon a ese trámite. Si observamos los números veremos que hay una adherencia a esa ley distinta a la de Uruguay.

                Si tenemos en cuenta el trabajo, el 65 % de las personas entrevistadas dicen estar ocupadas y si los separamos por género,  el 55 % de los varones trans y el 67 % de las mujeres. El dato que doy a continuación es muy importante. El 38 % declaran ser asalariadas, pero ese porcentaje  corresponde  al 67 % de los varones trans –miren como cambia– y al 35 % de las mujeres trans, cuando el dato anterior era inverso.

                Un 25 % declara ser trabajador independiente –hay otros datos que dependen de las preguntas– y un 32 % dice ejercer solo el comercio sexual, en esta primera pregunta. Pero cuando uno sigue profundizando advierte que hoy el 30 % de la población trans está desocupada –la desocupación de este año, de acuerdo con el censo, se ubica entre el 7 % y el 8 %– meramente por ser una persona trans. Por lo tanto, su nivel de desempleo es ampliamente superior.

                ¿Cuáles son los datos que nos preocupan? El 74 % de las mujeres trans entrevistadas se dedican o se dedicaron al trabajo sexual, mientras que el 87 % de los varones trans nunca ejercieron el trabajo sexual.

Hay algunos datos que podríamos profundizar, pero para ir adelantando aquí se habla del nivel de Fonasa –aquí no daré porcentajes para no aburrir a los señores senadores, ya que están en el documento– y de los trabajos informales con muy poco acceso a prestaciones de la seguridad social.

                Me quiero referir ahora a los ingresos. Si estos datos no están en el documento que hoy dejaremos, les enviaremos por mail la presentación que estamos haciendo en una gira con el Consejo Nacional de Diversidad Sexual sobre el proyecto de ley, relacionada con los ingresos de las personas trans. El ingreso promedio que arroja el censo de las personas trans en Uruguay –no me quiero equivocar en la cifra, así que miro la presentación–, es de $ 7.418. Cuando hacemos un corte etario –como mencionábamos hoy sobre la vejez y el derecho a envejecer–, el promedio de ingreso de una persona trans cuando supera los 51 años es de $ 3.764.  Al respecto, quiero agregar que ese número a veces es inferior, si tomamos en cuenta que muchas de estas personas tienen un ingreso por transferencia monetaria, por la Tarjeta Uruguay Social, que está en el entorno de $ 900. Por tanto, ese valor es incluso menor. En lo declarado no desglosamos el ingreso de la Tarjeta Uruguay Social.

                En cuanto a la educación, el 61 % de las personas no tiene el ciclo básico completo, el 12 % no tiene la escuela finalizada, el 25 % tiene primaria completa y el   24 % tiene el ciclo básico incompleto. Esto está totalmente relacionado –figura en el documento– con el abandono temprano del hogar. Obviamente, de las personas que abandonaron el hogar a los 12 años, el 24 % tiene primaria incompleta, el 31 % primaria completa y el 21 % tiene ciclo básico incompleto, elevando este número a aproximadamente  77 %. Lo mismo pasa en la franja de 15 a 17 años, donde vemos que hay un 10 % con primaria incompleta, un 24 % con primaria completa y un 26 % con el ciclo básico incompleto.  Es decir que 6 de cada 10 personas que abandonaron su hogar entre los 15 y 17 años, no lograron superar el ciclo básico.

                Quiero comentar que hubo un error de redacción en el documento que se les entregó. Al final del punto 5 «Educación», cuando termina el penúltimo párrafo dice: «y un 26 % bachillerato incompleto» y debería decir: «y un 26 % ciclo básico incompleto» Pedimos disculpas por el error.

                Teniendo en cuenta los datos de salud, podemos decir que la mayoría de estas personas se atienden en el prestador de salud del Estado. En el documento compartimos una serie de datos –los porcentajes figuran en el documento– que tienen que ver con la relación entre el trabajo, el comercio sexual y la modificación quirúrgica de las personas trans para  ese mercado. No todas las personas trans sienten la necesidad de modificar su cuerpo quirúrgicamente; algunas sí lo quieren con un proceso completo que se denomina reasignación de sexo y que implica la transformación de toda su genitalidad. Sin embargo, otras personas quieren modificar estéticamente parte de su genitalidad, como ser, mediante implantes mamarios en el caso de las mujeres trans o la mastectomía en el caso de los hombres trans. ¿Qué ha pasado, sobre todo, con las mujeres trans históricamente? Que el Estado, los prestadores no brindaban estos procesos y entonces, en general, esas personas se autoadministraban esas modificaciones corporales, y voy a ser bien concreto. Muchas mujeres trans se inyectaron o les inyectaron en su cuerpo silicona industrial y no se trata de una prótesis, por tanto, no piensen en una bolsa, sino en líquido que se inyecta a través de los pezones u otras partes del cuerpo. Estas prácticas de «cirugía estética» –y es una expresión que debe ir con muchas comillas– para la modificación del cuerpo se realizan en un mercado negro. Como es obvio, luego esas prácticas le generan gastos enormes al Estado cuando esas personas se presentan con problemas cardíacos o de otro tipo debido a que ese líquido recorrió el cuerpo. Insisto en que no se trata de una prótesis, sino de un líquido que se inyecta y que durante un tiempo quedó estacionado. Voy a tratar de ser lo menos violento posible, pero hay relatos acerca de que aquello que alguna vez fue un seno, hoy es un bulto en un pie porque, como dije, ese líquido recorre el cuerpo. Esto es algo que queríamos remarcar y los datos están en el documento.

