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Carátula

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 13:06).

                –La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado tiene el gusto de recibir a los señores Ramón Erro y Felipe Lecueder, de Dolores. Hasta ahora hemos ido invitando a una serie de delegaciones de instituciones vinculadas con el uso del riego en el país, en función del proyecto de ley que propone modificaciones a la Ley n.º 16.858, relativa al riego. Entiendo que nuestros invitados ya han recibido el material enviado por secretaría que contiene las versiones taquigráficas de las sesiones anteriores de esta comisión. El distribuido del proyecto de ley consta de tres columnas, una correspondiente a la ley actual, otra con el proyecto de ley del Poder Ejecutivo y en la tercera está la modificación por la bancada de gobierno a la iniciativa del mencionado Poder.

 La idea de la comisión es escuchar a todos los actores vinculados a este tema del riego, a fin de poder elaborar una ley contando con toda la casuística que existe en la materia. Nuestra intención es ayudar a que las cosas sucedan y no generar más complicaciones.

                Dejamos en uso de la palabra al señor Erro.

SEÑOR ERRO.- Nosotros somos usuarios de riego desde 1996 e hicimos una represa en Soriano, en virtud de la ley del Prenader y también hemos sido impulsores del riego desde el área comercial, porque representamos una marca líder a nivel mundial desde esa época.

SEÑOR PRESIDENTE.- Disculpe que lo interrumpa, pero olvidé expresar nuestro agradecimiento al señor senador Besozzi, ya que como locatario fue quien coordinó las visitas de la gente de Soriano.

                Puede continuar, señor Erro.

SEÑOR ERRO.- Cuando el señor senador Besozzi era intendente de Soriano nosotros trabajamos bastante con el señor ministro Aguerre en un proyecto que llamamos Cabeza de Agua, que es una represa multipredial privada, ubicada en campos cercanos a los nuestros, donde hay previsto un lago. Eso implicaba tener 2.000 hectáreas bajo riego, alrededor de una planta de producción de semillas de Barraca Erro, que es nuestra empresa. Esta planta, a su vez, está a 40 kilómetros del Puerto de Nueva Palmira. Quiere decir que esa inversión se busca llevarla a cabo en una zona a la que se genera mucho valor agregado.

Al ministro Aguerre en un principio le llamó la atención lo rápido que nos pusimos de acuerdo con los propietarios de los campos, ya que había que tener en cuenta cinco o seis partes, es decir, el área para inundar, la forma de pago, etcétera. Eso se zanjó rápidamente y los integrantes de Cabeza de Agua estábamos dispuestos a llevar adelante la inversión. Sin embargo, el principal problema que debíamos enfrentar era el del costo de la energía. Para nosotros hacer llegar la luz hasta el lugar de la represa implicaba una inversión de USD 500.000, lo que hizo el emprendimiento totalmente inviable.

O sea que más allá de la propia ley de riego, si hay interés en promoverlo, no hay que olvidarse –al ser una empresa pública– que hay que viabilizar todas las aristas y la energía es un tema fundamental en el riego.

SEÑOR LECUEDER.- He participado de cerca en el proyecto y, tal como dijo el señor Erro, si bien no existe precedente en el Uruguay de un proyecto de represas multiprediales –en las que se inundan campos de varias personas y se riegan campos de otras–, fue muy rápido armarlo. Cabe destacar que en el camino nos encontramos con varias limitantes que fueron seguidas de cerca por el ministro Aguerre y muchos de los problemas fueron tenidos en cuenta a la hora de elaborar la nueva ley.

                Básicamente, creemos que el costo de la energía es una complicación bastante importante, por varias razones: en primer lugar, por la inversión inicial que requiere; en segundo lugar por los tiempos que implica llevar a cabo la inversión –que hace dilatar en el tiempo la construcción de la represa y el riego– y, en tercer lugar, por la modalidad de pago de la energía eléctrica.

Actualmente, la UTE tiene fijado un cargo fijo y uno variable lo que hace que la estacionalidad del riego tenga un costo muy elevado durante todo el año, cuando solo se utiliza durante un período concentrado en el verano. Incluso, tampoco coincide con la alta demanda que tienen las grandes ciudades, que es de 18 a 23 horas, y el riego queda desfasado de ese horario. Además, surgieron complicaciones para elaborar algo en conjunto, para que la misma potencia que no se utiliza en las ciudades, se destine al riego en horarios de la noche.

SEÑOR BERTERRECHE.- Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí.

                Tengo  tres  dudas  que  deseo  evacuar. En  primer  lugar, no entiendo –quizá sea porque no tengo el proyecto de ley adelante– por qué el costo de la energía es un problema porque este proyecto de ley fue pensado para llevarlo a cabo aguas abajo, utilizando el beneficio de hacerlo por un gradiente topográfico. Entonces, no debería haber levantes.

                En segundo lugar, quería saber si este proyecto de ley levanta las restricciones que ustedes ven.

                Y, en tercer lugar, en este proyecto de ley se incluye la posibilidad de microgeneración hidroeléctrica. Quisiera saber si hay posibilidad de producir su propia energía para cubrir las necesidades eléctricas.

SEÑOR LECUEDER.- Lo de aguas abajo corresponde al proyecto de la represa en el río San Salvador, no es el caso de la represa en la que está participando Cabeza de Agua, que es una represa que riega los campos de alrededor, con levante y agua presurizada para riego por pivote. Esa es la principal diferencia entre los dos proyectos.

En cuanto al levante de las restricciones, no identificamos ningún punto en la nueva ley que hable de energía ni de que obtengamos facilidades por parte de la UTE. Sí existen líneas especiales de crédito para compra de equipos, materiales para obra y créditos o exoneraciones fiscales para determinadas inversiones.

                En cuanto a la microgeneración a nivel predial, lo hemos estudiado en algunos casos y encontramos que hay un desfasaje entre la generación de energía –que es constante y a un ritmo relativamente bajo– y la demanda energética de los sistemas de riego, que es más concentrada en horario de la noche. Esto ha pasado mucho con la generación solar, pues la generación fotovoltaica es concentrada en algunas horas del día y es muy costoso almacenarla para luego regar durante más horas o durante la noche.

SEÑOR ERRO.- Con referencia al tema de las restricciones, quería decir que antes no podíamos hacer uso de la ley de inversiones como integrantes de Cabeza de Agua y ahora sí. Esta es una ventaja importante, porque la imposibilidad de juntar agua en un solo predio o en el predio propio hace que vayamos a uno exterior. Entonces, el hecho de que esa inversión entre en el beneficio, como si se hiciera en el predio propio, es importante, porque es una inversión de la empresa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ustedes planteaban, por un lado, un tema de costo vinculado a la energía y, por otro, un tema de beneficios fiscales. Entonces, según el proyecto que estamos considerando, al permitir estar en la ley de promoción de inversiones eso estaría incluido. ¿Es así?

SEÑOR ERRO.- Sí, exacto. Si se me pregunta si se han levantado las restricciones yo contesto que sí según la nueva ley.

SEÑOR DE LEON.- Es interesante la experiencia de ustedes para conocer algunas cuestiones.  Creo que ya fue contestado el tema de si por medio de este proyecto se levantan algunas de las restricciones. Por ejemplo, ya estaría resuelto el tema de que puedan incluirse en la promoción de inversiones. Pero hay otras limitantes, como el tema de la energía ya que según el proyecto de ustedes necesariamente se debe hacer levantes. En ese caso el tema energético no estaría incluido.

 Ahora bien, quisiera saber concretamente qué otras limitantes encontraron en el proyecto que hayan llevado a que no lo pudieran concretar hasta el momento. Por lo que planteaban, esto tiene un potencial de 2.000 hectáreas. Quisiera saber si eso incluye sólo un uso de ustedes o también de otros productores o terceros. ¿Cómo estarían distribuidas esas 2.000 hectáreas? Es decir, ¿qué porcentaje sería para ustedes y cuál para terceros?

                Además, quisiera conocer –sin entrar en detalle– cómo tienen planteado en el modelo de negocios el repago de ese servicio que ustedes brindan a terceros. También quiero saber qué cultivos piensan que van a ser fundamentalmente los que se desarrollen en esas 2.000 hectáreas y si está previsto que la demanda de agua sea en todas las zafras o sería sólo en algunos casos para que esté prevista la oferta de agua cuando sea necesario. A su vez pregunto cómo entra eso en el modelo de negocios. En definitiva, lo que estoy consultando es si esto está armado pensando en que se va a regar el 100% del área durante todo el período de cultivo de verano, en todas las zafras, o si está previsto que en función de las necesidades se vaya a utilizar en determinados períodos y no en otros, y si igualmente el modelo de negocios cierra. Aclaro que estoy pensando siempre en el caso de los terceros.

SEÑOR ERRO.- Éramos cuatro o cinco las empresas productoras que, coincidentemente, hacíamos la inversión y, a su vez, usufructuábamos el servicio. Por un lado, formábamos Cabeza de Agua, que iba a ser una especie de sociedad anónima en la cual seríamos accionistas y esa misma empresa vendería a las empresas que son, coincidentemente, sus mismos accionistas, aunque en porcentajes diferentes. Uno de los criterios que habíamos establecido fue que Cabeza de Agua debería ganar lo mínimo, o sea, que fuera una empresa que flote y un poquito más pero no había que generarle mucha estructura porque si no, perdíamos el cometido del riego.

                Los cultivos son de libre elección para cualquiera; en este caso, obviamente, nosotros estamos involucrados y toda la parte comercial nos incumbe. Me refiero  a la  producción  de semillas  de  soja  para   Uruguay –justamente esas dos mil hectáreas están alrededor de nuestra planta de semillas que fue hecha con los beneficios de la ANII–, a semillas de soja contra estación que producimos para Estados Unidos, a maíz para grano o para ensilaje, a semilleros de tréboles, alfalfa y demás, en fin, a todo lo que pueden ser cultivos de alto valor comercial. Está pensado para eso y algunos de los integrantes somos regantes y hacemos esas cosas; o sea, lo que hacemos con esto es ampliar el área regable.

SEÑOR BESOZZI.- Ante todo, les agradezco que hayan venido.

                Siempre se dice que cuando se elaboran los proyectos de ley se consulta poco, pero creo que esta comisión está intentando conversar con todos los actores del sector que en el ministerio se lo denomina segundo piso del país.

                Tengo la impresión –por lo que se desprende de sus expresiones– de que la mayor complicación que tuvieron fue lo relacionado con la energía. El resto de los aspectos estaban resueltos o se iban a resolver por medio de la ley de inversiones. En cambio, el tema energético fue el que les puso el palo más grande en la rueda.

