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Carátula

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 11 minutos)

                La Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de la Cámara de Senadores continúa con el tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto Nacional, Período 2010-2014.

                En la tarde de hoy damos la bienvenida al señor Ministro de Relaciones Exteriores y a sus asesores, quienes han concurrido a los efectos de considerar el Inciso 06, Ministerio de Relaciones Exteriores.

Como es habitual, está previsto que en una primera instancia el señor Ministro realice consideraciones generales, luego daremos la palabra a los señores Senadores y finalmente se podrá hacer un tratamiento artículo por artículo.

SEÑOR MINISTRO.- Vamos a efectuar una fundamentación general sobre el proyecto de ley de Presupuesto Nacional presentado para el Inciso 06, Ministerio de Relaciones Exteriores.

                Las principales consideraciones que debemos abordar se vinculan, fundamentalmente, con la ampliación muy significativa y sistemática en el ámbito de las relaciones internacionales de nuestro país, tanto en términos de foros, de actores, de instancias que deben ser atendidas, como en cuanto a la diversidad de los temas  involucrados, que revisten una creciente complejidad. Solamente tomando en cuenta los  veinte años de vida del MERCOSUR,  podemos advertir que llegamos a una enorme cantidad de órganos –estos suman más de doscientos– que tienen que ver con grupos de alto nivel, grupos de trabajo, grupos ad hoc, comités técnicos, reuniones especializadas y reuniones de Ministros, entre otros.

                En los foros regionales de los que Uruguay forma parte tenemos intereses políticos y económicos muy importantes. Muchos de estos foros son nuevos, como por ejemplo, el de la UNASUR y las Cumbres de Jefes de Estado en diversas integraciones.

                En suma, se ha producido una diversificación de las relaciones bilaterales y una participación muy activa en los foros multilaterales. Desde los años setenta hasta ahora la agenda de Medio Ambiente –por nombrar solo una– se ha multiplicado en cuanto a la diversidad de temas que aborda, y lo mismo ocurre con la de Comercio. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene la misma cantidad de funcionarios que en esa época y  menos aún que en los años 90. En consecuencia, cada vez es más difícil hacer un seguimiento puntual en cuanto a asistir a las reuniones; ni que hablar de trabajar en ellas y generar, a partir de esas negociaciones, resultados concretos en los distintos temas que actualmente aborda la agenda internacional del país, que van desde el transporte y la logística, hasta el turismo, el medio ambiente, los servicios financieros, los derechos de propiedad intelectual, y podríamos agregar muchos más. Por lo tanto, tenemos una agenda cada vez más amplia y más compleja.

En ese contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que cumple con los objetivos estratégicos que se plantea el país en la inserción internacional,  en lo que a crecimiento económico refiere, debe defender algunos de los puntos más importantes como, por ejemplo, el comercio exterior, las exportaciones y la atracción de inversiones.

Asimismo, tenemos que asegurar que la dotación de recursos acompañe ese crecimiento de trabajo dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores.

                A continuación, voy a referirme a algunos datos de la realidad. En el año 1991, en el ámbito del Servicio Exterior había un total de 297 funcionarios y, en lo que a Hacienda respecta, actualmente hay 274 funcionarios.

La evolución de los recursos presupuestales ejecutados por este Ministerio, medidos en dólares constantes, muestra una disminución del 9% con relación al promedio del período 1994-1999.

Las inversiones de todo el Ministerio han comprendido, en los últimos veinte años, un 1% del total ejecutado por el Inciso. El propio Estatuto del Servicio Exterior y las remuneraciones en Montevideo determinan una elevada rotación de funcionarios en la capital, que impide la constitución de un cuerpo de apoyo estable y permanente en la sede central. En función de ello, estamos elaborando propuestas concretas en materia de recursos humanos para la Cancillería, de forma tal de alcanzar mayores niveles de especialización, procurar un sostenido nivel de capacitación y  fortalecer el Instituto Artigas del Servicio Exterior.

Además, pretendemos dotar de recursos materiales para la adecuación de la infraestructura del Ministerio, particularmente en lo que tiene que ver con la infraestructura informática y los sistemas de información. A modo de ejemplo, puedo decir que durante mi permanencia en la misión en China, el servidor del Ministerio de Relaciones Exteriores colapsó en cuatro o cinco oportunidades lo cual, obviamente, generó dificultades en su funcionamiento porque, como se sabe, es el encargado de transferir y gestionar información, y actuar sobre la base de los hechos que ocurren en el exterior.  En definitiva, necesitamos fortalecer tanto este rubro como el de gestión de nuestros funcionarios de forma tal de superar los criterios decimonónicos que se han manejado hasta la fecha.

La coordinación interinstitucional en temas de comercio exterior, política exterior y las relaciones internacionales, constituye también un punto clave para el Ministerio.  Durante la Administración anterior se creó la Comisión Interministerial de Asuntos de Comercio Exterior a efectos de evitar la duplicación de esfuerzos o la falta de atención en algunos temas, así como también la superposición de competencias. Si bien esto ha arrojado un resultado muy positivo, es necesario fortalecer a dicha Comisión con la figura de un Secretario Ejecutivo para poder dar continuidad a los trabajos que lleva adelante.

El Ministerio de Relaciones Exteriores desempeña un papel imprescindible e insustituible en lo que a inserción económica internacional de nuestro país refiere, fundamentalmente en la promoción de exportaciones de bienes y servicios y en la atracción de inversiones.

Entre los objetivos que nos hemos trazado para este quinquenio figuran la implementación de una plataforma nacional de inteligencia comercial que permita, a través de una red de comunicación a nivel de capital y de las Embajadas en el exterior, prestar servicios de información específica; la constitución de una gestión sistemática y profesional de la imagen país, y la asunción de la centralidad del Ministerio en la gestión del sistema consolidado de datos de comercio exterior, a través del Programa de Apoyo a la Gestión del Comercio Exterior.

También en el Ministerio tenemos que trabajar en los temas de controversias internacionales, aspecto cada vez más importante en las relaciones que tiene que afrontar el país en la arena internacional.

                Como señalamos anteriormente, queremos trabajar más a fondo sobre los programas de capacitación  continua para que los funcionarios –cualquiera sea el escalafón al que pertenezcan–  tengan la posibilidad de fortalecer sus capacidades.

                En otro orden de cosas, voy a señalar que el Ministerio de alguna manera  se ha debilitado en áreas que requieren una especialización muy fuerte, como, por ejemplo, en los temas de comercio exterior, de medio ambiente o en temas políticos  puntuales. Insisto en que es necesario  que también se alcancen niveles de especialización en cuanto al conocimiento de los países para afirmar las relaciones bilaterales. Informo a los señores Senadores que el articulado que hemos propuesto gira en torno a los puntos que hemos reseñado. Concretamente, se apunta a fortalecer  la carrera en el mediano y largo plazo, así como también nuestra presencia en el exterior, mejorar la capacitación e idoneidad de los funcionarios, tratando de que puedan alcanzar los niveles de especialización requeridos. Además, se tratará de defender y hacer más fuerte la infraestructura que se requiere para llevar adelante la tarea, así como también buscaremos lograr el apoyo material para poder desempeñar debidamente  la gestión.

                Esta sería la fundamentación general y, por el momento, creo que dejaría por acá mi exposición.

SEÑOR HEBER.- Antes de ingresar al articulado, quisiera hacer unas consideraciones de carácter general. Este sería un nuevo intento porque en el pasado he hecho este planteamiento y no me ha ido bien. De todas maneras, tengo la ilusión de que en el presente me vaya mejor. Digo esto porque he planteado reflexiones como ésta a Ministros de Relaciones Exteriores pertenecientes a mi partido –no hablo de un tema partidario–  así como también he hecho lo propio con otros, pertenecientes a la Administración anterior y también a Ministros del Partido Colorado. Insisto en que esta reflexión la he hecho con todos los Ministros y me parece  que es importante aunque sé que los asuntos urgentes son los que llevan la mayor atención y por tal razón no nos detenemos a analizar qué es lo que necesitamos. Siempre he pedido que me explicaran –porque me daría vergüenza que mañana un periodista me lo preguntara y yo no lo supiera– cuál es el ideal de proyección que el país debe tener en un mundo como en el que hoy estamos viviendo. Con esto no estoy preguntando únicamente en qué países debemos tener las Misiones, sino también  cuál sería la dotación técnica ideal con la que deberíamos contar para  poder determinar dónde deberíamos tener representación, aunque sea como  objetivo a largo plazo. Me gustaría que el señor Ministro –la gente que sabe sobre el tema, los diplomáticos, sobre todo el Canciller que ha desarrollado la carrera diplomática– explicara e ilustrara a quienes no tenemos experiencia en la materia –que simplemente trabajamos en esta Casa y votamos recursos–  sobre cuál es la necesidad que existe de que haya misiones de nuestro país en el exterior y qué dotación ideal deberíamos tener en cada una de ellas, de modo tal de poder determinar cuán lejos estamos de ese ideal y cómo podemos avanzar, tanto en los presupuestos como en las rendiciones de cuentas, para alcanzar ese objetivo; después se librará la discusión del articulado y de los recursos. En particular, no soy partidario de recortar misiones en el exterior, a no ser que no tengan ningún tipo de justificación política, económica o comercial. Lamentablemente, esa visión sobre el tema nunca la he logrado.

Quizás el Instituto Artigas tenga cosas por hacer. Me refiero a un elemento objetivo como decir qué es lo que el país necesita, si una representación en Asia o África, con determinada dotación; si es política, naturalmente, no tendrá una infraestructura importante y si es comercial, seguramente, sí. ¿Cuál es la duda que surge, muchas veces, en el transcurso de los años? Nos da la sensación de que el Ministerio, en lo que tiene que ver con la forma de designación de las misiones, está procurando contemplar lo que pueden ser las satisfacciones personales de algún diplomático y no necesariamente las necesidades del país. Quizás esté equivocado, pero muchas veces recuerdo el viejo dicho, hasta gracioso, de alguien a quien propusieron ir como Embajador a Bolivia, y dijo: “A Bolivia, ni de Rey”. Yo pienso que esa posibilidad no puede existir. Nosotros debemos pagar bien a nuestro Servicio Exterior a los efectos de que la persona no tenga la opción de negarse, ya que el país necesita de esa misión y de esa persona en ese lugar.

                Dejo planteado este tema y aclaro que no pretendo que el señor Ministro responda a estas inquietudes el día de hoy, sino que en algún momento en los próximos cinco años, en  que encontremos un poco de paz –a veces eso no se logra–  podamos saber, como Senadores de la República, qué mundo tenemos y en cuál debemos estar proyectados.

                Por otra parte, quiero hacer otra consideración de carácter general. Me preocupa mucho la necesidad de los diplomáticos en el Uruguay de buscar, con desesperación –durante esos dos años que deben permanecer estatutariamente– un destino en el exterior  debido a los bajos salarios que se pagan en nuestro país. Y digo que me preocupa, porque hay determinadas misiones y necesidades de negociación que deben ser permanentes y que no pueden tener esa alta rotación. Sin embargo, cada dos años cambiamos los negociadores. El señor Ministro podrá decir ahora quién es el actual Director para el Mercado Común, pero seguramente es una persona clave en cuanto al seguimiento de las negociaciones que tenemos en la región. Por lo tanto, en lo personal no sé si no sería conveniente hacer un esfuerzo presupuestal para que el Director de Política Exterior y los negociadores no se vean tentados a buscar una solución en el exterior y, así,  mejorar su salario. Creo que su salario no alcanza a los $ 40.000 en el país, por lo que hay un abismo entre las retribuciones que se pagan aquí y las del exterior.  Considero que hay posiciones claves de carrera –subrayo, de carrera– que deben ser mucho mejor pagas. En este sentido, estaría dispuesto a levantar mi mano para votar un aumento económico de los recursos del Ministerio, a efectos de que personas que han sido buenas negociadoras y, por tanto, son necesarias para los intereses del país, continúen en su misión.

                Estas son consideraciones de carácter general, que quería hacer antes de ingresar al tratamiento del articulado sobre el cual, seguramente, tengamos muchas preguntas para hacer. Se ha dicho que se apunta a la profesionalidad y, en ese sentido, me parece muy bien lo que dice el señor Ministro; sin embargo, esto no lo veo reflejado en el articulado. Si bien tenemos 45 días para estudiar el Presupuesto, terminamos hablando de los recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores y luego no tenemos tiempo para volver a discutir estos temas con el señor Ministro. Quizás lo podamos hacer, en algún momento, en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

Quizás allí tengamos tiempo de discutir los temas que realmente aporten la  información relevante en estos aspectos. No sé cuánta gente está trabajando hoy en Buenos Aires, pero históricamente ha habido 30, 40 y hasta 50 funcionarios y en China se necesitaría tener más. No sé cuál es el número ideal de funcionarios que se necesitan en China o en Buenos Aires, pero me gustaría saberlo para ver si vamos por el buen camino.

SEÑOR PENADÉS.- En la misma dirección que el señor Senador Heber, quisiera hacer una primera reflexión que está relacionada con los parlamentarios. Considero que se discuten cada vez menos estos temas en el Parlamento nacional, a pesar de que son centrales para la vida del país. Esta es una gran responsabilidad de los parlamentarios que, abocados a la urgencia de muchos de los temas que tenemos que abordar, no tienen tiempo para reflexionar sobre estos puntos. Entonces, en estos 45 días hacemos reflexiones que quedan en el aire y que después no se concretan en casi nada.

                No renuncio a la esperanza de que, en algún momento, en la Comisión de Asuntos Internacionales o en el Senado discutamos temas tan importantes y estratégicos como son el Ministerio de Relaciones Exteriores y su organización. Aunque parezca baladí, es en la instancia presupuestal que hay que discutir estos aspectos porque es el momento en que se fijan las partidas para que después se ejecuten las distintas propuestas. Si no hay plata para concretar lo que se pretende hacer, es muy difícil llevar adelante los cambios. De otra manera, los parlamentarios quedamos como jarabe de pico, diciendo lo que habría que hacer pero que luego no se puede concretar por falta de avances en lo presupuestal.

                Considero que el Ministerio de Relaciones Exteriores, que muchas veces carga con una leyenda negra en algunos aspectos, y en otros casos creo que se merece los comentarios que hemos hecho –vamos a decir las cosas como son– en los últimos tiempos ha hecho un intento de profesionalización de la carrera diplomática. Estimo que ello es esencial para el desarrollo del país y por eso creo que –esto va en contra de muchos de nuestros intereses– cuantos más profesionales diplomáticos haya,  es mejor para el Uruguay. Si eso va en detrimento de la cantidad de personas de particular confianza del Gobierno para desempeñar tareas en las Embajadas, lo lamento, lo que no quiere decir que no haya habido excelentes Embajadores que son políticos y pésimos Embajadores que son diplomáticos.

Creo que tendríamos que hacer una serie de reflexiones en ese sentido y en la estrategia general del Poder Ejecutivo debería aparecer este tema.

El Uruguay tiene una cantidad importante de representaciones en el exterior y ha logrado una gran profesionalización de su Cuerpo Diplomático. Quizás en esta instancia en que  tenemos una economía más holgada y un Presupuesto que aumenta el gasto –en algunos casos estamos de acuerdo con que se aumente y en otros no– se puedan hacer los cambios necesarios que no efectuaron Administraciones anteriores, en las que se puso como excusa la precariedad económica y la falta de tiempo que padecía nuestro país.

En este caso, me parece que sería bueno que analizáramos cuál es el Servicio Exterior que queremos. En ese sentido, es importante considerar lo relativo al despliegue de Embajadas y los lugares estratégicos donde están ubicadas.

Hace unos días leí sobre una reestructura muy interesante, que hace tiempo atrás llevó adelante Nueva Zelanda en su Servicio Exterior. Es así que en muchos lugares donde había organismos bilaterales y multilaterales con representación diplomática, Nueva Zelanda encomendaba a sus diplomáticos la representación ante los países donde estaban ubicadas las sedes.

Y, de esa manera,  ahorraba en presupuesto cerrando una serie de embajadas y también con una tendencia a la profesionalización que, en este caso, se ha dado en el  Uruguay.

                El segundo tema que considero importante entender, es el de la permanencia en el territorio nacional. Los embajadores y el personal diplomático, cuando llegan a Montevideo dejan o agregan a su tarea una preocupación muy legítima, que  es conocer su próximo destino. Ello, increíblemente, le quita al  Ministro de Relaciones Exteriores  una herramienta –que estaríamos dispuestos a votar hoy– que permitiría la permanencia en Montevideo del personal diplomático que, por su capacidad o especificidad en cuanto a su especialización, necesariamente debe salir del país por un problema presupuestal y económico, tanto personal como de su familia. Es decir, padecemos una situación que deberíamos pensar en controlar y mejorar. Deberíamos dotar al Ministro de Relaciones Exteriores de una herramienta que permitiese ofrecer la permanencia en Montevideo y la mejora sensible del salario del personal diplomático que, estratégicamente, quizá sea muy bueno tener para los desafíos que puntualmente se nos puedan plantear en las relaciones diplomáticas de nuestro país. Eso no existe.

En Brasil, Itamaraty tiene un sistema que deberíamos imitar en varias cosas; no por el tamaño, pero sí por algunos ejemplos que considero muy interesantes. Uno de ellos es el de los destinos que están catalogados. Menciono esto para conocimiento de las nuevas generaciones. Conozco a muchos de ellos y sé que, legítimamente, aspiran  siempre al circuito conocido en la jerga diplomática como el “Circuito Revlon”, es decir, Madrid, Roma, Londres, París, Washington y Nueva York. Evidentemente, es mucho más lindo París que Asunción, pero quizá hoy las estrategias del Uruguay indiquen que tiene que estar fortalecido diplomáticamente en destinos que no son los más lindos.

Quizá debamos trabajar para que quien –por sus especificidades, características o vínculos– ya estuvo en París, Roma o Londres, ahora haga un pasaje por Caracas, Asunción, Brasilia o Quito. Creo que no vendría nada mal que enviáramos a nuestro personal diplomático catalogando los destinos de manera tal, que todos puedan tener presencia, apostando a la profesionalización y a conocer los perfiles que los diplomáticos van desarrollando.

En ese sentido, creemos que además hay un tema para erradicar y es que en el pasado, según el partido político al que perteneciera el diplomático era el destino que le tocaba. Eso es una práctica que, por lo menos, las nuevas generaciones de dirigentes políticos –entre los que quizá me encuentre, aunque en una etapa de salida etaria– no compartimos. Aquí hay que apostar a la especialización y a la profesionalización, sin perjuicio del partido político al que pertenezca la persona. Y creo que, en ese sentido, este sería otro de los temas que quizá en el futuro podríamos conversar con el Ministro de Relaciones Exteriores, para ir en esa dirección. Además, me consta y hay que reconocer que el Ministro ha hecho algunas designaciones prescindiendo de la filiación político partidaria de sus más cercanos asesores, hecho que vimos con mucha simpatía y como producto de esa profesionalización  que, creemos, se debe tener. Al respecto, no comparto aquel razonamiento que escuché decir al anterior Ministro de Relaciones Exteriores de que habían aumentado los cargos de particular confianza para designar embajadores porque en esos rangos no había gente de confianza del partido político de turno. No creo que esa sea la mejor manera de conducir la política exterior del país. La mejor manera es esta y, en ese sentido, me gustaría que el Ministro sintiese el respaldo de la oposición para poder profundizar también algunas líneas de acción que me parecen imprescindibles para la profesionalización que Uruguay necesita con urgencia. 

SEÑOR MINISTRO.- Debo decir que me he sentido identificado con varios de los puntos que ha tocado el señor Senador porque, de alguna manera, fueron presentados en nuestro plan de trabajo ante las Comisiones del Senado y de la Cámara de Representantes.

El objetivo siempre ha sido fortalecer el Ministerio y esa meta requiere un trabajo a corto y mediano plazo, así como un plan a largo plazo. Tenemos que cubrir algunas necesidades inmediatas que no podemos soslayar y también debemos pensar en un Ministerio más fuerte institucionalmente, con mayor elaboración diplomática y más capacidad de gestión en el relacionamiento internacional en el futuro.

Hay algunos temas a considerar, como los planteados por el señor Senador Heber, entre los que podemos citar el de la necesidad de misiones. Ese es siempre un proceso muy dinámico, no uno que se pueda mantener estable en el tiempo. Las variables por las cuales en la década del ochenta Europa del Este era importante comercialmente, desaparecieron en la actualidad. Las condiciones del comercio se han volcado a otros países y otros rubros. Hay crisis financieras o económicas internacionales que están afectando los niveles del comercio, tal como pasó con la crisis de 2008 y, luego, la europea con el cambio en los niveles de acceso a los mercados de la Unión Europea y los Estados Unidos. Entonces, obviamente, eso requiere un país detrás, un verdadero proyecto productivo cuyos principios y valores son los que insertamos internacionalmente. Esas son variables que se van ajustando permanentemente, de acuerdo con las necesidades de los mercados.

Por eso, proponemos una presencia más fuerte en algunos mercados asiáticos, fundamentalmente en China. Asimismo, el segundo mercado que tiene Uruguay en Asia es Hong Kong, como territorio aduanero; el tercer mercado es Vietnam, donde no tenemos embajada y el cuarto es Singapur, donde tampoco tenemos embajada. Entonces, verdaderamente es necesario ajustar nuestra visión de Asia y la forma en que deberemos encarar nuestro trabajo en ese continente. Mencioné estos ejemplos para ilustrar cómo algo que en los años ochenta y noventa fue de determinada manera, ahora, en el Siglo XXI, es totalmente diferente. Todo esto requiere una labor de ajuste permanente y también seguir las líneas de trabajo del sector privado, así como de las mejores posibilidades de inserción.

También nos enfocamos en África y en Medio Oriente. En este sentido, quiero destacar que solo con una movida, que fue el reconocimiento formal de Palestina, ya estamos abriendo la Embajada de Qatar en Uruguay, al tiempo que Libia y Kuwait también nos han solicitado abrir Embajada en nuestro país. Entonces, como se ve, a veces simplemente una medida política puede generar una gran cantidad de posibilidades en el Medio Oriente. Obviamente, esto requiere una dotación de recursos humanos, económicos y materiales que fortalezcan esas posibilidades. Hay muchas inversiones provenientes de esa región y también hay mucho trabajo de comercio exterior que está viniendo de allí. Por nuestra parte, hemos trabajado sobre intereses concretos en esa materia.

                Me interesa destacar la forma en que se va generando el proyecto de país y las oportunidades que se van abriendo a medida que se diversifica y se hace crecer la producción de bienes y servicios, lo cual, al mismo tiempo, atrae inversiones.

                Nunca soy partidario de recortar o cerrar misiones porque, a veces, el proceso resulta más caro que mantenerlas abiertas y afecta condicionantes de vínculos con un país que no necesariamente son comerciales, sino que son de hermandad, políticos o de cooperación. También podemos mirar esto como votos que el Uruguay precisa en diversos foros regionales o multilaterales. Por ejemplo, ¿cuál es el principal problema que tenemos en materia de candidaturas en la actualidad? La nula presencia en África. Tenemos una embajada en cada punta; por lo tanto, cuando debemos salir a buscar los votos del Grupo Africano, nos cuesta muchísimo conseguirlos. No tenemos una presencia ni siquiera ante la Unión Africana. Son temas que debemos ir trabajando porque las condiciones del mundo han cambiado. Tengamos en cuenta que en los años setenta había cien países menos en Naciones Unidas y la manera en que nos relacionábamos era distinta; había una proximidad cultural, geográfica o comercial, mientras que ahora hay que buscar otros vínculos, contextos y oportunidades.

                En cuanto a la designación de diplomáticos, los señores Senadores saben que hemos mantenido un criterio profesional en todo lo que nos ha sido posible. Permanentemente, gente de la carrera ha trabajado muy cerca de nosotros. Pero también debemos hacer frente a algunas necesidades inmediatas, a las que me he referido. Tenemos insuficiencia de recursos humanos en algunas áreas clave de negociación, lo que no se resuelve solamente paralizando el sistema de rotación. Cualquier Servicio Exterior del mundo tiene un sistema de rotación, eso es inevitable; no podríamos trabajar de otra manera en el Servicio Exterior. Es importante cómo el funcionario ve al mundo en el exterior y cómo lo conecta con el propio país. Por ello, es importante el que está afuera y también el que permanece en la Cancillería. En el período anterior se votó una dotación de US$ 1.500 mensuales para una determinada cantidad de negociadores, pero es claro que esa suma no tiene el peso suficiente como para lograr mantener al funcionario en la Cancillería. Sin embargo, esto último puede ser deseable en algunas circunstancias, si es necesario dar continuidad a una negociación. De todos modos, no es favorable para la carrera que determinados funcionarios se hagan dueños de los temas, porque genera mucho “chacrismo”. Por ejemplo, si hay un solo funcionario al frente de las negociaciones del país ante la Unión Europea durante los próximos diez años, se transformará en el dueño de esa negociación.

