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SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, queda abierta la sesión.

                (Es la hora 14 y 22 minutos)

                -La Presidencia debe informar que se han repartido un estudio realizado por la Sección de Estudios Legislativos -en el formato de disco compacto- que tiene que ver con la iniciativa vinculada a las radios comunitarias, y el proyecto de ley que fuera presentado en el año 1998 por la bancada del Nuevo Espacio. Estos eran compromisos que habían quedado pendientes en la  última sesión y que, de esta manera, estarían cumplidos.

                Corresponde ahora invitar a pasar a Sala a los representantes de RAMI, que ya se encuentran en este recinto.

                (Ingresan a Sala los representantes de RAMI)

                -Es un gusto dar la bienvenida a la Asociación de Radios del Interior       -RAMI- quienes  habían solicitado ser recibidos en audiencia por esta Comisión.

                El tema que estamos abordando es, obviamente, el proyecto de ley de utilización del espacio radioeléctrico y medios comunitarios de radiodifusión, sobre el cual RAMI había planteado que tenía interés en hacer llegar su opinión.

                Cabe indicar que RAMI es una organización muy prestigiosa y  representativa, por cuanto tiene 150 emisoras afiliadas. Por ello, esta Comisión entendió que era del caso recibir la opinión de dicha organización, lo que hacemos con mucho agrado.

                Le concedemos la palabra al señor Elutchanz, Presidente de RAMI.  

 SEÑOR ELUTCHANZ.- Como Presidente de la Asociación de Radios del Interior, agradezco enormemente a la Comisión por haber aceptado nuestra solicitud de ser recibidos.

El pasado 20 de octubre se celebró el día de la libre expresión de pensamiento y debo decir que cuando uno expresa un pensamiento trata, de alguna manera, de persuadir al otro. Quiere decir que en el ejercicio de la libertad de pensamiento venimos a expresar a esta Comisión del Senado la posición de RAMI en un tema que realmente nos preocupa mucho. Tenemos la esperanza de que en el Senado podamos encontrar algún tipo de respuesta o de aceptación -al menos, a parte de nuestros argumentos que, desde luego, creemos lícitos y bastante convincentes en algunos casos- porque en la Cámara de Representantes no tuvimos suerte ya que asistimos en tres oportunidades, dimos nuestros fundamentos, importantes a nuestro criterio, y no se nos atendió ni en un punto ni en una coma.

                Quiero decir que me acompañan el director, doctor Carlos Arezo, y el doctor Artigas González,  nuestro asesor letrado.

                Con la intención de no ser demasiado extenso, voy a decir que vemos en este proyecto de ley algunos aspectos que nos preocupan ya que, sobre todo en el interior del país, la forma en que están planteadas las radios comunitarias afectarían fuertemente a las actuales radios que verdaderamente son la expresión de la comunidad. Los señores Senadores que conocen el interior de la República -creo que prácticamente todos- saben que si hablamos de libertad de expresión,  no hay ninguna radio del interior -me refiero a éstas porque son las que representamos y, por lo tanto, hablamos en su nombre- que le haya cerrado el micrófono a alguien.  Es decir que la libertad de expresión y  la posibilidad de expresarse en nuestro país  -creo que es un valor que hemos recibido y que no existe en ningún otro lado- siempre tienen cabida, particularmente en el interior, a través de los medios culturales, las ONG, los partidos políticos y los medios religiosos, incluso los ya conocidos telegramas avisando cuando hay algún enfermo o un  nacimiento. Por lo tanto, las radios realmente son comunitarias. A continuación voy a referirme a un memorándum que hemos traído -sin perjuicio de que después podamos extendernos un poco más- que tiene que ver con la opinión de  la Asociación de Radios del Interior   -RAMI- sobre el proyecto de ley de Utilización del Espectro Radioeléctrico y Medios Comunitarios de Radiodifusión, aprobado en la Cámara de Representantes.

                En primer lugar, daremos nuestra posición sobre el proyecto en general para luego, en un segundo capítulo, hacer las observaciones más trascendentes del articulado en particular.

                Análisis General. Dentro de las telecomunicaciones están las radiocomu-nicaciones. El Convenio de la OIT las define de la siguiente manera: toda telecomunicación trasmitida por medio de ondas radioeléctricas pudiendo distinguirse entre las que tienen destino particular y las que están dirigidas a ser captadas por el público en general. Esta segunda hipótesis de radiocomunicación, es decir, cuando está dirigida al público en general, es la radiodifusión que nuestro Derecho positivo define no solamente en la ley ratificatoria de la actual versión del Convenio Internacional de Telecomunicaciones, Ley Nº 16.967, sino también en el Decreto-Ley Nº 14.670, de 1977, conocido como Ley de Radiodifusión.

                Dentro de la radiodifusión, la doctrina y algunos Derechos positivos distinguen a la vez diversas especies, más allá de las que técnicamente son posibles, tales como la radiodifusión sonora, visual, etcétera. Entre ellas, se reconoce como una especie de radiodifusión la comunitaria o asociativa, entre otras denominaciones.

                Debemos precisar el concepto de interés público. Este viene impuesto en la materia por la radical exigencia connatural a los servicios que se tratan. Estos usan recursos naturales limitados, susceptibles de empleo plural, con las consecuentes posibles interferencias y, por otra parte, con un valor de instrumento por el objeto de la prestación, la emisión, que está destinada a la recepción directa por el público. O sea que la ley que se está estudiando impactará directamente en el sistema de radiodifusión de nuestro país.

