Retorno a página principal

Carátula

                (Ingresa a Sala la delegación de la Asociación Rural del Uruguay y de la

Federación Rural del Uruguay)

SEÑOR PRESIDENTE.-  La Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios tiene mucho gusto en recibir a los representantes de la Asociación y de la Federación Rural del Uruguay quienes han solicitado, conjuntamente, una entrevista a fin de hablar sobre el Código Minero.

SEÑOR BONICA.- Buenas tardes a todos, es un gusto estar con ustedes.        

                Entendemos que estamos haciendo honor a nuestra condición de gremialistas, arrimando visiones del sector privado sobre temas que tienen incidencia nacional. Como decía, es un gusto tener esta oportunidad y con placer venimos a trabajar junto a ustedes, haciendo llegar nuestro punto de vista.

SEÑOR SANGUINETTI.- Buenas tardes, es un gusto ver que hay gente conocida de nuestra zona.

                Venimos en nombre de la Federación Rural y representando a muchos productores de diversos lugares. Como anécdota puedo mencionar que estuve en la Sexta Sección de Rocha, que es la última zona que se ha declarado para minería, y el interés de los productores era tan grande que había 250 de ellos en una pequeña federada. Quiere decir que el tema minería mueve y preocupa mucho, por lo que dejaremos ver nuestra visión en esta conversación.

SEÑOR IRURETA GOYENA.- Agradezco el recibimiento, sin perjuicio de que las ponencias son las mismas que hemos hecho en la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes; allá no tuvimos suerte, pero esperemos tenerla aquí. En definitiva, en el proyecto de ley que cuenta con media sanción no fue recogida prácticamente ninguna de nuestras sugerencias. Sin embargo, dada nuestra condición de vascos, seguimos insistiendo porque consideramos que, por lo menos, deberían estudiarse y tomarse en cuenta aquellas que se entienda que así lo merecen.

                Quiero destacar que hemos trabajado junto con la Federación Rural y vamos a repartir nuestra postura en dos, alternando en el uso de la palabra -si el señor Presidente así lo considera- a fin de ir exponiendo aquellas modificaciones que entendamos pertinentes. Tanto el Ministerio de Industria, Energía y Minería como en el proyecto aprobado han propuesto un conjunto de normas modificativas al Código Minero. La propuesta inicial, que tiene media sanción, incorpora a la ley varias modificaciones. En términos generales -surge de la exposición de motivos que había presentado el Ministerio- los ajustes propuestos se orientaban a un mayor control del Estado sobre la actividad, aumentando la información que debe prestar la empresa minera sobre sus planes, viabilidades, proyectos y los resultados de su búsqueda. A su vez, se ajustaban los plazos para las etapas iniciales que son la prospección y la exploración, aumentándolos y haciéndolos más flexibles, lo que naturalmente no favorece la situación de los productores agropecuarios, de los superficiarios de esos predios.

                Se expresa que se procura un desarrollo más armónico con el medio rural, sin que ello se concrete, a nuestro juicio, en disposiciones que eviten los serios problemas que se han presentado específicamente ante esta “revolución” de explotación minera que estamos próximos a tener. Tanto en la legislación anterior como en la vigente no fueron consagradas, teniendo en cuenta estas grandes explotaciones, por lo que es importante hacerlo en el futuro.

                Se busca que la explotación minera sea más sustentable con el medio ambiente  y este propósito se concreta a través de disposiciones que obligan, por ejemplo, una vez culminada la prospección, la exploración o la explotación, a la recomposición del área dañada o debiendo abstenerse el minero de actos que causen impactos ambientales significativos o no liberándose cauciones al cierre de la misma mientras haya reclamaciones pendientes de dichos perjuicios, etcétera. Aquí se establece que se apruebe si hay juicios o no,  en trámite, etcétera.

