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Carátula

SEÑOR PRESIDENTE.-  Habiendo número, está abierta la sesión.

                (Es la hora 14 y 7 minutos)

                -Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

“Nota de la señora Mary Hernández, viuda del señor Rodolfo Fernández Cúneo, integrante del Grupo de Familiares de Asesinados Políticos solicitando la aprobación del proyecto de ley de Reparación Integral (Carpeta Nº 1507/2009 - Distribuido Nº 3193/2009)”.

-Agréguese al expediente.

“El señor Representante Nacional Edgardo Rodríguez remite nota que le hicieran llegar integrantes de Crysol-Tacuarembó adjuntando un anteproyecto de declaración de la Asamblea Nacional de Ex presas y Ex presos políticos convocada por Crysol, acerca del proyecto de ley de ‘Reparación Integral’.”

                -Ambos se reparten en el día de hoy.

Contamos con la presencia de los doctores Herbert y Opertti, en oportunidad de considerarse el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, que sustituye a la Ley Nº 10.084, del 4 de diciembre de 1941, en materia de Derecho Internacional Privado.

                Estamos en condiciones de escuchar la opinión de los distinguidos abogados y profesores.

SEÑOR OPERTTI.- Agradezco al señor Presidente por la invitación y por esta instancia, tanto desde el punto de vista personal como técnico.

                Como el señor Presidente ha señalado en su lectura, se trata de un proyecto de ley sustitutivo del Apéndice del Código Civil -normalmente conocido como tal- ley preparada en su momento por el doctor Álvaro Vargas y que lleva el número 10.084, de 3 de diciembre de 1941. El solo hecho de mencionar su fecha ya nos señala el tiempo transcurrido y, con ello, una de las justificaciones esenciales del porqué hoy estamos en pleno proceso de revisión.

Esta revisión ha sido el producto de una Comisión; no se trata, ciertamente, de un producto individual de quienes aquí comparecemos o de alguien en particular. Como he dicho, se trata de un trabajo colectivo hecho por un grupo de especialistas que durante mucho tiempo hemos tratado de observar lo que pasa en el mundo contemporáneo en nuestra materia, el crecimiento de las relaciones privadas internacionales -que es notorio y creo que no requiere ningún abundamiento- y, al mismo tiempo, cómo el Estado uruguayo se ha ido comprometiendo internacionalmente a través de una cantidad de convenciones, algunas de alcance regional y otras universales, pero en todo caso, marcando con ello su compromiso de adoptar soluciones modernas evolucionadas. A título de ejemplo y sin perjuicio de lo que el propio doctor Herbert pueda aportar sobre este y otros temas, valdría la pena decir en este instante que el Uruguay es parte de veintitrés convenciones interamericanas, de tres convenciones de las Naciones Unidas, de dos convenciones de la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya y de seis convenciones del Mercosur.

                Quiere decir que hay todo un conjunto de normas internacionales que el Uruguay ha aprobado y puesto en vigor. Por lo tanto, parece razonable que el Derecho Internacional Privado de fuente interna -o sea, de las llamadas leyes nacionales- también sufra un proceso de ajuste, como lo ha venido viviendo el mundo.

                El siglo XIX fue el de los códigos. La primera mitad del siglo XX también, de alguna manera, transfirió a los códigos la responsabilidad de colocar en ellos normas vinculadas al Derecho Internacional Privado. Pero diría que ya a mediados del siglo XX comenzó el proceso de aprobación de leyes especiales de Derecho Internacional Privado y hoy día hay un número importante de países que las tienen. Hemos percibido esa necesidad y ya en el año 2004 el Poder Ejecutivo de la época tuvo ocasión de remitir un proyecto de ley al Parlamento que por razones de tiempo, pues estaba finalizando la Legislatura, no se pudo tratar y perdió estado parlamentario.

Esta Comisión fue convocada nuevamente por el entonces señor Ministro de Relaciones Exteriores -actual Presidente de esta Comisión de Constitución y Legislación, señor Senador Gargano- y siguió trabajando hasta producir lo que obra en vuestro poder. Solamente voy a hacer dos o tres puntualizaciones muy breves, porque no quiero dilatar mi intervención ni agregar consideraciones de carácter técnico que surgen con detalle de la exposición de motivos, sino señalar algunos subrayados que me parecen importantes.

La ley ha hecho una correcta evaluación de la realidad, pero ésta ha cambiado. Es notorio que fue en 1941 cuando Uruguay aprobó esta ley para incorporar con ella las soluciones de los Tratados de Montevideo de            1939 - 1940 que, a su vez, en gran medida repetían las soluciones del Tratado de Gonzalo Ramírez de 1889; no obstante, desde el punto de vista histórico, hoy en día está mostrando una suerte de retardo, del cual no establezco imputabilidad a nadie, sino que simplemente lo señalo como un hecho.

Lo segundo que quiero puntualizar es que ese aparente desgano en aras de modificar la legislación interna no condice, en cambio, con la fuerte y positiva actitud del Uruguay en el campo internacional, donde ha tenido iniciativas en el terreno de los derechos humanos, de las convenciones en materia de comercio internacional, de cooperación interjudicial internacional, de lo que hace al conjunto de medidas cautelares y de ejecución de sentencias, etcétera. El Uruguay ha estado activo en esa materia y ciertamente pendiente de esa evolución, y al mismo tiempo ha sido actor en ella.

                Por otro lado, en este proyecto de ley hemos tomado en cuenta el pensamiento jurídico de especialistas, tanto regionales como extrarregionales. Vale decir que esta no es una ley que inventa, sino que recoge ideas y las aproxima a nuestra realidad, colocándolas en consonancia con las normas internacionales a las cuales el Uruguay ya está obligado. En este momento se da un doble plafón: por un lado, el Uruguay tiene determinado tipo de soluciones con los países que tiene acuerdos y, por otro, soluciones diferentes con los que no los tiene. Creo que esto no condice con el manejo de una política exterior responsable. También quisiera agregar -es importante señalarlo- que la ley obedece a una sistematización. Tiene un primer sector que es el de los Principios Generales que inspiran todo el articulado; un segundo sector, que prevé cuál es la ley aplicable a las categorías jurídicas respectivas, y un tercero que tiene que ver con la competencia internacional de los Tribunales, precisamente como ya se venía diciendo en los viejos Tratados de Montevideo en la esfera internacional. Al final, se concluye con una cita de las fuentes en las que se ha inspirado la ley, para señalar con esto que este es un acto de responsabilidad técnico jurídica que no trabaja en el vacío, sino que ha tomado, obviamente, referencias de legislaciones comparadas.

                Quiero señalar ahora algunos de los contenidos esenciales. Diría que se ha reconocido la especialidad del Derecho Comercial Internacional a través del artículo 13. Es una norma que innova respecto de nuestro sistema actual: ha incorporado los conceptos básicos de la estructura del Derecho Internacional Privado, que es un sistema un tanto complejo en su funcionamiento. Asimismo, ha incorporado normas guías de enorme utilidad, tal como lo ha demostrado la práctica jurisprudencial, como la Convención de Normas Generales de Montevideo de 1979. Asimismo, se ha ajustado el régimen en materia de matrimonios y de uniones concubinarias. Al respecto, se ha dado entrada a las uniones concubinarias, reconociendo que no tienen la misma extraterritorialidad que los matrimonios. Estos últimos son extraterritoriales “per se”, mientras que la unión concubinaria depende del Estado en donde se invoque, con lo cual se reconoce el estado de evolución de la categoría jurídica, que no es el mismo en un caso que en otro.

En materia de sucesión, hemos modificado el viejo criterio de la sucesión plural absoluta. Vale decir que si un individuo moría y tenía un “cofre fort” en Montevideo y todos sus bienes en otro país había que aplicar la ley uruguaya y había que abrir una sucesión en el Uruguay, lo cual no parece razonable; la tendencia universal es que sea en el último domicilio del causante. Por tanto, hemos buscado una solución intermedia: si la persona tiene bienes inmuebles en Uruguay, o bienes registrables -como pueden ser aeronaves, embarcaciones, etcétera- debe abrirse una sucesión en el Uruguay. En caso contrario, alcanza con que lo haga en el lugar donde tiene esos bienes de radicación.  Para los demás bienes sólo se aplica la ley uruguaya y sus jueces serán los competentes si el causante tiene su último domicilio en la República.

En materia de obligaciones contractuales -tema muy importante- el mundo trata de resolver el problema de los conflictos de leyes en el espacio, facilitándoles a los contratantes la posibilidad de tener certidumbre en la regulación de sus relaciones. De ahí el progreso inequívoco de la autonomía de la voluntad contractual, la cual tiene un valor indiscutible en el Derecho interno; el señorío de la voluntad del cual hablaba el maestro Quintín Alfonsín. Pero nos costó mucho tiempo llegar a la conclusión de que también era necesario incorporarlo al Derecho Internacional Privado. Las discusiones fueron muy arduas. Recuerdo que trajimos a la consideración del Parlamento, a través de esta misma Comisión -el señor Senador Gargano estaba presente y quien habla se desempeñaba en la Cancillería- la Convención de México sobre las obligaciones contractuales, que introduce el criterio de autonomía de la voluntad. Y allí mantuvimos una discusión muy importante sobre el tema.

