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Carátula

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 15:08).

                –Mientras se ubica la delegación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la secretaría dará lectura a la nota que oportunamente hiciera llegar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo planteando la imposibilidad de concurrir en la mañana de hoy.

(Se lee).

                «Montevideo, 13 de noviembre de 2015.

Señora Presidenta de la Comisión de Presupuesto

Integrada con Hacienda del Senado

Senadora Daniela Payssé

De mi mayor consideración:          

                                                               Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidenta, a fin de comunicarle que los señores ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no concurrirán a la audiencia del día lunes 16 del corriente por estar desintegrado el mismo, por razones de agenda y por motivos de salud de uno de sus miembros.

                                                               Asimismo ratifican el contenido y la exposición de motivos enviados oportunamente.

                                                               Saludo a Ud. muy atentamente

                                                                                                              Dr. Alfredo Gómez Tedeschi

                                                                                                                             Presidente

                Dra. Susana Gianarelli

                  Secretaria Letrada.»

                –Por otra parte, quisiera dejar una constancia en actas. Debo ratificar que se hizo un comunicado público estableciendo el 15 de noviembre como  fecha tope para solicitar audiencias. Eso motivó que en el plazo fijado se cerrara la posibilidad de establecer nuevas audiencias. De manera informal, recibimos algunas solicitudes de parte de ciertos sectores y hablando con la secretaría concluimos que una cantidad numerosa de delegaciones solicitaron ser recibidas vencido el plazo, así como también fueron muchas las delegaciones que se ciñeron a la fecha que habíamos propuesto. Por ello, el viernes se tomó la decisión de que aquellas delegaciones que quisieran hacer algún planteo nos los hicieran llegar por escrito, a fin de incluirlos en la versión taquigráfica y posteriormente tomar postura sobre alguna demanda que no hubiera sido atendida.

                En el día de hoy tenemos el gusto de recibir a la delegación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y mañana por la mañana concurrirán las autoridades de ASSE, con lo que estaríamos cerrando la primera etapa de trabajo de la comisión que es recibir a los representantes de los diferentes incisos, de los  organismos del 220 y de las delegaciones que asisten los viernes.

Quiero aclarar que en el día de hoy, debido a compromisos sectoriales, tenemos que dar por concluida esta reunión a la hora 17. Si quedaran temas pendientes vamos a hacer el esfuerzo entre todas y todos para poder comprimir la reunión. Si ello no fuera posible mañana en la tarde, a partir de las 16 horas, luego de la sesión del Senado, estaríamos culminando con la presentación del Ministerio. Entonces, solicito la mayor colaboración de las bancadas presentes.

                Damos la bienvenida a la señora Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y a su equipo.

SEÑORA MINISTRA.- Voy a resumir la propuesta presupuestal del MVOTMA. Hay una premisa general de los incrementos que prioriza la expansión presupuestal en objetivos vinculados a la mejora de la gestión integrada del ambiente y el desarrollo urbano habitacional.

                En cuanto a funcionamiento se busca: respaldar el proceso de descentralización de la actividad del ministerio; impulsar la profundización de investigación y aplicación de conocimiento para la formación de recursos humanos en temas territoriales; difundir conocimiento y profundizar la cultura de la planificación; modernizar la gestión; ordenar las normativas vigentes; incorporar la digitalización de todos los trámites y transparentar y disponer ante la sociedad los datos e informaciones existentes.

                A nivel de Inciso, se generó un incremento en el área ambiental. Se creó en la Dirección General de Secretaría dentro del ministerio, el cargo de Director de Cambio Climático, para fortalecer el área que se ha convertido en fundamental a nivel mundial.

                En cuanto a inversiones para el año 2017 en la Dirección General se incrementa un 15%, fundamentalmente, en servicios de mantenimiento y servicios generales; en la Dinama un 84%; en la Dinot, un 67% y en la Dinagua un 94%. Hay incremento de crédito de funcionamiento y de inversiones.

                Con respecto al rubro cero, se hará transferencia de vacantes dentro del Inciso. El cargo «Q» que se crea, es con la eliminación de vacantes.

                El incremento del crédito para inversiones en materia de agua tiene por objetivo la incorporación de tecnología en programas de monitoreo, de cantidad y calidad de aguas; es decir, sistemas automáticos de sensores remotos, así como el fortalecimiento de recursos humanos y profundización de estudios para mejorar conocimientos y evaluación de la calidad y cantidad de las aguas. También se previó, adicionalmente a esto, el reforzamiento del área analítica, a efectos de aumentar las capacidades de la Dirección Nacional de Medio Ambiente en el procesamiento de las muestras ambientales. También se contabiliza en este incremento el crédito establecido para el proyecto Sistema Nacional de Información Ambiental, porque el mismo está apoyando fuertemente la gestión de recursos hídricos.

                En materia del Sistema Nacional de Información Ambiental –agua y territorio– se realizó la planificación integrada de los diferentes subsistemas, a efectos de potenciar al máximo su desarrollo. Esto incluye la incorporación de paquetes tecnológicos en relación al uso de imágenes satelitales de alta resolución, para mejorar la capacidad de control, evaluación y seguimiento de la organización. En este componente se incorpora el desarrollo del observatorio ambiental en la Dirección Nacional de Medio Ambiente, aprobada por ley en el pasado período  y que desarrollaremos profundamente ahora.

                El incremento del crédito relacionado con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas incluye el fortalecimiento de toda esta área y la profundización de acciones para los planes de manejo en las áreas ingresadas al sistema. Aquí también tenemos que contemplar el ingreso del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca –la parte de fauna– a nuestra cartera, que también se realizó en el período pasado.

                En cuanto a la Dirección Nacional de Vivienda, el Ministerio se propone sostener la diversidad de programas existentes, diseñar y poner en gestión nuevos programas para llegar a aquellos que tienen capacidad de pago pero no de ahorro, incrementar la disponibilidad de tierras urbanizadas, aumentar las líneas de rehabilitación y mejora del stock de viviendas –ya existentes– y atender las necesidades de las familias y de las personas más vulnerables.

                Para estos cometidos, en términos presupuestales, estimamos una inversión de un 35% más, por encima de lo ejecutado en el quinquenio anterior, llegando aproximadamente a USD 1.320:000.000, asignados a través del Fondo Nacional de Vivienda.

                Para este período proyectamos la generación de 23.500 nuevas unidades bajo formas de producción que involucran: empresas constructoras, cooperativas, familias en forma individual; más 15.000 préstamos para refacción, mejora y ampliación de viviendas existentes; 6.000 garantías de alquiler y más de 3.500 hogares con beneficios directos de mejora en los estándares urbanos habitacionales.

                Las metas antes mencionadas serán alcanzadas en virtud de contar con un sistema público de vivienda fortalecido en su accionar y que trabaja en forma asociada y complementaria, incorporando la particularidad de la población destinataria de cada programa. Además, pone especial atención a mejorar los plazos de respuesta, es decir, la eficiencia en las etapas de cada instrumento, así como la incorporación de aprendizajes sobre la marcha para una rigurosa evaluación de los resultados.

                La diversidad de programas que desarrollaremos para comprar, alquilar, refaccionar y construir tiene tres componentes comunes: el préstamo, el subsidio y el esfuerzo propio o ahorro, que interactúan de forma diferente en función de las características de cada programa y atendiendo la heterogeneidad social de sus programas  y de su localización. El subsidio a la cuota, podemos señalarlo como uno de los componentes relevantes en aras de la equidad social. Las familias acceden a un mismo producto en cuanto a estándares y calidad –sea vivienda nueva, usada o préstamos de refacción, canasta de materiales, etcétera–, y se subsidia la fracción de la cuota del préstamo que la familia no está en condiciones de pagar, considerando sus ingresos totales y el número de integrantes que lo componen.

                Estamos ante un componente que no subsidia ladrillos sino familia, donde cada uno aporta según sus posibilidades económicas y además –en períodos de tiempo relativamente cortos– se va controlando si la situación permanece igual, mejora o empeora.

                Esto hace que se lleve adelante una política eficiente, sustentable que garantiza tanto el acceso como lo que es fundamental: la permanencia de este bien tan imprescindible y reconocido por nuestra constitución.

                La heterogeneidad socioeconómica implica que deben existir diversidades en los instrumentos para facilitar el acceso y la permanencia de los ciudadanos en una vivienda.

Además, están los casos claros como los de compra, construcción individual o cooperativa, subsidio personalizado para amortizar, préstamos de refacción para mejoras, viviendas nuevas, subsidio de alquiler para pasivos, convenios con el Mides e Intendencias para atender familias vulnerables, mejoramiento de barrios para asentamientos, relocalización de población asentada en terrenos inundables o contaminados, préstamos para compra de vivienda usada y, fundamentalmente, la ley de inversión privada de interés social.

                Los objetivos específicos que nos hemos trazado para este plan quinquenal son los de diseñar e implementar programas habitacionales que contemplen los destinatarios en su verdadera capacidad y en sus diferencias, y que faciliten el acceso y la permanencia en la solución habitacional. Es decir que gestionaremos programas con nuevas ofertas, tanto para la población activa como pasiva. El requisito es que la participación de empresas constructoras bajo propuesta de precio, proyecto y terreno, incrementen las que oferten precio y proyecto y que se pueda aportar la cartera de tierras desde el Ministerio e, inclusive, desde las Intendencias. Esto mantendrá el estímulo en el aspecto privado y, además, dinamizará nuestro mercado. La producción cooperativa, tanto de ayuda mutua como de ahorro previo, también es fundamental en esta etapa. Continuaremos con los programas de autoconstrucción en terrenos propios o públicos y, además, con los préstamos para la adquisición de viviendas nuevas o usadas que redunden en un aprovechamiento  importante del stock existente.

Otro de los objetivos es rehabilitar áreas degradadas del tejido formal e informal a través de acciones integrales,  desde la escala de la vivienda al espacio urbano, en consonancia con las previsiones de la planificación y el ordenamiento territorial. Esto significa fortalecer la cartera de tierras del Ministerio, mejorar los mecanismos de identificación y afectación para uso residencial de predios públicos, pero también incorporar mecanismos de licitación para la adquisición de predios aptos para la construcción de vivienda en todos los departamentos del país, con destino a la diversidad de programas ya mencionados.

Para el cumplimiento de este objetivo debemos destacar la particular relevancia que adquiere el trabajo articulado y complementario de Dinot, Dinagua, Dinama y Dinavi, que deberán garantizar una mirada interdisciplinaria en la planificación de las intervenciones a ejecutar.

