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Carátula

 (Ingresan a Sala autoridades de la Junta Nacional de Salud.)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión de Salud Pública del Senado tiene el gusto de recibir al doctor Gallo, Presidente de la Junta Nacional de Salud,  y a la doctora Ana María Alaniz, Secretaria General de esa institución, quienes han sido invitados para darnos su opinión respecto de  las modificaciones al literal E) del artículo 28 de la Ley Nº 18.211. Se trata de un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que contiene un único artículo.

                Sin más, les cedemos el uso de la palabra.

SEÑOR GALLO.- En primer lugar, queremos agradecer a la Comisión de Salud Pública del Senado la amabilidad de invitarnos para exponer y argumentar cuáles son las dificultades que tenemos, en la práctica diaria, con el artículo 28 de la Ley Nº 18.211. Como bien se señala, se trata de la sustitución del literal E) del artículo 28 de esa Ley, que quedaría redactado de la siguiente manera, tal como se aprobó en la  Cámara de Representantes, texto con el que estamos absolutamente de acuerdo: «E) Disponer la observación así como las sanciones de suspensión temporal o definitiva, total o parcial, del pago de cuotas salud en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de los prestadores.

                Las sanciones serán por incumplimientos menores, mayores o graves, lo que será reglamentado por el Poder Ejecutivo.

                Cuando la suspensión sea definitiva, o cuando se trate de suspensión temporal relativa a sanción por incumplimiento mayor o grave, las mismas se determinarán por acto administrativo firme».

                El tema radica, fundamentalmente, en el acto administrativo firme. En la práctica diaria, cuando queremos aplicar una observación a una institución de asistencia médica colectiva, simplemente por el hecho de recusarla ya no se puede cumplir porque, obviamente, pasa al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y demora, por lo menos, dos o tres años; esto es algo habitual.

                Normalmente, cuando uno aplica una sanción o una observación, si la institución no la revoca no hay problema, se puede cumplir, pero si presenta recursos tenemos dificultades. Por eso planteamos en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes -y de acuerdo con todos los prestadores en la Junta Nacional de Salud- que para las faltas menores no fuera necesario el acto administrativo firme. Entendemos -y creo que fue bien comprendido por las instituciones- que cuando uno aplica una sanción mayor por una falta grave -que puede ser hasta una suspensión transitoria o definitiva- y de un costo importante de la cuota salud, en ese caso sí hay que dar todas las garantías para que se cumpla el debido proceso.

                De todas maneras, es bueno que la doctora Alaniz -que por eso me acompaña- explique cómo nos manejamos en cuanto a los tiempos que esto lleve.  Cuando uno va a sancionar le da vista a una institución, la cual tiene diez días para contestar. Después, la Junta analiza esa vista y ahí se toman las decisiones. Por ese motivo, me gustaría que la doctora Alaniz diera la explicación del tema desde el punto de vista jurídico y no médico.

SEÑORA ALANIZ.- Es un tema técnico, pero voy a tratar de explicar de la manera más clara posible.

                Cuando comenzó a consolidarse el funcionamiento de la Junta Nacional de Salud y se empezaron a monitorear los artículos del contrato de gestión se detectaron incumplimientos y en muchos casos en forma reiterada, por lo que surgió la necesidad de empezar a aplicar medidas que, en principio, eran de naturaleza correctiva. Cuando eso surgió y leímos detenidamente la ley, nos dimos cuenta que la aplicación efectiva de cualquier sanción, inclusive de una observación, no iba a ser posible de forma inmediata, es decir no iba a cumplir la finalidad que tiene a veces la sanción de ser aplicada inmediatamente, porque si el prestador recurría a la sanción y eventualmente iba al Tribunal de lo Contencioso Administrativo podrían pasar dos o tres años hasta que la misma se cumpliera. Jurídicamente, no es muy usual el acto administrativo firme para aplicar sanciones, inclusive el Ministerio de Salud Pública puede cerrar un establecimiento sin necesidad de que sea un acto firme. Sí existe, y lo tiene la DGI y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en relación a algunos otros aspectos pero, en general, no es usual. A raíz de eso comenzó esta búsqueda; inclusive hice muchas consultas a nivel jurídico -sin lesionar el debido proceso administrativo de los prestadores- para ver si había posibilidad de eliminar la palabra «firme», de manera que, efectivamente, se pudiera aplicar la verdadera función de la Junta. Se llegó a esta solución que, en principio, no lesiona ningún derecho, y ya sea para una observación o para aquellas sanciones leves o menores se podría aplicar en forma inmediata, en cambio para aquellas que sean graves, mayores o definitivas se aplicaría el acto administrativo firme.