                Este proyecto está plagado de contradicciones y defectos legales, tal como indicó en su excelente exposición el doctor Carlos Delpiazzo. Las empresas adjudicatarias de las autorizaciones para poder emitir en determinada frecuencia son públicas -caso SODRE- o privadas. La intención de esta ley es crear una tercera franja: las empresas comunitarias sin fines de lucro; pero se permite en la propia norma la realización de actos de comercio, actividad propia de empresas con fines de lucro y, obviamente, con actividad comercial.

                La iniciativa se contradice con el espíritu de las denominadas radios comunitarias en el resto del mundo y propulsadas por las asociaciones de este tipo de emprendimientos. Nosotros hemos insistido en que las verdaderas radios comunitarias del Uruguay son las radios del interior, pues en su gran mayoría responden a los intereses de la comunidad para las que trabajan y se deben, y el llamado lucro es muy pequeño, ya que en la mayoría de los casos se trata de empresas familiares y con profunda vocación de servicio.

                Este proyecto va a afectar directamente a las pequeñas empresas familiares y comunitarias de las localidades del interior, promoviendo la concentración de las comunicaciones en los poderosos y en empresas multinacionales, generando una etapa de verdadera anarquía en el funcionamiento del sistema.  En la actualidad, estas radios son profundamente afectadas por las radios ilegales que, con el rótulo de comunitarias, proliferan a lo largo y ancho del país. Hemos denunciado cincuenta y ocho y apoyado otras ocho denuncias. Adjuntamos la lista de las denunciadas que están agregadas a esta nota y que oportunamente fueran presentadas a la URSEC, además de las inspecciones judiciales para constatar sus actividades, en su mayoría comerciales, competitivas de las legalmente instaladas.

                Inclusive, esta iniciativa genera una verdadera discriminación entre las radios privadas y las nuevas radios comunitarias comerciales. Estas últimas tienen menos controles y obligaciones que cumplir, además de ser favorecidas con un tercio del espectro disponible -ver el artículo 5º del proyecto de ley- que a esta altura está absolutamente saturado, como acertadamente lo expresó el informe del doctor Delpiazzo, diciendo que se trata de una flagrante ilegalidad. 

                Además, este proyecto alterará el actual sistema legal de la radiodifusión, pues en la redacción del artículo 18 se prevé la derogación de las normas generales que se opongan a las de la iniciativa. Por lo tanto, en un futuro, ¿qué sistema regirá? ¿Habrá dos sistemas legales y dos ámbitos de aplicación?

                En fin, como dijimos al principio, este proyecto amerita un estudio profundo y el cambio de algunas normas aprobadas en la Cámara de Representantes que pueden sustentar, de no ser corregidas, un posterior recurso de inconstitucionalidad.

                En cuanto al análisis particular, vamos a decir lo siguiente. El primer aspecto a destacar es que este proyecto está obviamente realizado con la óptica metropolitana, con la visión desde Montevideo, mostrando un desconocimiento de la realidad del interior, como tantas leyes que suelen ver los problemas de esta parte del territorio y se olvidan de que el Uruguay es mucho más que la capital. 

                Sobre el área de cobertura expresaremos que entre los notorios errores de apreciación se encuentra uno muy particular; hemos insistido en que se tome en cuenta y se refiera a la potencia y a la cobertura. Un pequeño trasmisor de cien vatios y una antena de treinta metros permiten una cobertura de treinta kilómetros a la redonda. O sea que un emprendimiento pequeño alcanza para cubrir las necesidades de cualquier localidad del interior. De hecho, a la fecha, las potencias están reguladas por los acuerdos internacionales que nos rigen, pero ¿qué sentido tiene no limitar las potencias de las radios comunitarias si se supone que apuntan a determinada localidad? No es lógica una radio comunitaria nacional, pues las diferentes comunidades, departamentos o ciudades del interior no son similares y tienen sus propias características. En cambio, en Montevideo, por la densidad de población, aspectos de las construcciones y diversidades zonales, la realidad es distinta a la de las localidades del interior. Por eso, hemos planteado que se establezca una diferencia y que para las radios comunitarias del interior no se permitan potencias superiores a veinte vatios, que se denominan PER o Potencia Efectiva Radiada.

                Debemos tener en cuenta que los costos de instalación de una emisora con una potencia importante son cuantiosos.  Actualmente hay emisoras del interior que han sido originariamente autorizadas hasta un máximo de equis potencia y no la pueden llegar a utilizar en su totalidad por los costos que implica instalar los equipos adecuados y mantenerlos.  Así, pues, sería una verdadera quimera pretender que radios que se supone no tienen lucro y no cuentan con patrimonio, puedan instalarse con grandes potencias. En aras de lo expresado, entendemos que el cuarto inciso del artículo 4º debería ser modificado y disponer áreas de cobertura y potencia diferenciadas en el interior y Montevideo.