En realidad, el estado uruguayo a través del Ministerio de Salud Pública y ASSE viene realizando un proceso que ha culminado en resoluciones para poder acompañar los procesos de hormonización y en muchos casos eso ha hecho que no fueran necesarios los cambios quirúrgicos. Estos procesos de hormonización antes se daban de forma clandestina –aquí están los datos sobre el impacto que tenían– y había adolescentes que no iban al médico y se  automedicaban. Ahora hay una resolución del Ministerio de Salud Pública de 2014 que permite la hormonización. En 2016 fue publicado un protocolo vinculado con la reasignación de sexo y en 2107 uno sobre hormonización. Además, existe un trabajo de atención integral para personas trans en el campo de la salud. Hablamos de hormonización, de reasignación de sexo aunque, en realidad, se trata de atender a las personas por cualquier dolencia. Normalmente, estas personas estaban concentradas en dispositivos de atención a enfermedades de transmisión sexual. Lo mismo sucedió en ASSE, cuando por resolución de su Directorio se elaboró una serie de prestaciones que permitieron que estos actos médicos se llevaran a cabo. Actualmente se ha iniciado el proceso de reasignación de sexo de varias personas en muy corto lapso. Un dato muy importante tiene que ver con que a través de la UDA Saint Bois –que son convenios entre la Facultad de Medicina y el prestador público del Estado, donde hacen las pasantías los futuros médicos– se empezó a trabajar en este tema y en menos de tres años más del 7 % u 8 % de las personas trans fueron atendidas allí. La aparición de esto ha generado un impacto muy fuerte en la comunidad. Además, junto con ASSE estamos en un proceso de descentralización de la atención.

                También se hay un convenio con este tema. Quien lidera parte de este proceso, el doctor Márquez, se encuentra en China y ha estado en Tailandia firmando acuerdos vinculados a estos procesos. El Ministerio de Desarrollo Social, a través de un intercambio internacional, también ha firmado, con el Cenesex de Cuba –que es el Centro Nacional de Educación Sexual–, un convenio de capacitación de médicos sobre estas temáticas.

                El último dato que arrojó el censo son los tipos de violencia que padecen estas personas. El 45 % de las personas trans censadas declararon haber sufrido algún episodio de violencia física por su identidad de género. El 77 % de los casos están vinculados al trabajo sexual y el 87 % de ellos se dan en espacios públicos. También hay un 11 % de episodios de violencia física por parte de la propia Policía. En ese sentido, lo que hicimos fue una sistematización de varias denuncias que teníamos de trabajos de investigación sobre los relatos de las personas trans. Ellas nos contaron cómo fueron víctimas en la dictadura –mayoritariamente– de los desmanes policiales, que están más que claros. Nos han hablado de picana y tortura, de entretenimiento –por decirlo de alguna manera– de las fuerzas policiales y militares, y de trabajos forzados en algunos casos. Estos son hechos que ha arrojado la investigación realizada por la academia. Además, un dato muy interesante es el hecho de que estos relatos hayan empezado a surgir ahora y no antes, lo cual habla de que las propias personas trans no se sentían personas con derechos. Ellas decían que creían que tenían derecho a hacérselo. Es realmente brutal escuchar cómo una persona que supera los sesenta años –que son muy pocas– cuenta que cuando fue a un cumpleaños un fusilero naval la abusó sexualmente y la dejó atada contra el muelle, por el simple hecho de estar caminando por la calle. También hay un cuento menos trágico, que fue cuando en los años ochenta una persona trans fue a comprar zapatos a una galería –hay que acordarse de que no había shoppings– y cuando salió había tres móviles policiales esperándola para detenerla.

