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Carátula

SEÑOR PRESIDENTE.-  Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 10 y 21 minutos.)

-Dese cuenta de un asunto entrado.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO.- “La Asociación Nacional de Afectados por Intereses de Usura en el Uruguay remite una nota en la que relata la situación del ciudadano Luis Enrique Hiriart Santana.”

(Texto de la nota presentada:)

 

 

“Montevideo, 06/09/06

 

Kedal S.A.

De nuestra consideración:

                               Comunicamos a Uds. que esta Asociación -con fecha 04.09.06- ha verificado que con fecha 10.12.05 esa financiera ha cobrado al ciudadano LUIS ENRIQUE HIRIART  SANTANA, C.I. 3.489.730-0, tel. 321 15 46, multas y recargos de 82.400 % efectivo anual, cuando la legislación vigente no permite superar 69 %, violándose, en consecuencia, el Art. 52 de la Constitución que prohíbe la Usura.-

                               Obviamente, este hecho o bien se trata de un error que perjudica al citado consumidor o, por el contrario, resulta de una política adoptada por la empresa en forma generalizada. Si se trata de la primera hipótesis rogamos a Uds. realicen los ajustes contables correspondientes para enmendar el error, y resarcir del daño al consumidor. En caso de tratarse, como en principio entendemos, de una política empresarial empleada en forma generalizada ante la población que acude a Uds. para solicitar un crédito, solicitamos nos remitan a la brevedad posible, certificado autenticado del organismo de control que les ampara para proceder de dicha forma.-

                               Agradeciendo su deferencia, saludamos muy atentamente.-

                                                                                              Por AFINDU

                                                                              Cr. José Aneiros Bastos

                                                                                              Presidente”


                - Pasamos a considerar los asuntos que figuran en 4º y 5º término del orden del día.

SEÑOR ALFIE.- A menos que queramos esperar que venga algún Representante del Partido Nacional, diría que podríamos comenzar por el punto que figura en 5º término del orden del día, pues me parece que podríamos considerarlo en forma más rápida. Por su parte, quizás habría que dar una lectura más profunda al numeral 4º pues se trata de un proyecto que contiene varios artículos.  

En cuanto al 5º punto, me gustaría preguntar cuáles son los vehículos de pasajeros de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea que son afectados a la seguridad pública.

El artículo 22 de la Ley Nº 17.453 expresa: “Las personas físicas o jurídicas que gocen de exoneración tributaria de cualquier tipo para la importación de vehículos de pasajeros, serán sujetos pasivos por la primera enajenación que realicen de los referidos bienes, de los Impuestos al Valor Agregado y Específico Interno, determinando el monto imponible…” y seguidamente se establecen excepciones. ¿Por qué se redactó este artículo de esa manera? Todos sabemos cómo era el tema de los vehículos. En su momento lo que se hizo fue que en lugar de gravarlo cuando ingresaba, se lo gravaba cuando se producía la enajenación y se exceptuó, obviamente, a los vehículos del Ministerio del Interior -que son los patrulleros que están en la calle- los comprendidos en el artículo 5º y 69 de la Constitución -que son los de los religiosos y de los organismos de enseñanza- los beneficiarios de las exoneraciones establecidas en la Ley Nº 13.102, de 1962 -que no sé quiénes son- y los de los diplomáticos extranjeros.

Justamente, para evitar el tema de que los Mercedes Benz no tuvieran impuestos -que eran los autos que tenía todo el Uruguay- así como las grandes camionetas, se piensa aprobar esta norma. En su momento, todo esto fue bastante pensado y discutido. Recuerdo haber estado atrás de este tema durante mucho tiempo, pero no recuerdo que la Armada Nacional ni la Fuerza Aérea tuvieran vehículos de pasajeros afectados a la seguridad interna o pública; sí tienen vehículos de otro tipo.

Entonces, antes de expresar mi opinión afirmativa o negativa sobre este punto, me gustaría conocer en realidad cuáles son y en qué circunstancias están.  

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, las dos propuestas son que hagamos una consulta vía escrita o telefónica o que concurra algún representante del Ministerio del Interior.

SEÑOR ALFIE.- Podría ser telefónicamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muy bien.

                El cuarto punto del orden del día se refiere al “Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el que se exonera de toda clase de timbres judiciales y profesionales, a los  juicios tramitados por consultorios jurídicos gratuitos que atienden poblaciones carenciadas en todo el territorio de la República” y  no lo leemos, porque es claro.