                El señor senador Berterreche hizo referencia al tema de la represa, donde hay dos proyectos distintos: el de San Salvador y este, pero los dos tienen levante de agua. Por más que el de San Salvador sea corrientes abajo, cuando el productor va a regar, en algún momento tiene que levantar agua; por lo tanto, siempre va a tener la problemática de la energía. Me gustaría saber si esa problemática está constituida por el costo como tal o por el costo del traslado de esa energía al lugar donde se va a precisar.

SEÑOR ERRO.- Son las dos cosas.

SEÑOR LECUEDER.- Cuando me referí al tema de la energía, mencioné tres puntos, que voy a reiterar. El primero de ellos es la inversión inicial en llevar la energía, o reforzar las líneas para la potencia que demandaba el proyecto; esa es la limitante que, según lo que decía Erro, podría solucionarse mediante los beneficios de la ley de inversiones. Y los otros dos puntos están en el costo de la energía como tal, por la forma cómo está armada esa tarifa que mencioné.

SEÑOR ERRO.- Allí hay un punto clave que es el enganche a esa energía, porque hay un período en el que no se necesita la energía y uno se descuelga. Esto lo he observado como reclamo, y ustedes lo habrán visto en lo que se relaciona con el arroz. En ese sector se quejan mucho del costo de la energía, de los costos de conectarse y también de la mala calidad del servicio porque se les corta la energía y eso les da problemas en las bombas, etcétera. Ese reclamo lo vi, incluso, en la inauguración de la cosecha del arroz donde estaba representado todo el Gobierno. Creo que en los últimos años el presidente de UTE ha sido el invitado más solicitado.

                Para nosotros es una de las limitantes más importantes del proyecto, porque nos parece que si vendemos un producto tenemos que  distribuirlo donde está el consumidor. Por ello,  no entendemos por qué nos cuesta USD 500.000 llevar la línea desde Cañada Nieto hasta donde está la toma de levante.  Es una limitante, diría, hasta conceptual.

SEÑOR BESSOZI.- Se podría llegar a generar energía en las de corriente abajo, pero en un espejo de agua es prácticamente imposible la generación de energía hidráulica.

SEÑOR BERTERRECHE.- Va en contra.

SEÑOR BESSOZI.- Exactamente.

SEÑOR ERRO.-  Nosotros también estamos muy en contacto con la cuenca San Salvador e integramos la comisión. Además, apoyamos todo este proyecto que nos parece muy interesante.

Conceptualmente el ministro inició este proceso. Ahora bien, cuando prendió en nosotros la semillita de lo que es hoy Cabeza de Agua, fuimos a Salto a ver un proyecto en Valentines de una represa donde el principal problema era que los dueños del campo no se  ponían de acuerdo para hacerla. Sin embargo, en nuestro caso nos pusimos de acuerdo enseguida, y fue lo primero que le llamó la atención al ministro. Si lo consultan seguramente les dirá que Cabeza de Agua resolvió rápidamente lo que en otros proyectos fue una limitante. 

Nos parece muy interesante el tema de la represa desde la cuenca San Salvador porque, en primer lugar, es la cuenca agrícola más importante del país, como ellos mismos lo dicen. Además se harían cuencas en lugares con campos menos fértiles  para la agricultura. O sea que el valor de esa tierra que van a inundar, no sería de alta productividad porque son campos con piedras, en cuchillas.

Esto lo trabajaremos desde Cabeza de Agua o desde la cuenca del San Salvador. Se usarían los ríos, en este caso el San Salvador, como una carretera de agua, que es la idea del ministro. Por ejemplo, como estas 2.000 hectáreas de riego están a tres kilómetros del río San Salvador, podríamos no hacer la inversión. Sé que están estudiando la ley pero como se habla de la cuenca del  San Salvador, creo que es importante decirlo. Hay restricciones; de hecho, la represa no la hacemos como un negocio para vender agua, sino para tener agua. Si hay un inversor que nos resuelve tener agua, el tema es –acá traigo el concepto de la UTE– cómo la traen a la puerta de mi casa, por medio de un canal, etcétera.

Todo nuestro sistema lleva 22 kilómetros de canales internos, dentro de los campos,  y nosotros estamos a tres kilómetros del río, las 2.000 hectáreas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quería comentar que uno de los artículos cuya modificación se ha propuesto habla de la posibilidad –como decía el señor senador Berterreche– de incluir la generación de energía eléctrica de fuente hidráulica, individual o colectiva.

                Una cosa es generar la habilitación y otra es la capacidad de usar la energía que se genera. Hay muchos casos de generación propia que deben vender la generación a la UTE para que esta, a su vez,  le venda  energía eléctrica. Esto puede ser por varios temas: disposiciones de UTE;  situaciones vinculadas  a la acumulación de energía; a la forma de abastecimiento de la demanda en función de las obras; así como por la uniformidad de la demanda y de la oferta.  

Me parece que antes de finalizar la consideración de este proyecto de ley –quizás es algo para proponer–, habría que convocar a las autoridades de UTE para analizar lo relativo a los plantes de este organismo con respecto a la energía eléctrica y el riego. Sería bueno conocer cómo piensa instrumentar esta fuente de generación eléctrica que se podría desarrollar a partir de este proyecto de ley. Si esto está pensado para crear una fuente de generación con el fin de vender energía a la UTE, sería bueno saber en qué condiciones se haría; también conocer las condiciones en que este organismo vendería a los regantes o usuarios de riego. En el caso del arroz, más que nada se hizo referencia al costo de la energía pero, en el de quienes nos visitan, hicieron referencia a algunos otros aspectos más, como el acceso a las líneas correspondientes.

SEÑOR GARÍN.- Nos comentaron que no tuvieron mayores dificultades para llegar a acuerdos para crear la sociedad agraria de riego. ¿Llegaron a conformarla?

SEÑOR ERRO.- No.

SEÑOR GARÍN.- El ingeniero Lecueder habló de dos costos: uno de traslado de la energía al punto deseado y, el otro, el de la energía en sí misma. Cuando esté pronta la carretera, solamente quedará el costo de la energía para presurizar el agua, ¿estamos lejos de una tarifa que lo haga viable? No pretendo que se den números sino que se diga si se está lejos del punto de equilibrio, en el caso de que lo hayan analizado.

SEÑOR LECUEDER.- No estamos lejos y creo que se puede lograr.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos su presencia porque a partir de esta exposición han surgido algunas otras ideas que quizás podamos analizar en la comisión, para ver cómo se vincula esta posibilidad de microgeneración, con el uso que UTE da para el uso del riego; si es vía UTE o directamente es de consumo propio.  Más allá de que esté en la ley o no –quizás no es un tema de ley–, al menos es bueno tenerlo claro.

SEÑOR BESOZZI.- En la Expo Activa, en la que estuvieron presentes el expresidente Mujica y el ministro Aguerre, pude ver algunas propuestas de energía fotovoltaica y solar. ¿Existe alguna posibilidad de utilizar este tipo de energía?

SEÑOR ERRO.- Nosotros tenemos un pequeño parque fotovoltaico porque la ley de inversiones nos lo permite y, bueno, hicimos la inversión y compramos y vendemos. No es algo significativo pero tenemos algo que, en definitiva, el Estado nos lo pone como zanahoria y lo utilizamos, pero no me parece algo viable.

                Como punto final, quiero decir que este proyecto de ley tendría que tener en cuenta que el regante busca tener disponibilidad del agua y la posibilidad de usarla con un fin económico viable. Entonces, esto va para la UTE, las carreteras de riego y demás. Recién hablábamos de India Muerta con el ingeniero Lecueder porque su familia es de allí y por tanto conoce bastante la zona de Treinta y Tres. Uno puede imaginar cómo era esa zona en el pasado y puede ver el efecto que se logró. En este caso, imagino lo que podría hacerse en la cuenca del San Salvador. Solamente hay 28 tomas, a tope, en la cuenca agrícola más importante del país, por lo que el efecto que eso puede crear es tremendo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quisiera saber si alguna de las propuestas modificativas de la ley les genera algún tipo de restricción, vinculado al marco legal que hoy tienen para poder regar.

SEÑOR ERRO.- El proyecto de ley habla de la posibilidad de pagar un canon. En nuestro caso, tenemos una represa que junta aguas públicas –porque es una cañada–  de una cuenca de 1.000 hectáreas y regamos de ahí; no pagamos ningún canon y entendemos que en este caso no habría que hacerlo, porque el que hizo la obra es el mismo que la usa. Ahí es donde me parece que la ley debe hablar de cuál es el objetivo, porque supongo que esto es parecido a cuando el ministerio de economía hace una ley de promoción de inversiones. Si el objetivo es promover el riego, no hay que perder de vista qué piensa el cliente, el regante, y qué necesita; me parece que este es el punto fundamental.

SEÑOR DE LEÓN.­-  ¿Cómo resolvieron el tema de las servidumbres en estas 2.000 hectáreas? Hago esta consulta porque en algunos emprendimientos resultó ser una de las limitantes o de las complejidades mayores.

SEÑOR ERRO.-  En nuestro caso no fue así. La represa la descubrí a ojo, motivado por la visita de Tabaré Aguerre. Estábamos cosechando y en una parte del arroyo que hay pajonales y blanqueales observé que se podía hacer una represa. Vimos que los campos que inundábamos no eran agrícolas, pero como algunos no eran de los socios de cabeza de agua empezamos a movernos siguiendo el siguiente criterio: al que le inundábamos ese campo, que hoy no es agrícola, le pagábamos durante un mínimo de 10 años a un máximo de 20, una renta agrícola acorde a la zona por el alquiler del agua. Este costo se suma al del mantenimiento de 22 kilómetros de canales y de la propia represa, entre otros, pero no tuvimos problemas de servidumbre porque lo arreglamos por el lado económico. Por ejemplo, si alguien te tiene que dar servidumbre de paso, le arrienda una parte del campo a la sociedad. Además, en este caso puntual, se trataba de campos marginales.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Les agradecemos la presencia.

(Se retiran de sala los representantes del grupo Cabeza de Agua de Dolores).

(Ingresa a sala el grupo de Regadores Unidos del Uruguay).

                –Es un gusto recibir a los integrantes del grupo Regadores Unidos del Uruguay ingeniero Hernán Masoller, señor Rinaldo Mazzilli y señor Carlos Marchesi, que vienen de Soriano. También quiero agradecer al señor senador Besozzi, que coordinó la visita.