                En cuanto al proceso, les adelantamos a los señores senadores que en el pendrive que les hemos entregado está toda la investigación sobre la temática, tanto de la Universidad de la República como del Ministerio de Desarrollo Social. Hay mucho material acumulado de investigación sobre el tema: las denuncias, la investigación de la academia y la necesidad cualitativa de obtener los datos por medio del censo. Asimismo, en la publicación que está en papel –que es el libro azul, por decirlo de alguna manera–, hay un primer análisis sobre cuáles fueron las acciones que el propio Ministerio de Desarrollo Social tomó en varios de sus programas como, por ejemplo, en lo relativo a las cuotas de Uruguay Protegido y Uruguay Trabaja, o en lo que fue la ley de trabajo juvenil que ya vino con su cuota para personas trans en su planteamiento. También podemos mencionar la experiencia de llamado específico para personas trans que se hizo en el ministerio, donde ingresaron 7 nuevos funcionarios. Al día de hoy, siguen trabajando 6 personas trans  que mantuvieron su puesto, ya que una de las que ingresó quedó fuera por no cumplir debidamente con las obligaciones establecidas para quienes ingresan a la función pública.

                Por otra parte, quiero referirme a dos relatos que resumen el nivel de exclusión concreto que sufren estas personas. En el caso de Uruguay Trabaja se podría decir que lo que más impacta es que haya personas que declaren que gracias al programa salieron por primera vez de día a la calle. En realidad, antes de ingresar al programa no se sentían con derecho a hacerlo, ya que transitar por espacios públicos les generaba situaciones de violencia. Por lo tanto, el hecho de contar con equipos que las acompañaran e hicieran el seguimiento de esas políticas de trabajo protegido les dio seguridad para salir a la calle.

                Por otro lado, las personas que sí culminaron el programa, que se podía decir que eran la crema y nata de la población trans porque estaban terminando o habían hecho alguna vez estudios terciarios, en menos de dos años finalizaron sus carreras. Incluso, hay una persona que ya está armando su proceso de maestría. Esto demuestra que cuando se dan ciertas oportunidades y se generan ciertos procesos, hay trayectorias  como decía la activista trans argentina Lohana Berkins, quien planteaba que cuando se nombraba a las personas trans siempre se limitaban a lo médico o a lo prostibulario. Incluso, ocurre que pensarse de otra manera resulta muy difícil. Entonces, cuando se abren estas políticas surgen otros desafíos, como el de ver psicólogas, docentes, abogadas, etcétera; pocos ejemplos, pero los hay.

                Con respecto al proceso, esta ley no es solo un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social, sino que fue elaborada en el Consejo Nacional para Políticas Públicas de Diversidad Sexual, de acuerdo con el decreto del Poder Ejecutivo de diciembre de 2015. Además, participaron en la iniciativa la sociedad civil organizada de la diversidad sexual, la central sindical, la Cámara de Comercio LGBT, además de varias oficinas del Poder Ejecutivo. Por otra parte, por invitación, participaron otras instituciones del Estado, como la Universidad de la República –su Consejo Directivo Central nombró un delegado para participar–, el Codicén, técnicos de distintos ministerios, algunos de forma específica y otros durante la discusión del proceso. Para nombrar algunos jerarcas de esas carteras, podemos decir que participaron directamente la exsubsecretaria Lustemberg, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, el hoy senador y exdirector general del Ministerio del Interior, Charles Carrera, la ministra de educación y cultura, María Julia Muñoz, el titular de esa subsecretaría, y el Ministerio de Economía y Finanzas que actuó con un equipo que trabajó directamente en el proyecto. Quiero destacar que, además, el ministro de Economía y Finanzas dio su visión sobre esta temática en uno de los Consejos de Ministros.

                Por todas estas razones quería hablar sobre el proceso de esta iniciativa que comenzó a ser discutida en diciembre de 2016. Nos llevó un año de discusión porque pasó por varios ministerios, por varias instituciones y, además, contó con el apoyo de la sociedad civil organizada.

                Por último, en cuanto a los componentes o  respuestas del proyecto de ley, antes que nada deseamos remarcar que es integral. Con esto queremos decir que nuestra idea es tratar de dar respuesta a varias situaciones y a esa multidimensionalidad de la exclusión de las personas trans.

                El segundo aspecto a destacar es que también tiene una perspectiva del ciclo de vida. No son lo mismo las acciones que debemos tomar con las personas trans mayores de cuarenta años que las que tenemos que tomar con las personas trans que vendrán o las que ya existen y son adolescentes.

                Quisiera remarcar algunas cosas. El artículo 1.º del proyecto de ley reconoce que la población trans que habita el territorio nacional ha sido históricamente víctima de discriminación y estigmatización.