Otro punto importante para este período es revertir las situaciones de precariedad sociohabitacional de los sectores de mayor vulnerabilidad y exclusión social. Esto forma parte de una sola y compleja realidad que exige un abordaje desde el punto de vista de las políticas sociales. La problemática habitacional de los sectores de pobreza no se puede abordar solo desde nuestro Ministerio, sino que exige mejorar y optimizar la actuación interinstitucional ya sea con otro Ministerio, como el Mides, con las Intendencias y demás.

Este plan quinquenal propone avanzar en el trabajo interinstitucional, dado que las realidades sociales y urbanas no pueden ser leídas desde la perspectiva de la vivienda ni desde un único actor institucional. Esta política de vivienda, en tanto que es una política social, se articula con el conjunto de prestaciones y servicios del sistema de protección social. Los espacios de coordinación e interacción son múltiples dado que los viejos y nuevos problemas sociales no pueden ser abordados desde acciones fragmentadas del Estado, sino que debe hacerse en forma integral y concertada. Sin un esfuerzo sostenido de planificación y acción conjunta entre los distintos actores institucionales, no es posible la actuación con los diversos sectores de la población con necesidades insatisfechas. El escenario de estas actuaciones es múltiple y, como tal, son múltiples los requerimientos para el logro de los resultados.

Lo que refiere al propio Ministerio requiere de una interacción eficiente y efectiva entre ambiente, agua, ordenamiento y vivienda. Además, incluye la articulación y consolidación del propio sistema público de vivienda a través de la Agencia Nacional de Vivienda, la Dirección Nacional de Vivienda, el Plan Nacional de Realojos, el Programa de Mejoramiento  de Barrios, ex PIAI, que con la incorporación del Plan Juntos trabajarán para dar respuestas integrales a la precariedad. El Plan Juntos se integrará a la institucionalidad del Ministerio en estrecha relación con la Dirección Nacional de Vivienda. Daremos continuidad a los proyectos de nueva oferta de vivienda que tiene este Plan en ejecución pero, además, impulsaremos su accionar y sus fortalezas a la atención de la demanda dispersa.

                En otros aspectos proponemos facilitar el acceso y la permanencia en la vivienda con  la modalidad de alquiler, y  mejorar la cobertura en todo el país con la Agencia Nacional de Vivienda y la Contaduría General de la Nación. Debemos evaluar los impactos de la ley de promoción de inversión privada para la construcción de viviendas de interés social con el objetivo de identificar  aquellas acciones y mecanismos que fomenten mejor la participación del sector privado en el aumento del stock habitacional y analizar en particular el destinado al mercado de alquileres que ha sido un pedido especial del sistema privado. Además, los señores senadores están en conocimiento de que el Ministerio de Economía y Finanzas incentiva la inversión de los privados en vivienda de interés social y otorgando mayores beneficios para el año que viene y para 2017.

Asimismo, nos proponemos potenciar la actuación de Mevir, especialmente, porque ha trabajado muchos años y muy bien en el medio rural. También se hará énfasis en los sectores más vulnerables ya que a nivel social hay un requerimiento muy importante de sus intervenciones. Fundamentalmente, queremos analizar –y los estamos haciendo con los privados– la posibilidad de realizar alguna intervención importante por medio de las PPP que puede ser una forma de inversión que ayude a otros sectores a los cuales a veces es más difícil llegar.

La Dirección Nacional de Medio Ambiente tiene como cometido lograr la protección del ambiente, propiciando el desarrollo sostenible a través de la generación y aplicación de instrumentos orientados a mejorar la calidad de vida de la población, la conservación y el uso ambientalmente responsable de los ecosistemas, coordinando la gestión ambiental de las entidades públicas y articulando con los distintos sectores sociales. Apostamos a posicionar a la Dinama como referente del país en materia ambiental promoviendo estrategias de gestión integrada para la protección, la prevención, la evaluación y el control ambiental en un contexto de políticas participativas y articuladoras. Por tanto, vamos a contar un poco cuál es la actual estructura de la Dinama. Hoy esa estructura se divide en cuatro áreas. Una de ellas es la de  control y desempeño ambiental. En los últimos  cinco años la Dinama aumentó en un 80 % su capacidad de control, alcanzando en la actualidad  las 2500 actividades controladas en todo el territorio nacional. De la forma que se potenció queremos aumentar todavía más la intervención de la Dinama en cuanto al control y al desempeño ambiental.

Hay otra área que es la encargada de evaluar el impacto ambiental. Como los señores senadores saben se implementa el Sistema de Autorizaciones Ambientales que es un instrumento preventivo centrado principalmente en el uso de la evaluación del impacto ambiental para tomar decisiones vinculadas a la instalación y a la operación de los emprendimientos. Se asegura de que se cumplan los requisitos técnicos e incorpora la mitigación y la compensación de impactos ambientales en los proyectos que se autorizan. En el año 2014 se aprobaron 212 autorizaciones ambientales previas, de las cuales 32 involucraron estudios de impacto ambiental.

Tenemos el área de información, planificación y calidad ambiental donde  fundamentalmente están concentrados los planes de acción de las cuencas de agua prioritarias. El trabajo en materia de calidad de agua es el eje principal de esta división. En esta misma área está el Observatorio Ambiental –del cual ya hablamos– y el Sistema de Información Ambiental, que ya está instalado y sirve para dar acceso público. Además, este sector es responsable de desarrollar la planificación ambiental estratégica y operativa de la Dinama para asegurar la eficiencia de sus acciones.

                Se apunta a fortalecer la planificación estratégica ambiental para el desarrollo de nuevos planes y programas que permitan impulsar la política ambiental nacional.

                El área de ecosistemas, tal como lo indica su nombre, se aplica a estrategias e instrumentos orientados a conservar la biodiversidad y su integración, la planificación territorial, entre otras políticas de protección y desarrollo sostenible. Aquí se incluye el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

                Los ejes principales que planteamos para este período de 2016 a 2019, son los siguientes. Mejorar la gestión integrada de las cuencas y de eficacia en las medidas tendientes a disminuir los aportes de contaminantes, tanto de fuentes puntuales como difusas. Para ello se han previsto inversiones en Dinama tendientes a mejorar la red de monitoreo ambiental existente.

Promover el adecuado desempeño ambiental del sector productivo y de servicios, así como a proteger los recursos naturales e integración social y productiva.

Mejorar la eficacia de los instrumentos de gestión ambiental y contribuir a una mejora de la calidad de vida de la población, incluyendo planificación ambiental estratégica para la ocupación sustentable del territorio.

Desarrollar el Observatorio Ambiental, consolidar el Sistema de Información Ambiental  –a nivel nacional– y fortalecer los actores locales para mejorar los ámbitos de participación y de descentralización de las acciones del Ministerio.

                Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y desarrollar el abordaje de la biodiversidad y la gestión costera con una mirada integradora.

                Con respecto al ordenamiento territorial, las principales líneas de trabajo apuntan a elaborar, promover y difundir la investigación aplicada en la materia, teniendo en cuenta los temas que están en la agenda del Gobierno, particularmente los vinculados a la agenda ambiental.

Implementar actuaciones coordinadas con Dinama, Mevir, la Agencia Nacional de Vivienda y todo el sistema público para apoyar la ejecución del Plan Nacional de Vivienda –de acuerdo con las leyes existentes–, viabilizando actuaciones integradas de suelo, vivienda e infraestructura.

                Las inversiones de la Dinot se incrementan para lograr estos objetivos. La idea es impulsar un sistema de información territorial de los componentes del  Observatorio Ambiental de la Dinama; esto es, coordinarlos con datos espaciales –lo cual ya se está haciendo a nivel central del Gobierno– y ampliar la accesibilidad pública al mismo. Se trata también de contribuir a la elaboración de mejores y más eficaces instrumentos de ordenamiento territorial; impulsar la creación de nuevas herramientas para la gestión territorial; evaluar y realizar el seguimiento de la implementación de los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible                           –fundamentalmente, a nivel de las intendencias–; cooperar técnica y financieramente con los Gobiernos departamentales para llevar adelante estos objetivos y priorizar la elaboración de ordenamiento de las cuencas Santa Lucía, Laguna del Sauce y otras que se han incorporado de similar importancia.

                Con respecto a la Dirección Nacional de Aguas, la prioridad es administrar calidad y cantidad de agua, lo cual nos enfrenta a un desafío ineludible en este período. Ello nos obliga a comprometer los mayores esfuerzos para consolidar una gestión sostenible integrada de los recursos hídricos y revertir el proceso de degradación que ha habido en los últimos sesenta o setenta años. A partir de la reforma constitucional del artículo 47, a la Dinagua le corresponde la formulación de las políticas vinculadas a los recursos hídricos y aguas urbanas: el agua potable, el saneamiento, el drenaje pluvial y el control en inundaciones.

                En anteriores administraciones se crearon tres consejos regionales y 9 comisiones de cuenca y acuíferos como instancia de participación a nivel regional y local.

En este quinquenio la Dinagua propone avanzar en el proceso de consolidación, participación, planificación e implementación de la gestión de los recursos hídricos, adecuada a los actuales desafíos. El aumento de la producción agropecuaria e industrial verificada en la última década ha generado una mayor presión sobre la cantidad y la calidad de los recursos hídricos, la que se ve agudizada por una mayor incertidumbre producto de la variabilidad y el cambio climático. En este contexto, preservar la calidad y la cantidad de los recursos hídricos para las generaciones futuras de manera compatible con un desarrollo sostenible exige mejorar su planificación y gestión. Esto implica incrementar la coordinación institucional y mejorar el conocimiento y los controles necesarios, por lo que es imprescindible incorporar nuevas tecnologías y herramientas de análisis, modelación y prospección.

Las inversiones para este período están destinadas a los siguientes programas: automatizar la red de monitoreo de recursos hídricos existentes y la trasmisión de datos en tiempo real para aplicaciones a la gestión de riesgo de sequía, prevención de inundaciones en áreas urbanas vulnerables, vinculándolas con los datos de monitoreo y previsión meteorológica en coordinación con otros organismos. Incorporar la planificación como instrumento con soluciones adecuadas para el drenaje urbano, el saneamiento, el agua potable en aquellos países que aún no cuentan con redes y sistemas de distribución que haya proporcionado OSE. Desarrollar proyectos que apunten a la mejora de la gestión de los recursos hídricos a través de la incorporación de información satelital y modelos de simulación desarrollados en cuencas piloto en los cuales se viene trabajando hace tiempo. Mejorar las capacidades en el territorio para aprovecharlas transversalmente, articulándolas con los instrumentos que ya hay creados: los consejos regionales, las comisiones de cuenca y acuíferos, y las 10 oficinas regionales con las que cuenta Dinagua en el interior del país.  Se creó el Centro Regional para la Gestión de Aguas Subterráneas junto con Unesco, que  va a aportar datos y nos va a ayudar a la administración de las aguas subterráneas en nuestro país. Consolidar el centro de tecnología de agua iniciado con fondos de cooperación española en convenio con OSE junto a la planta de tratamiento de efluentes sanitarios de la ciudad de Canelones para desarrollar conocimiento de tecnologías en saneamiento.