                Por lo tanto, incluimos como primer punto del orden del día del próximo jueves el proyecto de las personas físicas, con las consultas recibidas; luego el referido a los juicios tramitados por consultorios jurídicos y posteriormente continuamos con  el proyecto de Usura. Pensamos que dos de los proyectos los podemos resolver rápidamente.

SEÑOR MICHELINI.-  Quisiera saber si hay observaciones sobre el proyecto que figura en el cuarto punto del orden del día.

SEÑOR ALFIE.-  Se trata de un tema algo extenso, por lo que habría que estudiarlo un poco más, a menos que lo queramos leer ahora. En principio, no parece un mal proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Dado que acaba de ingresar a Sala el señor Senador Heber, lo vamos a poner al día sobre lo que estábamos hablando -no quisimos adoptar ninguna resolución, porque no había ningún Representante del Partido Nacional-: como primer punto del orden del día fijamos para la próxima sesión el asunto que figura en el quinto lugar, dado que el señor Senador Alfie ha solicitado que se haga una consulta al Ministerio del Interior para saber cuáles son los vehículos.

SEÑOR ALFIE.-  Me refiero al Ministerio de Defensa Nacional, porque el Ministerio del Interior ya tiene esa exoneración.

 SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, se haría la consulta a la Fuerza Aérea para ver cuáles son los requerimientos que tengan en materia de vehículos.

                Luego, incluiríamos como segundo punto del orden del día el asunto que figura en el cuarto lugar, dado que el señor Senador Alfie expresó que era un tema muy extenso y que requería, por lo menos, algunos días más para estudiarlo.

                Por último, en el día de hoy comenzaremos con el  proyecto de ley de Usura, tratando  de avanzar lo más que se pueda.  La semana que viene,  después de analizar los dos proyectos de ley que quedaron pendientes y que pensamos que se resolverán rápidamente,  seguiríamos con el proyecto de ley de Usura tratando de terminar con su consideración.

SEÑOR RUBIO.- Creo que deberíamos realizar un mayor esfuerzo en el sentido de terminar con la consideración del proyecto de ley de Usura. Digo esto, porque su tratamiento ha insumido mucho tiempo y si a esta altura y habiendo hecho tantas consultas no logramos sacarlo adelante, este año no lo podremos remitir a la Cámara de Representantes.

                Desde mi punto de vista, los últimos aportes que hizo el grupo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el tema de las cooperativas han logrado encontrar un punto de equilibrio. Este asunto era uno de los más complejos y creo que, realmente, se llegó a una versión del proyecto satisfactoria.

SEÑOR HEBER.- Simplemente quisiera que ordenáramos un poco el trabajo. Digo esto, porque nos han dado tantos repartidos que, sinceramente, no sé cuál es el último. Quisiera saber si el último es el de fecha 30 de agosto.

SEÑOR SECRETARIO.- El repartido tiene fecha del 9 de agosto y el documento con el comparativo tiene fecha 30 de agosto.

SEÑOR RUBIO.- Si comparamos esta iniciativa con las versiones anteriores tiene pocas modificaciones. Básicamente, las diferencias están planteadas en el artículo 8º y 8º bis, que es un trabajo complementario que realizó el señor Senador Antía junto con el equipo que está trabajando en este tema y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Esta disposición refiere a los intereses Usurarios, aportes de capital y cuotas sociales de las cooperativas. Lo que se agrega es el establecimiento de algunos límites porque, incluso en nuestra Legislación, muchas veces queda confuso qué es el aporte social o de patrimonio, qué son las cuotas por servicios distintos a los financieros y qué es atribuible al encarecimiento de los intereses de los créditos otorgados. Se logró una versión que me parece que está bastante ajustada. Si los señores Senadores están de acuerdo, se le podría dar lectura al artículo 8º  para ver cómo queda.

Por otro lado, se agrega un artículo 8º Bis que dice lo siguiente: “Artículo 8º (Bis).- (Información al fiador). Cualquier incumplimiento del deudor deberá ser comunicado en forma fehaciente al fiador, si lo hubiese, dentro del plazo de 60 días de verificado el mismo.”, etcétera. Como todos sabemos, esto es algo altamente conveniente, porque el fiador ignora que está la situación planteada y deja correr los plazos.

SEÑOR MICHELINI.-  Señor Presidente: podemos saber  qué artículos tienen observaciones.

SEÑOR ALFIE.- En realidad, querría tratarlos de a uno, porque si bien algunas observaciones tienen un carácter muy menor, otras hay que discutirlas.

