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Carátula

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 18 minutos.)

                -Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

                -“Carpeta Nº 1095/2012. Trabajadores de Aratirí S.A. Extensión del subsidio por desempleo. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

                Volvió a Comisión la Carpeta Nº 1048/2012. ‘Día de los trabajadores de los medios de comunicación social’.

                La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo  hace llegar la Recomendación respecto a la necesidad de adecuación de la normativa nacional (Leyes Nº 18.033 y Nº 18.596) a los principios y normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.”

                Comenzamos con el orden del día recibiendo al señor Ministro del Interior, señor Eduardo Bonomi, y a los doctores Charles Carreras y Eduardo Florio  a efectos de informarnos sobre la Carpeta Nº 1061/2012 Fondo Nacional de Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

SEÑOR GALLINAL.- Me sumo a la bienvenida dada por el señor Presidente a la delegación que encabeza el señor Ministro del Interior.

                Pedí la palabra porque fui quien planteó dudas respecto al proyecto de ley y me parece bueno compartirlas en presencia de los representantes del Ministerio.

                En primer lugar, señalo que -por lo conversado en la Comisión- hay muy buena disposición para aprobar un proyecto que nos parece interesante, sensato y necesario. En ese sentido, no tenemos diferencias.

                Quiero hacer dos planteamientos. Uno está relacionado con el tema de la financiación. De acuerdo con la información que recibimos fuera de la versión taquigráfica por parte de uno de los asesores, interpretamos mal; daba la impresión de que el artículo 2º  se refería a la financiación, cuando en realidad lo hace el artículo 1º. Siendo así me parece bien; entonces, no tengo objeciones para realizar relativas a la financiación del proyecto. Según se nos explicó, sería Rentas Generales la encargada de proveer los fondos necesarios para el financiamiento. Ahí queda superada una parte de la eventual diferencia.

                La otra tiene que ver con el aporte económico que se establece en el artículo 2º al Centro de Atención de las Víctimas de la Violencia y el Delito. Uno se pregunta, primero, cuánto representa el 10% de los ingresos salariales que perciben las personas privadas de libertad; y segundo, si retener ese monto no significa una suerte de segunda sanción para la persona que está presa que, obviamente, no estará en las mejores condiciones como para  proveer a su familia de los recursos necesarios para su manutención. No solo sus recursos quedan exclusivamente limitados, sino que en la mayoría de los casos no tienen ni siquiera la posibilidad de desempeñar tareas extraordinarias que les permitan recaudar mayor cantidad de dinero. Si ahora le retenemos un porcentaje de sus ingresos, al final terminamos sancionando a la familia, que tiene la dificultad de que uno de sus integrantes -a veces el jefe o la jefa de familia- esté privado de su libertad; de esta manera, su situación se agrava enormemente.

                Por otro lado, había planteado si no era necesario incluir en esta iniciativa a las víctimas de los delitos de violencia doméstica. La señora Senadora Dalmás me señaló que hay una ley que contempla especialmente esa situación. Efectivamente, así es; sin embargo, no incluye la hipótesis de la persona que no muere a consecuencia del acto delictivo pero queda incapacitada en forma absoluta para todo trabajo, hipótesis que sí es contemplada por este proyecto de ley. Pienso que tendríamos que revisar este aspecto. A su vez, la citada ley vigente fija un conjunto de prestaciones o indemnizaciones que estarían por debajo de lo que se establece en la iniciativa a consideración. Por tanto, el tema de la violencia doméstica podrá no ser materia de este proyecto de ley, pero en algún momento tendríamos que legislar, no solo para contemplar el caso de la persona que es víctima de violencia doméstica y queda absolutamente incapacitada para todo trabajo, sino también para regular el tema de las compensaciones.

                Es cuanto quería decir, a modo de introducción, para plantear al señor Ministro y a sus asesores cuáles serían nuestras dudas con respecto al proyecto de ley que, reitero, compartimos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Creo que la mejor forma de llevar adelante esta sesión es que el señor Ministro y su equipo realicen una exposición acerca del proyecto de ley en consideración y que luego los señores Senadores hagan las preguntas que, por supuesto, surjan de esa intervención. El señor Senador Gallinal ya ha formulado las suyas; quizás esto facilite el proceso, pero no sustituye la necesidad de una exposición general que estamos solicitando al señor Ministro.

                Tiene la palabra el señor Ministro.

SEÑOR MINISTRO.- Quiero aclarar que un proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Representantes. Allí hubo un intercambio bastante fluido. En la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes se recibió a la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia presidida por la señora Graciela Barrera de Novo.

                Por otra parte, nosotros nos entrevistamos con representantes de la Asociación y, a raíz de esa reunión, surgieron modificaciones a realizar al proyecto de ley, tal como la relativa al financiamiento. Este financiamiento es mucho más barato que el que estaba previsto, que era el seguro universal; además, permite un aporte que no se podía hacer con ese otro seguro, por ejemplo, la retroactividad. No se aseguraría a ninguna persona en forma retroactiva, por lo que, quienes ya pasaron por esa situación, no tendrían indemnización, y es por esta razón que nos inclinamos hacia esta forma de financiación. 

                El segundo artículo también surge de la reunión con los familiares de las víctimas. Ellos pedían atención médica y psicológica. Nosotros tenemos un Centro de Atención a las Víctimas, que funciona en la órbita del Hospital Policial desde 2010 o 2011. Si bien tiene una mejor financiación que la que tenía antes, sigue siendo insuficiente.

                Es por este motivo que planteamos lo del 10%, pero no solo para financiar mejor el Centro de Atención, sino porque en este sentido hemos hablado con especialistas de distintas partes del mundo, quienes recomiendan algún tipo de relacionamiento entre víctimas y victimarios. De esta forma se intenta que el victimario, de alguna manera, comience a tener mayor conciencia de lo que hizo, y esa mayor conciencia se establece a través de un vínculo directo en algunas actividades. Nos inclinamos por financiar esto de esa manera, excluyendo el peculio. Reitero, esto no abarca el peculio, sino el sueldo. Cuando alguien trabaja para una empresa o en forma cooperativa y tiene un ingreso, en ese caso se hace el descuento. Pero en el peculio no se hace. Además, el peculio es mucho más bajo que cualquier sueldo que la persona pueda cobrar. Obviamente, tiene que prestar su conformidad.

                Por otro lado, el señor Senador preguntaba qué significa esto. Hace unos días fuimos al Centro de Rehabilitación de Punta Rieles debido al cambio de Director. El Director saliente nos comentaba que de los 700 presos que hay en ese Centro, 600 están trabajando. No sé si todos ellos están trabajando para empresas o en forma cooperativa, y si en ellos están incluidos los que salen a trabajar a la quinta y cobran peculio.

                Quiero señalar que son cada vez más los que están trabajando. Son cada vez más los que están trabajando para empresas. Esto ha llevado a realizar convenios, por ejemplo con la Cámara de la Construcción, a los efectos de capacitar  a los presos como  oficiales albañiles para que después, con la anuencia de los Jueces, puedan salir a trabajar. Puede ser una cifra que no sirva para financiar una pensión, pero sí para financiar el mejor funcionamiento del Centro de Atención a las Víctimas. Entonces,  este artículo se creó atando las dos cosas: la necesidad de financiar el Centro, y la posibilidad de que las personas privadas de libertad participen en la financiación y tengan un relacionamiento de otro tipo. Esto, de alguna manera, va acompañado por el hecho de que la Presidenta de la Organización de Víctimas va a integrar, a partir del día 21 del corriente, el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. También desde ese lado se podía producir una relación de otro orden entre víctimas y victimarios. Esa es la razón del artículo 2º, lo otro no sé si hay que fundamentarlo, pero me parece que es bastante claro, salvo que exista alguna duda o diferencia.