                Estamos estudiando una modificación a la ley de riego y supongo que recibieron un comparativo que incluye la ley vigente, la propuesta de modificación del Poder Ejecutivo y una propuesta de nueva modificación. Es sobre esa última columna sobre la que estamos solicitando opiniones, críticas a la propuesta, sugerencias; pretendemos que nos digan cómo puede afectar o beneficiar las actividades que hoy están realizando.

SEÑOR MASOLLER.- En primer lugar, quiero agradecer la invitación porque nos dan la oportunidad de expresar nuestras opiniones y contarles lo que estamos viendo de productores que ya están regando y haciendo uso del agua.

                Antes de comentar algo sobre la ley, quería decir que nuestro grupo es una asociación que surgió de algunos productores de la zona de Mercedes. Es la primera asociación de regadores con riego suplementario con uso del agua por aspersión a base de equipos pivot. Hoy la asociación tiene 23 socios y suma 9.000 hectáreas de cultivos, pasturas y lechería bajo riego. Creemos que esas 9.000 hectáreas hoy representan un 45% o 50% del área de riego suplementario por pivot en Uruguay, lo que nos hace pensar que tenemos una masa crítica de productores y técnicos en riego.

                El objetivo de Regadores Unidos del Uruguay es apoyar la actividad del riego agrario en su sentido más amplio, reivindicar la necesidad de investigación, velar por la pluralidad de los conocimientos en riego de sus socios, ejercer el rol gremial para que agilice el diálogo y haga eficientes las negociaciones con diversos interlocutores, públicos y privados, y promover la participación de sus socios en juntas regionales asesoras de riego. Hoy varios de nuestros socios están presentes en las juntas regionales asesoras de riego y participamos bastante.

                En cuanto a la ley y sus modificaciones, quiero decir que somos grupos de  productores agropecuarios. Lo que nosotros entendemos es que permite que sea más atractivo almacenar agua y hace posible que otros actores que estaban excluidos sean integrados.

                Creemos que todo lo que implique almacenar agua, hacer cuencas o represas eficientes y apoyar el riego agrario es la clave del Uruguay.

En cuanto a la ley, el derecho agrario, etcétera, no tenemos competencia para dar una opinión. Pero sí apoyamos las modificaciones propuestas, que están pensadas con una mirada hacia adelante y van a hacer más fácil el almacenamiento de agua. En su momento veremos qué pasa después, pero son medidas que incentivan almacenar agua para riego agrario y eso es fundamental.

                A nosotros, como productores, el riego nos cambió la forma de producir. Cualquier productor agropecuario sabe lo que significa el agua para el campo. Y todos los productores que estamos en esta asociación estamos convencidos de que la forma de producir más es agregando agua. Estamos hablando de granos, leche, carne, etcétera. Es una forma de que el país genere más exportaciones y es importante para desarrollar el sector agropecuario, sin duda. Estamos convencidos de que pasar los períodos de seca con un sistema de riego va a favorecer al país y va a evitar pérdidas del sector agropecuario.

                Antes de venir a esta reunión, pensábamos en qué proyectos para el agro en el Uruguay funcionaron, en qué casos se hicieron políticas de Estado y se dieron incentivos para que caminaran.

La que nos surgió en primer lugar fue la ley forestal, que posibilitó que se desarrollara la forestación en Uruguay, lo que años atrás era casi impensable. Allí hubo una política de Estado clara y hoy tenemos fábricas que se instalan en el país.

Otra actividad que se desarrolló con empuje fue la siembra directa. Esto se desarrolló por conservación del suelo y también porque para el productor agropecuario era rentable: gastaba menos gasoil, movía menos suelo, necesitaba menos maquinaria.

Y el último empuje agrícola de estos años se dio porque el país aprovechó la ventaja dada por el precio de los commodities y se constituyó un área agrícola que llegó casi a los máximos históricos. Los puertos se agrandaron, las plantas de silo crecieron, los encierros crecieron. Estamos convencidos de que esto se logró porque los negocios eran claros y rentables.

En el grupo también discutimos qué políticas de riego habían existido antes. En el litoral, productores más veteranos que yo vivieron la época del Prenader. Hoy el 60% de las obras que se hicieron con Prenader se están utilizando, pero del 40% restante, muchas están abandonadas, sin uso. Tenemos el ejemplo de la Colonia Tomás Berreta, que es del Estado; allí hay más de veinte kilómetros de canales abandonados. O sea, eso fue un empuje de Prenader por incentivar el riego, pero faltaron cosas; fue un empuje de Prenader del que seguro se benefició el sector arrocero –pensamos que por eso se extendió este sector–, pero en el caso del riego suplementario, como lo hacemos nosotros, por aspersión, muchas de las obras impulsadas por este programa quedaron abandonadas. Quedó el cuento de Prenader en el barrio.

                ¿Qué nos pasa hoy? ¿Cómo vemos nosotros el desarrollo del riego? El desarrollo del riego lo vemos como una iniciativa política de este Gobierno, que sabe que a través del agua se podrá duplicar la producción, lograr cosas muy importantes y está convencido. Compartimos ese sentimiento, pues estamos convencidos de que para aumentar la producción en un país tan chico como el nuestro, nos tenemos que basar en el agua, recurso muy importante en el sector agropecuario. Creo que no tenemos la cultura de regar, pero se podría lograr mucho con el riego, y es lo que nos falta para duplicar la producción.

                Ese último empuje, en el que ingresaron muchas de las empresas socias, para realizar riego suplementario, fue gracias a la ley de inversiones. Estamos totalmente de acuerdo en que, en su momento, fue un incentivo para realizar obras, que muchos aprovecharon. Hoy en día ocurre que la rentabilidad de las empresas agropecuarias es baja, casi nula, y la ley de inversiones las deja afuera en lo que a realización de esas obras refiere. En el agro, en el riego, las empresas que quieran invertir no pueden aprovechar los beneficios de esa ley, ya que, como dije, la rentabilidad es muy baja y son pocos años. O sea, se cortó un poco la forma en que se había instalado la infraestructura  de ese empujoncito que muchos de los socios aprovecharon con la idea de producir más. Durante esos años aprovecharon los beneficios de la ley, pero en la actualidad la rentabilidad es baja y no alcanza para llegar a esa posibilidad.

                A su vez, hay muchas empresas del sector agropecuario que no aportan por IRAE, es decir que no están encaminadas. Consideran la posibilidad de desarrollar el riego, pero a la hora de concretarlo les significa un alto costo de inversión que no pueden deducir de ninguna forma y, por tanto, no lo pueden enfrentar. En esa situación hay muchísimas empresas agropecuarias. Pero mucho pensamos en el productor chico y en el mediano. El productor grande aprovechó en su momento los beneficios del IRAE, pero hoy tampoco puede valerse de ese beneficio.

                En su momento pensamos que a esas empresas que quedan aisladas, que analizan la posibilidad de invertir en riego, se les considere el costo de esa obra como gasto del ejercicio y puedan ser incluidas dentro de las partidas denominadas deducciones incrementadas; me refiero al sistema que se aplica para aquellos casos en que se puede descontar una vez y media. Esa sería una salida ante lo que significa el riego, que es una inversión muy alta, a lo que se suma que en este momento no están dadas las condiciones como para invertir a largo plazo.

                Otro elemento, es que todo el sistema debe ser pensado con base en lo que es la inversión en riego. Cuando se decide hacer una inversión en riego uno no piensa en 4 o 5 años, sino en 10 o más. Si pretendemos el desarrollo del riego, tenemos que pensar en un plazo de 10 años. Todo lo que sea en beneficio del desarrollo  del riego, tiene que ser visualizado en un período más largo. Creemos que este es uno de los cuellos de botella en todo lo que está pasando.

                Un factor que no deja de ser importante, es la energía. ¿Qué nos pasa con la energía, sea a gasoil o eléctrica? Respecto a energía, el primer intercambio de este grupo fue a través de UTE. Intentamos conversar y ver qué nos podían plantear. Tuvimos una recepción bárbara. Muchos acomodamos cosas que teníamos mal planteadas –somos productores no ingenieros electricistas–, como detalles del pliego tarifario –a veces no entendemos conceptos o no sabemos cómo hacer, por ejemplo, un ajuste– y, en verdad, los funcionarios de UTE nos atendieron muy bien. No obstante, al año llegamos a la instancia de devolución y nos encontramos con que no había un pliego tarifario acorde al riego suplementario. Queremos dejar claro este aspecto porque la ley de inversiones es un cuello de botella.

                No puede ser que queramos vender energía a un productor agropecuario y que ello no esté acorde con lo que está produciendo o con su forma de consumirla. Nosotros utilizamos el riego suplementario, o sea, regamos cuando precisamos el agua; en verano lo hacemos cada diez días o menos y en invierno también se riega. ¿Qué pasa cuando llueve, llueve y llueve, porque el Uruguay tiene un clima variable? Tenemos que pagar la energía todos los meses, se haya regado o no. La potencia contratada de UTE en el pliego tarifario establece que hay que pagar el 50% de la potencia contratada. Si no se usó la energía durante ocho meses, igual hay que pagar el 50% de la potencia contratada. UTE entendió claramente el tema pero escapa a ella la voluntad de hacer algo al respecto. Desde el organismo a uno le dicen que hay que adaptarse al pliego tarifario.

                Por ejemplo, en el sector arrocero existe el pliego tarifario estival, que rige para quienes riegan en el sector. Se trata de un pliego tarifario diseñado para el sector arrocero. Sin embargo, para el riego suplementario en materia agraria; esto es, de carne, leche, trigo, maíz, etcétera, no existe nada. Eso está claro.

                ¡Ni que hablar del tema gasoil! En un principio, pensamos que el riego por gasoil no estaba en cuenta. Ahora bien, hay que pensar si no está en cuenta si lo comparamos con el costo energético que existe actualmente. Cuando no precisamos el riego, el gasoil no se gasta; sin embargo, nosotros cuando no precisamos el riego, la energía la pagamos igual. Estamos convencidos que estos son los dos cuellos de botella que hay con relación a este tema.

                Si la idea es incentivar el riego y que el sector aumente la producción, la exportación y todo lo que signifiquen las ganancias para un país, hay que facilitar esas dos cosas. Se debe tomar en cuenta que esta es la preocupación más grande que tienen los socios de esta sociedad, que es el grupo que hoy riega. Esta es la situación que atraviesan los productores que viven el riego día a día.