Por consiguiente, debemos ir hacia un esquema en el que se fortalezca el trabajo de equipo e interinstitucional, a la vez que se genere una buena rotación, permitiendo que quien reemplace a otro supere con creces las posibilidades. Quizás podamos demorar un poco más la rotación, lo que depende del compromiso de los propios funcionarios. Algunos realmente tienen el compromiso asumido y están dispuestos a quedarse tres o cuatro años en el Ministerio, ganando lo mismo que otros; se trata simplemente de una responsabilidad institucional, y eso lo hemos visto.

                Por otro lado, considero que debemos fortalecer los esquemas de evaluación por resultado y por gestión para, en función de eso, premiar la productividad del funcionario. Por ahí pueden aparecer soluciones que den una base estable de idoneidad técnica.

                Quizás sea cierto que, en el pasado, algún Embajador dijo: “A Bolivia ni de Rey”. Eso consta en la leyenda del Ministerio y quizás haya obedecido a la profunda vocación republicana del Embajador. De cualquier forma, eso no es factible ahora y procuramos que tampoco lo sea en el futuro. Estamos en un proceso de rediseño –que es muy importante para nosotros– tratando de fortalecer las estructuras en el Ministerio y en el exterior y buscando que la selección de embajadores tenga, también, un componente de idoneidad técnica y un plan de trabajo detrás.

Creo que esto es clave para los Embajadores del futuro, ya que posiblemente en el año 2011 entremos en ese proceso.

Es cierta la centralidad que tiene la política exterior, el Parlamento no puede estar ajeno a ella y es bueno que se den este tipo de discusiones. Estamos de acuerdo con que tiene que existir un intercambio permanente en cuanto a las necesidades, fortalezas y debilidades del Ministerio de Relaciones Exteriores y cómo ajustarlas. Existen muchos elementos que hacen a la leyenda negra del Ministerio, pero también hay mucho trabajo. No obstante, muchas veces se vuelve al casillero uno por eso; si se hacen mil cosas bien, estas no quedan registradas tan fuertemente como una que salió mal. Esa es la realidad.

Estamos siguiendo de cerca los temas vinculados a Nueva Zelanda en cuanto a la reforma del Estado y a la fortaleza del Servicio Exterior. Ese país cuenta con un muy buen sistema de capacitación a nivel público y de formación de diplomáticos. Por ejemplo, tengo conocimiento de que algunos colegas han terminado, como Presidentes de Fonterra, en Estados Unidos. Quiere decir que, permanentemente, por su formación, el sector privado está robando diplomáticos. Por lo tanto, apuntaría a eso, aunque por el camino se perdiera algo de recursos humanos.

Como ya hice referencia al tema rotación, solo me resta decir que considero que estos son asuntos que, en mi opinión, ameritan mucha discusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde poner en consideración los artículos del Inciso y, en caso de existir dudas, las señoras Senadoras y los señores Senadores solicitarán hacer uso de la palabra.

                Pasamos al artículo 325 actual.

SEÑOR MINISTRO.- Sucede que el funcionario en el exterior prácticamente está obligado a permanecer hasta el último día en funciones y, al mismo tiempo, ir resolviendo sus temas personales de mudanza. Ahora se le otorgan quince días más de permanencia con el fin práctico de que pueda dedicarse cien por ciento a su trabajo y luego realizar sus trámites personales. Ahora bien; esto a veces se puede llevar a cabo y a veces no, esta también es una realidad. En ocasiones a algunos funcionarios les sobra tiempo, pero no por eso podemos castigar a aquellos a quienes les falta y están permanentemente exigidos. Ese es el objetivo que nos planteamos con este artículo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos al artículo 326.

SEÑOR MINISTRO.- Por medio de este artículo hemos eliminado algunas inconstitucionalidades que existían en el artículo anterior, por el cual se exigía concurso a funcionarios que habían ingresado antes de que existiera esta modalidad. Consideramos que era muy injusto para un funcionario que se computara esto como una excepción. Se eliminó ese requisito y se mantuvieron las condiciones que se pedían para los Consejeros.

SEÑOR PASQUET.- Quiero realizar algunos comentarios porque tanto este artículo como el 327 y el 328, en general, rebajan las exigencias para el desempeño de ciertas tareas o para ocupar determinados cargos.

Me parece que, en vez de contribuir a fortalecer la profesionalidad del Servicio Exterior  –aunque descuento que no es la intención–  operan en el sentido contrario.  La  redacción  del inciso primero del  artículo 17 de la  Ley Nº 14.206 viene del período anterior, no es de ahora. Allí se amplía el espectro de funcionarios que pueden ser acreditados como Jefes de Misión. No solo tendrán esa posibilidad el Embajador, el Ministro y el Ministro Consejero, sino también los Consejeros, lo cual rebaja, evidentemente, el nivel de exigencia. Asimismo, se elimina el requisito de ingreso por concurso para funcionarios, que era comprensible cuando eso estaba vigente al momento de ingresar el funcionario. No sé que sucede en otros casos.

En cuanto a la exigencia curricular, anteriormente se exigía un curso de tres años, pero en la actual redacción se pide solamente un título universitario. Creo que el conjunto de modificaciones –igualmente apreciado– se traduce en una disminución de las exigencias para ocupar el cargo de Jefe de Misión Permanente, lo cual, en términos generales, no me parece recomendable.

SEÑOR MINISTRO.- En realidad, no es así; ese no es el criterio. Para la categoría presupuestal de Consejero simplemente se mantuvieron las exigencias correspondientes y, sobre todo, se tuvo en cuenta algo que los señores Senadores siempre han marcado sobre los jóvenes de carrera. Para que un Consejero sea acreditado como Jefe de Misión se requieren condiciones excepcionales y eso se ha mantenido.

                Con respecto a la exigencia de concurso –que no existía antes– considero que era un imperativo moral, legal y constitucional. Seguramente los señores Senadores saben que cuando se discutió el Presupuesto en la Cámara de Representantes envíé un artículo sustitutivo que se refería a lo manifestado por el señor Senador Pasquet, es decir, a que no se exigía el concurso cuando no era posible por el tiempo; pero después, al ser exigido, sí es necesario. Ahora bien, como ese artículo no tenía fundamentación y yo en ese momento estaba en el exterior, fue retirado, pero estoy de acuerdo con lo manifestado y, por lo tanto, enviaremos una redacción alternativa.

SEÑOR HEBER.- No voy a hacer preguntas porque ya las realizó el señor Senador Pasquet. Sin embargo, quiero expresar que no escuché una respuesta por parte del señor Ministro en cuanto a la disminución, a nivel general, de las exigencias para ocupar estas posiciones. Antes se pedía un título de educación terciaria en carreras afines a la función diplomática, con un mínimo de tres años de duración y expedidas por instituciones legalmente habilitadas por la Universidad de la República, o títulos otorgados por universidades extranjeras de nivel reconocido y debidamente revalidadas por las autoridades correspondientes. Sin embargo, en esta redacción se limita a exigir un título universitario. Por lo tanto, nos gustaría escuchar algún comentario del señor Ministro respecto a que no es así. Lo dijo, pero no lo demostró.

SEÑOR MINISTRO.- Haré referencia a algunos casos concretos relacionados con el título expedido por haber cursado una carrera de tres años y su validación en el Uruguay.

A veces se da el caso de que es muy difícil obtener una reválida. Hay gente que tiene un posgrado, un máster que hizo en una universidad de reconocida trayectoria, cuya duración es más extensa que cualquier carrera que se realice en el país y con una exigencia mayor de materias pero que, al no tener la reválida, no puede salir como Jefe de Misión, como sucedió recientemente. Eso es algo verdaderamente muy injusto. Hay funcionarios del Ministerio que han pasado quince o dieciocho años tramitando una reválida e, incluso, a veces les ha significado veinticinco años hacerlo. No se puede tener a un funcionario rehén de esa situación, sobre todo cuando se trata de un título expedido por una universidad reconocida y no una de medio pelo. A veces, esto se hace para mejorar el nivel del que egresa y no para reducirlo. Con esta norma se está levantando la aptitud de un funcionario que puede salir como Jefe de Misión, porque antes no podía hacerlo. Esa situación forma parte de nuestra realidad, por lo que tratamos de resolver temas puntuales.

A vía de ejemplo, cito el caso del Embajador Rosselli, que tiene un posgrado en Derecho Internacional que hizo en la Universidad Columbia de Estados Unidos -es decir, una de las más reconocidas- pero nunca pudo revalidarlo en nuestro país,

(Dialogados)

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos al artículo 326.

SEÑOR PENADÉS.- Es verdad lo que ha dicho el señor Ministro, pero también debemos tener mucho cuidado con relación a que, establecida la norma, no sirva para cualquier título universitario, incluso para los expedidos por universidades de medio pelo.

En el análisis del Presupuesto anterior discutimos ese tema con el entonces Canciller Gargano y nosotros sosteníamos lo que ahora acaba de manifestar el señor Ministro Almagro. A criterio del señor Canciller de aquel entonces, no se revalidaba el título si no se hacía con el reconocimiento de la Universidad de la República porque, de no ser así, se corría el riesgo de que se entendiera que cualquier curso que se tildara de carácter universitario habilitaba al funcionario a salir al exterior con el rango de Embajador.

Dejando esa constancia en el sentido de que no debemos ir a un extremo ni al otro, adelanto que votaremos afirmativamente este artículo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuamos con el artículo 327.

SEÑOR MINISTRO.- Este artículo tiene que ver con el concurso de ascensos para el Servicio Exterior.

                En estos casos se mantiene el concurso, que es el elemento fundamental del ascenso. Por lo menos dos tercios de las vacantes serán cubiertas por ese mecanismo y las otras se proveerán por acumulación de concursos, por el motivo que paso a explicar. Muchas veces, el funcionario ha quedado en puerta en tres concursos seguidos; en algunos casos, lo pierde por centésimas, por ejemplo, por 0,23 puntos o, como sucedió en el período pasado, por 0,06. Reitero que la idea de esta disposición es que esa persona tenga la posibilidad de acumular puntaje a partir de tres o cuatro concursos dados.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos al artículo 328, que tiene que ver con el límite de edad.

SEÑOR MINISTRO.- Con esta disposición tratamos de quedar alineados al régimen general previsto para los funcionarios públicos en la Constitución de la República, aplicando la edad máxima admitida en el Escalafón M, Personal de Servicio Exterior,  para todos los funcionarios.

SEÑOR HEBER.- Pido disculpas al señor Ministro porque la explicación que hizo del artículo 327 me pareció lógica y atendible. Sin embargo, me quedó pendiente una pregunta respecto a ese artículo. ¿Por qué razón ahora el requisito se eleva tanto? Antes era una antigüedad de tres años en el grado inmediato inferior y ahora es de ocho años. Luego habla de doce años en el caso de Consejeros y Ministros Consejeros, y antes era de cuatro años.

                Estoy de acuerdo con lo del tercio y los dos tercios; también con lo del que queda en puerta en los concursos. Lo que no comprendo es lo referente a la cantidad de años que se exigen ahora con respecto a la normativa que estaba vigente.

SEÑOR MINISTRO.- Se trata de un componente mínimo, señor Senador. El funcionario pasa tres o cuatro años en el escalafón y luego, por lo menos, tiene que acumular puntaje durante cuatro concursos; por eso los ocho años que se establecen. Si no puede ascender a los cuatro años, comienza a dar concursos y va sumándolos hasta llegar a esa edad; es el acumulado del tiempo mínimo más los concursos que tiene que acumular para prorratear el ascenso.

SEÑOR PASQUET.-  Quisiera plantear una inquietud con respecto al artículo 328, que eleva a setenta años la edad máxima para el desempeño de tareas, eliminando la distinción que establecía antes el mismo artículo 20, según el cual el límite era de setenta años para ciertas categorías, pero de sesenta para otras: Secretario de Primera, Secretario de Segunda y Secretario de Tercera. Sin embargo, ahora se eleva todo a setenta años.

                La situación que contempla la norma es la de personas que tengan sesenta años y más y que permanezcan, en el mejor de los casos, como Secretarios de Primera; parecería que se trata de gente que no ha tenido un desempeño feliz o que no está demasiado dotada para el desempeño de la carrera porque con muchos años –de acuerdo con normas según las cuales tiene que ingresar con treinta y cinco años como máximo en el último grado del escalafón, que es el correspondiente a Secretario de Tercera– es decir, con sesenta o sesenta y cinco años, sigue siendo Secretario de Tercera o Secretario de Segunda. Da la impresión de que la norma anteriormente vigente establece un límite natural y razonable para que, a cierta altura de la carrera, quienes no han demostrado mayores aptitudes para ella, cedan el lugar a quienes vienen detrás, de pronto con mejores cualidades y mejor capacidad para cumplir esas funciones. Además, se establece esto como el principio de las leyes hacia el futuro y nosotros igualmente estaríamos en contra de ello. Pero me parece un criterio más razonable lo dicho anteriormente que establecer esto, determinando que los que estaban entre los que ya habían cesado por imperio de la norma anterior, serán reincorporados a sus cargos. Francamente, no entiendo el concepto por el cual hay gente que, de acuerdo con las normas vigentes, tuvo su retiro y ahora se le llama otra vez, se les saca de los cuarteles de invierno y se los reincorpora a la carrera.

                Además, el artículo expresa: “Serán reincorporados automáticamente a los cargos que ocupaban”. Supongo que luego de que esta gente cesó en sus funciones, los cargos que ocupaban fueron llenados por otras personas. Entonces, ¿qué va a pasar con esas otras personas que ocuparon los cargos que quedaron vacantes y que ahora se encuentran con que el titular regresa del retiro y automáticamente queda reincorporado en ese cargo? De esta forma se genera una situación que, considero, no es la mejor.

                Más allá de esto, que es coyuntural, me preocupa el criterio general de rebajar las exigencias nuevamente, estirar los límites y permitir que continúen desempeñando la carrera aquellos que, en la hipótesis considerada, no han revelado, reitero, mayores aptitudes para esa función.

SEÑOR AMORÍN.- Quisiera saber cuántas son las personas que se encuentran en esta situación.

SEÑOR PENADÉS.- Si nos basamos en el ejemplo que plantea el señor Senador Pasquet, ¿si reintegramos a un Secretario de Tercera, con sesenta y seis o sesenta y siete años de edad, estamos pensando también que esa persona podría salir al exterior con esas características?  

SEÑOR MINISTRO.- Lamento discrepar en este punto, pero lo hago desde una base bastante sólida que es mi conocimiento del Ministerio y de los funcionarios. No quiere decir que sea la única posibilidad de interpretación, pero verdaderamente es así.

Hay funcionarios que tienen un problema y es que no son “concurseros”, es decir que no han sido hábiles a la hora de dar concursos para ascender, pero son excelentes funcionarios a quienes los alcanza el límite de edad.

¿Qué pasa en el Ministerio? En cuanto a la parte funcional, he tenido que cubrir funciones con gente del escalafón R, porque no salieron del Ministerio. Es como si se creara un escalafón de fracasados dentro de la Cartera y se le dijera al funcionario: “Tu no puedes seguir más en la carrera porque llegaste a este límite de edad”.

Ahora bien, he tenido que cubrir funciones en el exterior con esta modalidad. Por ejemplo, durante el mundial realizado en Sudáfrica, nuestra Embajada tuvo una brillante participación; quizás no tanta como la del equipo uruguayo, pero sí muy buena. Tanto fue así, que le ofrecieron al Embajador y a este funcionario segundo de la Misión, en ese momento escalafón R del Ministerio, volver junto con la delegación. Se trata de personas que se pusieron todos los problemas al hombro, no se escondieron nunca, resolvieron todo de primera y eso se hizo con un funcionario escalafón R. ¿Por qué? Porque es un excelente funcionario que dio 25 concursos para ascender y no pudo hacerlo. Ese es el punto. No se trata de que sea mal funcionario; por el contrario, es un excelente funcionario. Los casos como este, son seis. Para resolver este tema, estamos empleando un criterio funcional y absolutamente humano. Es así como está planteado.

SEÑOR PASQUET.- Quisiera recordarle al señor Ministro que todavía no me explicó cómo va a hacer con el hecho de que vuelven a ocupar cargos en los que ya hay funcionarios.

                Además quiero comentar que el señor Ministro citó un caso en particular que seguramente fue así y probablemente haya otros porque siempre hay situaciones excepcionales pero, en general, parecería que el concurso es la forma adecuada para promover, para ascender e, incluso para ingresar porque el hecho de carecer de aptitudes para el concurso también puede afectar a la persona que desea ingresar al Servicio Exterior y no puede hacerlo porque no tiene esas habilidades especiales que pueden necesitarse para salvar un concurso. Eso no nos hace renegar del concurso como método de ingreso. Tampoco debería hacernos renegar del concurso como método para ascender porque puede haber un caso excepcional y siempre hay medios para contemplar los casos excepcionales, pero acá, lejos de contemplar excepciones, estamos consagrando una regla general: en lugar de retirarse a los 65, se retiran a los 70, aunque hayan permanecido 30 años sin lograr salvar un concurso.

SEÑOR MINISTRO.- Con respecto al retorno a los cargos, quiero decir lo siguiente.

                ¿Qué pasa con los funcionarios cuando llegan al escalafón R? En forma automática se les dio el grado superior, el que era Primer Secretario, pasó a Consejero. Entonces, lo que prevé la norma es que al regresar a la carrera, vuelve a ser Primer Secretario y no queda como Consejero; verdaderamente no afecta criterios funcionales, ya que todos ellos están en funciones en el Ministerio. No se trata de que haya que sacar a alguien para colocar a ese otro funcionario. Aquél funcionario ya está cumpliendo funciones en el Ministerio y lo seguirá haciendo, no se va a hacer ningún  upgrading de las funciones.

                Estamos de acuerdo en el concurso como forma adecuada de ascenso y lo defendimos en el artículo anterior. De esta manera no estamos ascendiendo a estos funcionarios, sino que simplemente les permitimos terminar la carrera como funcionarios del servicio exterior, sin pasarlos a un escalafón de fracasados antes de que terminen su carrera. El ascenso se seguirá haciendo por  concurso. Esto es otra cosa para resolver.

SEÑOR PENADÉS.- Respecto a este artículo comparto los fines a los que se refiere el señor Ministro pero con la salvedad de que sea para la situación actual. Lo que ocurre es que si se establece esta medida será para siempre, es decir para la situación actual y para la próxima. Hoy serán seis los buenos funcionarios de que se trata, pero mañana nadie nos garantiza que sean seis, diez o quince, o que esto sea un estímulo para que muchos dejen de concursar. Francamente, conozco algunos casos como los que cita el señor Ministro, de personas que manifestaron que no van a concursar más, que quedaron como Secretarios de Primera, que cumplen una tarea brillante, que son convocados muchas veces para desempeñar tareas de asistencia al Ministerio en Montevideo, y que tomaron esa decisión de no concursar más porque no les gusta o porque los pone muy nerviosos.

Repito: si bien es cierto lo que dice el señor Ministro, pienso que establecer esta medida en una norma con carácter general no es lo más indicado; hoy son seis funcionarios, pero el día de mañana ¿cuántos serán? Entiendo que,  además, esto atenta contra la profesionalización hacia el futuro. Creo que hay responsabilidades –para eso existe el escalafón– como las que tienen los cargos de Secretario de Primera, Secretario de Segunda y Secretario de Tercera que tienen una edad determinada para ser cumplidas. Aclaro que no digo esto por los casos actuales, sino porque esta norma lo establece para el futuro. Si eso ocurre ¿llegaríamos a tener en el Servicio Exterior uruguayo a personas de 65 años como Secretarios de Tercera? No me parece que sea lo mejor para tratar de solucionar un tema humano que compartimos. Creo que deberíamos buscar otra fórmula que quizás no sea la del escalafón R porque establecer en la norma una medida de este tipo puede atentar, hacia el futuro, contra la profesionalización y el estímulo a concursar.

                Reitero, una vez más, que comparto lo que señala el señor Ministro; conozco gente que ha perdido un concurso por una micra; que se cerró la puerta –por decirlo de alguna forma– y quedó ahí. Por eso, en ese sentido es inteligente el planteamiento del señor Ministro, pero en otras situaciones es un desestímulo hacia una carrera cada vez más profesional en un mundo en el que, lamentablemente, hay mucha competencia. No conozco un sistema perfecto; sé que hay gente que se dedica a dar concursos y después no sirve para nada más, y otros que tienen una gran capacidad pero, lamentablemente, no pueden ascender porque no pueden dar concursos. Reconozco que, de alguna manera, tenemos que definir esta situación, pero entiendo que este no es el mejor camino.

SEÑOR MINISTRO.- Como es de conocimiento, el ambiente de la carrera diplomática es muy competitivo y, lamentablemente, nadie se quiere quedar atrás a no ser por imperio de las circunstancias. Conozco personas que no han querido concursar, pero generalmente son situaciones muy específicas y esa característica de no querer hacerlo obedece a algún tema puntual que le ocurrió a ese funcionario; pero no quiero entrar en casos concretos. No obstante ello, muchos de los funcionarios a los que nos estamos refiriendo sí han dado concurso y creo que esta es una razón por la cual no nos debemos preocupar sobre qué va a pasar en el futuro. Prácticamente cada funcionario de estos, que tienen menos de 60 años, entraron por concurso, muchos con títulos universitarios, a quienes la carrera les va a dar la posibilidad de ascender por el tercio que supera el 70% o el 75% –de acuerdo a lo que los señores Senadores aprueben– del acumulado de tres o cuatro concursos. Por lo tanto considero que esta situación no la vamos a tener dentro de tres, cuatro o cinco años.

SEÑORA PRESIDENTA.-  Continuamos con el artículo 329.

SEÑOR MINISTRO.-  Este artículo tiene que ver con el rango protocolar de los funcionarios del escalafón M cuando son acreditados en el exterior. En este caso ya existía esta acreditación protocolar de dos rangos superiores de Consejero para arriba, pero  lo que ocurre es que es más necesario para abajo porque en algunas misiones donde solamente está el Embajador y un Secretario de Tercera, esto nos va a permitir acreditar a este último como Secretario de Primera, de Segunda o como Consejero, lo cual, definitivamente, eleva el nivel de representatividad de la misión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos al artículo 330.

SEÑOR MINISTRO.- Esta disposición tiene que ver con los destinos difíciles, tema al que se han referido los señores Senadores Heber y Penadés. Plantea una solución para atraer más funcionarios a cumplir funciones en destinos con características especiales. Así, después de un período de tres años en un lugar de esas características, el funcionario tendrá derecho a solicitar el traslado inmediato a un destino más afín culturalmente hablando.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quisiera consultar al señor Ministro respecto a cuáles son los destinos especiales, a cuál es su definición, porque la ignoro.

SEÑOR MINISTRO.- Los destinos especiales son aquellos que presentan diferencias culturales muy grandes con nuestro país o que, aparte de eso, son lejanos.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Sería el caso, por ejemplo, de su destino anterior?

SEÑOR MINISTRO.- Efectivamente, señora Presidenta. Sería el caso de la República Islámica de Irán o de la República Popular China, dos de los destinos a los que fui asignado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuamos con el artículo 331, relativo a los Embajadores Itinerantes.

SEÑOR MINISTRO.- Este es un artículo que hemos pensado para fortalecer el nivel político de representatividad de algunas misiones especiales y para atender algunas negociaciones puntuales. No se trata de un invento de ahora, ya que, según tenemos entendido, en la primera Presidencia del doctor Sanguinetti se designó al doctor Washington Beltrán para cubrir las relaciones con El Vaticano, atendiendo a la visita del Papa. Es algo pensado para contemplar puntualmente casos concretos y misiones especiales, o para cubrir las necesidades del país en lugares donde no contamos con Embajada como, por ejemplo, en el Congo para las misiones de paz.