                Respecto al tema de la violencia doméstica, en la Comisión de Cámara de Representantes surgió la misma duda y la propia Comisión valoró que como ya existía una ley sobre ese punto; de hacer algo, habría que hacerlo sobre la norma existente.

SEÑOR GALLINAL.- Me surge una duda porque en un momento escuché que el señor Ministro dijo que alguien tenía que dar su voluntad, y no sé a quién se refirió.

SEÑOR MINISTRO.- El que vaya a trabajar es el que debe dar su voluntad. Esto está no solo en este proyecto de ley sino en el proyecto de trabajo de los presos y en el que le da contenido al Instituto Nacional de Rehabilitación. Quiere decir que este mismo artículo, con alguna variación en la redacción, está en tres lados. Tanto en el proyecto del Instituto Nacional de Rehabilitación como en el de trabajo de los presos, se considera el trabajo como obligatorio, no porque se trate de trabajo forzado, sino porque se ingresa a un régimen de progresividad por el cual determinado comportamiento conduce a mejores posibilidades, y otro, como por ejemplo no trabajar, las deja sin efecto. Como dije, este concepto está contenido en los tres proyectos de ley. El tema de la obligatoriedad del trabajo, entendido de esa forma, funciona en distintos países. Es decir que va a haber un trato igual para todos, sea cual sea la causa por la que una persona está presa,  la buena conducta va a permitirle evolucionar en el sistema y la mala, retroceder. En ese sentido es obligatorio, no en el sentido de trabajo forzado. Además, el que no quiere trabajar, al igual que en otros países, será inducido con psicólogos y asistentes sociales a hacerlo.

SEÑOR GALLINAL.- Es decir que la persona tiene que dar su voluntad para trabajar y no para que una vez que trabaje se le retenga el porcentaje correspondiente.

                Por otro lado, de acuerdo a lo que surge del artículo 2º, queda claro que cuando recupera su libertad deja de aportar.

SEÑO MINISTRO.- Como dice el señor Senador Gallinal, ese aporte se produce mientras la persona esté trabajando en un régimen de privación de libertad o de pena alternativa. Cuando se termina su reclusión, la prestación también culmina.

SEÑOR DA ROSA.- Respecto a la pregunta realizada por el señor Senador Gallinal, en realidad del artículo 2º no surge el carácter voluntario, es decir que debe prestar su consentimiento para trabajar. No obstante lo cual, de acuerdo a lo que expresa el señor Ministro, eso está previsto en algún otro proyecto de ley que en este momento está a consideración. Podríamos requerir, entonces, que se hiciera algún agregado que dijera que la persona debe prestar consentimiento para trabajar.

Por otro lado, en función del interés que tienen los familiares de que este proyecto de ley salga cuanto antes, me parece que lo mejor sería no sugerir agregados que luego tendrían que volver a la Cámara de Representantes para ser considerados. De cualquier manera, me parece muy importante que eso esté establecido en alguna ley, es decir que, específicamente, se requiere el consentimiento para que esa persona que está cumpliendo una pena vaya a cumplir una tarea laboral.

SEÑOR PRESIDENTE.- Luego de haber escuchado atentamente al señor Ministro y a su equipo asesor, y no habiendo más consultas por parte de los señores Senadores, agradecemos su presencia; seguiremos trabajando en el proyecto de ley.

                Muchas gracias.

(Se retiran de Sala el señor Ministro del Interior y sus asesores.)

SEÑOR GALLINAL.- Propongo que se proceda a votar el proyecto de ley. Los argumentos planteados por el señor Ministro me han convencido; lo que más me generaba dudas era el artículo 2º. Ya no las tengo más porque la financiación sería a través de Rentas Generales.

                Por otro lado, de acuerdo a lo que nos dijo el señor Ministro ya hay una ley que establece un conjunto de condiciones -entre las que se encuentra esta- para el caso de que  el preso acepte ingresar a trabajar. En este momento no tengo las objeciones que esgrimí en sesiones anteriores.

                Con respecto al tema de la violencia doméstica me parece que tenemos que estudiar y ver algún proyecto de ley que modifique la ley existente para, en primer lugar, contemplar el caso de la persona que queda, por ejemplo, cuadripléjica que en este momento no está siendo contemplado; en segundo término, revisar los montos de indemnización ya que estos son muy diferentes, tanto en esta ley como en la de violencia doméstica. Pero este tema corresponde a la Ley de Violencia Doméstica y no a esta.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

                -5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                En discusión particular.

                La Mesa propone a los señores Senadores, al no existir discrepancias, suprimir la lectura de los artículos y votarlos en bloque.

(Apoyados.)

                -Se va a votar en bloque el articulado.

(Se vota:)

                -5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                Corresponde designar al miembro informante. Se propone que lo sea el señor Senador Tajam.

(Apoyados.)

                Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: “Carpeta Nº 1078/2012. Extrabajadores de la empresa Metzen y Sena S.A. Extensión del subsidio por desempleo. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1851/2012”.

                Por otra parte -antes de atender las dos entrevistas que tenemos programadas- propongo considerar la extensión del seguro de desempleo para los trabajadores de la Minera Aratirí.

SEÑOR PASQUET.- Como no estuve presente en la sesión pasada de la Comisión, no sé por qué se pidió la postergación para el día de hoy de la consideración de este proyecto de ley. Pero, ya que estamos tratando el tema, creo conveniente que se nos ilustre acerca de las razones por las cuales se está dando a esta situación un tratamiento claramente diferente al régimen general en materia de seguros por desempleo. Seguramente existen buenas razones que abonan la tesis del Poder Ejecutivo, pero me parece que no estaría de más que las mismas se expliciten y se desarrollen, como forma de evitar que se entienda que estamos consagrando un privilegio a favor de cierto grupo de trabajadores, al que podrían aspirar con el mismo derecho otros trabajadores. Ellos podrían argumentar que su subsidio por desempleo tiene un tope, para pedir que se les extienda tal como se ha hecho respecto de otros trabajadores. Entonces, tendríamos que ir a una revisión general del régimen.

                Por lo tanto, si existen razones que llevan a sostener que el tema merece un tratamiento especial, es bueno que quede constancia de ello para, en un futuro, poder explicar sus fundamentos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Es válido lo que plantea el señor Senador Pasquet, tanto para el proyecto de ley que tenemos a consideración como para el relativo a la Minera Aratirí. Creo que está bien tener una mínima explicación para dar acerca de por qué planteamos excepciones a un régimen general.

                En este caso -aunque tampoco estuvimos presentes en la última sesión- podríamos informar acerca del proyecto que el Fondo para el Desarrollo tiene en marcha a los efectos de que esta fábrica se reactive. Este es un proyecto que se presentó al Fondes  que tiene una base muy seria de análisis y los pasos que se han dado en este sentido son muy importantes. En este momento, estamos a la espera del acuerdo del Fondes para proceder a la reactivación de la fábrica.

                Creemos que la preservación de la fuente de trabajo y el no desplazamiento de este grupo de trabajadores es vital. De ahí, entonces, la necesidad de mantener, como decía, su fuente de trabajo bajo el régimen de subsidio por desempleo. Aclaro que esto se aplicaría para el caso de los extrabajadores de la empresa Metzen y Sena S.A. donde, repito, estamos muy cerca de encontrar una salida -el tiempo se encargará de mostrarnos si fue la adecuada o no- porque se han dado todos los pasos que la ley marca para su reactivación.