Al final del único inciso del artículo 8º bis -que ya mencionamos- se dice: “Si la comunicación se realiza después de transcurridos 15 días del plazo establecido” -o sea a los 60 días de verificado- “no podrá reclamarse al fiador más que el capital adeudado.” Esto está mal; en realidad, habría que establecer que los intereses empezarán a correr a partir del día de la notificación porque, de lo contrario, si el fiador sabe que pasaron más de 15 días, quién sabe cuándo pagará el capital. Quizá, como dice el señor Senador Rubio, podría aparecer tres años después.

SEÑOR HEBER.- Personalmente, traje ese caso acá, que es el de la persona que no está notificada.

SEÑOR ALFIE.- Me parece bien que se haya notificado a la persona y que los intereses empiecen a correr desde el momento en que se realiza la comunicación.

SEÑOR HEBER.- Quizás esté mal redactado, pero el objetivo es claro: que no se la engañe.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Vamos a analizar artículo por artículo.

                En consideración el artículo 1º.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: quisiera referirme a los artículos 1º y 2º en conjunto.

                Creo que hay dos aspectos que van a complicar demasiado la temática y no me parece que sean relevantes. Uno de ellos es el crédito que se da entre empresas. A mi juicio, en el artículo 2º hay que eliminar de la Usura los créditos entre empresas en transacciones comerciales como, por ejemplo, cuando un mayorista le vende a un minorista a 90 días.

                El artículo 2º tiene que ver con las operaciones no comprendidas entre instituciones de intermediación financiera, con las que realiza el Banco Central del Uruguay cuando emite títulos o con las que realiza con instituciones de intermediación financiera y con las emisiones de deuda pública del Gobierno.

                En todo caso, si se quiere -lo planteo por algún comentario que escuché de un representante del Poder Ejecutivo- se podría decir que la Reglamentación podrá incluir algunas operaciones entre empresas, por el tema de las asimetrías entre ellas. De cualquier modo, insisto en la eliminación de esto.

 

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica)

 

                - De la misma manera, pienso que en las operaciones comprendidas en el artículo 1º debe incluirse a todas las empresas o personas físicas -estoy de acuerdo con que haya personas físicas que presten- pero el pequeño comercio que da el “crédito de la casa” no va a tener ni idea de esto y es probable que lo podamos meter en un gran lío. Creo, sinceramente, que el “crédito de la casa” debería estar excluido. Obviamente, si uno lo disfraza y hace pasar  el crédito de una entidad financiera de uso habitual de esa casa como “crédito de la casa”, esa realidad siempre va a ir para atrás. Estos son los dos casos que me parece deberían contemplarse: el crédito de la casa y las operaciones entre empresas.

                A mi criterio, el pequeño comercio no entiende esto y ni siquiera está capacitado para calcular esta fórmula. Es más, para ser claros, debemos señalar que hubo un error por parte del Poder Ejecutivo cuando envió la fórmula; entonces, imaginen lo que puede ser un pequeño comercio tratando de entender esta fórmula financiera.

                En resumen, me parece que el crédito directo del comercio debería estar excluido o regido por un tope diferente -algo que no opere en la práctica- al igual que las operaciones entre empresas. Si lo creen conveniente, en ambos casos se podría decir que el Poder Ejecutivo podrá establecer determinada reglamentación o incluir ciertas cosas; esa sería una posibilidad.

En líneas generales -reitero- estas son las dos situaciones más complicadas de la ley que ponen muchas trabas o generan complicaciones a gente que, en realidad, ni siquiera se da cuenta de que puede caer en la Usura,  directamente no lo piensa.

SEÑOR RUBIO.- Creo que va a surgir alguna acción por parte del Banco Central o del Área Defensa del Consumidor. Esto no va a funcionar sin una campaña informativa porque, en realidad, introduce una novedad en el mercado, que estaba acostumbrado a operar liberalmente, pero que se puede socializar en forma rápida.

                En realidad, los comercios que realizan este tipo de operaciones inmediatamente conocen los límites de trazo grueso a través de sus agrupamientos y demás y no creo que esto vaya a generar muchas complicaciones en caso de que ocurra esta acción que mencioné, que seguramente se va a producir porque, de lo contrario, es imposible adaptarse al cambio de reglas de juego.

                Desde ese punto de vista, preferiría dejar el texto como está. Ya tenemos experiencia sobre pequeñas cosas que no fueron cubiertas y luego se convirtieron en gigantescas operaciones financieras. Entiendo la inquietud, pero me parece que el camino de la información va a salvar la situación.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera saber si cuando hablamos del “crédito de la casa” nos estamos refiriendo a la libreta.