                Con respecto a la titularidad, queremos manifestar que nos parece un error aceptar que grupos de personas organizadas -como establece el segundo inciso del artículo 6º del proyecto de ley-  sin fines de lucro puedan ser titulares o adjudicatarios de frecuencias. Hay que tener en cuenta que el sistema actual exige responsabilidades de todo tipo, y muestra de ello es por qué se revocó el permiso a los hermanos Rupenian de las radios que explotaban. Sin embargo este sistema que, según el artículo 18, derogaría el actual en lo que se oponga, permitirá que un grupo de personas puedan presentarse y solicitar una frecuencia en un departamento sin las exigencias de responsabilidad moral, patrimonial y de antecedentes.  Nosotros no entendemos por qué no se utiliza el sistema actual. En esta iniciativa, la única responsabilidad que se requiere es hacerse responsable de los contenidos -no se pide solvencia moral ni patrimonial-  pero no ante la URSEC, sino ante el Ministerio de Educación y Cultura. La única responsabilidad es por lo que se emite y parece que  todo lo demás no importa. 

                Por otra parte, el artículo 20, que refiere a la regularización de emisoras ilegales, nos parece verdaderamente increíble. Allí se plantea un censo voluntario de las radios autodenominadas comunitarias, dentro de los sesenta días de entrada en vigencia de la ley. Esto quiere decir que si no se presenta, no pasa nada. Pero, además, se las habilitará a emitir temporalmente, lo que implica otra derogación de las actuales disposiciones que exigen inspecciones de la URSEC para emitir, para corregir eventualmente potencia o dirección de la antena u otras cuestiones técnicas. En este proyecto de ley eso no importa y pueden seguir emitiendo como están, es decir, en frecuencias que interfieren a otras y sin la autorización de la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica, como se exige en la actualidad a las radios normales y legales.  Además, no establece -como sí lo hacía el proyecto de ley original presentado en la Cámara de Representantes- que las emisoras posteriores a determinada fecha no pueden ser regularizadas. En la iniciativa original se fijaba que este sistema se aplicaba a las emisoras ilegales comunitarias anteriores al 1º de enero de 2005.  Ahora bien, con este nuevo proyecto de ley se ha generado una verdadera disparada de radios clandestinas en todo el país. Por ejemplo, en Villa Soriano -que está ubicada en mi departamento- hace 15 días se inauguró una radio comunitaria con el nombre Tacurú, a la espera que se apruebe el proyecto de ley.  Además, por el literal B) del mencionado artículo,  las emisoras que están funcionando actualmente en forma irregular -que ascienden a más de ciento veinte- tendrían el privilegio de no necesitar el concurso de oposición.  Creemos que es violatorio de la tradición democrática aceptar la ilegalidad y regularizarla. No es un buen ejemplo no hacer cumplir las leyes vigentes en la materia,  aceptar como buenas las acciones ilegales y darles estatuto legal con leyes posteriores. Esto abre, para muchos, la opción de actuar en forma ilegal y esperar que posteriormente se legalice la situación.

                Vamos a dejar a los señores Senadores un memorándum donde, además, se agregan las listas de denuncias que hemos realizado a la URSEC. De más está decir que la URSEC está incumpliendo sus deberes. Invitamos a su Presidente, señor León Lev, a RAMI -y tuvimos el gusto de que concurriera- y nos dijo que estaba a la espera de la ley. Nos señaló que “dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”, pero ya existe una ley y hay que aplicarla. Durante todos estos años hubo una flagrante omisión que evidentemente podría ameritar una acción por responsabilidades, pero eso es harina de otro costal.  Lo que queremos decir es que no se puede mantener una ilegalidad a la espera de un proyecto de ley. Es como si a un Legislador se le ocurriera promover que la rapiña dejara de ser delito, y mientras no sale la ley, no se la penaliza. Realmente, por el lado que se mire,  esto no tiene ningún tipo de fundamento. Sin embargo, esa es la realidad hoy: la URSEC dice que va a actuar después de que se apruebe el proyecto, pero mientras tanto no aplica la ley vigente. En cambio, a nosotros sí nos obliga a cumplir la ley: si una radio está un milímetro fuera de frecuencia, le envía una inspección y le da un plazo para corregir la situación. Y nos parece perfecto que lo haga, porque está dentro de sus obligaciones. Pero resulta que el mismo vehículo en el que van los inspectores de la URSEC, da una vuelta por la ciudad, pasa por la puerta de una radio ilegal que ha sido denunciada y sigue de largo.

SEÑOR AREZO.- Sobre este tema de las radios comunitarias venimos hablando desde hace muchos años en distintos foros, como el Instituto Goethe, el Palacio Legislativo, el ámbito de los partidos políticos, etcétera, y siempre nos ha parecido necesario explicar cómo estamos insertas las radios del interior en el marco de la radiodifusión en el Uruguay.

El fenómeno comunitario se ha incentivado en los últimos 25 años en América Latina y en África, y desde fines del siglo pasado se ha desarrollado también en Europa. En este sentido, en el libro “El tam-tam de las tribus urbanas”, Vicente Brunetti, un autor paraguayo, dice que en los últimos seis años -este libro es de 1996- Europa está descubriendo la potencialidad de las radios pequeñas, con el surgimiento de éstas en barrios y en zonas suburbanas, en el formato de lo que llamamos radios comunitarias. Agrega que en Italia, Holanda y España, entre otros países, frente a la globalización de la comunicación, las comunidades se ven en la necesidad de buscar sus propios medios de comunicación con los cuales pueden estrechar más sus lazos vivenciales. Este es, entonces, un tema del momento en muchos países, donde comunidades indígenas, sindicatos, centros estudiantiles, comunidades de género, barrios, etcétera, han reclamado tener su voz directa.