                Otro tema que se planteó el grupo fue la necesidad de apoyo en investigación. Con el debido respeto decimos que estamos un poco atrasados. Si queremos pensar en política agropecuaria a largo plazo en riego suplementario, tenemos que apoyar el tema de la investigación, exigiendo y apoyando a los productores, que son quienes la deben llevar a cabo. Se necesita más gente que desarrolle el riego.

                Desde el lugar que geográficamente estamos ubicados, el riego tiene que ser por aspersión. Si queremos desarrollar el riego debe ser por aspersión, si bien existen otras medidas. No podemos dedicarle mucho tiempo al riego por melgas y todas esas cosas, porque ello apunta a lugares que tienen poca pendiente, es para otras zonas.                En la zona nuestra hay poca mano de obra para usar ese sistema.

                Aprovechando que aquí están reunidos los representantes de todos los partidos políticos, el grupo quiere que este tema sea política de Estado. La idea es pensar que el agua en el sector agropecuario es lo que puede duplicar su producción. Y esto debe estar en la agenda política de todos los partidos y de acá a cincuenta años. Las políticas tienen que ser claras para poder desarrollarse. Nuestro grupo está para aportar, para explicar los problemas que existen y para incentivar el desarrollo del riego, porque es la forma por la que, según pensamos, se va a lograr duplicar la producción.

SEÑOR MAZZILLI.- Buenas tardes.

                No queremos ametrallarlos con una cantidad de comentarios. Sí quiero felicitarlos porque, por lo menos en nuestra área, en estrategias productivas como esta, todos los partidos políticos están participando. Además, por el hecho de que los actores de abajo podamos tener injerencia –si así se puede decir– en la ley. Nosotros la revisamos responsablemente, pero no estamos capacitados. Confiamos más en ustedes, en la reforma que hicieron, que en lo que nosotros podamos llegar a aportar.

                El señor Masoller se refirió a una cantidad de problemas, que son reales, y que llegado el fin de las cosas, aparte de la ley como estrategia, si mañana tienen una duda de que tal represa pueda hacerse, primero hay que hacer viable el negocio. Eso es lo que él está explicando con respecto a ciertos ítems del costo porque de nada sirve hacer una represa si después el negocio no tiene cierto margen de rentabilidad.

                El gobierno, bien inspirado, hizo la ley de inversión que fue un incentivo muy grande que ayuda a tomar esta resolución. Hoy nos encontramos que en el promedio de cinco años no es deducible porque tenemos las fluctuaciones del agro que nos favorecen o nos perjudican, y no hay muchos puntos medios. Entonces, si se hacen las proyecciones a los diez años, el productor lo puede pagar perfectamente bien.

                Les voy a dar un ejemplo para que conozcan lo que me sucede en mi establecimiento. Actualmente el milímetro de agua me cuesta USD 0,80. Supongamos que tuviera que regar el 80% o 90%. El maíz precisa 350 milímetros como mínimo como para poder tener una producción media alta. Con un promedio de precio del maíz de USD 140 o USD 145, me cuesta 2.000 kilos de maíz por hectárea. Estoy hablando solo del gasoil.

                Para que ustedes puedan imaginar la situación, 5.000 kilos es lo que cuesta una hectárea de maíz. Eso representa, más o menos, USD 700 por hectárea. El gasoil representa un 35%  del costo. No estoy hablando de amortización de riego, de operarios ni de otras cosas.

                Entonces, ¿cuál es forma de hacer esto? Como dijo el señor Masoller, podría hacerse a través de un sistema de descuentos impositivos para los que tenemos empresas que aportan IRAE. Después habrá que contemplar a las empresas que aportan Imeba, que son más complicadas y buscar otro sistema.

                Pero, hay otra idea original en la que todos pensamos. ¿Por qué lo hicimos? ¿En qué momento lo realizamos? Cuando el gobierno nos ayudó a través de la ley de inversiones. ¿Qué es lo que hay que tener muy presente? Que va a ser una necesidad. No es que tengamos que decidir si hacemos riego. No es así. En Uruguay va a ser una necesidad, ya no es un pensamiento de proyecto o de filosofía. No, señor presidente. Va a serlo debido al clima, que es inestable, y por la seguridad de producción, por las dos cosas, que son fundamentales.

Todo lo que se está pensando sobre la producción es muy interesante. ¿Quién tiene que pagar? Quien tiene el usufructo; eso está claro, aunque hay que estudiar la forma de pago. También deben estudiarse los costos energéticos, que son los que nos complican, pero eso puede resolverse con descuentos de impuestos, etcétera.

                Este es el mensaje que quería trasmitir, porque ciertamente se está trabajando en esta materia; eso lo vemos cuando nos involucramos en el tema. Quiero decir que nos llama la atención lo relativo a la participación de los distintos grupos, fundamentalmente en lo que respecta al riego, que es muy nuevo. Hay que destacar que la gestión de este grupo comenzó hace dos años, pero la personería jurídica se obtuvo hace 3  o 4 meses, por lo que podemos decir que recién estamos comenzando. Seguramente se va a unir más gente a este grupo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero hacer algunos comentarios a nuestros invitados. En primer lugar, me interesa agradecer su presencia y sus aportes con respecto al riego.

                Es una decisión de esta comisión tratar de involucrar a todos los actores, ya sean del sector de la caña de azúcar, del arroz, de la lechería, de la ganadería, e incluso de la investigación; en ese sentido, hace unos días recibimos a una delegación del INIA, que va a poner en marcha un programa de investigación y formación en riego. La idea es que logremos concretar una ley que resulte lo mejor posible y, fundamentalmente, que cuente con el apoyo de todos.

                En segundo término, nuestros invitados hablaron del tema de los plazos de repago y de los productores que no pueden acceder a lo dispuesto por la ley de inversiones ni a las deducciones del IRAE porque tributan Imeba, y también hicieron referencia al problema de los costos energéticos. Al respecto, hemos pensado invitar a las autoridades de UTE para hablar sobre el tema del riego en particular, ya que está prevista la microgeneración, aunque eso tal vez no ataña a nuestros invitados.

                Asimismo, mientras escuchaba la exposición, anoté el tema de la deducción del IVA del gasoil para el riego, porque hoy está pensado –ya ha habido varios decretos al respecto– permitir deducciones en función del total de facturación para el sector ganadero, para el lechero, para el citrícola, para el secano, para la caña de azúcar y para el arroz. Se ha pensado en porcentajes diferentes; por ejemplo, 4% para el arroz; 0,4% para la ganadería y 1,1% para la lechería sobre el total de facturación. Mi impresión es que no se ha pensado en el uso del gasoil para riego y, en cambio, sí se pensó para la siembra y para la cosecha. Creo que este es un tema importante en lo que hace a los costos.

                Aquí en el Parlamento, más allá de escuchar, tratar de aprender y de ayudar, también debemos legislar y por eso estamos considerando una propuesta de modificación de la ley de riego. Al respecto, me gustaría saber si tal como está la propuesta de modificación, al sector de nuestros invitados les complica, les facilita o se les plantea alguna restricción en virtud de los artículos propuestos. Esto es muy importante saberlo a fin de poder corregir lo necesario antes de aprobar la iniciativa.

SEÑOR MASOLLER.- Estamos de acuerdo con el proyecto de ley; creemos que va a facilitar. Solo queda por ver lo del canon del Poder Ejecutivo.

                Quiero aclarar que no se va a poder desarrollar el riego si estamos así, y si se le fija un canon al agua, menos aún. Estoy de acuerdo en que se debe discutir el proyecto de ley, pero para desarrollar el riego hay que arreglar algunas cosas. De lo contrario, la ley se va a aprobar, pero va a participar el 10% de los regantes. Quizá consigan un 10% de adhesión, pero después se van a dar media vuelta y no va a haber nadie más. Estamos convencidos de que el espíritu de la ley es desarrollar el riego, pero hay que tener en cuenta a los usuarios. Hace unos días mantuvimos una reunión en la que se preguntó si alguno de los presentes agrandaría su campo si contara con mayor capacidad de riego y nadie contestó. Dijeron que por ahora no lo harían.

Considero que hay que apoyar la ley de riego; me parece que es una buena medida a largo plazo, pero los usuarios, los productores, somos los que usamos el agua. Si no se producen cambios en el Uruguay, en el sector agropecuario vamos a seguir con la agricultura, la ganadería y la lechería de secano. Quizá estoy siendo duro, pero esa es la realidad. La energía es importantísima; no puede ser que tengamos que explicar lo que significa la energía. La energía se debe pagar cuando se la utiliza y no cuando se le ocurra a la UTE. Si se cobrara una tarifa acorde al riego suplementario, sería un cambio sustancial. Los productores van a adoptar la tecnología, pero hay que pensar en desarrollar iniciativas que sean rentables. La ley de agua anda muy bien y es una política del Gobierno que abre la cancha para que participen otros actores y el 10% de los regantes, pero, como dije, hay que tener en cuenta a los usuarios. La colonia Tomás Berreta, por ejemplo, tiene veinticinco kilómetros de canales y nadie los usa.

SEÑOR BERTERRECHE. Casi nadie los usa.

SEÑOR MASOLLER.- Habría que ver los costos que tienen los canales para saber si vale la pena. Quizá lo mejor sea taparlos y que no los use nadie. También se hicieron muchas represas que no se utilizan.

SEÑOR PINTADO.- El canon al agua estaba en la antigua ley; lo que hicimos fue relativizarlo, pero supongo que eso se va a ir midiendo en función de la evolución. Hoy se hablaba de la ley forestal. Esa normativa funcionó durante un tiempo, pero los incentivos, en función del desarrollo, se fueron eliminando.

                Me quiero quedar con algunas cosas que se dijeron, que las resumí en tres capítulos: el costo de la energía, la ley de inversiones –o, mejor dicho, los estímulos a la inversión en el contexto actual del sector, que de alguna manera es insuficiente dados los plazos– y la alianza investigación – productor, que habría que potenciar. Sería bueno que nos hicieran llegar las propuestas de cambio que tendrían para estos tres puntos, o sea, qué modificaciones habría que hacer a la ley de inversiones.

Lo mismo sucede con el tema de la energía, donde hay dos costos a considerar: el de la energía eléctrica y el del gasoil. Quizás este último sea más claro, pero en la energía eléctrica está inserto el tema de los plazos, de si se usa o no, de la potencia contratada, etcétera. Sería bueno que si vamos a invitar a la UTE, tuviéramos esos insumos para tratar de hablar sobre cosas más concretas.