SEÑOR ALFIE.- Una de las modalidades sería la de la libreta y otra sería el crédito de la casa, modalidad que se aplica mucho en el interior y no tanto en Montevideo. En estos comercios tienen un sistema de crédito propio, que no es una cuenta corriente, porque se aplica un recargo y se fijan precios diferentes entre la venta al contado y la venta a crédito. Esto no es tan común en Montevideo porque, en general, se opera con tarjetas de crédito y casi ninguna casa tiene crédito propio, salvo en algún barrio.

SEÑOR MICHELINI.- Nuestra preocupación con relación a lo expuesto por el señor Senador Alfie es que no estemos generando un crédito de la casa encubierto. Para evitarlo, se podría redactar un artículo -que podríamos llamar artículo 2º bis- que establezca que la reglamentación podrá determinar en qué circunstancias se aplica la norma, dejando afuera aquellas situaciones que se dan sobre todo en el interior cuando, por ejemplo, una persona pone un pequeño  comercio y tiene poco conocimiento de la ley. Obviamente, el hecho de que no se conozca la normativa, no es excusa válida, pero la persona puede quedar, digamos, presa de alguien que le haga una mala jugada. Si el espíritu es aprobar este proyecto de ley en la mañana de hoy, podríamos votar los artículos 1º, 2º y 2º bis y en los próximos días se podría redactar un artículo 3º para acercarlo a la Mesa y considerarlo el jueves próximo en el ámbito de esta Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Me gustaría saber si cuando se habla de las empresas que trabajan con crédito de la casa se está incluyendo a aquellas modalidades como la que utiliza, por ejemplo, Carlos Gutiérrez, que es una casa muy importante. Quisiera que se me aclarara si estos casos estarían excluidos, porque Carlos Gutiérrez es casi una financiera.

SEÑOR MICHELINI.- Obviamente, creo que más adelante se tendrá que aclarar que esta norma está referida a comercios que manejan determinados montos, pero habrá que analizarlo con más detenimiento y, además, remitir estos aspectos a la reglamentación, que es la que permitirá que estén exentos aquellos comercios que utilizan el crédito de la casa, pero que por su volumen de facturación no se los incluye dentro de la normativa. Aunque el proyecto de ley se aprobara en el día de hoy, creo que no podremos definir todos estos aspectos; tal vez,  más adelante podremos acercar algún artículo adicional.

                Hay otro aspecto que quizá no logré entender, porque no me queda claro si estamos hablando de dos firmas comerciales que tienen una relación societaria -aunque sean diferentes- si nos referimos a bienes o a la relación de una institución financiera -en todas las formas existentes- con un comercio o una industria. Planteo esto, porque también se establecen límites por montos.

SEÑOR ALFIE.- En este caso, estamos hablando de todo lo que se define como empresa. Si no me equivoco, la única definición de empresa que hay es la que consta en el Texto Ordenado, que determina que son aquellos que tienen habitualidad en determinado comercio, servicio, profesión o industria. Es decir, se trata de dos personas físicas o jurídicas que hagan operaciones comerciales en forma habitual. Por ejemplo, es el caso de alguien que  vende zapatos y el fabricante que se los provee o quien le facilita el crédito para financiar la producción o la venta. Me parece que esta actividad entre empresas debe quedar fuera de la normativa, pero no el crédito que otorga un Banco o una institución financiera, por medio de tarjetas de crédito o de préstamos en efectivo, a los particulares. Creo que este es el nudo de la norma y no gravar las operaciones entre las empresas. Digo esto porque, de las transacciones que se dan en el mercado, ¿quién de todos nosotros ha escuchado recurrentemente hablar de problemas por intereses entre dos empresas? Habitualmente, eso no sucede, porque siempre se llega a un arreglo.

                Esa es la preocupación que advierto, porque se puede trabar a dos empresas que nunca tuvieron un problema o que lo han arreglado como habitualmente hacen entre ellas. Entonces, luego se entra a jugar por artilugios legales para subsanar todos esos líos que, en definitiva, traban mucho más los temas de lo que realmente los solucionan en determinado momento.

SEÑOR MICHELINI.- Estoy tratando de entender el problema

(Dialogados)

SEÑOR NICOLINI.- Creo que el concepto de Usura se da cuando se produce un determinado costo del dinero. Bajo este concepto, un comercio pequeño que esté dando su producto a cuenta y esté ejerciendo una Usura con quien le esté prestando, se encuentra en las mismas condiciones que en cualquier otro caso.

