Retorno a página principal

Carátula

SEÑORA  PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

                                                                              (Son las 9:32).

                (Ingresa a sala la delegación del Ministerio de Educación y Cultura).

                –Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda para considerar el Presupuesto Nacional del período 2015-2019.

                Recibimos a las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura: a la doctora María Julia Muñoz, Ministra de Educación y Cultura; al señor Marcos Supervielle, presidente del Fondo de Solidaridad y al contador Enrique Miranda; al doctor  Pablo Maqueira, Director de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales; al señor Horacio Ramírez, encargado a la Dirección General de la Secretaría y en ejercicio de atribuciones delegadas de la señora Ministra;  al doctor Ignacio Soba y a la contadora Lilián Morales, asesores de la Dirección General; al señor Sergio Mautone, Director Nacional de Cultura; a la profesora Glenda Rondán, directora de Centros MEC; al doctor Jorge Orrico, presidente del Consejo Directivo del Sodre; al señor Doreen Ibarra, vicepresidente del Consejo Directivo del Sodre; al señor Gonzalo Reboledo, director del IMPO; a la licenciada Adriana González, directora del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional. 

Antes de comenzar la sesión de esta mañana quiero recordarles que a la hora 13 va a haber Asamblea General para designar al Comisionado Parlamentario del sistema carcelario,  por lo que estamos obligados a la levantar la sesión a la hora 12 y 50. Está en nosotros poder terminar con este inciso en los tiempos previstos. Agradezco la presencia de la delegación del Ministerio de Educación y Cultura y le damos la palabra a la señora Ministra.

SEÑORA MINISTRA.- Gracias señora Presidenta. Vamos a comenzar a considerar artículo por artículo y si  los señores Senadores tienen alguna pregunta estamos a la orden para contestar. Le voy a ceder el uso de la palabra al señor Ramírez, Director General de Secretaría.

SEÑOR RAMÍREZ.- En primer lugar, quiero referirme al artículo 397 que tiene que ver con la reestructura del Inciso del Ministerio de Educación y Cultura. Lo que se pretende con este artículo es fortalecer las capacidades interinstitucionales y organizacionales del Ministerio. Hoy en día hay una cantidad importante de vacantes debido al  fallecimiento o a la jubilación de los funcionarios y con esos créditos disponibles  se pretende crear un bolsón. Quizá la contadora Miranda lo pueda explicar mejor que yo porque estuvo encargándose de este tema y se lo agradezco.

Actualmente, tenemos 494 vacantes que no serán efectivamente las que vamos a concretar, porque tenemos que hacer una equiparación mediante la cual tres vacantes se equipararían a otra. Por ejemplo, un cargo de un abogado requeriría tres vacantes. Con esos bolsones lo que pretendemos es engrosar la plata que podemos disponer para hacer dicha reestructura. Ya está encaminado y hay un expediente que está en la Comisión de análisis retributivo de la Contaduría General de la Nación, la que se tiene que expedir para otorgarnos estos créditos. A su vez, tenemos un equipo formado con la Oficina Nacional del Servicio Civil, con la que estamos trabajando y avanzando con la firme idea de llegar al año que viene con una reestructura, si podemos de todo el inciso o, de lo contrario, de gran parte. Básicamente, esa sería la propuesta del artículo 397 y también estaría incluido en el artículo 398.

SEÑORA MINISTRA.- El artículo 399 tiene que ver con la incorporación al artículo 33 del texto ordenado de contabilidad y administración financiera sobre la contratación de servicios artísticos, cualquiera sea su modalidad, con cooperativas de artistas y oficios conexos hasta el monto establecido para la licitación abreviada. Se trata de un artículo que en realidad se explica por sí mismo; se facilitan las contrataciones para la dirección de cultura y para todo el Ministerio de Educación y Cultura.

SEÑOR DELGADO.- Damos la bienvenida a la señora Ministra en un día particular. Creí entender que se hizo referencia a los artículos 397 y 398,  pero quisiera saber, como hay reasignaciones en ambos artículos, cuáles son los montos en cada uno de ellos. Pido disculpas si esto ya se dijo y no lo escuché, pero me gustaría que quedara  constancia de ello en la versión taquigráfica.

SEÑORA MORALES.- Las cifras de los montos se las podemos acercar más adelante. Se refieren a los saldos disponibles que tenemos en créditos que, a partir del año que viene, podremos utilizar de vacantes no llenadas y de créditos sobrantes para hacer contratos temporales. A su vez, hay unos bolsones que se fueron creando en el correr de los años y, como el Ministerio no pudo hacer una reestructura,  los seguimos teniendo. No se trata de montos muy significativos pero sí van a ser aprovechados para armar una estructura deseada.

SEÑOR DELGADO.- Comprendo cuál es la característica o el origen, pero nos gustaría saber –al menos así lo hicimos con los Ministerios que vinieron en el día de ayer– a qué créditos presupuestales se refieren, ya sea por vacantes o por fondos no utilizados, es decir, cuántos son los montos que van a reasignar. Me refiero a la cifra de los montos en pesos, anualizados, porque en realidad lo que estamos viendo son partidas anuales.

SEÑORA MORALES.- En el caso de todas las vacantes sobre las que informó el señor Director, el cálculo tenemos que hacerlo expresamente a partir del 1º de enero, porque el año va corriendo. Hay contratos temporales que van a quedar sin efecto y entonces tendremos esos créditos para utilizar. En concreto, estamos hablando de unos $ 40:000.000 o $ 50:000.000; no es una cifra muy significativa, porque es anual.

SEÑOR DELGADO.- ¿Nos pueden enviar la información?

SEÑORA PRESIDENTA.- Creo haber entendido de las palabras de la contadora que la información se va a enviar oportunamente.

SEÑORA ALONSO.- En la misma línea de lo que planteaba el señor Senador Delgado, quisiéramos conocer el monto asignado a este rubro y el criterio general que aplica el Ministerio para distribuir estos recursos.

SEÑORA MORALES.- Es hasta el monto de la licitación abreviada, que hoy estaría en el orden de los $ 7:000.000. Eso es lo que se nos habilita a contratar.

                El artículo 400 no fue enviado por el Poder Ejecutivo sino que se incluyó en la Cámara de Diputados. Lo que está planteando es que en oportunidad de las rendiciones de cuentas, el Ministerio presente un informe al Parlamento de todas las contrataciones artísticas que haya realizado el año inmediato anterior.

                El artículo 401 establece un importe para los Centros MEC para contrataciones de horas docentes.

                El artículo 402 plantea horas docentes para la Dirección General de Secretaría destinadas a la educación no formal por $ 4:000.000.

SEÑOR MAQUEIRA.- Los artículos 403, 404 y 405 refieren al mismo tema. Básicamente, lo que se hace en estas disposiciones es crear como órgano desconcentrado lo que es la actual Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales. Se suprime la actual Dirección, que hoy funciona en el ámbito de la Dirección General de Secretaría. Las funciones son básicamente las mismas; lo que hay es un pequeño cambio de naturaleza en el órgano. Simplemente se han reformulado con algo más de precisión.

El artículo 404 lo que hace es suprimir la actual Dirección por la creación del órgano desconcentrado. Y en el artículo 405 hay como novedad la reasignación a esta Dirección de las funciones que hoy por hoy se llevan adelante en la Dirección General de Registros respecto a las asociaciones civiles y fundaciones, que pasarían a tramitarse enteramente –en la actualidad, una parte se tramita en la Dirección General de Registros y otra en esta dirección– en este nuevo órgano desconcentrado. Esto debería ser reglamentado por el Poder Ejecutivo, y ahí entraría en vigencia.

                Esta es brevemente la descripción de estos artículos.

SEÑOR DELGADO.- Más allá del ritmo vertiginoso del avance de los artículos y de la explicación, queríamos retrotraernos al artículo 401, que incrementa las partidas de los Centros MEC. Hay partidas asignadas, en este caso con la Unidad Ejecutora 001, Dirección General de Secretaría, con cargo a Rentas Generales. Se incrementan las partidas en $ 2:860.000 para los Centros MEC. Y acá me parece importante conocer la opinión del Ministerio de Educación y Cultura, particularmente la de la señora Ministra, acerca del funcionamiento de los Centros MEC, sobre todo en lo que tiene que ver con la coordinación con las Intendencias. Hemos tenido en este caso –pasó a la Cámara de Representantes y nos lo han planteado los Intendentes– falta de coordinación de los Centros MEC, en algunos casos con las Intendencias. Queríamos saber si en ese sentido, más allá del incremento presupuestal de horas, hay algún tipo de política destinada a mejorar la coordinación con las intendencias, con los gobiernos departamentales.

SEÑORA MINISTRA.- Señora Presidenta: en realidad, es una preocupación de este Ministerio y, particularmente, de la Directora Glenda Rondán, que después puede explicar claramente cuáles han sido los recorridos actuales. Hay una estrecha coordinación con todos los niveles de gobierno: con las intendencias, y también, particularmente, con las Alcaldías. Los Centros MEC, como los señores Legisladores conocen, están fundamentalmente ubicados en localidades pequeñas. Además, hay en las ciudades capitales del país, pero principalmente están en las localidades pequeñas, en las que hay menos de cinco mil habitantes, donde muchas veces funcionan en locales cedidos por los propios intendentes. El Gobierno ha empezado hace apenas ocho meses; los intendentes menos tiempo aún, y los alcaldes también. Por lo tanto, en todas las recorridas que ha realizado la Directora y profesora Glenda Rondán, ha trabajado estrechamente vinculada a los Intendentes, con los cuales hasta el momento tenemos una excelente relación con todos, de la misma manera que también ocurre con los alcaldes de las localidades. Es un objetivo de trabajo la coordinación estrecha con todos los niveles de gobierno del país, y así lo estamos haciendo.

                Si el señor Senador desea una explicación más en profundidad de los departamentos recorridos, solicitaría que se le ceda el uso de la palabra a la profesora Glenda Rondán.

SEÑORA RONDÁN.- Buenos días a todas y a todos. Realmente, para mí, señora Presidenta, es un gusto que se me formule la pregunta.

Sucede que a veces mucha gente no tiene muy clara la idea de los Centros MEC. En primer lugar, quiero contestar para aclararle al señor Senador. Como decía la señora Ministra, tenemos 126 centros MEC y 124 están en el interior de la república. Hasta el momento hemos tenido reuniones y la mayoría de ellas fueron con Intendentes del Partido Nacional. Paso a nombrarlos: Falero, Da Rosa, Botana, Sánchez y Vidalín. Es más: el domingo estuve en la feria de San José, invitada por el señor Intendente, presentando un libro, y estoy invitada por el Intendente Vidalín el día 4 de noviembre para la apertura de la feria que se va a hacer en Durazno. Las Intendencias son nuestros primeros socios y firmamos convenios con ellas. Quiero recordar que también estuve con el Intendente de Artigas en la Expo Educa, pero no fue esa la única vez porque cada vez que voy a Artigas nos vimos con el señor Intendente y con el señor Director de Cultura. Es cierto que en algunos departamentos aún no he podido hacer lo mismo, pero me extraña sobremanera la falta de información sobre lo que venimos haciendo. La realidad es que se firman convenios y se comparten locales porque, con gran generosidad, las Intendencias nos dan locales y además, un funcionario. Dentro de todos los Centros MEC del país hay un funcionario de la Intendencia. O sea que nuestro primer socio es la Intendencia y otro socio importante es el tercer nivel de Gobierno.

También hemos tenido entrevistas con las Juntas Departamentales. Por ejemplo, en la Intendencia de Durazno tuvimos una reunión con la Bancada de Ediles del Partido Nacional porque tenían algunas inquietudes que ahora estamos encaminando. De manera que sí falta ir a algunos lugares porque no es fácil recorrer 124 Centros MEC en todo el país, aunque estoy tratando de hacerlo.

                Me gustaría también decir, sin extenderme mucho –y si hay más preguntas estoy dispuesta a contestarlas–, que en los Centros MEC se realizan una multiplicidad de actividades en conjunto con las Intendencias y con una absoluta coordinación para no mezclarnos y que el  Ministerio no gaste dinero si ya lo está haciendo la intendencia y viceversa.

Nuestro afán es democratizar la cultura. Esa es la idea que tuvo el Presidente Vázquez  en 2007, cuando comenzó con esto junto con los señores Nardone, Elizalde y Recalde. Cuando llegué los cimientos ya estaban muy altos; yo estoy trabajando con mi impronta en lo que mis compañeros hicieron.

Creo que es muy importante democratizar la cultura; no puede haber inequidad porque uno viva en Montevideo, Colonia o Artigas. Algunos pueden  tener acceso a determinadas cosas y el que vive en Pueblo Yacaré, en Pueblo Fernández,  en Colonia Palma o en Baltasar Brum –por tomar ejemplos de un departamento del que regresé recién y me vuelvo a ir hoy–, no tiene el mismo acceso a la cultura. Entendemos que no hay una verdadera equidad y una verdadera democracia. Los Centros MEC, además de la alfabetización digital –que abrió un espectro enorme para niños, jóvenes y adultos mayores– se están asociando con el plan Ibirapitá para dar una mano en ese tema. También se dictan otro tipo de talleres que tienen que ver con las más variadas actividades.

Voy a detallar cuántos Centros MEC tenemos en cada departamento: en Artigas, 9; en Canelones, 11; en Cerro Largo, 6; en Colonia, 9; en Durazno, 7; en Flores, 6; en Florida, 10; en Lavalleja, 4; en Maldonado, 6; en Paysandú, 10; en Río Negro, 6; en Rivera, 6; en Rocha, 9; en Salto, 8; en San José, 5; en Soriano, 4; en Tacuarembó, 2,  y en Treinta y Tres, 6. Esta es la razón por la que necesitamos las horas docentes. Los Centros MEC, además del sustento, la  coordinación  y la  buena  voluntad de los Intendentes de todos los partidos –porque olvidé decir que también nos reunimos con Marne Osorio en Rivera y tuvimos la mayor de las colaboraciones– necesita tener docentes y a los docentes hay que pagarlos. Es para eso que se destinan esas horas docente que están en nuestro presupuesto. No sé si con esta explicación alcanza o quieren algún tipo de fundamentación en lo que tiene que ver con el marco teórico.

Muchas gracias señora Ministra, señora Presidenta y señor Senador Delgado.

SEÑOR DELGADO.- Agradezco a la señora Rondán la explicación. Conocemos de su permanente proactividad en el vínculo, en el contacto y en la recorrida; es un tema que nos genera el retorno de cada vez que visita un departamento y además le pone mucho cariño a la tarea.

                La pregunta es por qué utilizan horas docentes. ¿Por qué el incremento es sobre horas docentes?