Concluyendo, se introduce la autonomía de la voluntad no irrestricta. Quiere decir que no se puede elegir cualquier ley para cualquier cosa; se puede elegir para ciertas cosas y bajo ciertas condiciones que surgen del articulado. Y en materia de obligaciones extracontractuales -es decir, accidentes, hechos ilícitos, cuasi delitos- se opta por un criterio que también la jurisprudencia había venido recogiendo, que es el del lugar donde se produce el hecho, o el lugar donde se produce el daño, a opción del reclamante.

Finalmente, debo decir que en materia de jurisdicción, este proyecto guarda consonancia con el Código General del Proceso que, en su momento, también incorporó capítulos sobre cooperación judicial y ejecución de sentencia. Creemos que a través de esta ley, junto con el Código General del Proceso, el Uruguay pasaría a tener un sistema de Derecho Internacional Privado identificado, coherente, que dé certidumbre tanto a las partes contratantes privadas como a las de las relaciones de familia y a las de las relaciones sucesorias y, de suyo, a los Jueces, como también a los árbitros u otros encargados de aplicarla.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR HERBERT.- Señor Presidente: no tengo mucho para agregar; simplemente voy a hacer notar que este proyecto de ley no implica una innovación importante, ya que solo recoge la legislación de fuentes convencionales que Uruguay ha ido ratificando e incorporando a su acervo, y también las soluciones jurisprudenciales basadas, precisamente, en el fundamento de normas análogas que llevaba a los Jueces a buscar soluciones en esa legislación supranacional. De manera que, en realidad, lo que se hace en esta iniciativa es recoger todas las convenciones que Uruguay ha ratificado y la jurisprudencia ya existente, por supuesto que con mucho trabajo, porque lo que le falta al Juez es una normativa plasmada que le permita indicar la fuente correspondiente cada vez que adopta una decisión. Entonces, en este proyecto de ley no deben verse innovaciones que ya no estén jugando en la jurisprudencia nacional.

Asimismo, habría que mencionar dos o tres puntos en los que tal vez pueda haber alguna diferencia, pero voy a indicar cuáles son y por qué. Toda la primera parte que refiere a normas generales es una copia casi exacta de la convención sobre normas generales que actualmente se aplica en la Convención Interamericana de Normas Generales.

En cuanto a la especialidad del Derecho Comercial Internacional, la jurisprudencia ya tiene bastante camino recorrido, por ejemplo, con la aplicación de los Incoterms y la lex mercatoria y  ciertos principios del derecho comercial, lo que ya suele hacer la jurisprudencia.

En lo que respecta al domicilio de las personas físicas, este capítulo no puede verse como una nueva definición de domicilio, porque no lo es; se trata, simplemente, del concepto de localizador de una persona. No es que cambien las normas sobre domicilio de nuestro Código Civil -no tiene nada que ver con eso- sino que es, reitero, el punto localizador, o sea, la definición del punto de conexión que localiza a la persona. Así como los bienes son fáciles de localizar porque están en un lugar determinado, las personas necesitan un localizador porque se mueven. Pues bien, ese es el localizador incluido en este capítulo del proyecto de ley.

En lo que tiene que ver con la existencia, el estado y capacidad de las personas físicas, realmente no hay grandes modificaciones, sino que lo que hay son adaptaciones a los nuevos criterios, por ejemplo, de protección de menores e incapaces, pero todo en lo que respecta a lo estrictamente conflictual, esto es en cuanto a qué ley sería aplicable. Tampoco estamos hablando de una legislación de fondo; la Comisión ha sido muy cuidadosa en no meterse en nada que pudiera ser objeto del Código de la Niñez y la Adolescencia. Por ejemplo, hemos extraído expresamente todo lo que refiere a la adopción, en el aspecto conflictual, porque esto va variando. Hace poco Uruguay ratificó la Convención Interamericana de La Paz sobre adopción internacional elaborada en 1984 en el marco de la OEA, pero esto es dinámico y normalmente se maneja a nivel muy especializado. En el Código de la Niñez y la Adolescencia hay disposiciones en materia de Derecho Internacional que desactivan las normas residuales de conflicto, se trata de un tema en el cual no hemos querido ingresar. Lo mismo sucede cuando estudiamos las personas jurídicas con sociedades comerciales, puesto que se regula la parte del conflicto de leyes, excluyéndose expresamente lo relativo a estas sociedades, por la sencilla razón de que este es un tema dinámico y normalmente abierto a vicisitudes que deben ser consideradas por los especialistas en Derecho Comercial. De modo que hemos sido muy cuidadosos de no intervenir en estas cosas.

                En lo que respecta a uniones no matrimoniales, es cierto que la regulación sus efectos se dejan librados a cada ley porque en este momento estamos en una etapa intermedia en la que se hace muy difícil distinguir por qué norma se rigen estos puntos. Sin embargo, se reconoce la validez de las uniones no matrimoniales, las que se regulan por la ley de su constitución.

                Lo relativo a las sucesiones ya fue mencionado y está claro que solamente los bienes registrales siguen el sistema territorial, cosa que no sucede con los bienes muebles que pasan a ser regidos por una sola ley.

Por otro lado, en el artículo 38, los señores Senadores podrán advertir la expresa exclusión de las sociedades comerciales del Capítulo de Personas Jurídicas.

En lo que tiene que ver con la partición, que no estaba legislada y sobre la que se discutía muchísimo, las normas -de acuerdo con la posición del profesor Alfonsín- no permitían otorgar particiones internacionales y parecía que esto era algo que no podía suceder en Derecho Internacional Privado. Lo cierto es que se hicieron pequeñas correcciones y, particularmente en lo relativo a las obligaciones contractuales, se introduce la ley aplicable por acuerdo de partes, pero hay que tener en cuenta que esto ya fue admitido por el Uruguay en el Protocolo de Buenos Aires que hoy está vigente en el Mercosur. Incluso, hay allí alguna norma demasiado laxa que permitiría una aplicación extensiva de ese Protocolo a otras situaciones más allá del ámbito del Mercosur.

Tenemos soluciones especiales para ciertas relaciones que se han destacado en el Derecho Comparado, y cuestiones específicas como, por ejemplo, el derecho de arrendamiento. En lo que tiene que ver con el mercado de valores, las relaciones de consumo, los contratos individuales de trabajo, las relaciones de dependencia y los contratos de seguros, no estaban precisamente reglamentados y necesariamente había que recurrir a fundamentos de normas análogas para resolver los casos que se planteaban.

En lo que tiene que ver con las obligaciones que nacen sin convención, se abre un espectro y la posibilidad de acceso a los tribunales se hace más elástica. Lo mismo sucede con la aplicación de normas de fondo, ya que se permite al damnificado elegir entre el derecho del lugar donde ha ocurrido el acto y el derecho interno del Estado donde se ha producido el daño. Destaco que esto es parte de una evolución prácticamente universal y, además, nuestro país esta solución es acogida por el Protocolo de San Luis, por lo que nada de esto es una innovación que se toma de otro lado. Reitero que todo esto ya existe.

Por último, está el capítulo de jurisdicción internacional, que está redactado en una forma un tanto diferente a la que se acostumbra, por las razones explicadas en la exposición de motivos. Allí se dice que esto es así porque se trata de normas de tipo atributivo, es decir, atribuyen competencias a los tribunales y esto no se puede hacer con respecto a tribunales extranjeros. Por esta razón, se expresan en forma unilateral. En esto tenemos dos criterios: uno de ellos es el de  la jurisdicción directa, que es la que evalúa el propio tribunal para juzgar el caso, y la indirecta, que es la que evalúa el tribunal al que se le pide la ejecución de la sentencia extranjera. Esta última hipótesis está contemplada en el  Código General del Proceso, por lo que no es necesario incluirla en este sistema.

Por su parte, el artículo 60, a efectos de servir de guía a la Judicatura,  define “jurisdicción exclusiva”, que es una expresión que figura en el artículo 539 del Código General del Proceso sin estar definida.

                El artículo 61, que es el último, se refiere a arbitraje y no plantea cuestionamientos.

                Quiero enfatizar algo que señalé al comienzo y es que en esta sistematización de normas y de jurisprudencia desperdigada no se van a ver muchas innovaciones y las que aparentemente existen, en realidad el Uruguay ya las ha aceptado al tener vigentes normas convencionales, como es el caso de la autonomía de la voluntad en materia de jurisdicción en contratos o la expansión de puntos de conexión para el caso de las responsabilidades contractuales.

                Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si ningún señor Senador tiene nada más para agregar, nos  manifestamos satisfechos con las explicaciones brindadas por los doctores Herbert y Opertti.

SEÑOR MOREIRA.- Absolutamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para finalizar, quiero señalar que el criterio de la Presidencia -y creo que, en general, es el de los señores Senadores- es que en una materia tan especializada, la Comisión no puede incorporar modificaciones que no hayan sido estudiadas o largamente elaboradas. Hay mucha gente que trabaja sobre esta materia tan especializada y ha logrado progresos al incorporar algunas normas que actualizan la Legislación y permiten actuar con mayor certeza a los Jueces, que son quienes tienen que aplicar el Derecho.              