SEÑOR DE LEÓN.- Les agradezco los comentarios que hicieron que son importantes para nosotros, que tenemos que legislar. El señor Masoller mencionó varias veces que no iban a opinar de la ley, pero de lo que están opinando es de lo que nos interesa. Quizás sería conveniente que en algún momento analizáramos el texto artículo por artículo, pero lo importante es lo que plantearon ahora, que me pareció interesantísimo porque, en definitiva, hablaron de la importancia que tiene el riego, de las limitantes que están visualizando, de las dificultades, etcétera. A propósito, el señor Masoller señaló que iban a regar cuando precisaran el agua. O sea que no estamos hablando de una inversión para una planta industrial que va a trabajar 300 o 330 días al año y para la que hay que analizar el proyecto, el modelo de negocio, la amortización, etcétera; ustedes ven la necesidad del riego solo en algunos momentos.

A su vez, plantearon algunos problemas que ven como dificultades, y el primero es lo energético, el costo que tiene cuando usan la energía para regar, pero también los costos fijos, independientemente de que rieguen o no, porque a la hora de pagar una inversión, sea un grupo de productores o una sociedad de riego de la cual van a ser usuarios, va a haber un costo fijo, un fee que tendrán que pagar, rieguen o no rieguen. Nadie va a hacer una inversión en riego –sean ustedes o un tercero– sin tener en cuenta los costos tanto en el momento del riego como cuando no se lo utilice porque no es necesario.

El otro tema es el del canon. Su planteo fue que si hay canon, es imposible. Me parece muy interesante el planteo porque estamos discutiendo sobre una modificación de la ley de riego, pero también tenemos que tener en cuenta cuáles son las dificultades que tienen quienes hoy están regando y las que visualizan quienes están pensando en la posibilidad de tener un aseguramiento que permita garantizar la producción mediante el riego.

Entonces, me parece que sería bueno hacer una síntesis un poco más en profundidad de lo que se comentó hoy, fundamentalmente de las limitantes que tienen y cuáles serían los temas más sensibles para desarrollar en una futura inversión; sería conveniente que nos pudieran hacer llegar esa información porque creo que allí está el elemento central. Esta ley de riego tiene un objetivo claro: aportar no solo un marco jurídico sino también acompañar las políticas de estímulo y de desarrollo del riego en el Uruguay. Entonces, tenemos que tratar de levantar esas limitantes, ya que no sería muy bueno para quienes tenemos que legislar que elaboráramos una ley que no resolviera las cuestiones que nos plantean.

SEÑOR MARCHESI.- Ese es un poco el punto.

                La ley de riego evidentemente está buscando la manera –y ha adelantado mucho– de facilitar o lograr allanar el camino para el que quiera adquirir factores extra o entrar en el negocio y facilitar las obras multiprediales o distintas obras de riego. Como productores regantes vemos que ellas tienen un costo de USD 3.000 o USD 4.000 por hectárea y que se piensan hacer para, por lo menos, 15 o 20 años. Se trata de inversiones muy grandes que hacen estabilizar la producción de un predio, facilitan mucho la conservación del suelo, tener más cultivos y rotar; también estabilizan mucho la producción lechera y ganadera. Es como irse a otro país, a un mejor ambiente. Esto da mucha estabilidad y tranquilidad al que pueda meterse en ese sistema.

                Hay que cambiar la cabeza porque regar es otra cosa: es duplicar todas las producciones y estabilizarlas, pero no duplicarlas con serrucho, como sucede ahora. Repito, se duplica la producción de manera estabilizada; ¡es el sueño del pibe! Ahora bien, si para eso se precisan USD 3.000 o USD 4.000 por hectárea, se debería lograr consensuar la existencia de beneficios, es decir, la posibilidad de facilitar el pago de parte de las inversiones con devoluciones impositivas o con plazos de diez años. Hay que armar algo, porque todo es plata y el tema está ahí.

                Ese es un cuello de botella: lograr plazos importantes para repagar todo eso y para que la gente pueda invertir. A nadie le dará pereza invertir si tiene diez años para pagar o recuperar la plata.

                Por otro lado, la energía es un insumo muy importante y, de alguna manera, debería irse a descuento –de una vez y media o dos veces, quizás, para no tocar precios de gasoil o tarifas– para bajar el costo energético que, en definitiva, es para producir el doble. Es una inversión–país, una política–país para duplicar y estabilizar la producción. Eso nadie se lo imagina, pero de alguna manera hay que conseguir el consenso de todos los actores y empezar a hacer algo con leyes a muy largo plazo.

Como lo mencionaron, para un país que tiene una cañada o un arroyo cada mil metros, suelo fértil y clima para hacer dos cultivos al año, eso es el futuro. Por lo tanto, alguien tendrá que organizarlo y mentalizarse sobre esto que, insisto, es el futuro. Es una tecnología cara, a la que da trabajo entrar y que cuesta mucho dinero. Por eso se precisa un marco. No hablo de que se subsidie, pero sí de que exista una ayuda, con plazos largos. El productor agropecuario va a trabajar y va a reinvertir porque  quiere producir mejor, tener mayor estabilidad y futuro. Por ello, si ve la luz invertirá, trabajará. El INIA investigará y se llegará a algo.

En definitiva, como es una inversión muy cara se precisa un marco–país que ayude. Disculpen mi manera de hablar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos especialmente su visita puesto que la voluntad de esta comisión es escuchar la opinión de todas las partes. Ya que hicieron referencia al tema de la energía, quizás pueden completar el  memorándum que han traído y luego enviarlo a la secretaría para repartirlo entre los miembros de la comisión.

(Se retiran de Sala los representantes del Grupo de Regadores Unidos del Uruguay).

 

 

(Ingresan a Sala los representantes de la Federación Rural del Uruguay).

–Es un gusto recibir a la delegación de la Federación Rural del Uruguay, integrada por su vicepresidente, el escribano Ricardo Berois, y por la asesora legal, doctora Fernanda Maldonado. La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado se encuentra discutiendo un proyecto que modifica la ley de riego. Tengo entendido que la secretaría ya les envió los comparativos y las versiones taquigráficas correspondientes. En el comparativo, en una columna aparece la ley de riego vigente, en la otra la propuesta de modificación que vino del Poder Ejecutivo hace algunos meses y, en una tercera, una propuesta de modificación al texto del Poder Ejecutivo, presentada por la bancada de gobierno. Nosotros estamos trabajando en las dos últimas y, obviamente, invitamos a las agrupaciones gremiales y a los actores y usuarios de riego para conocer su opinión al respecto. También hemos convocado a los organismos de investigación como el INIA, a los cultivadores de arroz y acabamos de recibir a gente que vive en el departamento de Soriano,  que son usuarios de riego, y después vamos a tener la presencia de los productores de Bella Unión y la granja.

SEÑOR BEROIS.- Agradecemos que nos hayan convocado y que tengan en cuenta la opinión de la Federación Rural del Uruguay con respecto a este tema que, como bien saben, no es nada fácil. Por eso hemos venido acompañados de nuestra asesora, la doctora Fernanda Maldonado, quien seguramente podrá brindar la opinión de nuestra federación desde el punto de vista jurídico.

                Primero que nada queremos aclarar que estamos totalmente de acuerdo en que el riego es un instrumento fundamental. Tenemos una ley que ya tiene veinte años y que, desde mi punto de vista, se hizo con muchas ganas, prometiendo mucho, porque el país necesitaba este instrumento. Evidentemente, el agua es fundamental y debemos tener en cuenta que en nuestro país solo el 5% del agua que escurre es aprovechable y, por tanto, el 95% restante termina en el océano. Teniendo en cuenta las necesidades que existen desde el punto de vista productivo, es evidente que nosotros estamos totalmente de acuerdo en impulsar el uso del riego en nuestro país.

Estuvimos mirando el proyecto de ley y, lógicamente, surgen algunas dudas. En estos  veinte años pasaron muchas cosas, sobre todo desde el punto de vista ambiental. La legislación ambiental que tiene el país necesitaría alguna modificación;  es más,  creo que debería acordarse desde el punto de vista jurídico todo el tema del medioambiente.

En  cuanto al riego, hay un tema de idiosincrasia. El instrumento de las sociedades agrarias de riego es bueno, pero está en nosotros, como productores rurales, su aplicación y, lamentablemente, la costumbre no es el affectio societatis. El productor rural, por idiosincrasia, tiende a trabajar en forma individual y le cuesta asociarse; es un tema nuestro que debemos empezar a corregir. 

                Quiero referirme a un concepto que se viene multiplicando en la sociedad y no nos hace bien, que es el de que  el valor de la tierra es superior a lo que se invierte, como poniendo por encima lo que significa el valor de la tierra para el productor. Es cierto que es un valor que tenemos y que últimamente ha crecido, pero estamos totalmente desfasados en la incorporación de mayor tecnología al valor de la tierra. Es un tema de costo-beneficios. Entonces, no es que el productor no quiera incorporar riego sino que no lo puede hacer; ese es nuestro gran problema. En la  sociedad –hablo de la que no conoce el sistema productivo– se tiende a pensar en los productores como los machetes que no quieren invertir o como los que  tienen una tierra que vale mucho más que lo que le ponen arriba.  En realidad, vale mucho más el día que la venden, pero ahí se tienen que ir, y  es lo que nosotros no queremos. Para nosotros es muy importante ir achicando esta brecha y tratar de utilizar este instrumento, pero sus costos nos lo han impedido.

                Si analizamos la situación de cualquier productor, salvo el del arroz, la remolacha azucarera y la hortifruticultura, vemos que le es  inviable agregar este costo, y los ejemplos lo demuestran. En el caso de mi departamento, donde  no está muy extendido el uso del riego, solamente lo pueden hacer aquellos que económicamente pueden arriesgar mucho dinero.

                Entonces, creemos que este instrumento y sus modificaciones se deben ir manejando con respaldo jurídico para poder brindar la seguridad jurídica que es tan importante. Asimismo, hay que tratar de ir bajando un poco los costos para que llegue a todos, sobre todo a los más chicos, que es a quienes les puede hacer una diferencia en su escala ya que no se pueden extender en superficie,  pero sí agregar valor a lo que tienen.

                Estas eran las consideraciones generales que quería realizar. Ahora la doctora Maldonado hablará de los aspectos jurídicos de este proyecto de ley.