                Como decía el señor Senador Rubio, pienso que debe haber una campaña de difusión clara en donde se establezca una tasa o un porcentaje a aplicar a ese dinero. Sin embargo, no comparto el criterio bajo el cual se pueda excluir a algún tipo de comercio, por ejemplo, por su tamaño. En el caso de las empresas ocurre exactamente lo mismo. Pienso que el concepto a aplicarse debe ser igual para todos.

SEÑOR RUBIO.- Incluso, en el final del artículo 7º se dejan márgenes mayores en materia de tasas, si bien ello depende de los montos, pero está pensado, más que nada, en relación con empresas. Estamos hablando de un 90% por encima de tasas promedio más todas las excepciones que no se computan, como el IVA, seguro y demás. En realidad, esto tiene márgenes muy amplios.

SEÑOR MICHELINI.- Quizás todos tienen claro el tema, pero en lo personal estoy tratando de entenderlo, porque quiero que esto sea fluido.

                Quiero saber si estamos hablando de un Banco que le presta dinero a una fábrica de zapatos o de una fábrica de zapatos que presta a un local que los vende.

SEÑOR ALFIE.- No, señor Senador, en este caso le vende zapatos.

SEÑOR MICHELINI.- Correcto. Acaso esto también podría referirse a que como la otra parte no se los paga o le hace firmar conformes, si esa zapatería cierra entonces se le presenta con los conformes. Hago esta consulta, porque una cosa es la actividad comercial permanente, en donde la ganancia de quien vende zapatos a un comerciante es el precio que obtiene de la venta correspondiente.

                Ahora bien, quisiera saber qué sucede si se firman documentos, pero posteriormente la zapatería cierra y se termina la relación comercial.

SEÑOR ALFIE.- Eso es aparte.

SEÑOR MICHELINI.- Hago la pregunta por si excluimos todas las relaciones comerciales. Debe tenerse en  cuenta que éstas pueden ser, no diría infinitas, pero sí tener diferentes aspectos, algunos directamente comerciales -que no estén vinculados con préstamos de dinero- otros relacionados con préstamos de dinero y, por tanto, cobren un  interés de tal o cual manera. Incluso, esto puede haber sido pactado de antemano por empresas que tienen una relación comercial, acordando que el préstamo sea de tal manera, pero que no se puede salir de dicha relación comercial.

SEÑOR ALFIE.- Todos sabemos que estas tasas de interés no son lineales, sino que son exponenciales y al serlo, su cálculo ya no es trivial, porque no es un 1%, 2% o 3% mensual o dos o tres meses. Como comienza a multiplicarse su cálculo, reitero, no es trivial y eso complica mucho la operativa para quienes no son profesionales en este negocio o para quienes no entienden esta historia. 

                Por otro lado, todos sabemos que entre las empresas se puede poner más de un precio. En realidad, siempre hay más de un precio: contado, financiado o se dice que el precio es tal, pero que se hace un descuento. 

                El temor que tengo es que siempre están los que enrarecen las cosas. Por ejemplo, puede ocurrir que un comerciante le diga al comprador que le vende equis cantidad de camisetas a 90 días a determinado precio -ese monto ya tiene todo incluido y nadie sabe cuánto hay de recargo, de interés, etcétera- pero si lo paga contado  le hace un 10% o un 15% de descuento. ¿Qué puede suceder? Si el comprador no actúa de buena fe o en algún momento tiene alguna dificultad, quizás ese porcentaje de descuento que no tiene por qué estar documentado y que lo puede probar simplemente con una boleta contado con determinada fecha y la otra a 90 días con dos días de diferencia o algo similar, lo puede utilizar para pedirle al vendedor que haga tal cosa o le solucione determinado asunto porque, de lo contrario, lo puede hacer ir preso por Usura. Aunque sé que no es la norma,  esas  cosas pueden enturbiar el sistema. Cuando comienzan a verse ese tipo de casos empiezan los problemas, porque del otro lado nadie tiene una seguridad del cien por ciento. Esto es lo que yo creo, según mi leal saber y entender. Si yo tuviera la obligación de aprobar  un proyecto de Usura, hay aspectos que trataría que no salgan, justamente para evitar que las cosas se enturbien. Luego se presentan los problemas y muchas veces nadie sabe ni de lo que habla. Es así que los temas se comienzan a complicar, la gente pone precios para cubrirse, se restringen las transacciones comerciales, etcétera. Estas son cosas que no se pueden valuar, porque se desconoce cuál es el daño y cómo sería la situación sin esa norma. Entonces, no se puede decir que después no pasa nada; sí pasa, pero prácticamente es imposible cuantificarlo.