Agradecemos a los doctores Herbert y Opertti por las exposiciones realizadas.

(Se retiran de Sala los doctores Herbert y Opertti)

                -Luego de haber  analizado el proyecto de ley con la información proporcionada por los profesores que nos han visitado y con el repartido que nos ha presentado la señora Senadora Percovich, estimo que es conveniente que la Comisión se pronuncie y lo someta a votación para remitirlo al Pleno.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

                -6 en 6. Afirmativa.  UNANIMIDAD.

                Si hay acuerdo, designamos a la señora Senadora Percovich como miembro informante.

                Ahora correspondería pasar a la discusión particular del proyecto titulado “Procesos laborales. Abreviación”, Carpeta Nº 1403/2008. En la sesión pasada habíamos aprobado en general el proyecto de ley presentado por las Senadoras y los Senadores integrantes de la Bancada del Frente Amplio. Pienso que un método a seguir sería ir leyendo y considerando artículo por artículo y sometiéndolos a votación de la Comisión.

                Si hay acuerdo, se procederá de esa manera.

                La Mesa informa que hay un distribuido elaborado por la señora Senadora Percovich; se trata de un comparativo. A su vez, la Secretaría aportó otro; entonces, nos guiaríamos por este último. Además, quisiera aclarar que no se elaboró el comparativo con las propuestas de la Suprema Corte de Justicia, porque lo que este Organismo envió no es un proyecto de ley. Si algún señor Senador lo estima pertinente, puede plantear esas propuestas, que serían tratadas aquí.

                Vamos al Distribuido Nº 3209, que es un comparativo.

                Léase el artículo 1º, comprendido dentro del Capítulo I, “Principios”, de los Procesos Laborales Autónomos.

(Se lee:)

                “Artículo 1º.- Los procesos laborales se ajustarán a los principios de oralidad, celeridad, gratuidad, inmediación, concentración, publicidad, buena fe y efectividad de la tutela de los derechos sustanciales.

                El tribunal, de oficio, podrá averiguar o complementar la prueba de los hechos objeto de controversia, quedando investido, a tales efectos, con todas las facultades inquisitivas previstas para el orden procesal penal.”

                -En consideración.

SEÑOR MOREIRA.- Estaba leyendo algunas observaciones al respecto; por ejemplo, aquí tenemos comentarios de Magistrados laborales sobre esta materia, que señalan que esto repite algunos artículos del CGP pero en forma parcial y, además, que hay algunos principios que faltan. En alguna medida es contradictorio porque se habla de oralidad y los procesos, en general, son mixtos, es decir que incluyen la oralidad y también la escritura; no son meramente orales. Incluso, en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo hay diligencias que son escritas; o sea que la oralidad no se da en todos los casos.

                Entonces, los Magistrados señalan que si se considera necesario instrumentar algo sobre principios, debería ser mucho más exhaustivo y contenerlos todos, entre otros, el de lealtad procesal.

                Simplemente quería dejar esa constancia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se propone ninguna modificación concreta, se va a votar el artículo 1º.

(Se vota:)

                -4 en 7. Afirmativa.

                Ingresamos en el Capítulo II, “Competencia”. Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

                “Artículo 2º.- Los tribunales de la jurisdicción laboral entenderán en los asuntos originados en conflictos individuales de trabajo.”

                -En consideración.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

                -4 en 7. Afirmativa.

                Ingresamos en el Capítulo III, “Audiencia de conciliación previa”.  Léase el artículo 3º.

(Se lee:)

                “Artículo 3º. Conciliación previa. Antes de iniciarse juicio en materia laboral, deberá tentarse la conciliación previa ante el Centro de Negociación de Conflictos Individuales del Trabajo o Agencia Zonal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según corresponda al domicilio del empleador o al lugar en el que se cumplieron las prestaciones.

                En las ciudades, pueblos o villas en las que no existan Agencias Zonales del Ministerio de Trabajo y  Seguridad Social, el reclamante quedará relevado de tentar la conciliación administrativa. En los procesos de menor cuantía tampoco será necesario cumplir con este requisito.”

                -En consideración.

                Si no me equivoco, existe un artículo sustitutivo o complementario de este artículo 3º, que sería conveniente leer a efectos de que quede constancia en la versión taquigráfica.

                Léase el artículo 3º con las modificaciones propuestas.

(Se lee:)

                “Artículo 3º. Conciliación previa. Antes de iniciarse juicio en materia laboral, deberá tentarse la conciliación previa ante el Centro de Negociación de Conflictos Individuales de Trabajo o ante la Agencia Zonal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según corresponda al domicilio del empleador o al lugar en el que se cumplieron las prestaciones. Cuando en la jurisdicción territorial del tribunal competente no existan agencias zonales, el reclamante quedará exonerado de tentar la conciliación.

                La solicitud de inicio del procedimiento conciliatorio deberá realizarse por escrito presentado por el interesado o por apoderado, asistido de abogado salvo que la reclamación fuera por sumas inferiores al equivalente de 20 UR (veinte unidades reajustables). En dicha solicitud deberán indicarse con precisión los hechos que fundamentan el reclamo y el detalle y monto de los rubros reclamados.”

SEÑORA PERCOVICH.- Me parece que el agregado que propuso el señor Presidente en la sesión anterior recoge algunas de las objeciones que hizo la Suprema Corte de Justicia al proceso de conciliación y al establecimiento de las sumas. De esta forma, se mejora la redacción del artículo previo y se recogen las preocupaciones planteadas.

SEÑOR ABREU.-  Recogiendo las inquietudes que se han planteado en esta Comisión, me parece que la eliminación de la conciliación en algunos aspectos, o mejor dicho, en dos temas ‑uno va por el lado de las agencias y el otro por el de los montos- junto a determinadas normas del resto del articulado que después vamos a analizar, va a crear un cuello de botella mucho más pesado sobre la jurisdicción laboral, ya que al no existir la conciliación en determinados casos se va directamente al juicio, y ya sabemos las dificultades que existen para administrarlo. 

                Además, la conciliación es un instituto absolutamente positivo en el ámbito del Derecho, porque es una forma de que las partes encuentren soluciones sin ir directamente al juicio. Esto, sumado a otras normas a las que luego haremos referencia, va a provocar una acumulación de juicios que desde el punto de vista administrativo y burocrático va a hacer más difícil la celeridad de la defensa de los trabajadores. Pienso que se deben habilitar todas las instancias que permiten una conciliación, porque los que trabajamos y tenemos experiencia en la materia sabemos que este instrumento permite un porcentaje altísimo de acuerdos en el ámbito laboral; además, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se llevan a cabo determinadas funciones que ayudan a esa conciliación.

Entonces, como dije antes,  eliminar la conciliación, aun con fines que puedan ser compartibles, va a resultar una carga administrativa de un peso excesivo y va a actuar como cuello de botella desde el punto de vista de la administración de la justicia.  Como resultado, estaremos aumentando el número de juicios en forma exponencial porque, al no existir conciliación, directamente se irá a la justicia laboral. Al eliminar esta etapa, sobre todo en juicios de menor cuantía, los Juzgados laborales se van a ver recargados de juicios de toda clase. En efecto, los juicios que pudieran ser conciliados estarían aliviando el peso burocrático, aunque sabemos que no se va a solucionar solo por este tema, porque el problema real de los aspectos laborales radica en los trámites y en la pesadez administrativa que todos reconocemos, y no exclusivamente en los aspectos procesales, y menos en las instancias que se tratan de eliminar en este proyecto de ley.

                En síntesis, creo que es importante que exista la conciliación previa en todos los juicios, porque eso ayuda al demandante. De esta manera, termina siendo un juicio más pesado para poder llevarlo a cabo, entre otras cosas, porque si hay dificultades para acceder a las agencias zonales desde el punto de vista geográfico, más dificultades habrá para poder manejarse con un asesor letrado, máxime en un juicio laboral, en el que deberá enfrentar una actividad jurisdiccional cuando podría evitarla, teniendo la opción de poder pedir una conciliación previa.

En definitiva, nuestra propuesta es que se no elimine la conciliación y, en todo caso, que sea obligatoria, porque vamos a ayudar mucho más al trabajador que si mantenemos las instancias que se están planteando.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia quiere dejar la siguiente  constancia.

El artículo sustitutivo recoge absolutamente la inmensa mayoría de las expresiones del señor Senador Abreu y solamente excluye la posibilidad de la conciliación cuando en la zona donde se dé el hecho no existan agencias zonales en la jurisdicción territorial del Tribunal competente, en cuyo caso el reclamante quedará exonerado de tentar una conciliación; sólo se excluye en esa situación, ya que en todos los demás casos la conciliación es obligatoria. Además, se da un esquema del inicio del procedimiento conciliatorio, que deberá realizarse por escrito presentado por el interesado o por apoderado, asistido por abogado, salvo que la reclamación fuera por sumas inferiores al equivalente a 20 Unidades Reajustables. Quiere decir que están contemplados prácticamente todos ellos salvo, repito, cuando no exista un lugar donde poder materializar el hecho, es decir, donde poder realizar la conciliación, como una agencia. Eso da una idea de que se ha tenido en cuenta que es un lugar donde no se dan procesos laborales de gran  magnitud, sino de mediana o pequeña,  que ni siquiera hacen necesaria la existencia de ese tipo de agencias porque, de otra manera, existirían.