SEÑOR HEBER.- Quiero decir al señor Ministro que quizás uno pueda entender la figura del Embajador Itinerante como una excepcionalidad, para lo cual podría contarse con uno o dos. Pero aquí estamos hablando de un número predeterminado de cinco Embajadores con la denominación de Itinerantes en el Escalafón M. Queríamos preguntar, entonces, por qué se habla de cinco, y si es porque ya se tienen pensados cinco destinos donde serán necesarios.

 Recalco que estamos hablando de cinco cargos de esta naturaleza y quisiera saber si en el futuro necesitaremos de un Embajador Itinerante en la Convención de Nueva York –citada en el artículo– o si todos ellos actuarán en esa Convención.

SEÑOR PASQUET.- Quiero decir que también tengo mis dudas respecto a esta disposición. En su momento, el doctor Washington Beltrán fue encomendado por el Gobierno uruguayo para acompañar al Papa en su primera visita al Uruguay, en una tarea absolutamente extraordinaria y excepcional. En casos como este, luego de cumplidos los objetivos, la figura deja de revistar en los cuadros funcionales del Ministerio y vuelve para su casa. En cambio, esto es otra cosa, se está hablando de gente que va a ocupar un cargo en el Presupuesto y que conservará la condición y el sueldo de Embajador aunque no esté cumpliendo con esa función.

                En lo personal, no imagino a las figuras de la jerarquía a que alude el señor Ministro –ex Presidentes, ex Cancilleres, etcétera– aceptando un cargo presupuestal de Embajador y cumpliendo las obligaciones propias de un cargo así. Pienso que si el Gobierno les pide a esas personas que cumplan una tarea especial en representación del país, naturalmente aceptarían y, en ese caso, cobrarían los viáticos necesarios para el cumplimiento de su misión, pero no las imagino asumiendo la calidad de funcionarios públicos a esa altura de su vida.

Entonces, los Embajadores Itinerantes serán personas que hayan asumido cargos de relevancia inferior; seguramente no serán ex Presidentes, ex Cancilleres ni figuras excepcionales, sino personalidades con otro perfil, que cumplirán la función que se les asigne. Pero en ese caso estamos hablando de cinco Embajadores más, designados con criterio político, por supuesto que conforme a la Constitución, que habilita esa clase de nombramientos. No obstante, me parece que alcanzaría con crear cinco cargos más de Embajador y, de esa manera, nos ahorramos el carácter inusitado y desusado de “itinerante” que, francamente, no veo cómo aterriza en la realidad.

SEÑOR MINISTRO.- Esto aterriza en la realidad por la Convención sobre las Misiones Especiales, que tuvo lugar en Nueva York en 1969, tal como establece ese artículo. Obviamente, esta Convención prevé esta clase de misiones especiales, así como las inmunidades y privilegios que tienen estos funcionarios, concretamente, estos Embajadores. De acuerdo con la Constitución de la República, no se puede enviar a estos funcionarios al exterior a representar al país sin cargo del Servicio Exterior, especialmente en el caso de Embajadores y de Ministros.

                En cuanto a los temas que van a abordar, evidentemente, pueden variar. Por ejemplo, puede tratarse del caso del Vaticano, de misiones de paz, pueden ser temas de medio ambiente o de derechos humanos. Lo importante es el período en el cual se ejerce el cargo, que es el período que durará la función específica. Está considerado el aspecto presupuestal porque transcurridos quince días de misión, se prevé que tenga la posibilidad de cobrar en base al coeficiente del país en el que va a estar acreditado o representando al nuestro. Ese es el objetivo de esta previsión. Difícilmente se ocupen los cinco cargos a la vez –lo reconozco– pero sí se puede dar el caso de que haya uno en una Misión de Paz, otro en temas de medio ambiente, otro en derechos humanos y dos casos específicos cubriendo temas puntuales. Es factible que  se  dé  esta  situación –justamente, por lo que señalaba al principio– y, además, ofrece un margen para tener una representatividad del país de alto nivel y dar más fuerza política a las misiones en el exterior.

SEÑOR PASQUET.- Me gustaría plantear un ejemplo a los efectos de despejar dudas. Al señor Equis se lo designa como Embajador Itinerante y se le comete el cumplimiento de una determinada misión en el exterior que dura veinte días. El señor Equis asume su cargo, cumple con esa misión y luego de veinte días vuelve al país y da un informe. ¿Qué sucede después? ¿Continúa siendo Embajador Itinerante, o luego de terminada la misión el cargo cesa?

SEÑOR MINISTRO.- Una vez terminada la misión, el cargo cesa, salvo que el tema en cuestión requiera una continuidad de su gestión. Por ejemplo, si se tratara de misiones de paz, este funcionario podría estar dos meses en Congo y un mes y medio en Haití, pero luego se requiere que haga un informe específico. No está previsto que cobre sino durante el período en que tiene lugar la misión en el exterior y de acuerdo con las variables que hemos señalado.

SEÑOR PENADÉS.- Quisiera saber si se requiere autorización parlamentaria del Senado para conceder el acuerdo correspondiente a los efectos de designar a estos Embajadores Itinerantes para que puedan cumplir con la misión que se les asigna. La Constitución de la República establece claramente que para ser nombrado Embajador del país se necesita la autorización del Parlamento para poder conceder el acuerdo correspondiente. Entonces, al crearse cinco cargos de Embajador –aunque sean Itinerantes– me surge la siguiente pregunta. ¿El Ministerio de Relaciones Exteriores ha estudiado la viabilidad de enviar al Poder Legislativo la solicitud de acuerdo correspondiente por cada misión?

SEÑOR MINISTRO.- Estimamos que ello no es necesario debido al carácter permanente que tienen las misiones de los Embajadores. En este momento mi asesora jurídica no recuerda exactamente el número del artículo de la Constitución que refiere al tema, aunque sí puede ilustrarnos en cuanto a su contenido.

SEÑORA LUZ.- La venia a la que se hace mención en la Constitución –no recuerdo el número del artículo– está referida a la que se concede para la representación permanente en el exterior, es decir, para aquellos Embajadores a los que se les ha asignado un destino en el exterior. Además, se aclara que el destino es permanente y no temporal, como el que puede tener un Embajador itinerante al que se le asigna una misión concreta y por determinado tema.

SEÑORA PRESIDENTA.- El artículo al que se está aludiendo es el 168.

SEÑOR PASQUET.- A propósito de este tema, recuerdo una reciente intervención del señor Senador Lacalle en la Comisión de Asuntos Internacionales en la que reivindicaba una vieja tradición de su partido, vinculada a la posibilidad de exigir el acuerdo para cada destino que fuera asignado un Jefe de Misión. En contraposición a esta teoría, se planteaba otra tesis que estimaba que una vez otorgado el acuerdo  era suficiente para cualquier otra asignación de destino que el funcionario pudiera tener en el transcurso de su carrera. Recuerdo también que en esa oportunidad, el señor Senador Lacalle no fue contradicho por nadie.

En síntesis, considero que se debería tener en cuenta este elemento a la hora de planificar las futuras actividades de los Embajadores itinerantes.

SEÑOR MINISTRO.- A raíz de que suscribimos la teoría defendida por el señor Senador Lacalle en esa oportunidad, fue que solicitamos que el acuerdo para cada nuevo destino tenga carácter permanente. En función de ello fue que presentamos la solicitud de acuerdo para cada uno de los casos, es decir, uno para el Embajador Rosselli y otro para el Embajador Pomi, etcétera. Vuelvo a decir que cada una de las designaciones ha venido acompañada de la correspondiente solicitud de acuerdo, y con el carácter permanente de la acreditación ante un determinado país u organismo internacional. Aclaro que esto no está previsto en la Convención sobre Relaciones Diplomáticas, de 1961, sino en la del año 1969, en la que las características especiales hacen que no sea necesaria la acreditación, la solicitud de beneplácito o los requisitos que generalmente se exigen para la representación permanente.

SEÑOR PENADÉS.- No es mi intención hacer un  problema mayor por este tema, lo que sucede es que el numeral 12) del artículo 168 de la Constitución de la República no se habla de representación permanente, sino de Jefe de Misión.

SEÑORA LUZ.- Efectivamente, señor Senador; allí se hace mención a la designación del personal consular y diplomático.

SEÑOR PENADÉS.- En este sentido, quiero decir –sin ánimo de entrar en una discusión sobre esta cuestión– que la definición de “Jefe de Misión” puede dar lugar a dos interpretaciones: por un lado, a la misión de carácter permanente y, por otro, a quien encabeza una delegación en calidad de Embajador itinerante para cumplir una determinada misión. Es claro que esta cuestión no será desentrañada en el ámbito de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, pero lo dejo planteado para el futuro.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos al artículo 332.

SEÑOR MINISTRO.- A través de este artículo, que refiere a la creación de cargos en el escalafón M – “Personal de Servicio Exterior”, se procura resolver problemas que fueron planteados al inicio de nuestra alocución, con relación a que tenemos veinte funcionarios menos que en la década del noventa y la misma cantidad que en la del setenta, para atender muchos más asuntos de comercio exterior y de inversiones, así como también temas políticos en general y de foros regionales y multilaterales. Debo decir que estamos haciendo un pedido mínimo porque cuando esta cuestión llegó a consideración del Poder Ejecutivo, se produjo un recorte y quedó un exponencial mínimo.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Presidencia pide a los integrantes del Cuerpo y a los invitados que se continúe con la metodología acordada y no nos detengamos en la fundamentación y análisis de los artículos a menos que algunos de los presentes solicite el uso de la palabra.

Se pasa al artículo 333.

SEÑOR HEBER.- Quisiera plantear una duda sobre el artículo 333, mediante  el cual el Ministerio realizaría una serie de transformaciones dentro de su estructura. Nos gustaría que el responsable de la Cartera realizara algún comentario al respecto. Hago este planteo porque se trata de trece cargos entre los  que figura uno de informática que, naturalmente, es necesario así como: abogados, escribanos y telefonistas. Reitero que me gustaría que se hiciera algún comentario porque este artículo no figura en el proyecto de ley original remitido por el Poder Ejecutivo, sino que fue introducido por la Cámara de Representantes como un aditivo; quizás, el Ministerio lo presentó en la Comisión de Presupuesto y allí se le dio entrada. Por esta razón, queremos  saber si es necesario que demos nuestro respaldo a estas transformaciones.

SEÑOR MINISTRO.- Estas transformaciones son necesarias porque los asesores, en diferentes grados, han venido sosteniendo diversos Departamentos del Ministerio, especialmente el  de Informática, como consta en los cargos referidos.

                Este artículo no figuraba en el proyecto que analizó la Cámara de Representantes por  un error del Ministerio de Economía y Finanzas, que lo asumió directamente en Comisión y, en consecuencia, solicitó su incorporación.  Insisto en que dicho error fue reconocido por el Ministerio de Economía y Finanzas y, por ello, esta disposición se incluyó junto con otros dos artículos.

SEÑOR RUBIO.- En virtud de la calidad técnica que tienen estos cargos, interpreto que el salto de grado es absolutamente explicable. En este artículo se propone la transformación de técnicos en el área de Informática pero, en realidad, son transformaciones que van desde el grado 6 al grado 14; cualquier cargo técnico de estas características, medianamente solvente, exige mucho más que esto. Entiendo que aquí hay un problema que tiene que ver con  la naturaleza de la función que se desempeña y el mercado en el que estamos inmersos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde pasar al análisis del artículo 334.

SEÑOR PASQUET.- Me gustaría que el señor Ministro me explicara la creación del cargo de Psicólogo, porque da la impresión  de que, con la misma lógica, mañana se podrían crear cargos de médico o de tal o cual especialidad médica dentro de un Ministerio, sin embargo,  no parece ser ese el rumbo que sigue la Administración. Seguramente, esto tiene su explicación y, como no se me ocurre espontáneamente, me gustaría que la brindara el señor Ministro.

SEÑOR MINISTRO.- Si se me permite, puedo decir que hasta a mí me civilizaron sobre este tema. En realidad, esta medida forma parte de la política de recursos humanos y, obviamente, apunta a sostener diversos esquemas de la evaluación del funcionario e, incluso, de su ingreso, el cual se sostiene, fundamentalmente, con informes psicológicos.

                Como los señores Senadores saben, este Ministerio tiene una particularidad referida a este tema específico. Es más, en su momento, el Diputado Lacalle Pou solicitó un informe sobre casos de funcionarios de Relaciones Exteriores con problemas psicológicos. Estamos hablando de un Ministerio que requiere un permanente ajuste del funcionario. Para describir la gravedad del caso menciono solamente esto: llegamos a tener tres funcionarios internados en instituciones psiquiátricas, en el país y en el exterior, al mismo tiempo. Pienso que esta explicación grafica bastante bien  la situación que se está dando en el Ministerio.

SEÑOR HEBER.- Aquí se habla de una partida de $ 18:000.000 para hacer contrataciones y adecuación del personal, lo cual se considera imprescindible. En este sentido, le pediría al señor Ministro si nos pudiera justificar el sentido de estas contrataciones ya que, en términos generales, a lo largo del Presupuesto las hemos cuestionado todas.

SEÑOR  MINISTRO.- Esto también tiene relación con uno de los puntos mencionados al principio que refería a la pérdida de ciertos niveles de especialización de los cuadros del Ministerio, en determinadas áreas que van desde medio ambiente hasta misiones de paz o, incluso, derechos humanos. También afecta a nuestro conocimiento de algunos países.   Por ejemplo, si yo necesito en el Ministerio un interlocutor para hablar del tema China no lo tengo, simplemente, porque no hay una persona allí que tenga un conocimiento profundo de China, de manera que me mantenga informado sobre la actualidad de ese país. Tampoco cuento con ello en el caso de Estados Unidos, excepto en los temas que tienen relación específicamente con las misiones. Sucede lo mismo en el caso de técnicos muy puntuales de comercio exterior. Obviamente, la idea es ir fortaleciendo las capacidades del Ministerio en estos cinco años y que esto no sea necesario al término del período. Actualmente, sí es necesario para sostener un cuadro estable de asesoramiento técnico en temas puntuales y a ello responde el carácter de imprescindible, tal como ha sido descrito en el artículo. Pienso que vamos a trabajar los temas de capacitación de tal manera que en tres, cuatro o cinco años podamos contar con los especialistas, incluso, de Derecho Internacional Público. Recordemos que esta Cartera pasó, de tener juristas de alto nivel –con todas las diferencias que podamos tener con ellos– como el Embajador Paolillo, el Embajador Lupinacci y el Embajador González Lapeyre, a tener un vacío en el tema de Derecho Internacional Público. Tanto es así, que hemos pedido una prórroga en funciones a la doctora Berta Fedra, a pesar de que ya cumplió los 70 años.

Por tanto, estas contrataciones representan una necesidad actual para el funcionamiento del Ministerio y, obviamente, van a ser hechas con un carácter muy restrictivo, ya que no nos gusta la acumulación de gente.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos a los artículos 336 y 337.

SEÑOR PASQUET.- Según observo, en el artículo 337 se establece la contratación de una consultoría, lo cual tiene un costo de US$ 500.000, para planificar el proceso de mejora continua del Ministerio. Agradecería algún comentario a este respecto.

SEÑOR MINISTRO.- Entiendo que debí ser civilizado al respecto. Esto tiene que ver con recursos que no tenemos actualmente en el Ministerio, por lo que nos vemos simplemente a nosotros mismos. Eso ha impedido una evolución en los sistemas nuevos, a nivel mundial, de evaluación de funcionarios y de misiones, teniendo en cuenta gestión y resultados. Por tanto, estos US$500.000 en estos cinco años que vienen apuntan, fundamentalmente, a generar un esquema de trabajo en la Cartera que permita su modernización en la gestión.

SEÑOR HEBER.- Pido disculpas porque me voy a referir a un punto ya considerado,  que es el de los contratos  de personal  especializado  para  hacer distintos informes y seguimientos de distintos países, con una partida de $ 18:000.000.

Eso se suma a los $ 6:000.000 que el Poder Ejecutivo, a través del artículo 64, otorga a los Ministerios de Estado, en particular, al Ministerio de Relaciones Exteriores, para hacer contratos.  Quiere decir que son $ 6:000.000  más $ 18:000.000 que se proponen en este artículo.

Esta es una observación que queríamos hacer en el Presupuesto ya que se trata de una suerte de contratos y, además,  no se especifica para qué son.

                Por otro lado, en el artículo 336 autorizamos al Ministerio de Relaciones Exteriores a establecer una prima por productividad, como incentivo. ¿Cuál es la idea de productividad? ¿Cómo se mide la productividad en el Ministerio de Relaciones Exteriores? No me parecería correcto que este tipo de primas termine por generalizarse para todos los funcionarios porque, entonces, se desvirtuaría  el concepto que está por detrás, es decir, un premio al rendimiento. De cualquier manera, me gustaría que el señor Ministro formulara comentarios sobre la prima por productividad, que se financia con  un dinero que va a tener el Ministerio  para poder premiar los resultados de las tareas de sus funcionarios.

SEÑOR MINISTRO.- La prima por productividad tiene por objetivo, obviamente, la evaluación  y los indicadores de gestión. El material que contiene esta temática lo entregamos cuando discutimos el Presupuesto en la Cámara de Representantes. Por otro lado, vamos a compartir con los señores Senadores los criterios que están en elaboración y en la fase inicial, para que sepan cuáles van a ser los indicadores de gestión.

                La prima por productividad apunta, específicamente, a una mejora en la productividad del funcionario a través de una recompensa, de acuerdo con los indicadores de gestión que se han comenzado a elaborar.

                En cuanto a las sumas que se establecen en los artículos que mencionaba el señor Senador Heber, vamos a aplicar esto con carácter restrictivo y no ligeramente. En ese sentido, seguramente, utilizaremos el criterio de concurso para cubrir estos cargos. Por otro lado,  los cargos de alta especialización en los temas que referimos, requieren de sueldos altos. Esa es una realidad; me gustaría que pudiéramos atraer personal con capacitación e idoneidad en los asuntos referidos, pero si no tenemos dinero, va a ser muy difícil que ello ocurra.

                Las mediciones se han hecho con esos criterios; esperemos que los mismos se ajusten, sirvan y sean funcionales.

SEÑOR PASQUET.-  Volviendo al artículo 337, que tiene que ver con la contratación  de la consultoría,  dije que eran  US$ 500.000, pero  no  advertí   –como señalan los colegas– que se trata de una partida anual, por lo que serían US$ 500.000 multiplicados por cinco. El señor Ministro decía que había sido civilizado en estos temas, pero yo sigo siendo un bárbaro y, entonces, me choca un poco el importe total de US$ 2.500:000.000 para una consultoría. Además, ¿cómo se determina el monto de antemano? Supongo que en estos casos se hace una licitación y, de pronto, satisfechas ciertas calidades exigidas a todos, después compiten por precio. Es lo que se me ocurre decir mirando estas cifras; quizás el razonamiento es otro y, en ese caso, les agradecería que me lo trasmitieran porque me llama la atención y me parece un monto muy importante.

SEÑOR MINISTRO.- La cifra es un estimativo. Creo que podemos eliminar el término anual de la partida porque es única.

SEÑORA PRESIDENTA.-  Quiero recordar a los señores y señoras Senadoras, que estamos atrasados con respecto al cronograma previsto. Llevamos media hora de atraso respecto a la hora que fijamos para recibir a Presidencia de la República, ya está avisada pero sería bueno resumir o acotar lo más que podamos.

SEÑOR RUBIO.-  A este respecto quiero decir que  he tenido algunas experiencias en Entes Autónomos y sé que en un Programa de Mejora Continua se contrata por licitación a algunas de las firmas más importantes del país. Esa es la experiencia que tuve y la que conozco. Me parece que lo importante es invertir bien porque son licitaciones, hay algunas empresas que lo saben hacer muy bien –y no son muchas– y estas cosas son caras. Después puede quedar como un crédito no ejecutado. Que  el Ministro nos diga que no se trata de una partida anual, me parece que es un signo de austeridad; ahora bien, no sé si después no va a tener necesidad de reiterarlo en la próxima Rendición de Cuentas.

SEÑOR PENADÉS.-  Estoy de acuerdo con lo que manifiesta el señor Senador Rubio. Creo que este es un artículo cuya discusión, quizá, deberíamos dejar  pendiente para  más adelante cuando estemos de acuerdo con los objetivos a seguir. Es un tema interesante para discutir, pero no ahora. Es necesario tener un Programa de Mejora Continua, pero  pienso que lo mejor sería dejarlo como está y discutir esto como un elemento para trabajar en el desarrollo de la  Comisión.

SEÑORA PRESIDENTA.-  Pasamos a los artículos 338, 339 y 340.

SEÑORA MOREIRA.-  No quiero formular una pregunta, sino  hacer un comentario respecto al artículo 340. Aquí se habilita  una partida destinada a solventar gastos de capacitación permanente para funcionarios de todos los escalafones, áreas y temáticas de interés. Al respecto quiero recordar que para todos los funcionarios públicos de alta capacitación existe una Maestría de Gestión Pública, que ofrece la Universidad de la República  sin costo y que en este caso también puede ser aprovechada, así como distintos cursos  públicos que pueden servir para este tipo de capacitación.

SEÑORA PRESIDENTA.-  Está a consideración el artículo 341.

SEÑOR HEBER.- Este artículo tampoco vino en el mensaje original del Poder Ejecutivo y faculta al Ministerio de Relaciones Exteriores a crear un cargo. No poseo formación jurídica  como para rebatir,  pero discrepo con el término  “crear”.

Creo que esto se refiere a una situación de juicios que tiene el Ministerio, según pude averiguar. Pero aquí se habla de cuatro cargos; tres de Ministro Consejero y uno de Ministro. No sabíamos que había tres, y luego de hacer algunas averiguaciones, hemos podido identificar dos de esos cargos que tienen una situación de juicio con el Ministerio.

La pregunta es por qué se habla de cuatro cargos y si esto resuelve la situación que tiene la Cancillería al respecto.

SEÑOR MINISTRO.- El criterio no es arreglar juicios sino, simplemente, aplicar el artículo 21 de la Ley Nº 16.736 que tiene que ver con aquellos funcionarios que pueden verse afectados por recursos contra ascensos y sobre los que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como ocurrió en otros casos, se expidió diez años después, luego de que esos funcionarios hubieran seguido adelante con sus carreras hasta llegar a estos cargos. Si se aplicara el fallo tendrían que volver al cargo original, para dar un ejemplo, al de Primer Secretario. Entonces, la Ley Nº 16.736 prevé que esos funcionarios queden stand by hasta que la nueva Ley de Presupuesto cree esos cargos y se les dé el puesto que fueron ganando por sus propios medios. Ese es el objetivo de la norma.

SEÑOR HEBER.- Yo había identificado dos juicios y hay cuatro cargos. Me gustaría que se aclarara ese punto.

SEÑOR MINISTRO.- Los cargos son los del Embajador Manuel Vieira, el Embajador Nelson Chabén, el Ministro Consejero Collazo y el del Embajador Omar Mesa.

SEÑOR HEBER.- Si no me equivoco, con respecto al del Embajador Omar Mesa no ha habido fallo todavía. ¿La Administración prevé que va a perder?

SEÑOR MINISTRO.- No es por este caso concreto, que planteó el Presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior Uruguayo, que se hace esa referencia en el artículo. Ese caso aún está en trámite y lo está resolviendo la Administración, luego de lo cual pasará al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 342.

SEÑOR PASQUET.- Veo que aumenta el número de funcionarios administrativos que pueden recibir un destino en el exterior. Evidentemente esto tiene un costo importante para el país, como lo tiene el envío de cualquier funcionario al exterior. Quisiera saber, en primer lugar, por qué es necesario tener funcionarios administrativos en el exterior en vez de contratarlos en el lugar y, en segundo término, por qué se aumenta el número de 15 a 20. Con toda franqueza, debo decir que seguramente esto responde a esa lógica natural que todos conocemos, que es tan vieja como el mundo y que se da en todos los planos de la Administración y no sólo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Me refiero a que los funcionarios interesados en obtener determinada reivindicación para mejorar su situación reclaman, como es humano y comprensible, para lograr ese objetivo. Si hoy son 15, mañana serán 20 y, probablemente, en la Rendición de Cuentas que viene tratarán de ser 25, y así seguirán hasta ir aumentando el cupo y también el tiempo durante el cual podrán estar en el exterior. Esto, repito, es humanamente comprensible, pero desde el punto de vista del cuidado del Erario y del buen funcionamiento del servicio uno tiene que preguntarse por qué es necesario acceder a este tipo de reclamo.

