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Carátula

SEÑORA PRESIDENTA.- Está abierto el acto.

                (Es la hora 14 y 10 minutos)

                En nombre de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, tenemos el gusto de recibir al señor Subsecretario de Industria, Energía y Minería y a la ingeniera  Alicia Fernández, representante de la Unidad Reguladora correspondiente.

Obviamente, esta Secretaría de Estado ha estado muy ligada a la regulación del espectro radioeléctrico, y nuestros invitados han sido citados en el día de hoy para plantear su posición con respecto al proyecto de ley que ya fue votado en la Cámara de Representantes, relativo a la utilización del espectro radioeléctrico y medios comunitarios de radiodifusión.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- En primer lugar, queremos agradecer a la Comisión por habernos recibido.

En el día de hoy, vamos a plantear la posición del Poder Ejecutivo sobre el tema, naturalmente, complementando la intervención que el titular de la Cartera, señor Jorge Lepra, realizara en la Cámara de Representantes. En esa oportunidad, quien habla, junto con representantes de la URSEC, también concurrimos a dar nuestra opinión pero, como es obvio, el proyecto de ley estaba en otra etapa. Lógicamente, una cosa es dar una opinión a partir de ideas generales, y otra muy distinta es analizar el tema con un texto ya aprobado por una de las Cámaras legislativas. Por lo tanto, en este momento  uno siente la necesidad  de realizar apreciaciones  que mejoren este texto.

                Vamos a hacer un par de consideraciones de orden general sobre el tema, que  no son superfluas. Como todos sabemos, la realización de actividades comerciales, industriales o periodísticas son absolutamente libres en el territorio de la República. En lo que tiene que ver con la utilización de lo que históricamente se han llamado ondas del éter, hay que destacar la aparición de una limitación de carácter técnico, por superposición, que llevó a la necesidad de regular estas ondas -cosa que hasta hoy se mantiene-, lo cual limitó la cantidad de posibles operadores desde el surgimiento mismo de la radiodifusión. De esta manera, la radiodifusión está particularmente controlada, y esto es así no sólo internamente en el país, sino con los países vecinos -de una manera muy peculiar- y a nivel internacional. Pensemos en lo que implica la coordinación de frecuencias y ubicaciones de posiciones satelitales, en todo lo que ello puede suponer en materia de interferencias en la medida en que no se trabaje en un sentido global. Esta es la razón técnica que ha llevado a tener como requisito la utilización de un mecanismo de instalación de las empresas o entidades correspondientes, que difiere de los de otros ámbitos, ya sean comerciales, industriales y también periodísticos.  Por ejemplo, no hay ninguna razón por la cual se pueda limitar  la cantidad de semanarios o de diarios de plaza; por lo tanto, el que lo desee, se presenta y edita su publicación. En cambio, en lo que tiene que ver con la radiodifusión hay un tema de coordinación.

Paralelamente a esto, se ha dado un hecho que importa mencionar para visualizar la razón histórica: una evolución que hoy nadie puede dejar de señalar en los medios técnicos asociados a este tema. Probablemente, los aquí presentes recuerden que cuando aparecieron los teléfonos celulares, en la medida en que cada teléfono móvil no es sólo un receptor sino también un emisor y trasmisor -y por tanto hace uso de algún sector de ese espectro, de ese éter del que se ha hablado históricamente-, todos pensamos que iba a ser sumamente limitada la cantidad de usuarios, seguramente por una natural asimilación al tema al que estamos muy acostumbrados: el de las radios. Sin embargo, los avances tecnológicos son de tal magnitud que hoy sabemos que incluso en una franja relativamente chica del espectro, el volumen de trasmisores operando en forma consistente -sin interferencias y estableciendo comunicaciones que a veces son de uno a uno y otras de uno a diez, porque los medios técnicos actuales permiten muchas combinaciones- brinda ciertas posibilidades que hace algunos años hubieran sido absolutamente impensables. Dicho de otro modo, los avances técnicos han permitido que aquella limitación para el uso del espectro, hoy se ubique de otra manera. De la misma forma, todos sabemos que el paso que el país está dando ahora, que es la televisión digital -tema por el que en 48 horas vamos a estar hablando en otra Comisión del Senado-, en cualquiera de sus normas o de sus hipótesis, da más calidad utilizando un espectro mucho menor y, por lo tanto, habilitando en las mismas ubicaciones a muchos más actores y, a su vez, canales de ida y vuelta, lo que era impensable con la tecnología anterior.

                Todo esto tiene que ver con el tema del proyecto de ley que tenemos sobre la mesa. Como se dice en el mundo de la radiodifusión en forma genérica, estamos en un área en la cual las razones históricas por las que eso estaba tan constreñido se van viendo desbordadas por la técnica. Y diría más: todos tenemos que saber que en poco tiempo -como ha sucedido en otras áreas- las posibilidades técnicas van a estar desbordando, incluso, todas las soluciones que hoy podamos instrumentar. Es en ese sentido, entonces, que el país tiene que tratar de ir avanzando.

Sin perjuicio de que uno siempre quisiera tener normas más generales y pensamientos más globalizadores sobre una cantidad de cosas, creo que este proyecto de ley, en su trazo grueso, está recogiendo muchas posibilidades que hoy brinda la técnica -en lo técnico y en lo económico-, permitiendo una expansión de actores en un área de la comunicación que -reitero-, según la Constitución, no tiene ninguna otra razón para ser limitada que la técnica.

Este proyecto de ley también toca un aspecto que no quiero dejar de mencionar. En muchos casos estas radios comunitarias son formas de expresión de sectores promedialmente más jóvenes que los clásicos en estos temas, lo que, a mi juicio, también habilita mecanismos de inserción y posibilidades que hay que valorar al analizar la iniciativa. Naturalmente, esto hay que hacerlo de manera que no se desnaturalice, y para ello, la ley plantea un conjunto de requisitos, de mecanismos y de organismos nuevos, como el Consejo Honorario. A pesar de ello, creo que hay una parte en la que habrá que “hacer camino al andar”. No debemos olvidar que estamos saliendo de una situación en la que, durante años, la asignación de frecuencias se hizo en forma absolutamente libre por parte del Poder Ejecutivo, de acuerdo con su capacidad de selección; bastaba con una resolución para que se asignara de vuelta, sin otra limitación que la de carácter técnico, determinada por el espectro interno, externo, etcétera.