SEÑORA MALDONADO.-  En primer lugar, les queremos agradecer que nos hayan tenido en cuenta, cosa que resaltamos mucho. Un poco en sintonía con lo que venía mencionado el vicepresidente, voy a referirme a algunos aspectos, fundamentalmente jurídicos.

                Sin duda, el agua es un tema muy complejo de abordar, de gran trascendencia para todo el sistema productivo y esencial para la vida de la humanidad. Su mal uso, su mala administración, la falta de control o la ineficiencia de su uso, como todos sabemos, puede acarrear consecuencias irreparables. Por eso, es de gran importancia la legislación vigente en temas medioambientales.

                Hoy estamos aquí en representación de los productores rurales, principales interesados en el uso del agua con destino al riego, pero también propietarios de los padrones rurales sobre los cuales se asientan o se van a asentar los sistemas de riego.

                En la legislación vigente los principales protagonistas son los productores de dicho sistema –elaborado sobre la base de fines productivos–, pero eso se pretende modificar con este proyecto. Hoy son los productores rurales quienes pueden y deben  ser parte, por ejemplo, de las sociedades de riego, cuestión que se propone modificar para poder incluir a personas físicas y jurídicas interesadas en el uso del agua.

                Se hace un cambio radical de la filosofía en la que se venía llevando adelante el tema. Con el cambio pretendido se da un enfoque también lucrativo, con la pretensión de estimular la inversión y, como consecuencia, el desarrollo del riego, con las posibilidades de acceso de los productores, etcétera. Es decir que es como un círculo virtuoso o vicioso, depende del lado que se lo mire. 

                Hoy tenemos poco desarrollo en riego, salvo excepciones como el arroz. Ahora bien, cabe la interrogante de si ello se debe principalmente a la legislación vigente. En este caso sería necesaria su modificación y se debería decidir seriamente hacia qué rumbo vamos.

                Sin duda alguna, el primer requisito es que debemos estar ante una norma clara que no represente mayores dificultades en su interpretación e integración. Este aspecto –que hoy en gran medida está en nuestras manos y en las de ustedes– es una de las principales limitantes al desarrollo del sistema de riego.

                En términos generales, realizaremos algunas puntualizaciones sobre las modificaciones propuestas.

En el artículo 1º se hace referencia a la aprobación por parte del ministerio competente de un plan de uso de suelos y agua. Consideramos que se debe establecer expresamente cuál es el ministerio competente o, en su defecto, la reglamentación debe ser muy clara. Hoy tenemos competencias en diferentes ministerios, fundamentalmente en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en lo que tiene que ver con la aprobación de planes de uso de suelos y agua. De lo contrario, lo que sucede es que pasamos de ventanilla en ventanilla, lo que contribuye a la burocracia y, por tanto, a la ineficiencia.

En el numeral 3) se nos presentan dudas sobre las modificaciones propuestas en cuanto se exige al solicitante que tenga disponibilidad jurídica de los suelos donde se asienten las obras hidráulicas o sean afectados por ellas de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. Nos despierta muchas dudas esta terminología; no acabamos de atender hacia dónde se dirige y consideramos mucho más acertada la legislación vigente. En consecuencia, también estamos de acuerdo con lo que está vigente del artículo 5º.  Es más, aun cuando se presentan posibilidades de proyectos de muchos años en lo que tiene que ver con concesiones y demás, habría que ver la legislación vigente en cuanto a plazos de goce, etcétera, para ver cuál sería el más adecuado.

Con respecto a la modificación al artículo 12, ya adelantábamos al principio sobre el cambio que se le pretende dar al tratamiento del riego en nuestro país con la intención de estimular la inversión. Se propone que las sociedades o asociaciones de riego deban cumplir con los requisitos establecidos para los titulares de derechos de propiedad de inmuebles rurales  y explotaciones agropecuarias de acuerdo en la Ley n.º 18.092 y sus modificativas. Como acabamos de leer, se refiere a los requisitos establecidos en esa ley. Entonces, surge la interrogante de qué pasa con el resto de las disposiciones allí consagradas, como por ejemplo la posibilidad de dar ciertas autorizaciones por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Si bien se puede llegar a entender que se hace una referencia a la norma en lo general, se podría presentar la duda o la discusión, ya que dice requisitos allí establecidos.

En el inciso final se establece que el Poder Ejecutivo reglamentará la integración, haciendo referencia a sociedades de riego, debiendo contemplar que los regantes sean al menos un 10% de los socios y simultáneamente gestionar un mínimo del 10% de la superficie del área total de riego. Consideramos que el porcentaje es bajo, pero sin duda hay que tener en cuenta las realidades de todos los sectores o subsectores de la producción agropecuaria y, sobre todo, las realidades prediales de los dueños de estas explotaciones agropecuarias.

                El riego debe ser accesible para todos los productores agropecuarios que lo quieran, en la medida en que se adopten para su fomento los derechos constitucionales de estos. El asunto es cómo se va a controlar la vigencia durante la vida de la sociedad de ese 10%, teniendo en cuenta todas las circunstancias que se puedan dar.

                En el inciso final del artículo 14 se pretende incorporar como sanción la suspensión del suministro de agua. Tenemos que ver esto con especial cuidado y no establecer una sanción abusiva. ¿Qué pasa si ello se da cuando el riego más se necesita? El perjuicio causado puede ser muy grave, desproporcionado a la falta que se esté cometiendo. Hoy existen instrumentos jurídicos vigentes que pueden permitir asegurar o tomar medidas cautelares para el cobro de deudas o de multas; depende de cómo se quiera regir el tema de las sanciones. Si bien la redacción propone el término «podrá», sin duda esto puede acarrear consecuencias irreparables. Hay derechos constitucionales que se pueden ver limitados, como el derecho al trabajo, y por otro lado debemos tener en cuenta que hay una integración del 10% de regantes y eso inevitablemente puede llegar a tener poco peso en los órganos de decisión de una sociedad o asociación de riego. Reitero, nosotros estamos aquí en representación de los productores rurales.

                En cuanto al artículo 21, surge la pregunta de cómo se puede garantizar la calidad de las aguas embalsadas o, incluso, de aquellas que vayan aguas abajo. Debemos tener cuidado en no establecer obligaciones que sean después muy difíciles de cumplir y desestimulen la inversión en los sistemas.

                En lo que refiere al precio –artículo 22–, recordemos que de aprobarse el proyecto en cuestión, las sociedades o asociaciones podrán estar integradas con el mínimo establecido en lo que tiene que ver con representación de los regantes, es decir, con ese 10%. Reitero la observación formulada en los artículos anteriores: por lo tanto, van a tener poco peso en los órganos de decisión y en la fijación de precios.

                Se propone incorporar el siguiente texto: «Los padrones que resulten beneficiados por las obras hidráulicas construidas por dichas entidades, ya sea por asentarse la obra o por recibir el servicio de riego, quedarán afectados al pago de los gastos que demande la construcción y mantenimiento de la obra, siempre en proporción a la superficie que benefician a cada padrón».

Si bien se puede entender el espíritu con el que se redacta el proyecto, esto da para varias interpretaciones. En alguna de ellas, incluso dudamos de la constitucionalidad de lo propuesto, ya que es una limitación al derecho de propiedad y ahí cabría preguntarse si hay un interés general, porque se hace en beneficio de una sociedad o asociación de riego. Pero es muy confusa la redacción y se pueden dar varias interpretaciones. No sé cuál es el instituto que se toma como base para imponer el gravamen, porque en cierta forma podría considerarse como tal. Quizás habría que estudiar algunas alternativas jurídicas para poder plasmar allí lo que se quiso establecer, es decir, tratar de redactar el espíritu. Incluso surge la interrogante y no queda claro si en caso del predio de que se habla, ese gravamen nace con el consentimiento del dueño a través de un contrato, como puede ser el contrato de sociedad.

En lo que refiere al canon, debemos prestar especial atención al tema de cómo se plasmará, para que no termine siendo un costo totalmente insostenible y, por lo tanto, desestimule, reiteramos una vez más, el uso del agua.

                Se comparte la idea de que es necesaria la modificación en pro del mejor acceso a sistemas de riego, lo que permite una mejor competitividad.

Ahora bien, estamos hablando de cuestiones fundamentales, de derechos constitucionales. Cuando hablamos de riego tenemos que pensar en alguien que quiera invertir en riego y también en alguien que quiera regar. El sistema no puede ser un problema ni para uno ni para otro, si no, es totalmente ineficiente. Hay que buscar el equilibrio entre la finalidad productiva –la que predominaba– y la de lucro de quienes invierten en el riego. Con esto no queremos decir que esté mal la finalidad, sino que en algunas disposiciones habría que buscar más equilibrio a ese respecto.

Mediante este proyecto se pretende crear obligaciones a quienes resulten gravados por el asentamiento de una obra, que puede ser un beneficio o no –esto es lo que ya referimos, puede ser un círculo vicioso o un círculo virtuoso–, en cuyo caso no nace una obligación sino un derecho, como el cobro por servidumbre.

En la redacción hay términos que no son claros, por lo que pueden resultar de difícil aplicación.

Por lo expuesto, consideramos que se debe trabajar en una redacción más clara y acabada, que dé certezas y, por tanto, estimule la participación tanto de quien quiere invertir, con una finalidad de lucro –puede ser productores o no–, como aquel que quiera adaptarse al sistema con una finalidad productiva, en definitiva de lucro también. Se debe seguir trabajando, hilar más fino.

Nosotros estamos a las órdenes y esto es de lo que queríamos dejar constancia en términos generales.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de conceder el uso de la palabra al señor senador Berterreche, debo advertirles que estamos trabajando, entre otros, con el asesoramiento del Instituto Uruguayo de Derecho Agrario, cuyos representantes hicieron algunas observaciones y van a volver a efectos de profundizar en aspectos de redacción, jurídicos y legales.

SEÑOR BERTERRECHE.- Agradecemos la visita de los representantes de la Federación Rural.

                Quisiera hacer algunas apreciaciones. A mí también me parece que un 10% de representantes de las sociedades de riego es poco, pero si lo que proponemos es que haya inversores externos el tema es encontrar el justo término. De todas maneras, en el proyecto de ley se plantea un mínimo. Si no hay regantes, no hay proyecto. Eso está claro. Es de los elementos más interesantes que vimos con el Grupo Cabeza de Agua de Dolores, donde el 100% de los regantes son los dueños. Me parece que es lo más sano del proyecto.

                En definitiva, la idea es establecer un piso. No puede haber solo un inversor, sino que tiene que haber un regante, justamente para relativizar esa situación.