                En el mismo sentido, se crea la Comisión de Seguimiento de los Grandes Proyectos integrada por representantes de toda la comunidad, gobiernos departamentales, el Estado, etcétera. Se aumenta el canon que percibe el Estado para beneficiar en un 25% del mismo a las intendencias municipales, al tiempo que el canon superficiario disminuye aunque nosotros habíamos proclamado que se aumentara.

                Se asimila al usuario con los hidrocarburos clase 1 que son de dominio exclusivo del Estado y se rebaja el canon correspondiente a los productores del tres al dos, cuando se trata de sustancias minerales metálicas.

                El sistema uruguayo actual permite que la empresa minera, por la vía de la prospección  y explotación y por el mecanismo de múltiples licencias a nombre de distintas sociedades, mantenga la disponibilidad de grandes superficies, que pueden llegar hasta las 200.000 hectáreas, por plazos prolongados y que podrán eventualmente ser objeto de explotación, aunque en fracciones menores.

                Como han expresado con razón los productores -algunos de ellos han concurrido a esta Comisión e, incluso, mañana se va a realizar un acto en los alrededores- tanto en las gremiales como en la prensa, han sido afectados por esta situación y todo eso conlleva a la desvalorización automática de las tierras. A los superficiarios les es imposible enajenarlas, arrendarlas, dar en garantía de préstamos, forestarlas ni hacer inversiones de forraje, agua, subdivisiones, etcétera. Con estos permisos se ven limitados en todos estos tipos de actividades o enajenaciones. No obstante, el propietario continúa pagando impuestos nacionales, departamentales, etcétera.

                La minería a cielo abierto es nueva para nosotros en la dimensión que se va a llevar a cabo y no en otras chicas que sí conocemos; basta recorrer la Ruta 5 y ver los pozos que han dejado las canteras hace muchos años. Estas mineras con grandes excavaciones y con movimiento de tierra  y la llamada creación de escombreras desarrollan una actividad que por su propia naturaleza es sumamente agresiva con el medio ambiente. Los terrenos abandonados quedan degradados, pasibles de muy poco aprovechamiento; se contamina el aire y el agua no solo de ese lugar sino de afluentes.

                Si bien el artículo 65 determina que no se puedan desarrollar actividades o labores mineras en lugares no cultivados o en una distancia menor de 40 metros de un edificio, de caminos públicos, de abrevaderos de agua, etcétera, la DINAMIGE hoy lo permite en aquellos casos que sean indispensables. Los permisos de prospección hoy tienen un duración de hasta veinticuatro meses, pudiendo prorrogarse con un límite de doce meses, previa liberación de un 50%. Pero la norma que tiene media sanción ya estableció un aumento, en contra de lo que preveíamos que era una disminución del tiempo. De alguna forma, todos esos problemas que tenía el productor se multiplican en la medida en que los permisos sean extensibles. Si a esos plazos les agregamos el permiso de exploración cuya duración también se piensa aumentar por tres veces el período de un año, podremos imaginar qué ocurre con ese productor afectado. Pero no solamente hay que tener en cuenta al productor afectado, sino también a los linderos, porque en estas situaciones importantes va a incidir mucho la problemática de los predios de la cuenca.