                Aquí estamos estableciendo algunos criterios para habilitar más derechos directos a conjuntos de ciudadanos, con las limitaciones que el proyecto de ley establece. Nuestra opinión general es que esta iniciativa constituye un paso positivo en un área que está en continuo movimiento, sobre la cual tendremos que volver a medida que la propia evolución de las novedades que se ponen en marcha y de la propia técnica a que me refería, nos habilite a plantear nuevas reflexiones.

                Hechas estas consideraciones de orden general, queremos aclarar que se trata de temas sobre los que, naturalmente, se podría hablar mucho, ya que están muy cerca de lo que es la industria del contenido y de la tecnología asociada a su desarrollo. Sin embargo, obviaremos esos aspectos porque ya se habló sobre ellos en su momento en la Cámara de Representantes, y nos concentraremos en dos o tres puntos del proyecto de ley que pensamos que podrían mejorarse, siempre dentro de ese rumbo general positivo.

Comienzo haciendo referencia al aspecto que considero, si se quiere, como el más institucional. Sin perjuicio de que no hay ningún texto en particular que lo establezca expresamente, no debieran quedar dudas en cuanto a que la administración del espectro radioeléctrico es una potestad del Poder Ejecutivo, que se ejerce a través de la Unidad Reguladora. Aquí no se puede dar lugar a pensar que estemos generando una situación en la que queden dudas acerca de a quién corresponde la decisión en última instancia. No estoy diciendo que la ley de lugar a esa duda; hubo versiones anteriores en la que esto se expresaba en forma compleja en el texto, pero ahora la redacción se mejoró.

Actualmente, el Ministerio está llevando adelante un proceso paulatino de implementación de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, pero, en definitiva y para resumir, tenemos al Poder Ejecutivo por un lado, y a la Unidad Reguladora por otro. Está muy bien que exista un Consejo Honorario Asesor en un tema tan específico como este, pero no lo dejemos librado solamente  a los mecanismos administrativos clásicos; queremos un organismo en el que participen otras instituciones. En todo caso, ya sea acompañando la ley por las actas, por los informes correspondientes -si eventualmente alguien lo entiende pertinente- o por algún otro mecanismo que se estime adecuado, no debieran quedar dudas acerca de dónde radica, en última instancia, la decisión administrativa sobre el tema. Aunque existan requisitos de consulta obligatoria, ello no cuestiona lo que he señalado.

                Quiero hacer una acotación sobre un tema que se debatió mucho, que refiere al volumen admisible del espectro -y a los mecanismos correspondientes- que puede llegar a ocuparse. Participamos de muchas exposiciones sobre este tema y vimos que algunos razonan esto en un sentido de libertad total, pero cuando uno habla -como aquí- de radios comunitarias, está haciendo referencia a determinado tipo de radios; por lo tanto, está claro que no pueden quitarle el espacio al resto y que los derechos que tengan no pueden llevar a avasallar otros. De manera que hay un tema de equilibrios y de porcentajes. La ley maneja el 30% como porcentaje que, en principio, a algunos les podrá parecer alto y a otros les podrá parecer bajo; conozco de los dos. En realidad, la preocupación que tenemos como Poder Ejecutivo es, mucho más que respecto al porcentaje, respecto a la forma o al dónde y cómo se lo mide. Una cosa es decir que de lo que hay disponible, cada diez, tres están reservadas para instituciones con estas características y siete se abren a las clásicas formas de la radiocomunicación en el país, más allá de las mejoras que haya que hacer; aun con algún artículo que hay por allí que valida las preexistentes -lo que tiene su lógica, más allá de exigir los requisitos y de verificar las condiciones que la ley establece-, uno irá viendo una lenta evolución del porcentaje, y de cada tres nuevas asignaciones -para redondear-, una estará habilitada para este tipo de radios, en la medida en que existan. Sin embargo, algo diferente es decir que esto es para toda nueva adjudicación, de cualquier tipo, hasta que se llegue al 30% de instituciones o de emisoras de tipo comunitario. Nos parece que esta segunda forma es una manera no razonable de avanzar hacia el objetivo; además, diría, no necesaria y sin ninguna relación con el volumen del fenómeno. Aquí hay que habilitar una puerta y hacer que por ella se pueda entrar generosa pero paulatinamente, e ir viendo cómo esto, en el tiempo, se va instalando y apreciando, pero sin bloquear al resto.

                Al leer el artículo 5º uno puede pensar que establece como objetivo, al menos un tercio del espectro radioeléctrico para cada localidad. Ahora bien: ¿cómo se avanza hacia eso por la vía reglamentaria? Podría graduarse, de alguna forma, como lo hemos dicho, más allá de que tal vez sea conveniente que la ley lo establezca. En todo caso, tal como está redactado el artículo 20, esta posibilidad desaparece. En su penúltimo inciso, el mencionado artículo dice: “A los efectos de dar cumplimiento a la reserva de espectro prevista en el artículo 5º de la presente ley y en consideración que existen localidades o bandas donde actualmente la disponibilidad técnica de frecuencias resulta limitada para cumplir con dicha reserva, las frecuencias aún vacantes en ellas serán asignadas exclusivamente para el servicio de radiodifusión comunitaria y público”. Aquí se agregó la palabra “público” -que no estaba incluida en un texto previo-, de acuerdo con lo que surgió de la discusión en la Cámara de Representantes, lo que, naturalmente, mejora la redacción. De todas maneras, entendemos que se trata de una limitación muy fuerte.