                Con respecto al tema de Aratirí, se trata de una empresa que tiene 119 trabajadores y que ha visto enlentecido el proceso. Para ese caso se hizo uso de un subsidio especial, rotatorio -por así decirlo- por el cual un grupo reducido de 19 trabajadores fue rotando en el trabajo y solo 9 quedaron fuera de ese proceso. Al mismo tiempo, hicieron un acuerdo con Inefop y comenzaron a capacitarse y el personal que ya tenía un importante grado de especialización continuó formándose. Eso nos parece vital porque el proyecto sigue y el enlentecimiento tiene que ver con elementos vinculados a la Dinama y a las autorizaciones ambientales que todavía se están procesando. Asimismo, existe la necesidad de que no se disperse este núcleo de trabajadores que ya viene con un nivel de especialización, y es lo que motiva que se extienda la prórroga para un subsidio que vence en enero del año que viene. Esas son los dos elementos  que podemos aportar al análisis de los señores Senadores, para apoyar la extensión del seguro por desempleo que, en el caso de Aratirí, es especial.

                Si los señores Senadores están de acuerdo, podríamos votarlo en la próxima sesión, para que sea aprobado antes de fin de año.

SEÑOR PASQUET.- Pienso que habría que votar el proyecto de ley -dado que la cobertura del beneficio está próxima a vencer- con el propósito de evitar la contingencia que el señor Presidente avizoraba: que esa  fuerza laboral se disperse. Esto de ninguna manera implica un  respaldo o apoyo a un proyecto de ley que personalmente no conozco y que no sé si es bueno, malo o regular, pero en la medida en que el Gobierno crea que ahí hay un camino y que se trata de preservar la fuerza laboral para que pueda ponerse al servicio de ese proyecto, es con ese espíritu que habremos de votarlo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Es muy valida la aclaración.

                  Si no se hace uso de la palabra, se va a votar  el proyecto de ley relativo a la empresa Metzen y Sena S.A.

               

(Se vota:)

-5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar  el proyecto de ley relativo a la Minera Aratirí.       

               

(Se vota:)

                -5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

 Pasa a consideración del Plenario.

SEÑOR TAJAM.- ¿Quién va a fundamentar los proyectos de ley?

SEÑOR PRESIDENTE.- Si les parece bien, yo podría fundamentar el proyecto de ley sobre los extrabajadores de Metzen y Sena S.A y la señora Senadora Dalmás el de los de Aratirí.

SEÑORA DALMÁS.- De acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo al Orden del día, esperamos la visita de una delegación de extrabajadores de la empresa LAJA.

(Ingresa a Sala la delegación de los trabajadores de la empresa Laja.)

-La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores tiene el gusto de recibir a la delegación de trabajadores de la empresa Laja y a representantes de la UTMRA. Vamos a escuchar con atención su planteo, el que luego trasladaremos a los demás señores Senadores a fin de analizar el problema y las posibles medidas a adoptar al respecto.

                Tiene la palabra el señor Luis Vega, de la UTMRA.

SEÑOR VEGA.- El problema se puede analizar en dos partes; la primera corresponde al problema particular de la empresa Laja, que se presentó a concurso en forma voluntaria. Esos términos no los manejamos habitualmente  pero, en síntesis, se trata de que  la patronal se presenta voluntariamente a concurso para evitar el pago de algunas deudas. Esas deudas se congelan mediante la orden de un Juez, actúa un síndico y la Liga de Defensa Comercial, y a partir de ese momento la empresa comienza a ver cómo resuelve deudas anteriores a la fecha del concurso y elabora un plan para ver cómo paga los millones de dólares que debe al Banco de la República, a diferentes bancos y a otros acreedores. Seguramente, los señores Senadores estarán mejor informados en cuanto a los tres tipos de acreedores que se toman en cuenta, que son los quirografarios, los trabajadores y los que tienen prendas o embargos. Eso es en cuanto a la situación de la empresa Laja, sobre la que ya no vamos a profundizar más en nuestra exposición.

                El problema es que a partir de esa situación la empresa planifica su acción comercial hacia adelante en función de problemas económicos que manifiesta tener, debido a ciertas cuestiones anteriores y a temas de comercio exterior que se dan actualmente. Con respecto a los trabajadores, la empresa se planteó retrotraer acuerdos de la forma de trabajo, sobre categorías, etcétera, despidiendo a los trabajadores de una forma no muy tradicional. Concretamente, en medio de una situación conflictiva se pretendió cambiar el régimen de trabajo, el horario acordado en un convenio realizado en el último Consejo de Salarios y despedir  a más de noventa trabajadores, a quienes por algún tipo de justificación se  les propuso pagarles  la mitad del despido. Además, la empresa impele a los trabajadores a que se vayan y, si no lo hacen, utiliza el mecanismo de Seguro de Paro como forma de penalización y los rota hasta tanto se vayan.

Pero la parte más complicada es que se logran acuerdos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social donde al trabajador se le ofrece la mitad de lo que le corresponde por despido y luego pasa a estar en el Seguro de Paro por desempleo. A nosotros nos complica bastante cómo es que no se le paga y se hace un acuerdo transaccional con el trabajador por la mitad de lo que le corresponde. Podrá ser legal, eso lo sabrán mejor ustedes que son los que hacen las leyes, pero el problema es que cualquier otro trabajador, bajo ese estilo, arreglaría un despido para irse y luego le cobraría al Estado el Seguro de Paro por desempleo. Nosotros estuvimos 35 días sin poder entrar a trabajar,  pero no por paro sino porque la empresa de buenas a primeras cambió el régimen horario que habíamos acordado en el Ministerio un tiempo antes. Por no haber trabajo y tener problema en las exportaciones se acordó en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en presencia del Sindicato, la Cámara, la empresa, los trabajadores y el propio Ministerio,  pasar a hacer un régimen de trabajo de seis horas por día en la semana con el cobro de Seguro de Paro parcial. El Estado pagaría una parte de nuestro jornal -o sea dos horas por día- la empresa pagaría solo seis, haríamos cuatro turnos de seis horas, trabajaríamos todos. Se trataba de un acuerdo por tres meses que se podía estirar a un año. Nosotros veníamos de trabajar 40 horas semanales percibiendo el salario de 48, es decir el salario entero, producto de un Convenio Colectivo. En cierto momento la empresa lo corta y le propone al personal ingresar al Seguro de Paro. Muchos tuvieron que aceptar el despido; alrededor de sesenta tenían que irse; a los que se van se les ofrece la mitad del despido, y los otros tuvieron que entrar a trabajar bajo el régimen de ocho horas por día, seis días a la semana y no el acordado de cuarenta, ni el acordado en el Ministerio de seis horas con el Seguro de Paro parcial. Además, cambian las reglas de trabajo que hay en la industria del plástico por las cuales los capataces y encargados no pueden trabajar periódicamente. Los capataces y encargados, por nuestra normativa laboral, no trabajan periódicamente en el puesto de trabajo, son personal de confianza; los que trabajan son los obreros calificados para esos puestos. Cambia todo el estilo y llevan adelante una política con el fin de desarmar la organización sindical apuntando a que debían irse ciertos compañeros anotados en una nómina concreta, los que mayoritariamente pertenecían a la organización, si bien casi todos están afiliados. Los que, según ellos, tenían que ser despedidos son parte de la organización. Una vez que se fueron voluntariamente, por ese mecanismo de despidos incentivados con la mitad del despido, pero con el Seguro de Paro que paga el Estado -ya son como cincuenta y pico los que se fueron- pretendieron retirar la materia prima, la mercadería y todo lo que había  dentro de la planta a través de un rematador, el señor Fain, mientras los trabajadores estábamos impedidos de ingresar a trabajar bajo el régimen anterior y  no nos presentábamos en el nuevo por estar en conflicto. En definitiva, pretendían vaciar la fábrica de los elementos que habíamos producido a través de una orden del Juez. La situación de Laja quedó en un impasse, acordamos tomar en diciembre las licencias que nos quedan del año pasado y de la correspondiente a este año tomaríamos la mitad en enero, rotando entre los trabajadores y retrotraernos dos regímenes anteriores, es decir, volver al trabajo de 48 horas por 48 horas hasta el 1º febrero a efectos de destrabar la situación. A partir de esa fecha la empresa se compromete -si no hay ningún acuerdo en el medio- a volver al régimen que habíamos acordado en el Convenio  anterior, de 40 horas de trabajo y pagas 48. El problema es con la empresa Laja. Están presentes aquí compañeros de las empresas Ferretti y GPA que también se presentaron a concurso. No queremos pecar de atrevidos pero la ley de concursos está siendo utilizada por empresas nacionales. Es como si le cobraran al Estado o al pueblo uruguayo por haber mantenido las empresas abiertas durante un período de crisis y así lo manifiestan algunos de ellos por lo bajo. Las empresas extranjeras se han instalado en nuestro país, se han desarrollado y las empresas oriundas que arrastran mucha deuda no tienen el grado de competitividad de las extranjeras que aquí se instalan y han tenido que bajar los puestos de trabajo. Además, las empresas nacionales no se han tecnificado y no pueden competir con empresas extranjeras o nacionales que se han unido a capitales extranjeros, y no invierten en innovación y  desarrollo. Para nosotros, peligra la industria porque  el capital extranjero se puede instalar en el país con ventajas sobre la tierra, exenciones arancelarias y miles de ventajas más, que se les da para que se desarrollen y generen puestos de trabajo -lo que está bien- pero el problema que surge cuando  se instalan  es que las empresas oriundas o que tienen un tiempo en el país sufren el impacto. Por ejemplo, Conapac S.A. fábrica de bolsas de leche para Conaprole viene perdiendo capacidad de operar más allá de que tenga problemas administrativos propios. Lo cierto es que una empresa que tiene tres máquinas que tiran 50 kilos por hora hoy tiene que competir con una empresa de capitales brasileros que se instaló en San José, Incoplast, que tiene todas las ventajas porque trae, con capitales extranjeros,  máquinas de otro lado que tiran 1.000 kilos por hora. Entonces es imposible que Conapac pueda sobrevivir, por más que tenga un  acuerdo con Conaprole, cuando una máquina tira 50 y la otra 1.000; hay mucho más rendimiento.