                El artículo 2.º asegura el derecho de las personas trans a una vida digna, libre de discriminación y estigmatización. Uno podría preguntarse para qué hacer esto. Como muy bien lo señalaba la señora ministra, si fuera por la Constitución de la república, no deberían existir todos los datos que dimos a nivel de exclusión. Si fuera por nuestras capacidades y virtudes, todos los datos que dimos hoy, repito, no deberían existir. Por tanto, a nivel Estado es necesario reconocer que si bien nuestra Constitución dice que somos todos iguales, a veces hay personas que no son consideradas tan iguales. Esa es la finalidad del artículo 2.º.

                Quisiera referirme ahora a los artículos centrales del proyecto de ley.

                Así pues, el artículo 5.º modifica el trámite judicial de adecuación registral de nombre y sexo, y lo pasa a un trámite administrativo. Para ello toma como ejemplo la legislación española y la argentina. Queremos hacer notar que esto se hizo en conjunto con la Dirección General del Registro de Estado Civil, la que está de acuerdo con este proceso. Es de destacar que la inspectora Adriana Boggio trabajó con nosotros en este proceso.

                El artículo 7.º es el que hizo más famoso al proyecto de ley. Establece un régimen reparatorio para aquellas personas trans que hayan sufrido daño moral, físico y/o sicológico e impedimentos en el ejercicio de sus derechos debido a prácticas dicriminatorias ejercidas por el Estado. En este punto quiero aclarar tres aspectos: el primero de ellos es que no es para todas las personas trans. En segundo término, tiene un corte, que lo establece el propio articulado. Y, en tercer lugar, debe probarse ante una comisión que realmente existieron esos delitos o abusos. También podríamos explicar el artículo 7.º desde dos puntos de vista, uno de ellos, por estos derechos. Si fuera más amplio, si fuera para todas las personas mayores de equis edad, también sería una adaptación a lo que hoy es ser una persona adulta mayor en las personas trans; podría explicarlo desde ese punto también. Con esto quiero decir que al día de hoy es muy difícil que las personas trans lleguen a prestaciones tales como la pensión a la vejez o la asistencia a la vejez porque mayoritariamente mueren antes.

                Por último, deseo remarcar los artículos 9.º, 10 y 14, que son muy importantes y se centran mayormente en las nuevas generaciones.

                En el caso del artículo 14 se establece que los sistemas de becas y apoyos estudiantiles que se resuelvan y asignen a nivel nacional y departamental deberán incorporar cupos del 2% para personas trans en su resolución y asignación. Para nosotros este artículo es muy importante. No sé si los señores senadores están informados, pero desde el Ministerio de Desarrollo Social –y desde esta dirección en particular– participamos del Sistema de Protección de Trayectorias Educativas de la ANEP. Tenemos funcionarios que trabajan allí. En este proceso nos comprometemos, además de la beca, al acompañamiento de ellas. ¿Por qué digo esto? Porque para nosotros significa una puerta de entrada del Estado para tratar, sobre todo, el tema del abandono por parte del hogar. Lo que tenemos que tratar de evitar es que estas personas sean expulsadas de sus hogares de forma sistemática. Entonces, esto nos permite una cercanía para tratar el tema. Obviamente que el Estado no se puede meter en el hogar a definir qué se hace allí, pero sí puede tratar de generar una contención cuando aparece un conflicto vinculado a esta temática, cuando se vulnera el derecho de una persona y es expulsada de su casa.

                Por otro lado, está el tema de los cupos laborales. En el documento al que nos referimos tenemos la fundamentación de por qué es importante, y ya lo hicimos, es decir que podemos demostrar que funcionó.

                Finalmente, en el caso de los artículos 16 y 17, lo que hacemos es darles estatus legal a todas estas resoluciones que ya tiene el Ministerio de Salud Pública y que además están presupuestadas y están dentro de sus prestaciones. Hoy todo esto está sostenido por resoluciones ministeriales o de las autoridades de ASSE.

                Pido disculpas por lo extenso de mi explicación.

SEÑORA MINISTRA.- Quiero resaltar dos aspectos de la exposición de Federico Graña.

                Una de ellas es que tenemos evidencia empírica con respecto a la inclusión laboral. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de Uruguay Trabaja, donde tenemos, en general, éxitos y algún fracaso, porque eso también pasa. Estamos diciendo que son todas personas, y algunas personas tenemos éxito y otras no. Esto se aplica para las personas trans, pero también para las que no son trans, en Uruguay Trabaja y en la modalidad de trabajo protegido. Además, estamos avanzando con éxito en la capacitación para las cooperativas sociales. Y queremos decir que a nivel de las transnacionales es donde hemos encontrado eco –por ejemplo, en IBM– para tener cupos de inclusión laboral, porque es parte de su política a nivel internacional. En esto también nos apoyó la cámara.