                Y luego, en el último expresa: “Las frecuencias que se liberen en un futuro, producto de la digitalización, procedimientos que optimicen el espectro radioeléctrico u otras razones, deberán ser asignadas con el fin de ajustarse al porcentaje establecido en la presente ley”.

                En consecuencia, daría la impresión de que todo el resto queda bloqueado hasta que se llegue al 30%, lo que no nos parece razonable, entre otras razones porque el propio criterio de radios comunitarias existentes depende de la voluntad de los actores. Todos deberíamos hacer un esfuerzo para que se mantenga, como concepto, dentro de los parámetros que la ley establece. Me refiero a que todos sabemos que existen radios de las llamadas “comunitarias” que, en realidad, son comerciales bajo ese rótulo, lo que la ley busca acotar y limitar, y nos parece muy bien; pero si no damos una vía para que emprendimientos típicamente comerciales puedan tener algún margen o alguna posibilidad, nos arriesgamos a que la única vía que exista sea la de encontrar la forma de vestir de la mejor manera posible a las radios comunitarias. Creemos que sería mucho más sólido si habilitamos las dos posibilidades.

Naturalmente, podemos decir que sobre este tema existen opciones. Cuando la disponibilidad de frecuencias es enorme, no existe limitación para nadie; pero tenemos casos en que la disponibilidad es nula y, por último, lugares donde, justamente, hay poca disponibilidad y el tema se vuelve crítico, pues quedarían dos o tres posibilidades, algunas de las cuales servirán y otras no. ¿Cómo administramos eso? Si lo administramos con una sola opción, tememos que no sea bueno ni siquiera para ella, porque puede terminar desnaturalizándose. Nosotros proponemos mantener la cifra, pero en un concepto que, en los hechos, termina siendo tendencial, tal como me gusta definirlo. Esto quiere decir que esa cifra se debe aplicar a todo lo nuevo, por lo que, en la medida en que existan interesados, la proporción sería de 70 a 30. Si todo va bien, en el correr del tiempo el total se irá acercando cada vez más a la proporción de 70 a 30, y a cierta altura, como consecuencia de la demanda existente de una cosa o de otra, se puede decidir ir más lento o más rápido o, por ejemplo, diferenciar cuando es AM o cuando es FM, tal como se ha planteado. Esto es difícil de discutir a priori; por ende, tenemos que dejar abiertas las dos opciones para hacer un seguimiento del tema y ver dónde hay más demanda. 

Creemos que de ninguna manera podemos optar por la decisión abrupta de que no haya más concesión de radios comerciales, pero eso, prácticamente, es lo que dice la ley: en los lugares donde existen dificultades, se corta, y hasta que las radios comunitarias no lleguen al 30%, no hay otra opción. El resultado no ayudará ni a las propias radios comunitarias, que van a ser utilizadas, diría yo, por quien tenga interés en salir con un concepto más clásico a operar en radiocomunicaciones.

                Naturalmente, el Poder Legislativo -en este caso, la Cámara de Senadores-  tiene la palabra, pero nosotros preferimos un texto que no desnaturalice nada de lo que estamos buscando, sino todo lo contrario: que abra la puerta, habilite y establezca un tema de enorme importancia como el de tener una reglamentación de las radios comunitarias para que se pueda operar. Es común preguntarse por qué razón operar con una y no con otra, y salvo circunstancias de interferencias -como hubo hace poco tiempo con un aeropuerto- donde, naturalmente, se opera en forma inmediata, en otros casos no hay una disposición legal. A partir de esta ley, pensamos que puede haberla.

                Quiero hacer una última reflexión, que la dejé para el final porque la hacemos con menos significación, ya que es de otro orden.

                El artículo 13 establece: “Podrán utilizar parcialmente estas frecuencias compartidas para uso de carácter comunitario”, y plantea dos opciones: “A) Las asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica. B) Aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro y cuyas propuestas de comunicación, en opinión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, tengan carácter local y resulten compatibles con la finalidad del servicio de radiodifusión comunitaria”. Esto da la posibilidad  de que existan sin titulares.

                No hay que pensar solamente en lo que marcha bien, sino que también es imprescindible que los proyectos de ley prevean los efectos de borde, es decir, los momentos complejos en los que, precisamente, lo que estamos tratando puede ser un problema. Se me podrá poner el ejemplo de un grupo de jóvenes estudiantes que quieren empezar a hacer algo; en todo caso, en esa situación alguien tendrá que hacerse responsable. Se podría dudar sobre la existencia de alguna vía en algunas circunstancias, por períodos transitorios, en que no haya por qué formar la asociación civil sin fines de lucro. Me explico: en ese caso tiene que haber responsabilidad individual, o sea, alguien -dos personas o cuatro- que la asuma, pero no ese concepto que sirve para situaciones que son más diluidas desde el punto de vista jurídico y que en la sociedad se dan para otras circunstancias. Reitero que en una emisión radial del tipo que sea podría ser motivo de dificultad.

                Repito que no estamos proponiendo suprimir esta parte del texto, porque quedaría establecida exclusivamente la figura de la sociedad civil, pero sí decimos que tienen que quedar delimitadas las responsabilidades nítidas. No estoy diciendo nada distinto de lo que ocurre con una publicación, pues ésta tiene muy claramente establecido su responsable, así como los trámites ante el Ministerio de Educación y Cultura; si bien son más simples que este, las responsabilidades son muy nítidas. Esto es: aunque esa realidad represente la opinión de un grupo, tiene que haber alguien que se haga responsable. Eso no queda claro en este caso. Alguien me puede decir que se podrá establecer en el decreto reglamentario; si esa es la intención, en todo caso debe quedar establecido en la versión taquigráfica y decirse en el informe de la Comisión, pero no sé si no es mejor buscar una fórmula que ya lo deje nítidamente establecido.

                Como se puede observar, hemos estudiado el proyecto de ley tratando de ver cómo mejorarlo. Nos parece que este es un buen paso adelante, que habilitará movimientos en una zona como la de las comunicaciones, en donde si hay algo permanente es el cambio.