                Esa es la preocupación que tengo con respecto a este aspecto.

SEÑOR COURIEL.-  Aclaro que voy a razonar en voz alta. En realidad la ley es para defender a los consumidores, a los compradores. Pero lo que plantea el señor Senador Alfie refiere a  un comprador que afecta al vendedor, entonces es un ejemplo extraño, porque es distinto a lo que estamos intentando resolver.  Reitero que simplemente estoy pensando y razonando en voz alta; no estoy dando una opinión.

SEÑOR RUBIO.-   Entiendo la preocupación que tiene el señor Senador Alfie, pero en realidad acá se están fijando grandes parámetros y luego va a haber una práctica social que supone un involucramiento en la situación, el conocimiento, la difusión de la información. Puede haber casos límite que en todo caso se podrán regular a través de la reglamentación.

                Debemos fijar  grandes parámetros, porque la experiencia indica que cuando no se establecen y comienza a haber excepciones por un lado y por otro, éstas se convierten luego en la norma. Esto ocurre, porque el mercado busca esos vericuetos y se dan los grandes fenómenos sociales que son los que tratamos de abordar ahora, porque aquellos a los que queremos proteger están realmente muy dañados. 

SEÑOR ALFIE.- Los fenómenos sociales de los cuales se tiene noticia, nunca están referidos a las situaciones que estoy planteando. A ninguna de las dos: ni al crédito otorgado por una casa ni a las operaciones de las empresas.

SEÑOR RUBIO.- Sin embargo, con relación al crédito de la casa, puedo decir que en mi época de Diputado recibí una importante cantidad de ejemplos de aplicación de tasas que eran realmente un disparate.

SEÑOR COURIEL.- Conocemos casos en los que las tasas eran del 1.000%.

SEÑOR RUBIO.- Efectivamente, con relación al crédito de la casa.

                Quiere decir que hay de todo. Ahora bien, podemos dejar una llave para que la reglamentación se ocupe de aquellos que están en el límite de la formalidad, pero es obvio que no lo podemos prever desde el punto de vista legal.

SEÑOR ALFIE.- Pero así como está, está cerrado.

SEÑOR MICHELINI.- Me parece que podríamos seguir avanzando en la consideración de los otros artículos y, mientras tanto, el señor Senador Alfie podría redactar su propuesta, a los efectos de que pudiéramos estudiarla con más tranquilidad.

                Con relación al tema de los créditos de la casa, pienso que podríamos elaborar un artículo para su reglamentación, estableciendo para el comercio un monto acotado.

                Por otro lado, está bien que estemos dando garantías al que compra o accede al crédito, naturalmente, para acotar todos los vericuetos que debe tener en cuenta el que lo otorga. Ahora bien, si nosotros equivocamos la norma, lo que vamos a lograr es restringir el crédito, pero ese no es el objetivo, por el contrario, lo que se busca es que el crédito sea fluido.

                En consecuencia, me gustaría ver un texto para analizar, por ejemplo, aquellos casos en los que una empresa, que tiene su lista de precios en condiciones perfectas, que en algún momento tiene necesidades bancarias y hace una liquidación de determinados aspectos y ver si eso configura una  prueba de que está cometiendo Usura. Muchas veces ocurre que alguien hace las liquidaciones, porque ese día no llega al Banco y prefiere liquidar la mercadería y cubrir el Banco antes que pedirle dinero. En ese caso, esa persona puede haber vendido perdiendo dinero, pero hubiera perdido más si tenía que solicitar un crédito al Banco.

De todos modos, estas casuísticas tendrían que ser analizadas con un texto y, si es necesario, hacer las consultas que correspondan. Además, deberían ser contempladas en artículos separados.

                Pero insisto en lo que dije antes, tendríamos que seguir avanzando en la consideración del articulado.

SEÑOR ALFIE.- Desde ya adelanto que, a ese respecto, voy a redactar mi propuesta en un texto que contemple ambos casos, aunque sea dejando determinados aspectos para la reglamentación.

SEÑOR HEBER.- Simplemente, quiero dejar constancia de que las consideraciones de carácter general sobre el proyecto las vamos a plantear en Sala. Esto que estamos haciendo ahora es producto de que estamos analizando el articulado, pero tenemos objeciones de carácter general que las vamos a plantear oportunamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo 3º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO.- “Artículo 3º.- (Tipos de interés). Sólo se podrán aplicar intereses compensatorios o de mora, los cuales deberán ser pactados en términos claros y precisos en los correspondientes documentos de adeudo.