                Como se sabe, no existe en la zona un yacimiento de mineral, sino varios de menor tamaño que se encuentran en determinados departamentos. Se ha dicho que cada yacimiento puede tener una superficie de 100 a 200 hectáreas y, por ejemplo, 300 metros de profundidad, con las consiguientes explosiones, perforaciones, instalación de ductos, tránsito permanente de maquinaria pesada y camiones, etcétera, que eso representa. Entendemos que todo esto hace imposible una explotación agropecuaria racional, no solo en las áreas afectadas, sino también -como dije- en las áreas de influencia. ¿Cómo se compensan hoy esos daños? El propio Código de Minería vigente establece los cánones, no solamente en lo que tiene que ver con la servidumbre, sino con la explotación. Se establece que la servidumbre, el estudio de paso y la ocupación se compensan medianamente con el pago al propietario de un arrendamiento de valor normal para la zona. Entendemos que esto debería ampliarse, sobre todo cuando se extienden los plazos de prospección. Si hay explotación, se determinó el canon de 3% ó 5%, pero para el caso de las sustancias minerales metálicas, en la reforma que está aprobada se fijó una rebaja al 2%. Por otro lado, en el caso del propietario que opta por la venta de los campos o si se hace una expropiación, el precio será también el que indique el mercado para la venta de campos similares en la zona, sin tener en cuenta los yacimientos encontrados abajo. En conclusión, tanto la Asociación Rural como la Federación Rural opina que la reforma propuesta que tiene media sanción, aunque contiene algún aspecto positivo, especialmente en lo que respecta al cuidado del medioambiente, tema que debe interesarnos a todos, tendrá, a nuestro juicio, poca significación para los productores rurales, superficiarios y áreas de influencia, no dando adecuada solución a los problemas que se han venido suscitando y que mucho preocupan. No es fácil, sin dudas, compatibilizar una explotación, una actividad de superficie con leyes, daños materiales y ambientales, etcétera, y tampoco con la teórica recomposición de áreas dañadas después de años de ocupación, grandes excavaciones y servidumbres. No parece que se compense a quien haya debido abandonar total o parcialmente la actividad agropecuaria y tampoco parece que la retención de garantías que se establece en las reformas disminuya los riesgos de los productores.

SEÑOR BONICA.- Quiero resumir un poco las ideas que vienen siendo expuestas a fin de que se entiendan bien desde el punto de vista político. No nos oponemos a nuevas inversiones en el país; por el contrario, pensamos que son de recibo, pero debemos maximizar sus beneficios y minimizar los daños que toda actividad implica. Entonces, más allá del espíritu de la ley, sabemos que hay formas de hacerle pequeñas trampas y ese es un tema que nos preocupa. Los plazos, en definitiva, preocupan y afectan, porque en ese aspecto se va generando un daño que, al momento de resarcirlo, se establecen valores que no se condicen con el perjuicio producido.

SEÑOR IRURETA GOYENA.- Nos preocupa el futuro, porque hoy, frente a estos grandes emprendimientos, inversiones y ocupación laboral -lo que es bueno para el país- las gremiales debemos mirar hacia adelante y una vez que estas minas dejen de ser rentables o se acaben los yacimientos, llegará la problemática y no vamos a estar pensando en lo lindo de las inversiones, porque ya las habremos recogido y vamos a estar buscando soluciones a esos problemas y que esas tierras vuelvan a su estado natural. ¿Qué pasará con la acumulación de residuos tóxicos y de aguas ácidas? Difícilmente se pueda devolver al suelo su estructura original. Ya sabemos cuánto tiempo es necesario para que un tapiz de suelo se recomponga; dicen que se necesita más de cien años. No se va a poder reconstruir la cadena productiva, por lo que habrá que buscar las soluciones o tratar de minimizar los riesgos. Si bien nosotros con la Federación tenemos algunas ideas y propuestas, ahora voy a dar lugar a la doctora Maldonado para que haga su disertación y, después, en todo caso, seguimos.

SEÑORA MALDONADO.- En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión por habernos recibido.

                En segundo término, quiero decirles que voy a hacer una puntualización un poco más específica, teniendo en cuenta que el proyecto ya ha sido aprobado en la Cámara de Representantes; además, voy a realizar algunas sugerencias artículo por artículo.

                Comienzo por el artículo 1º que hace referencia a las modificaciones propuestas para el artículo 16 del Código de Minería vigente. Ahí tenemos una interrogante: ¿por qué la derogación de la última parte que dice “por autorización fundada de la Dirección Nacional de Minería y Geología, la extracción de muestras de sustancias minerales podrá efectuarse mediante perforaciones siempre y cuando ella fuera indispensable y con vista previa al superficiario por el término de diez días hábiles”? En la aprobación esto se suprime. Esta pregunta también la formulamos en la Cámara de Representantes  y no entendimos por qué se suprimía. Desde nuestro punto de vista habría menos garantías en el caso de quitar esta redacción.