SEÑORA FERNANDEZ.- Quiero hacer hincapié en la necesidad de que exista una ley, porque para la URSEC es fundamental tener las herramientas a los efectos de reglamentar y controlar una situación que, de hecho, ya existe; no se está haciendo una ley para algo que se desarrollará a futuro, sino para buscar una solución a una realidad en la que hoy se encuentran muchos medios comunitarios. Se han presentado varios proyectos, pero este -como dijo el señor Subsecretario-, en particular, contempla una serie de aspectos positivos. Quizás después, por la vía reglamentaria, sea necesario precisar algunos temas técnicos de implementación, especialmente en lo que, como se dijo, refiere a la titularidad.

                Entiendo que una posible solución sería que, de alguna manera, esas frecuencias fueran asignadas al Ministerio de Educación y Cultura -que es el organismo que después se hará cargo de su uso con fines de formación, tanto en temas de comunicación como en periodísticos; me parece que esa es una de las posibles intenciones que se busca con ese artículo-, que sería el responsable ante la URSEC, y que este, después, realice el “contrato” -dicho esto entre comillas- que sea necesario con los asignatarios de espacio, teniendo las salvaguardas del uso que se va a dar. Ese es, precisamente, uno de los aspectos que me parece importante destacar. Quizás se trate de una opción un poco diferente a la que manejaba el señor Subsecretario, pero creo que apunta más o menos en el mismo sentido.

                Los otros aspectos que abordó el señor Subsecretario, desde el punto de vista de la URSEC, también son importantes. En lo que respecta a la asignación y al tema del porcentaje, puede haber distintas fórmulas que contemplen el espectro total asignable para radiodifusión comunitaria, de modo que se pueda alcanzar alguna fórmula que, en cierta manera, permita llegar al 30 % a futuro, pero contemplando la transición.

SEÑOR HEBER.- Con respecto a la última intervención de los representantes de la URSEC, quisiera consultar acerca de la necesidad de la ley. Creo que siempre existió la idea de que las radios comunitarias, a fin de cumplir con su rol social, debían actuar en aquellas áreas donde no existiera un interés comercial, pero sí comunitario. Asimismo, hemos pensado siempre que quedaba en este asunto una especie de laguna y que las radios comunitarias cumplían una función de comunicación en zonas donde, realmente, ese rol no se cumplía por falta de interés comercial. Luego de leer el proyecto de ley, entiendo que no queda muy claro que las radios comunitarias vayan a ocupar ese espacio específico; por el contrario, la iniciativa trasmite la idea de que esas emisoras van a ocupar todos los espacios posibles en función del espectro radioeléctrico y no en virtud del espacio geográfico. En lo personal, me inclinaba en el sentido de buscar solución, fundamentalmente para aquellas zonas que se encuentran muy lejanas o que presentan “agujeros” de comunicación. Quizás estoy equivocado en esta apreciación y por eso me gustaría que se argumentara en contra de esta idea, ya que de eso se trata esta instancia en Comisión.

                En segundo lugar, quisiera saber si realmente era necesario contar con una ley en esta materia. Lo pregunto porque el Poder Ejecutivo tiene potestades para otorgar espacios en el espectro mediante los procedimientos y controles ya establecidos, y si existe voluntad por su parte para otorgar espacio a una radio comunitaria, ¿por qué se precisa una ley? En realidad, puede ocurrir que yo no haya leído con detenimiento el proyecto de ley y exista algún artículo que responda con claridad a la pregunta que he formulado.

                En tercer término, quiero decir que, a mi juicio, existe una situación de hecho que hay que atender y que proviene de los nuevos avances tecnológicos y el abaratamiento del equipamiento, lo que determina la posibilidad de que cualquier ciudadano esté en condiciones de adquirirlo. Ante esto, se dice que es bueno regular y reglamentar esos aspectos y, en lo personal, admito que puede ser así, fundamentalmente con el fin de fiscalizar en esa materia. No obstante, no sé si la ley cumpliría con esa misión. ¿Por qué? Porque puede ser que mañana haya personas que, con intencionalidad política, tengan una radio, violando lo que establece uno de los artículos, que establece como finalidad el desarrollo social, por lo que no podrían realizar proselitismo. Supongamos que una persona adquiere una radio con fines proselitistas -creo que las hay en la actualidad-, ¿cómo vamos a fiscalizar estas situaciones? Otorgándolas de esta manera creo que estaremos frente a la misma situación. No sé si me explico. Podemos dar tres radios comunitarias, pero cuando tengamos diez, aunque tres de ellas cumplan con los requisitos, las demás -las que no los cumplen- van a estar en la misma situación. Por más que llenemos el espectro radioeléctrico, pueden verse perjudicadas, incluso, radios comunitarias que sí cumplen con el objetivo.

Entonces, son varias las incógnitas: primero, la necesidad de la ley. ¿Por qué el Poder Ejecutivo, que puede tener la potestad de otorgar las radios comunitarias, no lo hace? El Poder Ejecutivo puede hacer un llamado con los debidos controles y otorgar las radios comunitarias. Quizás no lo puede hacer. Me gustaría que se explicara, que se dijera, por ejemplo, que hay un impedimento, que no lo puede hacer. Lo consulto porque todos estos requisitos también los tienen las radios comunes. Quizás la diferencia sea que las comunitarias no tienen fines de lucro, aunque tengo serias dudas de que se pueda controlar una radio que asegura que no actúa con fines de lucro, cuando hay gerentes, directores y personal, a través de los que se puede estar disfrazando una determinada situación. Creo que el señor Subsecretario hizo mención a este hecho y coincido con sus reflexiones. Es muy difícil saber si se está lucrando o no cuando se puede, repito, disfrazar la situación a través de los sueldos de las personas que trabajan allí. Es decir que agregamos un problema más a la Administración.