                Por otro lado, quiero dejar una constancia –ya que venimos a ritmo de bajada–sobre el artículo 399 relativo a las licitaciones abreviadas por el monto de casi $ 7:000.000. El Partido Nacional va a presentar un artículo sustitutivo tal como lo hizo en la Cámara de Representantes porque la objeción se centra en el monto establecido para la contratación directa.

SEÑORA ALONSO.- Recién escuchamos a la directora de los Centro MEC, la señora Glenda Rondán –a quien saludamos– poner el énfasis en la descentralización y explicar algunas de las partidas que tienen ese destino.

                Nosotros tenemos una consulta y una preocupación con respecto al tema de la descentralización. Nos gustaría saber si se utilizan a los docentes del interior en cada departamento o si son docentes de Montevideo que concurren al interior.

                Esa es la consulta puntual que quería plantear.

SEÑORA RONDÁN.­- En primer lugar, voy a responder al señor Senador Delgado.

                Se paga con horas docentes porque son docentes y los docentes cobramos –perdón, pero me fui al pasado– como tales. Esa es la realidad. Se dictan tantas horas y cobramos tantas horas.

                En cuanto a la pregunta de la señora Senadora Alonso debo decir que los docentes, salvo dos excepciones –que son las únicas dos que tengo–, son del interior, porque a nadie le sirve viajar de Montevideo a Artigas. Además, uno de los objetivos del Centro MEC es que la comunidad se apropie del centro y, para ello, es necesario que la gente de la localidad sea la que trabaje. Por ejemplo, a Colonia Palma quizá venga alguien de alguna ciudad del departamento, porque se trata de una localidad semirrural donde viven cuarenta familias.

                Reitero que los docentes, salvo dos excepciones, son del departamento. Y las excepciones son: la señora Silvia Novarese que está dictando cursos de teatro y es de Montevideo, al igual que el señor Andrés Tulipano, que está dictando un taller de guión. El resto pertenece al departamento donde dicta sus clases. Y en Montevideo, salvo en el Centro de La Carreta –un barrio que está un poco separado de Los Bulevares, pero forma parte de esa zona–, además de la alfabetización digital, se ha instalado una biblioteca, entre otras actividades. En el caso de los Centros MEC de Montevideo los docentes son todos de Montevideo.

                No sé si he aclarado la inquietud de la señora Senadora Alonso.

SEÑORA PRESIDENTA.- Ya hemos escuchado la explicación de los artículos 403, 404 y 405 de manera conjunta. De existir preguntas sobre artículos anteriores, la Mesa agradece que las formulen para seguir avanzando en la consideración del articulado.

SEÑORA ALONSO.- Con respecto al artículo 403 nos queda claro su redacción y la explicación del señor Director, pero no se entiende  por qué crean esta Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales como un órgano desconcentrado del Ministerio de Educación y Cultura. No entendemos el objeto de la creación de otro órgano desconcentrado, por lo que nos gustaría que lo explicaran.

No me parece mal que se unifiquen servicios. La posibilidad de unificar tareas que quizás el Ministerio llevaba adelante en diferentes ámbitos puede optimizar los recursos, agilitar y también eliminar burocracias.

No creo que sea necesaria la creación de un órgano desconcentrado de estas características y por eso queremos conocer la opinión del Ministerio.

SEÑOR MAQUEIRA.- Efectivamente, como dice la señora Senadora Alonso, la idea es concentrar todo lo que refiere a servicios jurídicos que, como todos sabemos, fueron asumidos por el Ministerio desde la época de la salida de la dictadura. Durante muchos años –prácticamente hasta el 2010– estuvo en diferentes estructuras del propio Ministerio, algunas veces como Unidades Ejecutoras y otras como unidades dependientes directamente del Ministro. En definitiva, había una diversidad de situaciones jurídicas en todos estos servicios. En el año 2010 se creó la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales, pero en el ámbito de la Dirección General de Secretaría que, claramente, tiene un objetivo distinto ya que, como lo dice su nombre, realiza la dirección general de todo el inciso, con objetivos ajustados a la administración general y no a tareas específicas  como las que hace  la Dirección de Asuntos Constitucionales. En un primer momento se lo creó de esa manera, pero  la idea ahora de crear un órgano es que funcione como una unidad ejecutora, dando así la relevancia específica que requieren las tareas que se desarrollan en la Dirección, fundamentalmente, lo que refiere a la cooperación jurídica internacional, la promoción del acceso a la justicia, la revitalización del registro litigioso del Estado, que son tareas que se han visto, de alguna manera, entorpecidas por la ubicación institucional en la que están subsumidas, además de que estamos sumando en este momento lo que tiene que ver con las asociaciones civiles y fundaciones.

Entonces, creemos que necesariamente se deben revitalizar las tareas que se desempeñan en la Dirección, siempre dentro del ámbito del Ministerio de Educación y Cultura y, obviamente, bajo la jerarquía de la señora Ministra, pero con cierto grado de especificidad para el cumplimiento de las tareas.

                Esta es la idea del órgano desconcentrado.

SEÑOR AMORÍN.- Por supuesto que damos la bienvenida a la delegación, dentro de la que hay varios amigos.

 Quiero hacer una pregunta cortita. En el inciso final del artículo 404 se transforma el cargo –naturalmente es el corolario de los artículos– de Director de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales.  El cargo que se suprime, ¿era de particular confianza?

SEÑORA MINISTRA.- Sí, señor Senador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde analizar el artículo 406.

SEÑORA MINISTRA.- Para referirse a los artículos 406 al 408 corresponde que haga uso de la palabra el señor Ramírez.-

SEÑOR RAMÍREZ.- En estos artículos se pretende incrementar y asignar dineros para la Dirección de Educación en lo que respecta a la educación no formal, tendiendo a potenciar los Cecap en estos 5 años que tenemos por delante. Para entender esto recomiendo leer la versión taquigráfica de la Comisión de la Cámara de Representantes del  30 de setiembre, donde se hace una descripción detallada de lo que son los Cecap y lo que implica la educación  no formal. Si se desea, puedo hacer un resumen, pero creo que eso llevaría mucho tiempo. Básicamente se trata de eso, es decir, de reasignar partidas para la dirección de educación con respecto a estos cinco años, tomando en cuenta la articulación que se está teniendo con las Intendencias, con las Comisiones Departamentales de Educación y con las Alcaldías. Inclusive, se pretende pasar de los 16 Cecap que hay hoy en el país a 19, abarcando así a todos los  departamentos y alcanzando a 5.000 alumnos –en un margen de 15 o 20 años– que hayan sido expulsados de la educación formal. También se propende a articular con secundaria para que culminen sus estudios, lo que también es otro plan importante que se incorporó. Hay que decir que esto se incorporó hace ya más de 20 años y por lo tanto no es nuevo.

Asimismo se hizo un convenio con el Inda, que es el Organismo que ofrece la alimentación y que es un aspecto muy importante para los niños.

Básicamente, se está pidiendo la asignación de recursos para fortalecer este programa que trata de llegar a los 19 departamentos y así lograr la articulación entre la educación formal y la no formal.

SEÑORA MINISTRA.- Los artículos que van del 409 al 411 destinan recursos al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Esto es producto de la discusión que se llevó a cabo en la Cámara de Representantes y cuenta con el acuerdo del Ministerio de Educación y Cultura y de las autoridades de ese Instituto. No sé si es necesario hacer algún desglose.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si nadie hace uso de la palabra, continuaríamos con la consideración del artículo 412.

SEÑORA MINISTRA.- Los artículos 412 y 413 corresponden al Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual y para su explicación solicitaría que se diera la palabra a la señora Directora Adriana González. También se trata de un artículo que ha propuesto la Cámara de Representantes.

SEÑORA GONZÁLEZ.- Como bien decía la señora Ministra este artículo surge en la Cámara de Representantes donde se plantea un incremento de $ 18:000.000 para el Fondo de Fomento.

Con respecto al otro artículo, como bien se sabe, está en funcionamiento una Unidad Ejecutora que integra el Instituto a la Radiodifusión Nacional y a TNU, que es la Televisión Nacional del Uruguay. Este artículo sólo tuvo una modificación –que  recoge lo establecido en otra disposición que ya existía en una rendición de cuentas– en la que se agregan tres funciones distintas y se eliminan «tareas vinculadas a». En definitiva, restringimos el alcance, diciendo «tareas de» y a partir de allí comienza la enumeración correspondiente.

SEÑORA MINISTRA.- En realidad, señora Presidenta, ese artículo es el 436.

Si me permite, la aclaración para este artículo es muy sencilla. Hay un fondo para el fomento de los audiovisuales y el Parlamento estimó que era necesario contar con lo que vendría a ser el reajuste del período, dado que el fondo fue creado por este órgano pero no previó un reajuste. Por lo tanto, la Cámara de Representantes estableció un monto. Si bien el Ministerio siguió los lineamientos en lo que tiene que ver con la política económica, está de acuerdo con lo planteado por los señores representantes.

SEÑORA PRESIDENTA.- Recibimos la explicación de los artículos 412, 413 y 436. Este último, de todas maneras, quedará para cuando llegue el momento de su consideración porque en la mesa no encontrábamos el texto que se estaba explicando.

SEÑORA MINISTRA.- Si me permite, señora Presidenta, el artículo 413 también fue incorporado por los señores representantes y refiere a los fondos de Cinemateca.

SEÑORA PRESIDENTA.- Los artículos 412 y 413 fueron explicados de manera conjunta, así que para referirse a los artículos considerados tiene la palabra el señor Senador Delgado.

SEÑOR DELGADO.- Sobre este artículo hubo una fuerte movilización de la Asociación de Productores y  Realizadores de Cine del Uruguay y todos los partidos estuvieron contestes en buscar una solución.

Este fondo cinematográfico se creó con la Ley Nº 18.284 y surgió con una partida de $ 25:000.000, para la que no se estableció un ajuste; ese fue el tema. Si esa partida se hubiera ajustado anualmente al día de hoy, el fondo debería estar recibiendo $ 44:000.000 pero quedó congelada en  $ 25:000.000.

En este artículo hubo acuerdo en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes y obviamente incrementa la partida pero no cubre la retroactividad. De manera que al 2016 el fondo tendría una cantidad similar a la que se pretendió dar en 2008.

El Partido Nacional presentará –como lo hizo en la Cámara de Representantes– un aditivo que tiene el objetivo de corregir el problema de origen, es decir, cómo reajustar esta partida. Nosotros ahora damos una nueva partida y pondríamos al día el fondo, pero dentro dos, tres o cuatro años tendremos la misma situación de tener que establecer un régimen de ajuste.

Por eso, creemos que el aditivo  que vamos a presentar –que establece un ajuste por IPC a la partida asignada– es de absoluta justicia y va en consonancia con el espíritu de todos los partidos políticos en el sentido de que no se reitere esta situación.

SEÑOR MICHELINI.- Naturalmente, esta partida la tenemos que fijar en unidades indexadas –ya sea ahora o en la próxima rendición de cuentas– y en ello estamos todos contestes. Ahora bien, el paso por la Cámara de Representantes fue muy importante y hay que reconocerlo.

Por lo tanto, en esta instancia o en la próxima habrá que buscar la forma de ir a unidades indexadas. Estamos hablando permanentemente con las asociaciones de audiovisuales, que son gente creativa y muy dinámica, y también estamos buscando en otras áreas para seguir fomentando el sector.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el artículo 414.

SEÑORA MINISTRA.- Solicito que se le conceda la palabra al señor Horacio Ramírez.

SEÑOR RAMÍREZ.- El artículo 414 está atado al artículo 415.

Básicamente se agrega un artículo que establece: «El Ministerio de Educación y Cultura llevará un Registro de Instituciones de Educación No Formal.

Compete al Ministerio de Educación y Cultura promover la profesionalización de los educadores del ámbito de la educación no formal».

El artículo 415, por su parte, reglamenta dicha disposición. Dice: «El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Educación y Cultura, reglamentará el funcionamiento del Registro de Instituciones de Educación No Formal, creado por el artículo 37 de la Ley Nº 18.437», etcétera.

De manera que, entonces, se crea un registro y se reglamenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no hay comentarios sobre estos dos artículos, pasaríamos al 416.

SEÑORA MINISTRA.- Le daría la palabra al señor Horacio Ramírez.

SEÑOR RAMÍREZ.- Aquí se sigue hablando de educación no formal.

El artículo 92 crea la Comisión Nacional de Educación No Formal (Conenfor) que estará integrada por dos delegados del Ministerio de Educación y Cultura, uno de los cuales la presidirá, un delegado de la Administración Nacional de Educación Pública y un delegado de la Universidad de la República.

El artículo 93 se refiere a los cometidos de esa Comisión, que es asesorar al Ministerio de Educación y Cultura en todo lo relativo a la elaboración y ejecución de políticas en educación no formal y a su articulación con la educación formal.

El artículo 94 crea el grupo consultivo de la Comisión Nacional de Educación no Formal (Conenfor) que se integrará con un delegado del Ministerio de Desarrollo Social, un delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un delegado del Ministerio de Turismo, un delegado de la Secretaría Nacional del Deporte, un delegado del Instituto Nacional del Niño y del Adolescente del Uruguay, un representante de los educadores y dos representantes de las instituciones de educación no formal privada, registradas en el Ministerio de Educación y Cultura. Se sesionará a requerimiento de la Comisión y se reunirá conjuntamente al menos dos veces por año. El cometido del grupo consultivo tendrá funciones de asesoramiento y consulta, así como iniciativa en materia de educación no formal, y promoverá la coordinación de programas y proyectos de educación no formal, los que serán ejecutados por el Ministerio de Educación y Cultura.

El artículo 417 sustituye la denominación de la Comisión, deroga el artículo 95 y  dispone que todas las referencias hechas en leyes o decretos al Consejo de Educación No Formal, se entenderán realizadas a la Comisión Nacional de Educación No Formal.

SEÑOR DELGADO.- Estos artículos crean la Comisión Nacional de Educación No Formal, establecen sus cometidos y no fijan su presupuesto. La verdad es que nos gustaría que se profundizara un poco más en el objetivo de esta Comisión y que nos digan si su proposición tiene puntos de contacto con el Inefop.

                Ayer recibimos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y nos sorprendimos cuando vimos que fuera del Inciso había un artículo que destinaba el 30% de la partida del Fondo de Reconversión Laboral del Inefop, a convenios de capacitación con instituciones estatales de educación. ¿Esto va en consonancia con lo que estamos planteando, o son cosas aparte? Realmente estamos extrañados porque dimos esa discusión en el día de ayer. Un organismo como el Inefop con fondos de origen  tripartito –aunque el Estado debe un año– y, además, con decisiones de origen tripartito –en cuanto al universo de personas a capacitar, el perfil de los cursos a dar y, sobre todo, a la asignación de los recursos–, por ley destinara los recursos como establece uno de los últimos artículos del Presupuesto,  y hará la capacitación a través de determinadas instituciones de educación pública. ¿Esto tiene algún punto de contacto con la Comisión Nacional de Educación No Formal?