El artículo 4º propone modificaciones al artículo 32 del Código de Minería y se agrega la siguiente redacción: “sin requerir vista previa al superficiario”, haciendo referencia al otorgamiento de las servidumbres de estudio. Con respecto a ello debemos decir que tal limitación es contraria a los principios del debido proceso consagrado en la Constitución y en tratados internacionales compartidos por la profusa jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Creo que con respecto a esto no hay mucho más para agregar. También debemos tener en cuenta la definición que hoy tenemos a través del artículo 36 de la Ley Nº 18.308 sobre ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, del 18 de junio de 2008 que dice: “El propietario de un inmueble, privado o fiscal, podrá conceder a otro el derecho de superficie de su suelo, por un tiempo determinado, en forma gratuita u onerosa, mediante escritura pública registrada y subsiguiente tradición. El derecho de superficie es el derecho real limitado sobre un inmueble ajeno que atribuye temporalmente parte o la totalidad de la propiedad y comprende el derecho a utilizar el bien según las disposiciones generales de la legislación aplicable y dentro del marco de los instrumentos de ordenamiento territorial y conforme al contrato respectivo. El titular del derecho de superficie tendrá respecto al bien objeto del mismo iguales derechos y obligaciones que el propietario del inmueble respecto de éste”. Nos parecía que al leer las modificaciones debíamos tener en cuenta el Código hoy vigente porque se utiliza el término  “propietario superficiario” y a veces confunde.

                También nos preguntamos por qué, en aras de ofrecer mayores garantías a los propietarios de los inmuebles, se modifica el artículo 33 que hoy dice “domicilio denunciado por el gestionante” con respecto a las notificaciones que se deben realizar. Al mantenerse esta redacción consideramos que se siguen afectando las garantías del debido proceso como ya lo expresamos anteriormente.

SEÑOR BORDABERRY.- La doctora hizo referencia al artículo 33 y me parece que es el 32.

SEÑORA MALDONADO.- Puede ser que haya cometido un error. En un principio hice referencia al artículo 32 y en esta última instancia hice referencia al 33.

                El artículo 5º propone modificaciones para el artículo 45 del Código vigente. Aquí se pretenden modificar los cánones que antes eran del 2% para el Estado y del 3% para el propietario. Con las modificaciones a introducir pasarían a ser del 2% para el propietario y del 3% para el Estado. En nuestra primera intervención ante la Cámara de Representantes manifestamos que no compartimos estos criterios. Además, no se considera a los predios linderos, tal como lo expresó el doctor Irureta Goyena.

                El artículo 6º refiere a las modificaciones que se pretenden introducir al artículo 59. Consideramos que se deben tomar en cuenta para la caducidad del título minero, las violaciones a otras normas vigentes en materia de medio ambiente y de ordenamiento territorial.

                El artículo 7º propone modificaciones al literal b) del artículo 63, referido al plan de inversiones y el estudio de su viabilidad. A este respecto, nos hemos preguntado a qué refiere el término “viabilidad”, porque se puede entender que del texto se desprende que está referido exclusivamente a la viabilidad económica del proyecto. Esta es una de las interrogantes que nos hemos formulado, porque no nos queda claro si se alude exclusivamente a la viabilidad económica o a la viabilidad en un sentido amplio en el que se puede considerar el tema del desarrollo sostenible, entre otros.

                Por el artículo 8º se propone agregar al artículo 63, el siguiente literal: “g) Acreditar la obtención de las autorizaciones ambientales, conforme a la normativa vigente”. En nuestra comparecencia ante la Comisión de la Cámara de Representantes destacamos la incorporación de este literal e hicimos mucho hincapié en la protección del medio ambiente. Actualmente, el tema de la explotación minera involucra todo lo relacionado con el ordenamiento territorial, desarrollo sostenible, etcétera. Sobre este aspecto deberíamos conversar con las autoridades de las Intendencias Municipales por las competencias que les puedan caber a cada una de ellas.