Por lo tanto, proponemos que se vote el artículo 3º sustitutivo  tal como viene planteado.

SEÑOR ABREU.- Quiero hacer un aporte con respecto  al segundo inciso. Allí se mantiene la obligación del proceso conciliatorio pero, ¿se lo exonera de ser por escrito? Consulto porque allí se expresa: “La solicitud de inicio del procedimiento conciliatorio deberá realizarse por escrito presentado por el interesado o por apoderado, asistido de abogado salvo que la reclamación fuera por sumas inferiores”, etcétera. En este caso, insisto, quiere decir que la solicitud de procedimiento conciliatorio, ¿puede no ser escrito?

SEÑOR GALLICCHIO.- No tiene por qué ser asistido por abogado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Como dice el señor Senador Sanguinetti, habría que poner una coma después de la palabra “abogado”, para que se entienda mejor.

SEÑORA DALMÁS.-  Quiero informarle al señor Senador Abreu, que el referido inciso segundo corresponde al tercer inciso del anteproyecto presentado por la Suprema Corte de Justicia. Hago esta aclaración porque algunos señores Senadores no contaban con el comparativo anterior.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3º con la modificación sugerida por el señor Senador Sanguinetti.

(Se vota:)

-4 en 7. Afirmativa.

Obviamente, la votación del artículo 3º del proyecto presentado por varios señores Senadores del Frente Amplio anula la del texto original, que sería de 0 en 7.

Léase el artículo 4º del texto original.

(Se lee:)

“Artículo 4º. Contenido del acta.- Los rubros reclamados deberán constar en la citación y en el acta labrada en la audiencia de conciliación.

Si el citado entiende que existe un tercero total o parcialmente responsable, deberá individualizarlo en la audiencia, quedando constancia en el acta. Su omisión en este aspecto así como su incomparecencia a la audiencia constituirán  presunciones simples contrarias a su interés en el proceso.”

                -Léase el sustitutivo del artículo 4º.

(Se lee:)

                -Artículo 4º. Audiencia y contenido del acta.- La audiencia se convocará para día y hora determinados, con una anticipación no menor de tres días.

                En acta resumida deberá señalarse en forma detallada el reclamo, las soluciones propuestas, el resultado final y el domicilio que indiquen las partes.

                Si el citado entiende que existe un tercero total o parcialmente responsable, deberá individualizarlo en la audiencia, quedando constancia en el acta. Su omisión en este aspecto así como su incomparecencia a la audiencia constituirán presunciones simples contrarias a su interés en el proceso ulterior.

                El acuerdo a que se arribe en el procedimiento habilitará su ejecución forzada por los procedimientos propios regulados en el Título V del Libro II del Código General del Proceso”.

                -En consideración.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

                -4 en 7. Afirmativa. 

                Léase el artículo 5º.

(Se lee:)

                “Artículo 5º.- Domicilio. El domicilio fijado por las partes en la audiencia de conciliación administrativa previa, se tendrá como válido para el proceso, siempre que se iniciare dentro del plazo de un año computable desde la fecha del acta respectiva”.

                -En consideración.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

                -4 en 7. Afirmativa. 

                Léase el artículo 6º.

(Se lee:)

                “Artículo 6º.- Solicitud de constancia. Si el trámite administrativo no hubiere culminado dentro de los treinta días contados a partir de la solicitud de audiencia, el trabajador podrá solicitar una constancia con la que podrá interponer la demanda”.

                -En consideración.

SEÑOR ABREU.- Recuerdo algunos asesoramientos que tuvimos, en especial el de la doctora Mangarelli, quien hacía mención a la lentitud del trámite administrativo. Ella explicaba -nosotros compartimos ese criterio- que esto aparejará un aumento en los juicios laborales porque es muy difícil cumplir con los treinta días administrativos; actualmente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está dando prórrogas de un mes. Por lo tanto, aunado al otro tema de las conciliaciones que hemos mencionado, más allá de los matices que se incorporaron en la modificación del artículo, este elemento llevará a una acumulación de juicios laborales debido a los plazos que se manejan. Nosotros proponemos que sean sesenta y no treinta días, según cómo se está manejando el tema en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia desea hacer la siguiente consideración.

                Todo el proyecto de ley está concebido con plazos mucho más cortos, justamente para obligar a la dependencia judicial a actuar dentro de ellos. Es obvio que será menester que las partes interesadas actúen para que se cumplan los plazos.  Si las partes actúan y los plazos no se cumplen, se da al actor, al trabajador -que es el que interpone la demanda- la posibilidad de solicitar una constancia con la cual interponer la demanda, es decir, iniciar el juicio en el plano judicial propiamente dicho. Hay que tener presente que el juicio, la litis -como dicen los juristas- ya se inicia cuando hay una solicitud de audiencia.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 6º tal como está planteado.

(Se vota:)

                -4 en 7. Afirmativa.

                Pasamos al Capítulo IV, “Proceso laboral ordinario”.

                Léase el artículo 7º.

(Se lee:)

                “Artículo 7º.- Ámbito de aplicación. Con excepción de lo establecido en normas que prevean procedimientos especiales, en materia laboral el proceso se regirá por lo previsto en esta ley”.

                -En consideración.

SEÑOR MOREIRA.- Creo que es mucho más adecuado el material que nos ha dejado la Suprema Corte de Justicia en carácter de anteproyecto de ley, en el sentido de que rija en general el Código General del Proceso y que esto sea una modificación, pues no establece un proceso laboral ordinario, sino extraordinario. Por lo tanto, reitero, creo que es mucho más conveniente la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de hacer algunas modificaciones al Código General del Proceso y no establecer un proceso laboral autónomo, de acuerdo con las opiniones vertidas en este ámbito, no sólo por algún integrante de ese organismo, sino también por los miembros de la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de la República.

SEÑORA PERCOVICH.- Me parece que eso fue justamente lo que definimos en la sesión anterior porque acá tenemos una percepción distinta, pero creo oportuno que el señor Senador Moreira haya dejado constancia de ello.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7º.

(Se vota:)

                -4 en 7. Afirmativa.

                Léase el artículo 8º.

(Se lee:)

“Artículo 8º.- Demanda. La demanda se presentará por escrito en la forma prevista en el artículo 117 del Código General del Proceso. Deberá incluir el valor total de la pretensión y la liquidación detallada de cada uno de los rubros reclamados, lo que deberá ser controlado por el tribunal, que dispondrá se subsanen los defectos en el plazo de tres días con apercibimiento de tener por no presentada la demanda”.

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 8º.

(Se vota:)

                -4 en 7. Afirmativa.

                Léase el artículo 9º.

(Se lee:)

                “Artículo 9º.- Traslado, convocatoria a audiencia única y contestación de la demanda. Interpuesta la demanda en forma, el tribunal decretará el traslado y emplazamiento al demandado; al mismo tiempo convocará las partes a una audiencia dentro de un plazo no mayor a los sesenta días contados a partir de la fecha de la presentación de la demanda. El demandado contestará por escrito en la forma prevista en el artículo 130 del Código General del Proceso, dentro del término de diez días hábiles perentorios e improrrogables, debiendo oponer al mismo tiempo, si las tuviere, todas las excepciones referidas en el artículo 133 del Código General del Proceso”.

                -En consideración.

SEÑOR ABREU.- ¿Hay alguna modificación en este artículo?

SEÑOR PRESIDENTE.- No, señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Hago la pregunta porque en la redacción del artículo 9º que tengo en mi poder dice “artículo 130”.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay un error, porque es artículo 133.

SEÑOR ABREU.- Está bien, señor Presidente. Lo que vemos con este artículo es que el plazo para contestar la demanda es de diez días hábiles, cuando actualmente es de treinta días corridos. Hay que tener en cuenta que se trata de un plazo corto, ya que se debe agregar toda la prueba a la contestación de la demanda. Por tanto, proponemos que el inciso que comienza a partir de “El demandado contestará”, sea eliminado; y a su vez, que queden los plazos actuales de treinta días corridos  a los efectos de poder cumplir, entre otras cosas, con el agregado de la prueba que le corresponde al demandado.

SEÑOR MOREIRA.- Aparte de lo que señalaba el señor Senador Abreu y que la doctora Mangarelli expuso aquí en cuanto a que eso no cambiaría demasiado el tiempo que insumirían los procedimientos porque, en definitiva, son más los temas burocráticos que inciden en la duración de los juicios que el mero correr de los plazos, leí también algunas observaciones de los magistrados laborales sobre este artículo. La disposición comienza diciendo: “Interpuesta la demanda en forma, el tribunal decretará el traslado y emplazamiento al demandado; al mismo tiempo convocará a las partes a una audiencia”. Al respecto, los magistrados señalan que no es conveniente la superposición de actos procesales, como traslado y emplazamiento, con la fijación de la audiencia, porque a la fecha de saneamiento de la audiencia se carece de la información sobre la prueba de la parte demandada. Entonces, puede resultar muy exigua la fijación de una audiencia con un plazo no mayor a los sesenta días. Por tanto, el tiempo hábil que queda para diligenciar la prueba sería demasiado corto. En consecuencia, ellos proponían computar el plazo de sesenta días de la audiencia a partir de la contestación de la demanda. Eso puede generar algún tipo de dificultad, sin perjuicio de considerar que creemos que es absolutamente exiguo y que eso también puede traer muchas dificultades en su aplicación práctica. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Si los señores Senadores me permiten, quisiera referirme en forma muy general a este tema.  Creo que el demandado va a contar con sesenta días para preparar una audiencia cuyo esquema de presentación está claramente detallado en el artículo 130.