SEÑORA ALONSO.- En el mismo sentido de lo manifestado por el señor Senador Delgado, queremos expresar nuestra preocupación con respecto a estos artículos.

 Esto luce como un intento de controlar un sector esencialmente dinámico y cambiante como el de la educación no formal; seguramente, el resultado sea más burocracia y más rigidez. Llama la atención de que tratándose de un sector con una fuerte presencia de instituciones privadas, no haya ningún representante del sector privado en la Comisión –por eso queremos conocer la opinión del Ministerio–, solo hay  uno en el grupo consultivo, que únicamente tiene funciones de asesoramiento y de consulta.  En cambio, hay un representante de la Universidad de la República y no entendemos mucho qué tiene que ver con la temática.

                Queremos dejar constancia de que nos preocupa el riesgo que existe de que todo esto se desnaturalice y se burocratice. Se trata de un espacio que, justamente, al ser no formal, permite un cierto dinamismo y creatividad de la sociedad.

SEÑORA MINISTRA.- Señora Presidenta: vamos a hacer una apreciación general de carácter político y después vamos a solicitar que el doctor Ignacio Soba haga las apreciaciones legales.

                El Ministerio de Educación y Cultura tiene un delegado en el Inefop. No es el tema que nos compete, pero ese delegado es representante de las instituciones públicas y de educación formal del país y brinda los servicios de educación pública que Inefop entiende necesarios para la dinámica del trabajo. Dado que es un órgano tripartito –como se ha dicho acá–, también se consideran las necesidades del mercado y, a partir de eso, se organiza la capacitación a través de la educación pública, que incluye todas las ramas de la enseñanza, incluyendo la Universidad de la República.

                Estos artículos que están dentro de la educación no formal abarcan fundamentalmente a jóvenes pero también apoyan a la educación no formal de personas en otras edades y no vinculadas al trabajo. En cuanto a los jóvenes, se vinculan a su inserción en el sistema formal; todos los Cecap tratan de captar e integrar a los jóvenes que dejaron el sistema formal. En ese sentido, las modificaciones legales que se han hecho son para evitar burocracia.

SEÑOR SOBA.- Como decía la señora Ministra, el artículo 37 de la Ley Nº 18.437 de educación, que también aparece mencionado en el artículo 414 del proyecto de Presupuesto aprobado por la Cámara de Representantes, refiere al concepto de educación no formal como una educación que se da a lo largo de toda la vida. Ese es un apunte que quería hacer para complementar una definición de educación no formal que ya está incluida en la ley y que es mucho más amplia, como explicaba la señora Ministra.

                Desde el punto de vista de la técnica legislativa empleada en los artículos posteriores y que refieren al Conenfor, lo que se busca es mejorar su conformación. Ya existía en la ley de educación, pero ahora pasa a ser una Comisión. Entendemos que esta redacción se ajusta más a su funcionamiento. Dentro de este Conenfor se encuentran la ANEP y la UdelaR y, por tanto, no se ve como un consejo sino como una Comisión que funciona en la órbita del MEC y para la que son designados representantes de estos entes autónomos. Se entiende que esto hace más prolijo el funcionamiento y la naturaleza jurídica de este organismo.

                En cuanto a las modificaciones a la ley de educación, debemos decir que son menores y hacen a los ajustes en la designación de los representantes, así como a las referencias en los organismos que integran el grupo consultivo del Conenfor.

SEÑOR CAMY.- Señora Presidenta: saludo a la señora Ministra, así como a los señores y señoras integrantes de la delegación que representa al Ministerio de Educación y Cultura.

                Quisiera hacer una pregunta concreta. En este artículo que propone modificaciones a la Ley Nº 18.437, que promueve la generación de la Comisión Nacional de Educación No Formal, y en referencia a la integración que se sugiere, se ha propuesto dos representantes del Ministerio de Educación y Cultura –uno de ellos la presidirá–, un delegado de la ANEP y otro de la Universidad de la República.

                Quisiera saber si puede integrarse, como un quinto miembro, a un representante de la Red Nacional de Direcciones de Cultura. Planteo esto porque el cometido al que refiere el articulado que se le va a asignar a esta Comisión, en el sentido de elaborar y ejecutar políticas en educación no formal y articularlos con la formal, está directamente vinculado con roles que, en el territorio nacional, desempeñan gobiernos departamentales a través de las Direcciones de Cultura, innumerables ejemplos de escuelas departamentales de cultura, algunas de ellas con una trayectoria muy importante en el país.

                Como estábamos pensando oportunamente en elaborar una propuesta de aditivos con referencia a esto, previamente quería conocer si en el ámbito del Ministerio se estaría de acuerdo, si esto no se evaluó porque no se tuvo presente en ese momento o si se evaluó y se entendió que no era oportuno que estuvieran presentes representando la Red Nacional de Direcciones de Cultura que, por otra parte, sabemos que viene funcionando muy bien con la Dirección Nacional de Cultura y en propósitos comunes.

                Gracias, señora Presidenta.

SEÑORA AYALA.- Simplemente, quisiera hacer una corrección a lo que dice el señor Senador Camy.

                En realidad, no es la Red de Direcciones de Cultura sino el Congreso de Intendentes. Me gustaría que esto quedara claro porque los Directores de Cultura de las Intendencias refieren al Intendente y al Congreso de Intendentes.

SEÑOR CAMY.- Le agradezco la aclaración a la ex Intendenta y actual Senadora Ayala.

                No hablo del Congreso de Intendentes, que en varias oportunidades hemos pedido su representación, cosa que sería muy oportuna. La Red Nacional de Direcciones de Cultura funciona como tal, como una entidad que ha elaborado propuestas concretas de políticas nacionales culturales. Hemos tenido reuniones con ellos y, reitero, sabemos de la muy buena relación de trabajo que tiene con la Dirección Nacional de Cultura.

                Si se entiende que tiene que ser un miembro del Congreso de Intendentes, yo lo voto, pero también me parece que la Red es una entidad específica vinculada a la generación de propuestas de políticas culturales en todo el territorio nacional que es importante tenerla en la consideración. Podría ser, tal vez, como el ámbito consultivo.

                Quiero señalar que, a los efectos de la preocupación o el objetivo que nos anima, también es válido que pueda ser el Congreso de Intendentes. Seguramente, dicho congreso refiera a alguno de los Directores de Cultura, y ese ámbito está organizado.

                El propósito concreto era conocer la opinión del Ministerio de Educación y Cultura, es decir, si evaluó la posibilidad de que participara en este ámbito nacional que tiene como propósito elaborar y ejecutar políticas de educación no formal y vincularlas a la formal con la opinión de quienes ejercen esas potestades en el resto del territorio, ya sean los gobiernos departamentales o los agentes de cultura en el ámbito de las Intendencias.

SEÑORA AYALA.- No quiero entrar en debate con el señor Senador Camy, pero los Directores de Cultura no son autónomos sino que son cargos de confianza de los intendentes. Que el señor Senador Camy averigüe con su Intendente para saber si él avala lo que  está diciendo.

                Nada más que eso, señora Presidenta.

                (Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.-  Eviten los dialogados, señores Senadores.

¿Desea hacer alguna intervención u observación, señor Senador Camy?

SEÑOR CAMY.- Creo que son conceptos distintos y no hay una atadura formal. Entiendo el ánimo de la señora Senadora y me parece que tenemos que tratar de elevar la mira y apostar a lo principal. Hago pie en lo que señala la señora Senadora; no hay problema. El Congreso de Intendentes y los Gobiernos Departamentales como entidades que ejercen el poder en el territorio nacional y, en su jurisdicción, todos tienen Direcciones de Cultura ¿El ámbito de esa competencia es viable o se opone por alguna razón? ¿Se evaluó la posibilidad de que esté el Ministerio? Nosotros estábamos evaluando una propuesta aditiva, pero antes me gustaría conocer la opinión de la señora Ministra.

SEÑORA MINISTRA.- En realidad, estamos dándole un orden legal distinto a lo que tiene que ver con la ley de educación para la educación no formal. Existe –a continuación lo explicará el Director Nacional de Cultura– un estrecho relacionamiento con la Red de Directores de Cultura a nivel nacional en todo lo que son las expresiones culturales y el trabajo de la Dirección Nacional de Cultura que no está expresado en estos artículos porque figura en otros trabajos realizados por el Ministerio de Educación y Cultura.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el artículo 418.

SEÑORA MINISTRA.- Solicito que se otorgue el uso de la palabra al Director Nacional de Cultura, señor Sergio Mautone, a efectos de referirse a los artículos 418 a 421. Y por su intermedio, solicito al Director la explicitación de los trabajos que se están llevando a cabo con los Directores de Cultura de los distintos departamentos del país.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el Director Nacional de Cultura para referirse a los artículos 418 a 421, inclusive.

 SEÑOR MAUTONE.- Muy buenos días. Es un gusto estar hoy aquí.

                En relación a la pregunta planteada y a la referencia que hacía la señora Ministra respecto a la Red de Directores de Cultura, desde la Dirección Nacional de Cultura venimos trabajando muy estrechamente al respecto. Inclusive, estamos impulsando la necesidad de discutir un plan nacional –que ya hemos anticipado en esta misma casa– que no lo entendemos sin la participación si bien no directa pero a través de la coparticipación a nivel de la Dirección Nacional porque no hay posibilidades de avanzar en ese sentido si no es en forma conjunta.

                Con respecto a la formación en el ámbito más pertinente a la cultura, las intendencias –como muy bien señalaba el señor Senador– han tenido un rol muy importante no solo en la creación sino en el sostén y en el impulso de escuelas obligadas a la formación artística. Y desde allí también han creado una red de educación no formal de alto impacto no solo a nivel departamental y regional, sino también nacional. A nivel de la Red hemos discutido y considerado sustantivo y necesario –cosa que curiosamente no existe– hacer, en primer lugar, un relevamiento de las instituciones con las que contamos para su mayor conocimiento y articulación. A veces los esfuerzos se derivan en escuelas que no llegan a dar cabida a todas las demandas locales, cuando reformuladas o trabajando conjuntamente podrían tener un impacto mucho mayor.

                Esa es la etapa en la que nos encontramos. Es decir que debemos hacer un relevamiento de las instituciones que hoy existen en cada uno de los departamentos –lo conversamos en la última reunión de la Red que tuvo lugar en la ciudad de Atlántida–, como primera medida para poder evaluar y diagnosticar mejor la situación, al mismo tiempo que podremos tomar alguna medida articulada a nivel de todo el país.

Si bien no existe una representación formal dentro de este ámbito, hay un estudio y valoración específica dentro de la Dirección Nacional de Cultura y de las Direcciones de Cultura de cada departamento. De más está decir que no solo estamos trabajando en este tema, sino que nuestra cartera es mucho más amplia y estamos abordando la accesibilidad en todos y cada uno de los rincones de los bienes culturales, así como también la posibilidad de fragmentar la inserción ciudadana en el disfrute y en la creación. Asimismo, estamos abocados a un trabajo de detección de las fortalezas culturales de cada lugar para desde allí trazar un mejor mapa y lograr una mejor estrategia.

En relación a los artículos 418 a 421, creo que los vinculados a los museos se explican por sí solos. En este momento, en el Ministerio de Educación y Cultura se está creando una articulación de museos, proceso en el que se viene trabajando desde hace un tiempo. Si nos remitimos a la historia, los museos tenían cierta autonomía, dependiendo directamente de la Dirección Nacional de Cultura cuando se creó o del señor ministro, ya que varios de ellos conformaban unidades ejecutoras. Nuestra intención es que tener una mayor articulación y un mejor aprovechamiento de nuestras capacidades y de nuestras condiciones, entendiendo a la acción museística como tal, más allá de respetar las especificidades de cada museo.

                Hasta el gobierno pasado todos los museos de arte dependían de la Dirección de Cultura. En la última rendición de cuentas se resolvió incorporar al Museo Histórico  Nacional, cosa que efectivamente se está concretando en este Gobierno. En esta rendición, si los señores Legisladores así lo entienden, habrán de incorporarse el Museo de Historia Natural y el de Antropología. De esa manera, se conformaría el conglomerado de museos del MEC dentro de una única coordinación. Esto significa un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, tener mayor capacidad para  desarrollar estrategias, sobre todo, para atender el creciente interés que nuestros museos despiertan a nivel nacional dentro de lo que es el marco ya legislado. Me refiero a la Ley Nacional de Museos, al sistema de museos y al consejo de museos. Creemos que una mayor articulación de nuestros propios museos nos va a permitir sin duda poder trabajar de manera más ordenada en todo el país. Obviamente, a este proyecto están integradas las direcciones nacionales de cultura así como agentes representantes de todas las expresiones museísticas del país.

                El artículo 419 simplemente amplía un artículo anterior que limitaba la dependencia de los museos –como el  Museo Nacional de Artes Visuales o el de Artes Decorativas, etcétera. Ahora todos los museos  pertinentes, así como el Instituto Nacional de Artes Escénicas  –que es un instituto que se creó durante el gobierno pasado y que entiende en esta rama– van a pertenecer a la Dirección Nacional de Cultura.

                Otra de las preocupaciones que esta iniciativa persigue, más allá de que en el país contamos con cuatro museos nacionales –lamentablemente la explicación sería muy larga y en definitiva compartimos las ideas– es evitar que los museos nacionales concentren su exposición y su acceso ciudadano en la capital. Nuestra idea es que a través de esta megacoordinación podamos efectivamente crear redes que habiliten no solo la circulación de los bienes museísticos a nivel de todo el país, no solo acentuar las relaciones y el intercambio que a veces se da con los museos departamentales, sino también tener la posibilidad de que haya nuevas sedes en el interior o sedes regionales en alguno de los casos, que también impliquen una mayor y mejor distribución del acceso a nuestro acervo.

                Por otro lado, el artículo 420 autoriza a cobrar la prestación de servicios y la comercialización de reproducciones, publicaciones y bienes, y su divulgación. Creo que esto se explica por sí solo. El artículo siguiente habla de que los museos y los archivos a veces no tienen capacidad de comercializar los productos que generan, lo que necesariamente implica la creación de grupos, fundaciones o sociedades de amigos que son quienes llevan a cabo este cometido. Nos parece que en la medida de que los museos puedan involucrarse directamente con la comercialización de sus servicios en  bien de su propio funcionamiento, habremos dado un paso más hacia la transparencia y la mejor organización de los recursos.

                El artículo 421 faculta al archivo para comercializar sus producciones.

SEÑOR CARÁMBULA.- Me parece que lo que ha estado presente en la mañana de hoy a través de la preocupación por los centros MEC –que también difundiera la profesora Glenda Rondán– ahora está en este tema de los centros de cultura y toda la formación de carácter nacional de educación no formal, aunque tenemos que separar lo que es  educación no formal y cultura.