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica.)

SEÑOR PRESIDENTE.- Para ser sincero, en muchas normas relativas a ASSE estamos esperando la reglamentación del Poder Ejecutivo o leyes reglamentarias. Sin dudas, este no es un tema menor y creo que habría que explicarlo.

SEÑORA ALANIZ.- Hay un tema que está zanjado, porque la Ley Nº 18.211 que establece las sanciones ya fue reglamentada. Asimismo, tenemos un decreto que fue el último que aprobó el contrato de gestión que reglamenta las sanciones en menores en graves y mayores. Quiere decir que existe un antecedente. Posiblemente, sobre esa definición que tiene que ver con el impacto sanitario de las sanciones nos vamos a basar en el próximo decreto. De todos modos, tenemos un antecedente que ocurrió inmediatamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Lo que quiero decir es que si ya hay una reglamentación que califica las sanciones como menores, mayores o graves, no entiendo por qué no se remite a este artículo, de acuerdo a lo que establece la reglamentación del Poder Ejecutivo.

SEÑORA ALANIZ.- Eso no ocurre porque tendríamos que remitirnos a un decreto y, en lo personal, entiendo que eso no es de buena técnica legislativa, aunque ese aspecto lo desconozco.

SEÑOR GALLO.- De todas maneras habría que modificarlo o crear uno nuevo. Digo esto porque cuando uno observa a una institución por determinada información que no brinda y al año se repite esa observación -ya sea la misma u otra- estaríamos frente a dos observaciones, lo que se entiende como una falta grave, y no nos parece que dos observaciones menores se deban transformar en una falta grave. Entonces, fundamentalmente las variaciones van a ser muy pocas y, en definitiva, se va a cambiar el decreto.

SEÑOR AGAZZI.- En primer término, quiero agradecer a nuestros invitados que hayan venido tan prestamente.

                Quiero decir que al leer las versiones taquigráficas de las reuniones de la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes en las que se trató este tema, entendí que el Poder Ejecutivo tuvo esta iniciativa pero la envió junto con una modificación del financiamiento e ingreso de nuevos colectivos al Fonasa. En aquella circunstancia, para no tratar todo junto se separó esto que hace específicamente a la Ley Nº 18.211 que es la de Junasa, y se trató aparte. Ahora bien; veo en la versión taquigráfica que cuando habla el señor González Machado, que fue invitado a la Comisión, dijo que quería establecer que en esa oportunidad comparecían con una posición que estaba avalada por Médica Uruguaya y por el Plenario de Instituciones Mutuales, integrado por el Sindicato Médico, Impasa, Cudam y la Mutualista Universal. Quiere decir que, en realidad, había un acuerdo de los empresarios mutuales en destrabar este tema. Ciertamente, la Junasa como tal tiene potestad sancionatoria, pero el problema tiene que ver con cómo se dan las garantías del debido proceso a la Junta Nacional de Salud y a los prestadores. Por la discusión que hubo aquí se distinguió claramente qué es el acto administrativo firme y qué es el acto administrativo definitivo, desde el punto de vista conceptual. Quedó claro que las mutualistas que se presentaron y lo que dijo la Junasa en aquel momento fue que se dejara el acto administrativo firme para instancias mayores, como una suspensión o algo por el estilo y que los otros fueran actos administrativos definitivos sujetos a lo que establece el Decreto 500 y la normativa administrativa común.

SEÑOR SOLARI.- Quería terminar de entender bien la situación en la cual estamos porque, de acuerdo con lo que conversamos en la última sesión de la Comisión, no estamos tratando un proyecto en el cual tengamos intención de hacer alguna modificación al texto. Simplemente se trata de aprobar lo que viene de Cámara de Representantes para que esto se convierta en ley.