                Asimismo, no podemos olvidar que la Ley General de Protección del Medio Ambiente define el desarrollo sostenible como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.

                En el artículo 14 se hace referencia a las modificaciones a introducirse en el artículo 86, particularmente, en lo que hace a la etapa de prospección. En lo referente a la falta de vista previa al superficiario, reiteramos las observaciones ya expuestas.

                El artículo 15 propone modificar el artículo 87 del Código vigente. En este sentido, hemos expresado nuestro desacuerdo con la modificación de los plazos por los cuales se otorga el permiso, así como también con los de las prórrogas, por entender que ello es perjudicial para el propietario.

                En el inciso final de esta disposición se otorga mucha discrecionalidad a la Dirección Nacional de Minería y Geología y, por otro lado, se propone suprimir el plazo de 6 meses para otorgar la suspensión. Cabe aclarar que en esta instancia tampoco se da intervención al superficiario en lo que a vista y demás refiere. Consideramos que al no establecer un plazo por el que se pueda otorgar esa suspensión, se podría estar yendo contra los plazos que están determinados en el propio Código.

                Por el artículo 19 se propone introducir modificaciones al artículo 94. Aquí no se establece hasta cuándo puede ser la excepción otorgada por el Poder Ejecutivo con referencia a la extensión de la superficie afectada, así como tampoco se comparte la extensión de los plazos y sus prórrogas. Para ello se aplica el mismo fundamento que acabamos de expresar para el artículo anterior.

                En el último inciso de la norma reiteramos el tema de la prórroga de plazos, porque no sabemos por cuánto tiempo se puede dar la suspensión.

SEÑOR BORDABERRY.- En el inciso final del artículo 19 se estaba hablando de la suspensión por razones justificadas y, si no entendí mal, se hace la misma crítica, es decir, que no existe plazo para la suspensión, pero creo recordar bien que el plazo de suspensión vigente es de 6 meses.

SEÑORA MALDONADO.- Así es, señor Senador. Esa fue la razón por la que no leí el material que tengo escrito, sino que simplemente hice referencia a lo que había dicho anteriormente respecto a los 6 meses, como así también a la forma en que se puede ir contra los plazos establecidos en la propia ley.

                El artículo 21 hace referencia a las modificaciones propuestas para el artículo 98 del Código vigente. En este sentido, festejamos que se agregue la vista previa en cuanto a las garantías que se ofrecen. A su vez, nos preguntamos cuál sería el argumento para no incluir la vista previa en la prospección.

                El artículo 22 se refiere a las modificaciones que se pretenden para el artículo 100 del Código vigente. En su numeral 3), literal l) deberíamos considerar el agregado de que la garantía no se podrá liberar hasta tanto recibir informe previo de la DINAMA.

                El artículo 24 hace referencia al artículo 123 del Código vigente. En la redacción de este artículo deberíamos incorporar la intervención previa de la DINAMA cuando corresponda. Se refiere a las competencias del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

                En lo que respecta al ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, así como al medio ambiente, reiteramos lo que expusimos en su momento en la Comisión correspondiente de la Cámara de Representantes, sobre si estamos preparados en lo que respecta a la infraestructura destinada a proyectos de gran envergadura, para los controles que se deben realizar y demás aspectos. También en lo que refiere a en qué medida se está cumpliendo con esa ley por parte de todos, es decir, por  las Intendencias y el Poder Ejecutivo, entre otros.

Por mi parte, aquí finalizo mi exposición. Si los señores Senadores lo permiten, el doctor Irureta Goyena culminará con las conclusiones.

SEÑOR IRURETA GOYENA.- Vamos a dar algunas ideas para ver si pueden ser incorporadas a estas modificaciones, si bien sabemos que no hay soluciones fáciles en esta temática, más cuando en un mismo predio coexistirán dos explotaciones que son incompatibles. Eso no es fácil, y les deseo la mayor de las suertes.