                Hay una preocupación que queremos subrayar por todo el tema de descentralización efectiva. Realmente quiero acompañar la preocupación del señor Senador Camy, más allá de que en lo formal  comparto lo que dice la señora Senadora Ayala.

El país tiene una experiencia muy significativa, que tenemos que aprovechar, de casi veinte años de una red nacional de directores de cultura, que comenzó en el período 1995 – 2000. Cuando se habla de Comisión Nacional de Educación no formal, Comisión Nacional de Cultura o plan nacional de cultura, debe ponerse un fuerte pilar en el interior del país. Conocemos –no lo ha dicho ahora el director de cultura– que existe un plan nacional de cultura que, justamente, tiene el apoyo de la red de directores culturales. Lo mismo sucede con la red nacional de museos. Inclusive, aquí se introduce un concepto que tiene que ver con la financiación de los museos. Esta es una ley de carácter nacional, así que debemos pensar esto también para los museos del interior,  ya que muchas veces es muy difícil para los gobiernos departamentales su sustentabilidad con recursos propios. Por lo tanto, creo que hace bien esta propuesta que se introduce aquí en el Presupuesto.

                Me parece que todo esto debe estar pensado, así como también otros temas vinculados  a la cultura, para avanzar; en este sentido, hoy un plan nacional de cultura es una Ley Nacional de Cultura. Ahí el pilar de la red de Directores de Cultura que planteaba el Senador Camy es muy importante. Creo que hay que atender el hecho de salvaguardar las formas porque el congreso de intendentes, validado constitucionalmente, debe ser la relación con el gobierno a través de los Ministerios o del Poder Ejecutivo. También hay, por ejemplo, una red de directores de tránsito,  por lo que si lo fragmentamos corremos el riesgo de que se conviertan en instituciones autónomas. Entonces, validando la muy buena intención del Senador Camy, me parece que debemos seguir trabajando en un relacionamiento con el Congreso Nacional de Intendentes en estos temas de descentralización tan importantes que se plantean en la propuesta presupuestal.

SEÑOR DELGADO.- En el artículo 418 se plantea una transferencia en el Inciso 11, Ministerio de Educación y Cultura, Museo Nacional de Historia Natural y Antropología, a la Unidad Ejecutora 003, Dirección Nacional de Cultura. Al final del artículo se dice: «El Poder Ejecutivo determinará los recursos humanos, materiales, financieros y créditos presupuestales a reasignar».  Como no están establecidos aquí los créditos presupuestales, me imagino que esto vendrá en la próxima rendición de cuentas. Pregunto esto a ver si estoy entendiendo bien.

SEÑORA MINISTRA.- Así es, señor Senador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos a considerar el artículo 422.

SEÑORA MINISTRA.- Para referirse a los artículos 422 a 424 le cedo el uso de la palabra al doctor Ignacio Soba.

SEÑOR SOBA.- También en este caso los artículos buscan mejorar la redacción de las leyes que regulan la Comisión de patrimonio. La ley Nº 14.040 es de 1971 y establecía determinada integración para la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación; incluso en esa época tenía otra denominación. A lo largo de los años, por la vía de los decretos reglamentarios, eso fue cambiando, tanto en la denominación de la Comisión como en su integración. Hoy buscamos que eso quede en la propia ley de creación, es decir la Nº 14.040, modificando lo que son esos puntos.

                Por su parte, los artículos 423 y 424 buscan aclarar que el Director General de la Unidad Ejecutora –cargo que ya había sido creado– tiene como objetivo la administración de esa Unidad Ejecutora y que la integran tanto ese director general como la Comisión.

                Finalmente, los otros dos artículos que modifican la Ley Nº 14.040 refieren a los bienes inmuebles declarados monumento histórico.

En un caso se señala que cuando los propietarios soliciten la expropiación de estos bienes, no obligan al Estado a realizarla. La modificación concretamente establece que será una opción de la administración proceder a esa expropiación y que esta no queda vinculada de pleno derecho por la solicitud que realiza el propietario.

En el otro caso, el artículo 426, se trata de una disposición referida a los incentivos a los propietarios de los bienes inmuebles. Se incluye en la redacción del artículo 21 de la Ley Nº 14.040 el incentivo de la exoneración del impuesto de enseñanza primaria, que se agrega al que ya existía, referido a los adicionales al impuesto de contribución inmobiliaria.

SEÑOR DELGADO.- En el artículo 425 se modifica el sistema de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación para los mecanismos de la declaración de monumento histórico.

                El artículo original decía que cuando se declaraba monumento histórico una casa, el propietario podía pedirle al Poder Ejecutivo que se la expropiara y este debía expedirse en un plazo de 180 días para dejar sin efecto la declaración. Vencido ese plazo sin que se hubiera pronunciado el Poder Ejecutivo, se tenía por decretada la expropiación de pleno derecho, siguiéndose los trámites de oficio. Es decir que si el Poder Ejecutivo no se pronunciaba en un plazo de 180 días, se daba por expropiado. Esto ocurría en el artículo original.

                La nueva redacción elimina ese plazo. A veces el Poder Ejecutivo no podía tramitar esta decisión en 180 días y siempre quedaba obligado a comprar el bien. Nosotros podemos entender que el plazo de 180 días es demasiado exiguo, pero si no se establece ningún plazo el derecho del propietario se esfuma, porque bastaría que el expediente se pudiera traspapelar, demorar, quedar en un cajón, para que nunca se lo compraran. Es decir que el propietario perdería el derecho que tenía de vender el inmueble al Estado al precio de expropiación.

                Nosotros podemos compartir el objetivo, pero lo que vamos a proponer en el aditivo es establecer un plazo de un año –no con el plazo anterior que nos parecía exiguo- , que nos parece absolutamente razonable y creo que da seguridad jurídica y garantías para todas las partes. Ese es el aditivo que va a presentar el Partido Nacional.

SEÑOR PARDIÑAS.- Me parece que lo que se propone cambia el concepto y es que la expropiación no es obligatoria sino que es facultativa del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, implementar un plazo no agrega nada nuevo en esta redacción que pone a consideración el Poder Ejecutivo. Aquí hay un cambio sustantivo que consiste en que no hay obligación de expropiar el bien cuando se lo declara monumento histórico. Creo que esto, en cierta manera, ayuda a preservar monumentos que aún estén bajo la órbita privada. Lo que hace el Estado, en función del interés general, del interés de la comunidad, es generar los elementos de preservación del inmueble con la declaración de monumento histórico, pero no se obliga a comprarlo.

Reitero que considero que es un cambio sustantivo y que ayuda a que no se pierdan bienes patrimoniales del país; si tenemos identidad de nación, esos bienes no solo tienen que ser preservados por el Estado.

SEÑOR CARDOSO.- Este es un tema que se ha debatido muchas veces en el ámbito de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio de Educación y Cultura. Aquí hay una contradicción ontológica. Lo que acaba de describir el Senador Pardiñas es un saludo a la bandera porque el Estado declara monumento histórico pero no se compromete a nada. Entonces es muy fácil hacer una declaración de esas características cuando no se maneja la propiedad. La declaración de patrimonio histórico tiene un impacto sobre la propiedad, a veces positivo, y otras, negativo. Muchas veces es negativo porque no se pueden hacer reestructuras o modificaciones, a no ser que se siga un plan que después pone en marcha la propia Comisión del patrimonio.

Creo que es muy liviano presentarlo así. El Estado lo declara patrimonio histórico y con eso ya cumplimos;  como eso ya es patrimonio, entonces ahora queda sometido a todas las normativas que la Comisión del patrimonio establezca –por ejemplo, con relación a la arquitectura de ese bien–, pero el Estado no se compromete a nada.

Pienso que las cosas no deberían ser así, señora Presidenta, porque es una intervención sobre una propiedad privada, hay una afectación del derecho de propiedad y el Estado no puede eximirse de la responsabilidad cuando actúa de esa manera.

SEÑOR DELGADO.- Coincidiendo con lo que dice el Senador Cardoso, el Partido Nacional –en concordancia con lo que hizo en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y después en la discusión en el plenario en la Cámara de Representantes– va a presentar un aditivo para volver al texto original  pero con un plazo mayor al que estaba previsto en aquella redacción.

SEÑOR CAMY.- Quiero dejar constancia de que me doy por representado en las palabras pronunciadas por los señores Senadores Cardoso y Delgado.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Desea hacer alguna observación sobre estos comentarios, señora Ministra o seguimos con el articulado?

SEÑORA MINISTRA.- Seguimos con el articulado, si usted está de acuerdo, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces, pasamos a considerar el artículo 427.

SEÑORA MINISTRA.- Si usted me lo permite, le cedería el uso de la palabra al doctor Soba.

SEÑOR SOBA.- Voy a hablar en esta oportunidad puntualmente del artículo 427, que es una derogación a un impuesto que correspondía a la enajenación de obras de arte, objetos de valor artístico o histórico, que había sido creado en el año 1992 por la Ley Nº 16.320. La intención se justifica por tratarse de un impuesto que nunca fue reglamentado; mejor dicho, tuvo una reglamentación que fue suspendida, aproximadamente en el año 1997, y, por lo tanto, nunca se pudo proceder a su recaudación. Entendemos que corresponde la derogación de este tributo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no hay consultas sobre este artículo, pasamos al 428.

SEÑORA MINISTRA.- Si usted está de acuerdo, señora Presidenta, le solicitaría autorización para que haga uso de la palabra al doctor Pablo Maqueira, que se referirá a los artículos 428 al 435.

SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces, analizaríamos los artículos 428 al 435 inclusive.

SEÑOR MAQUEIRA.- Estamos hablando, en realidad, de los artículos 428 al 433, que hacen referencia al funcionamiento de la Dirección General de Registros. Se trata de una serie de modificaciones que paso a explicar ahora.

                El artículo 428 se refiere a los mandatos y poderes. Por este artículo se está autorizando la revocación genérica de mandatos y poderes. Actualmente, la ley ordena que para revocar un mandato, un poder, hay que dar una serie de datos, como fecha, escribano actuante y otros detalles que muchas veces las personas no los tienen porque son poderes muy antiguos; en general, quien aporta el escribano para los poderes son los que van a hacer uso del poder, y a veces la gente no tiene el control sobre eso. Entonces, con este artículo se brinda la posibilidad de revocar esos poderes sin la necesidad de aportar esos datos, de la misma forma que se hace en los testamentos con las revocaciones genéricas.

                Los artículos 429 y 430 refieren al sistema de inscripción actual. El artículo 429 propone que los registradores tengan cinco días hábiles para calificar los documentos a partir del día siguiente al que se haga efectivo el pago de la tasa registral. Por su parte, el artículo 430 establece que el plazo para el pago de la tasa registral es de cinco días hábiles desde la presentación del documento. Este cambio se explica porque en la actualidad una persona puede presentar un documento, inscribirse en el registro, sin el pago de la tasa y tiene 150 días para hacerlo, pero eso se observa. De hecho, hay un altísimo porcentaje de observaciones por falta de pago de la tasa. Si bien es cierto que finalmente se levanta la observación, eso genera inconvenientes en la gestión de la inscripción. Por este artículo se propone que se pague la tasa dentro de cinco días hábiles; de lo contrario, al sexto día directamente se rechaza el documento sin observarlo y hay que empezar un nuevo proceso de inscripción.

                En el artículo 431, si bien lo único que se modifica es su acápite, es importante porque implica que la Dirección General de Registros  expedirá certificaciones de la información registral. Actualmente, la norma dice que son los registradores los que expiden  la certificación de la información registral. Los registradores son el personal técnico de los escribanos ya que realizan la calificación técnica de los documentos.

Por este artículo van a pasar a hacer esta tarea la  Dirección General de Registros por funcionarios autorizados. Esto no tiene ningún impacto en la calidad de la información porque lo que se certifica acá es lo que previamente hicieron los escribanos y lo puede hacer cualquier funcionario público en ejercicio de sus funciones. Incluso, se apunta a que en un futuro lo haga en forma automática el propio sistema y no los funcionarios. Por eso se autoriza a que, en forma genérica, lo haga la Dirección General de Registros y no los registradores.

                El artículo 432 refiere a un cambio en los plazos para el levantamiento de las observaciones. En la actualidad hay 90 días y antes del vencimiento del plazo se puede pedir una prórroga de 60 días más lo que totaliza 150 días. Lo que sucede en la práctica es que hay un altísimo porcentaje de pedidos de prórroga que siempre se otorgan. Por lo tanto, terminan siendo 150 días pero que implican un pedido de prórroga y su concesión. Lo que aquí se hace es directamente establecer un  plazo de 150 días y eliminar la prórroga. En síntesis, se mantiene la misma cantidad de días, sin la prórroga.

                El artículo 433 tiene un cambio en el nombre del registro. El artículo de la ley Nº 16.871 dice que se debe realizar en el Registro Nacional de Comercio, pero este registro no existe más; hoy es una división del Registro de Personas Jurídicas por lo que se establece que se haga allí la inscripción.

                Estos son los artículos que refieren a la Dirección General de Registros.

                Los artículos 434 y 435 refieren a la Dirección General del Registro de Estado Civil.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Senadora Alonso quiere hacer una intervención relacionada al bloque que va hasta el artículo 433. Como usted los separó en bloques, parece correcto que se refiere a los mismos.

SEÑORA ALONSO.-  Quiero dejar una constancia y manifestar una preocupación.

                Recién escuchamos al señor Maqueira hablar de las modificaciones a la Dirección General de Registros. Estamos nada menos que modificando derechos de fondo de poderes.

                Este es un tema que se ha debatido en muchas oportunidades en esta Casa pero no queremos dejar de volver a mencionarlo.  En realidad, estos artículos no tienen nada que ver con lo que estamos votando, que es el proyecto de ley de Presupuesto. Estos no son temas presupuestales y entiendo que muchas veces en estas leyes se busque  introducirlos, ya sea porque son leyes de urgencia y, por lo tanto, se van a considerar más rápido. Realmente me preocupa la rapidez con la que en el día de hoy venimos tratando el articulado correspondiente al Presupuesto de este Ministerio.

                No creo tener el tiempo suficiente –ni que la Comisión lo tenga–  para analizar con la debida seriedad estos artículos que acaban de mencionarse.  Esta no es una cuestión solo de este Ministerio; ha ocurrido en este proyecto de ley de Presupuesto con muchos otros, donde se incorporan disposiciones con carácter permanente que nada tienen que ver con él. A efectos de que quede constancia en la versión taquigráfica, quiero decir que ellas son claramente violatorias del inciso segundo del artículo 216 de nuestra Constitución, que establece que las leyes de Presupuesto deben contener disposiciones relativas al Presupuesto. Sabemos que esto es algo que se ha repetido a lo largo de la historia en este Parlamento, pero no queremos dejar de mencionarlo, aclararlo y de sugerirle a la señora Presidenta que, en el momento que lo entienda conveniente, se ponga a consideración el desglose de este conjunto de artículos, a efectos de que puedan pasar, con la iniciativa que ya tiene el Poder Ejecutivo, a ser considerados por la Comisión de Constitución y Legislación.