SEÑOR MOREIRA.- Me refiero al Juez.

SEÑOR PRESIDENTE.- El artículo expresa: “al mismo tiempo convocará a las partes a una audiencia dentro de un plazo no mayor a los sesenta días contados a partir de la fecha de la presentación de la demanda. El demandado contestará por escrito en la forma prevista en el artículo 130 del Código General del Proceso”. Es decir que se prevé una audiencia para sesenta días después de la presentación de la demanda. Entonces, en el plano del Derecho Laboral, el plazo de sesenta días es lo que permite que no pasen seis, ocho o doce meses sin que se conteste la demanda, lo cual es el objetivo del proyecto de ley y por eso se hace este planteo.

SEÑOR MOREIRA.- Lo que señalan los Jueces es que antes de que se conteste la demanda no se sabe cuál va a ser la prueba cuyo diligenciamiento va a solicitar la parte demandada y, por tanto, puede resultar insuficiente el plazo de sesenta días si se computa desde la demanda. Lo que ellos señalan es que debería computarse desde la contestación, porque de esa manera el Juez sabe cuál es la prueba cuyo diligenciamiento pide la parte demandada, lo cual parece razonable.

SEÑOR PRESIDENTE.- Por el contrario, creo que el plazo es ajustado y conveniente. Además, por tratarse de la materia de que se trata, es muy difícil no reunir en sesenta días los elementos necesarios para contestar la demanda. ¿Qué se necesita en un juicio laboral? Probar que se ha pagado correctamente el salario pactado o acordado con el trabajador. El demandado se puede excepcionar diciendo que ha pagado y mostrando como prueba el recibo correspondiente, o por ejemplo, un parte policial por notoria mala conducta que motivó la intervención de la Policía cuando el trabajador tomó un marrón y rompió una máquina.

                De modo que en esta materia es muy fácil contar con elementos sencillos para una contestación de la demanda. No se trata de dirimir problemas jurídicos, sino problemas de hecho, o sea, problemas materiales que se pueden constatar rápidamente. Creo que eso está bien, que es bueno que así sea, porque de esa forma se eliminan las chicanas y los recursos inadecuados mediante los cuales se postergan indefinidamente estos juicios.

SEÑOR MOREIRA.- Me permito discrepar con el señor Presidente. Creo que muchas veces lo que se trata de probar no son cuestiones de Derecho sino de hecho, y lo digo porque tengo alguna experiencia en esta materia. Por ejemplo, las horas extras que se reclaman constituyen un elemento de prueba de hecho; la calidad de dependiente o no también lo es y se prueba mediante testimonio. Otro ejemplo es la Ley de Tercerizaciones, de la cual los distribuidores quedan absolutamente exonerados, pero hay que probarlo. Son todas cuestiones de hecho, como el daño moral; no son cuestiones de Derecho. ¿Pagó o no pagó? ¿Hizo o no horas extras? ¿Es o no distribuidor? ¿Es o no dependiente? Todos estos elementos, normalmente, se pueden probar mediante testimonio. Todos quienes hemos trabajado como abogados laboralistas sabemos que en los juicios comparecen veinticinco o treinta testigos; o sea, no es fácil probar los elementos de hecho. Entonces, una cosa es probar si se pagó o no un salario vacacional -eso sí es fácil porque hay o no hay recibo- pero otra muy distinta son los elementos de hecho que se aprecian y se prueban en forma testimonial.

                De manera que, sinceramente, reitero, no estoy de acuerdo con la opinión vertida por el señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Bueno, el señor Senador tiene su criterio. Yo creo -por el contrario- que la dependencia puede ser juzgada claramente por el magistrado en función del documento que se presente. Si no hay ningún documento ni testigo que pueda afirmar que existe una relación de dependencia, es claro que no la hay.

SEÑOR MOREIRA.- Depende del rubro en que gira la empresa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pero la empresa tiene que demostrar que no hay una relación de dependencia; el demandante desde un principio está intentando probarlo y por eso interpone la demanda. A mi juicio, tiene elementos en los cuales afirmarse. Además, la ley exige que sea explícito y concreto en la materia. Ahora bien, ¿el empleador tiene dificultades para rechazar la demanda del pago de horas extras? ¿Cómo puede hacer para rechazarla? Simplemente diciendo que el actor no ha probado que existan horas extras. ¿Y cómo se prueban las horas extras? Porque además del salario, se paga otro dinero que no tiene justificación si no fuere porque se realizaron horas extras.

SEÑOR MOREIRA.- En ese caso, sería una prueba testimonial.

SEÑOR PRESIDENTE.- No, puede hacerse con un recibo. Si el recibo dice que en lugar de los $ 200 que se le pagan por mes, en octubre se le pagaron $ 260, ¿cómo se explica que se le hayan pagado $ 60 más? Por la realización de algún trabajo excepcional que se suma al trabajo normal y que se retribuye con lo convenido.

                Creo que en esta materia hay que atenerse a los hechos; ya se verá si esto coadyuva o no.

SEÑOR ABREU.- La diferencia que estamos considerando sería entre un período de diez días hábiles o de treinta días corridos, que es el actual plazo que establece el Código General del Proceso, y diez días hábiles son casi veinte días corridos.  Por lo tanto, no creo que exista una modificación sustancial y considero que las observaciones que hacen las personas que tienen experiencia en los juicios laborales ameritan que podamos manejarlo con un poco más de flexibilidad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Esto está combinado con el tema de las excepciones, donde salvo la de incompetencia, todas las demás se plantean aquí pero se resuelven en la sentencia definitiva.

SEÑORA PERCOVICH.- Hace un momento fui a fijarme en la versión taquigráfica de la sesión a la que asistió la doctora Rossi, porque recordaba que ella había explicado claramente que acá se introducen acortamientos de plazos, pero para todos los actores. Ella insistía en que es claro que hay diferentes conductas en los distintos juzgados, ya que hay algunos que cumplen con los procesos en forma mucho más abreviada que otros que quizás duplican o triplican el tiempo para hacerlo. Considero que esta es una forma de indicar a todos los actores -no solamente al Juez sino también al demandante y al demandado- plazos más cortos, lo que quizás determine un cambio de conducta. Me parece que eso es lo que se intenta con la abreviación de plazos. De todos modos, habrá que ver cómo se aplica esta ley para después determinar si realmente se produce un cambio en los procedimientos y en las conductas personales de los distintos actores en todo el proceso, que es lo que se está buscando.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 9º.

(Se vota:)

-4 en 7. Afirmativa.

Léase el artículo 10.

(Se lee:)

                “Artículo 10.- Reconvención, citación y noticia de terceros. En ningún caso procederá la reconvención, el emplazamiento o la noticia de terceros.”

-En consideración.

SEÑOR MOREIRA.- Nosotros no estamos de acuerdo con esto. A nuestro juicio tendría que ser eliminado porque es inadmisible que no se pueda citar a terceros. Consideramos que esto viola el derecho de defensa y la igualdad de las partes ante un proceso. Si hay un tercero que se puede citar en garantía o que es responsable, debería comparecer, por lo que este artículo es demasiado. Además, no entiendo por qué el artículo 4º determina que si el citado entiende que existe un tercero total o parcialmente responsable, deberá individualizarlo en la audiencia, cuando el artículo 10 establece que en ningún caso procederá la reconvención, el emplazamiento o la noticia de terceros. Creo que esto no corresponde.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero aclarar que son dos materias distintas. Una de ellas es la forma en que se trata el tema en la audiencia previa y otra es el proceso. En este último, no corresponde la noticia de terceros, porque se entiende que si en la audiencia previa no se hizo alusión, no corresponde hacerlo luego en el juicio en sí mismo. ¿Por qué se dice que en ningún caso se procederá a la reconvención? ¿Qué es lo que hay que reconvenir? Esto es casi una tautología porque el demandado puede aducir que no tiene responsabilidad dado que pagó lo que debía. ¿Qué va a reconvenir al actor? ¿Que tiene que trabajar más horas que las que trabajó? Eso no es posible cuando ya no existe una relación de dependencia. La verdad es que no imagino la situación.

SEÑOR MOREIRA.-  Debemos tener en cuenta que las tercerizaciones abundan en las relaciones comerciales; entonces, no entiendo por qué no se puede citar a terceros. Tengo una larga experiencia representando empresas, y hay empresas grandes que tienen distribuidores en todo el país y siempre son demandadas, porque saben que es donde hay solvencia, cuando no son ellas las responsables. La propia ley de tercerizaciones, que fue modificada, dejó afuera a aquellos que tienen distribuciones y eso se rige por la Ley madre en materia de distribución. Pero en este caso no se puede hacer nada y no se tiene  en cuenta que la realidad es otra.