Pero en nuestro país, a través de los años, hemos tenido un sector en la radiodifusión nacional que ha cumplido la función de las radios comunitarias. En este anteproyecto de ley se dice: “Su finalidad será la promoción del desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural, la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores democráticos, la satisfacción de las necesidades de comunicación social, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de los vínculos que hacen a la esencia de la identidad cultural y social. No podrán realizar proselitismo, ni promover la discriminación de raza, etnia, género, orientación sexual, religión, edad o de cualquier otro tipo”. Pero esta es una finalidad que cumple desde sus orígenes la radio del interior. Naturalmente, las reglas siempre indican que hay excepciones, pero en general la radio del interior es una radio diferente a la de Montevideo. Por eso creemos que este proyecto ha sido plasmado con una visión muy montevideana, muy centralizadora, que tiene en cuenta exclusivamente los problemas que han vivido los barrios, los sectores políticos, etcétera, de la zona metropolitana. Entonces, queremos insistir en que en el Uruguay ha habido radios comunitarias y las radios del interior hemos cumplido con la faceta que hoy se establece como finalidad en este proyecto de ley.

Por otro lado, AMARC -la Asociación Mundial de Radios Comunitarias- en su VII Asamblea Mundial, realizada en Milán, Italia, en 1998, determinó las características que debe tener una radio comunitaria, y cuando se analiza el articulado, se comprueba que las radios del interior cumplen fehacientemente con todas las exigencias que allí se establecen.

                En nuestra opinión, entonces, el problema radica en que se ha llegado a la idea de que se necesita crear un sistema legal, pero ello no es así. A ese respecto, en distintos foros y en la Unidad Temática de Comunicación del Encuentro Progresista - Frente Amplio hemos manifestado que esto no requiere de una ley e, inclusive, el señor Subsecretario ha señalado que el Poder Ejecutivo está en condiciones de crear sistemas comunitarios con la legislación existente.

De modo que nosotros hemos hablado de lo que pensamos sobre este tema y hemos comprobado que el Poder Ejecutivo ha autorizado el trabajo de radios comunitarias como, por ejemplo, Radio Vilardevoz y la Radio Universitaria. Por lo tanto, el sistema legal actual habilita al Poder Ejecutivo a autorizar la emisión de radios comunitarias.

Ahora bien, ya que se insiste en el tema de armar una ley, queremos decir que a nosotros nos llama la atención, justamente, que se trabaje en un proyecto como si en nuestro país nunca hubiera existido un sistema de radios comunitarias, cuando en realidad sí lo hubo, pues la radio del interior ha cumplido perfectamente con los conceptos que definen la radio comunitaria a nivel mundial. Admitimos que se considere necesaria la creación de una nueva franja de radiodifusión, en cuyo caso sí veríamos un objetivo claro. Tal como señala José Ignacio López, uno de los ideólogos del sistema mundial de radios comunitarias y Presidente de AMARC durante muchos años, “Hay cuestiones más importantes a ser discutidas, como las razones que existen para definir nuevos modelos de tenencia comunitaria sobre la propiedad del medio de comunicación, preservando la característica central del bien público o ‘social good’”.

Evidentemente, de lo que se trata es de definir nuevos modelos de tenencia de la propiedad del medio de comunicación. Ahí si podemos enfocar concretamente a qué se tiende. Nosotros partimos de la base de que las radios comunitarias han existido y existen en el Uruguay desde hace muchos años; han trabajado en este sistema tanto radios AM como radios FM que vinieron posteriormente. De manera que ese cupo de radios comunitarias ha existido en nuestro país, a pesar de que ha surgido a nivel mundial en los últimos 25 años, tanto en América Latina, como en África y, en la década de los noventa en Europa.

Yendo al tema concreto de la nueva  titularidad de los medios -esa franja de nueva tenencia- debemos pensar cómo entrar a la definición y cómo cuidar y preservar lo existente. A este respecto, encontramos muchas contradicciones en el proyecto de ley. Pero, además, desde que se comenzó a  comentar a nivel político y a estudiarse en el Parlamento,  y desde que iniciamos las denuncias en torno a las radios ilegales, se ha creado una tremenda situación irregular que se agudizó después de que se aprobó este proyecto de ley en la Cámara de Representantes. Desde que se aprobó el proyecto teníamos denunciadas aproximadamente 80 radios que estaban trabajando en forma ilegal y sin cumplir con los requisitos mínimos; o sea, estaban actuando sin autorización y sin cumplir con sus obligaciones impositivas, del Banco de Previsión Social, etcétera.

Todo esto ha dado lugar a una situación de hecho tremenda. Me voy a referir al caso de Tacuarembó, donde había tres radios, pero después de que se aprobó el proyecto de ley en la Cámara de Representantes, pasaron a ser quince. Cabe señalar que los mismos funcionarios de nuestras radios nos han manifestado su intención de tener su propia radioemisora.

                Actualmente, todos quieren ser radioemisores. El que tiene un equipo trata de tener su radio y sale a vender publicidad a $100, $200 ó $300 para mantener los  mínimos costos en una campaña de competencia totalmente desleal desde el punto de vista de la publicidad. Prácticamente todas las radioemisoras están involucradas en este tema. Cualquiera que tenga un equipo sale con su radio. Generalmente, es gente vinculada a la organización de bailes o que trabajó en nuestras emisoras. Las radios son iguales que las nuestras. Emiten la publicidad que consiguen y pasan música, es decir, no hacen nada diferente a nosotros, que siempre hemos cumplido con los principios fundamentales de la radiodifusión y de la radio comunitaria de nuestro país.