SEÑOR ORRICO.- Una Ley de Presupuesto está conformada por leyes a las que la Constitución le da una naturaleza especial y, en consecuencia, también les da una serie de características en cuanto a posibilidades de oponerse por determinados mecanismos que la propia Carta establece.

                Quiero decir que una disposición que no tenga nada que ver con el presupuesto, no tiene ni el menor asomo de inconstitucionalidad. Así lo ha determinado la jurisprudencia en fallos que tienen larga data y que vienen de mucho tiempo.

                Las leyes de presupuesto toda la vida contuvieron normas procesales, relativas a delitos, a derechos sucesorios, etcétera.

                Cuando la Suprema Corte de Justicia se ha expedido en reiteración real sobre este tema, ha dicho que las normas que no tienen carácter presupuestal, pero que han sido aprobadas en la instancia del presupuesto, no son normas presupuestales sino que han sido aprobadas en ocasión de la consideración del proyecto de ley de presupuesto. En definitiva, es una ley como cualquier otra en la que el trámite parlamentario se dio conjuntamente con la del proyecto de ley de presupuesto. Estas son las sentencias que una y otra vez la Suprema Corte de Justicia ha dictado.

De manera que se podrá discutir –naturalmente, estamos en un lugar político y se puede hacer– si es conveniente o no que existan este tipo de normas que, es bueno aclarar, han sido incluidas por todos los gobiernos desde que el país existe. Reitero que se podrá discutir la conveniencia, pero de ninguna manera se pueden tachar de inconstitucionales las normas dictadas en ocasión del presupuesto, como sería este caso.

SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde que el señor Maqueira se refiera a los artículos 434 y 435.

SEÑOR MAQUEIRA.- Quiero aclarar que todos estos artículos que estamos mencionando son normas que no tienen costo, sino que hacen directamente a la gestión de los organismos en los que se modifica.

                El artículo 434  aggiorna una norma establecida en la Ley Nº 16.170 de Presupuesto del año 90 que autorizaba a la Dirección General del Registro de Estado Civil a emitir documentos en sistemas  computarizados. Esto entraría en vigencia a partir de la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.  Esta reglamentación se hizo, finalmente, en el año 2012, momento en el que se empezaron a emitir las actas digitales en el Registro de Estado Civil. La propia norma establecía que los documentos expedidos en base a ese sistema tenían el mismo valor probatorio que los testimonios de actas que se expedían hasta el momento. Así se empezó a hacer a partir del 2012 con unos relacionados de las actas en la Dirección del Registro de Estado Civil, pero esto encontró dificultades en alguna Intendencia que entendía que no lo podían realizar porque no se los autorizaba la Ley Nº 1.430. Entonces, este artículo viene a reformular esa autorización que se dio en el antiguo artículo 368 de la Ley Nº 16.170 autorizando la emisión de relacionados de actas digitales y autorizando a los Gobiernos Departamentales a emitir sus documentos con el mismo valor que los testimonios de actas de estado civil.

Además, se establece la norma de que se admiten con la misma validez los que ya se han expedido en ese sentido, porque están autorizados por ley.  Esta potestad también se le otorga a los Gobiernos Departamentales.

                El artículo 435, finalmente, autoriza a la Dirección General del Registro de Estado Civil a utilizar bases de datos digitales de otros organismos, que hasta ahora no lo podían hacer. Este artículo apunta, directamente, a la digitalización total de los documentos de estado civil. Hay muchos organismos que ya los  tienen digitalizados y sería un doble trabajo, un doble costo de gestión la redigitalización de esos documentos cuando ya existen esas bases de datos. Lo que sucede es que la ley dice que tienen que ser salidas del Registro de Estado Civil, entonces, esta norma autoriza a convenir con esos organismos que, en definitiva, también toman el documento original del Registro de Estado Civil, con lo que no se corre ningún riesgo de falsedad en las actas.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos a considerar el artículo 436 que había sido oportunamente informado por la señora Adriana González.

SEÑORA GONZÁLEZ.- El artículo 436 sustituye al 195 de la Ley Nº 18.834 de 2010. En realidad se hacen dos modificaciones. En la primera, se agregan tres tareas: productores ejecutivos, editores y técnicos de redes y, en la segunda, cuando dice: «Se eliminan tareas vinculadas a», se elimina la palabra «vinculadas» estableciendo en el texto las tareas de los roles que allí se especifican.

SEÑORA ALONSO.- Este artículo no genera ningún costo presupuestal, en tanto se paga con el mismo crédito. Pero creo que en esto –y queremos dejar constancia de ello– se amplía el margen de discrecionalidad. Por este artículo se faculta a ampliar la nómina, y esta resulta cada vez más numerosa. En realidad, se modifica una categoría contractual; si bien se cambia lo que decía la señora González, el problema es que se establecen muchas cosas más que nos preocupan. El contrato laboral puede hacerse por 12 meses y acá se pasa a 24, no es renovable y, justamente, esto se establece en el artículo que se pretende modificar. Se está facultando a ampliar la nómina, que cada vez se hace más grande, junto con la posibilidad de contratar por más tiempo, de renovar sin dar concursos, de transferir contratos. Creo que esto termina convirtiéndose en una bolsa por la cual se puede generar una gran discrecionalidad, tal como dijimos al principio.

                Por consiguiente, repito, queríamos dejar constancia de nuestra preocupación y consultar a la señora Ministra o a la señora González acerca de si tienen algún aporte que realizar al respecto.

SEÑORA MINISTRA.- Quería hacer la aclaración correspondiente, ya que el artículo existía, tal como ha dicho la señora González, quien puede explicar cabalmente cuáles son los nuevos perfiles profesionales necesarios para una actividad de este tipo.

SEÑORA GONZÁLEZ.-  Quiero hacer algunas precisiones con respecto a lo que ha dicho la señora Senadora Alonso. En primer lugar, este artículo es exactamente igual al anterior, por lo que está claro que la facultad del Poder Ejecutivo de ampliar la nómina ya existía. Lo que nosotros quisimos hacer es transformar la disposición para que fuera taxativa y estableciera expresamente cuáles eran los roles, más allá de que la facultad ya existía. Por eso se sustituyó la expresión «tareas vinculadas a» por la enumeración específica de las tareas a desarrollar. El resto del artículo es lo establecido en el 195 y no hay cambios de ningún otro tipo. Destaco esto porque fue la misma consulta que se hizo en la Cámara de Representantes y en su momento se aclaró.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 437.

SEÑORA MINISTRA.- Solicito que se le otorgue el uso de la palabra al señor Ibarra para referirse a los artículos 437 a 440.

SEÑOR IBARRA.- En primer lugar, quiero saludar a todos los integrantes de la Comisión.

                Con respecto al artículo 437 hemos trabajado en el Consejo Directivo del Sodre, fundamentalmente, con su Presidente. Hay ciertas realidades que debemos tener en cuenta. En primer término, Televisión Nacional Uruguay ya hace bastante tiempo que no está en la órbita del Sodre. Por otro lado, a partir del próximo año Radiodifusión Nacional también dejará de ser de competencia del Sodre, por lo que es imprescindible hacer un ajuste en la sigla y, al respecto, establecemos que la unidad ejecutora 016 Sodre, pase a denominarse Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos.

SEÑOR ORRICO.- Cuando presentamos el proyecto de ley solicitamos que el Sodre se denominara Servicio Oficial de Representaciones y Espectáculos. Tal vez algún representante con espíritu renacentista le puso difusión.  Nosotros no somos difusores, sino que hacemos representaciones y espectáculos, por cuanto pretendemos que se adecue el nombre a eso. De todas maneras, naturalmente está en poder de los Legisladores qué nombre tendrá el Sodre. Esa es la aclaración que quería hacer. Reitero, la palabra difusión está absolutamente demás y no tenemos absolutamente nada que ver con el término difusión. Si bien se dice que el nombre no hace a la cosa, sí la clarifica. Entonces, nosotros pretendemos usar el nombre Servicio Oficial de Representaciones y Espectáculos, que a eso es a lo que nos dedicamos, diría, en cuerpo y alma.

SEÑOR IBARRA.- Con referencia al artículo 438, la Ley Nº 11.549 –según el artículo 5.º– otorgaba determinados beneficios a los integrantes de la orquesta sinfónica y del cuerpo coral del Sodre, pero no atendía situaciones que respondían directamente a las bailarinas o bailarines de ballet. Por lo tanto, estaban en una situación dispar con referencia a los otros cuerpos estables.

                Por esa razón, el 438 establece con claridad que los integrantes de los elencos, cuerpos o compañías artísticas del Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos que tengan menos de 60 años de edad serán evaluados anualmente a efectos de determinar si pueden continuar cumpliendo las funciones, actividades o tareas artísticas, en las categorías correspondientes.

                Es sabido que las bailarinas y los bailarines de ballet pueden cumplir con su función artística aproximadamente hasta los 40, 42 o 43 años, razón por la cual se los evaluará anualmente y se integrará una especie de tribunal donde habrá representación, por supuesto, de los elencos, cuerpos o compañías artísticas respectivamente, con la plena seguridad de que no afectará de ninguna manera la remuneración que corresponde al grado asignado a cada uno de los funcionarios en el padrón correspondiente.

                Tenemos que decir que los bailarines y bailarinas no activos son veinte aproximadamente, de los cuales cinco o seis ya están cumpliendo funciones muy importantes en la escuela de danza del Sodre, como profesoras o profesores. En ese sentido, estamos realizando un trabajo muy pormenorizado para darle también funciones –una vez que este artículo sea aprobado– al resto de las bailarinas o bailarines no activos, por supuesto con el acuerdo de los mismos.

                Los artículos 439 y 440 simplemente corresponden a reasignaciones. El 439    se    crea    porque    estamos    en    plena    etapa     de      reestructura –fundamentalmente en el Ministerio de Educación y Cultura y por supuesto también en el Sodre– y hay que compensar a funcionarios que están ejecutando cargos superiores a los actuales y, por lo tanto, necesitamos esta reasignación y trasposición de $ 1:600.000.

                El artículo 440 motiva este planteo porque también precisamos una reasignación por los importes que menciona el artículo, debido a que en su momento se cometió una especie de error en cuanto a las partidas. Ahora hay ajustarlas y regularizarlas, pero por supuesto que esto no requiere de ningún  tipo de incremento presupuestal, pero es imprescindible para el funcionamiento del Sodre.

                Esto es lo que quería manifestar, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Voy a hacer una aclaración. Acabamos de terminar los artículos de este Inciso. Todavía hay otros que están vinculados al Fondo de Solidaridad que se encuentran en otro lugar. Pregunto al Senador Cardoso si la intervención que me solicitó es para luego de finalizar el tratamiento de todos los artículos.

SEÑOR CARDOSO.- Sí, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Perfecto. Pasamos a considerar los artículos que faltan.

                Para referirse a los artículos tiene la palabra, la señora Ministra.

SEÑORA MINISTRA.- Muchas gracias.

                Para referirse al artículo 641, solicito que se conceda el uso de la palabra a la contadora Morales.

SEÑORA MORALES.- El artículo 641 se refiere a las partidas asignadas al Pedeciba y al Instituto Nacional de Evaluación Educativa por el Poder Ejecutivo; en la Cámara de Representantes hubo un incremento de $ 5:000.000 anuales para el Pedeciba.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿La señora Ministra desea considerar algún otro artículo?

SEÑORA MINISTRA.- Para hacer referencia al Fondo de Solidaridad Social, si la señora Presidenta está de acuerdo, solicito que para hacer las explicaciones legales se le conceda el uso de la palabra al doctor Soba, y después haremos consideraciones en la que pueden participar otros representantes.

SEÑORA PRESIDENTA.- Para referirse a dichos artículos tiene la palabra el doctor Soba.

SEÑOR SOBA.- Los artículos relativos al Fondo de Solidaridad comienzan a partir del artículo 729 del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Este artículo modifica una serie de disposiciones que hacen a la creación del Fondo de Solidaridad, su naturaleza jurídica y sus cometidos. Lo que se busca con la modificación es potenciar al fondo como el administrador de un sistema de becas más amplio. Eso se puede apreciar de la lectura del numeral 1) del artículo 729 del proyecto de ley que le permite al fondo administrar un sistema de becas para estudiantes de la Universidad de la República, del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional, la Universidad Tecnológica, el que se financiará con una contribución especial.

                El numeral 2) permite gestionar sistemas de becas de organismos públicos o entidades privadas, mediante la celebración de convenios en los que se instrumenten  las obligaciones de cada parte.

                Hoy en día, el fondo administra otros sistemas de becas. Lo que busca esta norma es evitar que los sistemas de becas cuya administración o gestión haya sido asignada al fondo por normas especiales requieran en cada una de esas instancias de una consideración específica, ya sea en la ley o en la norma reglamentaria. Ahora se regula con carácter general como un cometido del fondo.

                En la misma línea, el artículo 730 dice que los sistemas de becas que hoy estén administrados por el Fondo de Solidaridad no necesitarán de la celebración de convenios; esto es para evitar dificultades en la operativa o en la instrumentación de estos sistemas de becas, luego de aprobado el Presupuesto.

                El artículo 731 es una norma extensa referida a la estructura del fondo. En primer lugar, destaco que en lo que tiene que ver con el órgano de dirección o de gobernanza de esta persona pública no estatal habrá un Consejo Directivo integrado por representantes del Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo Social, un representante de la UdelaR, un representante del Consejo Directivo de la ANEP y un representante de la Universidad Tecnológica. Hace referencia a la retribución del Presidente del Consejo Directivo y a las atribuciones que están en la misma línea de las modificaciones de los cometidos. El literal A) dice que el Consejo Directivo será el que establezca las directivas generales para otorgar las becas y los requisitos que deben cumplir los postulantes. En los casos de sistemas de becas cuya gestión sea confiada al fondo por norma especial o convenio,  las directivas generales estarán dadas por los órganos, comisiones o consejos que administren las respectivas becas o, en su caso, por el Fondo de Solidaridad, en función de lo previsto en los respectivos convenios. Eso como les expliqué estaba en línea con la ampliación de la gestión y administración del sistemas de becas a cargo del Fondo de Solidaridad.

                Luego de hacer referencia a los diversos cometidos del Consejo Directivo, que son los que habitualmente se incluyen en la dirección de personas públicas no estatales, al final de la disposición se encuentra la referencia a un Consejo Consultivo Honorario, que estará integrado por un representante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, uno de la Caja Notarial de Seguridad Social y otro de la Agrupación Universitaria del Uruguay. Este consejo consultivo deberá verter su opinión en forma preceptiva cada vez que el Consejo Directivo del Fondo de Solidaridad solicite su intervención.