                La Dinagua cuenta con tres áreas, evolución y monitoreo de los recursos hídricos que es una red de casi 100 puntos de medición sobre lo que tenemos que trabajar en la tecnología para mejorar esto. El área de administración de recursos hídricos donde han crecido sustancialmente los usuarios registrados, cuyo desafío es aportarle tecnología a todo este sector. Me refiero al área de planificación de recursos hídricos con aguas urbanas y sus infraestructuras donde hay varios instrumentos y temas para trabajar como las inundaciones y las infraestructuras para drenaje, saneamiento de áreas que no tienen coberturas de redes, las demandas de uso del agua y  la disponibilidad de agua superficial y subterránea. Actualmente se trabaja en el plan nacional de recursos hídricos que está pronto para ser presentado en el correr de este último trimestre –o mejor dicho, ya se presentó una parte y se va a completar– y que después, seguramente podremos informar a los parlamentarios.

Hay cuencas que están siendo tratadas como cuencas piloto para conocer la oferta y la demanda del recurso hídrico, y hacer una simulación de su comportamiento. Por ejemplo, en Quaraí se trabaja con un programa de la Cuenca del Plata y se avanza en una gestión binacional para dar trabajo sustentable a areneros y ladrilleros que trabajan fundamentalmente en el cauce. Este es un ejemplo de las comisiones de cuenca.

SEÑORA PRESIDENTA.- Antes de comenzar con la consideración del articulado, damos lugar a las preguntas que diferentes integrantes de la comisión desean plantear.

SEÑOR HEBER.- Damos la bienvenida a la señora ministra y a la delegación que la acompaña,  especialmente, al director general de secretaría, doctor Guerrero, persona muy conocida por todos; al subsecretario del ministerio, señor Rucks, a quien conocemos desde hace mucho tiempo en el tema del medioambiente, y a la directora nacional de vivienda, señora Etcheverry. Todas ellas personas con las que hemos discutido varias veces aquí sobre el tema y con las que, seguramente, no faltará oportunidad de volver a hacerlo, ya que es a través de la discusión que podemos ayudar para que el impacto del ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medioambiente sea el correcto.

                En primer lugar, queremos decir –además de dar la bienvenida a la delegación del ministerio– que estamos en contra de la creación de una secretaría de medioambiente propuesta por el Poder Ejecutivo en el Presupuesto nacional. No viene al caso discutir nuevamente sobre el tema        –quizás algunos de nuestros compañeros senadores lo hagan– ya que lo hemos discutido con representantes del Poder Ejecutivo. Queremos que se tenga plena conciencia de cuál es nuestra opinión como partido.

Creemos que ha llegado la hora de hacer un esfuerzo y darle la estatura que se merece a la Dirección Nacional de Medioambiente, como una solución ministerial, es decir como una secretaría de Estado. Creemos que la importancia que hoy tiene el medioambiente en la sociedad uruguaya genera la jerarquización de esa dirección en un ministerio. En el período pasado presentamos un proyecto y lo reiteramos en este, de modo tal de tener una discusión sobre uno de los roles esenciales que tiene el Estado. Solo el Estado puede cumplir esa misión. Somos partidarios de que el Estado avance en el cuidado del medioambiente y que lo haga en gran forma.

Queremos poner el acento en el tema de la vivienda que en el pasado fue motivo de discusión y espero que no lo sea también en el futuro. Tenemos acá la meta del Plan Quinquenal de Vivienda. Nos ha costado bastante –como siempre– discernir lo que son construcciones nuevas de lo que son otros ítems que no tienen que ver con eso, cosa que ha sido motivo de discusiones en el plenario, incluso de reproches entre nosotros y demás. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo en nuestro argumento. La señora ministra no ha participado de esa discusión, por lo tanto empezaremos con ella en ese sentido.

Las metas del Plan Quinquenal de Vivienda establecen claramente los programas del ministerio, además incluyen créditos del Banco Hipotecario del Uruguay y la gestión de la Agencia Nacional de Vivienda. Son tres ítems muy claramente diferenciados en el planillado. En los programas del ministerio, hemos podido identificar que en el último ítem, donde se refiere a los programas de mejoramiento de barrios, se trata básicamente –según lo que hemos seguido en la discusión– del tema de los asentamientos. El antiguo PIAI ahora es absorbido en este plan en el que se proyectan 3.570 soluciones habitacionales. Esta es una discusión que hemos tenido en el pasado en el sentido de que en el tema asentamientos no todo es vivienda; sabemos de la evolución del barrio, de la educación, de la necesaria reinserción social, pero terminamos viendo el tema en función de la vivienda. O sea que el éxito está determinado por cuántas viviendas se han realizado y cuántas se pretende realizar; por lo menos es así como lo miramos nosotros. Reitero que esto ha sido motivo de discusión entre nosotros. Según el censo del año 2011, tenemos 589 asentamientos, que representan 48.000 hogares y 165.000 personas para reasentar. Reitero que estas cifras son del censo del año 2011.

De acuerdo con los informes de la Rendición de Cuentas del 2014 –la que votamos este año–, se regularizaron 28 asentamientos de los 589. Esos 28 representan 3.363 hogares en el quinquenio; o sea que estamos hablando de 3.363 hogares de 48.000, y de una población de 12.000 personas, cuando hay que reasentar a 165.000. Esto es lo que pasó. Ahora el plan quinquenal nos dice que va a haber 3.570, pero frente a las 3.300 vemos que es muy poco lo que se puede avanzar en este tema de los asentamientos.

Entonces, una de las reflexiones de carácter global que hacemos es que así no llegamos; nos va a insumir muchos años. A este ritmo, en 62 años podemos reasentar los 589 asentamientos, haciendo una simple cuenta. Estamos muy lejos. Todavía no comprendo, no sé qué pasa en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con el tema de las viviendas prefabricadas. Hay distintos sistemas. Como dije sé que en el tema asentamientos  no es todo vivienda –no me gustaría volver a discutir este tema–, pero frente a 3.500 viviendas en el quinquenio, y considerando que precisamos casi 50.000, lo que preguntamos es si el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente no pretende estudiar una política ‑seguramente no en todos los barrios se pueda hacer– que, mediante la rapidez en la ejecución, permita sacar a mucha gente que vive en asentamientos, en situaciones inhumanas, indignantes para todos. No se trata de que unos tengan una sensibilidad mayor a otros, ni que algunos partidos sean más sensibles que otros; todos queremos buscar una solución. Tenemos esta herramienta que permite implementar, digamos, una política de shock; hay miles de sistemas que resultan más eficaces y eficientes como para solucionarle el problema a la gente y sacarla, por ejemplo, de la situación en la que está viviendo, muchas veces debajo de una lata o de un nailon. Es para nosotros importante tener esto en cuenta en la discusión sobre la eficiencia. Creemos que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en el quinquenio pasado no fue eficiente en la ejecución y, por lo tanto, estos números son los que golpean y nos preocupan.

Nos gustaría un comentario de la señora ministra acerca de estas herramientas nuevas de construcciones rápidas. Sabemos que hay una situación compleja de tierras  –no hay una política en esta materia– y que se está dando una regularización de terrenos. La tarea del ministerio es, justamente, tratar de regularizar y reasentar lo que, para nosotros, sigue siendo una herida muy grande en la sociedad uruguaya porque no hemos podido dar solución a la situación de los asentamientos. Esto era lo que quería plantear con respecto a los asentamientos.

Ahora bien; los otros ítems que tiene el plan quinquenal nos platean nuevas soluciones habitacionales. A veces cambiamos algunos nombres en las planillas y nos tenemos que ir acostumbrando a esta nueva modalidad porque, de alguna manera, esto va determinando, después, un seguimiento que vamos a hacer en cada instancia de la rendición de cuentas.

Las nuevas soluciones habitacionales tienen que ver con la construcción de viviendas –que son 3.500 en el quinquenio–, las cooperativas –10.000– y la construcción de viviendas para el Banco de Previsión  Social; aquí se habla de 1.200 viviendas para jubilados. Insisto –me van a disculpar los colegas– en este tema, del que ya venimos hablando con las diversas autoridades del ministerio. Hemos abordado muchas veces el tema de si para el Estado es mejor generar una vivienda para un jubilado al que, naturalmente, no le queda vida para pagarla –lamentablemente, la vida es así–, o recurrir al alquiler de una por parte del Estado.  Esta es una idea que nos planteó la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Paysandú, que estaba estudiando y que me parece que es buena, aunque muchas veces los comentarios quedan en esta casa y no se traducen en soluciones. Me explico: a veces los jubilados tienen temor a vivir en barrios de jubilados. ¿Por qué? Porque lamentablemente vivimos en una sociedad insegura y son carne de cañón para la delincuencia porque están ahí y se sabe que son todos jubilados y que, de alguna manera, muchas veces están indefensos. Entonces, al barrio de jubilados lo ven con temor. Entonces, tal vez mañana podríamos tener la posibilidad de alquilarle una vivienda a un jubilado, incluso en las cercanías del resto de su familia, de sus nietos.

 Estamos viviendo una situación demográfica bastante extraña en nuestro país porque muchas veces en los centros de las ciudades –no solamente de Montevideo, sino del interior– hay mucha vivienda abandonada o la gente opta por irse a vivir afuera, dejando sus viviendas tradicionales y aquello de vivir cerca de la plaza principal.

 De alguna manera, el alquiler a un jubilado nos daría la posibilidad de brindarle inmediatamente una vivienda y que tenga un techo. No sería  aquello de la construcción de la vivienda que a veces, cuando se termina, muchos de los que se anotaron lamentablemente no están en este mundo como para poder disfrutarla, o cuando llegan a tenerla es por muy pocos años.

Entonces, planteo a la ministra una idea que le venimos diciendo hace tiempo y que me parece buena en cuanto a concentrar estas 1.200 viviendas, sobre todo, en la población en la que se precisan.