SEÑOR MINISTRO.- En verdad, no se trata de reclamos, sino que esto tiene que ver con una realidad funcional que se da en nuestras embajadas en el exterior. Resulta que para tareas de apoyo administrativo, muchas veces es mejor un funcionario que ya cuente con experiencia de trabajo en el Ministerio, que otro contratado. Ese es el criterio integral que apunta a fortalecer la gestión en el exterior a través de un mejor apoyo para el trabajo de los funcionarios diplomáticos. Recuerdo que cuando estuve en China no tenía un funcionario administrativo y me hubiera gustado contar con la ayuda de alguien del Ministerio para hacer determinadas tareas de esa índole. Sin dudas, al tener un conocimiento del país, de la realidad del Ministerio y del trabajo de la Embajada, se genera una ida y vuelta más favorable.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no hay más preguntas respecto de esta norma, pasamos al artículo 343.

SEÑOR HEBER.- Sin dudas, los artículos 343 y 344 son recurrentes en las instancias presupuestales y hasta creo que tienen vida propia, al menos desde que consideramos los presupuestos de la Cancillería en el Senado. Se trata de la vieja situación de los funcionarios del escalafón A, Técnico Profesional, en lo que hace al desempeño de funciones en el exterior. Debo advertir que, incluso, hay modificaciones propuestas a este artículo. Creo que ello ha llevado a una lógica confrontación entre las distintas gremiales del propio Ministerio, porque ha ingresado personal y viejos funcionarios que pertenecían al escalafón Técnico Profesional ocuparon posiciones en el escalafón M, con la histórica protesta de los integrantes de dicho escalafón y del Servicio Diplomático.

Entonces, la primera consulta que queremos hacer al señor Ministro porque nos llama la atención, tiene que ver con el hecho de que no vemos que este artículo figure en su Mensaje original, sino que se introdujo en la Cámara de Representantes. Suponemos que cuenta con el aval del señor Ministro, quien veo que asiente con la cabeza. Me pregunto, pues, si vamos a reiniciar toda esta discusión, más allá de que esta disposición tiene características notoriamente diferentes de las anteriores, porque se busca que las funciones sean de tres años, que cuenten con asesoramiento técnico y no ocupen posiciones dentro del escalafón. De cualquier forma, naturalmente, existe el lógico temor de que termine sucediendo lo mismo que en el  pasado y sí ocupen posiciones en el escalafón M. En tanto esto ha ocurrido antes, la preocupación de los funcionarios diplomáticos es de recibo, dado que se reinicia la discusión en torno a la representación. De acuerdo a como lo plantea el señor Ministro en términos generales, parecería que lo que se busca es acotar y dar una representación a los funcionarios técnico profesionales con funciones técnico profesionales y no diplomáticas en el exterior. Pero nadie puede garantizar que luego no aparezca la reivindicación y quieran pasar definitivamente al escalafón M. Esperemos que no, que esta formulación sea lo suficientemente firme y seria como para que en el futuro no se invadan escalafones en los que se ingresa por concurso y se exige una cantidad de requisitos, todo lo cual no ocurre en el otro caso.

Entonces, la primera advertencia no refiere al artículo, sino al futuro. Aunque pudiésemos llevarle la idea al señor Ministro, en realidad nos gustaría que hiciera comentarios al respecto y nos asegurara que  esto no significará que en el día de mañana comencemos a tener vasos comunicantes entre un escalafón y otro porque, de ser así, reeditaríamos  la situación de conflicto.

                Por otro lado, a nuestro juicio es necesario salvar las situaciones que anteriormente fueron contempladas sin que esto se convierta una puerta abierta para que todo el mundo pueda salir al exterior con posiciones referidas al Escalafón A, Técnico Profesional. Me explico: hay situaciones del pasado que se vienen arreglando; se trata de cargos técnico profesionales que, mediante determinadas leyes, han ocupado posiciones en el escalafón M. Ahora bien; ¿esta redacción salva esa situación o el señor Ministro llega con una redacción sustitutiva a lo que se votó en la Cámara de Representantes?

                Si bien son varias las consultas, nos gustaría que primero nos diera una explicación acerca de esta situación, a fin de ir bosquejando si esta es la mejor solución.

SEÑOR PEÑA.- Por nuestra parte, en el día de ayer recibimos una delegación integrada por algunos funcionarios del escalafón A, Técnico Profesional, quienes prestaban funciones a la fecha de la aprobación del artículo 44 del Decreto Ley N° 14.206, de 14 de junio de 1974 y adquirieron el derecho a ser destinados en el exterior. Dicho régimen especial se mantuvo hasta la aprobación del artículo 123 de la Ley N° 15.093, de 10 de noviembre de 1987, que limitó la aplicación para aquellos funcionarios ingresados hasta el 31 de diciembre de 1985. El fundamento del régimen especial para que los técnicos profesionales salieran al exterior fue la necesidad de contar con personal profesional.

Ahora bien; este artículo del proyecto establece que, por un lado, se le otorgan nuevos derechos a funcionarios técnicos profesionales ingresados con posterioridad al 31 de diciembre de 1985 pero, simultáneamente, se eliminan los derechos adquiridos de quienes están en el régimen anterior. Entonces, simplemente planteamos si esa es la intención del artículo o si habría que revisar la redacción del artículo 343.

SEÑOR PASQUET.­– Señora Presidenta: debo decir que me opongo a este artículo por las mismas razones que rechacé el anterior.

                Observo que aquí nuevamente se vuelve al tema del escalafón A y su destino al exterior, tema que se trató por primera vez  en el Presupuesto de 1985, cuando los funcionarios técnicos escalafonados del Ministerio de Relaciones Exteriores reivindicaban lo que entendían era su derecho, esto es, salir al exterior. Ellos hacían caudal en que, dada la carencia de profesionales que había en el Ministerio y el hecho de que muchos de esos profesionales del escalafón A –no del M, Diplomático– habían cumplido tareas de importancia para el servicio en el exterior, era justo reconocerles esa labor y, por lo tanto, habilitar la posibilidad de que se les diera destino en el exterior. Y, efectivamente, había funcionarios de muy destacada trayectoria –me refiero, por ejemplo, a los embajadores Berthet, Lupinacci y Paolillo– que, al pertenecer al escalafón A, entendían que tenían derecho al destino en el exterior. Finalmente, se accedió a ello y el presupuesto de ese primer ggobierno constitucional habilitó esa posibilidad.

                Ahora bien; veinticinco años después la situación es distinta, porque se ha generalizado el régimen de ingreso por concurso. Para concursar se exigen carreras universitarias y, como existe una plétora de funcionarios diplomáticos con título profesional, entiendo que no se justifica habilitar esta posibilidad para la gente del escalafón A. 

Hay que tener en cuenta que para ingresar al Servicio Exterior y hacer carrera allí se requiere el manejo de idiomas extranjeros y una serie de aptitudes en el marco de una exigencia creciente. Las personas que dan el examen y luego concursan pueden sentirse desestimuladas si comprueban que otros que no hacen lo mismo que ellos –me refiero a que tienen un título profesional y trabajan como profesionales, pero no están sometidos a todas las exigencias del escalafón M del Servicio Exterior– tienen la posibilidad de ser destinados al exterior. Me parece, repito, que es un desestímulo para los funcionarios de carrera del Servicio Exterior.

                Personalmente, los veo atacados desde tres frentes.  En el escalafón A –que se refiere a los funcionarios administrativos–  va aumentando el cupo, por lo que en la  próxima Rendición de Cuentas ya no serán siete sino diez. Ese es el ritmo inexorable de estas cosas; es la ley de hierro de la burocracia, que siempre tiende a aumentar. Estos cupos están destinados a crecer. En consecuencia, por un lado, está el escalafón A, por otro, los Embajadores políticos –que son 18, pero están llamados a ser 20 y luego vendrán los itinerantes–  y, por otro, los del escalafón R que van a reingresar. Es notorio que el espacio vital de los funcionarios del escalafón M –los diplomáticos de carrera–  se ve acosado u hostigado desde tres ángulos distintos. Confieso que esto me preocupa desde la perspectiva de la profesionalización del Servicio Exterior.

SEÑOR MARTÍNEZ.- Mi pregunta va en el mismo sentido que la del señor Senador Peña.  Tengo entendido que, en este momento,  quedan ocho casos  –aunque sumaron uno más– y me gustaría saber si esto les quita derechos o queda en los antecedentes. ¿Qué sucede con esos ocho o, eventualmente, nueve casos?

SEÑOR PENADÉS.- No creo que este artículo esté mal. Por el contrario, considero que trata de regular una situación, porque en el futuro se va a necesitar el asesoramiento técnico de profesionales en algunas de las Embajadas o servicios de nuestra Cancillería en el exterior. En este sentido, creo que se logra establecer claros criterios que no atentan contra el escalafón M ni contra el Servicio Exterior porque, si no entendí mal, ninguno de estos profesionales va a ir a cumplir tareas de carácter diplomático sustituyendo a un diplomático. En ese sentido, repito, creo que el escalafón M no se ve afectado. No se trata de que personas del escalafón A vayan a desempeñar tareas diplomáticas sustituyendo la labor de quien fue a cumplir una misión específica; en este caso, se refiere al asesoramiento de un técnico profesional, y eso a mí no me parece mal. 

SEÑOR MINISTRO.- Estoy de acuerdo con la última exposición y creo que clarifica bastante el planteamiento del tema. La idea es que estos funcionarios vayan a prestar tareas de asesoramiento y sean acreditados en el exterior como asesores. Estos casos, en definitiva, tienen una particularidad y es que no se les blinda la salida al exterior, porque los funcionarios y las misiones necesitan asesores contables o legales, así como el apoyo de personal administrativo; por lo tanto, la salida al exterior no puede pertenecer a un solo escalafón.

                La idea de este artículo es blindar la carrera del Servicio Exterior, de modo que no haya perforaciones ni excepciones en ella. Me refiero a que, por ejemplo, alguien no ingrese como Ministro Consejero o Ministro sin haber transitado todo el camino de la carrera diplomática. Creo que ese es el punto de inflexión en este artículo: prevé la salida de los asesores y, a su vez, blinda la carrera para que no haya perforaciones a efectos de evitar que sean acreditadas como Embajadores, Ministros o Ministros Consejeros personas que no realizaron esta carrera, según un esquema de inequidad respecto a otros asesores.

                Vuelvo a repetir que este artículo apunta a lograr la equidad entre los asesores, blindar la carrera y fortalecer la gestión en el exterior, porque creemos que la situación que se da con los funcionarios actualmente, de alguna manera, es injusta. En ese sentido, voy a proponer que se baje de quince a diez los años de antigüedad, se aumenten de siete a diez Embajadas y se reduzca el período de destino, de modo que sea equitativo con el que el funcionario ha cumplido en el exterior.

                Insisto en que ese es el objetivo al que apunta este artículo. Creemos que, de ese modo, se fortalecen la carrera y las misiones en el exterior, y se blinda la carrera, evitando las perforaciones que ha tenido hasta la fecha.

(Ocupa la  Presidencia el señor Senador Larrañaga)

SEÑOR PASQUET.- Comentaré algunas apreciaciones del señor Senador Penadés que no tengo el honor de compartir.

                La afectación al escalafón M no se va a producir porque los asesores del escalafón A ocupen un lugar en el M, sino que se dará por la vía de hecho, es decir, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene recursos muy limitados. No puedo dejar de observar, en la página 44 del Mensaje del Poder Ejecutivo, que en el aumento de los créditos presupuestales el Ministerio de Relaciones Exteriores prácticamente es la cenicienta, porque tiene el penúltimo nivel de incremento y solamente está por encima del Ministerio de Economía y Finanzas. Tiene recursos escasos y, por tanto, no puede designar a todos los que quisiera para cumplir misiones en el exterior. La dotación de personal de nuestras Embajadas es mínima y los Embajadores se manejan con un número reducido de funcionarios. Entonces, a donde vaya un técnico del escalafón A, probablemente no irá un diplomático del escalafón M. Por esa vía se produce la afectación de los diplomáticos, porque no mandarán dos, sino uno y alguno será un profesional del escalafón A. Me parece que es preferible enviar a quienes se hayan preparado especialmente, concursando, dando pruebas y sometiéndose a las exigencias propias del Servicio Exterior.

SEÑOR MINISTRO.- En definitiva, esos recursos limitados de nuestra Cartera son los que hacen necesaria la acreditación de asesores en las Embajadas. Ningún asesor, ni  remotamente, le quitará un cargo a un funcionario diplomático en el exterior. En este momento, tenemos un esquema en el que hay más vacantes que funcionarios que se presentan a ocupar cargos. En realidad, estamos quedando cortos en la provisión de cargos en el exterior. Independientemente de ello, esos funcionarios no serán acreditados como diplomáticos, sino como asesores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuamos con los artículos 344, 345, 346, 347, 348 y 349.

SEÑOR PENADÉS.-    El  artículo 349  establece  una  partida  anual  de           $ 4:906.000.000 para atender erogaciones resultantes de la preparación de la candidatura de la República Oriental del Uruguay al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

                En primer lugar, me gustaría saber si ya se ha definido que el Uruguay se va a presentar como candidato para integrar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, en segundo término, para qué se necesita este tipo de partidas para preparar la candidatura.

SEÑOR MINISTRO.- Uruguay presentó la candidatura al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante la anterior Administración y la partida está destinada, fundamentalmente, a cubrir gastos de viajes y eventos para su promoción.

                Nos referíamos, por ejemplo, a los problemas que existen para traer los votos de África debido a la escasez de misiones acreditadas en esos países. También se plantea la misma dificultad en los países del Caribe. Por lo tanto, esta partida tiene como finalidad cubrir esos gastos. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasan a considerar los artículos 351, 352, 353, 354 y 355.

SEÑOR HEBER.- Los artículos 352, 353, 354 y también el 355, crean la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior.

                ¿Qué me preocupa de esta situación? En términos generales, siempre hemos querido unificar las distintas chacras que hay en el Estado, entendiendo que es necesario concentrar, por lo menos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, todo lo relativo a promoción, comercio, etcétera. La pregunta apunta,  justamente, a saber si eso es lo que se piensa hacer. ¿Se elimina la Comisión de Comercio Exterior y pasa todo a ser parte de la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior? Incluso, en Presidencia de la República –en sus artículos finales– se crean distintas oficinas que cumplen el mismo cometido. Por ello consulto: ¿de esta manera vamos a concentrar más o es un lugar más? Para nosotros esto es muy importante, porque hemos encontrado una suerte de diáspora, donde cada uno de los Ministerios tiene servicios de proyección exterior y promoción de lo que están realizando. Nos parece que de esa manera se duplica, triplica o cuadriplica la tarea, lo que significa gastar mal.

                Nos gustaría que el señor Ministro hiciera un comentario en ese sentido.

SEÑOR PASQUET.- En el artículo 352, me genera cierto reparo el empleo del término “definir” cuando se indican los cometidos de la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior. Dicho artículo expresa: “Créase la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior (CIACEX), con el cometido de definir las principales líneas de acción del país en lo atinente a la inserción comercial internacional, la negociación internacional, la promoción comercial y captación de inversiones, así como los mecanismos de incentivos”. A mi juicio, la definición de esas líneas de acción es de resorte del Poder Ejecutivo. La Comisión podrá asesorar al Poder Ejecutivo, pero la definición de las políticas en esta materia, insisto, le corresponden al Poder Ejecutivo. Teniendo en cuenta esta lógica, sería conveniente sustituir la palabra “definir”, por “asesorar” al Poder Ejecutivo en la definición. Dejo planteada esta observación.

SEÑOR RUBIO.-  En realidad los gabinetes temáticos –el señor Senador Daniel Martínez también puede abundar en ello– fueron una de las experiencias más exitosas de la Administración anterior. El Gabinete Social, el Productivo, el de Innovación, el de Seguridad y la CIACEX  tenían por objetivo –y a mi juicio lo cumplieron en gran medida– romper las chacras. De esa forma, se lograba crear un área en la que convergían las iniciativas que tenían los distintos Ministerios y las líneas de acción se armonizaban. Me parece que el propósito de este tipo de gabinetes temáticos debe ser alentador y acá se le da un formato institucional.

SEÑOR MINISTRO.- En realidad la CIACEX fue creada por decreto durante la Administración anterior –esta va a ser una creación por ley– y comprende los cinco Ministerios que han estado siempre vinculados a los temas de comercio exterior. Se busca fortalecer la interinstitucionalidad, generar espacios en los cuales se evite la duplicación de esfuerzos y la yuxtaposición de funciones y competencias. En ese sentido, entiendo que el trabajo que al respecto realizan los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas, de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Industria y Turismo, trabajando en conjunto los temas de comercio exterior, ha permitido una serie de definiciones y de lineamientos a seguir en materia de comercio exterior.

                Los cinco Ministerios integramos el Ejecutivo por lo que ese es un ámbito natural de discusión. Eventualmente en el futuro podrá ampliarse, pero en este contexto apoya y desarrolla el trabajo del Ejecutivo sobre una tarea de coordinación interinstitucional.

SEÑOR PASQUET.- Para componer el Ejecutivo falta nada menos que el señor Presidente de la República. ¿Qué acto jurídico puede dictar la CIACEX integrada de esa forma? Falta el Presidente de la República para que puedan dictar un decreto, una resolución. Entiendo la lógica del asunto, si el objetivo es asesorar y ese asesoramiento se traduce, por ejemplo,  en un decreto del Poder  Ejecutivo. De otra manera me parece que atribuirle a esta Comisión, por ley, la definición de cometidos de esta importancia, genera un área de preocupación acerca de qué es lo que le compete a  esta Comisión y qué al Poder Ejecutivo a quien constitucionalmente compete la conducción en esta materia.

SEÑOR MINISTRO.- Quisiera contestar esta última afirmación.

                En general, la CIACEX no trabaja sobre la base de la elaboración de decretos sino sobre el trazado y la profundización de algunas líneas de gestión. Antes esto lo podía hacer por sí solo el Ministerio de  Relaciones Exteriores, así como también el de Economía y Finanzas y el de Industria, Energía y Minería. Lo que aquí se plantea es una instancia de coordinación por la cual llegamos a un acuerdo sobre el camino a seguir y cómo lo podemos aprovechar mejor. Si en el futuro es necesario elaborar un decreto sobre algo, definitivamente eso irá a consideración del Presidente de la República. No obstante, de esta manera se resuelven muchos temas que tienen que ver con misiones de promoción o comerciales como, por ejemplo, el trabajo de Uruguay XXI que, definitivamente, tiene una instancia de coordinación y de definición de lineamientos estratégicos que es fundamental.

SEÑORA PRESIDENTA.- Ahora pasamos a los artículos 352, 353, 354 y 355, que es el último de este Inciso. Si los señores Senadores no tienen preguntas para formular, habríamos culminado con el trabajo respecto al Ministerio de Relaciones  Exteriores.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera decir algo con respecto al último artículo mencionado por el señor Ministro. Quizás el Ministerio podría revisar la redacción y enviarnos un texto acorde a las últimas expresiones del señor Ministro.

SEÑORA PRESIDENTA.- Al igual que con respecto al resto del articulado, estamos dispuestos a recibir una redacción alternativa, que debería ser enviada a la Secretaría de esta Comisión.

                La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado agradece la presencia y las explicaciones brindadas por el señor Ministro de Relaciones Exteriores y su equipo de asesores.

(Se retira de Sala la delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores)

 

(Ingresa a Sala la delegación de Presidencia de la República)

                Continuando con el tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto Nacional, Período 2010-2014, se pasa a considerar el Inciso 02, Presidencia de la República.

                Damos la bienvenida al señor Secretario de la Presidencia, doctor Alberto Breccia, al señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, economista Gabriel Frugoni, y a todos los asesores, tanto de Presidencia de la República como de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

SEÑOR BRECCIA.- Buenas tardes a todos.

                Como introducción a la presentación de este proyecto de ley de Presupuesto Nacional correspondiente al Inciso 02, Presidencia de la República, queremos dejar una constancia –al igual que lo hicimos en nuestra comparecencia ante la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes– que quizás no sea muy usual en estos casos. En general, la labor de los equipos que llevan a cabo la elaboración del proyecto de ley de Presupuesto de los distintos Ministerios es reconocida dentro de los propios equipos. No obstante ello, desde mi condición de jerarca corresponde que haga un reconocimiento público y explícito frente a los señores Senadores integrantes de la Comisión por la tarea llevada adelante por quienes elaboraron el presupuesto de este Inciso y, en colaboración con los demás Incisos, por todo el equipo de Presidencia de la República. Destaco especialmente a la señora Directora de la Oficina Nacional del Servicio Civil, doctora Tejera, al señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, economista Gabriel Frugoni, al señor Prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Diego Cánepa, a todos los responsables de las distintas Unidades Ejecutoras y a sus funcionarios, quienes han llevado a cabo una ímproba labor.

                Después de este reconocimiento –que me parece de estilo y de justicia–, queremos aclarar –tal como lo hicimos en la Comisión de la Cámara de Representantes– que hemos elaborado este Presupuesto –creo que en la visión transversal que corresponde a la Presidencia, y esto es extensivo a todos los demás Incisos– en base a una visión país, con la intención de procurar las mejores soluciones para los problemas que Uruguay debe enfrentar. Y creemos –no tenemos ningún empacho en reconocerlo– que este es el mismo espíritu que alienta a los integrantes de la oposición.

SEÑOR HEBER.- Muchas gracias.

SEÑOR BRECCIA.- Por lo tanto, a la hora de plantear las soluciones que pretendemos impulsar en nuestro Inciso, queremos decir a los señores Senadores que están informadas de ese ánimo y que estamos abiertos a recoger y recibir las propuestas que se nos hagan por parte de los señores integrantes de la oposición.

                A continuación, voy a hacer una presentación general muy breve del Inciso correspondiente a la Presidencia de la República. El objetivo que persigue el articulado es buscar la coherencia en la interna del Inciso y, para lograrlo, todas las unidades ejecutoras que forman parte de él han realizado un trabajo mancomunado con la finalidad de coordinar la elaboración de programas que deben atravesar horizontalmente, o transversalizar –para utilizar un término que está de moda– las diversas áreas de actuación del Estado. Esta coherencia que buscamos en la interna se plasma, hasta desde el punto de vista físico, en la infraestructura que pretendemos para la Presidencia de la República, ya que nuestro propósito es que, en un futuro inmediato –pero también en una tarea de mediano plazo– se puedan concentrar las instalaciones físicas de las distintas unidades ejecutoras en el Edificio de la Torre Ejecutiva –ubicado en la Plaza Independencia–, lo cual demandará un esfuerzo presupuestal y organizativo importante, que ya comienza a llevarse adelante con este Presupuesto. Asimismo, pretendemos que esa coherencia se trasmita en la actuación de la Presidencia hacia afuera, buscando que opere como coordinadora de las políticas públicas porque, justamente, su ubicación institucional le permite desempeñar ese papel. El Inciso posee todas las condiciones para recopilar, elaborar y suministrar información –estoy hablando específicamente de la Oficina Nacional del Servicio Civil, del Instituto Nacional de Estadística, de la AGESIC y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto– a los efectos de coordinar esas políticas públicas en el territorio y trazar las grandes líneas de actuación del Poder Ejecutivo y del Gobierno. Por supuesto –está de más decirlo–, todo esto está sujeto al debido control parlamentario. Por consiguiente, pretendemos fortalecer la capacidad de ejecución de dichos roles por parte del Inciso. En función de esto, los señores Senadores podrán advertir en el articulado que presentamos, varias disposiciones que incrementan partidas presupuestales para la Dirección de Servicios de Apoyo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Instituto Nacional de Estadística, la Oficina Nacional del Servicio Civil y la AGESIC.

                Como dije, la finalidad que se persigue es fortalecer el Inciso correspondiente a la Presidencia de la República. Esto lo hacemos transparente y explícito –además, porque así está claramente establecido en el articulado– a efectos de que funcione como coordinador y articulador de las políticas públicas y sea el que trace las grandes líneas de actuación del Gobierno.

Realizada esta introducción, comenzaríamos con el análisis del articulado. A partir de la experiencia que hemos tenido durante el tratamiento del proyecto en la Comisión de Presupuesto Integrada con la de Hacienda de la Cámara de Representantes –en nuestra anterior comparecencia para desarrollar y analizar el capítulo de funcionarios–  y si la señora Presidenta y los demás integrantes de la Comisión no se oponen, consideramos  que quizás en lugar de leer detalladamente cada uno de los artículos sería de utilidad  abreviar dicha lectura, y pasar al contenido concreto de lo que en ellos se dispone. Si la Comisión está de acuerdo, comenzaríamos el análisis del articulado con esa metodología y, en caso de que los señores Senadores  entiendan que se les dificulta su labor, los leeríamos uno por uno.            