                En el artículo 732 se destacan varios cambios a  la contribución especial del Fondo de Solidaridad y también sustituye disposiciones anteriores. Concretamente,  prevé que la contribución especial deberá ser pagada a partir de cumplido el quinto año de egreso hasta que se verifique alguna de las siguientes condiciones: que el contribuyente cese en toda actividad remunerada y acceda a una jubilación; que cumpla 70 años de edad o que presente una enfermedad física o psíquica irreversible que lo inhabilite a desempeñar cualquier tipo de actividad remunerada.

                Luego la norma refiere al monto de la contribución especial a cargo del Fondo de Solidaridad. En este caso también se establecen algunas modificaciones. Las carreras se dividen en dos: las que tengan una duración inferior a cuatro años y las que tengan una duración igual o superior a cuatro años. En el primer caso también se establece diferente monto de aportación en función de la cantidad de años que pasen del egreso: entre cinco y nueve años después del egreso, será de 0,5 BPC y a partir de diez años, de 1 BPC. Como había dicho antes, la contribución es pagada luego de cumplido el quinto año de egreso. O sea que hasta el quinto año de egreso no se paga contribución, de cinco a nueve años el monto para este tipo de carreras es de 0,5 BPC y luego es de 1 BPC.

                Posteriormente se pasa  a hacer referencia a los egresados de carreras que tengan una duración igual o superior a cuatro años. Estos aportarán una contribución que podrá ser de 1 o 2 BPC, en función de los años transcurridos desde el egreso. Entre los cinco y nueve años se pagará 1 BPC y desde los diez, 2 BPC.

                Otro aspecto a destacar está en el artículo 733 del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes. Aquí lo que se hace es declarar por vía interpretativa lo que se entiende por egresado y dice: «se entiende por egresado a la persona que aprueba la totalidad de los requisitos exigidos por cada plan de estudios para la expedición de títulos de grado o títulos intermedios, tomándose como fecha de egreso la de la aprobación de la última exigencia académica, previa a la expedición del título del plan de estudios correspondiente a la respectiva carrera». Esto evita que haya dificultades a la hora de determinar el concepto de egresado y el comienzo del cómputo de los años a los que ya hice referencia. Si todo esto se instrumenta a partir de que una persona egresa, es importante tener definido ese momento con claridad, y a eso es a lo que apunta esta norma interpretativa.

                Por otro lado, el artículo 734 refiere a la exoneración de tributos a un fideicomiso.

El artículo 735 tiene que ver con la constitución del título ejecutivo, en cuanto a las resoluciones del Fondo de Solidaridad.

                Este artículo también refiere a la contribución adicional al Fondo de Solidaridad, que nos dice que continuará rigiéndose en todos sus aspectos por el artículo 542 de la Ley Nº  17.296, en la redacción dada por el artículo 7º de la Ley Nº 17.451.

                En él también se establece: «La duración de las carreras es la establecida en la disposición legal mencionada en el inciso anterior, apreciada a la fecha de promulgación de la Ley Nº 17.451». Quiere decir que los aspectos del adicional al Fondo de Solidaridad continúan rigiéndose por las normas anteriores.

                Por su parte, el artículo 736 establece: «En oportunidad de cada Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal –tengo entendido que esta fue una norma incorporada en la Cámara de Representantes– el Fondo de Solidaridad remitirá al Parlamento un informe conteniendo sus ingresos y fuentes en el ejercicio, así como sus gastos y becas otorgadas en el mismo período». Esto apunta a que el Fondo de Solidaridad rinda cuentas.

                Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora Ministra.

SEÑORA MINISTRA.- Señora Presidenta: tendríamos dos propuestas sustitutivas en la redacción. Si usted está de acuerdo, le daría la palabra al señor Lichtenstein para que las explicitara.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Lichtenstein.

SEÑOR LICHTENSTEIN.- La primera de ellas refiere a una modificación que se realizó en la Cámara de Representantes en el inciso 4. del artículo 732. Él refiere al modo de aportación de los afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

                Básicamente, en lo que tiene que ver con los aportes previsionales, tenemos situaciones distintas para el universo de contribuyentes. Algunos están exclusivamente afiliados a la Caja Notarial de Seguridad Social, otros están afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, mientras que otros están afiliados solamente al Banco de Previsión Social y  también puede suceder que haya otros que estén afiliados conjuntamente al Banco de Previsión Social, en su carácter de empleados dependientes y en alguna de las dos Cajas antes mencionadas, en función de sus tareas en el ejercicio liberal de la profesión.

                Lo aprobado en la Cámara de Representantes modificó la redacción originariamente remitida por el Poder Ejecutivo. La modificación va en el sentido de un aspecto que coincidíamos en contemplar en función de algunas objeciones o planteos realizados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

                En este sentido, la redacción original hablaba de pagos conjuntos e indivisibles, y concordamos con los argumentos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios que, dado el carácter diverso de los paratributos aludidos  –los aportes al Banco de Previsión Social por un lado y los aportes al Fondo de Solidaridad por otro–, no podían constituirse en obligaciones con carácter indivisible.

                Lo que sí entendemos es que, a los efectos de la propia comodidad y facilidad del contribuyente y de la mayor certeza de cobro del Fondo de Solidaridad, aquellos afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales  Universitarios  que se encuentran en una fecha determinada –esto debería implementarse en su Decreto Reglamentario; razonablemente sería al 1º de enero de cada ejercicio– en el ejercicio declarado ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, pagarán en forma conjunta –ya no indivisible– la contribución al Fondo de Solidaridad con los aportes previsionales; aquellos que declaran no ejercicio, lo harán directamente a través del Fondo de Solidaridad. Esto permite un mejor contralor del Fondo de Solidaridad y no implica costos, sino todo lo contrario, ya que reduce la carga de gestión de cobranza de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

No sé si los señores Senadores han recibido un breve distribuido de una página donde consta el planteo de la nueva redacción. Concretamente, nuestro planteo radica en que quienes declaren el ejercicio realicen el pago en forma conjunta con los aportes previsionales, pero quienes no lo hagan a la fecha que la reglamentación determine –previsiblemente, al 1º de enero de cada ejercicio–, realicen los aportes ante el Fondo de Solidaridad.

Quiero hacer una segunda aclaración. En virtud de que se quita lo de indivisible porque entendemos que corresponde que las tramitaciones de eventuales moras sean realizadas por separado por los titulares de la percepción de cada uno de esos paratributos, los pagos que se realicen durante los ejercicios en que declaren ejercicio ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, serán los aportes generados en el ejercicio en curso y no en el vencido. Los que estuviesen vencidos serán objeto de reclamo y convenio por parte del Fondo de Solidaridad y no responsabilidad de la Caja.

Por otro lado, con respecto a lo referido por el doctor Soba sobre la interpretación del concepto de egresado, por razones tecnológicas en el artículo 733 se omite un segundo inciso –es una simple frase y ayuda a clarificar el significado en lo relativo a los títulos intermedios– que dice: «Aquellos egresados de carreras intermedias, que completen la carrera final en el plazo de  cinco años de producido el primer egreso.» A modo de ejemplo –disculpen que utilice titulaciones propias de mi época que tal vez no estén vigentes, al menos con esa denominación–, cito el caso de la carrera de ingeniería de sistemas que tenía un título intermedio de analista programador. Si alguien se recibía de analista programador podía, a partir de ese título –y mucho más hoy en día con la demanda que tiene una profesión de ese estilo–, culminar ahí sus estudios con un título que caracterizaríamos de intermedio, como lo determina el plan de estudios. En virtud de que se trata de un título habilitante que permite un ejercicio profesional, tanto en carácter de independiente como dependiente, corresponde que haga los aportes.

Sin embargo, como incentivo a la compleción de las carreras de las titulaciones finales en el nivel de grado, se incorpora este mecanismo por el cual en aquellas carreras que tienen alguna titulación intermedia –en tanto la carrera se culmine en un plazo no mayor a los cinco años de haber cumplido los requisitos para la obtención de la titulación intermedia– se tomará la titulación final como parámetro tanto de duración de la carrera como de fecha a partir de la cual se establecen los plazos para comenzar a pagar el tributo.

Si bien en función de las preguntas realizadas habría algunos otros detalles a mencionar, quiero señalar un punto bastante simple. La ventaja de contar con un buen abogado como el  doctor Soba es que las explicaciones en términos jurídicos resultan claras en lo sustantivo. A veces, he usado un símil para separar los conceptos, porque el Fondo de Solidaridad es por un lado, la persona jurídica y, por otro, la bolsa de dinero. Hasta ahora se lo conoce como una misma cosa porque, esencialmente, ha administrado programas de becas que provienen de los recursos que el fondo recauda.

Hoy en día, algunas becas ya fueron aprobadas por normas específicas en rendiciones de cuentas. Por ejemplo, se autorizó al Fondo de Solidaridad a realizar convenios para ejecutarlas. Es el caso de las becas Julio Castro para estudiantes de magisterio. Además, existen varios otros sistemas de becas que se administran desde diversos ámbitos públicos: la Universidad de la República con su servicio de bienestar universitario tiene un sistema de becas; el  Consejo de Formación en Educación además de las becas «Julio Castro» administra becas para la culminación de los estudios de profesorado; el Ministerio de educación y cultura y la Comisión nacional de becas, en la que actúan otros entes estatales administran becas orientadas a estudiantes de nivel secundario, entre ellas las del programa «Compromiso educativo», en las cuales se trabaja en conjunto con ANEP y el Ministerio de Desarrollo Social. A su vez, el MEC otorga becas de apoyo económico, que tienen esa simple denominación y abarcan al resto del universo de estudiantes de educación media que no están comprendidos dentro de los centros incluidos en el programa «Compromiso educativo».

                Las modificaciones en lo que hacen a la gobernanza del Fondo de Solidaridad como persona jurídica apuntan  a sentar la base para utilizar la ventaja de contar con una institución que  hoy por hoy ha demostrado ser altamente eficiente y ágil en lo que hace a la administración de fondos para becas, al otorgamiento de becas y a la gestión económico financiera de los pagos, aparte de su rol recaudador del fondo –bolsa de dinero– que cubre las becas para las cuales específicamente la ley creó ese fondo de solidaridad.

Por lo tanto, algunas de estas modificaciones están en línea con la idea de concentrar funciones de administración de la gestión, mejorando la eficiencia y los roles y conjugando el esquema de gobernanza de la  persona jurídica Fondo de Solidaridad con los distintos actores que razonablemente deben ocupar un rol allí. Por ello se incorpora al Ministerio de Economía y Finanzas  –que es quien administra los fondos– y al Mides, y se mantiene al Ministerio de Educación y Cultura y a los organismos de educación.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señora Ministra: ¿algo más sobre estos artículos relativos al fondo de solidaridad?

SEÑORA MINISTRA.- No, creo que han sido suficientemente aclarados.

SEÑORA PRESIDENTA.- Terminamos el articulado sobre el fondo. Los señores Senadores Delgado y Cardoso van a hacer preguntas vinculadas a esos artículos.

SEÑOR DELGADO.- El señor Cardoso es quien va a hablar de los artículos del Fondo de Solidaridad que, además, estuvo en su administración.

Voy hablar del Inciso 23  «Partidas a reaplicar» del artículo 650 que dice así: «Asígnase en el Inciso 23 “Partidas a reaplicar”, financiación 1.1 “Rentas Generales”, una partida de $ 1.227.524.000 (mil doscientos veintisiete millones quinientos veinticuatro mil pesos uruguayos) para el ejercicio 2016 y de $ 2.544.134.000 (dos mil quinientos cuarenta y cuatro millones ciento treinta y cuatro mil pesos uruguayos) anuales a partir del ejercicio 2017.

                Facúltase al Poder Ejecutivo a reasignar los créditos autorizados precedentemente con destino a incrementar las asignaciones presupuestales del Inciso 25 “Administración Nacional de Educación Pública” » Esta pregunta la haré cuando venga la ANEP pero de todos modos me gustaría saber la opinión de la señora Ministra. Y continúa: «La reasignación autorizada podrá realizarse siempre que se alcance un acuerdo, antes del 1º de enero de 2016, entre la Administración Nacional de Educación Pública y las asociaciones gremiales de los trabajadores de la misma, con la participación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de la mesa de negociación prevista...». Y luego sigue diciendo: «En caso de no alcanzarse el acuerdo referido en el Inciso precedente, dichas partidas podrán ser reasignadas exclusivamente con destino a políticas educativas en el marco de la Administración Nacional de Educación Pública, priorizando rubros y programas vinculados a  la formación y el fortalecimiento del rol de los docentes en servicios, en aspectos no salariales».

O sea que se da una partida para salarios, sujeta a la firma de un convenio colectivo y si no, le cambia el destino. La verdad que esto es una innovación en un presupuesto, al menos en lo que respecta a mi experiencia como Legislador en estas instancias. Obviamente que este artículo va a ser tiroteado de todos lados e, incluso, hasta se podrá presentar algún recurso de inconstitucionalidad. Por supuesto que haremos esta pregunta a los representantes de la ANEP cuando acudan aquí, pero quisiera saber qué opina sobre esto la señora Ministra, como rectora de la política de educación. Además, la señora Ministra tiene un pasado en el mundo gremial, y esto es casi un chantaje. Es un condicionamiento, pues se les da el aumento si firman el convenio y, si no lo hacen, se reasigna el rubro. Como dije, me gustaría saber la opinión de la señora Ministra al respecto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Vamos a ordenarnos. Estamos considerando los artículos del Fondo de Solidaridad, por lo que si la Ministra lo considera, después contestará esta pregunta.

SEÑOR DELGADO.- Pero podemos definir esto y después hablar del fondo.

SEÑORA PRESIDENTA.- A continuación le iba a ceder el uso de la palabra al Senador Cardoso para referirse a los artículos del Fondo de Solidaridad, pero está solicitando la palabra el Senador Pardiñas.

SEÑOR PARDIÑAS.- Me quiero referir al tema que acaba de plantear el Senador Delgado, aunque no sé si aclararé  o enredaré más la cuestión. En realidad, el Senador está pidiendo una opinión sobre un artículo  que ya signó la Ministra cuando remitió el proyecto original del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, hay que interpretar que el Ministerio de Educación y Cultura hace un acuerdo total en primer lugar con el proyecto original. Lo que hizo la Cámara de Representantes fue cambiar el destino de la reasignación. Entiendo que también se puede pedir opinión acerca de si el cambio de destino es compartible o no. En realidad, este es un tema netamente de discusión política. Creo que el Senador está en todo su derecho de pedir la opinión de la Ministra, pero la realidad es que se condicionan los destinos para que no se pierdan. Es decir, como en cualquier negociación colectiva, puede suceder que no haya un marco de acuerdo para ejecutar los recursos para lo que originalmente se pensó, es decir, los incrementos salariales.  Entonces, esto se hace para que no se pierdan los recursos en el presupuesto. Eso es lo que propone el articulado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Me voy a permitir, con cariño y formalidad –dos cosas que fueron señaladas acá– ordenar la discusión. En este momento estamos analizando el articulado del Fondo de Solidaridad. Por lo tanto, le voy a ceder el uso de la palabra al Senador Cardoso para referirse a los artículos relacionados con el Fondo de Solidaridad y luego tomará el uso de la palabra la señora Ministra para que, en el marco de la reflexión y la consulta del Senador Delgado y de la reflexión del Senador  Pardiñas, intervenga si lo considera correspondiente.