                Este problema lo estamos teniendo en las industrias que no se han tecnificado o que arrastran deuda, amén  de los problemas que tenemos con la Ley de Concursos. Sabemos que muchos empresarios -nosotros estamos acá para denunciar el problema, no a calificar a nadie-  tienen US$ 60:000.000 o US$ 70:000.000 de deuda para con el Estado, ya sea proveedores privados, bancos o lo que sea como es el caso de GPA; otras tienen US$ 30:000.000 o US$ 40:000.000 como es el caso de Laja con banca privada, estatal y proveedores. Lo que hacen al momento del concurso es decir: “Me presento a concurso y  los US$ 30:000.000 se cortan acá. No debo un peso.”,  y si los acreedores -que no tienen prenda ni embargo- o nosotros,  los trabajadores,  queremos cobrar, tenemos que transar en bajar la cifra. ¿Con qué amenazan a sus acreedores? Con el embargo de las máquinas por el Banco República, el Banco país, que siempre embarga máquinas. No hay Banco privado que embargue máquinas viejas, el único que lo hace es el Banco República. Entonces, en los tres casos mencionados las máquinas fueron embargadas por el Banco de la República. Si el Banco remata, aquí la deuda no se cobra. El terreno en Ferretti es privado, en GPA es del dueño, pero con otro nombre, y en Laja, hay una prenda con un Banco privado.

                Después, en el medio de todo esto nos ponen a nosotros, los trabajadores. En las empresas que tienen ochenta o cien trabajadores, el volumen de dinero que corresponde al despido presiona sobre los terceros, que son los que definen en el concurso si la empresa continúa o no. Si el Banco de la República se lleva las máquinas y los otros acreedores ejecutan la deuda, no queda nada para cobrar. Si cobráramos nuestro despido -si es que pudiéramos hacerlo, porque sepan que  hace un año y medio que estamos en vueltas-  UTE, OSE, Antel, BPS y alguna otra empresa que ha brindado materia prima no cobran nada.

                Lo que hacen los dueños de la fábrica, al amparo de esta ley, es más o menos como si los trabajadores pudiéramos decir: “Debo dos meses de luz, dos meses de agua, otro tanto de teléfono, el monto de la tarjeta de crédito, seis meses de alquiler y me están por echar;  entonces, me presento a concurso, y a partir de hoy tengo mi foja limpia -no estoy en el Clearing- y veo cómo vivo con los ocho mil pesos que gano;  pero todas estas deudas para atrás, no las puedo pagar.” Eso es lo que están haciendo los industriales. El problema es que ponen en el medio a los trabajadores, porque les dicen a los acreedores que, si quieren rematar pueden hacerlo, si es que no embarga antes el Banco de la República y, si de lo que embarga queda algo, primero están los trabajadores con sus créditos laborales. Con esto le están diciendo: “Tú no cobras”.  Entonces, utilizan a todo el sistema a los efectos de no pagar una deuda. 

                El problema es que cuando ellos quedan debiendo al BPS, a la DGI y a todos los demás, incluido algún proveedor, el que paga no es el aire, sino todos nosotros. Evidentemente esa plata que a ellos les prestaron, y que no van a pagar, sale de algún lado porque nadie inventa plata. Es más, después que ellos tienen la capacidad de hacer eso con los acreedores, vienen los trabajadores.

                Empresas como GPA, Laja y Ferretti, de los veinte o treinta millones de dólares que deben van a pagar la mitad, por lo que se ahorran diez o quince millones de dólares. Pero, además, sucede lo siguiente. Una empresa como Laja, por ejemplo, exportó doce millones de dólares el año anterior. Cualquiera que haga números se da cuenta de que si trabajando un año, uno exporta por doce millones de dólares, evidentemente no gana doce millones de dólares, pero si en un conflicto de dos meses -donde se intimida a los acreedores diciéndoles que la empresa se va al bombo, que no funciona, y donde los trabajadores están en conflicto y se amenaza con pagarles menos de lo que se les debe- se ahorra diez o doce millones de dólares, la conclusión es evidente: no trabajando ahorran más plata que haciéndolo, aunque parezca una contradicción. Entre medio, lo que hacen es proyectar para el futuro una empresa con menor capacidad de producción.

                El Juez es con quien nosotros tenemos algún tipo de problema porque cuando hay un conflicto entre dos partes, patrón y trabajador, este último deja de trabajar y el patrón deja de percibir o de cobrar por lo que el trabajador hace y nosotros,  evidentemente,  necesitamos que alguien declare una excepción. Si no, pasa lo que está ocurriendo. El patrón nos plantea que echa a noventa trabajadores. Nosotros decimos “No, no puede ser”. De ninguna manera aceptamos que echen a compañeros, nos cambien el horario, nos hagan hacer más cosas, en definitiva, que nos cambien el régimen de trabajo.”  Cuando los trabajadores decimos “no”, ¿cuál es la fuerza o el poder que tenemos?  Es, justamente, no trabajar y dejar todo medio congelado mientras se discute. Pero, ¿qué pasa? Viene el Juez y declara que todo lo que hay dentro de la empresa está bajo la égida del rematador, el señor Fain. Este viene con un camión y una patota  a cargar lo que hay adentro y llevárselo. Y no solo viene a llevarse todo lo que para los trabajadores representa una garantía para poder cobrar algo -si es que mañana hay algo para cobrar, porque si los acreedores dicen que no y el Banco de la República embarga, lo único que tendremos para cobrar serán las sillas que quedan ahí adentro; y tampoco nadie nos asegura el trabajo- sino que encima está violando el derecho de huelga. Porque el señor rematador, al  cargar los camiones y traer una patota para trabajar mientras estamos en huelga, lo que está haciendo, de alguna manera, es violar el derecho de huelga. O sea que se está violando doblemente ese derecho. Ahora, si los trabajadores toman alguna acción y frenan eso, están incumpliendo una orden del Juez. Ni siquiera se considera el hecho de que están en un conflicto sindical; el Juez los conduce al Juzgado por  impedir que se cumpla lo que ordenó. Por eso es que en la última oportunidad nos amenazaron con llamar a la fuerza pública.