                Señores Senadores: en el futuro debemos preservar lo que logramos en el correr de los años. Personalmente, fui invitado a Europa y a Estados Unidos y a la gente de radio de esos lugares le llamaba la atención cómo existían nuestras radios. Les explicamos que en el 90% de los casos es el grupo familiar el que sostiene a la radioemisora. En el interior, los padres, los hijos y otros parientes se unen para mantener una radio, pero también hay excepciones. Debemos ser contestes en que dentro del sistema de radio del interior hubo situaciones que dieron lugar a los problemas que los señores Senadores conocen, como el caso de los Rupenian.

                Ante la situación que se nos está planteando, vemos que en el futuro estará en peligro el equilibrio económico y por eso apelamos a los criterios de razonabilidad y de sustentabilidad. Tratamos de que todos los que han hecho radio hasta el presente puedan seguir sustentándola.

                Las radios de la capital no le tienen miedo a la competencia, pero las del interior no son solamente las que se encuentran en las capitales de los diversos departamentos. Creemos que es fundamental preservar el tan exitoso sistema utilizado a lo largo de tantos años por las verdaderas radios comunitarias de nuestro país. No podemos regalar esa situación. Si se crean nuevos sistemas, muy amplios y abiertos como el que existe hoy en día en Tacuarembó -donde hay quince radioemisoras ilegales que salen al aire- se puede ver afectada la sustentabilidad de las emisoras existentes. Puede pasar lo mismo que ocurrió en los Estados Unidos o en la Argentina, donde últimamente se hicieron modificaciones al sistema de radiodifusión permitiendo que grupos económicos potentes empezaran a comprar las radios. En Estados Unidos hubo cadenas que adquirieron más de 400 emisoras y hay otros empresarios que terminaron con 200 ó 300 radios. En Argentina habilitaron a los grupos económicos a tener hasta 20 radios, o sea, una por provincia. En definitiva, los grandes grupos económicos son los que salen ganando con esta situación. Tal como lo está haciendo el grupo de Radio María, tratan de crear sociedades anónimas, buscan un testaferro y van comprando las radios para crear grandes cadenas. Ahora nos enteramos de que hay un grupo económico chileno que quiere invertir en nuestro país. Frente a esto, debemos preservar lo que va a venir en el futuro y tener en cuenta el riesgo que corremos al crear un sistema tan amplio que puede afectar el importante sistema comunitario que hemos tenido en el Uruguay, ejemplo en América Latina y en el mundo.

                Uno de los factores que más nos preocupa es la titularidad del proyecto. En cuanto al concepto de comunidad, en África y en América Latina  -tal como lo comenta Vicente Brunetti en los libros “El cantante de las Tribus Urbanas” y “Emergencia de las Radios Comunitarias en Paraguay”- se refiere a comunidades. Cuando hablamos de comunidades en nuestro país -donde no existen comunidades tan importantes como se dan en otros países- tenemos que pensar en la preservación del lugar, de la localidad. En ese sentido, consulté la definición de “comunidad” en el diccionario de la Real Academia Española, donde se expresa: “Comunidad: cualidad de común (que no siendo privativamente de ninguno, pertenece o se extiende a varios); conjunto de las personas de un pueblo, región o nación; conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes”. Entonces, cuando hablamos de radios comunitarias, se tiene que tomar como base  la comunidad y ésta debe estar ubicada o referida a un lugar. Cuando se expresa que en ningún caso se entenderá que el servicio de radiodifusión comunitaria implica necesariamente un servicio de cobertura geográfica restringida, estando definido por su finalidad pública y social y no por el alcance de la emisión, el cual dependerá de la disponibilidad y  planes de uso del espectro y la propuesta comunicacional de la emisora, vemos que hasta se habilitan radios  o cadenas comunitarias nacionales. De modo que es muy importante que se defina concretamente quién va a ser el titular de una onda de radiodifusión.

                Sobre este tema, AMARC -que es una asociación que viene trabajando desde hace diez años en este punto- en sus orígenes, planteó que estas emisoras serán concedidas a personas jurídicas sin fines de lucro. Asimismo, expresó que podrán presentar solicitudes las organizaciones e instituciones comunitarias, educativas, asociativas y ciudadanas, como ser, organizaciones sociales, gremiales y vecinales, organizaciones no gubernamentales, universidades, colectividades culturales, étnicas y de género. Todo esto figura en el informe “Acceso de la Sociedad Civil a la Gestión Directa de Medios de Comunicación”, elaborado por Gustavo Gómez en nombre de AMARC.

                Por otro lado, cuando el Frente Amplio elabora un proyecto sobre la unidad temática de medios de comunicación -por parte de la Comisión Integrada del Programa Encuentro Progresista-Frente Amplio- que figura en el documento programático con  base octubre de 2003, “Hacia una Política Nacional de Medios de Comunicación”, también dice que estas emisoras de radio y televisión serán concedidas a personas jurídicas sin fines de lucro. Pero ahora nos encontramos con que en la Cámara de Representantes esto se ha desbordado, es decir, aparte de considerarse a aquellas asociaciones sin fines de lucro con personería jurídica, se incluye una solución que es muy riesgosa porque se habla de grupos de personas organizadas, que no persiguen fines de lucro -artículos 6 y 13 de la presente ley- y también se menciona que esto está orientado a satisfacer la necesidad de comunicación social y habilitar el ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión de los habitantes de la República. Es muy riesgoso este texto porque un grupo de personas, sin personería jurídica, pasa a ser sujeto de derecho para obtener una onda de radiodifusión. En definitiva, todo lo que estuvimos discutiendo originariamente, o sea, la idea de conceder estas ondas de radiodifusión a personas jurídicas sin fines de lucro, se ve modificado por estas variedades que desbordan el concepto que planteamos al principio.