Después está el tema de la autoconstrucción asistida y de viviendas en pequeñas localidades. Estos son temas que hemos discutido muchas veces aquí porque se habla de préstamos y subsidios para la adquisición de viviendas y relocalización que, para nosotros, no se refiere a una vivienda nueva, como tampoco todo lo que significan los préstamos y subsidios para refacción y mejoras. Todo eso es necesario, pero nos gustaría tener una planilla más concreta, que no confunda lo que es vivienda con lo que refiere a refacciones, arreglos y alquileres de tal manera de poder determinarlas claramente.

                Frente a este asunto, las preguntas que formulamos hacen a una planilla del plan quinquenal y al censo hecho en 2011. Esa situación es preocupante porque, aparte de los números que nosotros mencionábamos referidos a asentamientos y a la cantidad de personas en ellos –son 160.000–, el ministerio nos dice que hay una demanda de 51.889 viviendas. Entre otros, se trata de ocupantes sin permiso del propietario –26 %– y de hogares en viviendas hechas con materiales deficitarios –17 %–, en donde muchas veces están hacinados: en más de la mitad de esos casos vive más de un hogar en la vivienda. Quiero destacar que estos son números del propio ministerio. Repito, esa demanda es de 51.889 viviendas.

                A su vez, se pretende que el aumento neto de hogares en el quinquenio sea de 45.000. Las nuevas construcciones que pretenden hacerse en el plan quinquenal son 19.700. Esto hace a una demanda de viviendas de casi 100.000 –97.000– y una oferta de vivienda donde se incluyen las 42.000 viviendas que estaban vacantes en 2011 y la construcción de nuevas viviendas, que asciende a 19.700. Por tanto, llegamos a una cifra cercana a las 62.000 viviendas, frente a las casi 100.000 que se demandan. O sea que estamos hablando de aproximadamente 34.000 o 35.000 personas que no verían satisfecha su demandan de viviendas.

                Ante este panorama parecería que el Estado uruguayo va atrasado en lo que tiene que ver con la vivienda. Estamos hablando de 160.000 personas y 589 asentamientos; estamos construyendo 28.000 viviendas por quinquenio y tenemos un déficit endémico de 35.000; todo este plan no llega a cubrir la demanda de viviendas existente.

                ¿Qué tiene pensado hacer el ministerio? ¿Piensa acudir a vivienda prefabricada? ¿Cuáles son las herramientas a utilizar como para poder bajar drásticamente una cifra porque, naturalmente, por los recursos que tienen el Estado y el ministerio, vamos a ir de atrás, corriendo la libre –como comúnmente se dice– y nunca vamos a tener la posibilidad de dar una vivienda digna, como nos obliga la Constitución de la república?

                Estos son los temas sobre los que quisiéramos que nos hablara la señora ministra: el plan y lo ejecutado, que es poco. No vemos que en el plan quinquenal haya nada nuevo que nos indique que estos números, que han sido negativos en el pasado, puedan revertirse.

SEÑOR CAMY.- Saludamos la presencia de la señora ministra, del subsecretario, los directores y asesores.

                Sin duda que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en la propia definición de su denominación nos expresa la importancia de esta área del gobierno que involucra tres temas trascendentes.

                Para seguir la dinámica de trabajo, y más allá de ocuparnos de temas concretos cuando analicemos el articulado, quisiera hacer dos o tres referencias, aunque sé que alguna no compete directamente al tratamiento del presupuesto y, por tanto, comprenderé si el tiempo  no da hoy para que se me responda.

                Con respecto al mensaje del Poder Ejecutivo, de los                           USD 12.370:000.000 que se prevén para el plan quinquenal de inversión en infraestructura, USD 1.320:000.000 serían para vivienda, es decir, el 10,67 %. Según lo establecían la ministra y el mensaje del Poder Ejecutivo, el monto era un 35 % superior a la ejecución del quinquenio 2010-2014. Al analizar los documentos que nos han llegado vemos que para el quinquenio 2015-2019 se plantean 88.400 soluciones habitacionales entre construcciones, mejoras, préstamos, contratos de alquiler, etcétera. En el período 2010-2014, sacando las 30.000 conexiones habilitadas a saneamiento, se previeron 117.489 soluciones habitacionales, incluidos los préstamos y si bien el costo de la construcción entre el 1.º de marzo de 2010 y el 30 de setiembre de 2015 aumentó un 90 %, en el mensaje del Poder Ejecutivo se prevé una inversión para este quinquenio de USD 1.320:000.000 que, como señalaba, representa un 35 % de incremento respecto del quinquenio 2010-2014, pero implica 29.029 soluciones habitacionales menos. Me gustaría que me lo explicaran porque las cifras no me terminan de cerrar.

                Las otras dos consideraciones puntuales tienen que ver con la Dirección Nacional de Medio Ambiente. En oportunidad en que comparecieran el señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y su equipo, se consideró el artículo 266 que refiere a la creación de la Dirección General de Control  de Inocuidad Alimentaria, dependiente de la referida cartera, la que tendrá determinados cometidos. Incluso, recuerdo que el ministro sugirió algunos cambios. El literal C)  expresa: «Diseñar protocolos de evaluación del riesgo para el ambiente, salud humana, sanidad animal y vegetal, de procesos», etcétera. Entonces, me gustaría consultar a la Dinama si no considera oportuno ajustar la redacción estableciendo más expresamente la consulta a la Dinama, o directamente, si hubiera acuerdo en la comisión y en el Senado, circunscribir ese literal  a la salud humana, sanidad animal y vegetal, a efectos de no invadir lo que, para mí, es competencia de la Dinama. 

También tengo otra consulta vinculada con la Dinama, aunque entenderé si los tiempos no dan para que se me conteste porque, como dije, mi inquietud no refiere estrictamente al proyecto de Presupuesto. Debo agregar que está pendiente un pedido de informes que no reiteré porque sé que la ministra está trabajando en el Presupuesto como nosotros. Cabe señalar que de parte de la señora ministra y del ministerio siempre hemos tenido una consideración en el trato que me interesa destacar.

En este caso, me gustaría que se me respondiera, por lo menos, sí o no, a la siguiente inquietud. Quisiera saber si en el quinquenio se piensa adquirir un predio al sur del departamento de San José, en el límite con el departamento de Canelones, para el tratamiento de los lodos, dada las dificultades que se han suscitado en Aguas Corrientes con relación al agua potable.

                El otro tema tiene que ver con la relación de la Secretaría de Estado y los Gobiernos Departamentales. Quiero preguntar si a juicio del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente el hecho de que exista en las institucionalidades de los Gobiernos Departamentales una dirección, un ámbito específico, espejo del ministerio, les resulta de facilidad para la ejecución de la gestión –más allá que sabemos que hay convenios marco que se aplican en distintas partes del territorio–, fundamentalmente, en lo que tiene que ver con la proyección del ámbito del Gobierno hacia 2025 o 2030 cuando hay que mirar aspectos más vinculados al crecimiento demográfico que sabemos que no es igual en todo el territorio, porque algunos se proyectan negativamente y otros suben. Concretamente, quiero saber si, por ejemplo, los resultados obtenidos hasta ahora en las distintas áreas, fundamentalmente en vivienda, son mejores en aquellos departamentos que han tenido esa institucionalidad y aquellos que no lo han involucrado por pensar que es un área que por ley compete al Gobierno nacional.

SEÑOR DELGADO.- En primer lugar, quiero saludar a la señor ministra, al subsecretario y a los demás directores que nos acompañan. Voy a hacer una consulta general para, después, formular preguntas sobre el articulado.

                En el artículo 2º del proyecto de ley que viene del Poder Ejecutivo, que después fue aprobado por la Cámara de Diputados, se crea un cargo de particular confianza que es el de Director de Cambio Climático y se le retribuye como director del Inciso. Quería preguntar a la señora ministra, más allá del cargo en sí, sobre un tema más conceptual. Si nosotros vamos a los Incisos de la Administración Central, en el Inciso 02, «Presidencia de la República»,  artículo 17, se crea la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático y se expresa:  «la que tendrá como cometido específico, además de los que se le asignen por norma objetiva de derecho, el de articular y coordinar con las instituciones y organizaciones públicas y privadas, la ejecución de las políticas públicas relativas a la materia de medio ambiente, agua y cambio climático». Quiere decir que estas tres áreas de trabajo tienen que ver con tres direcciones que están acá en este ministerio: Dinagua, Dirección de Medio Ambiente y ahora con la creación del Director de Cambio Climático. Nosotros no compartimos la creación de una secretaría – como señaló el señor senador Heber–, en su momento hubo un intento, después se reconsideró y me parece positivo que toda la competencia hubiera quedado dentro del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, entre otras cosas, porque hay control parlamentario y también para no darle a la Presidencia más competencias que, reitero, quedan fuera de la órbita de monitoreo de esta Casa. Quiero saber cómo va a hacer la señora ministra para coordinar la superposición de tareas, porque es notorio que la va a haber. Las tareas descritas en el artículo17 del Inciso 02  «Presidencia de la República» son tareas específicas, inherentes, intransferibles, insoslayables de las tres direcciones a las cuales se hace referencia: a las dos que ya están en el ministerio y a una que se crea con este articulado. Entonces,  quiero saber cómo van a compatibilizar esas competencias que, en definitiva, van a estar superpuestas, una en un área del ministerio, con las direcciones correspondientes y ahora otra con una Secretaría  en la Presidencia de la República.

SEÑOR AGAZZI.- Quiero hacer preguntas en términos generales sobre dos aspectos que son importantes y que muchas veces tienen complicaciones.

                Uno es con relación a la obligación de hacer una evaluación del impacto ambiental de los emprendimientos donde está dispuesto por ley la realización de una audiencia pública como paso previo a la autorización ambiental. Esas audiencias públicas se han hecho con distintos resultados y, muchas veces, en un ambiente de conflictividad y de confrontación, que no es bueno. La presentación del proyecto la hace una empresa privada, cuando muchas veces la sociedad toma posición en relación al proyecto –que presenta la propiedad privada– y se da un clima que no es bueno para entender los resultados de esa audiencia pública. Creo que la Dirección Nacional de Medio Ambiente tiene la obligación de leer, en esa audiencia pública, cuál es el sentimiento de la sociedad, pero si se entra en un clima de clásico, estamos fritos. Muchas veces han existido problemas por el diseño de esta audiencia pública.

                Es necesario trabajar –lo hemos conversado alguna vez– para que esta audiencia pública sea más racional y más democrática. Quiero saber en qué punto está esto porque es un asunto que entiendo es importante.