                Sin duda, la Ley de Concurso debe haber tenido una buena intención. A través de ella se pretendía salvar a las empresas, y a nosotros se nos dijo que era para proteger el interés de los trabajadores en tanto no se perdieran sus créditos laborales y se viera cómo se podía seguir funcionando.

                En realidad, lo que estamos viendo es que hay un sector de la sociedad  que encontró en esa ley un resquicio por donde licuar lo que debe y empezar una vida prístina a partir de mañana, no debiendo nada. Y, evidentemente, es al Estado uruguayo, a las empresas del Estado, es decir, a todos nosotros que se va a quedar debiendo la gran mayoría de los millones de dólares que tienen de deuda.  

                Lo que ocurre es que también apuntan a bajar la cantidad de personal afectado. Es más, con relación a la ley de concursos, se nos presenta un problema cada vez que le planteamos la situación a los síndicos que están a cargo de esas acciones. Les decimos que si esa empresa debe US$ 20:000.000, tal vez alguien haya malgastado US$ 100.000 o US$ 200.000. Pero para malgastar US$ 30:000.000, creemos que a alguien se le dio ese dinero y por alguna razón. Los bancos lo prestaron. Entonces, alguien compró algo, no lo pagó y lo comercializó. Por eso, nosotros nos preguntamos: ¿dónde están los US$ 30:000.000?

Laja tiene una fábrica en Brasil que se llama Dolfi. Los moldes que compran en China, los traen a Uruguay, los arreglan aquí, los retocan y los llevan a Brasil ¿de quién son? Lógicamente, acá le pedimos dinero al Banco República o a una persona, y si vendemos y con el dinero que cobramos  compramos moldes y los llevamos a Brasil, ponemos fábricas allí o, como planteamos la última vez, cuando el Juez quería sacar caños y materia prima, la materia prima que quería sacar el rematador era para llevarla a Dolfi, en Brasil. El rematador quería sacar los caños para llevarlos a empresas del grupo económico Laja que están en el mismo local de Laja, en la calle San Martín. No es que hayamos descubierto que ellas estuvieran en otro lugar; ellas están en la misma fábrica. Son compañeros nuestros, pero unos trabajan para una y otros, para otra.

Nosotros entendemos que la ley de concurso está complicando la situación. La están usando con alguna finalidad y creo -sin ser atrevido- que no debe ser ese el interés del legislador que la creó. Además, en cuanto a la situación de Laja y de alguna otra empresa, creemos que alguien debería estudiar las deudas, que se van a “santificar” con esta ley de concurso, e investigar dónde está el dinero. Si no, es como si cualquiera sacara un crédito, comprara un auto y después se presentara a concurso y no lo pagara. Dice que no puede pagarlo, y luego va a discutir con quien se lo vendió utilizando una posición de fuerza y diciéndole que si no cobra la mitad de lo que se le debe, no le paga. ¿Por qué hace esto? Porque, si no, el bien va a remate y termina cobrando poco y nada.

Creemos que eso es generar una situación de peligro. Por ejemplo, ahora venimos de discutir con los dueños de la fábrica Dafelir S.A., la antigua Polionda  S.A.. Tienen problemas porque ellos venden carpetas para el exterior y, por ejemplo, Mosca y otros más están entrando mercadería del exterior, a precios más baratos. Declaran códigos diferentes y demás. ¿Qué va a pasar con la empresa? Cuando esta tenga un pasivo muy grande, se presenta a concurso y licua la deuda. Esa es nuestra preocupación: plantear a esta Comisión el problema de los trabajadores que se ven afectados porque, entre otras cosas, las leyes laborales son violadas y porque, evidentemente, una ley surgida de nuestras Cámaras está siendo usada por un sector de industriales del plástico -y otros- de mala manera. Por ejemplo, en este último conflicto Laja está siendo asesorada por un personaje de nuestra historia, que incluso ha escrito libros denunciando la situación por la que se otorgó un préstamo a capitales árabes para el Frigorífico Río Negro -en Fray Bentos- y explicando cómo se produjo el vaciamiento. Es un especialista en saber cómo se vacían las empresas en el Uruguay, ya que ha denunciado el vaciamiento de empresas pesqueras y frigoríficas. Por lo tanto, Laja contrató a un especialista que antes denunciaba esto, y ahora se sirve de ello.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias por la exposición.

SEÑOR PASQUET.-  Me gustaría saber qué respuestas han tenido las gestiones, que seguramente hicieron, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y qué les dice el abogado, que sin duda han consultado, para hacer valer sus derechos en el concurso.

SEÑOR VEGA .-  Se nos plantea que en el concurso  los trabajadores no entran, por ser acreedores prioritarios. Están los acreedores quirografarios, que son los que definen la suerte de la empresa; los prioritarios, que la Ley intentó proteger y que son los trabajadores, -en ese balance entre que la empresa se funda y no le pague a nadie o siga, algunos cobren y otros continúen trabajando-; y  los bancos y los que tienen prendas.  El problema es que los trabajadores no entramos al concurso, no tenemos voz ni voto. Podríamos plantear algo sobre deudas que tuviéramos previo al concurso, pero como la prenda que a nosotros se nos genera, si nos echan, es el despido, como todavía no fuimos despedidos como para ser prioritarios,  no podemos entrar en el concurso. Entonces los trabajadores quedan a la suerte de lo que pase.

 Lo que nos explica nuestro abogado con respecto a la situación de lo que se debe es que, en función de lo que debe la empresa, si bien puede respaldar algunas deudas -porque tiene para prendar- las deudas millonarias que hay la harían inviable para funcionar, entonces lo que tienen que hacer, según nos han dicho, es bajar las deudas anteriores con los acreedores quirografarios, para después, redimensionando la empresa a un tamaño menor, tener una suerte de gracia de tres años y a los cinco años comenzar a pagar y, entre medio, discutir con el Banco República y con los otros bancos privados, cómo llevar adelante las deudas que tienen con ellos. Según nuestra especulación, discutir con los bancos es más difícil que hacerlo con los proveedores de materia prima. El problema es que las empresas siempre aprovechan -es un daño colateral- a desarmar la organización sindical y bajar los costos de la operativa hacia adelante. Con respecto al tema de los trabajadores, tenemos que esperar, porque allí no incidimos.

                Por ejemplo, tenemos el problema de la empresa Ferretti, porque los trabajadores ya no saben más que hacer para sostener sus puestos de trabajo. Están trabajando cuatro horas y el resto lo cobran como Seguro de Paro parcial. Ahí se está generando una situación bastante complicada porque la empresa debe todo y no tiene un peso. Hay alguien que está poniendo dinero para pagar la luz, para la materia prima y para pagarle el salario a los trabajadores, por lo tanto, se está generando una deuda nueva con esa persona que va a terminar quedándose con la empresa, pues es lo que quiere. Ahora, si se queda con la empresa, tomará a un grupo de  trabajadores y no al resto. Entonces, ¿qué va a pasar? antes de que empiece el concurso, y mientras los síndicos resuelvan cómo le bajan el precio a la deuda,  como la empresa no trabaja, se van a ir. Pasó lo mismo en  GPA que debe                US$ 60:000.000 o US$ 70:000.000. Se trataba de un buen emprendimiento con 350 trabajadores, y se dedicaba a fabricar las bolsas para el supermercado a nivel nacional, era una industria nacional. No la pudimos reflotar nosotros, los trabajadores no tuvimos oportunidad de hacerlo porque nadie nos dio la fábrica para trabajar. Las bolsas se están importando desde Brasil,  son divisas que se van, y no hay industrias que compitan en ese terreno. Además, los frascos que fabricaba para Ancap no se hacen más y los están importando, como hace Conaprole,  que los trae de Argentina. Resulta que lo que el hombre hizo -que debía US$ 60:000.000 y tiene su patrimonio afuera- fue cerrar la fábrica durante dos años, dejar de deber, producto del concurso, US$ 60:000.00 -no tengo idea de cuánto significa esta cifra; para mí es muchísimo dinero- echar a 350 trabajadores y no pagarle absolutamente nada a ninguno. Por lo tanto, ahorró US$ 60:000.000 que debe haber colocado en algún lado porque, seguramente, no se le cayeron del bolsillo cuando iba a la playa.