                El otro aspecto que quiero destacar es que todos los ministerios o dependencias del Estado que están involucrados –como Identificación Civil– fueron partícipes del proyecto de ley. Es decir que no se trata de que al Mides se le ocurrió hacer algo y lo impuso. Lo mismo ocurre con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque cuando hay dinero que se tiene que destinar hubo acuerdo. Del mismo modo, hay acuerdos en cuanto a los temas laborales con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, etcétera. Es decir que todo esto tiene un respaldo desde ese punto de vista.

                Por otro lado, algo que ha aparecido muy fuertemente y que hemos contestado, porque nos han preguntado mucho al respecto, es que se trata de un derecho no hereditable, más allá de que en general no hay posibilidades de que esa pensión o esa reparación sea heredada por familiares. En la vida real no existe, pero por las dudas se aclara que esa reparación es para la persona que fue realmente agredida.

                En cuanto a los pocos casos que tenemos en el Mides, cuando pongo el extremo de la trabajadora que tiene una licenciatura y hoy está cursando una maestría, también pongo el ejemplo de que nosotros, como tantos organismos del Estado, tenemos el convenio con ANEP de ProCES, que permite a los funcionarios terminar el ciclo básico y el bachillerato. En este sentido, tenemos una trabajadora que ha hecho ya el ciclo básico con éxito y hoy está cursando cuarto, junto con otros trabajadores del Mides, obviamente. No son muchos, porque tenemos muchos profesionales, pero hay trabajadores –como algunos que vinieron de INDA– que no tenían el ciclo básico. Para eso hicimos este convenio con ANEP y con el programa ProCES.

SEÑORA XAVIER.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer a la señora ministra y a su equipo por venir. Es un gusto recibirlos.

                Cuando legislamos con relación al cambio de sexo registral, uno de los núcleos de debate en esta cámara fue el tema de la edad. No me cabe la menor duda de que desde el punto de vista de las políticas públicas y de las leyes que las rigen, existe suficiente evidencia científica en cuanto a que se debe contemplar la edad de la adolescencia. Si no es así, estamos llegando tarde con la ayuda y el propósito de que la situación se encamine de la mejor forma. Esto no abre juicios de valor, sino que decimos que muchas veces los hogares familiares se ven enfrentados a situaciones que no tienen idea de cómo manejar.

                Como decía Graña, la evidencia científica muestra que se puede ayudar a conducir de la mejor manera una serie de procesos. No solo la expectativa de vida de este grupo es muy limitada con respecto a la general, sino que también hay una tasa de suicidios importante en esta población, en función de la soledad y el desamparo en el que viven, lo que se agudiza particularmente en la edad de la adolescencia.

                Leeré todo el material que trajeron, porque me parece importante conocer la legislación comparada de otros países, sobre todo aquella que tenga más tiempo. Me gustaría saber si se puede evaluar cómo incide la aplicación de las políticas públicas si se contempla este rango etario y si no se contempla, como es el caso de la ley uruguaya para el cambio de sexo registral, que tiene previsión desde la edad adulta.

                Por otra parte, por más que uno haya escuchado voces en contra, estoy absolutamente de acuerdo con la reparación que prevé este proyecto de ley para las personas trans que vieron violados sus derechos humanos en la época de la dictadura. Evidentemente, hay mucha información y muchos relatos sobre cómo se abusó de la realidad  y de los derechos de esas personas en esa época en que todos teníamos violentados nuestros derechos básicos.

                Quiero plantear acá las únicas dudas que tengo. Algunos de los datos ya son bastante ilustrativos y nos hacen reflexionar sobre estos números que tienen que ver con el cambio de sexo registral. Justamente, a diferencia de otras leyes que podían ser las referentes, como la española, no exigíamos que hubiera procedimientos quirúrgicos para poder adaptar la documentación y el sexo registral. En ese sentido, me parece que logramos una flexibilidad en la norma uruguaya que es buena.

                Me preocupa que estemos ajustando el procedimiento en función de las insuficiencias que el Estado habría mostrado para que esta adecuación se hiciera de mejor manera. Graña decía que el 19 % ya adecuó su documentación a su definición  e identidad; 19 % está procesando ese cambio, y 62 % no habría tenido intenciones de hacerlo. Más allá de que la vía jurídica va a suponer costos adicionales y la que está propuesta en este proyecto de ley sería menos onerosa, me parece importante saber qué tiempo lleva, independientemente del recurso que pueda tener la persona que encara un proceso de esta naturaleza. A mí me gustaría que este proyecto de ley tuviera el mejor procedimiento en función de cumplir con el objetivo que la ley establece y no tener que adecuar la ley porque el Estado, desde el punto de vista administrativo, no da respuestas. Capaz que esto puede ser difícil de evaluar. Capaz que los colectivos pueden mostrar no solo la dificultad, desde el punto de vista oneroso, sino, también, las trabas que suponen –como ya se hizo referencia– volver a estigmatizarlos por parte del Estado. Por esta razón es que sistemáticamente hay que ver cómo se adecuan los procedimientos al reconocimiento de los derechos de estas personas. Obviamente, ninguna de las preguntas a las que se hizo referencia puede estar dentro de un procedimiento adecuado. En ese sentido, quisiera saber cuál es el plazo que lleva un trámite de esta naturaleza porque si hay una insuficiencia –sin duda, una dificultad de adecuación cultural de los operadores del Estado–, no quiero taparla modificando la ley, sino que sea el mejor procedimiento el que está sugerido acá.