SEÑORA PRESIDENTA.- Estamos de acuerdo porque, justamente,  esta metodología nos ha resultado útil. Recorremos el articulado y, si surge alguna pregunta, detenemos el análisis y se allana la duda.

Se pasa a considerar el artículo 88.

SEÑOR BRECCIA.-  El artículo 88 habilita a que la Presidencia de la República cree hasta dieciocho cargos de Coordinador Departamental, de particular confianza, comprendidos en el literal d) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 y establece que tendrá como cometido coordinar y articular las políticas públicas nacionales en el territorio del departamento, con el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia de las mismas.

Por último, establece que el Poder Ejecutivo reglamentará esta norma en un plazo máximo de ciento ochenta días.

                Antes de seguir con el análisis del articulado y si los señores Senadores no tienen ningún comentario que formular con respecto a esta disposición que acabo de referir, quiero informar que es intención de la Presidencia de la República, como resultado  de las  conversaciones mantenidas   con   los   distintos   actores   políticos  a   todo   nivel –fundamentalmente destacaría una que se llevó a cabo en la Estancia de Anchorena con los señores Intendentes Municipales de todo el país– que los Coordinadores Departamentales queden  establecidos en hasta un número de seis y adquieran, en consecuencia, la condición de Coordinadores Regionales y, obviamente, el Poder Ejecutivo reglamentará esta norma en un plazo máximo de ciento ochenta días.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Este es uno de los artículos que ha provocado una polémica pública. Es evidente que en la Cámara de Representantes contó con el rechazo unánime de mi colectividad política, el Partido Nacional. También es evidente que estamos en conocimiento de las conversaciones que han  mantenido  los Intendentes Municipales y el Congreso Nacional de Intendentes con el señor Presidente de la República.

Nuestro sector político, Alianza Nacional, estaría de acuerdo con el cambio sugerido en el sentido de que, en lugar de crear la figura de Coordinador Departamental, se instrumente la de Coordinador Regional en el entendido de que estamos hablando de propuestas completamente diferentes: una cosa son los Coordinadores Departamentales y otra, bien diferente, son los Coordinadores por áreas regionales en el territorio del país que tienen como objetivo  coordinar y articular las políticas nacionales.

                Desde la representación que ejerzo en mi condición de Senador, quiero ser claro y  manifestar a la Presidencia de la República, en la persona de su  Secretario, que  estaríamos de acuerdo con la creación de hasta seis cargos de Coordinadores Regionales, en tanto y en cuanto se tome en consideración, en primer lugar, todo  el territorio  nacional –es decir, no específicamente el interior del país– y, en segundo término, que debería incorporarse en el artículo el concepto de que se respetará las competencias de los Gobiernos Departamentales –que no es otra cosa que respetar el principio de autonomía– sin perjuicio de los cometidos de la Comisión Sectorial de Descentralización a que refiere el artículo 230 a partir  de la Reforma Constitucional de 1996.

                Pensamos también que el cargo de Coordinador Regional debería recaer sobre personas con comprobada trayectoria y con idoneidad técnica para cumplir con los objetivos asignados.

                En ese sentido, voy a aportar una redacción, por lo que voy a solicitar que se haga el repartido correspondiente para la delegación de la Presidencia de la República y, por supuesto, para todos los señores Senadores de esta Comisión.

                Consideramos que  estos Coordinadores Regionales, en virtud de los antecedentes y del alto cometido que se les pretende conferir, deberían estar limitados por algún tipo de incompatibilidad o inhibición que los alejen de la presunción política, pues sabemos que ése no es el objetivo de la designación de estos cargos sino que, por el contrario, lo que se busca es coordinar  políticas para tener la mejor de las reformas, que es la de la eficacia, y así ser eficaces en las respuestas desde el Gobierno Nacional.

                Quiero expresar claramente que, en su momento, nosotros propusimos las agencias de desarrollo regional –está escrito en el programa de nuestro sector y de nuestro Partido– mediante las cuales pretendíamos coordinar lo público con lo privado y lo nacional con lo departamental.

Nosotros hemos tomado como antecedente de esas incompatibilidades, el de la Ley Nº 18.446, de 17 de diciembre de 2008, que en uno de sus artículos establece que las personas elegidas para cumplir las funciones estipuladas no podrán haber desempeñado cargos públicos electivos durante tantos años anteriores a su designación, ni podrán ser candidatos a cargos públicos electivos hasta transcurridos tres años de la fecha del cese.

                Por último, en la redacción proyectada –que simplemente proponemos y dejamos a la consideración del Poder Ejecutivo para que la analice, es decir que no estamos pidiendo una respuesta en este momento– proponemos que se aplique en este caso el numeral 8º del artículo 77 de la Constitución de la República, estando comprendidas las prohibiciones establecidas en el numeral 4º de dicho artículo, que refiere a la inhibición de hacer política.

Estamos convencidos de que estos Coordinadores de todo el país tienen cometidos y competencias que pueden ser importantes para el Poder Ejecutivo, para la Presidencia de la República. Desde el punto de vista regional, creo que pueden ser instrumentos muy importantes para los propios Gobiernos Departamentales y para el desarrollo regional.

                Siempre hemos propugnado un proceso descentralizador en el país. Hemos estado del otro lado del mostrador al ser Intendentes Municipales y pudimos apreciar que la peor gestión es la que no supone una correcta administración de los recursos públicos que, muchas veces, se dilapidan y, en ese aspecto, hay ejemplos notables. Recuerdo que en una escuela en la ciudad de Paysandú donde se hizo el sistema de saneamiento,  al año de haber gastado cifras realmente importantes, el saneamiento pasó por enfrente a la escuela y, entonces, terminamos dilapidando una enorme cantidad de recursos económicos, cuando una mínima coordinación hubiera evitado esos gastos.

                Veo al Coordinador Regional como un responsable de la coordinación  y articulación de esas políticas públicas  nacionales. Quiero ser muy cuidadoso en la lectura de este artículo y por eso hemos intervenido, al igual que el señor Senador Da Rosa y otros calificados técnicos jurídicos, para considerar aspectos inherentes a la preservación de principios constitucionales que hacen al respeto de las competencias de los Gobiernos Departamentales y también al funcionamiento de la propia Comisión Sectorial de Descentralización –referida en el artículo 230 de la Constitución de la República– que sabemos que no es el mejor y no solo desde este Gobierno sino desde su propia creación.

                Pretendemos que el Poder Ejecutivo analice este artículo sustitutivo, con estas incompatibilidades, en el entendido de que aquí se plantea la correcta aplicación del principio de la buena fe. En el período anterior nos quejamos muchísimo cuando no teníamos relacionamiento con el Gobierno. Ahora hay caminos de entendimiento en algunos temas y no podemos dejar de transitar por ellos. A nuestro juicio, la de los Coordinadores Departamentales era una propuesta que no encajaba en el andamiaje jurídico constitucional del país, pero ella fue sustituida por la de los Coordinadores Regionales, que se desempeñarán en el ámbito territorial de todo el país y tendrán incompatibilidades. Como creemos en la buena fe del Poder Ejecutivo en el sentido de llevar adelante la creación de estos cargos para la correcta coordinación de las políticas públicas nacionales, nos permitimos tomar a resguardo estas incompatibilidades, para que queden libres de toda sospecha y puedan ser, precisamente, instrumentos de respuesta para todo el país, para todos los departamentos de la República y Gobiernos Departamentales, y no sean referentes que después terminen siendo sospechados políticamente, más allá de que podían tener el legítimo derecho de serlo.

Quizá pueda no seguirse este  criterio, y será una definición del Poder Ejecutivo. Por supuesto, nosotros nos reservaremos el derecho de arbitrar las decisiones que creamos convenientes desde el punto de vista político para acompañar o no una iniciativa con características diferentes. No venimos con  ánimo de imposición ni cosas por el estilo. Reconocemos, además, señora Presidenta, que en este tema hubo apertura de parte del Poder Ejecutivo porque desde el arranque se dijo, en forma tajante: “Tenemos derecho a hacerlo, tenemos los votos para  hacerlo y si queremos, lo vamos a hacer”.  Prueba de ello es que así se votó en la Cámara de Diputados. Después hubo un proceso de apertura, de cambio en esta postura y un diálogo con los Intendentes Municipales.

                Nací a la vida política como suplente de Edil, luego como suplente de Diputado y después fui Intendente Municipal, y no puedo desconocer la opinión de los Intendentes Municipales. Con esto no estoy diciendo bajo ningún punto de vista que quienes no están apoyando esta solución –incluso, queridísimos compañeros de mi Partido, que no comparten mi posición– no toman en cuenta la posición de los Intendentes Municipales ni  la de los señores Legisladores de la oposición, del Partido Colorado aquí presente.

Simplemente, estoy relatando algo con lo que tengo fuerte relación, fuertes raíces que conforman mi surgimiento político y mi atadura local, mi atadura regional al Gobierno Departamental, que es la primera puerta abierta frente al ciudadano y la gente. Creo en esas herramientas de Gobierno y por eso pienso que estos Coordinadores, con estas características y  competencias pueden ser un instrumento de descentralización, coordinación y respuestas que optimicen la eficacia de la mejor reforma del Estado que puede haber y que muchas veces no nos animamos a emprender.

La única reforma del Estado posible  hoy es la reforma de la eficacia del Estado, todo lo otro es jarabe de pico, todo lo otro es verso. Si no tenemos eficacia en el Estado para optimizar los escasos recursos que tenemos para mejorar la respuesta,  todo lo otro es muy complejo. Y lo mismo en lo que hace a los Gobiernos departamentales, que necesitan referentes que, de alguna manera, también puedan ser el soporte de la gestión de desarrollo regional que potencie las regiones, con una propuesta y un proyecto de desarrollo nacional e integral  en el que creemos profundamente.

Esa es la propuesta, esa es la respuesta a lo que ha dicho el señor Secretario de la República. Esto es lo que proponemos para que se analice, ni siquiera pretendemos que se estudie en el día de hoy porque somos conscientes de que se deberá analizar como corresponde.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑOR VIERA.- Como ya se ha anunciado, el Partido Colorado no va a apoyar este artículo, es decir, lo votará negativamente. Estamos en contra de la idea de la creación de estos cargos de particular confianza. Estábamos en contra de la creación de los 18 Coordinadores Departamentales y estamos en contra de la creación de los 6 Regionales. Creemos que no es una cuestión de números.

Los argumentos por los cuales no vamos a votar son los mismos para dieciocho que para seis. Creo que se está modificando la estructura política del país y por más que se diga que la Presidencia de la República lo podría hacer sin ley, no es tan así. En realidad, podría designar un funcionario para cumplir esa tarea, pero no en un cargo que se crea por ley y que es institucional. En este caso se estaría creando un nuevo escalón de gobierno y al ser regionales, en vez de ser al estilo de los viejos jefes políticos de antes de las Intendencias, se está creando una especie de gobernadores. Sé que eso no va a tener injerencia en el desempeño de los gobiernos departamentales; no lo podrían hacer y no lo van a hacer, pero en definitiva eso es lo de menos; los gobiernos departamentales con sus roles de mantenimiento y construcción de calles y caminos, de recolección de residuos domiciliarios y de alumbrado público no van a recibir interferencia alguna por parte de los coordinadores. Se trata de la coordinación de las políticas nacionales que de alguna manera, históricamente, desde 1908 cuando se crearon las intendencias departamentales, los gobiernos nacionales han coordinado con estos gobiernos departamentales y, fundamentalmente, han desarrollado esa coordinación a través de los Ministerios que cuentan con sus oficinas, con sus dependencias y con sus funcionarios en todos los departamentos del interior. Si son eficientes o no, ese es otro tema y, en todo caso, habría que ver cómo hacer para que sean eficientes. Además, esos Ministerios en este mismo Presupuesto están creando figuras de coordinación, de coordinadores departamentales, como es el caso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, en definitiva, se está generando más burocracia y mayores costos para el Estado porque, por menos que se gaste, cada coordinador va a tener un lugar donde estar, funcionarios, una limpiadora, gastos de teléfono, etcétera, y el propio sueldo que se presupuesta. Repito: esta iniciativa genera más gasto, más burocracia y, a mi modo de ver, va en contra de todo concepto de descentralización. Esto es más concentración de poder y ya no en el Poder Ejecutivo, ya no en la Presidencia de la República a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sino en la figura del Presidente de la República que tendrá sus delegados allí. Creo que es cierto que esto nada tiene que ver con las intendencias departamentales y, en todo caso, colide con la función del Congreso Nacional de Intendentes, que es un órgano constitucional. ¿Qué otra cosa hace el Congreso Nacional de Intendentes si no es coordinar las políticas departamentales de cada gobierno con el gobierno nacional? Este Congreso tiene su representación en la Comisión Sectorial de Descentralización, con una representación establecida en la propia Constitución.

 Nosotros trasmitimos al Presidente de la República,  formal y oficialmente, con todo respeto, la posición del Partido Colorado y adelantamos nuestra opinión leal y respetuosa pero contraria a esta iniciativa. En cambio sí nos tomamos el atrevimiento de sugerir al Presidente de la República algo que, para mi alegría, el señor Senador Larrañaga recoge en su propuesta. Sin dudas, si eso se aprobara de esa manera, el proyecto resultaría mejor. Al señor Presidente de la República le dijimos que no teníamos por qué dudar de sus intenciones en el sentido de no hacer de estos cargos premios consuelo, de no nombrar políticos y tampoco designar figuras políticas para formarlas a fin de competir en el interior en la próxima elección, sino que se buscarían técnicos.

No tengo por qué dudar, pero se legisla pensando en el futuro. Mañana habrá otro Gobierno y un Presidente distinto que tendrá otros criterios. Por lo tanto, creo que es bueno que las intenciones se expliciten en la ley. Insisto en que sería mejor que quedaran expresamente establecidas en el propio artículo todas estas inhibiciones que tendría ese funcionario. De otra forma, repito, es una tentación –no para ahora, pero puede serlo para el futuro– para designar figuras políticas para que, con mucho poder   –porque se trata de administrar la coordinación con todos los Ministerios–  generen nuevos liderazgos políticos.

                Por ahora es cuanto queríamos manifestar.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Brevemente, señora Presidenta, quiero informar a la Comisión que es voluntad de la bancada oficialista introducir modificaciones al artículo 88. Entiendo que no es esta la ocasión de discutir y en tal sentido no voy a polemizar con ninguno de los dos señores Senadores, ya que ahora estamos recibiendo al Inciso. Luego tendremos una instancia de discusión a nivel interno en la Comisión. De cualquier forma, agradezco que se haya adelantado un texto porque se trata de algo concreto sobre lo cual se puede trabajar. Reitero que podría polemizar con lo dicho, pero me parece que no corresponde porque recién estamos en la presentación. Debe quedar claro que estamos abiertos a encontrar una redacción sustitutiva al artículo 88.

SEÑOR HEBER.- A modo de constancia ante la presencia del Poder Ejecutivo, en la persona del Secretario y del Prosecretario de la Presidencia de la República –dos políticos; fueron compañeros nuestros de Cámara y estuvimos juntos cuando analizamos el tema de los funcionarios–, quiero hacer algunas reflexiones que no solamente van dirigidas al propio Poder Ejecutivo sino también a la Comisión.

                De acuerdo con lo que ha trascendido por la prensa, ya conocía la propuesta de nuestros compañeros de partido, más precisamente de Alianza Nacional, y debo decir que mejora sustancialmente el artículo actual. Quizás no sea suficiente para nosotros como para acompañarlo. Y digo quizás porque dependerá de lo que resulte de las deliberaciones en la Comisión. Siempre estamos abiertos al diálogo y no tenemos anteojeras en esto. Sin dudas, ese nuevo texto –no el artículo original– planteado por los compañeros de Alianza Nacional despeja muchos de los cuestionamientos públicos que habíamos realizado en cuanto a que fueran dieciocho delegados departamentales, a que tuvieran prohibiciones de carácter político, es decir, que no hubieran ejercido la actividad política. Esto es importante porque evita que se transforme en una especie de premio consuelo o situación de espejo de figuras políticas que no han tenido la preferencia en el departamento. La idea es que realmente se trate de coordinadores que, además, es lo que ha dicho el Presidente que necesita. Más allá de esto, seguimos teniendo un cuestionamiento institucional sobre el tema. Aun así, reconocemos que si fuera del caso que el Poder Ejecutivo aceptara la propuesta de los compañeros de Alianza Nacional se despejarían, en gran parte, los cuestionamientos de carácter político que hacíamos en cuanto a que esto era una especie de aparato político espejo a las intendencias, sobre todo para un partido que tiene doce de las diecinueve comunas. Creíamos que esa era la intencionalidad; no lo sabemos aún. Repito que dependerá de si se acepta o no la propuesta de Alianza Nacional.

Lo cierto es que el proyecto que presentan los señores Senadores Larrañaga y Da Rosa contiene  prohibiciones tales como no haber ejercido cargos públicos electivos e incluye, asimismo, las dispuestas en el artículo 77 de la Constitución de la República. En fin, abarca una serie de requisitos que indican que esto no es parte de un aparato político, sino que la idea es que el Estado funcione mejor.

                Ahora bien; la pregunta que quiero hacer a los señores que hoy nos visitan es la siguiente: con los coordinadores, con más gente, ¿tenemos mejor Gobierno? A este respecto tengo mis dudas; es más, mi experiencia indica que no es así. No es con más cargos de confianza que marchamos mejor, sino haciendo que el Estado funcione tal como está estructurado. Parecería que tenemos una suerte  de rendición frente a la burocracia y buscamos varios  by pass y caminos paralelos que la sorteen, para que el mismo Estado dé respuesta a los requerimientos.

                En este sentido, creemos que hay  una labor de conducción del Estado y no podemos darnos por vencidos antes de declarar pelea contra una burocracia que no es de ningún partido. Porque todos tenemos ese problema. La burocracia es como un partido político distinto, que funciona con reflejos propios y se defiende de una manera muy especial. Sin duda, sortea a los partidos políticos que sortean su mandato y creo que esto puede ser algo así como una suerte de rendición, porque no se puede con ella.

                En realidad, queríamos hacer más comentarios, pero los dejaremos para la etapa del Plenario, donde sí vamos a dar nuestras opiniones en función de lo que se decida definitivamente. Esperamos que el artículo se mejore sustancialmente, tal como ha sido propuesto por compañeros de nuestro Partido.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Coincido con la idea de que quizá no sea esta la etapa procesal correspondiente para presentar un artículo sustitutivo pero, de todos modos, me parece que hacerlo es ganar terreno para que pueda circular un instrumento de trabajo si es que hay líneas de entendimiento. Quiero ser absolutamente claro con los integrantes de la Comisión: no existe nada absolutamente cerrado respecto de este tema; en todo caso, dependerá de la redacción. En función de ello, tengo el objetivo de trasladar  mi inquietud a Presidencia a fin de que lo analice y estudie. Pero sí pido las disculpas del caso por haberme salteado la etapa procesal correspondiente, pues me parece importante ir avanzando en este punto para que después no entremos en las improvisaciones de último momento.

SEÑOR BRECCIA.- Deseo realizar una mínima salvedad.

                Coincidimos con algunas de las cosas que aquí se han manifestado y con otras discrepamos frontalmente. Pero como lo hemos dicho en la Comisión homóloga de la Cámara de Representantes, no concurrimos a estos recintos a dar una discusión política sobre cada una de las soluciones que proponemos, sino a dejarlas a consideración de la Comisión, puesto que ya las hemos defendido en las instancias correspondientes. De todas maneras, se agradece este intercambio de opiniones porque en algunas cosas nos reafirman  y, en otras, nos abren la cabeza.

SEÑORA PRESIDENTA.-  Se pasa a considerar el artículo 89.

                Si ningún señor Senador desea hacer algún comentario, corresponde pasar a considerar el artículo 91.

SEÑOR HEBER.- Por este artículo se asigna una partida de U$S1:000.000.000 para equipamiento informático y soporte técnico logístico. ¿Estamos hablando de una partida anual? ¿Se ha previsto una inversión de US$ 1:000.000 para informática y para el equipo técnico logístico? Quizás tenga su justificación, pero me parece que es mucha plata.

SEÑOR CANÉPA.- Como ha dicho el señor Senador Heber, la Presidencia de la República ha comenzando un proceso de unificación en muchos aspectos, el cual no solo abarca los servicios generales sino también el área de informática, para que todos estén en el mismo edificio. Para ello, está planificado el cambio físico de algunas oficinas que actualmente están separadas del edificio central, trasladándolas al edificio de la Plaza Independencia. Asimismo, a efectos de generar una sinergia mayor e incluso un ahorro y una mejor optimización de los recursos, la Unidad Ejecutora 01 –que corresponde a la Presidencia de la República–  va a concentrar los aspectos informáticos en una sola red que será común a todas las unidades ejecutoras que se encuentran en el mismo edificio.

Por otro lado, en la  propia Oficina Nacional del Servicio Civil hay previsiones de un gasto mucho menor para los próximos cinco años, porque en el primero hay una transición y luego se concentrarán en esta unidad ejecutora todos los servicios informáticos del edificio y de las unidades ejecutoras que integran el Inciso de Presidencia, con excepción del Instituto Nacional de Estadística. Esto es parte de la estrategia de optimización de los recursos –tal como se dijo hace un rato– esto es, utilizar la misma cantidad de recursos, pero de mejor manera. Incluso, si se suman los que estaban destinados a la unidad ejecutora en anteriores presupuestos, se mejora la capacidad de gasto. Pensando en el futuro, seguramente habrá un mejor resultado en la utilización del tema informático.

SEÑORA PRESIDENTA. – Pasamos al artículo 92.

SEÑOR PASQUET.- Este artículo tiene un formato que, hemos advertido, se repite en varias disposiciones de otros Incisos. Pero vamos a plantear nuestra pregunta en este momento porque el Inciso Presidencia de la República parece ser algo así como el padre de todos los Incisos. El formato consiste en asignar determinado monto, que en este caso es de $ 31:000.000, para realizar contrataciones hasta la aprobación de las reestructuras organizativas y de puestos de trabajo del Inciso. Es decir que hay una asignación de fondos que la Presidencia, en este caso, utilizará con muy amplio margen de discrecionalidad, hasta que se definan las reestructuras organizativas y de puestos de trabajo.

                En consecuencia, pregunto: ¿dentro de qué plazo –estimado– se va a producir esta definición de reestructuras y de puestos? Si el mismo no ha sido definido con precisión, ¿cuándo se estima que estará pronto? Hago esta pregunta porque se trata del lapso en el cual se podrá disponer, con muy amplia discrecionalidad, de estas partidas incluidas en este artículo y en muchas otras disposiciones diseminadas en todo el proyecto de ley.

SEÑOR HEBER.- Por nuestra parte, haremos algunas preguntas y, como dijeron los señores Secretario y Prosecretario, en Comisión discutiremos sobre la conveniencia de los artículos.

Estamos hablando de que para contrataciones temporales se gasta un millón y medio por año, es decir, que nos referimos a seis millones doscientos mil para los próximos cuatro años. Me pregunto si los funcionarios no alcanzan. ¿Acaso esto no se puede resolver con la redistribución de funcionarios? Esto es algo que se repite a lo largo de este Inciso. Lamentablemente, vamos a ser bastante molestos con las preguntas porque es nuestro deber interrogar sobre el sentido de tantas contrataciones.

SEÑOR BRECCIA.- A los efectos de evacuar las dudas planteadas por los señores Senadores, solicito a la señora Presidenta que ceda el uso de la palabra a la doctora Tejera.

SEÑORA TEJERA.- Como acaban de señalar, estos artículos se repiten en los distintos Incisos. Ante la necesidad de recursos humanos, tales reparticiones pretendían crear cargos en este proyecto de ley de Presupuesto Nacional, pero la Oficina Nacional del Servicio Civil contestó que no, que era preferible tener un crédito para contratos temporales de Derecho Público a los efectos de hacer las reestructuras. Si de ellas surgiera que son tareas permanentes y estratégicas del Inciso, se crearían los cargos, pero no se habilitaría esa posibilidad por si luego en la reestructura nos diéramos cuenta de que no eran para tareas permanentes o que la serie o el escalafón que habían establecido no era el que realmente precisaban los Incisos.