                En cuanto a la adjudicación a un precio que queda permanente, es un tema que discutimos también en otro momento y recuerdo que fue el señor senador Larrañaga quien hizo una apreciación en la que planteó la interrogante de quién era el que controlaba.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no me equivoco, era el registro.

SEÑOR BERTERRECHE.- Es verdad; la sociedad de riego debería hacer una comunicación al registro. Quedó para ajustar en la redacción.

                Ahora bien, me parece que no es un gravamen sino, en todo caso, una tasa. Todos pagamos saneamiento, lo utilicemos o no, porque es una tasa. Haciendo un paralelismo, esto tendría más o menos ese valor. Dicho de otro modo, un inmueble urbano está sujeto a la tasa de saneamiento se utilice o no la cisterna. Si en vez de utilizar el agua para decantación se destina a un jardín urbano, de todas maneras se debe pagar y cuando se vende la propiedad, se incluye el valor de la tasa de saneamiento.

                Es un paralelismo, pero creo que no hay una limitación al derecho de propiedad. Sinceramente, un elemento que me generaría una alerta y no lo pretendería, es que esta fuera una ley de interés general. Defiendo este proyecto, pero no pasa por mi cabeza una ley de interés general que esté por encima, en este caso, del derecho de propiedad, porque en definitiva está vinculado a cosas netamente privadas, en todos los componentes.

                Estoy de acuerdo con que algunas cosas están bien planteadas pero luego habrá que ver cómo se reglamentan y quién llevará adelante los controles. Creemos que será deber del Poder Ejecutivo reglamentar el tema para que las cosas se cumplan.

                Desde ya, agradezco los input que nos dan para que la ley salga de la mejor manera posible.

SEÑORA MALDONADO.- Quiero realizar algunas puntualizaciones.

                Cuando hablé de gravamen me referí, específicamente, al inciso segundo del artículo 22 y no al canon o precio en sí, sino al hecho de que los padrones resulten gravados. Esta es una diferencia complicada de explicar.

SEÑOR PRESIDENTE.- En realidad, nos estamos refiriendo al artículo 10, que sustituye el artículo 22 de la Ley n.º 16.858.

SEÑORA MALDONADO.- Exacto.

                Allí se dice: «Los padrones que resulten beneficiados por las obras hidráulicas construidas por dichas entidades,» –se refiere a las sociedades o a las asociaciones– «ya sea por asentarse la obra o por recibir el servicio de riego, quedarán afectadas al pago de los gastos que demande la construcción y mantenimiento de la obra, siempre en proporción a la superficie que benefician a cada padrón». Está claro el fin que se persigue con ello. Obviamente que se trata de inversiones a largo plazo y, en cierta forma, esos predios tienen que asegurar el pago durante ese plazo. Ahora bien, en la vida del predio pueden pasar muchas cosas, entre ellas, una sucesión o una compraventa; entonces, habrá que determinar de qué manera eso irá pegado –por decirlo de una manera clara y sencilla– al derecho de propiedad. Es una cuestión que, según cómo se encare, podría llegar a considerarse que reviste cierta inconstitucionalidad. Por lo tanto, creemos que hay que ser muy cuidadosos a la hora de decir de qué se trata, si es una servidumbre, otro tipo de obligación o si se la asimila a una hipoteca.

                En definitiva, no nos queda muy clara la redacción actual de la norma.

SEÑOR BEROIS.- En lo personal, no podría asegurar si se debe hablar de tasa o de gravamen; de todas maneras, creo que hay una confusión en la redacción que llevaría más a que fuera un gravamen que se tiene sobre esto. No obstante, este tema queda sujeto a varias interpretaciones.

                Queremos aclarar que nosotros no estamos para ir constantemente con un abogado a un tribunal; simplemente, queremos que el tema quede totalmente claro para que el productor rural en el día de mañana no se vea desfilando por los pasillos de un tribunal. Lo que queremos es producir.

                En fin, lo que estamos tratando de decir es que el proyecto de ley sea lo suficientemente claro porque, de lo contrario, nadie va a poner una firma en una sociedad cuando entra a dudar del derecho de propiedad sobre el de territorialidad. No está claro qué es primero: si el derecho de territorialidad o el derecho de propiedad. No quiere decir que esto sea así; simplemente, estoy sembrando la duda sobre algo que nos preocupa.

                La redacción actual nos genera muchas dudas y vemos con preocupación la afectación porque allí puede estar involucrado el derecho de propiedad. Tal como se ha señalado, detrás de este tema está el Instituto de Derecho Agrario y los excelentes catedráticos de la Facultad que ya han asesorado en la anterior normativa de riego, pero nosotros –como bien lo señaló la doctora Maldonado– hemos venido en representación de los productores.

                Primero que nada, queremos aclarar que estamos de acuerdo y, después, con respecto al Poder Legislativo, deseamos sembrar nuestras dudas lógicas que luego tendremos que responder a quienes representamos. Si se entusiasman con esto, no queremos que mañana vengan a reprocharnos algún problema jurídico que puedan tener.

SEÑOR GARÍN.- Reiteramos el agradecimiento por todos los aportes que han realizado.

                Además, quiero plantear una pregunta. Estamos definiendo una ley donde, entre otras cosas, pueden llegar a quedar establecidas algunas limitaciones a la propiedad.

SEÑOR BEROIS.- Así es, señor senador.

SEÑOR GARÍN.- Por tanto, representando a los productores ¿ustedes visualizan que puede llegar a haber alguna objeción por parte de las gremiales de productores con respecto a dejar afectada una limitación a la propiedad en pro de asegurar que la inversión se haga y se pueda utilizar en el tiempo de amortización? No sé si me explico.

SEÑOR BEROIS.- Sí, señor senador, lo entiendo.

                No se lo puedo asegurar totalmente, pero conociendo la idiosincrasia de nuestros productores, puedo decirle que a la hora de hacerlo todos quieren tener la mayor seguridad sobre su derecho de propiedad. Es la forma de ser propia del productor: si tengo dudas, no me meto. La idea es que esto quede bien claro. Y si ese productor tiene alguna duda de que pueda afectarse el derecho de propiedad, sabiendo que este tipo de inversiones pueden duplicar o triplicar su producción, si lo pone en la balanza, diría que la idiosincrasia corre siempre por la seguridad del derecho de propiedad.

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo.

                Si tienen algún material que puedan dejarnos sería un buen aporte. En todo caso pueden enviarnos luego el memorando que han traído.

                Reitero que también vamos a estar trabajando con el Instituto de Derecho Agrario. Todos los aportes que consideren pertinentes enviarnos, son un buen insumo para seguir discutiendo la modificación de esta ley.

                Muchas gracias por haber concurrido.

(Se retiran de sala los representantes de la Federación Rural del Uruguay).

                (Ingresa a sala el representante de Soforuce)

La comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene el gusto de recibir al señor Juan Ignacio Ferreira, productor e integrante de Soforuce, entre otros cometidos.

                Esta comisión está discutiendo la modificación de la ley de riego y, seguramente, el señor Ferreira ha recibido el comparativo en el que se incluyen el texto de la ley actual, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo y la propuesta de modificación  a la ley vigente que elaboró la bancada oficialista. La idea es recibir y escuchar a las gremiales y a las instituciones vinculadas con el riego, así como a los usuarios de los sistemas existentes hoy en el país; nos interesa conocer la opinión de todos y también tener en cuenta las sugerencias que puedan hacer con respecto a esta propuesta de modificación de la ley vigente.

                En Bella Unión, que es uno de los polos de riego del Uruguay, se encuentran los tres sistemas que allí funcionan y a cuyos representantes hemos invitado para conocer su opinión. Soforuce es uno de ellos –los otros son Calpica y Calagua– y para escuchar lo que tiene para exponer con respecto a este proyecto de ley, dejamos en uso de la palabra al señor Ferreira.

SEÑOR FERREIRA.- En primer lugar, agradezco especialmente la invitación y que tengan en cuenta nuestra opinión. Soforuce es el más pequeño de los sistemas que funcionan en Bella Unión y presenta una diferencia importante con relación a los otros.

                En cuanto al sistema de riego colectivo de Bella Unión, quiero decir que Soforuce fue creado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en 1969, junto con el Instituto Nacional de Colonización, y era dirigido por la Dirección Nacional de Hidrografía del citado ministerio. Durante 25 años, a través de una junta de usuarios de riego, fueron pagando un canon que permitió que, llegado el año 1995, los productores pasaran a manejar el sistema. A los efectos de evitar lo que implicaría un sistema burocrático, en el que se requerirían largos trámites para resolver cualquier problema, los productores formaron lo que se llamó Soforuce, es decir la Sociedad de Fomento Rural de Colonia España, y a partir de allí comenzaron a administrar ellos mismos el sistema de riego. Cabe destacar que empezaron a funcionar sin deudas, enfrentando un desafío nuevo que era el de la autogestión, y a partir de allí se produjo uno de los grandes cambios ocurridos en el tema del riego. Existe una gran diferencia entre Soforuce y los demás sistemas de riego de Bella Unión: los productores que riegan en Colonia España son quienes integran Soforuce. Precisamente, por esa razón, a todos quienes formamos parte del sistema de riego, nos duele lo que gastamos para regar. Ese aspecto genera una gran discusión en Bella Unión; concretamente, se discute quién maneja el sistema de riego. En Colonia España manejamos el sistema de riego pensando en regar bien, pero gastando poco, en brindar lo mejor posible para cada uno de nosotros que somos los involucrados y en ser lo más transparentes posible con nuestros compañeros, ya que tenemos una directiva que se renueva cada dos años y en la que el trabajo se rota alternadamente.

Creo que es una diferencia importante con respecto a los demás. A su vez, yo también riego en los sistemas –vamos a decir privados– de Calpica y Calagua e integro la comisión de regantes de Calpica, y puedo decir que veo cómo les duele a los productores, lo que les cuesta, y cómo los sistemas de riego son manejados por personas que no tienen que pagarlo. No voy a poner en tela de juicio si lo que hacen está bien o mal, pero no es lo mismo cómo se siente una persona que tiene que pagar y otra que no.