Es importante que la ley sea una herramienta eficaz para cumplir una tarea de control. ¿Qué es lo que queremos? Que haya responsables, que haya un titular que frente a la Administración cumpla con estos fines y objetivos. Es más: por encima de los fines de lucro, creo que todos los medios de comunicación deberían cumplir con lo establecido por estos artículos, como la promoción del desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural, la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores democráticos, la satisfacción de las necesidades de comunicación social, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de los vínculos que hacen a la esencia de la identidad cultural y social. Son todos temas con los que estoy de acuerdo y firmo, porque son parte de las cosas que esperamos que cumplan los medios de comunicación. Ahora bien; si no podemos controlar esto en la actualidad, ¿lo vamos a poder hacer con esta ley? Hay, simplemente, avances en el papel, pero no en la práctica.

Estas son las dudas que tengo y que me gustaría conversar con los representantes del Ministerio, no solamente para mejorar esta situación, sino también para dar a la Administración las herramientas necesarias para que pueda cumplir con su misión.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Hay varios temas planteados.

                En primer lugar quiero hacer una precisión de término, por experiencia legislativa. Recién hablaba con la ingeniera Alicia Fernández que cuando ella sugirió la posibilidad de que el titular fuera el Ministerio de Educación y Cultura, en realidad se estaba refiriendo al inciso B) y no a todo el artículo.

                Deseo formular tres puntualizaciones vinculadas con los temas planteados por el señor Senador Heber.

                En primer lugar, creo que en la actualidad el Poder Ejecutivo tiene potestades para hacer estas asignaciones. Justamente, no se trata de una ley que las aumente; por el contrario, las restringe. Lo cierto es que reglamenta o limita el uso de potestades en cierto porcentaje. Cabe preguntarse si en realidad es bueno que exista una norma que limite las potestades y establezca reglas de juego. Me refiero a la continuidad que se da, justamente, con una ley de esta naturaleza. La administración la puede seguir ejerciendo el Poder Ejecutivo, a través de la Unidad Reguladora, en este caso con la participación del Consejo Honorario Asesor, pero dentro de estas pautas.

Por otro lado, creo que es pertinente preguntarse hasta dónde las radios comunitarias son llamadas para llenar “agujeros” -expresión utilizada por el señor Senador Heber- en lugares donde no hay intereses comerciales. Creo que la respuesta hay que pensarla sin dar a la palabra “espacio” sólo la connotación de territorio; debemos entenderla también como espacio cultural, temático, etcétera. Sí me parece de enorme importancia -y aquí puede haber una zona de frontera, como en casi todos los casos- la expresión “sin interés de lucro”. Esto establece una mecánica que, si bien puede tener dificultades, será diferente a la de las radios comerciales clásicas y, por tanto, distinta será también su transferencia y tema habitual, sobre lo que constantemente estamos resolviendo problemáticas. Esto tiene una lógica distinta. En realidad, es diferente en su habilitación en el tiempo y se establece un subconjunto de distintos requisitos.

En consonancia con esta puntualización, donde el factor diferenciador es la expresión “sin interés de lucro” -reitero que en el caso contrario estamos ante un espacio comercial con el que no hay ningún problema; debe cumplir con la mecánica normal, pero no queremos que deje de existir porque pensamos que no estaríamos haciendo lo mejor-, a la Administración, que es la otra parte, se le incorporan dificultades. Como ya dijimos, desde otra óptica se podrían imponer las mismas limitaciones porque se tiene potestades para ello pero, justamente, acá es donde nos parece importante el rol del Consejo Honorario Asesor. Este va a mantener una actuación y un intercambio con los órganos responsables de la administración, en un espacio donde se supone que se podrán verter opiniones que, en mayoría, minoría o por unanimidad, estarán alimentando de información, por un nuevo canal, en una integración que confiamos ayude al tipo de cosas que queremos apreciar. En ese sentido, se puede agregar la característica de que sea sin interés de lucro -con lo confuso que pueda ser en algunos casos-, pero no cabe duda de que habilitamos cosas que hoy sería muy complejo habilitar con la normativa vigente, ya que estarían en pie de igualdad con las típicas radios comerciales, que son otra cosa. Acá puede haber mucha cosa transitoria, episódica, como también puede haber consolidaciones o puede existir algo que sirva de base para un proyecto, de repente, para un espacio comercial; en ese caso tendrá que transitar cambiando de lado y por las vías que correspondan.

                Nosotros pensamos que esto habilita. No olvidemos que estamos ante una situación de hecho en la cual, si aplicamos a rajatabla normas que a esta altura tienen muchas décadas y se hicieron para otra tecnología y otra situación, podemos afectar cosas que nadie de los aquí presentes quisiera. Si no tenemos una norma para distinguir entre una situación y otra, nos encontraremos con muchas dificultades. Pienso que en ese sentido la ley va a ayudar a ordenar.

Admito que en un tema tan dinámico como es la comunicación y en el devenir de una sociedad, nadie está seguro de cómo va a funcionar, pero creo que ese es el rol de todos. Repito que no estamos haciendo nada que hoy no pueda hacer el Poder Ejecutivo; lo que pedimos es un respaldo o mecanismo legal para habilitar con más fuerza un espacio.  No cabe duda que, para poder controlar dicho espacio, debemos hacerlo a través de una ley y no de un decreto.

SEÑORA FERNANDEZ.- Creo que nosotros no podríamos, como Unidad Reguladora, encontrar un reglamento que contemple, a partir de una misma ley, dos situaciones en forma discriminatoria; al menos, no sería muy razonable. Es decir, no podríamos otorgar algunos permisos a plazo y otros no, si se presentan en las mismas condiciones y amparados por la misma ley; tampoco podríamos bloquear las transferencias en un caso, y en otros no. Se están contemplando situaciones totalmente distintas en cuanto a las limitaciones y, por lo tanto, deben ampararse en leyes distintas.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Creo que la reflexión que acaba de hacer la ingeniera Fernández marca con mucha precisión la importancia de la ley. El Poder Ejecutivo puede tanto puede asignar una frecuencia como sacarla y, si quiere, la asigna por tal plazo. Pero aquí ya estaríamos frente a esa potestad enorme que tiene el Poder Ejecutivo sobre el tema y, naturalmente, no es el órgano regulador quien debe hacerlo. En este caso, el Poder Ejecutivo tendría que estar permanentemente haciendo uso de potestades mucho mayores, que posee. Por esta vía, articulamos un mecanismo mediante el cual el Poder Ejecutivo mantiene las mayores decisiones, pero a la vez permite operar desde el organismo regulador. Como ya dije, en términos estrictamente formales el Poder Ejecutivo hoy podría hacer prácticamente todas las cosas que figuran aquí, pero no parece sensato y no es lo mismo hacerlo desde el nivel del Poder Ejecutivo que desde el nivel del órgano regulador.