                La filosofía del Legislador, manifestada a través de este Código -y actualmente también- fue la de otorgar preeminencia a la actividad minera sobre la agropecuaria, calificando a la primera de ellas de utilidad pública. El Catedrático de Derecho Procesal y Derecho Agrario, doctor Adolfo Gelsi Bidart -quien fue asesor de nuestra gremial durante muchos años- decía que el Legislador, a través del Código de Minería optó por prevalecer los derechos del empresario minero sobre los del empresario productor, violando de esta manera el principio de igualdad de las personas ante la ley y la protección acordada a todo trabajo y no a uno por encima del otro. Pero aunque la ley no lo diga, la actividad agropecuaria, en cualquiera de sus manifestaciones, no solo es de utilidad pública, sino de primordial interés nacional. Se trata de un sector perteneciente a la esencia de la nación, principal sustento económico y social de la misma.

                La minería es una explotación temporal y extractiva, mientras que la agropecuaria es permanente y basada en ciclos biológicos. Esta distinción lleva a que sus titulares tengan diferentes visiones en cuanto al manejo del predio y a la conservación de su entorno.

                En procura de racionalizar y equilibrar, en alguna medida, la relación de la empresa minera con el productor rural superficiario es que formulamos las ideas que venimos a desarrollar.

                Para el caso de la indemnización al superficiario por concepto de servidumbres -tratándose de las de paso, de ocupación y aun las de estudio, que supone en alguna medida la imposibilidad de usar y gozar de todo o parte del inmueble o daños al mismo y a sus mejoras- se propone aumentar considerablemente su monto, tomando, por ejemplo, el doble o el triple del arrendamiento normal para la zona. Me estoy refiriendo al artículo 36, numeral 1); solución recogida en el Derecho francés.

                Se deberá proceder de igual modo en materia de valores en el caso de que el productor superficiario tome la opción de que la empresa minera le adquiera su predio -literal c), artículo 28- o se le expropie el mismo.

Si no se ponen de acuerdo, según la normativa vigente, se recurre al procedimiento previsto para las expropiaciones, basándose en el precio del mercado. Entendemos que debajo de ese terreno hay una explotación minera y, más allá de todos los trastornos, a veces el productor no quiere abandonar el lugar porque vive en él o porque considera que esos son sus pagos, etcétera. Debe tenerse presente, además, que estos predios -como dijimos- son su hogar, por lo cual no quieren vender ni arrendar,  no quieren mudarse.

                Entonces, estamos frente a una expropiación con destino a una obra que no necesariamente es de vital transcendencia nacional;  por el contrario, es el otorgamiento de una concesión para un fin puramente comercial. Esto va de la mano con lo que señalé hace un rato en cuanto a que aquí hay dos empresarios en pugna.

                Se debe tener en cuenta que la mayoría de las veces la actividad minera es desarrollada por grandes empresas multinacionales, que invierten miles de millones de dólares y que amparan su actividad económica y su inversión en exoneraciones fiscales, como la utilización de zonas francas, entre otros recursos. Igualmente pensamos que una parte del canon de explotación, que corresponde al productor, debiera aumentarse y no disminuirse, tal como plantea el proyecto de ley que ya cuenta con media sanción.

                Con respecto a la servidumbre de estudio que se otorga junto con el permiso de prospección, parece conveniente, en principio, dar vista al productor de que se ha formulado la petición y recién después de sustanciada, otorgar -si correspondiere- el permiso de prospección. Entendemos que esto debería ser precedido de una inspección ocular por parte del Juez de Paz, por lo menos para tomar fotografías del lugar antes de iniciarse los trabajos.

                Asimismo, debería disminuirse prudentemente las áreas y los plazos en los casos de las operaciones de prospección y exploración, al contrario de lo que se aprobó en la Cámara de Representantes.