                Otro aspecto que me parece trascendente –y con el que frecuentemente hay problemas– es que se tiene el financiamiento para hacer construcciones pero hay algunas cuestiones previas que lo impiden, por ejemplo, el saneamiento. Muchas veces nosotros hemos recibido en la comisión de medio ambiente a ciudadanos que tienen la autorización para construir, tienen el predio, pero no pueden comenzar ¿Qué es lo que pasa? El saneamiento no se puede inventar en cualquier lado. En realidad son proyectos que se crearon pero el saneamiento se tuvo en cuenta después, cuando en realidad es algo que se debe considerar previamente. No sé si  hay cierta rigidez de los técnicos en saneamiento de exigir que sea como ellos piensan o si existe la posibilidad de profundizar en los conocimientos técnicos para lograr el saneamiento que se necesita en ese lugar, de acuerdo a lo que es un sistema de esa índole.

                Me gustaría saber en qué punto están estos aspectos. Cualquiera de las dos situaciones que he planteado es limitante para el cumplimiento de las obligaciones institucionales del Ministerio.

                Es cuanto quería plantear.

SEÑORA MINISTRA.- Estoy de acuerdo, señores senadores y señora Presidenta, en la importancia de la preocupación que todos tenemos por los asentamientos, los temas sociales y la eficiencia con la cual tenemos que actuar.  Para ello tenemos en cuenta todas las nuevas tecnologías.

                De todos modos, más que como ministra quiero hablar como alguien que estuvo en estos temas desde hace cuarenta y pico de años. Ahora ya no me desempeño como arquitecta, pero recuerdo que cuando era estudiante y relevábamos los asentamientos –hablo de fines de los sesenta y principio de los setenta– todos pensábamos que lo resolvíamos fácilmente. Estoy de acuerdo –y creo que todos debemos estarlo– que con un techo no resolvemos un tema que, muchas veces, está teñido de muchas características.

                Creo que es importante pensar que este ministerio, y fundamentalmente este Gobierno –y quizás venimos con los temas de los anteriores–, no hace cuentas tipo almacenero, es decir, no se pone a ver si tiene tantos asentamientos acá, si el censo  dio tal resultado  y si tiene que responder en base a eso. En realidad, las cosas no son así con las familias y con las personas; la sociedad es cambiante.

Como decía otro de los senadores, hay lugares donde aumenta la población y lugares donde disminuye. Nuestra sociedad cambia y ha cambiado tanto que ya no resulta de interés económico, por ejemplo, hacer viviendas con muchos dormitorios. Se venden y se alquilan mucho más las viviendas con un dormitorio, porque ahora tenemos mucha gente mayor de 50 años. La familia se disgrega y, por lo tanto, quedan personas mayores solas. Además, los jóvenes también  se van de sus casas. Toda esa situación hace que  nuestra sociedad no sea la misma y no podamos sacar una foto o hacer una suma y resta tan fácil, como para poder decir  «con tantas construcciones soluciono esto». Quiero señalar algo más a este respecto.

Fui dibujante del Instituto Nacional de Vivienda Económica y como tal estuve cerca de las familias y recuerdo perfectamente esa época. Puedo decir, entonces, que el trabajo es importante, pero con la vivienda no resolvemos la vida de la gente. Cuando se quiere retirar a algunas personas  de zonas inundables o se las quiere realojar en otro lado, muchas veces no quieren hacerlo porque es donde se instaló un abuelo, tienen enterrado el perro, están al lado del agua, etcétera. Cuando se insiste en que deben irse porque esa zona pasó de inundarse cada diez años a hacerlo todos los años, la contestación es que no importa y que se quedan; hasta esas situaciones debemos contemplar.

                Acá no hay diferencias políticas; todos queremos resolver las situaciones sociales. El hecho es cómo hacerlo y yo creo que el camino es el de contestar a la demanda. A veces los censos no son suficientes; debemos atender la demanda prácticamente individual de nuestra población. Todavía estamos a tiempo de hacerlo y esa es la perspectiva de lo que queremos hacer con nuestra gestión o, quizás más, si la mejoramos. No se trata de dar tantas viviendas a tantas personas. Nos negamos a hacer guetos de pasivos, de soldados o de policías; esa gente se va a integrar a los sistemas de vivienda generales que tenemos.

                Con respecto al resto de la intervención me gustaría ceder el uso de la palabra a la directora de vivienda que cuenta con datos mucho más específicos, pero antes me voy a referir al tema de las inversiones en infraestructura. A modo de dato quiero decir que los montos que se manejan para inversiones involucran  la vivienda y muchos otros rubros. Así lo señaló el presidente de la República cuando informó sobre las inversiones de infraestructura.

                El tema de la Dinama y el artículo de ganadería lo va a responder el director de esa dirección.

                En cuanto a la famosa secretaría quiero decir que fue trabajada en conjunto con el presidente de la República, los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca; Defensa Nacional; Industria, Energía y Minería y el nuestro. La creación de esa  secretaría es el primer paso para fortalecer todo estos temas que hoy están siendo coordinados a nivel nacional e internacional por una gestión incentivada a partir del relacionamiento de los diferentes ministerios. Actualmente tenemos una buena interacción nacional e internacional, pero la secretaría va a centralizar estas coordinaciones. El fortalecimiento de estos tres aspectos es  política de Estado. Además, aclaro, que no se le quita a este Ministerio ninguna de sus funciones ni obligaciones. Eventualmente se podría estar de acuerdo con la existencia de un ministerio específico, pero hoy no están dadas las posibilidades. Hemos estudiado todas las formas que se utilizan a  nivel internacional y podemos decir que son infinitas. Hay países que tienen Ministerio de Medio Ambiente; otros tienen direcciones; otros dividen estas cosas en tres o cuatro fases, etcétera. Por tanto, no es fácil tomar una determinación en un país como el nuestro. Sí creo que esta secretaría es un paso importante para fortalecer esta área y fue propiciada por todos los ministerios que acabo de mencionar. Quiero darles la tranquilidad de que aparte de que van a tener la posibilidad de controlarla a través de los ministerios –porque vamos a integrar esta secretaría a través de un gabinete de ambiente–, vamos a fortalecerla con otros sistemas que van a llegar a la sociedad civil, etcétera. Creo que todas estas cosas que se están elaborando van a clarificar mucho más la situación con respecto a la secretaría.

                Estoy de acuerdo con el señor senador Agazzi en que cuando uno publica estas cosas, efectivamente, están los pro y los contra, y se crea una situación de conflictividad. Me parece que ese es un tema que hemos discutido y me gustaría que la Dinama lo explicara.

                Con respecto al tema del saneamiento debo decir que este ministerio recorrió el país. Todo el equipo visitó y se reunió con los técnicos de dieciséis departamentos. Para responder a una de las preguntas debo decir que si en los departamentos hay algún equivalente de alguna de las direcciones del ministerio, se facilita enormemente el trabajo. Cuando un departamento hace hincapié,  por ejemplo en los temas ambientales, –por nombrar uno fácil– y pone en su equipo a un técnico que tenga conocimiento e interés,  seguramente actuemos mejor. Hemos podido comprobarlo porque en muchos departamentos del interior eso ya se ha creado y se trabaja mucho mejor. Nos facilita el trabajo por el hecho de que los directores de nuestro ministerio se relacionan directamente con las intendencias a través de ese nivel técnico, lo que implica una mejora en la gestión del territorio y eso es fundamental. Si nosotros no actuamos en el territorio no tenemos forma de garantizar la eficiencia de cualquiera de las direcciones a nivel nacional.

                Ahora me gustaría cederle la palabra a la directora de vivienda para que explique las diferentes situaciones. Luego a los directores de la Dinama o a la Dinagua por si los señores senadores necesitan saber algo más.

SEÑORA ECHEVERRY.- Me gustaría complementar algunos aspectos que acaba de mencionar la señora ministra y ampliar un poco la información respecto a qué nos referimos cuando hablamos del Programa para el Mejoramiento de los Barrios.

                Por supuesto que compartimos la preocupación y nos ocupamos de ser más eficientes y más efectivos en el abordaje de esta situación, pero creo que no podemos obviar algunas consideraciones que tienden a clarificar un tema tan complejo. Cuando hablamos del Programa para el Mejoramiento de los Barrios o lo que se denominaba Programa de Integración de Asentamientos Irregulares, en principio tenemos que recordar que fue generado en el año 1999 como una unidad coordinadora que estaba en la órbita de la Oficina Nacional de Planeamiento y Presupuesto. Recién en el año 2005 pasó a integrarse al ministerio de vivienda porque se entendió que ese era el ámbito natural para articular, dar respuestas más integrales y lograr el objetivo de regularizar las  situaciones. Justamente, este Programa de Mejoramiento de Barrios es  un instrumento más dirigido a las situaciones de mayor precariedad y vulnerabilidad, atiende a aquellos asentamientos que pueden ser regularizados, y esto es un requisito del programa que el país en su momento estableció a instancias del acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es quien lo financia. Precisamente, en ese marco lo primero que hay que considerar es que más del 75 % de las familias que residen en asentamientos deben poder permanecer en él. Tienen que estar en una categoría de  factibilidad, cuyo objetivo principal sea que ese asentamiento se pueda integrar a todos los estándares urbanos de servicio y de infraestructura –saneamiento, alumbrado, calles, equipamientos comunitarios y espacios públicos– para mantener  la calidad del entorno y  garantizar la integración a esa trama urbana, porque lo que ya tenemos ahí son familias que han puesto su esfuerzo para construir ese pedazo de ciudad, con la memoria de la integración a las características de esa ciudad. Eso es lo principal, por lo cual los realojos no pueden ser más del 20 %. Cuando hablamos de reasentar, no es este el instrumento; el reasentamiento lo generamos en el año 2010 a partir de un instrumento, que es el Plan Nacional de Relocalizaciones, mediante el cual se prioriza a aquellas familias que están en asentamientos en zona inundable o contaminada.

Pero el Programa de Mejoramiento de Barrios tiene otra definición. Es más, la complejidad del programa hace que no podamos decir que sea un programa de vivienda, de infraestructura o un programa social, sino una mixtura de estas tres dimensiones, porque genera infraestructura urbana con todos los servicios físicos importantes que hacen a la calidad de ciudad, así como los equipamientos sociales que hacen a la inclusión. La idea es que si hay una escuela o una policlínica, se puedan ampliar y si hay recursos para la gestión se construyan los realojos necesarios, por parte de los organismos competentes, mediante el reparcelamiento, fraccionamiento u ordenamiento de ese pedazo del territorio, a efectos de que mantenga todos los estándares. Por supuesto que esto se hace en clave del fortalecimiento de la organización social en sus más variadas expresiones. Aquí lo que importa es que la gente, que es parte de la caracterización de ese problema, también se comprometa con la definición de cuáles son las mejores soluciones en todos los ámbitos.