                Con respecto al plazo, aclaro que en esta semana estamos comenzando a implementarlo con tres Incisos y pretendemos finalizar el 30 de junio próximo la reestructura de los tres. Estamos trabajando con un equipo integrado por la Oficina  Nacional del Servicio Civil, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el LATU, la AGESIC y la CGM.  A partir del 1º de junio, queremos continuar con otros tres Incisos. Si en algún caso no se hubieran terminado los tres pilotos anteriores, el equipo será diferente porque en cada uno de los Incisos trabajará un equipo de todos esos organismos. No se trata de que hasta que un equipo no termine no se comience con otro, porque nuestro objetivo es finalizar la reestructura de todos los Incisos de la  Administración  Central en este Período de Gobierno.

                De pronto, Presidencia tiene un crédito mayor que otros Incisos, pero explicaré por qué. Cuando ingresé me di cuenta de que hay gente que trabaja permanentemente con funcionarios que están en pases en comisión o tienen contratos PNUD, pero no disponen de personal de carrera del Inciso. En general, las oficinas como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina Nacional del Servicio Civil carecen de personal presupuestado de carrera.

SEÑOR BRECCIA.- Pido a la señora Presidenta que ceda el uso de la palabra al Doctor Cánepa.

SEÑOR CÁNEPA.- A los efectos de clarificar el planteo del señor Senador en cuanto al monto asignado, quiero aclarar que en la Presidencia de la República, más allá de las unidades ejecutoras que integran el Inciso 01, hay varios organismos que no tienen esa calidad y, por lo tanto, no son ordenadores de gasto. Por un problema de técnica legislativa se concentra en un solo artículo el monto global de contratos que serán utilizados por el resto de los organismos que paso a detallar.

                En primer lugar, debo mencionar a la Unidad Nacional de Seguridad Vial – UNASEV– que depende presupuestalmente de la Presidencia de la República. Es un organismo muy importante, que también hemos integrado con miembros de la oposición. Hay acuerdo en que, al haberse creado hace tres años y no contar son personal propio –lo tendrá cuando se haga la reestructura–, ha funcionado pura y exclusivamente con el sistema de pases en comisión, pero ha llegado a un límite por el crecimiento de las obligaciones que las propias leyes le han ido dando. Uno de los mecanismos a emplear consiste en que, en lugar de presupuestar –como bien decía la doctora Tejera–  la UNASEV sea uno de los  organismos en los que,  a través de unidad ejecutora 001, se tomen los contratos que ya han sido pedidos por varios de sus Directores para cumplir la necesidad que tiene una organización tan importante.

                También está el Sistema Nacional de Emergencia que, si bien no es una unidad ejecutora, depende directamente de la unidad ejecutora 001 y, como es obvio, tiene sus necesidades en el quinquenio.

                Asimismo, debemos mencionar la Agenda Metropolitana, la Secretaría Nacional Antilavado de Activos –SNAA–  que es un capítulo muy importante y necesita ser reforzado de acuerdo con los últimos compromisos internacionales que ha asumido el país en los últimos años, la Junta Nacional de Drogas, que no es una unidad ejecutora sino  que depende directamente de la  Prosecretaría  y de la unidad ejecutora 001,  y  que también está en este monto de $31:000.000, el Instituto de Cooperación y la futura Agencia Uruguaya de Cooperación,  que también tendrá ese mecanismo para entablar el desarrollo y la implementación de este tema.

Esto demuestra que en los $ 31:000.000 están contenidos, por lo menos, seis o siete organismos que, desde el punto de vista presupuestal, dependen directamente de la  unidad ejecutora y, por lo tanto, se concentra en una sola disposición el monto de la posible partida anual para este tipo de contratos que, como bien dijo la doctora Tejera, son ingresos por concurso con la modalidad contractual que se fija en el artículo.

                Muchas gracias.

SEÑOR TAJAM.- Creo que es simplemente una contratación más general. A medida que vayamos recorriendo el Inciso, nos encontraremos con autorizaciones o partidas que, por ejemplo, se otorgan para contrataciones a cuenta de la reestructura. Es de destacar que allí están muchas de las Unidades Ejecutoras que indicaba el doctor Cánepa.

                Si observamos los gastos que autoriza el Presupuesto –que vamos a votar de acuerdo con el planillado– constatamos que la Presidencia no tiene aumento de rubros para ello, en forma total ni particular, en la remuneración.

                Considero que estos aumentos tienen que darse en función de reasignaciones de otras partidas que, en cierta forma, ya comenzaron a explicarse, pero convendría hacerlo ahora porque, si no lo hacemos así, después se van a repetir en cada uno de los casos.

SEÑOR PASQUET.- Quisiera preguntar si Presidencia forma parte de los tres Incisos piloto cuya reestructura se va a definir de aquí a junio y, de no ser así, para cuándo se prevé esa definición con relación a Presidencia.

SEÑOR BRECCIA.- La Presidencia no forma parte de los tres Incisos en los que se va a comenzar a implementar la reestructura. Ellos son, concretamente, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Ministerio de Salud Pública. Nosotros estimamos que la reestructura de Presidencia no debería abarcar más allá del año 2011.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos a los artículos 93 y 94.

SEÑOR HEBER.- Quisiera realizar un breve comentario con respecto a la respuesta brindada anteriormente para no tener que ir hacia atrás.

                Es de recibo lo manifestado por el señor Prosecretario de la Presidencia en cuanto a los programas, pero considero que también lo es lo que decimos nosotros. Haciendo un cálculo a vuelo de pájaro, estamos hablando de $ 1:500.000 por año. Considerando un sueldo de US$ 1.000, o sea, unos $ 20.000 cada uno, con esta partida se podría contratar a cien personas. Este es un comentario para la futura discusión de la Comisión.

En el artículo 94 se incrementan las asignaciones presupuestales y se establece que son para los “Servicios de Apoyo de la Presidencia de la República” que, básicamente, es lo que consideramos gastos de funcionamiento.

En esa disposición se detallan esos gastos y se establece, entre otros,  que se destinarán  $ 1:000.000 –no es una cifra importante– a otros bienes de consumo; $ 29:000.000 a otros servicios no personales; y $1:400.000, al rubro Premios Lucha Antidrogas y Lavado de Activos que sí se justifica, como decía el señor Prosecretario de la Presidencia. Esto tiene un destino concreto, está bien y lo votamos con confianza, porque se dice claramente cuál es. El monto de $1:400.000, incluso, tendría que ser mayor porque se precisan más recursos destinados a la lucha antidrogas y lavado de activos.  Más adelante, se detallan los gastos extraordinarios, entre los que se encuentran los combustibles, los lubricantes, el teléfono, el agua, la electricidad –cuyo monto es de 9:000.000; van a estar prendiendo la luz todo el tiempo– primas y otros gastos de seguro. En definitiva, se trata de gastos de funcionamientos que alcanzan los $ 51:000.000; es mucho dinero. Me gustaría que se hiciera algún comentario sobre la necesidad de estos gastos.

SEÑOR SECRETARIO.- A los efectos de intentar evacuar  la interrogante planteada por el señor Senador, le solicito a la señora Presidenta que le conceda la palabra al doctor Diego Pastorín, que es el Director General del Servicio de Apoyo de la Presidencia de la República.

SEÑOR PASTORÍN.- Buenas tardes. El fundamento de los incrementos que se aprecian en el artículo tiene que ver, básicamente,  con lo que decía hoy el Prosecretario, es decir, con la unificación del trabajo del Inciso. En función de ello, se ven aumentados los rubros de los suministros, como teléfono, agua y electricidad, debido a la mudanza que hizo la Presidencia a La Torre Ejecutiva, que es un edificio más caro que el Edificio Libertad. A su vez, el incremento está relacionado con el trabajo junto con el resto de las unidades ejecutoras que la Presidencia tiene planificado realizar. Los gastos que aparecen aquí no figuran en el resto de las unidades ejecutoras; esto significa que se disminuyen gastos allí que aparecen en la unidad 001, que será la que concentrará la actuación en el  próximo período. En función de ello aparecen, entonces,  los incrementos.

                El concepto otros bienes de consumo refiere a gastos que surgen comúnmente y la cifra de $ 1:000.000  entendemos que no es muy importante y que al cabo del año se puede gastar en muebles y otro tipo de artículos que se puedan necesitar en la tarea cotidiana. En el resto de los ítems se ha discriminado –haciendo un esfuerzo– lo que ha sido el funcionamiento hasta ahora y lo que se prevé en función del nuevo funcionamiento que va a tener, en forma unificada, el Inciso “Presidencia de la República”.

                Lo destinado a teléfono, agua y electricidad, si no se utiliza en esos rubros, no se puede transferir a otro tipo de gastos. Es una previsión que hicimos en función del trabajo de este año.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos a los artículos 95, 96, 97, 98 y 99.

SEÑOR VIERA.- En el artículo 99 se crea la Dirección Nacional de Emergencias y, por supuesto, uno de los sesenta cargos de particular confianza de este Presupuesto. Me gustaría que se nos explicara la necesidad de transformar la Comisión Nacional de Emergencia –que funcionaba, justamente, con un concepto de coordinación de varios Ministerios, con distintos expertos y con un Presidente  honorario, aunque con gastos, por su calidad de Comisión– en una Dirección, que es una oficina más, con un Director,  con un cargo rentado.

SEÑOR CÁNEPA.- El Sistema Nacional de Emergencia que existe en la Presidencia de la República, hace varias Presidencias nació como comité de crisis, luego se transformó en el comité de emergencia y después evolucionó hacia el Sistema Nacional de Emergencia. Trabajó siempre bajo la responsabilidad directa del Prosecretario de la Presidencia de la República en su responsabilidad política y con una institucionalidad relacionada a una articulación que, en caso de desastre, estaría vinculada fundamentalmente al Ejército Nacional, el cual destinaría parte del personal para que reportara a la Presidencia de la República  como enlace directo en caso de desastre.

                La evolución llevó a que, naturalmente, cuando sucedía alguno de estos eventos en las Intendencias, la relación directa era con los Intendentes y con la Intendencia Municipal, y luego hacia lo que se llamó Centros Coordinadores de Emergencia –CECOEL–  que terminaron en un proceso que fue auspiciado por Naciones Unidas, durante más de tres años, en un trabajo conjunto con todas las Intendencias y el Congreso Nacional de Intendentes, para generar una institucionalidad que definitivamente derivara en una evolución final a la creación del Sistema Nacional de Emergencia. Eso dio lugar a la Ley Nº 18.621 que, como bien dice el artículo 99, es un artículo de esa ley el que se viene a modificar –que es del 25 de octubre de 2009– y que desde el punto de vista legal establece un protocolo muy claro de cuándo se debe declarar desastre a nivel nacional, bajo qué circunstancias y qué derechos emanan de esa declaración. Se aprobó con la unanimidad del Parlamento Nacional y se estableció la existencia de los Centros Coordinadores  Departamentales –ahora con rango legal– cuya responsabilidad  es departamental, están presididos por el Intendente Municipal de cada uno de los departamentos y su integración está definida por ley. El encargado de coordinar a nivel nacional –y así estaba establecido en el anteproyecto de esta Comisión que trabajó durante tres años– era un cargo de particular confianza –y así estaba acordado– pero, como podrán percibir, fue votado en el año 2009 y la Constitución de la República –sabiamente, en mi opinión– prevé la imposibilidad de que el Parlamento vote la creación de nuevos cargos en año electoral. Por lo tanto, la solución a la que se llegó –pueden remitirse a las versiones taquigráficas de la época, ya sea de la Cámara de Representantes, tanto en Comisión como en el Pleno, y del Senado de la República– fue que esto se iba a subsanar en el Presupuesto siguiente. ¿Por qué? Porque la cabeza sigue siendo la Presidencia de la República, con la responsabilidad política del Prosecretario. Pero esta es una figura de un Director que tiene una dedicación absoluta para la  coordinación  permanente  desde el punto de vista político,  manteniéndose –como dice la ley– una dirección operativa, que está por debajo de la coordinación necesaria, porque ha crecido mucho el trabajo de los mismos. Ya existen más de nueve Centros de Coordinación Departamental –se está por inaugurar el décimo y contará con toda la infraestructura– y Comités Departamentales de Emergencia en cada uno de los departamentos. La idea es que la coordinación operativa se siga realizando a través de los enlaces con el Ejército Nacional y la Policía Nacional. En este caso estamos subsanando un acuerdo –que ya existía plenamente– para crear y sellar definitivamente la nueva arquitectura institucional que creó la Ley Nº 18.621, lo que –por las razones que expuse– no fue posible hacer en este artículo, en particular durante el año 2009.  Pero hoy la arquitectura institucional está definida por una ley, por primera vez en nuestro país –y me alegro de decirlo– con una excelente coordinación y colaboración a nivel de los distintos departamentos. Les  quiero recordar, si me permiten, que la responsabilidad siempre recae sobre las Intendencias y los Comités Departamentales y la Presidencia coordina la ayuda de los distintos estamentos del Estado cuando es necesario, en los casos de emergencia. Creo que ha sido excelente y rápida la respuesta de todas las Intendencias que han tenido algún evento severo climático en los últimos tiempos aunque, por suerte, no fueron de gravedad. Esta ley ha mejorado el respaldo de la institucionalidad que estaba prevista en ese trabajo.

SEÑOR BRECCIA.-  Creo que el señor Senador Viera había planteado dos inquietudes. La primera, relacionada con la transformación en Dirección Nacional de Emergencia y la segunda, con la creación del cargo de confianza. Esta segunda inquietud ha sido suficientemente explicada por el señor Prosecretario. En cuanto a la transformación, sinceramente, no entendemos  la preocupación del señor Senador porque, en realidad, ya era una Dirección Nacional de Emergencia.

Entiendo que, en la medida de lo posible, con las explicaciones dadas las inquietudes han quedado clarificadas.

SEÑORA PRESIDENTA.-  Pasamos a los artículos 101, 102, 103, 104, 105 y 106.

SEÑORA MOREIRA.- Quisiera efectuar una pregunta sobre el artículo 106 y, más concretamente, acerca del proyecto de funcionamiento “Convenios”. Quiero saber si esta partida ya estaba en el Presupuesto anterior o si es nueva.

SEÑOR BRECCIA.- Para contestar esta pregunta me gustaría que se le cediera el uso de la palabra al señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

SEÑOR FRUGONI.- Señora Presidenta: quiero decir que no existían casi partidas para convenios, solo había una para convenios iniciales de la línea base, que se utilizaba con otros fines. Quiere decir que los $ 6:500.000 quedan hoy como los únicos fondos destinados a los convenios.

                Cabe señalar que esto fue pensado para convenios con organismos públicos  y  privados,  y  para  consultorías;  estamos  hablando  de  unos           US$ 325.000  anuales para consultorías con relación a todas  las funciones de la OPP.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasaríamos a considerar los artículos 107, 108 y 109.

SEÑOR HEBER.- Señora Presidenta y distinguidos visitantes: tanto en el artículo 106 –que habla de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto–  como en los artículos 107, 108 y 109 se habla de diversas partidas y quizás el Director de esa Oficina podría explicarnos la necesidad de contratar más personal que se considera imprescindible. Hemos encontrado una nueva figura en este Presupuesto: los “imprescindibles”, parece el título de una película. En lo personal, pensaba que no había nadie imprescindible en esta vida, pero en el Presupuesto y a juicio de la Presidencia de la República, parece que sí. Concretamente, en el artículo 109 se destina una partida de $ 10:000.000 a estos efectos. A su vez, en el artículo siguiente –el 110–  se asigna una partida para la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional.

                En definitiva, me gustaría escuchar algún comentario en este sentido del señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Aclaro –vuelvo a decir– que nuestra intención es preguntar y no debatir. Tenemos más cosas para decir porque se ha hablado mucho en todo este tiempo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero consideramos que no es el momento de discutir, por lo que simplemente queremos escuchar la posición del Poder Ejecutivo.

SEÑOR BRECCIA.- Sin pretender ingresar en una discusión acerca de la “imprescindibilidad” porque puede resultar gravoso para muchos de los que estamos aquí si dejamos que la gente opine quiénes son o no imprescindibles; se trata de formular consideraciones objetivas.

                Para despejar esta interrogante, quisiera que se le concediera la palabra al señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

SEÑOR FRUGONI.- En lo que tiene que ver, por ejemplo, con la partida de      $ 10:000.000 anuales dispuesta en el artículo 109 para contrataciones transitorias, puedo decir que se rige por la misma regla que las anteriores, es decir, hasta la reestructura. Hoy en día la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  tiene  230 funcionarios  presupuestados.

                En cuanto al tema de los funcionarios imprescindibles, quiero decir que nuestras necesidades son mayores y que se está pidiendo el mínimo necesario para comenzar a funcionar; la reestructura dirá, según la misión que tenga la Oficina, si eso es necesario. Estamos hablando, de alguna manera, de necesidades de transición y la misma figura aparece en el resto de los Incisos; en este caso se le destina $ 10:000.000.

Con respecto a los demás casos puedo hablar, por ejemplo, de los diez cargos de Asesor 6, serie Profesional, Grado 11. Se trata de puestos cuya remuneración es de $ 27.400 nominales; son escalafones de ingreso y hay que destacar que muchos funcionarios se han jubilado y que nuestras necesidades son bastante mayores a esto. Comenzamos de esta manera y creemos que la función de transversalidad de la Oficina así lo amerita pero, repito, nuestras necesidades son aun mayores. Por ejemplo, como los señores  Senadores pueden ver, en el artículo 106 se destina para la capacitación de personal una partida de $ 1:500.000, calculada a razón de $ 6.000 anuales por funcionario presupuestado.

Estamos intentando capacitar con $ 6.000 anuales, pero creemos que este es un monto mínimo. Cuando se habla de “imprescindible”, se pretende hacer referencia a un mínimo aunque, evidentemente, las necesidades son bastante mayores.

                En líneas generales, esta es la explicación; si algún señor Senador quiere plantear otra duda, trataré de disiparla en forma particular.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración los artículos 110, 111 y 112.

SEÑORA MOREIRA.- El artículo 112, que es un aditivo incorporado por la Cámara de Representantes, incrementa el Fondo de Cooperación Técnica Internacional, de $ 1:607.336 a $ 3:624.991. Simplemente me gustaría saber a qué se va a destinar este incremento y cuál es la función de estas partidas.

SEÑOR CÁNEPA.- Ante todo, quiero aclarar que esto está enmarcado dentro del proceso de creación de la Agencia de Cooperación, proceso evolutivo que se inició con la creación de un Departamento Internacional en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y que viene creciendo a un ritmo realmente vertiginoso, pero no los voy a aburrir con la importancia que tiene el haber decidido dar el salto institucional de crear una agencia que pudiera fortalecer la coordinación de la cooperación internacional.

                En segundo término, quiero señalar que el Fondo de Cooperación Técnica Internacional ya existía, pero ahora se le va a incrementar las partidas para crear la posibilidad de que Uruguay inicie los Programas de Cooperación Sur-Sur, dadas las capacidades técnicas que hemos desarrollado y la coordinación que deberíamos desarrollar, algunas de las cuales las empresas públicas y los Entes Autónomos ya han llevado a la región e incluso al mundo. Una de las ideas de la Agencia es poder coordinar y hacer un mapeo de la cantidad de instancias de cooperación técnica que el Estado uruguayo ya realiza mediante sus diversos organismos y organizaciones. Este es un tímido incremento, ya que se trata de partidas por encima del millón de pesos que llegarían a más de tres millones, precisamente, para ir viendo el aumento del trabajo y el fortalecimiento institucional. La intención es poder tener un fondo que pueda destinarse a los Programas de Cooperación Sur-Sur porque nuestro país es un país de renta media y creemos que ha llegado el momento de comenzar a generar programas en base a la experiencia de Cooperación Sur-Sur en la región, focalizados a través de esta Agencia de Cooperación.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 113.

SEÑOR HEBER.- Da la impresión de que el presupuesto de la Presidencia de la República fuera “la danza de los coordinadores”. Ahora se quieren crear los cargos de Coordinador de Políticas Territoriales, Coordinador de Estrategias de Desarrollo y Políticas de Inversión y Coordinador de los Presupuestos Públicos. Si se crean tantos cargos de coordinador, creo que esto está bastante “descoordinado”. No sé cómo funcionaba la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en la época en que nuestro amigo, el señor Senador Rubio, era Director; supongo que la labor estaba bastante descoordinada. ¿O él era el coordinador?

SEÑOR RUBIO.- Funcionaba con más coordinadores.

SEÑOR HEBER.- Si seguimos así, después tendremos que crear cargos de coordinadores para que coordinen a los coordinadores. Evidentemente, estamos ante un problema de coordinación muy grande; no estoy hablando de coordinación a nivel político, sino del aspecto funcional-burocrático.

                En fin, quiero saber si es necesario contar con tantos coordinadores y de cuántos cargos estamos hablando.

SEÑOR BRECCIA.- Quiero hacer una consideración sobre algún derecho de réplica. Lo cierto es que, desde el inicio de nuestra comparecencia, planteamos que pretendíamos informar y no polemizar, y no lo vamos a hacer.

SEÑORA PRESIDENTA.- Por eso no le dí el derecho de réplica.

SEÑOR BRECCIA.- Está bien, señora Presidenta. De todas maneras, con respecto a nuestro Inciso –aunque creo que es general para todos los Incisos comprendidos en el Presupuesto, por lo menos, de la Administración Central– queremos hacer un especial reconocimiento a la tarea realizada por la Administración anterior, en todas sus áreas. Y si nosotros estamos construyendo algunas soluciones novedosas o nuevas, ello es posible gracias a los compañeros del equipo de Gobierno de la anterior Administración –que hicieron un gran esfuerzo– e, inclusive  –ya lo he dicho en otras oportunidades– a los representantes de la oposición, que nos ayudan a lograr lo que todos pretendemos: un Estado que funcione con mayor eficacia al servicio de los intereses de la gente. Por supuesto que tenemos una estructura de tal complejidad que puede llevar a que, en el método ensayo y error, descubramos que las soluciones propuestas no fueron –o no son– las mejores o las más perfectas y, por esa razón, tratamos de mejorarlas.  Quizá a nosotros nos  ocurra  lo  mismo,  por  lo  que  las  otras   Administraciones   que   vengan       –esperemos que de nuestra fuerza política, pero pueden ser del Partido Nacional, del Partido Colorado o del Partido Independiente–, tratarán de mejorar lo que hagamos. Somos enanos que vamos subidos en hombros de los gigantes que nos precedieron.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Vamos a subrayar eso.

SEÑOR FRUGONI.- Respondiendo a la inquietud del señor Senador Heber, quiero aclarar que este no es un tema de nombre, sino de concepto, porque estamos tratando de transparentar las potestades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En realidad, en función del cálculo que hicimos, advertimos que los cargos de confianza en la  OPP –como ya se explicó el día lunes, llamamos cargos de confianza no solo a los del escalafón “Q”, sino también a los comprendidos en el artículo 22  y a los contratos que también se hacían, básicamente, por confianza con los organismos internacionales– en el 2005 habían bajado, y ahora seguimos en esa línea. Por ejemplo, en este caso, se crean tres cargos de coordinadores de las tres principales áreas que tiene, como potestades constitucionales, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que son: las políticas territoriales, el área presupuestal y el área de estrategia de desarrollo. O sea que en la OPP ya tenemos muchos menos cargos de confianza, su número había bajado en el 2005 y hoy en día lo seguimos haciendo. Esto es transparentar; son tres áreas básicas de la OPP que necesitan de coordinadores en cada una de ellas.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración los artículos 114 y 115.

SEÑOR HEBER.- A partir de aquí y hasta el artículo 122 inclusive, se inicia una serie de artículos referidos a la URSEA. En ese sentido –y a efectos de ahorrar tiempo–  nos gustaría que el señor Secretario de la Presidencia nos ilustrara acerca de la intención que tienen de introducir cambios, incluso, en los cometidos de esta Unidad.

Con respecto a estas disposiciones que acabo de mencionar, tenemos muchos reparos, sobre todo con el artículo 120, que genera algunas de nuestras dudas sobre si la URSEA va a funcionar realmente como un organismo regulador o va a estar sujeto a la tutela de la Presidencia, algo que, a nuestro juicio, le quita muchas de sus potestades. Digo esto porque esta Unidad Reguladora quedará muy sometida a los dictámenes del Poder Ejecutivo. Asimismo, tenemos reparos con el artículo 121. Concretamente, se eliminan los literales H), I) y J), y también sacaron el literal B) de la ley anterior en la misma disposición.