SEÑOR CARDOSO.- Quisiera hacer algunos comentarios sobre este articulado. En la comparecencia del Ministro de Economía y Finanzas le planteamos este tema y se dieron respuestas con respecto a las modificaciones que tienen que ver con la recaudación, que era un tema interesante.

Ahora bien, el artículo 731 para mí es relevante por varias razones. En primer lugar, porque se crea un cargo nuevo que, si lo remitimos al Ministerio de Educación y Cultura, tiene un sueldo como el del Presidente del Sodre. Esto realmente me llama la atención, ya que hasta ahora esta tarea fue honoraria, pues la presidencia del Fondo de Solidaridad siempre estuvo a cargo del Subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura y con el sueldo de Subsecretario cumplía perfectamente las dos tareas. Digo esto por experiencia propia, ya que fui Subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas y Presidente del Fondo de Solidaridad durante cinco años. Aquí se crea un cargo con el 80 % del sueldo de un Ministro, para presidir la Comisión. De verdad esto me sorprende, porque parecería que estamos en una época de enorme bonanza, en la que para presidir la Comisión Administradora del Fondo de Solidaridad hay que pagar un sueldo de Director del Sodre, con un 80 % del sueldo de un Ministro. De 1994 hasta la fecha ese cargo ha sido honorario, es decir, no se cobraba por administrar la beca, se trabajaba. Va de suyo que no comparto para nada que este cargo sea rentado. Me parece que el Fondo de Solidaridad se ha administrado muy bien durante muchísimos años, incluso en la gestión del Frente Amplio, con respecto a la cantidad y asignación de becas. Yo tengo una buena percepción de lo que se ha hecho en esa materia.

Tengo algunas dificultades –y ahora las voy a exponer– sobre el tema del incremento de la participación del gasto. La ley original autorizaba un tope de gastos para administrar becas, es decir, de esa bolsa de recursos de la que nos hablaba recién el funcionario del Ministerio y que proviene del bolsillo de los profesionales universitarios, el gasto del fondo estaba topeado. Ese gasto se ha incrementado de una manera muy importante. Yo tengo aquí el recibo de sueldo del Gerente del Fondo: gana $ 254.000 por mes. Me parece que el Ministerio de Educación y Cultura, que es el que tiene competencia sobre esto, porque integra la Comisión administradora y la ha presidido, ha dejado disparar la estructura de sueldos dentro del fondo. A mí me sorprende que la persona que administra los recursos que recibe el fondo y otorga las becas, con siete asistentes sociales y un grupo de treinta funcionarios, gane más que el rector de la Universidad de la República, que es el Organismo madre, el que recibe a los estudiantes, que administra 60.000 estudiantes y USD 490:000.000 de presupuesto.

                De manera que me gustaría conocer la opinión de la señora Ministra al respecto, y lo planteo desde la convicción de que se puede ser más austero. Obviamente, en este cargo al que se le asigna un sueldo no van a designar al Subsecretario ni a ningún jerarca del Ministerio, sino que van a nombrar a alguien nuevo. Me parece un exceso, no lo comparto y quisiera saber cuál es el fundamento, por qué no se puede hacer cargo de esto el Director de Educación. Creo que puede ser perfectamente el presidente del fondo; es un funcionario que asigna el Ministerio de Educación y Cultura.

                Otro aspecto que tiene este artículo 731 es que reestructura la Comisión y la deja solamente con organismos públicos. Quita todo lo que había de contralor no público: Caja de Profesionales, Caja Notarial, etcétera, es decir, los aportantes. Se supone –esa era la lógica de la ley original– que una Comisión administradora de un fondo de becas debe tener las miradas de quien recibe el beneficio –la Universidad de la República–, del organismo público madre –el Ministerio de Educación y Cultura, que la preside– y de quienes ponen la plata, que miran cómo se administra. Sin embargo, ahora los quitan de la Comisión y los mandan a un Consejo Consultivo. No sé dónde van a funcionar. Además, después dice que será preceptiva su opinión, siempre y cuando se lo consulte. Es decir que a la Caja Profesional y la Caja Notarial, que son los Organismos aportantes –representan a quienes ponen el dinero–, no los dejan mirar el funcionamiento de la Comisión. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué hay que quitar a la Caja Profesional y a la Caja Notarial de la Comisión Administradora del fondo y hay que mandarlos al consejo consultivo, a una especie de exilio?

                Me parece que aquí se están haciendo cambios muy grandes. Insisto en que el funcionario a quien se designe al frente del Organismo como Presidente va a ganar menos que el gerente. Este sueldo es escandaloso en la administración. Esta persona va a ganar $ 257.000 por administrar 6.000 becas y 30 funcionarios. Es un escándalo. Dejaron ir demasiado lejos los gastos de administración. Y quitar de la Comisión Administradora a la Caja Profesional y a la Caja Notarial a lo único que lleva es a que quienes ponen la plata no sepan cómo se administra. No entiendo tampoco cuáles son los fundamentos de esa medida y me gustaría que la señora Ministra lo pudiera explicar.

SEÑOR SOBA.- En cuanto al punto de la remuneración, no es igual a la que está asignada a un Director de Unidad Ejecutora, sino que es menor. El Sodre es una Unidad Ejecutora, pero aquí se está estableciendo una remuneración equivalente a la prevista en el literal c) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, como se hace en otras personas públicas no estatales.

SEÑOR CARDOSO.- Pero el literal c) de la Ley Nº 15.809 habla de Director Nacional del Sodre. Entonces, si usted lo refiere al literal c), va a ganar como el Director General de Secretaría, como el Jefe de Policía de Montevideo, como el Contador General de la Nación, como el Director General de Rentas, como el Director Nacional de Aduanas, como el Director Nacional de Vialidad, como el Director Nacional de Transporte, como el Presidente del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos. Eso dice el literal c): va a ganar el 85 % del sueldo de un Subsecretario.

SEÑOR SOBA.- Es una disposición que ha tenido varias modificaciones. Hoy en día el sueldo del Director de Unidad Ejecutora está dado por el artículo 16 de la Ley N  1.8996.

SEÑOR CARDOSO.- Pero usted cita el artículo 2º de la Ley Nº 16.524 para modificar la estructura del fondo, por la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.451, del 10 de enero del año 2002, y el artículo 218 de la Ley Nº 19149, del 24 de octubre del 2013. Esas son las normas que usted indica en el articulado.

SEÑOR SOBA.- Exactamente.

                Capaz que no me estaba explicando correctamente. Esas son las normas que se modifican en cuanto a la creación del fondo, lo que vendría a ser la Carta Orgánica del Fondo de Solidaridad. Yo me estaba refiriendo a la retribución del Presidente, que es similar a la que se estipula en otras personas públicas no estatales y que, simplemente para comparar, es diferente a la de un director de una unidad ejecutora; es menor.

SEÑOR CARDOSO.- El mismo artículo establece que la retribución mensual del Presidente del Consejo Directivo del Fondo de Solidaridad será equivalente a la prevista en el literal c) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986. Es lo que acabo de leer. ¿Esa es la ley que ustedes ponen de referencia en el artículo 131? ¿No cita otras normas?

SEÑOR SOBA.- Es correcto.

                Quizás usted se refiera a agregar a la Ley Nº 15809 y modificativas, pero, en realidad, se entiende a la redacción dada al día de hoy. Eso es para fijar la retribución del Presidente de la persona pública no estatal. O sea que es por remisión a lo que se establece en ese artículo, que no tiene que ver con la modificación de la norma que se propone en el artículo 731. Las normas a las que usted hizo referencia al comienzo son las que se sustituyen por el artículo 731. Lo otro refiere a la retribución del presidente y está dentro de las disposiciones modificadas.

Continuando con los cambios en la gobernanza del Fondo de Solidaridad, los mismos apuntan a esa nueva integración, compuesta de representantes de los Ministerios en el Consejo Directivo, y no iba a desplazar a las cajas sino que pasan a conformar un consejo consultivo, como surge claramente de la disposición.

                En cuanto a la preocupación por los temas de aportes al fondo, eso es materia de la ley y, eventualmente, en algún punto, de la reglamentación del Poder Ejecutivo. El contralor en cuanto al establecimiento del monto imponible de diferentes aspectos del tributo no pasa por la integración de las cajas al órgano encargado de la gestión de la persona pública no estatal, sino por otros aspectos que hacen a la conformación del paratributo.

SEÑORA MINISTRA.-  Los sueldos que perciben los gerentes de los Organismos Públicos no estatales son fijados por ellos mismos. Coincido en que la cifra es alta y que puede fijarse por ley un tope para todos los organismos, pero actualmente los organismos fijan los sueldos y todos los gerentes ganan más que sus cuerpos directivos.

SEÑOR CARDOSO.- Lamento no entender lo que dice el señor Soba. Lo que dice la norma que proponen no es lo que él explica. Hace referencia a una norma que dice que no se va a aplicar. Además, la única norma a que se refiere  para el sueldo del jerarca es a un literal de la ley Nº 15.809, pero no habla de modificativas ni que considere que se van a aplicar leyes vinculantes. En ese sentido, en primer lugar, considero que la norma está mal redactada y, en segundo lugar, sería fácil y nos entenderíamos si me dice cuál va a ser el sueldo. ¿Podemos saber cuánto va a ganar el Presidente del Fondo de Solidaridad que hasta ahora es un cargo honorario?

SEÑOR SOBA.-  En cuanto a la redacción, la norma figura de igual manera en otras disposiciones de este proyecto de ley de Presupuesto y en otras normas de Rendición de Cuentas y Presupuesto; es parecida o exactamente igual.

                Por lo que tengo entendido, la remuneración estaría entre los $ 70.000 y $ 80.000.

SEÑOR CARDOSO.- Voy a hacer un comentario sobre lo expresado por la señora Ministra.

                En los sueldos que se fijan para este organismo hay responsabilidad del Ministerio de Educación y Cultura porque es quien lo preside. No se fija una escala de sueldos si el Presidente del Organismo no está de acuerdo; esa es una cosa obvia. Quiere decir que la estructura de sueldos fue apoyada o llevada adelante por su Cartera y el representante suyo en el Fondo de Solidaridad es quien construyó esta estructura de salario. Quiero dejar constancia de que está muy mal –seguramente usted sostendrá que está bien y yo, lo contrario–  que un Organismo de estas características tenga una estructura salarial de esa magnitud. Es innecesario. Se pueden repartir becas a los estudiantes más pobres del Uruguay siendo un poco más austero. Hay que poner un poquito de corazón, de alma en lo que se hace. No hay que pagarle a todo el mundo por todo lo que hace. Hasta ahora, las becas fueron administradas por un Comisión Honoraria, de gente que da su tiempo, su trabajo y consigue su remuneración en otro lado, no viene  a colonizar el sistema de beca para metérselo en el bolsillo. Vive de otra cosa y ayuda en la Comisión. No comparto para nada que la Presidencia del Fondo de Solidaridad sea remunerada a partir de ahora. Tampoco comparto esa estructura de sueldos para treinta funcionarios, porque es un sueldo de jerarca.  Es una estructura gerencial fuerte que se lleva $ 33:000.000 anuales para administrar las becas. La plata hay que gastarla en becas y no en sueldos de los funcionarios.

SEÑORA MINISTRA.- No comparto las consideraciones del Senador, pero va de suyo por lo que no voy a hacer ningún comentario.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quedó pendiente la contestación a una pregunta del Senador Delgado que  la Ministra contestará o no.

SEÑORA MINISTRA.-  Adhiero a lo planteado por el Senador Pardiñas. Ese artículo corresponde a la ANEP y tiene su fundamento en la negociación colectiva que va a llevar adelante la ANEP con las distintas gremiales de la enseñanza.

                Esa es mi opinión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Antes de continuar, recuerdo a los Senadores que falta considerar algunos artículos.

SEÑOR DELGADO.- Sé que el Senador Pardiñas dijo que esta era una discusión política. Obviamente, es así porque estamos en el Parlamento. ¡Bueno fuera que no se pudiera dar una discusión política aquí! En realidad, no solo le estoy preguntando por la modificación realizada en la Cámara de Representantes, sino por el artículo original.

La señora Ministra tiene una historia en la administración pública pero además una historia sobre todo gremial. Por lo tanto, más allá de que firma el proyecto de ley de presupuesto como integrante del Poder Ejecutivo, me interesaría conocer su opinión al respecto. ¡Este es un artículo inédito en la ley de presupuesto! El mismo condiciona partidas de sueldos a la firma de un convenio. ¡Inédito!

                Más allá de que esta misma pregunta se la haremos a los representantes de la ANEP, como Ministra de Educación y Cultura nos parece importante que dé su opinión en el Parlamento y no evada la respuesta.

SEÑORA MINISTRA.- He dado mi opinión en el Parlamento y, en realidad, mis antecedentes gremiales, que mucho me enorgullecen, también hacen que esté de acuerdo con que en la negociación colectiva los trabajadores aporten tanto su conocimiento, su capacidad y su dedicación al trabajo para percibir un salario que debe ser cada vez más justo, pero que sí tiene que estar atado a resultados. Esta es mi opinión, muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el artículo 737.

SEÑOR REBOLEDO.- El artículo tiene que ver con una de las tendencias que a nivel mundial se viene llevando adelante y que tiene como cometido la democratización y el acceso igualitario de todos los ciudadanos a lo que las publicaciones oficiales tienen como contenido. En esta oportunidad se trata de la versión digital de lo que hasta la fecha viene siendo impreso en el Diario Oficial. De esta forma lograremos llegar en el mismo tiempo a una cantidad mayor de ciudadanos en forma más democrática y más igualitaria, lo que redundará en beneficios para toda la ciudadanía.

                Por lo tanto, presentamos este artículo con la esperanza de poder suprimir la versión impresa del Diario Oficial y transformarlo en un diario netamente digital.

SEÑORA MINISTRA.- El artículo 738 refiere a la autorización para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y Cultura, integre el Consejo de Administración de la Fundación del Instituto Saras.

SEÑORA PRESIDENTA.- Hemos culminado con el articulado.

                Antes de dar por finalizada la sesión, tiene la palabra el señor Senador Cardoso, quien la había solicitado para plantear una cuestión luego de que se terminara con la consideración del articulado. Lógicamente que la señora Ministra, si lo considera del caso, tendrá la posibilidad de intervenir una vez culminada su exposición.