                Cabe señalar que en este tema se generan aspectos importantísimos desde el punto de vista de la apropiación porque hay familias que se involucran, no solo en los procesos de obra físicos, sino en los procesos de construcción simbólica de ese hábitat. Esto es así, porque estamos hablando    –por supuesto que no es un invento de 2005, sino que viene de tiempo atrás– de que la política de vivienda no puede ser leída aisladamente de la política y del derecho de la ciudad, y de lo que esto conlleva.

                Esta es la lógica del Programa de Mejoramiento de Barrios. Sin duda que a partir de 2005 se produjo una reformulación con su ingreso al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, hasta por el hecho de entrar en diálogo e interactuar con la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, con la Dirección Nacional de Vivienda y con la Dirección Nacional de Medio Ambiente y, por supuesto, con la integración del Ministerio al Gabinete Social para articular todas las políticas sociales. En estos contextos la vivienda es una condición necesaria –como dijo la señora ministra–, pero no es suficiente. Por eso, a partir de la mejora sustantiva de las condiciones materiales de vida, se comenzó a trabajar sobre las mayores capacidades para la inclusión de la gurisada al sistema educativo y de todos los adultos que estén  en condiciones de trabajar, o en edad activa, al ámbito laboral, así como también en la apropiación de los bienes culturales, los propios de identidad de ese barrio, pero también los que incluyen con el entorno.

                Entre algunos de los cambios que se han generado actualmente, ya no se interviene en el asentamiento aislado –como se hizo de 1999 a 2005–, sino que se interviene con una lógica de área precarizada. En todos los casos, ese asentamiento está inserto en un área que también tiene las mismas características de precariedad, más allá de que en el sustento de la definición de asentamiento –que tiene que ver con la relación dominial con ese predio–, el entorno sean propietarios o tejido formal. Ahora bien, desde el punto de vista de los servicios sociales, viven las mismas carencias o la misma precariedad que tienen en materia de infraestructura. Es más, muchos de los asentamientos han surgido colindantes con conjuntos de núcleos básicos que se construyeron en la periferia, producto de que la vivienda no es la solución cuando estamos hablando de hábitat y de construir ciudad y ciudadanía.  Y en esa lógica hoy se interviene en este concepto de área precarizada, a través  del Programa de Mejoramiento de Barrios, dotando a los asentamientos de los servicios de infraestructura, sociales y de fortalecimiento de la organización barrial, pero también confluyendo y conjugando  con el resto de los programas del sistema público de vivienda –por ejemplo, a través de los préstamos de refacción para mejorar las humedades, ampliar una habitación o cambiar una fachada–  simultáneamente con el entorno formal, que vive las mismas situaciones. Se distribuye la inversión, se generan lazos de solidaridad y se va mitigando aquel conflicto por el que, quien está en un asentamiento no paga y recibe las obras, mientras que los propietarios, que son los que pagan los tributos, no las reciben. Se ha ido construyendo esa lógica de que la inversión que hace el Estado sea para mejorar todo ese entorno urbano que es una unidad territorial. Ello no comprende solo a la vivienda; diría que es mucho más que eso. Los datos que están en el plan quinquenal –que es extenso porque son aproximadamente 170 páginas– demuestran que hemos mejorado los instrumentos que ya teníamos, de décadas de estudio y profundización, porque estamos convencidos que el conocimiento de la realidad es lo que nos permite direccionar mejor los programas y ser eficientes.

También tenemos un capítulo de evaluación muy detallado –que va desde la página 64 a la 70– del Programa de Mejoramiento de Barrios, que tiene  algunos datos que me parecen importantes. Cuando hablamos del Programa de Mejoramiento de Barrios, un proyecto –por lo que acabo de decir–  no es un asentamiento, si no que pueden ser dos o tres asentamientos, en este concepto de área precarizada que ha sido desarrollado en las memorias. En este marco –más allá de lo significativo o no–, hay 28 proyectos en 42 asentamientos que se han logrado revertir e integrar a la ciudad y a la ciudadanía.  Creo que hemos mejorado muchísimo mediante la articulación con los Gobiernos Departamentales que son los que proponen y priorizan los asentamientos, y las zonas a ser financiadas en el marco del Programa de Mejoramiento de Barrios. Es decir, no es una definición del ministerio, si no que se logra con el conjunto de acuerdos y convenios que se establecen con los Gobiernos Departamentales. Aquí hay una importante articulación y un respeto por lo que son las competencias de los gobiernos departamentales y de las intendencias departamentales en lo que hace al desarrollo urbano y a la planificación de la ciudad.

Saber cuántas viviendas se hacen y cuántas viviendas no se pueden hacer  entendemos que no es, en este caso y en este programa, la clave que da el éxito, sino  la cantidad de familias que adquieren, desde el punto de vista de sus condiciones de vida, las calidades que les corresponden, como a cualquier ciudadano. En otros programas es distinto, pero son programas diferentes. Mejorar un barrio no es lo mismo que reasentarlo porque, más allá de que son complejidades similares, son acciones diferentes que requieren formas de intervención distintas. En este marco, no solamente hay programas que atienden la situación ya dada –ahí sí, compartimos en cuanto a que nos puede llevar 60 años o más–, sino que hemos ido generando programas que permitan, por ejemplo, el acceso de estos sectores de población al suelo urbanizado para que no tengan que radicarse en un asentamiento. Estos documentos muestran que venimos teniendo buenos resultados, que esta es una política que da buenos resultados. No hay que actuar sobre el hecho consumado, sino generar mecanismos de prevención de los asentamientos, y así lo hemos venido haciendo a través de los programas de autoconstrucción en terrenos públicos, en carteras de tierras del ministerio o de algunos gobiernos departamentales, con el programa de lotes con servicio donde el ministerio también financia la infraestructura y –por supuesto– la vivienda, con la garantía de alquiler y con la diversidad de instrumentos que tenemos. Para revertir el fenómeno es importante generar mecanismos que encuentren y le den una salida accesible a la familia. En ese sentido, creo que vamos por el buen camino o por lo menos así lo señalan los estudios y la evaluación que hemos documentado en el plan quinquenal.

Estrictamente desde el punto de vista de la vivienda, hay sistemas prefabricados que pueden dar resultados, pero no necesariamente implican menores plazos ni menores costos. Desde la década de los noventa –incluso, antes–, nuestro país tiene muchos antecedentes de sistemas prefabricados  que no necesariamente dieron resultado. Hoy tenemos situaciones de conjuntos habitacionales muy importantes con sistemas prefabricados que no tuvieron algo que entendemos que es vital, que es la certificación técnica y las garantías para las condiciones de habitabilidad y para  la vida útil de esa vivienda que hoy estamos atendiendo. 

Creemos que es importante la innovación tecnológica; de hecho, el ministerio hoy tiene una política y procedimientos claros para esta certificación técnica y para dar garantías a la población y a las empresas que quisieran trabajar con fondos públicos, en la utilización de sistemas constructivos y en innovación tecnológica, pero requieren una cuestión de escala que no la fija el ministerio sino, también, la realidad. Si bien hay experiencias exitosas, creo que no es posible generalizar la casuística como la solución y menos en el programa Relocalización de Familias, que están en zonas  no aptas para vivir, o en el programa Mejoramiento de Barrios. Fundamentalmente, esta política tiene como eje a la persona, al individuo, a la familia y a sus capacidades de apropiarse y realizarse simbólicamente en ese espacio territorial.

                Respecto de las soluciones habitacionales vinculadas a la población de jubilados y pensionistas, compartimos lo planteado por el señor senador. De hecho, lo venimos aplicando desde hace bastante tiempo, concretamente desde el 2005. En el 2007 se llegó a acuerdos con el Banco de Previsión Social. Los señores senadores sabrán –porque lo hemos dicho– que todo lo que refiere a política y a los programas destinados a los jubilados y pensionistas contributivos del Banco de Previsión Social, se resuelve en el marco de una comisión consultiva establecida por ley integrada por el directorio del Banco de Previsión Social, representantes de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay –Onajpu– y del propio Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial  y Medio Ambiente a través de la Dirección Nacional de Vivienda. Si bien llevó un tiempo de discusión y de intercambio, sobre todo con los representantes de Onajpu, llegamos a un acuerdo y desde el año 2008 opera el subsidio de alquiler para los jubilados y pensionistas del BPS, transformándose en un muy buen instrumento. Sobre todo en algunas localidades que, por sus características, tienen la oferta y el BPS tiene las capacidades para hacer el seguimiento de todas las personas que son parte de su población prioritaria. En este momento, tenemos alrededor de 200 subsidios en todo el país y nuestra meta es superar los 750 subsidios anuales para el próximo quinquenio.

No obstante eso, también hemos incorporado otros instrumentos, porque la heterogeneidad de la situación de la población debe ser tenida en cuenta por la política del ministerio y de los programas para ser más eficientes en las respuestas. No se trata de que haya una solución general y que la gente se amolde, sino de buscar soluciones locales o particulares. En ese marco, hemos incorporado unidades de un dormitorio a complejos habitacionales de población activa –para diferenciarlos de alguna forma– para jubilados y pensionistas con el fin de que se vayan incorporando. También fue producto de una situación de acuerdo y consenso con los representantes de la Onajpu y del Banco de Previsión Social. Es una experiencia que hasta ahora viene siendo muy exitosa y bien valorada. Estamos hablando de entre seis, siete y ocho unidades de un dormitorio en los conjuntos que construye el ministerio para integrar a esos sectores de la población, cosa que es muy importante.

Asimismo, me parece importante agregar que las 1.200 viviendas que están previstas para el quinquenio en el marco de los acuerdos con el Banco de Previsión Social y de la Onajpu son propiedad del Banco de Previsión Social. Los jubilados y pensionistas reciben el uso y goce de esa unidad, pero esa vivienda es administrada, cuidada, mantenida y permanece en la propiedad del Banco de Previsión Social. Es decir que en el caso de que el adjudicatario fallezca o deje de valerse por sí mismo y requiera de otro tipo de soluciones –dentro de la diversidad de instrumentos que se han ido generando también tenemos subsidios para casas de salud– esa unidad es destinada a otro jubilado y pensionista del Banco de Previsión Social.