SEÑOR PRESIDENTE.-   Personalmente, considero que el artículo 10 está en perfecta congruencia con lo que dice el artículo 4º. Si en esta norma, que es cuando comienza todo el trámite del asunto, no se trae a colación la presencia de un tercero que pueda ser considerado responsable y el demandado no lo individualiza, no formará parte del proceso. El artículo 4º dice claramente: “deberá individualizarlo en la audiencia, quedando constancia en el acta”. Por lo tanto,  si está individualizado y queda constancia en el acta,  pasará a formar  parte del proceso.

SEÑOR MOREIRA.-  El problema radica en que si se individualiza al responsable en la audiencia y el actor sigue en contra de otro, no se puede hacer más nada. El proyecto de ley señala que en ningún caso procederá la reconvención, el emplazamiento o la noticia de terceros. Eso quiere decir que si individualizo al responsable en la audiencia, el actor igualmente puede ir en contra mía. Desde mi punto de vista, la redacción no es adecuada.

SEÑOR ABREU.- Debemos tener en cuenta que estamos hablando del Capítulo III,  Audiencia de Conciliación Previa. El artículo 4º refiere al contenido del acta. ¿Qué acta? El acta de conciliación. No todas las demandas tienen acta de conciliación y, por tanto, en los casos que están exonerados de ésta, no hay posibilidades de citar a un tercero. Luego, en el artículo 4º se dice: “Si el citado entiende que existe un tercero total o parcialmente responsable, deberá individualizarlo”. Obsérvese que siempre se empieza con una presunción. 

                Luego se pasa a los artículos  que tienen que ver ya con el proceso laboral y uno de ellos refiere a “Reconvención, citación y noticia de terceros”. Podríamos decir que la reconvención no procede, pero la citación de terceros es la garantía que puede tener, entre otros, el propio demandante, para tener seguridad en el juicio que se instala y, sobre todo, para que el verdadero responsable sea claramente identificado. En todo caso, los plazos que juegan en el ámbito laboral son: el de notificación de terceros y el de la contestación. Lo que es cierto es que no podemos dejar que no se cite a un tercero porque, a veces, puede ser el verdadero responsable de la relación laboral. Por lo tanto, creo que más allá de la celeridad -en la que estamos todos de acuerdo- aquí debemos apostar a la seguridad de la justicia y eso supone que el verdadero demandado pueda contestar y no se responsabilice a alguien equivocado, por efecto de la tercerización. A este respecto, nuestra propuesta de redacción es la siguiente: “En ningún caso procederá la reconvención.” y se elimina el tema de la citación de terceros, lo que queda dentro de las observaciones que tenemos en el acta de conciliación. En este caso, reitero la precisión de que no todos los procesos laborales que se van a iniciar están precedidos de una audiencia de conciliación.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Personalmente, ya me referí al tema de la reconvención y creo que es algo en lo que estamos todos de acuerdo porque el señor Senador Abreu no lo incluye dentro de las cosas que hay que eliminar. El emplazamiento o la noticia de terceros...

SEÑOR ABREU.- Yo simplemente estoy tratando de organizar el argumento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pero no objeta la reconvención que establece este artículo 10.

SEÑOR ABREU.- Exacto, no la objeto.

SEÑOR PRESIDENTE.- El emplazamiento o la noticia de terceros están planteados como hechos que se vinculan con el artículo anterior, y constituyen excepciones que se establecen respecto de algunos puntos del artículo 9º. Allí se hace referencia a “todas las excepciones referidas en el artículo 133 del Código General del Proceso”. Entonces, después se excluye el emplazamiento o la noticia de terceros, que está considerada dentro del artículo 133 como una excepción. ¿Por qué lo excluye? Porque puede dar lugar a que se materialice lo que el señor Senador Moreira mencionaba hoy: que la persona  diga que no es responsable alegando, por ejemplo, que es el distribuidor de las materias primas que vende un tercero.

                En consecuencia, lo que importa es que el artículo busca que no haya mecanismos de alargamiento del juicio a través de convocatorias de emplazamientos o de noticias de terceros. Aclaremos que se trata de dos cosas distintas: una es el emplazamiento, y otra la noticia, que constituye una comunicación con una notificación. Por tanto, si no va a haber papel del tercero en discordia, ¿para qué entregarle una notificación? Le mandamos un papel del Juzgado nada más que para ponerlo nervioso y para que sepa qué es lo que está pasando.

En consecuencia, me parece que está bien que no se la incluya.

SEÑORA PERCOVICH.- Obviamente, al no ser abogada no entiendo mucho los procedimientos, pero aplicando el sentido común, me parece que ya con la instancia que se concede al citado en la audiencia previa para que pueda alegar que no es él el responsable, sino un tercero, se da la garantía al demandado. Imagino que si alguien establece una demanda contra una persona y se puede probar que ésta no es la directamente responsable, el Juez no va a ignorarlo. Me parece que para ello se establece, reitero, la posibilidad de que la persona citada pueda establecerlo en la audiencia previa. Lo que se elimina es la posibilidad de que ello se utilice como artimaña de alargamiento, citando a otros, que es lo que aparentemente se quiere evitar en el artículo 10. De todos modos, reitero, el Juez tendrá todos los elementos para manejar la situación.

SEÑOR SANGUINETTI.- Mi pregunta va un poco más atrás. ¿Por qué se excluye de modo total la reconvención? Entiendo el argumento con relación a los terceros: hay un momento en el que se puede alegar y luego se considera que precluyó la instancia de presentar a un tercero responsable. Me podrá gustar más una solución que la otra, pero se entiende lo que se quiere decir. Ahora bien, yo pregunto sobre la reconvención -el señor Senador Abreu también está de acuerdo- y  estoy por lo menos en la perplejidad, porque siempre se puede reconvenir.  En el artículo sobre la contestación de la demanda no se hace ninguna alusión a la reconvención. En el proyecto de la Suprema Corte de Justicia sí se aludía a la reconvención y a la contestación de la demanda o, eventualmente, de la reconvención. Me parece que es consustancial a una litis que pueda haber una reconvención, es decir, una demanda cruzada. Por eso pregunto por qué se dice que en ningún caso procederá.

SEÑOR PRESIDENTE.- Voy a responder, aunque esto ya lo expliqué; vuelvo a hacerlo, entonces.

                ¿Por qué entiendo que no puede haber reconvención? Porque, ¿qué puede reconvenir el demandado en un juicio laboral? Al trabajador, ¿no es así? Le puede decir, por ejemplo, que no cumplió con las horas de trabajo que se le ordenó y que ahora tiene que hacerlo; lo conmina a que vaya a trabajar. Pero si lo echó o dejó de tener una relación de dependencia, no parece que esto pueda operar en la realidad. Es decir que es la propia materia la que elimina la posibilidad de una reconvención.

                Lo que sí puede ocurrir es que si el actor procede de mala fe e inicia un juicio sin fundamento con el solo objetivo de conseguir una cantidad de dinero que no debería percibir, pero que reclama indebidamente, o actúa con temeridad, entonces en la sentencia, el Juez le puede aplicar las costas y costos para que asuma la responsabilidad de su temeridad.

                En consecuencia, no veo -por la propia característica de la materia- cómo se puede materializar la reconvención, ni qué se puede reconvenir. En un juicio en el que, por ejemplo, se está litigando acerca de los límites de la propiedad de una parte o de la otra -en un campo o algo por el estilo- uno puede reclamar algo y el otro puede reconvenir, puede decir que el que corrió el alambrado y demás, de acuerdo con los datos que posee y la prueba que va a presentar, es el otro. Esta es una reconvención válida, funciona, pero es un esquema de otra materia, en donde están en juego bienes, por ejemplo, en un juicio de ejecución de prenda; aclaro que estoy hablando de memoria de un tema que conocí a su debido tiempo en materia de Derecho Civil. 

                Por todo esto creo que el artículo, con la redacción que tiene, es correcto. Creo que está bien y que es esencial para acortar el proceso y para evitar las chicanas.

SEÑOR SANGUINETTI.- Había oído esa explicación y estuve meditando sobre ello. Creo que hay instancias en las que puede haber reconvención; puede haber daños y perjuicios, así como un mal cumplimiento del contrato laboral, el daño a una máquina o una acción irresponsable del demandante. Quiere decir que hay muchas circunstancias en las que puede haber una reconvención.

                Por eso creo que a la mayoría de estas normas las estamos discutiendo ahora, precisamente, por habernos salido del esquema general del Código General del Proceso, por lo que me convenció el otro criterio. Había llegado aquí en blanco, simplemente dispuesto a oír todo, pero me pareció más convincente juzgar de acuerdo con un cuadro general -que es el del proceso general- y luego considerar las necesarias excepciones. Pero aquí nos introducimos a armar todo un nuevo proceso; en lo  personal, no tengo demasiada experiencia en materia de justicia laboral, pero sí puedo decir que hay muchas hipótesis en las cuales puede darse una reconvención.

                También es posible que la reconvención sea temeraria y eso deberá ser apreciado por el Juez en su momento. No obstante, considero que eliminar esa posibilidad no parece de la lógica de ningún juicio.