El manejo de las sociedades agrarias de riego y la participación del productor es algo fundamental que vemos en el proyecto de ley. Tiene que haber un interés real de los productores para que el costo del riego no se vuelva un peso para que funcione el sistema, que es lo que pasa actualmente en Bella Unión. El sistema de riego de Calagua o Calpica tiene un costo de $ 15.000 por hectárea y el de Soforuce de $ 10.000, y

$ 5.000 es una diferencia muy importante. Seamos realistas: hay que ver las alturas que se levantan, la escala. El sistema de riego de Calagua cubre 3.000 hectáreas de caña en Bella Unión, el de Calpica riega entre 1.600 a 1.800 hectáreas, y el de Soforuce entre 650 y 700 hectáreas. Todos tienen un costo fijo y variable; uno por ser pequeño puede tener un ahorro y otro por ser grande puede tener un gasto mayor. Es cuestión de ver –lo digo con propiedad– los manejos que se hacen cuando el interés del que maneja es real y cuando no lo es. Eso es fundamental y sobre todo en esta parte, que es donde nos toca a las sociedades agrarias.

En Caplica hay una discusión importante con respecto a su hipoteca: si sigue como cooperativa o como sociedad agraria. Creo que interfiere mucho el hecho de que los productores de toda la zona estén involucrados en el manejo del sistema, para que sea real y no sea manejado de otra manera.

En cuanto a la propiedad de la tierra, considero que es un tema jurídico muy importante que hay que estudiar. Hay que ver cómo afectará a quienes van a utilizar el agua y cuáles van a ser los requerimientos para la entrega del agua porque la persona que dependa de ella va a estar atado a esa producción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Algunos de los presentes tenemos una idea de cómo funcionan los tres sistemas.

                Creo que el señor Ferreira fue más que claro con respecto a cómo funciona este sistema, en cuanto a los costos y a los beneficios. A nosotros nos interesa saber –y creo interpretar la opinión de la comisión– si esta propuesta de modificación de la ley afecta, positiva o negativamente, el riego de Soforuce.

SEÑOR FERREIRA.- Hoy no notamos una afectación real.

Pero como integrante de la comisión de regantes de Calpica puedo decir que sí lo afecta. Hay que ver cómo se incorporará el sistema de riego de Calpica a esta nueva ley de sociedades agrarias de riego. Eso sí es una preocupación.

Pero reitero que a Soforuce no lo perjudica en nada.

SEÑOR BESOZZI.- Y ¿ven alguna mejoría?

SEÑOR FERREIRA.- Yo creo que esto no va a cambiar nada.

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

SEÑOR SILVEIRA.- En cuanto a la citación, quiero aclarar que se dio una situación absolutamente involuntaria, ya que en la nómina que se le hizo llegar a la comisión aparecía «Calagua» y «Regantes de Calagua», y se asumió que los dos nombres representaban la misma institución. Un par de días después se salvó el error, que se suscitó por falta de conocimiento. Al aparecer el nombre «Calagua» dos veces, se decidió que viniera uno de los dos cuando tenían que venir los dos. La secretaría de la comisión salvó el error prestamente –yo mismo hablé con los funcionarios–, pero ya habían transcurrido un par de días.

                Por otra parte, quería pedir al señor Ferreira, ya que conoce el funcionamiento de los otros sistemas –en tanto habitante y productor de la zona– que, sin incurrir en una cuestión de meterse en los asuntos de otro, por lo menos, reseñe a la comisión, nos diga a grandes rasgos, cómo funcionan esos sistemas. A su vez, le pediría que nos diera su opinión como vecino y productor de la zona, acerca de cómo le parece que podría repercutir esta norma en esos otros grupos que funcionan de otra manera. De esa manera queda asentada una posición, una visión, que seguramente luego se verá reforzada con algún informe.

SEÑOR PRESIDENTE.- En el mismo sentido, íbamos a pedir al señor Ferreira, en su calidad de integrante de la directiva de Soforuce y además de la comisión de regantes, que a título personal nos pudiera adelantar su posición acerca de la posible afectación, positiva o negativa, de este proyecto de modificación de la ley.

SEÑOR FERREIRA.- Quiero aclarar que soy regante del sistema de riego de Calpica, que tiene una asociación de regantes; no somos socios de la cooperativa Calpica pero sí usuarios del sistema de riego. Esa es la diferencia: hay gente que integra el sistema de riego como cooperativista y otros solo somos usuarios.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Esto sucede en las dos instituciones, en Calpica y en Calagua?

SEÑOR FERREIRA.- Exacto, señor presidente. En las dos instituciones pasa lo mismo. Hay gente que es socia regante y otra que es regante pero solo usuaria del sistema de riego.

                Hoy en Calpica se da una mayor cantidad de usuarios regantes con una minoría de socios regantes. Esto se debe a las deudas de las cooperativas.

                ¿Qué es lo que ve la comisión de regantes de Calpica?  A título personal veo que el sistema de riego de Calpica está manejado por la cooperativa  y son pocos los socios que utilizan el sistema de riego. ¿Qué puede suceder con la aprobación de esta ley? Que si se pasa a una sociedad agraria y no sigue siendo una cooperativa como antes, la cooperativa pasará a ser la socia de la sociedad agraria y los regantes podrán formar parte de esta. Además, la cooperativa tendría el mayor poder dentro de esa sociedad agraria, con poca posibilidad de intervención de los productores reganes dentro de ella, porque Calpica entrará con el capital, de acuerdo al sistema de riego.

                ¿Qué advertimos? Hoy en día Calpica funciona porque todos los productores que estamos, pagamos desde el primer gasto hasta el último –todos los sueldos los pagamos nosotros– entonces ¿cuál es la objeción que tenemos? Que en el caso de Calpica funcione como cooperativa y no como una sociedad agraria.

                Entonces, si entra Calpica como socia de una sociedad agraria, con personería jurídica –como tiene– y los productores son regantes, estarán en minoría a la hora de tomar decisiones  dentro de esa sociedad. Esa es nuestra visión. Allí es donde nos perjudica.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero hacer una consulta.

                ¿Por qué piensan que tienen la obligación de dejar de ser una cooperativa para pasar a ser una sociedad agraria?

SEÑOR FERREIRA.- Porque es lo que intentarán hacer.

SEÑOR PRESIDENTE.- Suponen, entonces, que ¿intentarán utilizarla?           

                La ley no obliga, por cuanto hoy pueden estar estos dos instrumentos jurídicos como las asociaciones y las sociedades, o puede haber cooperativas  o  sociedades.

SEÑOR FERREIRA.- Se utilizará la ley para ingresar en ese tipo de sociedades agrarias.

SEÑOR BERTERRECHE.- Mis palabras no tienen el ánimo de discutir sino de aclarar ideas.

                En primer lugar, me surge que hoy Calpica es la que decide todo. Ni siquiera existe  minoría. Hoy tiene más poder que el que podría tener si se integra una sociedad agropecuaria de riego.

                En segundo lugar, tanto las sociedades como las asociaciones pueden tener un mínimo de diez integrantes y un 100%. Esto también lo definen los productores que se quieran, o no, integrar a la sociedad,  o solamente a recibir el servicio. Es más, hay una que es abierta, por lo tanto, ni siquiera se puede decir algo.

                No veo entonces mucha limitante. Es decir, si la situación se basa en la visión demasiado desequilibrada que podría llegar a haber  si Calpica se integra como tal, creo hoy es más desequilibrada porque Calpica está absolutamente sola, en tanto los demás son todos usuarios. Al integrarse a una sociedad, por lo menos habría un 10 %, que podría llegar a ser un 20%, 30%, 40% o 50%. Eso depende de los regantes.

                En esa parte, no le hallo el punto débil, más allá de que tomemos nota de la opinión vertida.

SEÑOR FERREIRA.- Es entendible y discutible.

                Desde el punto de vista del usuario del sistema de riego no queremos esa forma en lugar de funcionar como cooperativa. No es una objeción a la ley sino que hablamos de la posibilidad que se da al sistema de riego de funcionar de esa forma.

Lo que hemos dicho desde la primera instancia es que el productor, que es a quien le cuestan las cosas, tiene que estar metido en esto para que lo que se gasta realmente vaya al costo del riego. Esa es la forma de pensar, tanto de Soforuce como del productor real.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Hay algún otro aspecto del proyecto de ley que pueda afectarlos, tanto positiva como negativamente al sistema de riego que hoy funciona?

SEÑOR FERREIRA.- No.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos especialmente su presencia; sabemos que el viaje es largo pero nos interesa que todos los involucrados tengan la oportunidad de opinar. Si en estos días, analizando la iniciativa, surge alguna otra propuesta, solicito que la envíen por correo electrónico porque para nosotros será un insumo importante a la hora de decidir.

SEÑOR FERREIRA.- Les agradezco la invitación y pido disculpas si en algún momento entreveramos los aspectos particulares con lo que dispone el proyecto de ley. Es muy difícil abstraerse de lo que le pasa a cada uno en su lugar.

SEÑOR SILVEIRA.- Siguiendo un poco la línea de pensamiento del invitado, entiendo que los otros sistemas como, por ejemplo, Calagua, verían mejorada su situación de funcionamiento, en tanto hoy hay una discrepancia muy fuerte en relación a la forma de calcular los precios y la poca incidencia que dicen tener en eso quienes usan el servicio.

SEÑOR FERREIRA.- Aclaro que siempre hablo a título personal. Con respecto a lo que decía el señor senador Silveira, lo cierto es que las discrepancias están en el precio que se cobra y en lo que se gasta para generar ese precio. No se trata de que  Calagua o Calprica digan, por ejemplo, que cobran 20.000, sino que el precio se da luego de haber gastado una cantidad de cosas, dividido las hectáreas a regar. Entonces, la discusión se da por no poder participar en la discusión de en qué se gasta y cómo; a quién se paga y a quién no.

SEÑOR SILVEIRA.- Entonces,  quiere decir que el precio podría ser el real pero siempre existe desconfianza porque no se pudo participar y parecería que esto podría solucionar ese problema.

SEÑOR PRESIDENTE.- De todas maneras, queremos dejar claro que la invitación se hizo y que la misma llegó a los lugares correspondientes, por lo que la instancia para opinar estuvo presente, para que mañana no se diga que no se tuvo en cuenta su opinión al momento de hacer la ley.

SEÑOR FERREIRA.- Agradecemos la invitación como representante de Soforuce.

SEÑOR PRESIDENTE.- En la próxima sesión está previsto recibir a la Junagra, ya que no pudimos agendarla porque no hubo reunión de la directiva, cosa que va a suceder este lunes próximo. La directora Zulma Gabard prefirió que se reuniera la directiva antes de comparecer a la comisión, por lo que serán agendados para el jueves que viene, al igual que la Asociación Rural del Uruguay.

                No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Es la hora 15 y 25).

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.