SEÑOR OTHEGUY.- Antes de comenzar, quiero saludar a la delegación y agradecerles esta presentación tan completa.

                Claramente con este proyecto de ley estamos dando respuesta a una necesidad de manera integral, más allá de aspectos puntuales que habrá que discutir.

Con respecto a lo que señalaba la señora senadora Xavier, después de haber visto legislación comparada tanto argentina como española –creo que en Valencia hay una ley más reciente que prevé el cambio de adecuación registral, que por lo que he visto es un trámite administrativo–, quisiera saber cuál es el fundamento para incluir esta comisión de cambio de género, más allá de que me parece que crear comisiones siempre agrega burocracia que poco contribuye.

SEÑORA PAYSSÉ.- Ya que estamos abordando algunos artículos a los efectos de despejar dos dudas, no en cuanto a la redacción, sino a la comprensión, me gustaría saber lo siguiente. Cuando el literal c) del artículo 3.º se refiere a persona trans dice «…y sin prejuzgar otras acepciones sociales…»; planteo esta inquietud porque para el lenguaje legislativo es importante tener claro lo que se dice y por lo menos de la lectura me surge esta duda, que capaz puede aclararse.

La otra duda está vinculada al artículo 4.º de la Ley n.º 18620, cuando dice: «deberá ser presentado ante el Oficial de Registro del Estado Civil correspondiente…». Yo sé que el Registro Civil tiene sus oficinas, pero también existen los juzgados de paz, que no son las oficinas correspondientes del Registro Civil. Entonces, ¿pensaron en eso o las dejaron afuera y hay que agregarlas? Me parece que habría que agregarlas.

Estos son dos aspectos generales que me surgen de la lectura a cuenta de alguna otra cosa que pueda aparecer en el debate y en el intercambio que aquí se dan para mejorar la redacción o para dejarla tal como está.

SEÑOR PRESIDENTE.- Están pendientes las respuestas a los planteos de las senadoras Xavier y Payssé y del senador Otheguy. 

SEÑOR GRAÑA.- Me voy a referir solo a dos preguntas.

Con respecto a lo que decía la senadora Payssé sobre los Juzgados de Paz, nosotros creíamos que ya estaban incluidos, pero si no es así bienvenido sea lo manifestado por la señora senadora.

                En cuanto a lo que mencionó el senador Otheguy de la comisión, es necesario que los senadores sepan que, como todo proceso de construcción colectiva, surgió de propuestas de distintos ámbitos, pero el Poder Ejecutivo no estaba de acuerdo con su existencia. Lo que sucedió fue que algunas organizaciones –sobre todo las trans– querían que existiera basándose, sobre todo, en el buen acompañamiento de las personas que fueron miembros de la comisión. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico o de su concepción, coincidimos con el senador Otheguy en que es innecesaria y no debería existir.

SEÑORA GAINZA.- La respuesta a la consulta de la senadora Xavier sobre el rol de la comisión y si vale la pena hacer un cambio legislativo, que nos lleve de un trámite judicial a un trámite administrativo, sería la misma que la del señor Graña al senador Otheguy.

                 Por otra parte, no mencionamos que después del censo se realizó un proceso cualitativo de entrevistas en profundidad a 40 personas; sobre ellas los puede ilustrar más la señora Techera. En ese proceso pudimos desentrañar algunas cuestiones que los datos duros no explicaban del todo o parecían contradictorias y necesitábamos conocer con mayor propiedad. Efectivamente, el rol de la comisión y la forma en que es tomada por las personas trans genera un fuerte rechazo en términos generales, primero porque es la que da una recomendación –iba a decir «juzga», pero no es la palabra– que llega al Poder Judicial. Ahí sí hay una cuestión de derecho a la identidad manifestada por muchas de las personas que tenían que someterse a todo ese proceso que, además, es costoso en tiempo, en energía, en sobreexposición, y muchas veces también en dinero, porque recordemos que la mayoría de las personas del país igualmente tiene que venir a Montevideo a concluir el proceso.