                Otro punto respecto del cual discrepamos, en cuanto a la titularidad, es la sustentabilidad económica. El artículo 10 expresa lo siguiente: “Las entidades sin fines de lucro que brinden servicios de radiodifusión comunitaria tendrán derecho a asegurar su sustentabilidad económica, independencia y desarrollo, a cuyos efectos podrán obtener recursos, entre otras fuentes, de donaciones, aportes solidarios, auspicios, patrocinios y publicidad incluso oficial, de la cual no serán discriminadas.” Acá también hay un exceso, es decir que nosotros no podemos recibir donaciones y tampoco de los partidos políticos, porque tenemos una serie de limitaciones. Reitero, aquí hay un desborde. Para tratar de cubrir la forma de sustento de estas nuevas radios, se les abre la canilla y se les permite recibir todo tipo de apoyo, incluso, reitero, publicidad oficial.

                Por eso pensamos que hay que tener muy en cuenta la característica de la titularidad y de quiénes y de qué forma van a recibir los proventos que la ley les va a permitir obtener como medio de sustento.

                Siempre hemos dicho en la URSEC -al igual que en diversos foros- que no estamos en contra de que aparezcan nuevas radios. Justamente, por nuestra característica, en diversas discusiones -en su momento, tuvimos un gran enfrentamiento con determinado gobierno- hemos expresado que no tenemos problemas con que se otorguen nuevas frecuencias en los lugares que corresponda y donde razonablemente se puedan establecer. No somos contrarios a que se cree esta nueva franja, siempre y cuando cambie la tenencia de la propiedad y se habiliten con determinada seriedad todos estos criterios que hoy están desbordados.

                Mi exposición se ha concentrado en brindar a los señores Senadores el panorama de lo que significan nuestras radios en la coyuntura nacional. También hemos querido resaltar la diferencia que ha tenido el Legislador en la Cámara de Representantes, puesto que en dicho  medio se manejó una idea muy centralizadora, enfocando la problemática de Montevideo sin tomar en cuenta el interior. Además, se ha pensado lo que va a significar un proyecto de esta naturaleza si fuera aprobado.

SEÑOR ELUTCHANZ.- Quisiera rescatar dos aspectos de lo expresado, no porque no los dijera claramente, sino para enfatizarlos.

Hemos presentado un proyecto alternativo en la Cámara de Representantes, el cual está en los antecedentes que tienen sobre la mesa. De manera que en un acto de absoluta lealtad con el Parlamento, nosotros hicimos nuestro propio proyecto con respecto a RAMI. Esto significa que aportamos lealmente ideas, con las cuales, naturalmente, se puede discrepar. No nos hemos colocado en la posición cerrada de negarnos, sino que la idea es modificar este proyecto porque tal como está redactado es realmente malo para el país y para la radiodifusión, particularmente para la del interior.

Deseo enfatizar un aspecto relacionado con las donaciones del exterior. Actualmente a las radios legales les está prohibido recibir donaciones del exterior. Tengo una preocupación muy grande, al igual que RAMI, sobre lo que puede pasar si organismos de terrorismo internacional o de sectores de otros países empezaran a financiar radios comunitarias en todo el país. Creo que hasta podría estar en riesgo la soberanía del país. Es decir, el sustento por parte de donaciones del exterior es un antecedente muy peligroso, cuando a nosotros nos está absolutamente vedado.

También se habla de la titularidad. Este tema no queda muy claro ya que los directores y los que están a cargo de las radios comunitarias deben residir obligatoriamente en el país, pero en relación al titular no se dice claramente. Parecería que el titular puede estar fuera del país. Sin embargo a nosotros se nos exige, expresamente, que los titulares de las ondas de frecuencia de radiodifusión estemos en Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si me permiten, quisiera realizar un par de comentarios.

En primer lugar, agradecemos mucho al Presidente y al doctor Arezo los comentarios que han realizado, los cuales han sido muy claros e importantes.

En segundo término, desde ya adelanto que el material que nos han entregado será repartido a los señores Senadores en los próximos días.

                Se me comunica desde Secretaría que el proyecto que han presentado en la Cámara de Representantes ya figura en los antecedentes, por lo que también obra en poder de todos los señores Senadores, de modo que los diversos elementos de juicio van quedando claros.

SEÑOR GONZALEZ.- Antes que nada, quiero decir que soy asesor letrado de la Asociación de Radios del Interior y, junto al señor Elutchanz, representamos a las radios del interior en los Consejos de Salarios y en la comisión bipartita que estamos integrando en el Banco de Previsión Social para encontrar soluciones a sus problemas.

A este alto Cuerpo de la nación se le presentan dos graves problemas: uno de ellos es el actual, al que me quiero referir brevemente y, otro, está relacionado con la legislación. Digo esto porque, sustancialmente, así lo impone la Constitución y, sobre todo, porque ustedes velan por las leyes de la República; son el Cuerpo más importante, más selecto, naturalmente, junto con la Cámara de Representantes y la Asamblea General.