SEÑOR ANTIA.- Se han mencionado situaciones de hecho que hoy existen. Quería saber si se han tomado o no algunas medidas de sanción o de contralor de esas situaciones de hecho.

SEÑORA FERNANDEZ.- En todos los casos en los que ha habido interferencias y se pudieron  haber visto afectados aeropuertos o algún sistema de cables, siempre se actuó de una manera equitativa y no discriminatoria.

SEÑOR ANTIA.- Una vez que se sancione la ley, ¿se va a continuar con este tipo de controles tan rígidos?

SEÑORA FERNANDEZ.- Esa es la idea.

SEÑOR ANTIA.- Comparto el planteo que nuestros visitantes han realizado, en el sentido de que alguien tiene que ser el responsable. Este es un aspecto a corregir en la iniciativa, porque podemos correr el riesgo de que esta área se convierta en tierra de nadie y, por más que se corte la emisión, existe una responsabilidad social detrás de ello.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Con respecto al punto anteriormente planteado, quiero aclarar que esa situación de hecho es preexistente a la actual Administración y ha llevado a no querer lastimar cosas con normas que datan de muchos años. Por esa razón es que se ha actuado cuando ha existido interferencia, y no en otros casos en los que el órgano regulador no dispone de un mecanismo objetivo de diferenciación habilitante.  Como en la normativa legal no existe disposición alguna que diferencie si una emisora persigue o no fines de lucro, no se puede hacer una distinción de esa naturaleza; por el contrario, la ley habilita un control mucho más razonable en esta materia. Aquí de lo que se trata es de que cada uno esté en la cancha que le corresponda, sin perjuicio de los problemas de bordes y de algunas dificultades que se puedan presentar y que comparto, porque hacen a temas sobre los que hemos conversado en más de una oportunidad. Lo principal es que proceder de esta manera permitirá regularizar la situación, a todos los efectos, de aquella gente que desde hace muchos años viene llenando los “agujeros” de los que se hablaba anteriormente, que a veces son territoriales y otras veces conceptuales.

                Si los señores Senadores me permiten, quisiera agregar que algunos de los ajustes a introducir en la normativa ayudarán a abrir la puerta para modular el desarrollo del tema. Creo que si se logra que esto cuente con un respaldo unánime, constituirá una buena señal.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quiero formular una pregunta de precisión, justamente para esos temas de borde y, fundamentalmente, para esa expresión “sin fines de lucro”, que es lo más difícil, porque en algunos casos es vocacional -sobre todo cuando se trata de gente joven, de vecinos y vecinas, etcétera-, y en otros casos existe algún grado de remuneración para el tiempo. Dichas emisiones se basan en el aporte de los vecinos, de los socios y del grupo que los oye, en caso de que sean educativas.

                Concretamente, me gustaría saber cómo se evalúa la aplicación de una mejora técnica en la infraestructura de esa emisión, sin interferir en otras cuestiones. La pregunta concreta es, por ejemplo, si la inversión es en equipos, ¿estaría dentro de lo que excede el tema “sin fines de lucro”?

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Nuevamente, voy a señalar lo que creo que es el corazón del tema, más allá de que, como siempre, después están los efectos de borde y los temas límite. Todos sabemos que hoy, en el mundo, los principales medios de comunicación son potentes empresas que, muchas veces, incursionan en variados centros de actividad, donde el lucro constituye un factor muy importante. Cuando hablamos de lucro nos referimos a ganancias, inversiones en sectores ajenos, distribución de utilidades, en fin, cosas que ¡vaya si tienen mucha potencia! Uno podrá tener dudas en cuanto a los efectos de borde pero, claramente, nada de lo que estamos habilitando por esta norma puede llevar a situaciones como las que estoy señalando.

En cuanto a qué pasa en el caso de que, por ejemplo, alguien mejore la calidad de la emisora para poder llegar a no sé dónde, reitero que para algo estarán los decretos reglamentarios y el Consejo Asesor, controlando que las cosas se mantengan dentro de los parámetros establecidos, siendo el concepto clave, a mi juicio, que no existan fines de lucro. No escapa a ninguno de nosotros que en estos temas comunicacionales el país está discutiendo acerca de los potentes intereses económicos que en otras franjas se manejan. No tenemos nada en contra sino que, simplemente, procuramos habilitar una franja con otros criterios y reglamentación. Podremos tener alguna situación límite, pero no me cabe duda de que la ley otorga herramientas más que suficientes para que podamos contar con dos sectores, con reglas de juego muy diferentes.

SEÑOR ANTIA.- En más de una oportunidad el señor Subsecretario se refirió a la posibilidad de que pueda darse una situación límite. Consulto si el plazo de diez años no será excesivo, en tanto transitaremos por una nueva experiencia. Concretamente, ¿no será mejor empezar con menos años para luego ir ajustándolo? ¿No podríamos establecer un plazo de cinco años y luego adaptarlo en función de los resultados? Me parece que, de otro modo, podremos generar un problema, sobre todo al tratarse de una experiencia de prueba.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Naturalmente, estaremos a lo que el Parlamento resuelva.