                Cabe recordar que según el Código de Minería -sin perjuicio de que esto es algo que se consideraba inconstitucional, aunque no es el tema que estamos analizando- debería exonerarse de tributos a los establecimientos afectados. La cesión de las concesiones para explotar deberá ser notificada previamente al titular del predio, quien tendría derecho de preferencia, además de la autorización de la autoridad minera.

                Por otro lado, deberían exigirse garantías importantes, no solo por los perjuicios al propietario, sino también por los efectos de la recomposición del medio ambiente. El minero deberá indemnizar por todos los daños y perjuicios que se originen en su actividad, aun aquellos provenientes de casos fortuitos o de fuerza mayor.

                Proponemos que el Estado debería ser garante subsidiario, de modo que el infortunio de la empresa minera, su desinterés o desaparición, no perjudique al superficiario. 

                Las servidumbres de paso deberían regirse por las normas del Código Civil -punto menos perjudicial al predio sirviente- exceptuándose las casas, patios, corrales, etcétera.

                El plazo  para evacuar las vistas -en aquellas oportunidades en que se da la vista y en aquellas en que tendría que darse, como recién mencionó la doctora Maldonado- debiera aumentarse, siendo de, por lo menos, sesenta días prorrogables, pues será necesario contratar y pagar servicios profesionales, como los de ingenieros, abogados, técnicos que realizan estudios de esta naturaleza, y demás.

                No se deberán admitir denuncias de superficies exageradas; las prospecciones debieran ser de hasta 50.000 hectáreas; las exploraciones, de hasta 500 hectáreas, y las explotaciones, de hasta 200 hectáreas. En caso de excederse, deberían caducar los permisos, también cuando se  denuncie en demasía, a nombre propio o por interpósita persona.

                Entendemos que además debería establecerse un régimen de salvaguardia o excepciones; por ejemplo, no admitir permisos mineros en inmuebles de altos índices de productividad o con grandes mejoramientos ya radicados en los establecimientos, o en los inmuebles de productores pequeños o medianos que viven con su familia.

                La solicitud de prospección y la servidumbre de estudio deberían ser precedidas -como dijimos recién- por una inspección de un Juez de Paz y de las partes, incluidas DINAMIGE y DINAMA. Debería utilizarse la vía judicial como norma para la realización de todos los procedimientos mineros. En el caso de las empresas mineras bajo sociedades anónimas con acciones al portador, deberán adoptarse los máximos controles sobre titularidad para evitar la violación de los artículos 94, 99 y 103 del Código de Minería sobre las superficies máximas. También se propone que el propietario tenga acción ejecutiva para cobrar directamente su parte del canon de producción en el caso de retrasos -porque los hay y son muy habituales- y que los permisos de prospección no puedan ser cedidos ni arrendados, a no ser que se dé la opción al predio en que se otorga. También estimamos que las servidumbres mineras deberían ser declaradas judicialmente.

                Estas son algunas de nuestras ideas. De todas formas, entregaremos la documentación a la Comisión para que los señores Senadores puedan repasar lo que aquí se ha tratado. También tenemos material de otros países sobre minas a cielo abierto aunque, como es sabido, en nuestro país no es común ese tipo de explotación.

                Quedamos a la orden para cualquier consulta.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Agradeceríamos que nos entregaran esos materiales y lo que mencionaron los doctores Maldonado e Irureta Goyena para que sea estudiado, porque a partir del 1º de junio la Comisión comenzará a votar el proyecto de ley.

SEÑOR SANGUINETTI.- Quería brindar una visión un poco más general de todo esto. Realmente, las personas de campo tenemos una formación muy natural -aunque no lo parezca- porque convivimos permanentemente con la naturaleza. Sabemos lo que ella da y lo que no da, y también conocemos los límites que nos pone todo el tiempo.