SEÑOR ABREU.-  La reconvención es un tema práctico; por mi parte, veo más salida a la reconvención fuera del propio proceso que a la limitación que tiene la citación de terceros. La citación de terceros afecta derechos, porque en realidad aquí se está limitando al demandado para poder realmente establecer contra quién es la litis. Entonces, al limitarse la citación de terceros, quizás el demandado lo está siendo por un criterio absolutamente equivocado, sin legitimidad jurídica, por lo que se le deja por el camino.

                Por otro lado, podemos buscar una manera de ajustar la reconvención pero, en la práctica, todos estos temas no son tan claros. Hemos visto que hay, por ejemplo, denuncias penales que se producen fuera de la reconvención. Además, lamentablemente, sabemos que en la administración de la Justicia las velocidades son tan diferentes que a veces se prefiere terminar con el tema laboral antes que pronunciarse sobre el aspecto penal cuando hay una reconvenció, no por la vía del propio juicio sino por otro lado. Al respecto, puedo contar mil anécdotas o experiencias, pues alcanza con que se pueda extender un presumario de una denuncia penal a un demandante para que la justicia laboral se pronuncie antes y, sobre todo con esta limitación de que no se cite a terceros, lo condene, quedando todavía pendiente una resolución penal cuando ni siquiera se identificó al verdadero tercero que puede ser responsable de la relación laboral.

SEÑOR PRESIDENTE.- Por mi parte, voy a responder a las inquietudes de los señores Senadores Sanguinetti y Abreu.

                Frente a la argumentación del doctor Sanguinetti, me parece impensable que pueda traerse una reconvención, por ejemplo, por la perpetración de un daño por parte del actor. Si hay daño a una maquinaria, el demandado no espera a que lo demanden por el cobro del salario y demás, sino que él mismo inicia un juicio expresando que le han cometido un asalto; llama a la Policía y muestra lo que ha ocurrido, por ejemplo, que le han destrozado una máquina que vale US$ 2:000.000 y que la han dejado inservible.  Ningún patrón al que se le ha causado un daño de esta naturaleza o al que se le incumple con algunos de los extremos del convenio colectivo que ha firmado con el actor, va a esperar a que se le inicie una demanda para presentar estos hechos a efectos de excluir su responsabilidad; al contrario, él se va a convertir en actor en un juicio ordinario y no en uno de los que estamos considerando.

                En lo que se refiere a los argumentos que planteaba el señor Senador Abreu, me parece que el emplazamiento del tercero debe hacerse en la audiencia previa. Si así se actúa, este ya queda incorporado.  Allí se tiene que definir contra quién es el juicio, por ejemplo, contra el que compareció a la audiencia y demostró que hay un tercero. En ese caso, el Juez dice que está probado o individualizado; el juicio va contra esa persona.

SEÑOR MOREIRA.-  No es así, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Es así, señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.-  El artículo 4º expresa que “Los rubros reclamados deberán constar en la citación y en el acta labrada en la audiencia de conciliación. Si el citado entiende que existe un tercero total o parcialmente responsable, deberá individualizarlo en la audiencia, quedando constancia en el acta”.  Luego, el artículo 8º señala que “La demanda se presentará por escrito en la forma prevista en el artículo 117 del Código General del Proceso.” ¿Qué deberá incluir la demanda? El valor total de la pretensión y la liquidación detallada de cada uno de los rubros reclamados, lo que deberá ser controlado por el tribunal. En realidad, el actor presenta la demanda contra quien quiere.  Por más que el demandado manifieste en el acta que el responsable es Fulano de Tal, si luego la demanda se dirige contra él, la situación es otra. Lo otro podía ser una conciliación administrativa en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Juez no tiene nada que ver con ello; inclusive, puede no haber conciliación No obstante lo que dijo el demandado en la conciliación administrativa, tal vez la demanda se dirige contra él mismo y no puede expresar nada más. 

En realidad, puede suceder que el demandado demuestre que la relación de dependencia no era con él y, por lo tanto, que  se perjudique el trabajador. Esto se debe a que el artículo está mal redactado, ya que allí se establece: “En ningún caso procederá la reconvención, el emplazamiento o la noticia de terceros”. Adviértase que puede quedar absolutamente desconectado lo que se dijo en el acta de conciliación administrativa, en la esfera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con la demanda que se hace ante la Justicia. Creo que ahí se pueden dar barbaridades y que no siempre va a resultar beneficiado el trabajador. Puede darse, incluso, que el Juez dictamine que Fulano  de Tal no es responsable pero no cita al otro.

SEÑOR PRESIDENTE.- Creo que esta vinculación con el artículo 4º es clarísima porque en su inciso tercero, con respecto a  la audiencia de conciliación previa, dice: “Si el citado entiende que existe un tercero total o parcialmente responsable, deberá individualizarlo en la audiencia, quedando constancia en el acta”. Quiere decir que el acta va a resolver porque continúa diciendo: “Su omisión en este aspecto” -es decir si omite y no lo manifiesta- “así como su incomparecencia a la audiencia constituirán presunciones simples  contrarias a su interés en el proceso ulterior”.

SEÑOR MOREIRA.- No tiene nada que ver, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, tiene mucho que ver.

SEÑOR MOREIRA.- Pero, ¿qué efecto jurídico tiene esto? A mi entender, ninguno.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene todo que ver porque es la materia que estamos tratando.

SEÑOR MOREIRA.- Es una cuestión administrativa que no tiene nada que ver con el proceso; este todavía no empezó. La litis no empezó.

SEÑOR PRESIDENTE.- La litis no empezó, pero sí comenzó el proceso que es todo: la audiencia previa y también el proceso posterior.

SEÑORA PERCOVICH.- Creo que esto tiende a educar a todos los actores del proceso, incluidos los trabajadores que, como presupone el señor Senador Moreira, pueden entablar una demanda a quien tiene aparentemente más recursos y no a la empresa tercerizada que es la que debe responder directamente. Este es un problema que corresponde a los abogados, quienes deberán asesorar al trabajador que va a presentar la demanda, porque estos tendrán que aprender a dirigir la demanda realmente contra quien corresponde.

Me parece que cuando se inicia un proceso de este tipo, todos los actores tienen que aprender nuevas reglas de  juego y creo que se está tendiendo a eso, no solo para que el demandado esté más acotado para realizar chicanas -como se las llamó aquí-  para decir que hay terceros cuando de repente es él el responsable, sino para que el trabajador tenga mucho cuidado, porque si no va a pasar lo que dice el señor Senador Moreira: irá en contra de sus intereses.

SEÑOR SANGUINETTI.- Creo que se debería mejorar la redacción, porque la conciliación en los dos artículos no está tan clara, señor Presidente.

En el  primer caso, se dice que hay una sola instancia para decir que hay un tercero responsable. Ahora bien, puede ocurrir que el demandante no concurra contra ese tercero, sino contra el primer citado. En ningún momento dice que se le van a dar noticias a ese tercero y este no sabe qué ocurrió en el acta. Por lo tanto, la pregunta es: ¿al iniciarse el juicio nunca va a proceder la noticia de terceros? Creo que ese es el punto. No estoy de acuerdo con la reconvención, pero si vamos a la redacción, entendería si dijera: “En ningún caso procederá la reconvención y el emplazamiento. La noticia de terceros sólo corresponderá cuando se haya individualizado en la instancia referida en el artículo 4º”. En ese caso podría entender lo que dice el señor Presidente ‑aunque no lo comparto- porque ahí sí queda vinculado el artículo 4º. De otra manera, queda desvinculado porque allí se establece que ese es el momento para decir si hay un tercero. Se dice y ahí quedó. Después de comenzar el juicio, nunca más expresa que se podrá notificar a un tercero o no. No sé;  ahí me permito dudar desde el punto de vista de la redacción

SEÑOR ABREU.- En el artículo 4º se dice “Su omisión en este aspecto así como su incomparecencia a la audiencia”, y la “omisión” quiere decir el no individualizar un tercero total o parcialmente. Supongamos que se cita a una persona quien omite citar total o parcialmente a un tercero. ¿Cuál es el resultado de esa omisión? Constituirá presunción simple contraria a su interés en el proceso, según reza el propio artículo. En el Derecho, una presunción simple es la que admite prueba en contrario; si después de esto se le establece una presunción simple al citado a la audiencia de conciliación por no haber hecho mención a un tercero, ¿no se le da la posibilidad durante la demanda, la “litis”, de evitar esa presunción simple para demostrar con prueba en contrario que esto no era así?

SEÑOR PRESIDENTE.- He tomado en consideración el elemento que menciona el señor Senador Abreu y me inclino porque quede así, dado que tomo en cuenta que en el acta de la audiencia previa, el Juez va a dejar constancia…

SEÑOR MOREIRA.- No se trata del Juez, sino de un funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por lo que no tiene efecto jurídico.

SEÑOR PRESIDENTE.- Por supuesto que tiene efecto, ya que si las partes llegan a un acuerdo…

SEÑOR MOREIRA.- Pero acá no hay acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE.- No se trata de algo administrativo sino que da resultados jurídicos prácticos positivos.