                Los trabajadores vemos complicado nuestro futuro porque no podemos incidir en la situación legal. A los dueños de la casa donde está ubicada la empresa Ferretti, en la calle Millán, le deben dos años y medio de alquiler, equivalente a $ 145.000 por mes. Si calculamos treinta meses a $145.000, la deuda asciende casi a $ 4:500.000. ¡Le deben a los dueños un montón de plata! La empresa ya tenía el lanzamiento por estar debiendo más de dos años de alquiler, pero el concurso trabó el lanzamiento. Hasta entre iguales se están matando porque, a pesar de que a los dueños del terreno le deban                    $ 4:500.000, estos no los pueden echar. Aún más, la nueva administración, a través del síndico de Ferretti, le plantea a los dueños que si ellos desean, les comienza a pagar un alquiler de $ 50.000 por mes. Evidentemente, además de haber  manejado muy mal la empresa, los industriales utilizan esta ley a los efectos de seguir pidiendo, malgastar el dinero, no administrarse ni esforzarse en desarrollar la industria y lo que deben no lo paga nadie.

                Esa es la visión que tenemos nosotros, por cierto, muy compleja para los trabajadores porque hay que depender de la buena voluntad del síndico y eso la ley no lo prevé. Por ejemplo, mi licencia, que fue generada en el año 2011, la cobraré si el síndico quiere porque está dentro de los dineros concursales; tal vez -se me dice- me paguen la mitad, según lo que hagan todos los acreedores, pero yo no voy a la asamblea de acreedores; y si fuera, capaz que no me lo pagan. Nosotros preguntamos en  Ferretti cuándo nos íbamos a tomar la licencia generada en 2012. Se nos contestó que no se sabía porque está en el concurso; como la mayor parte de ella fue generada  el año anterior, se me paga si ellos o el Juez lo entienden así. Con los despidos sucede lo mismo; parte del despido está en el concurso porque también fue generado antes.

                Creemos que se debería rever esa ley, de lo contrario puede ser utilizada por industriales que entiendan que deben pasarle la cuenta al Estado por haber mantenido abierta una fábrica en los años 1990, 1991 o 2002. Estamos de acuerdo con que se les haya dado ventajas a todos los que han venido de afuera a instalarse, pero resulta que ahora yo arrastro una deuda y no puedo competir con el que vino porque no hay un desarrollo de la industria. La situación para las fábricas oriundas del Uruguay es complicada porque el riesgo que tenemos -está claro que no venimos a defender a los industriales, pero  la empresa Laja tiene alrededor de setenta años, GPA no sé cuántos tenía y Ferretti tiene una cantidad de años más y, de alguna manera, esos industriales están presentes en el país y tienen sus arraigos aquí, aunque al capital vuela para donde le gusta- es que  capitales como Lev e Incoplast vienen, invierten, ganan y se van, y nos pueden dejar un agujero y sin industria posterior.

                No sé si contesté la interrogante del señor Senador; me parece que me desvié un poco del tema.

SEÑOR PASQUET.- Su exposición ilustra el contexto general de la situación. Agradezco la explicación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Me gustaría expresar, a los efectos de puntualizar los pasos a seguir por esta Comisión, que lamentablemente ya estamos sobre fin de año y que esta sería la última sesión; quizás se celebre otra más para tratar, específicamente, temas vinculados a un proyecto de ley que se debe definir. Sin embargo, nos gustaría saber si el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha estado tomando parte en este asunto,  porque si esta situación se prolonga podemos convocar al señor Ministro o a la otra parte a los efectos de tener una visión desde todos los ángulos.

                En definitiva, quisiéramos saber si ya han hecho esas gestiones. Por otro lado, haciendo una reflexión general acerca de este problema -que, por lo anteriormente manifestado, supera el caso particular de Laja, de Ferretti o de otras empresas que se han mencionado- esta problemática abarca a un grupo de sectores del entramado industrial nacional que hoy está siendo afectado por distintas situaciones, como bien se dijo aquí. Sin pretender defender a nadie y teniendo una visión de conjunto, consideramos que deberíamos ampliar nuestro análisis y tener la capacidad de ver qué es lo que puede estar afectando a amplios sectores de la industria nacional, no solamente al rubro metalúrgico sino a otros. Existen instrumentos legales que, sinceramente, no conocíamos, los cuales podrían estarse aplicando de una manera que no es del todo correcta. Esto también nos ilustra acerca de la necesidad de analizar estos aspectos de la Ley Concursal y sobre el mal uso que se pueda estar haciendo de ella.

SEÑOR VEGA.- Hemos realizado gestiones ante el Ministerio y debemos decir que se ha comportado muy bien ya que ha buscado y profundizado en encontrar una salida a esta situación para los trabajadores.

                Nos tomamos la libertad de plantear a los señores Senadores -que lo analizarán cuando crean conveniente- uno de los problemas que, creemos, genera ciertas dificultades, no solamente en nuestra rama de actividad, sino en otras, sobre todo cuando la empresa enfrenta una crisis económica, es el trabajo, los trabajadores. Evidentemente, si la industria cuenta con cien, doscientos o cuatrocientos trabajadores y deja de hacer una tarea y desarrollar una producción, pueden presentarse problemas, pero en el mundo del industrial otro puede asumir el dilema. Por ejemplo, una fábrica que cuenta con cuatrocientos trabajadores y deja de producir, repercute directamente en el almacenero, en la sociedad. A la crisis mundial que está flotando en la cabeza de todos agregamos que el mundo del trabajo es bastante conflictivo en función de que los cambios se producen muy rápido.  Los efectos de la desocupación se sienten mucho más rápido en  La Teja que en Carrasco. Para evitar que esta situación se torne conflictiva para la sociedad, en medio de empresas que cierran y dejan a los trabajadores de lado -como ocurrió en Dynamic Windows con quinientos trabajadores que todavía no han cobrado, como tantos otros- una de las posibles soluciones sería formar una bolsa de trabajo. Aclaro que no me refiero a una bolsa de trabajo en la que se cobre sin trabajar, sino a un híbrido con el Seguro de Paro parcial. El Estado está haciendo un esfuerzo para sostenerlo, aunque es parte de lo que todos aportamos porque el Estado somos todos. Sería bueno, en pos de la solidaridad entre los iguales, que el resto de la industria pensara  cómo hacer para que la producción de esos trabajadores que pueden quedar desafectados, no se pierda. Si la fábrica de frasquitos ya  no los hace y pasa a fabricarlos Nolan S.A., de la misma manera, sería conveniente que esos trabajadores que quedaron desafectados fueran contemplados para el reingreso a esa industria. No estamos diciendo que si un trabajador tuvo un problema en una fábrica, se lo ubique en otro lado. Actualmente, sesenta trabajadores de Laja tuvieron que aceptar cobrar medio despido porque las deudas eran acuciantes. Ahora, los caños que no está haciendo Laja, los está fabricando Nicoll y se los vende a OSE.  Si Ferretti  no está haciendo los  envases, los trabajadores trabajan medio horario, pero hay otra empresa que está haciendo los frascos de Ferretti para colocarlos en otro lado y el industrial, de una u otra manera, sigue recuperándose, manteniendo el mercado y el cliente, aunque lo cobre otro. Casi siempre el problema fundamental en la sociedad es que el sector más débil y que se queda sin trabajo en forma masiva es el de los trabajadores.  En esos casos, para nosotros sería importantísimo que se viera la posibilidad de adoptar una  medida especial en conjunto con el Seguro de Paro parcial. Por ejemplo, se podrían votar Seguros de Paro especiales,  continuados. Nosotros estamos de acuerdo con que existan porque el trabajador tiene que vivir de algo y que los puestos no sobran, pero sería lógico que hubiera un cupo para esos trabajadores reingresan a la industria después de haber estado en Seguro de Paro. Si Nicoll  hace los caños de Laja, y Laja echó a setenta personas, que una parte de esos setenta compañeros nuestros entren en Nicoll; no puede ser que Nicoll  se beneficie, sea cómplice de Laja en esta situación  y que, cuando Laja vuelva a trabajar, los dos sigan vendiéndole caños a OSE cuando desplazaron de sus puestos a un montón de trabajadores.  Ahí vemos que la organización, por baranda, ha sido atacada.