Las experiencias como las de Argentina demuestran que son mucho más eficientes en términos generales y que no surgen problemas de ningún tipo, secundarios, que supuestamente garantizaría el largo proceso judicial.

Hay un detalle muy importante que trajo la senadora, que tiene que ver con los menores de edad y cómo atender a la adolescencia. Esa también es otra de las cuestiones que apareció constantemente y, con seguridad, hay que poner aún más detalles en cómo mejorarlo. El sistema argentino resolvió todo ese proceso argumentando el interés superior del niño en muchas de las situaciones para resolver; se trata de dudas que se ven alrededor de la identidad de género de un adolescente, como se dan en otras tantas situaciones con respecto al mismo. Eso implica poder ver el nivel de desarrollo, de madurez, etcétera, de ese niño, como cuando se le consulta para cualquier otra cosa; es una buena forma de actuar. Por ejemplo, Argentina ha resuelto ese problema y ha sido muy efectiva y muy eficiente en esa construcción.

SEÑORA PAYSSÉ.- Voy a leer el literal c) del artículo 3.º, que trata de las definiciones. Dice que se entenderá por «persona trans a quien autopercibe y/o expresa –desde ya les anticipo que no va a ir «y/o», sino seguramente «o»– un género distinto al sexo que le fue legal y/o convencionalmente asignado al momento del nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación masculino/femenino. A los efectos de esta Ley y sin prejuzgar otras acepciones sociales actuales y futuras […]». Les aclaro que el verbo no me termina de convencer.

SEÑORA GAINZA.- A lo que hace referencia es a lo siguiente. Vieron que la clasificación menciona travestis, transgéneros y transexuales. Más allá de las características de cada una de estas identidades, la idea es que hay algunas que son móviles, como el transgénero, que no necesariamente en algún momento de la vida, o a partir de un momento, la persona termina de asumir absolutamente esa identidad. Entonces, lo que pretende decir ese verbo –que probablemente no sea feliz– es: sin prejuzgar, sin la necesidad de atar a uno o a otro desde el vamos.

SEÑORA SUÁREZ.- Quería aclarar algo que se cuestionaba, porque esa fue mi interpretación en todo momento, aunque esa no es exactamente la palabra que quiero usar. La senadora Xavier hacía un planteo con respecto a los procedimientos, en cuanto a que se pasa de uno judicial a uno administrativo, principalmente porque se detectan los problemas que hay para desarrollarlo para la mayoría de la población trans y por qué subsistía; eso también se planteaba en la comisión. Yo lo interpreté porque lo que se plantea en el proyecto es la modificación, exclusivamente, del artículo 4.º de la Ley n.º 18620. Eso implica que es el procedimiento, pero no los requisitos. Entonces, en el procedimiento, tal cual hoy está vigente, quien vendría de alguna manera a establecer el cumplimiento de los requisitos del artículo 3.º de la Ley n.º 18620 es el juez, con la prueba que se presenta, que la mayoría de las veces es exclusivamente testimonial porque los requisitos son muy simples. Se plantea que hay una persona que las 24 horas del día, los 365 días al año, tiene una identidad social que no coincide con su documentación; y lo otro es que tiene una mínima persistencia de dos años.

                Estos elementos son centrales porque, desde la Constitución y toda la normativa posterior, el estado civil implica la estabilidad y no la permanencia o inmutabilidad y, para poder cambiarlo, tiene que haber algún tipo de comprobación efectiva, sobre todo, de los elementos que permiten, nada más y nada menos, que cambiar el sexo y el nombre. Entonces, si ya despojamos al Poder Judicial para facilitar el acceso y hacer que la norma sea más amplia, alguien lo va a tener que comprobar.

                Creo que el informe de una comisión que, en realidad, sea más amigable y que cuente con funcionarios que tengan experiencia en cuestiones vinculadas a la diversidad, me parece una alternativa muy viable. Pienso que esa comisión debería existir, más allá de la exitosa trayectoria que tenga en materia de relacionamiento con la población trans porque, de lo contrario, nos quedamos sin un agente de comprobación de los requisitos. Dado que nuestro planteo consiste en que el informe vaya de la comisión al agente oficial, sin potestad alguna de que se diga nada en contra, sino que simplemente lleve adelante los cambios que corresponden sin objetar, si quitamos la comisión no tenemos quién pueda comprobar esos elementos. No sé si esta interpretación es compartida por nuestros honorables invitados, pero esta es la que hice apenas tuve contacto con el proyecto de ley.