El interés de mora sólo se aplicará a las operaciones de créditos vencidas e impagas, durante el período en que se hayan producido los atrasos, toda vez que el deudor haya incurrido en mora.

En las operaciones de crédito pagaderas en cuotas, los intereses de mora sólo podrán aplicarse sobre el monto de las cuotas vencidas e impagas y no sobre el saldo de deuda total, aun cuando éste fuera exigible.”

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

                -7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

                Léase el artículo 4º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO.- Artículo 4º.- “(Expresión y aplicación de las tasas de interés). Las tasas de interés fijas deberán expresarse en términos efectivos anuales, en porcentaje y con dos decimales. Para su aplicación se utilizará la tasa efectiva equivalente al período de financiación que corresponda. Cuando el pago de las operaciones asimiladas, se realice periódicamente, la tasa efectiva anual se calculará analizando las tasas establecidas para el período de referencia de acuerdo a lo determinado en el Anexo Metodológico que integra esta ley.

                A los efectos del cálculo de la tasa efectiva anual, los años se considerarán de 365 (trescientos sesenta y cinco) días”.

SEÑOR ALFIE.- Es una norma muy compleja.

SEÑOR HEBER.- Como lo que establece esta norma no me queda claro, pediría que algún señor Senador me la explicara.

SEÑOR ALFIE.- Puedo explicar el primer inciso de este artículo, pero sobre el segundo, tengo algunas dudas, porque los representantes del Poder Ejecutivo nunca me las pudieron despejar.

                El primer inciso de esta disposición establece: “Las tasas de interés fijas deberán expresarse en términos efectivos anuales, en porcentaje y con dos decimales”. Esto está muy bien, porque es una fórmula de cálculo. Ahora bien, en ningún lugar se dice que las tasas tienen que estar incluidas en el documento. A mi juicio, esto es así ex profeso, porque considero que establecer que los comercios deban poner la tasa efectiva en un documento, sería un exceso, en virtud de que hoy en día existe una reglamentación que determina quiénes son los que deben proceder en este sentido.

                Luego se dice: “Para su aplicación se utilizará la tasa efectiva equivalente al período de financiación que corresponda”. Las tasas son anuales. Por ejemplo, el 60% anual representa, en términos mensuales, un 4%. Esto es así en función de la trivialidad de la exponencialidad del cálculo.

SEÑOR COURIEL.- Es así por el acumulativo anual.

SEÑOR ALFIE.- Es un logaritmo.

                Entonces, como decía, lo que se debe aplicar es un 4% mensual. Esto es lo que dice la norma y está correcto.

                A continuación, el artículo refiere a operaciones periódicas que tienen que ver con pagos mensuales, bimestrales, trimestrales o semestrales, lo cual significa que el año se toma dividido en esos períodos. O sea que no se toma un año de 365 días -que son más de doce meses de treinta días- sino doce períodos, cuatro períodos cuando son trimestrales o dos períodos cuando son semestrales. Esto, de acuerdo con el Anexo Metodológico, está bien.

                El último inciso de este artículo es el que sigo sin entender. A mi juicio, aquí habría que establecer que esto será de aplicación para los intereses de mora o cuando se trate de un solo pago porque, en realidad, todo lo demás tiene una periodicidad. De lo contrario, esto queda en contraposición con lo anterior. Es decir que esto se aplica cuando hay un solo pago o cuando hay mora. Me parece que está bien y es lo correcto; es una forma de definirlo, es una convención, pero sólo es aplicable a dos casos: cuando hay un solo pago  -o sea, prestamos hoy y vence dentro de 57 días- o cuando se trata de mora. En todo caso, a los efectos del cálculo de la tasa efectiva anual, elaboraría una redacción para la próxima sesión porque, con la que se le dio al inciso primero estoy totalmente de acuerdo.

                Diría que podríamos ver el Anexo Metodológico, la fórmula. Acá hay otro tema. Sigo sin entender algo, pero quizás ello ocurra por no haber leído de vuelta el Anexo. La tasa efectiva anual se calcula sin IVA, es la tasa que publica el Banco Central. Cuando se la convierte a mensual, el  60%  se convierte en 4%. ¿Qué sucede? 60% más IVA da mucho menos que 4% más IVA elevado a la 12. En realidad, creo que como la tasa es 4%, lo correcto es 4% más IVA elevado a la 12. No me queda claro si esto es así o no, aunque creo que sí, pero no sé si algún señor Senador tiene la respuesta.