                Lo que cualquier ciudadano de este país quiere es tener trabajo, después de tener trabajo podemos hablar del salario y de otras condiciones. A los trabajadores que se ven afectados, más que cobrar el Seguro de Paro, les interesaría reingresar a la industria, ya sea a través de los Consejos de Salarios o a través de leyes. El trabajador quiere ir a trabajar, no quiere recibir limosna. Sería bueno que hubiera alguna normativa o que hubiera un  Fondo de Solvencia Patronal porque, reitero, las empresas que están en zona franca cierran y no pagan nada. Tienen que tener un respaldo para instalarse como industria porque, si no, después el Estado nos pasa pagando y nosotros vamos a protestar porque -lógicamente- queremos el Seguro de Paro. La normativa tiene que prever que estos individuos no se vuelen y dejen el surco. Frente a este problema, a los trabajadores se les tiene que dar determinada solución. Por ejemplo, lo relativo a la bolsa de trabajo, la ley de insolvencia o algo que reasegure que el trabajador pueda volver a lo que lo caracteriza, que es el trabajo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Les agradecemos la información y las ideas que nos han proporcionado. Veremos qué se puede hacer y esperamos que el conflicto se solucione  lo antes posible. Esto último que se ha dicho es muy importante y quizá el año que viene podamos seguir conversando o afinando las ideas que nos propusieron, en conjunto -por supuesto- con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

(Se retira de Sala la delegación de trabajadores de LAJA.)

(Ingresa a Sala la Delegación del SUNCA.)

-La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado tiene el gusto de recibir a los delegados del SUNCA, a los efectos de escuchar su opinión con respecto al proyecto de ley sobre el Fondo de Cesantía, cuya urgencia conocemos bien y tal vez pueda ser aprobado en el curso de este año. Hemos tenido varias ausencias durante la tarde en la Comisión, pero quienes estamos aquí vamos a escuchar su exposición y trasladar la información al resto de los señores Senadores.

                Tiene la palabra el señor Andrade.

SEÑOR ANDRADE.- En principio, queremos agradecer a los integrantes de la Comisión por habernos recibido. Vamos a hacer una breve exposición con respecto a lo que pensamos que debería ser la forma de continuar avanzando en la mejora del proyecto de ley a estudio.

                En primer lugar, queremos destacar la importancia que tiene la industria de la construcción para el país. Estamos convencidos, por diversos argumentos, de que esta es la industria que más puestos de trabajo genera con relación a la cantidad de dinero que se pierde. Esta industria tiene, además, la particularidad de poder localizarse en cualquier parte del país, no tiene mayores requerimientos para el ingreso y, sobre todo, a partir de la vigencia de la Ley de Mano de Obra Local es la que más ha favorecido el ingreso de jefas de hogar y de jóvenes que hacen su primera experiencia laboral. Esta industria, por otra parte, tiene un fuerte encadenamiento productivo por utilizar un porcentaje muy alto de insumos nacionales. En definitiva, lo que se produce, ya sean bienes de infraestructura de matriz energética, de vivienda o de infraestructura turística, contribuye al resultado del desarrollo del país. Históricamente, la forma de contratación predominante  constituye una de las principales causas  de precarización de las condiciones de vida del trabajador, además de ser un factor relevante para obstaculizar el desarrollo productivo: el grueso de las contrataciones en la industria se hacen por obra determinada. Esto, en términos históricos, se ubicó en el entorno del 85% o del 90%, lo que generó que, de acuerdo con estudios realizados por el equipo de representación de los trabajadores, se colocara a las ramas de actividad de la construcción entre las de menor  densidad de cotización promedio, ya que es de alrededor del 50%. Esto significa que por cada 10 años de aporte jubilatorio, en promedio los trabajadores de la construcción computaban 5. Este factor es fundamental para explicar otras dificultades, tales como que los trabajadores de la construcción triplican el promedio de uruguayos en asentamientos irregulares y presentan más problemas con respecto a la educación de sus hijos, concretamente, para completar el ciclo secundario. Esos problemas, sin dudas, responden a la inestabilidad laboral de los trabajadores. No hay que olvidar que, en general, la construcción tiende a acompañar los niveles de crecimiento económico por encima del promedio y también a tener depresiones más pronunciadas.

                En el 2006 se realizó el primer Convenio Colectivo, durante la Administración del doctor Vázquez, en que se acordó la creación de un Fondo de Cesantía y Retiro que tenía como objetivo central, además de una ayuda para el cese del trabajador, el estimular una forma de contratación estable. Esto surge claramente de la ley por la que se establece que las empresas que contratan de manera eventual a los trabajadores tendrán una tasa de aportación del 4% y las que contratan de forma permanente, una del 0,5%. Este acuerdo alcanzado en el Consejo de Salarios del 2006 se transformó en ley en el año 2008 y provocó  un cambio de enorme trascendencia en la industria de la construcción. Pasamos de no más del 15% de trabajadores de la construcción con contrato permanente, a superar el 30% contratado de manera permanente en los primeros tres años y medio de funcionamiento de la ley. Esto ha generado un efecto muy importante. Si hay que explicar el descenso de los niveles de pobreza en la industria de la construcción -que, de tener en los años 2002 y 2003 en el entorno del 72% al 75% de compañeros por debajo de la línea de pobreza, llegó a estar por debajo del 20% en los niveles actuales- se debe en parte al crecimiento salarial, al mayor nivel de actividad pero, fundamentalmente, a formas de contratación más estables. Si en el año tengo cinco meses de desempleo, no hay ajuste salarial que pueda resolverme el tiempo en que no tuve trabajo. Esto se refleja claramente en otros componentes que hacen a las posibilidades del trabajo de la construcción.

                El año pasado, desde el área social del sindicato, promovimos un sistema de becas para los hijos de los trabajadores de la construcción que concurren a hacer estudios terciarios, que se destina a boletos, alimentación, insumos o material de estudio. Este año tenemos 350 muchachos becados y probablemente para el año 2013 estarán becados por encima de 500 hijos de trabajadores de la construcción. La inmensa mayoría de los jóvenes becados son hijos de trabajadores de la construcción que tienen estabilidad laboral, componente que para el conjunto de las condiciones de vida opera favorablemente. Este año, por ejemplo, entregamos 2500 préstamos para el arreglo de las viviendas con un subsidio del entorno del 40% de préstamos entregados. Se trata de préstamos que rondan el entorno de los $25.000.