                Todos sabemos que en 2008 y 2009 Uruguay sufrió una de las peores sequías; las vacas no solo morían por falta de pasto, sino también por falta de agua o por beber agua contaminada. En nuestra zona la sequía fue muy dura: vimos vacas que tomaban agua y a las dos horas se morían porque estaba contaminada. Digo todo esto porque no me opongo a las mineras,  pero estas cosas nos dejan descolocados, precisamente, porque no las conocemos. Un amigo tiene un campo junto a la Minera San Gregorio y nos contaba que al lado de sus aguadas están las piletas llenas de residuos, con agua y mercurio. Nos decía que aparentemente todo está muy bien armado y planificado, por lo que hasta ahora nunca hubo un derrame; pero no quiero imaginar que un día eso pueda suceder. Mi padre era agrónomo y siempre me decía que no me preocupara porque el hierro no contamina. No le tengo tanto miedo a la contaminación por derrame de agua con hierro, sino a lo que pueda pasar cuando empiece a haber arrastres, cuando todo vaya a ir directamente a las aguadas y cañadas y se tapen las aguadas de alrededor. Todos sabemos dónde está ubicado el gran yacimiento de hierro en Valentines: las aguas caen  hacia la Laguna Merín y  hacia el Río Negro.

                Esta situación nos preocupa sobremanera y no solo a corto plazo, porque vemos que en el mundo los países no tienen agua, la tienen que comprar. Creo que estamos frente a algo que, por lo menos para los uruguayos, es realmente desconocido y tendrán que legislar sobre eso. En mi opinión, sería bueno que ustedes fueran a recorrer algunas minas de Brasil y Argentina y  vieran qué es lo que ha pasado con el medio ambiente y lo que se ha hecho después de terminada la mina. Un amigo me decía que en Brasil están obligadas a tapar los agujeros con  tierra por encima, para que de a poco el campo vuelva a ser lo que era.

                Debemos pensar en todas las posibilidades para que dentro de treinta años no tengamos que decir: “¡Qué macanazo nos mandamos al haber hecho minería en  Uruguay!”.

                Días pasados estuvimos en una asociación federada de la Federación Rural y, sabiendo que Rocha es una zona muy baja e inundable, pregunté a algunos productores allí presentes si ese lugar se anegaba. Ellos respondieron: “Acá se inunda todo”. Hay que tener presente que esa agua desemboca en la Laguna Merín y que una cantidad de padrones estaban declarados para la explotación minera. Imaginemos qué pasará con los residuos y lo que quede de la minera cuando haya una gran inundación. Apelo a que se tome conciencia de lo que ocurrirá a largo plazo.

                Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR BONICA.- Simplemente, quiero resaltar que hemos concurrido representantes de dos gremiales, porque es bueno que eso suceda. Posiblemente se haya advertido algún perfil un poco distinto y es lógico que así sea, pero es positivo que en grandes temas tengamos muchos puntos en común. Queremos que los señores Senadores lo valoren, porque no siempre es fácil que los uruguayos nos pongamos de acuerdo. Por lo tanto, cuando aparecemos en conjunto, queremos que se tome nota de ello.

SEÑOR IRURETA GOYENA.- No sé si sería fácil que la idea que se me ocurrió cuando venía al Parlamento fuera contemplada en un código, pero creo que no está de más plantearla porque, de pronto, es recogida en algún lado.

                En este tipo de actividades que están próximas a desarrollarse, quizás habría que ir despacio porque todos estamos innovando, tomar los tiempos para cuidar el medio ambiente y ver “cómo se van acomodando los zapallos en la carreta”. Hago esta puntualización porque si se pone en marcha todo el proceso en conjunto y se toma un camino errado, no será fácil dar vuelta atrás. Entonces, insisto en que habría que elaborar normas para contemplar esos aspectos.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión agradece la comparecencia de los representantes de la Asociación Rural del Uruguay y de la Federación Rural, con quienes nos mantendremos en contacto en caso de que sea necesario hacerles alguna consulta.

SEÑOR BONICA.- Los agradecidos somos nosotros.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se levanta la sesión.

                (Así se hace. Es la hora 17 y 43 minutos.)

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.