                Queremos ahorrar tiempo porque todavía nos restan varios artículos más para analizar pero, para formarnos una opinión, nos gustaría que el señor Subsecretario de la Presidencia explicara el porqué de esta necesidad de cambio. Según nuestra visión -y lo digo con todo respeto- se les estaría sacando potestades a las Unidades Reguladoras y  sometiéndolas a la dirección del Poder Ejecutivo,  desvirtuando su formulación original. Pero para eso estamos debatiendo; por esa razón queremos escuchar las reflexiones que el señor Subsecretario tenga para hacer sobre la URSEA,  organismo regulador y altamente técnico que –reiteramos– a nuestro juicio, estará sometido a las políticas y a los dictámenes del Poder Ejecutivo.

SEÑOR COURIEL.- Lamentablemente no estuve en Sala en los últimos momentos y, en realidad, quería hacer una pregunta sobre el artículo 114 relativo a la supresión de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Desarrollo. Una de las tareas centrales de una Oficina de Planeamiento y Presupuesto normalmente es tratar de tener una mirada de mediano plazo o un rumbo del proceso económico, de la estrategia de desarrollo y de la estructura productiva. Por esta razón, me gustaría saber cuál es el significado de esta supresión y de qué manera la Oficina de Planeamiento y Presupuesto cumpliría con esa tarea de tener una mirada estratégica de la estructura productiva del país.

SEÑOR BRECCIA.- Como somos sumamente respetuosos de la especialización de cada una de las unidades ejecutoras, nos gustaría que para referirse a este tema hiciera uso de la palabra el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que en este momento no se encuentra en Sala; pero cuando él retorne, con mucho gusto podremos dar respuesta a la inquietud planteada por el señor Senador Couriel que, por otra parte, entendemos es absolutamente válida.

SEÑORA PRESIDENTA.- Comprendemos lo que acaba de plantear y, si el señor Senador está de acuerdo, correspondería dar respuesta a la pregunta que formuló el señor Senador Heber relativa a la URSEA, que abarca los artículos que van del 115 al 122 inclusive y, a posteriori, se dará respuesta a la inquietud del señor Senador Couriel.

SEÑOR BRECCIA.- Con respecto a los artículos que van del 115 al 119, nos gustaría ceder la palabra al Presidente de la URSEA, Ingeniero Greif, y luego intentaremos evacuar las inquietudes del señor Senador Heber respecto a las competencias de dicha Unidad.

SEÑOR GREIF.- Esta es mi primera intervención en este ámbito. Estos son temas de carácter general y trataré de hacer alguna reflexión en ese sentido. Primero queremos señalar que hace dos meses que estamos al frente de la URSEA. Estos artículos, en realidad, vienen complementados con las disposiciones que refieren a las competencias, a las potestades y al fortalecimiento de la Dirección de Energía, dentro del Ministerio de Industria, Energía y Minería; creo que ese es el concepto básico.

Cuando se crean las unidades reguladoras, se hace a través de estas leyes. Uno de los pilares en los que se tiene que apoyar el sistema institucional de funcionamiento de los servicios públicos –que es el concepto de las unidades reguladoras– es  la regulación independiente y técnica, en base a tres componentes fundamentales: el legal, el técnico y el económico. Estos componentes que deben funcionar con cierta independencia y complementarse, refieren a la función de las unidades reguladoras, a la de los organismos formuladores de políticas y a la de los operadores del sistema. Ahora bien, para que esas tres partes funcionen, se deben instrumentar políticas acordes y eso es, justamente, lo que se explicita aquí, es decir, que la regulación sea acorde a las políticas que formula el Poder Ejecutivo. Los detalles en los cuales se cambian algunas funciones tienen que ver con esa lógica de tratar de fortalecer y equilibrar el sistema, a efectos de que la formulación de las políticas esté radicada en el Poder Ejecutivo y no en las unidades reguladoras.

En síntesis, en estos artículos se explicitan esas competencias.

SEÑOR BRECCIA.-  En la misma tónica que lo establecido por el señor Presidente de la URSEA, cuando comparecimos en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes nosotros decíamos que este artículo establecía en su acápite algo particularmente importante, porque es el que da un marco general para todas las competencias específicas que después se determinan en los diferentes literales. Ese acápite dice que la competencia de control de la URSEA se extenderá a determinadas actividades. Esto significaba que la URSEA siempre fue creada como unidad de contralor y fiscalización; ese fue el espíritu de su creación. Lo mismo va a ocurrir con la Unidad  Reguladora  de  Servicios  de  Comunicación.  En este texto se explicita esa situación; luego se va a ver lo mismo en el caso de la URSEC. Por eso, el artículo siguiente establece que las competencias comprendidas en el artículo anterior se cumplirán de conformidad con los siguientes objetivos, siguiendo las políticas fijadas por el Poder Ejecutivo.

En materia de organismos de contralor y de control de la competencia, esto no es ninguna novedad, pues estos  actúan para el control, la fiscalización, la supervisión y la protección de derechos de consumidores y usuarios, pero no para el establecimiento de las políticas que se deben seguir en los ámbitos de su competencia.

En la Cámara de Representantes decíamos –y lo reiteramos ahora– que resultaría particularmente absurdo, en el caso específico de la URSEA, que las políticas en materia de energía, de agua, de gas y de seguridad en la generación de determinado tipo de energía las fijara el organismo de contralor, pues éste lo que hace es supervisar y controlar la operación de los actores en esos mercados, pero siempre siguiendo los lineamientos de las políticas que fija el Poder Ejecutivo.

Vuelvo a decir: si hay alguna novedad en estos artículos, es que no existe ninguna novedad. La fijación de políticas en materia de regulación de servicios de comunicación y, en este caso, servicios de energía, agua y gas, es competencia del Poder Ejecutivo y no de los organismos de regulación y contralor.

En estas normas lo estamos explicitando y transparentando.

SEÑOR HEBER.- Me permito discrepar con la apreciación del señor Secretario, sobre todo en cuanto a los artículos 121 y 122, que son los dos finales, de donde se desprende nuestra mayor preocupación.

El acápite del artículo 2º que se propone dice: “siguiendo las políticas fijadas por el Poder Ejecutivo, quien reglamentará los procedimientos”. Este concepto, por cierto, se puede entender de muchas formas, por ejemplo, se puede considerar que las unidades reguladoras pierden autonomía en su regulación al estar sometidas a quien tienen que regular, pues, entre otros, deben regular al Estado y al Poder Ejecutivo, en lo que tiene que ver con su responsabilidad en el mercado respecto al tema de la energía y del agua. Pero lo que más me preocupa es que se  eliminan muchos literales, en comparación con el artículo vigente.  Observen señores Senadores que se saca el literal B), o sea, no está en la nueva formulación, que dice: “El fomento del nivel óptimo de inversión, para la prestación de los servicios en las condiciones que fije la regulación sectorial”. Me parecía bueno que se mantuviera el concepto de “El fomento del nivel óptimo de inversión”, sobre todo, porque en algunos casos como  el del agua, no tenemos una situación de competencia sino monopólica, incluso, derivada de una instancia plebiscitaria. Por eso,  establecer un nivel óptimo de inversión para la prestación de los servicios es una garantía para los usuarios.

                El literal H), que también se elimina, expresa: “La libre elección por los usuarios entre los diversos prestadores, en base a información clara y veraz”. Obviamente, la competencia no es libre respecto al servicio de agua, pero sí lo es en el servicio de energía. ¿Por qué se quita este literal H)? ¿No se quiere generar la libre elección de los usuarios?

                También se suprime el literal I) que establecía: “La aplicación de tarifas que reflejen los costos económicos, en cuanto correspondiere”. La aplicación de tarifas que reflejen los costos económicos es fundamental para el caso de un Ente monopólico como es el que brinda el servicio de agua. En este caso sería necesario que hubiera un literal que dijera que la URSEA tiene que ver en la aplicación de tarifas que reflejen los costos económicos y no impuestos encubiertos, que determinan que con el agua paguemos  otras cuentas.

                El último literal al que me voy a referir habla del uso eficiente de la energía. Pues bien, eso puede ser opinable y, en todo caso, puede ser objeto de política del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Industria, Energía y Minería; es más,  ya    existe  una ley –supongo que se habrá reglamentado– sobre el uso eficiente de la energía y quizás no sea el cometido global de la Unidad Reguladora.

Pero, reitero, me preocupa que se quiten los otros literales del artículo 2º porque me parece que constituyen una garantía en temas tarifarios, de costos económicos y de la libertad de elección de los usuarios, sobre todo, cuando hay monopolios de hecho.

Estas son las consideraciones que quería hacer respecto a los artículos 120 y 121.

Un poco más engorroso es el artículo 122, que cambia de lugar. Me ha costado mucho leer este artículo; me han mareado bastante, porque se repiten algunos literales, pero los cambian de lugar; parece un rompecabezas. De todas maneras, los leí y los estudié. En este caso, se saca el artículo 14) que comienza diciendo: “La Unidad Reguladora dispondrá de los siguientes cometidos y poderes jurídicos generales”, y en su literal B), expresa: “Establecer los requisitos que deberán cumplir quienes realicen actividades comprendidas dentro de su competencia”. ¿No va a ser la URSEA la que establezca los requisitos? Después, en el literal D), se establece: “Preparar y presentar al Poder Ejecutivo para su aprobación, un pliego único de bases y condiciones para la celebración de los contratos habilitantes de la prestación de servicios comprendidos dentro  de su competencia, a que deberán ajustarse los pliegos particulares que las Administraciones competentes confeccionen en cada caso.” ¿No va a ser la URSEA?

Creo que es bueno que la URSEA preestablezca los pliegos, lo que va a ser competencia del Poder Ejecutivo. “Realizar las competencias que sean necesarias para el cumplimiento de sus cometidos”. En el literal L) se saca lo último, porque dice: “Examinar en forma permanente las tarifas y precios correspondientes a los servicios comprendidos dentro de su competencia”. Ahora hay un punto y antes había una coma. Luego agrega: “formulando las determinaciones técnicas y recomendaciones que entienda del caso”. Me parece que es importante que la URSEA pueda formular determinaciones técnicas y recomendaciones que entienda del caso. Me parece importante que pueda formular determinaciones técnicas y recomendaciones cuando se trate de tarifas y de los precios correspondientes.

                En definitiva, vamos a seguir estudiando estos artículos. Creo que sería bueno tener el tiempo suficiente para discutir con el Poder Ejecutivo y no hacerlo en esta ráfaga de mil artículos que tenemos que votar. Me gustaría tener una instancia en la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios –de la que soy miembro–  y estudiar junto a varios compañeros del Senado –ya  que a veces no tenemos tantos asuntos– para profundizar sobre qué URSEA queremos todos los uruguayos. No es un tema del Gobierno; y si el Gobierno entiende que  la URSEA no cumple bien sus funciones y hay que cambiarla, sería importante discutirlo. Quizá podamos coincidir.

                En el Presupuesto aparecen estos artículos, donde se quitan cometidos y nos generan dudas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que entiende el Poder Ejecutivo que está pasando con la URSEA y hay que cambiarla? Quizá podamos coincidir en eso, pero no tenemos la instancia para discutir en profundidad. Lo digo con tranquilidad de espíritu, no para demorar su tratamiento.

                Me alegra que el señor Director de la URSEA sea un hombre joven y esté acompañado por gente de la oposición –ahora hay un delegado del Partido Colorado integrando la URSEA–, lo que nos permite tener los contralores del caso. A lo mejor debamos conocernos más con el señor Director de la URSEA y poder discutir estas cosas en una instancia de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios y logre convencernos; ahora no.

                Gracias.

SEÑOR BRECCIA.- Muy brevemente, quiero manifestar que en la discusión puntual de cada una de las normas que se eliminan o transforman, la mayoría de los casos que mencionó el señor Senador Heber –a partir del exhaustivo estudio que realizó de las normas y de los incisos que se eliminaron– ya están comprendidos dentro de las atribuciones generales de la URSEA. Fundamentalmente, se ha intentado que fuera más prolijo. No quiero utilizar ese espantoso neologismo “emprolijar”, sino hacer más prolija esta enumeración de facultades.

                Por otra parte, me parece que sería sumamente engorroso para todos y para la Comisión, hacer un análisis exegético de cada una de las normas. De todas maneras, lo que me interesa destacar son dos aspectos fundamentales. En primer lugar, reitero que acá no se innova nada porque las políticas en materia de regulación de servicios de energía y agua estuvieron siempre en manos del Poder Ejecutivo. Y, en segundo término, creo que el planteo del señor Senador Heber, en el sentido de que en su momento el Ministro de Industria, Energía y Minería pueda comparecer a la Comisión  a los efectos de discutir estos temas que nos interesan a todos, es sumamente procedente, más ahora –como mencionaba el señor Senador– que se encuentra integrada a estos organismos.

SEÑORA PRESIDENTA.-  Propongo que pasemos a considerar el artículo 114, porque de acuerdo con el planteo del señor Senador Couriel, nos había quedado pendiente.

SEÑOR RUBIO.- A propósito de esto, pienso que es muy buena idea la del señor Secretario de la Presidencia porque, en realidad, la distinción entre política pública fijada por el Poder Ejecutivo, en función de regulación, unidades de ejecución,  implementación o empresas, nunca se debatió en profundidad en el Parlamento. En realidad, esto junto con la URSEC –y el señor Senador Heber lo recordará–  vino dentro del Presupuesto, en un articulado que se votó completo en un solo acto, en aquella hoja de ruta que hizo nuestro estimado amigo, el señor Atchugarry.

En el Senado el tema pasó en la hoja de ruta y se enteraron después de que ya estaba votado. Creo que este asunto merece ser tratado y esa puede ser la ocasión.

SEÑOR COURIEL.- En realidad leí una supresión en el artículo 114, pero después noté que en el 113 se crean tres instancias de política territorial, de estrategia de desarrollo y de Presupuesto.  En realidad, la inquietud es que, por lo menos en la historia de la creación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, una de las tareas  más importantes era, en aquella época, la elaboración de planes de desarrollo. En la actualidad uno tiene la sensación de querer siempre una mirada de mediano plazo, un rumbo, algo que dé señales sobre cuáles son los sectores y rubros que deberían tener cierto grado de prioridad. A veces uno piensa en la inserción internacional y cree que, si bien vendemos recursos naturales, podemos agregar contenido tecnológico, darle valor agregado y en la industria manufacturera podemos incorporar alta y media tecnología, porque de esa forma se establecen estímulos e instrumentos de política para ayudar a esos sectores.

                En lo personal, he visto que hay una Comisión que se llama Gabinete Productivo que ha avanzado en las cadenas de valor, y creo que ese es un elemento muy positivo. En realidad, me gustaría saber si se va a seguir pensando dentro de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en miradas de mediano plazo y en estrategias de desarrollo. En ese sentido, hubo algunas publicaciones que hizo la Oficina en el pasado y por eso me gustaría conocer el rumbo futuro en esa materia.

SEÑOR FRUGONI.- Por supuesto, una de las funciones que tiene nuestra Oficina es la de tener esa mirada estratégica. De hecho ya existen algunas publicaciones sobre esa materia. De todas formas, con respecto al tema de DIPRODE en particular, que fue la pregunta inicial, en realidad no se suprime la unidad ejecutora ni sus programas, que son muy importantes y tienen que estar atados a esa estrategia de largo plazo. Lo que existía en cuanto a políticas territoriales en este caso, son políticas de largo plazo o miradas de largo plazo, en la medida en que no estaban articulando correctamente con otros Incisos. Por ejemplo, había programas ovinos en el terreno que desarrollaba DIPRODE sobre los que no había articulado ni siquiera con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En ese Ministerio nosotros habíamos hecho un programa de ovinos y resulta que nos encontramos en el terreno con proyectos que apuntaban a cosas supuestamente iguales, pero que terminaron siendo diferentes y con diferentes impactos. Esto es lo que ahora queremos institucionalizar. La forma de hacer eso es suprimir una unidad ejecutora pero pasando todos esos programas que no solamente siguen sino que, además, se refuerzan. En ese sentido, podemos mencionar el Programa de Apoyo al Sector Productivo en sus dos versiones, es decir,  a la producción y  a la electrificación; el Programa de Microfinanzas; el Programa de Apoyo a los Conglomerados; el Programa de Mejora de Gestión de las Intendencias y, por supuesto, el FDI. Estos programas se conservan y la mayor parte de ellos, incluso, se refuerzan. Lo que sucede es que en esta estrategia estamos articulando con las políticas territoriales en dos áreas, la departamental y la local de la OPP para, justamente, que esas misiones de largo plazo  se concreten en los programas de esa área territorial. Nuestra idea es coordinar mejor todo, incluso el aspecto físico, ya que la DIPRODE se va a estar mudando para la oficina de Presidencia y todo eso nos lleva a tener una articulación mucho mayor y una estrategia única con el territorio, puesto que nos van quedando núcleos y desafíos tecnológicos mucho mayores. Esa es la explicación general.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no hay más consideraciones que formular, pasaríamos al artículo 123.

SEÑORA MOREIRA.- Quisiera hacer una pregunta con relación a todo el articulado que tiene que ver con el Instituto Nacional de Estadística al que se dota de refuerzos presupuestales de distinta índole, cosa que comparto totalmente. En concreto, me gustaría que se hiciera alguna consideración de tipo sustantivo sobre el INE, sus cometidos, el reforzamiento presupuestal que va a tener y si se va a hacer el censo.

SEÑOR BRECCIA.- Para dar las explicaciones del caso, solicitaría que la señora Presidenta concediera el uso de la palabra a la Directora del Instituto Nacional de Estadística, economista Laura Nalbarte.

SEÑORA NALBARTE.- En primera instancia, deseo señalar que el censo se va a realizar el próximo año, pero todavía no tenemos definida la fecha.  En estos momentos estamos terminando la realización del censo piloto y en esta semana se evaluarán los resultados. Vale destacar que tuvimos evaluación internacional de este censo piloto. Llegaron representantes de trece países de América Latina, del Banco Mundial, de la CEPAL y de la CELADE a los efectos de ver cómo estamos trabajando en campo, en parte de los proyectos de cooperación Sur-Sur.

 En definitiva, estamos trabajando en todo este tema para evaluar en qué momento lo vamos a hacer. Hay dos momentos claves en la realización del censo que tienen que ver, por un lado, con la incorporación del personal para trabajar y, por otro con la tecnología, que hay un 90% de probabilidades de que la traigamos a través de la cooperación Sur-Sur con Brasil. Reitero que esto es lo que estamos evaluando a fin de definir –en función de los tiempos que nos insuma la contratación de gente, el acopio de los materiales y los arreglos de lo que surgió en el censo piloto– si lo hacemos en el primer o segundo semestre del próximo año.

                Con respecto al articulado incluido en el proyecto de ley de Presupuesto, debo decir que los fondos que se solicitan se vinculan a retribuciones y a gastos de funcionamiento, pero están orientados a los lineamientos estratégicos de trabajo que se planteó el INE, que tienen que ver con generar y difundir información estadística oportuna, confiable y de calidad, y con la coordinación y supervisión del sistema estadístico nacional que, por ley, compete al Instituto, pero hoy por hoy no se está llevando a cabo por falta de recursos. Uno de los objetivos estratégicos es empezar a trabajar y a fomentar, con los distintos generadores de estadística oficial, ámbitos de intercambio que fortalezcan la elaboración de estadísticas oficiales. Para ello necesitamos incorporar recursos ya sea en el gasto de funcionamiento, como en materia de personal.

En el período pasado, año 2008, se crearon estructuras que apuntan a mejorar la calidad, que  pretenden superar el nivel de las estadísticas que se están llevando adelante, es decir, todo vinculado al proceso de formación de ese trabajo. Estas estructuras, que en realidad son casi unipersonales,  necesitan funcionarios que no estén en la producción cotidiana, pero que puedan mejorar los procesos y estructuras vinculadas con la normalización de proyectos de investigación que, a su vez,  están relacionados con los proyectos metodológicos y con los de estandarización de los procesos estadísticos, para una mejora en la generación de esa información. Todo esto pensando en los objetivos estratégicos como una herramienta para el desarrollo que permita, en cierta medida, trabajar sobre la gobernabilidad operando como información donde se pueda evaluar las políticas públicas. Por lo tanto, estamos trabajando en eso y el Presupuesto va en ese sentido.

 De los cuatro artículos, uno tiene que ver con gastos de funcionamiento que apuntan a dotar a las divisiones que  carecen de medios suficientes, otro apunta a mejorar la calidad de ciertos procesos que, por ejemplo, implican revisar a los encuestadores para saber qué pasa, y esto insume mayores gastos en viáticos, combustibles y trasportes. Los dos restantes, tienen que ver con las remuneraciones, y contratación de personal, ya que de los cuatrocientos funcionarios que tiene el INE, doscientos están presupuestados y los demás  en carácter de eventuales o con contratos a término. Por lo tanto, parte de las remuneraciones que se están planteando son con el fin de realizar contratos temporales con el personal que tenemos hoy, pero también para contratar nuevos funcionarios a los efectos del fortalecimiento de la institución y del sistema estadístico nacional.

SEÑORA PRESIDENTA.-  Se pasa a los artículos 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 y142.

SEÑOR HEBER.- Señora Presidenta: desde el artículo 142 al 148  ingresamos a tratar  un tema polémico. En realidad las primeras disposiciones no nos ofrecen ningún problema dado que refieren al incremento presupuestal de gastos y, sin duda, esa  es la tónica de este Presupuesto.

Pero con relación al artículo 147 y siguientes tenemos fuertes reparos que nos gustaría manifestar.

El señor Breccia ya adelantó algo sobre el tema cuando dijo que tanto en la URSEA como en la URSEC no había cambios sustanciales. Ahora bien; no concluimos lo mismo luego de la lectura y estudio que realizamos de los artículos.  Este es un asunto de especial sensibilidad,  pues no  escapará  a  la consideración  de  ningún  señor Senador que  el  tema de  la  comunicación    –digámoslo con sinceridad– muchas veces está ligado a nuestra profesión y, por ende, queremos tener todas las garantías del caso. No pretendo entrar en una discusión sobre la política de comunicaciones, pero a lo largo de estos años se han cometido muchos errores que, claro está, se pueden subsanar. Además, hay que tener en cuenta que se trata de prácticas que se deben corregir, porque en el pasado no estuvieron bien. No creo que sea buena cosa decir que, como algo se hizo mal en el pasado, pues se sigue haciendo mal en el presente. Creo que todos aprendemos a medida que se van ejerciendo las potestades, sobre todo, en materia de comunicación.

Concretamente, pensamos que aquí se quitan potestades a lo que es la Unidad Reguladora, reapareciendo la Dirección Nacional de Comunicaciones que, al parecer, vuelve a tener competencia en materia de telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual.

                Realmente nos gustaría escuchar un comentario a este respecto. Tenemos la sensación de que, en el pasado –como muy bien recordaba el señor Senador Rubio– estas Unidades Reguladoras  fueron votadas en una etapa presupuestal, quizás sin dar a los partidos políticos el debido tiempo para su estudio. Por lo tanto, no creo que sea bueno reiterar ahora el mismo error. Repito: ya tiempo atrás se cometió una equivocación al no dar tiempo a los partidos políticos para el estudio del articulado. Entonces, sería buena cosa que estas disposiciones fueran desglosadas del Presupuesto para poder estudiarlas con detenimiento, intercambiar opiniones y no quedarnos solamente con el anuncio de que, luego de votadas, podremos discutirlas con el señor Ministro de Industria, Energía y Minería, que es a quien le corresponde la función de relacionamiento con el Parlamento.

                En definitiva, consideramos que estos temas son importantes y tenemos muchas objeciones para plantear sobre la URSEC pero, en esta primera instancia, nos gustaría escuchar una opinión general porque de una simple lectura parece desprenderse que la Unidad Reguladora  mantiene las mismas potestades. Pienso que es una cuestión que debería ser discutida detenidamente, porque hace al nivel de la confianza recíproca, además de constituir un punto de alta sensibilidad para los partidos políticos.

SEÑOR BRECCIA.- Con relación a este articulado sobre la URSEC podríamos decir lo mismo que manifestamos sobre la URSEA, esto es, hacer una breve referencia mediante un juego de palabras manifestando que, si algo cambia en estos artículos, es que no cambia nada.