A lo anteriormente expuesto, agregamos los acuerdos con Mevir porque debemos llegar a las pequeñas localidades donde también tenemos jubilados y pensionistas que están esperando una respuesta –que les corresponde– del Banco de Previsión Social. Hemos empezado a construir donde Mevir ya tiene programas nucleados, de modo de generar la integración y la contención social, pero también para darle respuesta a esos jubilados y pensionistas que están pequeñas localidades del interior profundo. Ya lo hemos hecho en varios departamentos, y dentro de muy pocos días tendremos algunas inauguraciones. Eso nos parece importante y sustantivo no solo como ejemplo de lo que significa para ese sector de la población y la sensibilidad que implica –y que compartimos con el señor senador– sino también por cómo vamos integrando las respuestas dentro de este sistema público de vivienda, para dar cabida a la diversidad y heterogeneidad de situaciones.

Con respecto al tema del déficit y demanda, hemos incorporado los números en el plan quinquenal. Nos pareció importante hacerlo porque en esta misma comisión, en oportunidad de otras rendiciones de cuentas, se ha consultado mucho sobre el tema del déficit. En el país tenemos distintos números, resultado de los diversos indicadores de medición que se han tomado en diferentes momentos, algunos comparables y otros no tanto. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en este plan quinquenal toma partido y define qué va a considerar para el déficit. Y ahí establecimos tres aspectos importantes que, obviamente, también surgen y son confrontados con los resultados del censo del año 2011, que tienen que ver con el hacinamiento, con ser ocupantes sin permiso. No necesariamente, por el hecho de que dos hogares comparten una vivienda, significa que  haya uno que la requiera, y eso queda aclarado acá. Hoy estamos asistiendo a diversos arreglos familiares.

A esto hay que sumar la tasa de crecimiento demográfico, con las variantes que viene teniendo  en nuestro país porque, sobre todo, tenemos un crecimiento mayor de hogares que de personas, producto de las situaciones que mencionaba la señora ministra: parejas que se separan, jóvenes que emigran con cierta precariedad desde el punto de vista laboral, etcétera y eso nos está dando una estimación del déficit, desde el punto de vista cuantitativo, de 51.000 unidades.

Desde el punto de vista cualitativo, tomamos partido por una definición que para nosotros pasa a ser oficial, que es el rango con el cual se hacen los estudios comparativos año a año con lo que vaya gestionando el ministerio, y eso nos está dando una cifra del entorno de las 100.000 unidades. El tema  es que ahí no todas las familias son pobres; no todas las familias resuelven su situación con una nueva vivienda, y eso también lo dejamos claro. Lo que decimos es que hay que tener en cuenta que hoy estamos trabajando para definir la demanda, que es muy distinto al déficit. La demanda proviene de aquellas familias o personas que, efectivamente, están requiriendo una vivienda, y para eso hemos generado un marco, un convenio con el Instituto Nacional de Estadística, una incorporación en la encuesta continua de hogares de todo un formulario y un apartado vinculado al tema demanda, para efectivamente saber cuántas personas o familias están buscando vivienda. Se recaba información acerca de si buscaron en el último trimestre, si encontraron pero no tuvieron capacidad de crédito para adquirirlas, o si buscaron y no era la que necesitaban de acuerdo a su composición, y una serie de variables más.  Son microdatos que hoy están siendo procesados y que nos va a permitir tener  mayor precisión. Téngase presente que los programas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente no excluyen, en ningún caso ni en ninguno de sus programas, a familias que ya tengan una solución habitacional, por ejemplo en alquiler; pero si desea su vivienda propia –un concepto muy arraigado culturalmente–, puede inscribirse en los programas de adquisición de vivienda. Por lo tanto, no estamos rebatiendo y revirtiendo el déficit, sino atendiendo esa demanda, y nos parece importante tenerlo claro para que podamos ir ajustando los lineamientos de esta política, que queremos siga siendo universal. Así que nos parecía importante aclarar esto.

                Vinculado al tema de las 29.000 soluciones que marcaba el señor senador Camy, me parece importante subrayar, más allá de que ustedes lo han mencionado, que cuando estamos exponiendo las metas y los programas, diferenciamos claramente el MVOT y Medio Ambiente y la Dirección Nacional de
Vivienda a través de la ejecución del Fondo Nacional de Vivienda, de los otros organismos del sistema público de vivienda, también establecidos por ley, más allá de que hoy tengamos a la Agencia Nacional de Vivienda, producto del proceso de reestructura de la política habitacional. Y en ese marco, en el período pasado, la Agencia Nacional de Vivienda, creada en el 2008 y puesta en funcionamiento sobre fines de ese año, tenía una meta de reestructuración de créditos muy importante, de los cuales dio cuenta, y están también mencionados con cada una de las categorías –los que reestructuraron, los que cancelaron, los que están en proceso de reestructuración, etcétera– en las páginas 47 a 58, y es por eso la disminución. Son soluciones que fueron ya gestionadas en el marco de las políticas de restructuración de deuda y de regularización de la Agencia Nacional de Vivienda. Allí está la diferencia sustantiva.

                Respecto a las unidades que tienen las intendencias a nivel de direcciones o departamentos, puedo decir que, sin duda, tener interlocutores –y que estemos hablando de las mismas áreas– siempre es un aporte, pero tampoco podemos tomar una posición. Lo que decimos es que bienvenida sea la capacidad de dialogar teniendo en cuenta que la ley del año 1968 –la del Plan Nacional de Viviendas– mencionaba a los gobiernos departamentales, también, como actores dentro del sistema público de vivienda.

                Hoy tenemos la situación de que, en algunos casos, la interlocución también es con el ámbito del ordenamiento territorial, para dar debida cuenta de una política mucho más eficiente.

                Respecto al saneamiento, tenemos un capítulo –supongo que los señores senadores lo habrán podido ver– especialmente destinado al tema, y mencionamos algunas restricciones o factores externos que inciden y gravitan en la política de vivienda y en algunos programas en particular. Para eso hay una coordinación, una articulación, un diálogo y un trabajo conjunto, en algunos casos, con la Dirección Nacional de Medio Ambiente, con la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial y, particularmente, con la Dirección Nacional de Agua, y hemos ido resolviendo buena parte de las restricciones vinculadas al saneamiento, no para todo el conjunto de los programas pero sí para buena parte de ellos y, en este sentido, la política de tierras públicas ha sido un factor importante.

Por otro lado también decimos, respecto al tema del saneamiento –y esto lo podrá complementar el ingeniero Greif, director de Dinagua–, que hay soluciones que son locales y que dependen de las características del programa y de la localidad en que se esté inserto. También hay un proceso de elaboración conjunta en la interna del ministerio, en el que participan otros organismos –como OSE y Mevir–, vinculado a acciones de mediano y de largo plazo. Somos conscientes de que hay un gran rezago desde hace décadas  y de que se viene trabajando en el tema, pero también de que hay soluciones que, técnicamente, son adecuadas ambiental y económicamente a determinadas localidades y a otras no. Para eso se ha podido trabajar con protocolos específicos vinculados a situaciones más urgentes, sobre todo de cooperativas. En otros casos, nos hemos manejado con la política de tierras del ministerio, que dota de todos los servicios mediante convenios que tenemos con OSE, principalmente para el saneamiento, que es la inversión más costosa. Sin duda, hay toda una línea de trabajo que podrá desarrollar el ingeniero Greif.

SEÑOR GREIF.- En realidad, se ha hecho una muy buena introducción y una contextualización del tema de la vivienda, en general, y del saneamiento, en particular, que me evita hablar mucho más del avance que se está dando y de cómo se está trabajando.

Como se ha dicho, no es un tema que pueda resolver una dirección en particular o un área del ministerio, sino que en él estamos trabajando de forma integrada, tanto desde la Dirección de Nacional de Agua como desde la Dirección Nacional de Vivienda, con OSE, con Mevir, con la Dirección Nacional de Medio Ambiente, buscando las alternativas y las posibilidades para ampliar la cobertura de saneamiento y analizar las distintas opciones que puedan ir resolviendo casos que sabemos que existen, sobre todo en el interior del país donde el alcance de las redes de saneamiento está en el entorno del 50 %. Estamos hablando de una solución tradicional pero hay que tener una visión amplia del tema saneamiento.

En definitiva, hoy, mucho de lo que ya está construido se basó en sistemas que llamamos estáticos, con pozos negros que tienen restricciones y determinadas complejidades que hacen que sea necesario complementar todo el sistema de saneamiento con un sistema de recolección, de barométricas y de disposición final que tiene que tener un tratamiento adecuado, ya sea en plantas de tratamiento de OSE o a través de vertidos en lugares adecuados.

Por eso se ha planteado la integración con la Dirección Nacional de Medio Ambiente, pero todas esas necesidades y el enfoque del saneamiento tiene que estar enmarcado en una planificación global del país, tal como lo estamos haciendo en el marco de una planificación de la gestión de los recursos hídricos; eso fue mencionado por la ministra.

Estamos abocados, con gran parte de nuestras energías, a proponer un plan nacional de gestión de aguas en general, que permita un desarrollo sostenible, una gestión integrada y un cuidado de la calidad y cantidad de los recursos hídricos.

                Es en ese marco que estamos trabajando el abordaje de un plan nacional para lograr el saneamiento como solución integrada a nivel urbano. Como decía la señora Etcheverry, debemos tener en cuenta las distintas realidades existentes; en donde es más complejo, tendremos que buscar alternativas tecnológicas para resolver los problemas que van surgiendo.

También es cierto que estamos heredando una situación en la que, como decía el señor senador Agazzi, se construyó ciudad sin tener las infraestructuras necesarias. Actualmente, algunas de ellas soportan esa presión; sin embargo, otras generan más desafíos y es necesario hallar soluciones más inmediatas hasta que tengamos las definitivas, que sabemos tienen un costo enorme en lo que hace a abordar la realidad de todo el país.

En ese sentido, es necesario hacer una priorización, junto con OSE, acerca de cuáles son las inversiones que pueden ir realizándose. Cada actor –OSE, Mevir, las intendencias– tendrá que aportar sus capacidades para ir satisfaciendo esa demanda. Habrá que articular la construcción de la ciudad con el ordenamiento del territorio y con la demanda de vivienda –como se planteaba– en el plan de vivienda.  