                Recuerdo que cuando se debatió el proyecto de la actual Ley n.º 18620, específicamente se discutió qué hacíamos con los menores de edad, pero luego ese tema se quitó. Ahora bien, con la redacción de la norma, por lo menos los abogados nos hacemos un picnic, pues establece algo que siempre se dice: «Toda persona podrá solicitar», sin aclarar «mayor de dieciocho años». Entonces, ¿qué hacíamos todos los abogados? Por más que la historia fidedigna de su sanción da elementos por los cuales se quitó, la norma tiene voluntad propia y autónoma de su legislador.

                Nuestro planteo apunta a que, ya que la norma no dice que un menor de dieciocho años no puede, por el artículo 8 del Código de la Niñez y la Adolescencia se establece que los menores tienen derecho a ser oídos y a ejercer sus derechos en forma autónoma. Entonces, lo que hacíamos era presentar a los menores con la representación de la patria potestad o de sus tutores –de esa manera se podía proceder al cambio–, pero se generaba algún problema cuando existía desacuerdo, principalmente entre los padres. Sin embargo, esta norma tiene una gran sabiduría porque, pese a estar ante un tema muy complejo, plantea la solución, recurriendo al artículo 110 del Código Civil, relativo a los famosos procesos de irracional disenso. Si bien la norma los creó para cuando hubiera no consentimiento en el matrimonio y, por lo tanto, el menor de edad podía presentarse ante un juzgado y pedir que el juez subrogara el consentimiento de los padres bajo condiciones fundadas de que ese disenso no era racional, sino simplemente antojadizo o arbitrario, al colocar esta estructura bastante rápida, soluciona el problema. En fin, cuando no tenemos a los padres o tutores de acuerdo, existe un procedimiento al cual recurrir que, además, tiene larga data.

                Fue así que, ante las preguntas, pensé que esta interpretación podría de alguna manera zanjar el problema. En realidad, me gustaría saber si mi interpretación es o no correcta.

SEÑORA MINISTRA.- Pienso que no podemos resolver en una reunión de comisión algo que ha tenido un largo proceso de debate y negociación en el que, como decía el director Federico Graña, como pasa siempre, todos y todas –y está muy bien que sea democráticamente– hemos dejado afuera asuntos que nos hubiera gustado que estuvieran. De todas maneras, creo que una interpretación posible es la que hacía la señora senadora Suárez. Como decía el señor senador Otheguy, tengo la misma saludable falta de entusiasmo por las comisiones. Sin pretender tener la razón, quiero decir que los seres humanos somos complejos. Artigas decía que la probidad de los hombres es muy veleidosa, a lo que yo agrego que la probidad de los hombres y de las mujeres es veleidosa, y eso es algo que he aprendido en el gobierno. Está muy bien que hagamos todo lo posible para ponernos de acuerdo en las leyes, de manera que lo que quisimos hacer sea lo que efectivamente luego se haga.

                También comparto la idea de que parte de estos procesos dejen de ser judicializados. Cuando se trató la ley integral de violencia basada en género planteamos que la revictimización y el hecho de pasar por los juzgados hace que muchas veces la ley no se pueda cumplir porque la persona no están en condiciones de soportar toda esa presión y, en cierta medida, la agresión que implican los trámites. Si a mí me resulta realmente fastidioso hacer un trámite común y corriente, pensemos en todo lo que implica ese proceso humano, identitario y afectivo tremendo; entonces, cuanto más fácil sea, mejor, y evitar que para que se tome una decisión se pase por un proceso tan largo. Esa sería la recomendación general que le haría a la comisión. No sé si los compañeros están de acuerdo.

SEÑORA ASIAÍN.- Les pido disculpas pero tengo que retirarme. No quería hacerlo sin despedirme.

SEÑOR PRESIDENTE.- Como dijo la señora ministra esta es una cuestión de avances. Nos vamos con muchos insumos y seguramente vamos a tener más de una instancia para poder intercambiar preguntas y generar aportes en todo sentido. Ojalá que con esta iniciativa suceda lo mismo que con la ley de género que está a punto de ser votada y sobre la cual la comisión trabajó con consenso y realmente muy bien.

                Muchas gracias por su presencia.

SEÑORA MINISTRA.- Muchas gracias, señor presidente.

                Todo el equipo está a disposición. Incluso, no es necesario que yo concurra, en tanto quienes me acompañan manejan mucho mejor el tema. Todos son técnicos con mucho conocimiento de estos asuntos y realmente pueden brindar todo el apoyo necesario, tanto en grupo de trabajo como en comisión. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias, señora  ministra.

(Se retira de sala la señora ministra y asesores).

 

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

               

                –La comisión resuelve por unanimidad, en primer lugar, que en la sesión del plenario de mañana se solicite la postergación de la votación del proyecto de ley sobre violencia basada en género a solicitud de diferentes instituciones y organizaciones  y, en segundo lugar, que se ponga a consideración el día miércoles 15.

–No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 17:34).

 

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.