Quiero decir que nosotros -que, en la práctica, hemos estado en el frente de batalla, por así llamarlo- hace ya más de un año, ante la inacción de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones y, sobre todo, con el ánimo de informarles y de agregar documentación necesaria para tener más clara la realidad que estaba viviendo la radiodifusión -esto es, básicamente, para las nuevas autoridades porque, lógicamente, la debían desconocer- iniciamos una serie de procedimientos en el interior. Así, apoyados en lo que dice el artículo 306 del Código General del Proceso y con el respaldo del Poder Judicial -lo cual está ajustado a Derecho, por lo que no se trata de una acción ilegal o inconstitucional, como en algún momento se ha mencionado- llevamos a cabo algunas gestiones y realizamos inspecciones -dentro de lo que se denominan medidas preparatorias o cautelares- informándonos acerca de cómo estaban actuando esas radios, dado el desconocimiento general. 

En primer lugar, encontramos que en todas ellas los equipos, que legalmente deben ser autorizados por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, no lo fueron. En su gran mayoría, se trataba de equipos de contrabando proporcionados, en algunos casos, por iglesias multinacionales y, en otros, traídos desde Brasil; este último es el caso de las radios del Chuy o de la frontera, zona que cuenta con varias radios que trasmiten, además, en idioma portugués, o sea que ni siquiera lo hacen en español. Al hablar de equipos también me estoy refiriendo a las antenas que se traen de Brasil, de donde estos elementos son expulsados. Digo esto porque la legislación de ese país permite que las emisoras funcionen determinado tiempo, luego del cual las clausuran.  Entonces, estos equipos entran por la frontera a Uruguay sin ningún tipo de problema.

En consecuencia, tenemos una defraudación tributaria que ya hemos comunicado a la URSEC, así como una violación a la normativa de la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica. A este respecto podemos decir que en Salto hemos comprobado la existencia de antenas de más de sesenta metros en la plaza de esa ciudad, en emisoras que no son, de ninguna manera, comunitarias, sino que responden a una discoteca que está instalada allí, con equipamientos muy modernos de los que ignoramos su procedencia.

Asimismo, en algunos casos -como sucedió en Juan Lacaze- la Dirección Nacional de Aduanas incautó -no tuvimos nada que ver con esto- equipos traídos de contrabando desde la república vecina. Entre paréntesis quiero decir que los equipos que funcionan en las radios legalmente instaladas deben ser aprobados por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, por varios motivos, entre otros, para proteger los procesos tributarios y las formalidades que deben tener las radios y, en general, las empresas formalmente constituidas. Esto no ha ocurrido en las inspecciones efectuadas.

Reiteramos que en radios de Canelones, Tacuarembó, Salto, Rocha y Artigas, el fenómeno es similar. O sea que el planteo de facto es uno y el de la teoría otro, y aquí se da una divergencia que es el gran problema que tenemos. Existe una realidad que, de alguna manera, continuamente estamos denunciando y con el proyecto de ley se pretende legislar sobre una situación que está fundada, sustancialmente, en la ilegalidad y en la defraudación. Entonces, resulta contradictorio, y por ello no sólo nos provoca preocupación sino también una gran rebeldía porque, como bien se señalaba, en los Consejos de Salarios representamos a más de tres mil personas del interior del país; por ellos hemos peleado por diversas situaciones, siempre lealmente, y hemos logrado resolver problemas. Se trata de tres mil funcionarios que, directa o indirectamente, están vinculados a las radios del interior. Hay localidades en las que, después de la función pública, el mayor número de empleos lo proporcionan los medios de comunicación legalmente instalados. Digo “legalmente instalados”, porque también existen esas radios que funcionan en forma ilegal y se cubren con el manto de la radio comunitaria, lo cual es peligroso porque se desmerece el verdadero sentido de la radio comunitaria, tal como lo ha expresado el doctor Arezo. Hemos expresado a la propia gente de AMARC que, bajo su manto, se están generando una serie de situaciones de hecho que no son reales. Creo que esa es la gran disyuntiva que tiene este Parlamento, en este caso el Senado: poder desbrozar esta maleza tan complicada de realidad y de teoría.

                Reitero que cuando realizamos las inspecciones, encontramos que ninguno de los funcionarios estaba afiliado a nada. Incluso, lo que más nos llama la atención es que, en algunos casos, estas radios reciben publicidad de las Intendencias; no entendemos cómo la facturan ni cómo funciona el sistema. Realmente nos resulta paradójico, y es más grave aún cuando hablamos de una reforma tributaria, de todo lo que ha ocurrido en el sistema uruguayo y lo que se pretende que ocurra. De hecho, integramos una bipartita con el Banco de Previsión Social, a fin de encontrar solución para las empresas que contratan con los medios de difusión legalmente instalados, porque muchos de ellos no pueden ingresar siquiera como empresas muy pequeñas, debido a los montos que deberían aportar: estamos hablando de $ 1.000, $ 2.000 ó $ 3.000. En definitiva, estamos buscando soluciones para que nadie quede fuera del sistema, tal como lo determina el concepto general. Sin embargo, por otro lado, hay todo un sistema informal, por fuera, que está protegido por el mismo sistema, lo que resulta grave.