                Compartimos la visión que tiene el señor Senador Heber con relación a la importancia que tienen estos temas que hacen a las comunicaciones. Afirmamos –lo hemos dicho en reiteradas oportunidades– que las políticas de comunicación son absolutamente esenciales para la construcción de ciudadanía, y si son esenciales para la construcción de ciudadanía, también lo son para la construcción de democracia.

Entonces, creemos que la inquietud del señor Senador Heber merece un desarrollo un poco más extenso de nuestra parte, dentro de los límites que nos hemos autoimpuesto para esta comparecencia, a los efectos de no resultar aburridos para los señores Senadores, cuyo tiempo es muy valioso.

                En el proyecto de ley de Presupuesto hemos dejado explicitado un organigrama de las políticas de comunicación, que sencillamente puede expresarse de la siguiente manera. El Poder Ejecutivo determina las políticas de comunicación, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones lo asesora en todo lo que son los insumos necesarios para la fijación de una política de telecomunicaciones y la URSEC –Unidad Reguladora de los Servicios en Comunicaciones- controla que en el mercado relevante de las telecomunicaciones se den las normas de la libre competencia y, sobre todo, las de transparencia y democratización, en el acceso más pleno de todos los ciudadanos a munirse de la información que, obviamente, es circunstancia básica para ejercer después el derecho a la libertad de expresión. Un ciudadano que no esté bien informado tiene la libertad de expresión renga, porque los insumos que recibe para expresar su opinión o pensamiento son sesgados o cortados definitivamente.

                Como bien dijo el señor Senador Heber, en el pasado se cometieron muchos errores. Recuerdo un hecho particularmente ilustrativo, como fue una discusión que se suscitó en la Comisión Especial de Partidos Políticos en oportunidad de un episodio bastante polémico; entonces, el señor Senador Heber nos dijo: “Nosotros no vamos a tirar la primera piedra en esa materia”. Creo que fue un planteo muy honesto desde el punto de vista intelectual. Entendemos que, en este caso, el Gobierno pretende actuar con absoluta y total transparencia.

Reivindicamos las cosas buenas que se hicieron en la Administración anterior.

SEÑOR HEBER.- ¡En las anteriores!

SEÑOR BRECCIA.-  No, señor Senador, en este caso específico me refiero a la Administración anterior. Luego de veinte años de democracia, el Gobierno del doctor Vázquez, a través del Decreto Nº 515/2005, quitó las telecomunicaciones de la Cartera de Defensa Nacional para pasarlas al Ministerio de Industria, Energía y Minería. Ese mismo año, por la Ley de Presupuesto Nº 17.930, creó la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, para que cumpliera con ese cometido. Y las competencias que por este proyecto de ley de Presupuesto se dan a esa Dirección son prácticamente un calco de las establecidas en noviembre de 2009 por el Decreto Nº 519/2009.

                Potenciamos el papel de la URSEC en su carácter de organismo de alta calificación y autonomía técnica en el marco de políticas públicas que se fije el país, pero manteniendo sus facultades de control y de fiscalización, la potestad de otorgar licencias de telecomunicaciones y su rol de asesoría y opinión preceptiva a través de DINATEL en las políticas que defina el Poder Ejecutivo.

 De la anterior Administración también recuerdo la ley relativa al Servicio  de Radiodifusión Comunitaria, en la que se ordenó el confuso y caótico panorama que se arrastraba. Créanme que no dejó de ser doloroso porque cuando se creó la Comisión Honoraria Asesora de Radios Comunitarias            -CHARC- se presentaron alrededor de cuatrocientas emisoras para ser regularizadas. A la fecha se han regularizado unas cien o ciento diez, y a más de cien se les ha hecho cesar su emisión porque no tenían las condiciones para ser radios comunitarias. Cabe destacar que fue una Comisión que trabajó con total transparencia, con representación de todos los sectores interesados en el tema. Nosotros mismos, cuando estábamos en la URSEC, tuvimos que firmar el cierre de algunas radios y lo hicimos, obviamente, por razones técnicas. Recuerdo que en todos los casos se trataba de emisoras irregulares, que estaban interfiriendo con las comunicaciones de aeronavegación, creando con ello un riesgo que no es necesario explicitar.

                En definitiva, entendemos que, tanto la Administración anterior como la actual, están intentando superar las múltiples limitaciones que en materia de democratización real de los medios de comunicación venimos arrastrando desde hace muchos años. No digo que esto haya sido hecho con intencionalidad; simplemente comento que así fueron las cosas. No creo que sea bueno -y, en ese sentido, coincidimos plenamente con el señor Senador Heber- mirar hacia atrás; considero que es bueno mirar hacia adelante y plantearnos este esquema que, entendemos, es adecuado. El Poder Ejecutivo debe fijar las políticas de comunicación; nos parece que es improcedente que lo haga cualquier otro organismo. La misión de la DINATEL es asesorar y la de la URSEC, controlar.

                Culminamos nuestra exposición en la Cámara de Representantes diciendo: “Bienvenido sea el debate”. En estos temas tenemos que seguir debatiendo. La Dirección Nacional de Telecomunicaciones está planteándose una nueva ley de telecomunicaciones y lo está haciendo en forma muy abierta, con la participación democrática de toda la sociedad.

Hace unos días se realizó un evento en la Torre Ejecutiva -creo que el señor Senador Larrañaga estuvo presente- con respecto a este tema.

SEÑOR LARRAÑAGA.- No fue así, señor Breccia.

SEÑOR BRECCIA.- No recuerdo, señor Senador, ya que estuvimos juntos en otro evento en ese mismo escenario.

                Allí se formaron varias Comisiones, que están trabajando en este tema. Créanme que lo están haciendo de muy buena forma, en un régimen intensivo de discusiones y planteando soluciones cuyas actas están siendo colgadas en la página web de Presidencia -les recomiendo especialmente que la visiten- para que todos puedan verlas.

                Por lo tanto, participación de la sociedad, transparencia y democratización de las comunicaciones son un objetivo común. Nadie puede estar ajeno o ser contrario a esto. Por nuestra parte, entendemos que esta es la mejor fórmula para ir alcanzando los objetivos, tal como he dicho en oportunidad de otras soluciones planteadas en el Presupuesto.

                ¿Lograremos en su totalidad el objetivo que nos estamos proponiendo? Eso no lo sabemos. Los señores Senadores, que están todos los días practicando las fórmulas de ensayo y error, saben que en estos aspectos hay que trabajar aplicando ese método. Nosotros creemos que la mejor fórmula es: participación, democracia en el acceso a los medios y transparencia.

                Muchas gracias.

SEÑOR TOPOLANSKY.- Quisiera agregar un comentario con respecto a este tema, que considero muy importante. La dinámica del cambio tecnológico de las telecomunicaciones -que es velocísimo- nos enfrenta a que no puede haber aspectos demasiado estáticos en este tema, ya que siempre corremos el riesgo de quedarnos atrás en ese avance. Por esa razón, considero que quienes tengan que trabajar en futuros Presupuestos siempre se van a encontrar con cosas nuevas, ya que la realidad lo requiere. El respaldo jurídico de tecnologías y situaciones nuevas va a tener que expresarse.  En realidad, estos artículos simplemente reordenan y no tienen otro sentido. Creo que va a ser más importante la ley de telecomunicaciones, que pondrá un marco jurídico y tendrá ese carácter por tratarse de temas cambiantes. Me parece que debemos mirar esto con ese espíritu porque, de otra manera, la realidad nos pasa por arriba. Es algo evidente.

                Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Voy a respaldar las expresiones de mi compañero de Partido, el señor Senador Heber.

                Quiero expresar al Poder Ejecutivo, con toda claridad, que entramos en una zona de peligro. Reitero que me gustaría ser muy claro. El único que no puede salir sospechado de nada en materia de comunicaciones debe ser el Poder Ejecutivo. No quiero que el Poder Ejecutivo de mi país salga sospechado de absolutamente nada en materia de medios de comunicación. Creo que hay una trilogía y me parece que, en este clima que tiene el país, es necesario abrir un ámbito de negociación entre el Poder Ejecutivo y los Partidos de la oposición para mirar, en sintonía y en clave de política nacional y de futuro, las competencias de la URSEC, la ley de comunicaciones que está en el Ministerio de Industria, Energía y Minería y el proyecto de ley sobre contenidos que está en el Ministerio de Educación y Cultura.

SEÑOR HEBER.- Apoyado

SEÑOR LARRAÑAGA.- Más allá de toda discusión, creo que lo que vale para cuando se es oposición, también vale para cuando se es Gobierno.

En cuanto al tema que nos ocupa, me parece que se están trasladando competencias desde la URSEC a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y Minería. En ese sentido, creo que hay que dejar en manos de la URSEC la competencia en cuanto a la regulación técnica y el control. No estamos tan lejos, pero entiendo que hay que hacer un enorme esfuerzo en el tema de los medios de comunicación y de su control. No tengo ningún empacho en aceptar por válidas, por absolutamente válidas, expresiones del señor Presidente Mujica y del señor Vicepresidente Astori, que fueron coincidentes en decir que la mejor ley de medios de comunicación es la que no existe. Me parece que es una perfecta definición de lo que eso significa. Además, debemos buscar          -quizás en un ámbito más reducido- la manera de compatibilizar las posiciones en el tema de la URSEC y de la URSEA. Son Unidades que se crearon con el fin de regular y controlar, fundamentalmente en los casos en que el Estado es juez y parte. Esto es central para la URSEA y es importantísimo, vital, para la calidad democrática de los medios de comunicación.

                No quiero avanzar más y me afilio a la tesis de nuestro compañero, el señor Senador Heber, en cuanto a ofrecer la realización  -aunque no es necesario, porque sabemos que hay disposición por parte del Poder Ejecutivo- de una rueda más chica para analizar estos aspectos, donde podamos compatibilizar y salir bien del tema de la URSEC, para no tener recelos ni sospechas recíprocas que después no nos permitan avanzar en los temas que vinculan a la ley de medios de comunicación y a la ley de contenidos. Digo esto como una expresión política y democrática y, repito, no deseo, bajo ningún punto de vista, que el Gobierno del Uruguay, el Poder Ejecutivo y mucho menos la Institución Presidente de la República puedan estar bajo ninguna sospecha, máxime  cuando los medios de comunicación están en el medio.

                Tenemos importantísimas reservas, pero este ámbito no es el que tenemos para trasladar exhaustivamente todos y cada uno de los artículos que se vinculan a la URSEA y a la URSEC. Quisiéramos tener otro espacio para que podamos analizar con la Presidencia de la República  estos aspectos que nos permitan alcanzar cierto grado de entendimiento que elimine todo lo que pueda quedar en el camino y que pueda condicionar en un futuro aquellos aspectos esenciales a la calidad de nuestra democracia que todos, absolutamente todos, de un lado y del otro y desde todos los partidos, queremos defender.

SEÑOR MARTÍNEZ.- En realidad, creo que con los representantes de la Presidencia ya cumplimos. Este tema tiene matices y, naturalmente, se tiene que debatir en Comisión.

En lo personal, me preocupaba saber cuáles eran las potestades de la URSEC y voy a contar una anécdota que me sucedió cuando era Ministro. Quien habla formaba parte de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y quisimos fijar las políticas en materia de telecomunicaciones, pero nuestra asesoría legal nos dijo que no podíamos hacerlo porque era potestad de la URSEC; esto no ocurre en ningún país del mundo, pues estas políticas no las dirimen los organismos reguladores, sino el Poder Ejecutivo.

Obviamente, al leer lo que se establece en el Presupuesto, interpreto  que se  otorga al Poder Ejecutivo la función de elaborar las políticas a largo plazo, mientras que el control técnico, la regulación y la verificación del cumplimiento de las normas los tiene la URSEC. Me sumo a lo que señaló brillantemente mi amigo y colega en algunos aspectos, Secretario de la Presidencia, el doctor Breccia.  Pero esto es parte de lo que tenemos que discutir en el ámbito de la Comisión y, así como ocurre con otros temas, no corresponde hacerlo en este momento.

SEÑOR AMORÍN.- Creo que este no es un ámbito de discusión, sino para hacer preguntas a los invitados. Sin embargo, en este caso y brevemente, quiero compartir los dichos de los señores Senadores Heber y Larrañaga y también del Presidente Mujica y del Vicepresidente Astori por cuanto creo que a todos nos anima el mismo sentir. Todos queremos amplísima libertad en materia de medios de comunicación y todos queremos que la democracia se reafirme en estos temas; una con otra van siempre juntos, libertad con democracia, no cabe la menor duda. Me parece que las tres leyes que planteó el señor Senador Larrañaga van de la mano o tienen una clara vinculación. En este punto nosotros estamos para aportar, para ayudar; creo que todos queremos lo mismo y no tengo la menor duda de ello. Todos queremos mercados transparentes, libertad, reglas claras y, de alguna manera, participar en estos aspectos. Y, en lo personal, me parece que sería bien interesante que pudiéramos trabajar juntos en estos tres temas. Este es el primero que sale a la luz, los otros se están analizando en Comisiones amplias, donde hay gente de todos lados que no están allí en representación de nadie más que de sí mismos.

                Reitero que me parece que sería bien interesante que estos tres temas que están estrechamente vinculados se traten, no ya juntos pero sí con un objetivo común. En lo personal, tengo la plena convicción de que los principios y objetivos que tiene la Presidencia de la República son los mismos que los nuestros, así que en este tema queremos hacer aportes.

                Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR BRECCIA.- Simplemente quiero hacer una reflexión. Como el señor Presidente no puede comparecer en estos ámbitos y se ha hecho una referencia a sus expresiones queremos, desde nuestro modestísimo punto de vista, clarificar lo que, a nuestro entender, era totalmente claro cuando afirmó que la mejor ley de prensa es la que no existe.

No existe la posibilidad de que una radio o cualquier medio de comunicación sea clausurado por sus contenidos; es impensable para un gobierno democrático intervenir en los contenidos de los medios, ya se trate de una radio, de un canal de televisión o de prensa escrita. Ya sufrimos, en plena democracia, clausuras de radios y no queremos que eso se repita, y por eso es que el Presidente dijo que la mejor ley de prensa es la que  no existe.

Jamás estaremos de acuerdo con controles sobre los contenidos; ahora bien, cuando hablamos de libertad absoluta en materia de medios de comunicación no podemos olvidarnos de que las ondas de radio de comunicación -no sé si esta es la definición técnica, tal vez el señor Senador Martínez pueda corregirme en este sentido- son de pertenencia universal, son patrimonio de la humanidad concedido en uso.

Justamente, uno de los aspectos que se están discutiendo ahora en la ley de telecomunicaciones es qué hacemos al respecto. Fíjense los señores Senadores qué interesante es que los representantes actuales de los medios de comunicación, en uso de licencias precarias, plantean -y esto lo han expuesto públicamente en esa comparecencia que concretaron en la Torre Ejecutiva- que sigan siendo así. ¡Qué curioso! En definitiva, cuando uno tiene un derecho pretende que sea lo más firme, lo más cierto posible; la precariedad, justamente, es lo contrario de la certeza. Sin embargo, los licenciatarios de los medios de comunicación pretenden que esas licencias continúen siendo precarias; esa precariedad se ha extendido durante décadas.

En fin, estos son apuntes para esta discusión que es riquísima en cuanto a su contenido pero en la que debemos tener presente lo que acabamos de decir en materia de telecomunicaciones: las ondas de radio son un bien universal de la humanidad, no tienen propietario.

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuamos con los artículos 150 a 164, relativos a la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC).

SEÑOR PASQUET.- Quisiera hacer un comentario con respecto a los artículos 154 a 158, que contienen propuestas de modificación a la Ley Nº 18.331, de Protección de Datos Personales y Acción de Hábeas Data, sancionada en el año 2008. Esta ley significó un avance democrático muy importante y positivo puesto que empezó a regular una materia de enorme sensibilidad que hoy está afectada por modernos medios informáticos que sabemos que manejan datos que hacen a la privacidad de las personas.

                Las normas que aquí se propone modificar no son de carácter presupuestal, sino que están contenidas en esta Ley Nº 18.331. O sea que son derechos de fondo que van a regir más allá de los cinco años de vigencia de este Presupuesto y que tampoco tienen que ver con su interpretación ni con su aplicación; son temas que, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 216 de la Constitución de la República, no deberían estar en una ley de presupuesto. Pero sabemos que en esta materia es difícil mantener el purismo y que la tradición del país es otra, por lo cual no hacemos mayor caudal del aspecto estrictamente formal. Lo que queremos señalar es que si el Poder Ejecutivo no tiene especial urgencia en aprobar alguna de estas normas -en caso contrario, tendríamos que considerarla cuanto antes- sería más conveniente desglosarlas para considerarlas luego, sin el apuro de la instancia presupuestal y con el detenimiento y  estudio profundo que merecen porque regulan una materia muy importante de derechos individuales. Me parece que no sería justo para con nadie -ni siquiera con nosotros mismos- tratar esto en forma apresurada; me refiero al corto lapso de que disponemos para sancionar el proyecto de ley de Presupuesto Nacional.

                En definitiva, haciendo la salvedad de que, si el Gobierno entiende que hay algún artículo que deba ser aprobado en forma urgente -se me ocurre el que establece sanciones-, se podría considerar rápidamente y aprobar ahora, entiendo que sería conveniente desglosar los demás, que se relacionan con derechos de fondo que van a perdurar más allá de este presupuesto quinquenal. En ese sentido, formulo la consulta a los representantes de la Presidencia de la República.

SEÑOR BRECCIA.- A los efectos de desarrollar el contenido de estas normas y concluir si es o no conveniente su desglose, me gustaría que hiciera uso de la palabra el señor Director de la AGESIC.

SEÑOR CLASTORNIK.- Con respecto a las dudas planteadas con relación al marco legal que modifica la protección de datos, queremos hacer algunos comentarios.

                Lo primero que queremos dejar claro es que la Ley de Protección de Datos fue aprobada por consenso de todo el Parlamento, lo que constituye un hecho muy positivo. En los considerandos de la salida de la ley hubo varios contextos; uno de ellos hacía a la necesidad de la defensa de determinados derechos y del mecanismo de protección específico de hábeas data. Concretamente, planteaba extender el marco, que estaba dado para el derecho comercial, al derecho personal. Asimismo, dentro de las políticas que se habían explicitado y de las intenciones con las que se quería trabajar, había un marco genérico que pretendía conseguir la adecuación con la Unión Europea. Este contexto iba más allá de la defensa de estos derechos; hacía a las posibilidades del país de tercerizar servicios como los llamados business process absortion, o sea, negocios que pueden tener transferencia de datos personales de Europa a Uruguay.

                Nosotros asumimos el mandato de la ley y trabajamos en lo que es la negociación con la Unión Europea al respecto. Recuerdo que el único país que en este momento tiene la adecuación y un negocio importante relacionado con ello, es Argentina; Uruguay es el país de América Latina que está más avanzado en este tema, lo siguen Chile -bastante más atrás- y Colombia. En este momento, a nivel de los países que estaban compitiendo con Uruguay para conseguir esa adecuación -con lo que ello implicaba como oportunidad comercial- se encontraba Israel, pero la Unión Europea le negó el acceso a la adecuación por otros inconvenientes.

                La semana pasada, el Grupo 29 -grupo técnico que analiza la adecuación de los países-, validó todo el trabajo realizado por nosotros en esta materia y se obtuvo una recomendación positiva, pero para que sea una adecuación real, deberá pasar por los estamentos políticos. Quiere decir que lo que existe es una recomendación técnica a partir de la cual se asume que no debería haber inconvenientes políticos. Se trata de un proceso de cuatro o seis meses que, desde el punto de vista de los negocios -llámese call centers, tercerización de procesos específicos, investigación a nivel de laboratorios, etcétera-, representa una ventaja competitiva enorme para el país. Dado que en este proceso se vio la necesidad de modificar determinados artículos, con urgencia, tratamos de resolver un poco esas incompatibilidades que, en el análisis muy fino de nuestro marco legal, se encontraron y se nos recomendó cambiarlas.

                No obstante lo expuesto, otras cosas están saliendo por el lado de la experiencia. Estamos encontrando nuevos territorios y no hay países en la región más avanzados que el nuestro en lo que tiene que ver con la temática de protección de datos. En esta materia, la identidad va más allá de la persona y está dada por los datos que surjan de ella. A su vez, hemos encontrado que la identidad va más allá de la vida. Cuando uno halla determinados datos -que están disponibles, por ejemplo, a través de una página de Internet- de una persona que ha fallecido, el procedimiento estándar, que es lo que queremos cambiar, obligaría a tener todo el trámite de herencia antes de poder cambiar esa información. Entonces, sí hay temas de urgencia en lo que son determinadas situaciones personales que son muy críticas en ese contexto. Otras cosas están asociadas a la voluntad de ejercer la regulación en la protección de datos de la forma que se nos ha exigido. Necesitábamos ser explícitos en los mecanismos de multa y transparentes en los mecanismos de su apercibimiento y definición para que no fuese discrecional, porque el nivel de explicitación de la ley era amplio. Entonces, parte del ejercicio ha sido una explicitación para marcar la cancha y dejar bien claros los niveles y los pasos que se iban a dar en ese sentido.

                En fin, la respuesta es la siguiente: creemos que, dentro del contexto de la experiencia que en la materia estamos adquiriendo y de la adecuación con la Unión Europea, sí es importante dar rápida aprobación a estas normas.

SEÑOR PASQUET.- Las preguntas han sido respondidas pero, en vez de disipar mis inquietudes las han profundizado, porque acá se están modificando aspectos sobre derecho sucesorio para poder actuar sobre las páginas de Internet de las personas fallecidas. Estas normas tienen que ver con cuestiones de fondo y, por más que se tenga la mejor voluntad, deben ser analizadas con mucho detenimiento. Si el Gobierno quiere que sean consideradas de cualquier manera, así se hará, pero nos reservamos el derecho de abstenernos en caso de duda.

SEÑORA PRESIDENTA.- Consulto a los señores Senadores si desean realizar alguna otra consideración sobre el Inciso Presidencia de la República.

SEÑOR BRECCIA.- Quería agradecer a los señores Senadores la atención que nos han brindado, así como también a los funcionarios de la Comisión y, en particular, a la señora Presidenta, por la deferencia con la que nos han tratado.

                Si me disculpan, me acaba de acotar el señor Prosecretario que en el Inciso 24 existen normas referidas a la Presidencia de la República.

SEÑORA PRESIDENTA.- Una de ellas es el artículo 742, “Diversos Créditos”.

SEÑOR CÁNEPA.- Simplemente quería señalar que el Inciso 24 relativo a “Diversos Créditos” implica la transversalidad de todos los Incisos que son unidades ejecutoras para dicho Inciso. Por lo tanto, en este caso la Presidencia de la República sería una unidad ejecutora 002. Aclaro que hay algunos artículos que figuran de esta forma porque refieren a políticas transversales, y si los señores Senadores tienen alguna duda sobre ellos, creemos que es la oportunidad para agotar el análisis de todas las disposiciones referidas a la Presidencia de la República que se encuentran en el Presupuesto Nacional.

SEÑOR RUBIO.- Quería referirme al tema anterior relativo a la ley de protección de datos y acceso a la información. Recuerdo que en el Parlamento se trabajó muy intensamente sobre esta ley y fue aprobada, diría que por una amplísima mayoría. Quizás la AGESIC -que ha trabajado mucho no sólo sobre este tema, sino también sobre la ejecución de proyectos como, por ejemplo, cambios en los expedientes electrónicos, la intranet del Estado, etcétera, y se encuentra en dificultades- nos podría hacer llegar algún documento donde fundamente artículo por artículo. Creo que desde el punto de vista de nuestra comprensión sería bueno, porque se trata de temas técnicos muy arduos y especializados, y así se podría facilitar la decisión a tomar por parte de los señores Senadores. Sería el fundamento de cada uno de los artículos, no referidos estrictamente a los aspectos presupuestales, sino a los otros. De esta manera, podríamos entender de qué se trata para luego poder tomar una decisión.

SEÑOR AMORÍN.- De acuerdo, señor Senador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Según lo que ha manifestado el doctor Cánepa, estaríamos hablando de los artículos 742, 752 y 756 que complementan los artículos presupuestales del Inciso ‘Presidencia de la República’, pero están en “Diversos Créditos”.

                Si no hay ninguna duda, agradecemos vuestra comparecencia y la información realmente exhaustiva que nos han dado.

                Informo a los señores Senadores que mañana viernes sesionará la Subcomisión de Audiencias y nos gustaría que concurrieran los delegados correspondientes por partido.

                No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 20 y 30 minutos)

 

 

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.