SEÑOR ANTIA.- El costo ha bajado muchísimo.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Ese es uno de los datos. Tanto ha bajado el costo de los transmisores que casi todos tenemos uno en el bolsillo; será de opción limitada, pero llega tan lejos que, en definitiva, nos permite comunicarnos con el mundo. En ese sentido, no tengo dudas en cuanto a que nos encontramos en un área muy dinámica.

                Advierto que si hay algún punto que no respondo en particular es porque no lo he pensado. Cuando hablaba de ir evaluando, me refería a ir evaluando el peso relativo del sector en el conjunto, y si las normas legales y decretos reglamentarios lo articulan adecuadamente o es necesario introducir algunos ajustes, pero no al caso particular de cada emprendimiento. Entonces, mi reflexión en el sentido de “ir de a poco” tenía que ver con el volumen relativo del fenómeno en el conjunto de los temas comunicacionales. En ese caso, con algún ajuste como el que señalé, creo que la ley lo habilita y le pone un horizonte que iremos midiendo como país y no como empresa individual.

SEÑORA FERNANDEZ.- Independientemente de que se mantuviera el plazo de diez años, podría contemplarse la posibilidad de que exista una revisión a los cinco años.

De cualquier modo, el proyecto de ley prevé auditorías. Si hubiera un incumplimiento de los fines o de la programación, se podría revisar la autorización, de pronto, con el propio Consejo.

SEÑOR ANTIA.- Consulto si con los nuevos mecanismos de trasmisión que habrá a partir de esta iniciativa -radios digitales, etcétera- no se multiplicará tremendamente la cantidad de ondas. Planteo esto en razón de que vivo en Maldonado y la verdad es que allí no se puede escuchar radio, pues las ondas avanzan unas sobre las otras y, al final, luego de recorrer todo el dial, uno encuentra siempre la misma emisora; la realidad es que, habiendo un total de diez o doce señales, uno termina pudiendo sintonizar una sola.

SEÑORA FERNANDEZ.- Con relación al planteo que acaba de realizar el señor Senador, debemos decir que la URSEC ha firmado un convenio con la Facultad de Ingeniería y actualmente se está estudiando la normativa correspondiente a fin de evaluar, digamos, la posibilidad de bajar las relaciones de protección para conceder autorizaciones de nuevos canales -previendo, justamente, el caso de las radios comunitarias-, contemplando que no haya interferencias y que todo se haga en condiciones técnicas adecuadas, de manera de no afectar los canales vecinos. Reitero que ya se está llevando a cabo el estudio correspondiente en el caso analógico; obviamente, también se están analizando todas las potencialidades que tendrá la digitalización, y en este sentido hay que señalar que existen distintas formas de implementación: en algunos casos, la digitalización se puede hacer en la misma banda analógica, mientras que en otros se requiere la utilización de otra banda.

                El caso de la televisión digital es un poco distinto al de la radio digital, por lo que ya se están realizando los análisis correspondientes; pero siempre se trata de contemplar que no se dé una anarquía con relación al uso del espectro, ni que el que tenga la potencia más alta pase por arriba de los demás.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Dado que, naturalmente, uno también se formula la pregunta que ha realizado el señor Senador Antía, quisiera hacer algunos comentarios respecto a este punto.

                En todo caso, comienzo por plantear lo siguiente. Si bien es cierto que nadie puede estar seguro de cómo van las cosas, por lo menos consideremos que puede haber un cierto símil con lo que voy a decir. Si uno va a otro ámbito periodístico, como lo es, al fin y al cabo, la prensa escrita, y se para delante de un quiosco, puede preguntar: ¿cuántos periódicos y publicaciones en general hay en el país? Muchas veces contestamos esta pregunta pensando sólo en determinado tipo de diarios, pero hay muchos periódicos de otro tipo que también llenan espacios. Así, en el quiosco uno se puede encontrar con una revista que refiere a un club deportivo en particular -ya no al deporte, que también las hay, sino a un club deportivo-, con otras que escriben sobre temas de informática, etcétera. Por las dudas aclaro que estoy hablando de publicaciones nacionales, es decir, no me refiero a las de carácter internacional. Lo que trato de decir es que el volumen de publicaciones es enorme y uno selecciona. El tema es que en las publicaciones no está presente la limitación técnica que llevó a las normas que hoy existen, y por eso es que no nos hacemos problema. En lo que respecta a la existencia de muchos medios, la dificultad que se plantea es si el medio encuentra el espacio que le permita continuar editando. No tendría sentido, salvo por razones técnicas, establecer otra limitación que no fuera la técnica, además de las de tipo general que, por supuesto, tiene cualquier otra actividad; por lo menos, no veo qué normativa de la Constitución nos habilitaría a hacerlo.  

                Quisiera expresar una reflexión, basada en una experiencia que viví y que me resultó muy impactante. Hace pocos meses estuve de visita en la casa de un compatriota que actualmente vive en el país del norte. Cuando él encendió el televisor comencé a asombrarme por los números, pues había más de ochocientos canales, lo que lo obligó a explicarme que, en realidad, los canales a partir del cien y hasta el ciento treinta y pico eran de tal cosa, que los que iban del ciento treinta y pico al doscientos y tantos eran de tal otra, etcétera.  Naturalmente, la primera vez que uno ve eso queda sorprendido, porque ni siquiera hay posibilidad de hacer “zapping”, y lo cierto es que quedamos con la impresión de que estamos ante un movimiento absolutamente imparable. Entre esos canales había algunos de ascendencia de tal o cual lugar, otros culturales del más diverso tipo, otros históricos,  otros de aviación y no sé cuántos más, pero, naturalmente, para seguir las noticias había cuatro de los que uno ya conocía tres. Por tanto, siempre va a estar el tema de los medios potentes y de los menos potentes; creo que es un error creer que el medio menos potente convierte en inviable al más potente. Por otra parte, ¿quién decide? Ahí surge otro problema.