Quería señalar la tarea que estamos haciendo. Esperamos tener resultados y poder avanzar en diversidad de opciones según los distintos tipos de problemas que tiene el país y que hay que ir abordando.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señora ministra: ¿corresponde ahora darle la palabra al director Nario?

SEÑORA MINISTRA.- Así es, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el director Nario.

SEÑOR NARIO.- Buenas tardes a todos.

                Voy a responder las preguntas concretas que hicieron los señores senadores.

Con respecto al artículo 266, yo no conocía la propuesta de modificación, así que solo lo estaremos analizando. Después daremos una opinión concreta. Creo que es importante señalar aquí que existe un marco jurídico para el análisis de la bioseguridad. Este debe estar integrado por los distintos ministerios debido a los enfoques que tiene cada uno de ellos. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, se preocupa del enfoque ambiental, de la aplicación de esos eventos transgénicos y de su paquete tecnológico. Ese enfoque se complementa, sin duda, con la mirada de los Ministerios de Salud Pública y de Ganadería, Agricultura y Pesca en lo que hace a los aspectos fitosanitarios, y también con la de otros ministerios.

                Por lo tanto,  analizaré la modificación propuesta y les haremos llegar la opinión en concreto.

                 En cuanto a la compra del terreno en Aguas Corrientes, quiero señalar que no estoy en conocimiento de ese asunto. En realidad, actualmente hay un estudio presentado por OSE respecto a la disposición de los lodos. Está siendo evaluado por los técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, al igual que cualquier otro proyecto de disposición. Es parte de lo acordado en el marco del plan del Santa Lucía que los lodos que actualmente se descartan aguas abajo tengan una planta de tratamiento, deshidratación y  posterior disposición.

                Quiero aclarar que no se trata de lodos tóxicos ni nada por el estilo, sino que son los que se generan, básicamente, en el proceso de clarificación del agua, donde las partículas en suspensión se aglomeran debido al agregado de determinados productos. Eso, por densidad, termina depositándose en el fondo y luego es recogido. El proceso consiste, entonces, en una deshidratación de esos lodos y en una disposición sobre el terreno. De todas maneras, son aspectos generales del tratamiento de esos lodos. Esto está siendo analizado por el equipo técnico de la Dinama, la que en su momento se expedirá con relación a este proyecto.

                En lo que respecta a las intendencias y al hecho de que ellas cuenten con equipos ambientales, ya lo dijo la señora ministra: para nosotros es algo muy bueno. De hecho, lo hemos estado viendo en las reuniones que mantuvimos con las intendencias. Lo que estamos haciendo es generar un marco de convenio. Primero se hace un convenio general con el ministerio, y después convenios específicos.

                Queremos señalar que a nosotros nos interesa mucho apoyar a las intendencias en lo que hace al marco del control ambiental, pero también a la gestión de la biodiversidad. Nos es grato transmitir que varias de ellas han planteado la incorporación de técnicos específicos en el área biológica, algo que antes no era común. En las intendencias, generalmente, los procesos venían de un área más asociada al control sanitario y no a una óptica ambiental.  Creo que es bueno que se empiece a incorporar una visión más general desde el punto de vista ambiental. En esto, la Dinama brinda soporte para la gestión de esas áreas. Hay áreas concretas que quizás no tengan el porte de área nacional protegida pero, de pronto, con una gestión municipal y con el apoyo de la Dinama se podrían proteger determinados ecosistemas importantes para el departamento o valorizar aspectos asociados con la visual y protección de determinados circuitos culturales y turísticos que las intendencias piensan que tienen un valor significativo desde el punto de vista visual. Eso lo valoramos positivamente y, por tanto, se está buscando la manera de apoyar en eso a las intendencias.

                Con relación al planteo del señor senador Agazzi sobre la participación ciudadana, lo compartimos totalmente. Esa es una preocupación de esta Administración. Hemos vivido algunos procesos bastante negativos de audiencia pública. Evidentemente el procedimiento está enmarcado en una ley y nosotros tenemos que analizar el marco jurídico. Muchas veces, se trata de hacer solicitudes a las empresas para generar mecanismos de información, previos a la audiencia pública. Es evidente que sería mucho más fructífero que quienes vayan a participar de ese proceso, antes estén informados y no se enteren recién en el momento. En realidad el procedimiento administrativo es organizado por la Dinama y lo que organiza el privado es la exposición del proyecto y el estudio de impacto ambiental.  Cabe agregar que la organización de todo va por cuenta del ministerio.

Creemos que hay mucho para mejorar y se está trabajando en lo que llamamos proyectos de alta complejidad, que tienen un procedimiento administrativo particular. En ellos se da en forma temprana la información  a la población, aunque no en los procedimientos más generales que es algo que nos gustaría hacer. Tenemos un equipo; específicamente, contamos con una socióloga que está trabajando para ver qué cambios son necesarios para mejorar esos procesos de información que nos parecen vitales para que la población esté informada y en el procedimiento administrativo de evaluación de impacto, pueda aportar aquellas cosas que a los técnicos se les puedan haber escapado. Quienes están en el territorio, quienes conocen el tema, muchas veces pueden hacer aportes muy valiosos. Sin embargo, en el marco de una audiencia conflictiva a veces esas personas optan por no intervenir para no quedar dentro de esa polarización y, de ese modo, se pierden aportes muy valiosos. Por tanto, estamos trabajando es eso.

                En principio, no tengo más aportes para realizar, pero quedo a las órdenes.

SEÑORA MINISTRA.- Tengo para comentar dos artículos. Uno fue desglosado en Diputados, conversado en la comisión de esa Cámara y nos gustaría traerlo nuevamente porque fue aprobado por nuestra comisión en la Cámara de Representantes. El otro artículo fue entregado en la Cámara de Diputados, pero no lo vemos reflejado. Si no se puede terminar hoy, podríamos volver.

SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces, estaríamos convocando a la señora ministra para el día de mañana, a las 16 horas, a fin de desarrollar el articulado dado que el método de trabajo es analizar artículo por artículo y, entonces, se podrían considerar las dos iniciativas a que hizo referencia. De pronto, hoy se podrían dejar los textos para analizarlos.

SEÑOR PARDIÑAS.- Quisiera hacer una pregunta muy concreta. Estaba dialogando con la delegación del ministerio para ir previendo las acciones que, a futuro, tenga que realizar el Gobierno, como  también nuestra fuerza política a nivel parlamentario.

                Uno de los temas que se está considerando y, seguramente, en este período legislativo tenga sanción, es una ley sobre salud mental que, aparte de una serie de connotaciones que tienen que ver con lo estrictamente sanitario, no elude la posibilidad de que emerjan obligaciones para el Estado en lo que tiene que ver con la atención desde el punto de vista de la vivienda o de la solución habitacional para las personas incluidas en esta vulnerabilidad. La pregunta es muy concreta y tiene que ver con si dentro de lo que se denomina –en el programa que presenta el ministerio– como «vivienda asistida» para el sector de mayor vulnerabilidad es que puede estar concebidas situaciones de este tipo o en caso de que finalmente queden incorporadas obligaciones para el Estado, estas cuestiones haya que preverlas a futuro en incorporaciones a nuevos programas del ministerio.

SEÑORA MINISTRA.- Mi preocupación es si podemos contestar esta pregunta rápidamente o si volvemos mañana.

SEÑORA PRESIDENTA.- La pregunta que formuló el señor senador Pardiñas parecería que forma parte de las inquietudes generales y no de las vinculadas estrictamente al articulado. Si la señora ministra puede responder de manera breve sería conveniente que lo hiciera.

SEÑORA MINISTRA.- Pero ¿igual tenemos que volver mañana para considerar el articulado?

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, señora ministra. En el día de mañana estaríamos analizando los artículos 471 a 506 y alguno más suelto que ande por ahí si alguien considera que debe ser vinculado, más los dos artículos que la señora ministra está entregando en el día de hoy.

SEÑORA MINISTRA.- Además, hay que agregar los artículos finales que están al final de este articulado, que  también corresponden  al Banco Hipotecario.

SEÑORA PRESIDENTA.- En el día de mañana cuando avancemos en el articulado, no solo del Inciso, sino de los que están vinculados a este en otros capítulos del Presupuesto, también los consideraremos.

SEÑORA MINISTRA.- Corresponde que la Directora Nacional de Vivienda responda la pregunta formulada por el señor senador Pardiñas.

SEÑORA ECHEVERRY.- Efectivamente, están dentro de lo que se denomina como casas asistidas, pero no solamente es el único instrumento, ya que hay otro desarrollo en el Plan Quinquenal. Digo esto porque hemos desarrollado lineamientos desde el punto de partida con el Ministerio de Desarrollo Social, a través del Pronadis, del Instituto Nacional de las Mujeres, en algunos casos, con servicios de atención del Hospital Vilardebó, con el Patronato del Psicópata y el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Quiere decir que tenemos experiencias concretas, en el marco de un aporte de soluciones habitacionales –en algunos casos transitorias y, en otras, definitivas– por parte del ministerio, pero con equipos técnicos de las organizaciones y organismos competentes que tienen expertise en el tema, que permiten el seguimiento adecuado para generar, efectivamente, la sostenibilidad de las autonomías y de que esta solución habitacional se transforme en una plataforma que les permita generar mejores condiciones de inclusión. En ese marco están las casas asistidas, fundamentalmente, como un segundo paso, como propuestas de segunda generación –por mencionarlo de alguna manera, gráficamente– respecto de lo que ha sido la intervención y los programas que hemos desarrollado en el quinquenio pasado, fundamentalmente, a través de soluciones transitorias mediante subsidio de alquiler u hogares de medio camino, pensiones sociales, que también van a permanecer, a las cuales agregamos estas soluciones que son ya de vida autónoma y con equipos que irán puntualmente durante el día a hacer los trabajos de acompañamiento. En esta línea está incluida esta diversidad de situaciones que obviamente tratamos de no estigmatizar, pero que requieren de una atención prioritaria con acciones afirmativas por parte del ministerio.

SEÑORA PRESIDENTA.- La comisión se rencontrará con las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente mañana a las 16 horas, y con los integrantes de la comisión mañana a la hora 9 y 30 para recibir  a ASSE.

SEÑORA MINISTRA.- Simplemente quería compartir que no he consultado a todo el equipo y no sé si todos podrán asistir.  Yo sí puedo, así como quienes están a mi lado, a los que consulté rápidamente, pero no les pregunté, por ejemplo, a las autoridades del Banco Hipotecario. No esperábamos este cambio. 

SEÑORA PRESIDENTA.- Se levanta la sesión.

(Son las 17:05).

               

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.