Por lejos, las mejores condiciones de la vivienda son las de los compañeros que han logrado una mayor estabilidad. Para la condición social del trabajador, la estabilidad es un factor sustancial para los componentes productivos de la industria. Es muy difícil pensar en procesos de competitividad sobre la base de la calidad del trabajo, la innovación y la formación profesional en relaciones contractuales de cuatro o seis meses. Las innovaciones y la formación del conjunto de los trabajadores se dan sustancialmente cuando hay formas de contratación más amplias que el espacio de una obra. Si Uruguay tiene como desafío que la innovación tecnológica y profesional de manera sistémica constituye un objetivo a consolidar, es claro que este proceso no se puede desarrollar sobre la base de formas de contratación eventuales, sino que trasciendan el horizonte de un centro de trabajo. Pero también para los factores productivos, para el interés general, más allá del interés inmediato del trabajador en primera instancia, el tema de la contratación permanente es central.

Es por estos temas que en el año 2010, cuando fuimos a la Ronda del Consejo de Salarios, colocamos como señal, para seguir estimulando el proceso -en nuestra opinión, tendencialmente la industria tiene posibilidades materiales para pensar en un proceso de estabilidad de trabajadores, con forma de contratación permanente por encima del 50%; todavía queda paño para mejorar la forma de contratación de la industria- acordamos que en el período del Convenio Colectivo incrementábamos en un 1% la tasa del trabajador eventual. Quiere decir que dejamos quieta la tasa del trabajador permanente y dábamos una señal en el sentido de incrementar la tasa del trabajador eventual a los efectos de empujar la tendencia de que las formas de contratación permanente superen las formas de contratación eventual con los las mencionados efectos positivos que genera.

Este acuerdo del Consejo de Salarios, que tenía que pasar por una Comisión que elaborara la redacción, tuvo un tránsito muy lento porque intentó abordar otros problemas que tenía la ley original. Esto significa no haber colocado ningún tipo de sanción sobre la Declaración Jurada, que es un factor sustancial, a efectos de que no se trampeen los objetivos de la ley. Me refiero a que un empresario no declare a un trabajador como permanente a efectos del aporte del Fondo de Cesantía y Retiro, cuando, de hecho, en un contrato eventual  no le genero al trabajador derecho a despido ni derecho a la tasa de aporte al Focer más alta. Entonces, intentamos alcanzar una redacción que contenga elementos que hacen al funcionamiento del Focer. Además es cierto que el acuerdo definitivo en el Consejo de Salario estuvo sometido a diversas tensiones.

El resultado es que en los primeros días de noviembre se llegó a un acuerdo. En las últimas semanas hemos tenido algunas dificultades de gestión porque se envió a la Cámara de Representantes el proyecto anterior, por eso esta semana será enviado nuevamente. En síntesis hubo un conjunto de circunstancias que demoraron el envío del proyecto acordado y en el que participó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Tenemos gran expectativa por la aprobación del proyecto y en que este no sea un componente que perturbe las relaciones laborales del sector. Asimismo, el 1% de incremento del Focer fue presentado como parte del Convenio Colectivo con fecha de inicio a enero del año próximo. Del año 2010 a la fecha hubo múltiples publicaciones del sindicato, informaciones y materiales de estudio, y todos tenemos la expectativa de que la resolución del 1% del Fondo de Cesantía tenía que cumplirse dentro de los marcos establecidos por el Convenio Colectivo, no por la mejora del porcentaje sino por ser cuidadoso con los acuerdos y contenidos de la negociación. Es evidente que estamos en el límite del tiempo.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Representantes va a comenzar a estudiar el proyecto y tengo entendido que hay consenso en dar celeridad a su tratamiento. Tanto la Cámara Empresarial como el sindicato manifestaron que no era necesario que fuéramos convocados para hablar sobre el proyecto ya que hay actas del Consejo en el que suscribimos el acuerdo y nos consta que hay gran preocupación porque la demora de la aprobación del proyecto no se transforme en un componente que complique las relaciones laborales del sector, dado que se llegó a él con muchas dificultades. Esta iniciativa tiene el valor de generar una de las primeras transformaciones estructurales. Creo que la reducción de la jornada y la compensación por días de lluvia son las iniciativas más importantes en la industria de la construcción, y favorecen enormemente las condiciones de vida de los 70.000 trabajadores vinculados directamente y los otros 70.000 que lo están indirectamente. Es una industria que mueve algo más del 10% de los trabajadores en actividad. Por eso apelamos a la sensibilidad de los señores Senadores y les pedimos que traten el proyecto -lo hicimos al final del mes pasado y hoy lo estamos repitiendo- ya sea en alguna circunstancia de levantamiento del receso o en Comisión, para que pueda ser aprobado en poco tiempo y no nos genere dificultades extras que, en definitiva, son para todos: para nosotros, como sindicato en el medio de una situación de reclamo, y para el sector, en momentos muy complejos. Tenemos claro que muchas de las decisiones de la inversión en la industria se toman en la temporada, sobre todo en el sector de la infraestructura turística. También es cierto que no es fácil administrar un contingente de miles de trabajadores que están esperando por el resultado de un Convenio Colectivo en un componente que fue acordado en esos plazos.

                Por lo tanto, apelamos a que se tenga en consideración que el tiempo de que disponemos es muy limitado. Además, hubo otra dificultad relacionada con el proyecto anterior, lo que nos generó un atraso de un par de semanas y complicó la etapa final de cierre de la iniciativa. Vale aclarar que en esto no hubo mala intención; simplemente surgió esa dificultad.

                En fin, queríamos explicar aquí los contenidos de la propuesta.

                Tenemos claro que la forma en que la industria de la construcción cedió para cimentar la estabilidad -esto nació de los actores sociales, lo que le da una sustentabilidad muy fuerte- ha sido un componente que ha contribuido enormemente a la obtención de resultados superiores -en todos los niveles en  que queramos medirlos- para la industria de la construcción y, en particular, para los trabajadores.

                Creemos que este proyecto de ley contribuirá a activar la tendencia a ir hacia formas de contratación que permitan condiciones de vida más dignas para decenas de miles de trabajadores. En última instancia, los resultados legislativos se miden verificando cuánto cambió la vida de la gente después de la aprobación legal. Esos son los puntos centrales y esta es, en suma, toda la fundamentación que hicimos cuando construimos el Fondo de Cesantía, agregándole ahora  una evaluación de resultados que comprobaron que era un instrumento eficaz para superar las formas más precarias de contratación, que después resultan en formas más precarias de vida para muchos compañeros.

SEÑOR PRESIDENTE.- Comprendido el contenido de lo expresado, deberemos abordar la parte práctica.

                El día jueves 20 de diciembre a las 13 horas tenemos previsto celebrar una sesión especial de la Comisión, siempre y cuando el proyecto que aquí se ha mencionado sea aprobado por la Cámara de Representantes e ingrese  al Senado. A su vez, está previsto que a las 15 horas del mismo día sesione el Plenario, donde podríamos solicitar el tratamiento urgente de la iniciativa. En este sentido, sería bueno que a través de Secretaría se nos hiciera llegar el convenio.

SEÑOR ANDRADE.- Aquí tenemos el proyecto que llegará en breve.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muy bien. Sería importante que tuviéramos también el convenio, dado que no va a estar presente la otra parte y algunos legisladores pueden tener interrogantes. Por eso, la idea es repartir el material rápidamente.

SEÑOR ANDRADE.- Perfecto. Hoy en la tarde acabamos de firmar un acta del Consejo de Salarios con la modificación correspondiente, dada la dificultad que se planteó con el proyecto anterior.

SEÑOR PRESIDENTE.- El material al que aludimos nos sería de gran utilidad, sobre todo porque los Senadores de otros sectores políticos podrían estar interesados en conocer todos los pormenores. Obviamos que venga la otra parte porque ya se ha llegado a un acuerdo.               Ese sería, en definitiva, nuestro aporte.

                Les agradecemos su presencia.

                No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Es la hora 17 y 19 minutos.)

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.