SEÑOR CARDOSO.-  De acuerdo con la mecánica de trabajo de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, por ejemplo, en el área de la economía –aclaro que esto es solamente un comentario general porque en la delegación del Ministerio hay parlamentarios con mucha experiencia–, el señor ministro de Economía y Finanzas concurre y realiza un planteo sobre la política económica en términos generales y nos habla del funcionamiento de la economía del país, de cuáles son las expectativas y cuál es el proyecto país para el quinquenio porque, obviamente, el presupuesto representa la expresión política del gobierno de turno. Y luego concurre otro día a informarnos sobre el Inciso Ministerio de Economía y Finanzas.

                Creo que en materia de educación debe pasar algo similar.

                Hasta ahora, hemos analizado los aspectos vinculados al Inciso, es decir, a las distintas Unidades Ejecutoras que tiene el Ministerio en todo su desarrollo –téngase presente que es muy amplio y complejo por las múltiples y diversas actividades que tiene– pero me parece necesario que, en la instancia presupuestal, la señora Ministra de Educación y Cultura nos informe hacia dónde vamos en materia de educación. Además, creo que el momento es oportuno porque viene de perder a dos de sus principales baterías en estos primeros ciento cincuenta días de gobierno: ha perdido a su Subsecretario y a su Director de Educación, con conocimiento público de que el asunto en cuestión es muy relevante y no un problema funcional.

El asunto que se ventiló es que estamos ante un debate de si el proyecto educativo que el Frente Amplio planteó en el año 2014 se va a poner o no en marcha. Y este es un debate central, no accesorio. El Presupuesto es la expresión política del Gobierno, y el Frente Amplio trae en el Presupuesto su proyecto de gobierno y en él está contenido el proyecto educativo. Además, tiene una especial relevancia en el país; tuvo relevancia electoral porque fue uno de los asuntos más debatidos en la campaña; tuvo expresiones del hoy Presidente de la República, cuando era candidato, acerca de compromisos de gestión en materia de educación. Pero, además, algunos de los actores que hoy han quedado fuera de combate, eran los voceros del proyecto educativo. Entonces, es inexorable la pregunta que voy a hacer a la señora Ministra. ¿Cuál es el proyecto educativo que el Frente Amplio va a llevar a cabo? ¿Tengo que esperar a que la ANEP lo diga? El Frente Amplio me tiene que decir su proyecto político.

                De los cambios que se anunciaron en el período pasado, ¿cuál se va a poder cumplir? ¿Vamos a tener  una reforma estructural del sistema educativo? ¿Quedará por el camino ese proyecto o será postergado en el tiempo? ¿Cuáles serán los tiempos? ¿Iremos más lento? ¿El proceso está más trabado? ¿Hay dificultades políticas para llevarlo a cabo? ¿Dónde están esas dificultades? ¿Se van a remover esas dificultades o solamente habrá un cambio de nombres y la marcha continuará así como estamos hasta el día de hoy? Me parece, señora Presidenta, que este es un asunto central sobre el que la señora Ministra debe informar hoy en el Parlamento, porque el proyecto educativo se refleja en el Presupuesto y las políticas educativas tienen que, por lo menos, ser señaladas acá, porque en algunas áreas ya vamos a ver si el proyecto del Frente Amplio va a poder o no reflejarse en el Presupuesto; si lo que se dijo en el 2014 está contenido acá. En el modelo educativo todos tenemos la sensación de que algo pasó, algo se quebró. Entonces sería necesario y muy importante que la Ministra se expresara sobre este tema.

SEÑORA MINISTRA.- En realidad, hay aspectos que con todo gusto voy a informar, pero hay otros sobre los que no corresponde hacer valoraciones.

                En primer lugar, estamos hablando acá de lo que es la misión, la visión y los objetivos del Ministerio de Educación y Cultura en lo que tiene que ver con sus competencias en términos del Presupuesto. Me refiero a la educación no formal, al fomento y estímulo para que las personas de bajos recursos puedan acceder a la educación; a la reincorporación a la educación formal y la coordinación de los distintos organismos de la enseñanza pública como la ANEP, la UdelaR y la UTEC. En todos esos Organismos, señora Presidenta, los objetivos que se plantearon para nuestra fuerza política y que planteó el presidente en la campaña electoral van a cumplirse en tiempo y forma. Se está trabajando y se están cumpliendo muchos de esos objetivos en apenas ocho meses de trabajo.

En la Comisión de Educación y Cultura del Senado –que creo es el ámbito propicio para decir lo que vamos a hacer– planteamos todo lo que se iba a hacer en materia de educación con el Presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo. En este sentido, los Legisladores entendieron –criterio que nosotros aceptamos–  que hay que volcar más recursos para la educación. Por lo tanto, los compromisos que se han asumido se van a realizar en el tiempo que está estipulado.

                En cuanto a las consideraciones sobre la integración del equipo dentro de la fuerza política, acá en realidad no se ha quebrado nada, sino que hay compañeros que van a cumplir otras responsabilidades y que van a estar siempre apoyando el proyecto político porque son compañeros de nuestra fuerza política, con quienes trabajamos a total satisfacción. Además, poseen importantes conocimientos para volcar dentro del sistema, cualquiera sea el lugar que ocupen. Por lo tanto, no tenemos quiebre, no tenemos ruptura en las relaciones personales y tampoco ganadores o perdedores. Estamos en un proceso en el cual ninguna de las personas que forman parte de él es imprescindible pero somos parte de un proyecto que se va a cumplir a cabalidad. De esto los señores Senadores pueden tener total certeza, porque componemos un colectivo social, en primera instancia, y político, en segunda instancia, que está de acuerdo con que la educación es una prioridad para el país y necesita atención y voluntad. Por esa razón, vamos a trabajar intensamente para que los liceos que se planificó construir se construyan en los tiempos prometidos y se cumpla con lo previsto con respecto a las escuelas de tiempo completo, a los liceos de tiempo completo, a los liceos de tiempo extendido, a los cambios en la currícula y a la mejora en los egresos. Los señores Senadores pueden tener la plena seguridad de que en este quinquenio todos esos planes se van a llevar a cabo. Asimismo, pueden estar seguros de que los compañeros que integramos esta fuerza política podremos estar sentados en distintos lugares, pero siempre vamos a ser compañeros, siempre nos vamos a escuchar y siempre vamos a trabajar juntos, cualquiera sea el lugar que ocupemos.

                Por lo tanto, agradezco al señor Senador que me dé la oportunidad de reconocer al maestro Mir y al sociólogo Filgueiras todo el aporte que me han hecho con relación a una cartera que no conocía; sé que voy a seguir contando con ellos para continuar trabajando codo a codo dentro de mi fuerza política.

                Gracias una vez más, señor Senador, por la oportunidad que me ha permitido.

SEÑOR AMORÍN.- Señora Presidenta: me parece que el planteo que ha hecho el señor Senador Cardoso es central. Quizás este es el planteo más importante que existe para nosotros en este presupuesto. Precisamente, el presupuesto es el camino que va a seguir el gobierno en estos cinco años; es plasmar en artículos y en leyes un  camino que seguramente es bien importante y por eso esta es la ley madre. En el Ministerio de Educación y Cultura pasaron cosas muy fuertes en estos días. La opinión pública está observando qué va a ocurrir a partir de ahora. Lo que estoy mencionando no lo sé por chismes, sino porque lo leí en la prensa. En realidad, lo que leí no es que hubo dificultades personales, y al respecto pienso que está muy bien la señora Ministra en respaldar personalmente a quienes han trabajado con ella; eso me parece bien y muy justo. Pero sí creo que hay diferencias de criterio importantes que hicieron que el principal del Ministerio en materia de educación –el Director de Educación– hablara frente a sus compañeros acerca de las dificultades que tenía. También dijo que no iba a haber ningún cambio de ADN, sino en todo caso y en el mejor de los casos una transfusión.

Por la prensa supimos que cuando el renunciante Subsecretario hablaba con entusiasmo de una promesa electoral que era la de un marco curricular, común el Presidente del Codicén le decía a la Ministra «O se calla o me voy». Entonces, no se trata de un tema de compañerismo, sino de líneas políticas, de hacia dónde vamos. Después de eso y de lo que pasa con Mir, el Subsecretario –con  quien, francamente, muchos de nosotros teníamos una cantidad de puntos en común–, a quien escuchamos en distintas circunstancias, especialmente en una ocasión cuando habló en una conferencia en la que también participaba Renato Opertti –quien nos instruía en materia de educación, porque obviamente lo que sabemos lo aprendemos de ellos– y en la que pude advertir enormes coincidencias en esta materia. Por eso nos preocupa tanto este tema. En cuanto al marco curricular común, que consideramos una transformación fundamental, me pregunto si va a funcionar o no. Lo cierto es que al irse quienes defendían esa bandera y al quedarse quien decía que si se seguía hablando de eso se iba, no sabemos si el rumbo va a cambiar o no. Ese era un tema clave y la verdad es que en esto nosotros estamos para ayudar. Y lo decimos hasta desde un punto de vista egoísta, ya que el resultado no se va a ver inmediatamente, pero si no empezamos a trabajar ya en este sentido no lo vamos a ver nunca. Esa es nuestra preocupación y por eso nos parece importante lo que ha dicho el señor Senador Cardoso  y lo compartimos totalmente. Este tema para mí es lo más importante y es con respecto a lo que quiero irme totalmente tranquilo de aquí.

                Gracias, señora Presidenta.

SEÑORA MINISTRA.- En realidad, nunca me imaginé que iba a tener la oportunidad de contestar trascendidos de prensa porque en verdad no lo hago nunca; no es mi práctica. Leo la prensa pero no mando cartas a los lectores o contesto.

                La apreciación del señor Senador Amorín no es correcta. El Presidente del Codicén no me dijo que le molestara el marco curricular común. Es más, le aseguro al señor Senador Amorín que puede preguntarle al Codicén en su conjunto, que hace dos años viene trabajando en el marco curricular común. La verdad es que la versión de prensa es equivocada. Lo que me anunció –de la misma manera que a otras personas que estaban ahí– es que una marcha de la educación iba a estar en las puertas del lugar donde estábamos trabajando.

Ya que tengo la oportunidad de aclararle a Búsqueda, también se lo voy a agradecer.

O sea que el marco curricular común está en el programa de Gobierno del Frente Amplio y las autoridades –ahí sí creo que el Parlamento tiene responsabilidad porque el Senado decide junto con el Poder Ejecutivo y las autoridades de educación, en la medida en que requieren la venia de los señores Senadores– están trabajando en este tema desde  hace dos años.

 Creo que eso no es bueno. Además, no existe una antinomia entre un colectivo que vienen trabajando en el tema de la educación y las personas que entendieron que tenían dificultades en ese aspecto.

                Le aseguro señor Senador, para su tranquilidad, que nos complace mucho la colaboración de todos los sectores políticos para mejorar la educación. La educación de un país se mejora con todos, fundamentalmente con docentes, estudiantes y sociedad civil –a través de los padres y de las personas  vinculadas a los chicos que están estudiando– y eso es lo que queremos recrear, en lo que queremos  insistir.

En realidad, tanto el planteo del marco curricular común como el desarrollo de comunidades educativas, tenga la seguridad, señor Senador Amorín, que será realizado y presentado en el Parlamento como corresponde.

                Estamos a la orden para que, en la Comisión de Educación y Cultura, podamos explicitar todo lo que los señores Senadores entiendan pertinente.

SEÑOR PARDIÑAS.- En primer lugar, creo que contar con la presencia de la señora Ministra es una instancia calificada.

                Es atendible la preocupación de los señores Senadores por los actos sucedidos en estos días, que tienen que ver con la política de este Ministerio.

En definitiva, lo que tenemos que hacer los Senadores es buscar la defensa de nuestra ciudadanía para este período. Para ello,  en cierta manera, los compromisos que la fuerza política planteó en su programa para llevar adelante durante este Gobierno, se tienen que ver plasmados en realizaciones que derivan del Presupuesto Nacional.

                Por lo tanto, bienvenida sea la preocupación y el interés de ayudar y ojalá se exprese  luego con la votación del articulado del presupuesto nacional, ¡dotándole  de los recursos al Poder Ejecutivo para que pueda hacer las cosas! Eso sí: exigiendo al Poder Ejecutivo que cumpla con su programa.

                En ese sentido, lo que sucedió, sin lugar a dudas, traerá en estos días un cambio de titularidades. Nadie puede negar  que los dos integrantes del equipo del Ministerio de Educación y Cultura que se alejan, son dos calificados compañeros y profesionales que ya le aportaron mucho al país –no solamente estaban llamados a aportar en este quinquenio porque ya lo habían hecho– y estoy seguro que lo seguirán haciendo porque, en gran parte, son responsables de los compromisos que hemos asumido como fuerza política ante la ciudadanía.

Nosotros vamos a cumplir con los compromisos; de eso tengan la absoluta tranquilidad los señores Legisladores que representan a una parte de la ciudadanía. Nosotros vamos a hacer el máximo esfuerzo para cumplir con los compromisos que implican, sin lugar a dudas, una reforma en la educación que es la transformación del ADN para tener mejores resultados en la construcción de nuestro país. La educación es parte de la transformación que el Uruguay necesita para seguir avanzando en democracia, en inclusión y en equidad, aspecto que muchas veces ha sido olvidado a lo largo de varias décadas de este país. Es más, cuando se empezaron a desarrollar políticas inclusivas a mitad del siglo pasado en un área fundamental y prioritaria como era la educación primaria, los gobiernos de turno borraron algunos de esos aspectos que tienen que ver con temas que hoy discutimos que son, por ejemplo, como atender la ruralidad.

Hoy se cita –porque, sin lugar a dudas, se ha transformado en una de las personalidades educativas más importantes de América Latina y del contexto internacional– al maestro Soler y, sin embargo, nos olvidamos que fue corrido de este país, no por la dictadura, sino por democracias que tomaron resoluciones administrativas que tenían un enorme contenido político. Estas son las cosas que hoy, como nación tenemos que revertir. Y se revierten a través de la dotación de recursos y de tener claro qué objetivos queremos lograr.  Parte de esos objetivos están enunciados en los proyectos de la ANEP, en la presentación del proyecto de ley presupuestal y se pueden ampliar en el programa del Frente Amplio.

 Creo que estamos ante una instancia relevante como es la discusión del articulado y de las políticas, pero si queremos que las políticas tengan éxito, dotemos a la educación con  los recursos que está pidiendo el Poder Ejecutivo para llevarlas adelante.

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos la presencia de la señora Ministra y de sus asesores, y nos mantenemos en contacto por cualquier circunstancia.

                Se levanta la sesión.

                                                                              (Son las 12:27).

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.