Siendo así quiero preguntar a la delegación que nos visita -y me sumo al agradecimiento que formuló el señor Senador Agazzi en el sentido de la disposición para concurrir en tan corto plazo- ¿en cuántas oportunidades, desde que se puso en funcionamiento la Ley Nº 18.211, la redacción del actual literal E) planteó una dificultad? ¿Hasta qué punto estamos solucionando un problema? Si se entendiere que la actual redacción del literal E) no ha presentado dificultades, ahí tenemos un escenario. Si ha planteado dificultades muy esporádicas, habrá que ver la gravedad de esas dificultades y si amerita una corrección.

SEÑORA ALANIZ.- No me fijé en el registro de las sanciones -omití revisar esos datos- pero aproximadamente de diez u once sanciones que aplicó la Junta, tres o cuatro fueron objeto de recurso. Y en este momento tenemos pendiente una sanción, la cual está por ingresar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Más o menos y a ojo de buen cubero, tenemos  entre 30% y 40%.

SEÑOR SOLARI.- Sé que es tarde y no quiero entorpecer el trabajo de la Comisión, si bien la respuesta es válida, no termina de responder a la inquietud que yo tengo. Una cosa es 30% de 100 sanciones y otra muy diferente de 20 sanciones. Y para mí también es importante el tema de la gravedad, es decir, del quantum de la sanción que es recurrida.

SEÑORA ALANIZ.- Quizá no le interpreté correctamente la pregunta. Con respecto al quantum, la sanción más grave que ha querido aplicar la Junta          -expreso «aplicar» porque no se ha ejecutado- si recuerdo bien, fue el 1%, en un plazo determinado. Hasta ahora la Junasa ha aplicado suspensiones temporales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo se fija una sanción de retención. Entonces, se le retiene un porcentaje de la cuota salud y se establece que es por determinado tiempo, por ejemplo, treinta días. Vencido ese plazo, se le reintegra a la institución ese porcentaje. En el caso que se aplicó un 1% por sesenta días, no se ha podido aplicar la sanción porque la institución recurrió. No sé si interpreto la pregunta del señor Senador y si la he contestado.

SEÑOR GALLO.- Cuando se plantea una sanción, la fundamentamos y le damos vista a la institución. Normalmente podemos aplicar la sanción y, habitualmente, no se recurre y no pasa absolutamente nada.  Regularmente, las sanciones que más aplicamos, de acuerdo al Decreto, son las observaciones. Las económicas fueron impuestas a una institución que recurrió -concretamente a un seguro- pero siempre tenemos sobre nosotros la espada de Damocles, es decir, ante cualquier amenaza de sanción u observación, inmediatamente nos dicen que van a recurrir. Entonces, entramos a pensar. Uno observa a una institución; si se junta una segunda observación, ya es una falta mayor; dos faltas mayores  constituyen una falta gravísima y una institución hasta puede correr riesgo. Creo que el hecho de redactar un nuevo decreto sancionatorio va a aclarar muchas de estas cosas, porque para tomar una decisión que afecte económicamente a una institución en forma temporal o definitiva, uno debe tener mucha seguridad de lo que está haciendo, dado que está en juego esa institución. Depende del volumen de dinero que se retenga, hay instituciones que están bien, otras que están en equilibrio y algunas -las menos, por suerte- que tienen algún tipo de dificultad.

De modo que, con la experiencia que hemos adquirido en estos cuatro años, sería bueno escribir un nuevo decreto para el que tomaríamos como base el que tenemos, pero ajustándolo un poco más a la realidad que estamos viviendo.

Ese fue el espíritu con que quisimos cambiar la ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia y las explicaciones que nos han dado los representantes de la Junta Nacional de Salud.

(Se retiran de Sala la señora Ana María Alaniz y el señor Luis E. Gallo,representantes de la Junta Nacional de Salud.)

-Si no se hace uso de la palabra, el proyecto de ley que consta de un solo artículo.

(Se vota:)

-6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Propongo que el miembro informante sea el señor Senador Solari.

(Apoyados).

-No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Es la hora 19 y 19 minutos.)

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.