                Por esas razones, afirmamos que este alto Cuerpo tiene un grave problema. No queremos mezclar, porque entendemos que el proyecto es una cosa y la realidad es otra, pero esta última es muy grave y, en este momento, es impulsada por el propio proyecto. Por eso también destacamos la importancia de haber puesto una fecha: antes del 2005 había mucha gente que tenía una vocación; posteriormente, encontramos de todo. Podríamos decir que el proceso de globalización de las comunicaciones está siendo excitado y hasta apoyado indirectamente por este proyecto, porque si la radiodifusión del interior sigue este proceso, llegará a una situación extrema. Por un lado, van a quedar estas radios que se está promoviendo y, por otro -como decía el doctor Arezo- la promoción de las grandes cadenas. Hoy ya lo estamos viendo: por ejemplo, Radio Encuentros, que es una radio de la Diócesis de San José, hace pocos días despidió a sus quince empleados y cerró sus puertas, en gran medida por causa de las radios que han proliferado en ese departamento. No olvidemos que ellos manejan costos muy bajos, y como no podían sostener esa radio, pasan ahora a integrar la cadena de Radio María, retrasmitiendo parte de la programación y con comentarios de la Diócesis de San José. Reitero que despidieron a quince personas; cuando por un lado aplaudimos proyectos que suponen trabajo para veinte, por otro promovemos el desempleo de quince en el departamento de San José. Por supuesto que todo esto se hizo legalmente: se pagó, etcétera; es algo que no pasa por el lado legal, sino porque los hechos que, lamentablemente, se van a provocar. Lo cierto es que no habrá un traslado de los funcionarios de radios legalmente instaladas -que hoy están en planilla y dentro del marco legal en las radios del interior- hacia las radios ilegales, ni habrá tampoco una mejora en el empleo; a nuestro entender y por las acciones que estamos viendo día a día, los hechos van a demostrar lo contrario.

                Reconozco que la carga de la decisión es una responsabilidad muy pesada, pero es nuestra obligación decir todo esto por la experiencia que hemos tenido en el tema. Ponemos a disposición de los señores Senadores      -también lo hicimos con la URSEC- los oficios de todos los Juzgados con las inspecciones correspondientes. Podemos decir que aquí hay un conocimiento pleno de los hechos y, al mismo tiempo, un incumplimiento pleno del Decreto Nº 500/91, que establece que cuando uno conoce una ilegalidad, como funcionario público, debe denunciarla. Por tanto, se puede decir que se está en conocimiento y, a su vez, en desconocimiento.

                Se trata, entonces, de dos aspectos diferentes pero preocupantes, porque no entendemos cómo una unidad que hoy no puede cumplir con lo mínimo, va a cumplir con lo previsto en este proyecto de ley que, además de imponerle el control de las emisiones de estos medios, le impone hasta un control de los ingresos. Realmente, esto nos parece absolutamente hipotético e impensable porque, ¿la URSEC va a contratar contadores o auditorías? No entendemos cuál va a ser el procedimiento para que una asociación sin fines de lucro demuestre que el lucro o el ingreso lo volcó al proyecto y no se lo puso en el bolsillo. Reitero que nos parece imposible entender esto.

                Simplemente queríamos señalar esta lamentable realidad.

SEÑOR ELUTCHANZ.- Hemos venido aquí a depositar nuestra confianza en los señores Senadores. Creemos realmente que este proyecto se puede modificar; se está a tiempo de encontrar las aristas más puntiagudas de la iniciativa aprobada por la Cámara de Representantes.

SEÑOR HEBER.- Muy bien.

SEÑOR ELUTCHANZ.- Apelamos a lo que decíamos al principio, en cuanto a que no es la libre expresión del pensamiento lo que está en juego, sino otra actividad privada con fines de lucro -por más que se diga que no- que va a terminar en que las verdaderas radios comunitarias, que son las que actualmente funcionan en el interior, se vendan y se pierdan, formándose así grandes cadenas. De ese modo, en una primera instancia vamos a tener una anarquía, y posteriormente  una concentración.

Reitero que recurrimos a los señores Senadores confiando en lo que puedan hacer. No pedimos que no voten este proyecto de ley, sino que lo corrijan y lo mejoren. Nos estamos jugando la última carta: si el Senado no reacciona y modifica la iniciativa, evidentemente el panorama se nos presentará muy sombrío.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de los representantes de RAMI, quienes nos han aportado un conjunto muy importante de opiniones, comentarios y elementos de juicio.

En cuanto a la última referencia, simplemente les informamos que justamente a partir de la semana próxima vamos a dar inicio al debate interno en la Comisión. Hasta ahora hemos estado recabando elementos de juicio; de modo que las opiniones y la información vertidas hoy aquí llegan totalmente a tiempo. Como nosotros tenemos la norma de no emitir opiniones en presencia de los invitados, lo único que nos restaría decir -y estoy seguro de que esto representa a toda la Comisión-  es que todos valoramos el aporte que las radios del interior -la gran mayoría de ellas están nucleadas en RAMI- hacen al quehacer de nuestro país en una cantidad de aspectos que sería muy extenso enumerar ahora. Por supuesto, vamos a tener muy presentes estos comentarios, así como la importancia de preservar lo que hay de positivo actualmente en el Uruguay en lo que a este tema se refiere.

                Agradecemos vuestra presencia, y estaremos en contacto con ustedes cada vez que el tema así lo requiera.

                (Se retiran de Sala el señor Presidente y los Directores de RAMI, Asociación de Radios del Interior)

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.