                Miremos, por ejemplo, Internet. Todos tenemos alguna página a la que entramos, pero existe un universo enorme que ni conocemos; por algo surgieron los buscadores. Tal vez algún día haya buscadores para las radioemisoras; no lo sé. Pretender que el mundo no va en esa dirección no tiene sentido lógico; me parece preferible tratar de administrar el fenómeno e ir procesándolo. Por eso digo que uno tiene la sensación de que esta ley abre una puerta -así como estamos abriendo otras en el mundo de la comunicación- a otras áreas, y nos parece que eso es muy positivo.

SEÑOR HEBER.- En relación con el Consejo Honorario Asesor se dice que estará integrado, entre otros, por un representante de la Asamblea General, que supongo será de la oposición, para que podamos ejercer control.

                (Hilaridad)

De todos modos, aclaro que es un comentario y no una pregunta.

                Cuando los Diputados estaban estudiando este proyecto de ley, mencionaron que la ley -no lo he encontrado en su articulado- también habilitaba a los canales de televisión y no sólo a las radios. Quisiera saber si eso es así y si es tan amplia como para poder tener un canal de televisión comunitario.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Aquí hay dos cosas distintas.  Puedo decir que en todo lo que refiere a la jurisprudencia y a la historia legislativa en el país, la redacción de la ley es amplia. Por supuesto que se refiere a la televisión abierta y nada tiene que ver con los canales cables, pues eso es otra cosa.  Creo que ahí juega un fenómeno al que hacía referencia el señor Senador Antía, que tiene que ver con los costos. Conozco algún país donde se han realizado experiencias de ese tipo con la televisión, pero estaríamos hablando de costos y situaciones que no son las que se dan acá. De todos modos, si por ejemplo mañana un grupo de estudiantes de ingeniería y de medios de comunicación se reúnen y encuentran la forma de hacerlo, no veo por qué debemos prohibirlo, siempre y cuando tenga las características que establece la ley, esto es, que sea sin fines de lucro, acotado, etcétera. Además, la ley no lo prohíbe    -no es el tema de hoy-; por tanto, no digamos que la ley va en esa dirección, porque sería una especie de caricatura.

SEÑOR ANTIA.- No tengo experiencia en este tema, pero observo que la única sanción que puede haber es el uso de frecuencia. Insisto en que no he visto ningún otro tipo sanción prevista en la Reglamentación. Planteo esta duda porque, por ejemplo,  por intermedio de una frecuencia comunitaria de la que nadie se haga responsable, a alguien se le puede ocurrir atacar a una persona en especial, entrometiéndose con su familia  o su moral; en ese caso, ¿quién es el responsable? ¿Cómo se reclaman los daños y perjuicios que pueda ocasionar esta acción? Reitero que no veo en ningún lugar que estén previstas posibles sanciones limitando el abuso que pueda existir. Realmente este tipo de sucesos son muy difíciles de resarcir, porque la persona afectada podría llegar al extremo de hasta tener que mudarse de barrio si una radio comunitaria lo “prende fuego”.

SEÑORA PRESIDENTA.- Con respecto a este tema voy a plantear lo mismo que ya manifesté en ocasión de recibir a los representantes de ANDEBU. Hay algunos dueños de medios -especialmente en el interior- que actúan de esa manera, y tal como se lo hemos dicho, tanto a la APU como a vecinos que se han quejado, hay que realizar la denuncia penal. Para que haya alguien que se haga responsable, es muy importante que exista una reglamentación al respecto.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Quiero señalar que el Servicio Jurídico presentó un dictamen con respecto al proyecto de ley tal como está redactado, en el que establece que no hay nada en esta iniciativa que haga que dejen de estar vigentes las normas que en ese sentido corresponden a toda la radiodifusión, lo que no obsta que si se quiere poner en forma expresa se actúe en consecuencia porque, a lo sumo, será redundante. Obsérvese que en el tercer inciso del artículo 20 se establece: “Durante el período de realización del censo” -que es un período inicial que dura unos meses- “no serán de aplicación las infracciones previstas en el Decreto-Ley Nº 14.670, de 23 de junio de 1977, ni las sanciones establecidas”…, etcétera. “Contrario sensu”, obviamente, fuera del período en el cual se lleva a cabo el censo, todo está vigente. Lo que se está estableciendo es un período transitorio de arranque y, en lo personal, me parece que esta redacción no deja dudas. De todas maneras, insisto en que no hay ningún inconveniente -si es que alguien tiene dudas- en que se establezca expresamente en el texto, pero nuestra interpretación es que el Legislador no pretendió que no quedaran vigentes las normas; por el contrario, lo están. Esto es en lo que hace a los aspectos administrativos.

En lo que tiene que ver con la referencia que hace el señor Senador en cuanto a la posibilidad de que existan agravios o que se incurra en responsabilidad con terceros, descarto que son de aplicación las normas generales que rigen -sea por una vía o por otra- ante cualquier lesión frente a la cual alguien sienta que tiene derecho a su reparación.

SEÑOR ANTIA.- Mi pregunta apuntaba a tratar de corregir al literal B) del artículo 13 que establece: “B) Aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro y cuyas propuestas de comunicación, en opinión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, tengan carácter local y resulten compatibles con la finalidad del servicio de radiodifusión comunitaria”. Creo que este literal plantea algo divagante y que puede traer como consecuencia una falta de responsabilidad total. Hay que precisar  que haya un responsable. En dicho artículo aparece actuando el Ministerio de Educación y Cultura pero, a mi juicio, creo que esto hay que corregirlo.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Compartimos lo que ha expresado el señor Senador y la respuesta que dimos fue en función de que tomamos por válido que lo que habíamos sugerido como ajuste, sea por la vía individual o institucional, se debía resolver. En nuestra opinión, tiene que haber un responsable.

SEÑORA PRESIDENTA.- Les agradecemos muchísimo los aportes que nos han brindado, que van a permitir mejorar este proyecto de ley. Los elementos expuestos han sido bien interesantes y constituyen una herramienta para poder regular un tema que hoy día está un poco desordenado y necesita una reglamentación.

                No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

                (Es la hora 15 y 25 minutos).

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.