                Pienso que en ese acto se podría dejar constancia de que no se interpuso ningún planteo de que haya un tercero en discordia que deba ser emplazado, etcétera; si no lo dice es porque admite que él es el responsable. En la audiencia previa ya digo que asumo el asunto porque no interpuse ninguna excepción de que no soy el responsable sino un tercero, y de eso queda constancia en el acta; es una parte de la prueba que va a jugar en contra y lo dice expresamente.

SEÑORA PERCOVICH.- La duda aquí no surge en el caso de que el demandante no haya explicitado que la responsabilidad es de otros, porque ahí me parece que se equivoca o no se da cuenta de lo que está haciendo; evidentemente, si entiende que la responsabilidad no es de él, lo dejará asentado. Pero, ¿cómo hacemos cuando surge la duda en el acto administrativo, en el caso en que se deja especificado que hay responsabilidad de terceros y se sigue la demanda contra esa persona? ¿Cómo se hace la conexión entre el juicio y esto que ha quedado en el acta?

SEÑOR PRESIDENTE.- Yo estoy convencido de la vinculación dinámica de un artículo con el otro. Si la persona fue a la audiencia y no habló de un tercero…

SEÑOR MOREIRA.- ¿Y si habló pero igual no le hacen caso?

SEÑOR PRESIDENTE.- Si habló, se defendió, dijo que pagó y cumplió con todo, es porque asume que él es el demandado, no un tercero. Por lo tanto, al excluir el emplazamiento o la noticia de terceros, el artículo que estamos considerando está cumpliendo con aquella disposición de la audiencia preliminar, que tiene carácter administrativo, pero es un elemento que se inserta en todo el proceso. Esto es algo dinámico.  Supongamos que el dueño de una planta automotriz o de un almacén cualquiera, que dice “Yo no soy el responsable, porque el dueño del almacén era otro”, se olvida de expresarlo en la audiencia.

SEÑORA PERCOVICH.- No es eso, señor Presidente; estamos pensando en la hipótesis de que deje sentado en actas que él es dueño de la planta automotriz, pero que el trabajador o trabajadora que acude a la audiencia de conciliación está trabajando en una pequeña empresa que hace partes de los autos y que, por lo tanto, si no cumplieron con él, no es su responsabilidad. Entonces, eso queda registrado en el acta, así como el nombre de la empresa tercerizada para hacer las autopartes. El artículo 10 dice que “En ningún caso procederá la reconvención, el emplazamiento o la noticia de terceros”. Presupongo que el Juez va a tener aquella acta para asegurar esa “liaison” con el otro. ¿No podría hacerse un agregado que dijera: “salvo en el caso que hubiere quedado establecido en el acta de conciliación que existen terceros responsables”, o algo por el estilo?

SEÑOR MOREIRA.- Es así.

SEÑOR PRESIDENTE.- Creo que eso es innecesario porque si ya se admitió que está individualizado un tercero y demás, el Juez lo tomará en cuenta directamente.

SEÑOR MOREIRA.- Las audiencias en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social son una mera formalidad; allí se sienta un funcionario con una máquina y dice: “Fulano de Tal, el carné de abogado”, se ponen de acuerdo y le pregunta “¿Cuánto reclama usted?”, a lo que el otro responde: “Yo no debo nada”. No tienen mayores formalidades y son algo muy elemental. Después el Juez tomará en cuenta lo que considere del caso. Pero si alguien alega una cosa y de todos modos le inician un juicio, por más que lo hayan individualizado, si el otro hace caso omiso de lo que uno dice, no puede exonerar su responsabilidad y decir “llamen a Fulano de Tal”, que en definitiva es el empleador, porque yo no lo soy. De todas formas, tengo que seguir el juicio porque el trabajador lo dirige contra mí, aunque yo no sea responsable y, en caso de que lo gane, el trabajador tiene que iniciar otro juicio contra el responsable. Es una norma que no tiene sentido porque, si no, para qué incluyen el artículo 4º. Tal como ha dicho la señora Senadora Percovich, se tendría que agregar algo así como “salvo la hipótesis prevista en el artículo 4º”, porque si en éste individualicé  y el trabajador igualmente no me prestó atención, lo dirigió contra mí y no tiene en cuenta que yo individualicé un tercero, hubo un presunto responsable. Insisto en que no tengo asunto, porque dice “en ningún caso”. Las dos normas son absolutamente contradictorias, a no ser que se remita a la hipótesis del artículo 4º cuando él denuncia un tercero.

SEÑOR SANGUINETTI.- Voy a hacer un razonamiento en voz alta. El trabajador se dirige a Conaprole. La empresa va a la audiencia y dice: “Mire, no soy yo la responsable; es el distribuidor de Melo” y ahí queda la cosa. El trabajador prefiere seguir el juicio contra dicha empresa y lo hace sin noticia de nadie, porque el distribuidor de Melo no se enteró. Termina el juicio y el Juez, de buena fe, dice: “Mire, Conaprole no le debía nada a usted”. Sentenció y ya está. Entonces, hay que iniciar un juicio nuevo porque ese tercero nunca estuvo notificado, no tuvo noticias de ello. Me parece que allí surge el lío. Por eso creo que hay que buscar un vínculo para que quede exceptuado, porque si se dice que en ningún caso se va a dar noticia al tercero, se debe tener cuidado. No soy procesalista, pero razono desde el punto de vista práctico.

SEÑOR ABREU.- Estamos hablando de una fábrica, pero hay que agregar el hecho de que haya una instancia en que no hay audiencia de conciliación. Pongamos el ejemplo de que en el medio del campo hay una persona, un capataz que quiere hacer una demanda y no está cerca de una villa, ciudad, ni nada por el estilo y, por lo tanto, está exonerado de la conciliación. Entonces, va a ir directamente a la demanda contra una determinada persona, el propietario, o lo que fuere, una empresa o una comparsa de esquiladores. La comparsa puede decirle que no es el demandado, pero no tiene ninguna oportunidad de hacerlo en todo este proceso porque al  estar exonerada de la audiencia de conciliación cuando se inicia la demanda, le está vedada la posibilidad de citar a un tercero. Incluso, sería para garantía del trabajador porque, de repente, se demanda a quien no tiene cómo responder.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pasaríamos a votar el artículo 10 con la redacción que figura en el repartido. Si hay alguna redacción sustitutiva, se puede presentar en el Plenario.

SEÑOR MOREIRA.- Creo que debe existir una redacción sustitutiva.

SEÑORA PERCOVICH.- Considero que no estaría de más si se hiciera una referencia al artículo 4º. Más allá de que podamos consultar a quienes pensaron todo este proceso, creo que correspondería realizar esa referencia, de forma que podamos cubrir esas situaciones sobre las que tenemos algunas dudas -y que, incluso, pueden ir en contra del espíritu que tiene este proyecto de ley- y de manera de iniciar un proceso que proteja, generalmente, a la parte más vulnerable, es decir, a los trabajadores. Por tanto, por ignorancia o mal asesoramiento de un abogado se puede llevar al trabajador a tener que iniciar otro juicio.

 SEÑOR PRESIDENTE.- Soy flexible y no me opongo a este planteo, pero deber ser con una redacción muy específica que diga que salvo en caso de que se hubiese individualizado en el acta de la audiencia y aceptado por el actor.

SEÑOR MOREIRA.- Eso está muy mal. ¿Cómo va a ser aceptado por el actor? Se debe dilucidar en el proceso si es o no verdad. ¿Cómo va a imponer el actor quién es el demandado?

SEÑOR PRESIDENTE.- El actor siempre dispone quién es el demandado. Por ejemplo, voy a Nueva Helvecia, donde el señor Senador tiene unos cuantos terrenos, y le inicio un juicio por una mala construcción. Incluso, específicamente se me ha planteado una consulta -a mí, que no soy abogado­- sobre un caso hace poco tiempo.

                Entonces, puedo admitir en la audiencia previa que el demandado que emplacé me diga que hay un tercero que es responsable, lo cual acepto y, en ese caso, no funciona lo dispuesto en el artículo 10, todo lo cual va a constar en el acta.

SEÑOR MOREIRA.- No quiero perder la posibilidad de defenderme.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene todas las garantías. Si pagó y actuó de acuerdo con lo que disponen  las leyes, tiene todas las garantías.

SEÑOR ABREU.- Pido excusas a los integrantes de la Comisión, pero me tengo que retirar porque debo asistir a la Comisión de Hacienda que está tratando un articulado importante sobre el Mercado de Valores.

SEÑOR GALLICCHIO.- Sí, señor Presidente, yo soy integrante de esa Comisión, por lo que también debo retirarme porque comienza a sesionar a la hora 16.

SEÑOR MOREIRA.- Sugiero que terminemos con el tema el martes próximo, ya que no habrá sesión de Senado.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión es dueña de seguir o no con el tratamiento del tema, pero la Mesa opina que hoy deberíamos culminar con la consideración de este proyecto de ley.

SEÑORA PERCOVICH.- Si continuamos la semana próxima, damos tiempo también a pensar una redacción para este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se posterga la consideración del tema hasta la próxima sesión, que tendrá lugar el martes 16.

(Se vota:)

                -6 en 7. Afirmativa.

                Se levanta la sesión.

                (Así se hace. Es la hora 16 y 2 minutos)

 

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.