SEÑOR RUBIO.-  Cuando concurrió el economista Polgar, creo que algo de esto se había planteado.

SEÑOR ALFIE.-  En esa ocasión le pregunté al respecto, pero no me respondió, por lo que lo voy a llamar para realizar la consulta pertinente.

SEÑOR RUBIO.-  Creo que el señor economista parecía tener claro ese tema; inclusive, recuerdo la observación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º.

(Se vota:)

-                                  5 en 7. Afirmativa.

Léase el artículo 5º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO.- “Artículo 5º.- (Base de cálculo). Los intereses sólo se liquidarán sobre los saldos de los capitales efectivamente prestados o de los saldos financiados. No podrán aplicarse simultáneamente la tasa de interés compensatorio y la de mora sobre el mismo importe.

                En los casos en que, habiéndose pactado operaciones de crédito a ser canceladas en cuotas, se reciban pagos a cuenta y estos sean admitidos por el acreedor, los pagos serán descontados del total de la cuota correspondiente a efectos de calcular intereses solamente sobre los saldos impagos.”

SEÑOR ALFIE.- Lo voy a leer en voz alta para ver si podemos entender. El primer inciso está perfecto, incluso, me parece ridículo aclararlo.

                El segundo inciso dice así: “En los casos en que, habiéndose pactado operaciones de crédito a ser canceladas en cuotas, se reciban pagos a cuenta y estos sean admitidos por el acreedor, los pagos serán descontados del total de la cuota correspondiente a efectos de calcular intereses solamente sobre los saldos impagos”.  Voy a hacer la siguiente pregunta: ¿Se refiere al caso en que el pago está hecho en fecha y no al que ya cayó en mora y está atrasado?

SEÑOR RUBIO.- Lo que ocurre es que el deudor paga una parte a cuenta.

SEÑOR COURIEL.- Está admitido por el acreedor.

SEÑOR ALFIE.-  Hay que tener cuidado con que reciba pagos a cuenta.

SEÑOR HEBER.-  Sí, pero de la cuota, no del saldo.

SEÑOR ALFIE.-  Yo incluiría que está hecho en fecha. Diría que en los casos en que, habiéndose pactado operaciones de crédito a ser canceladas en cuotas, se reciban pagos a cuenta dentro del plazo -hago esta puntualización para que quede claro que se trata dentro del plazo, porque había otro problema sobre cómo se computaban las moras-  convenido y éstos serán descontados del total  de la cuota, lo cual es absolutamente correcto.

SEÑOR MICHELINI.-  Si el acreedor lo recibe, ¿en qué condiciones será? Me pregunto si dirá: “Me das esto igual y yo voy a ir por la mora y por lo demás o me das esto y te lo bajo de la cuota correspondiente”. Supongamos que viene dos días después de vencido el plazo del pago de la cuota, con el 50% del pago de la misma y el acreedor lo acepta: ¿Ya es impago todo y lo que aceptó va a la bolsa de lo que vaya a cobrar o es a la cuota?

SEÑOR ALFIE.-  Creo que hay dos situaciones, el otro caso está en otro artículo.

                Si alguien se atrasó dos días -diría que prácticamente no conozco ningún caso que cobre por ese tiempo- el interés con esas tasas es muy poco y si trae el 50% imputará la parte que corresponda al interés y el saldo al capital. Eso está en otro artículo. Creo que este artículo refiere exclusivamente a que venga alguien dentro del plazo y pague el 50%. Para que no le digan  que le toman el 50% y que se atrasó mucho más, le cobran una mora que le absorbe todo eso. O sea que esta redacción es correcta; hay otro artículo para la situación que el señor Senador Michelini plantea.

SEÑOR MICHELINI.- El problema es que si incluimos las fechas, estamos obviando el tema de admitidos por el acreedor. Si el acreedor admitió que ese pago es respecto a la cuota, aunque no sea el total y aunque haya venido después de la fecha, se lo deberían descontar de la cuota.

SEÑOR ALFIE.-  Creo que hay un matiz, aunque entiendo lo que señala el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.-  Hay una voluntad.

SEÑOR ALFIE.-  Lo que sucede es que la voluntad es recibir lo relativo a la cuota. ¿Qué le va a decir, que recibe una suma para la cuota  y para el interés, otra? Lo que la ley dice es que lo relativo a la cuota quede establecido. Considero que la situación a proteger es la de quien paga en fecha pero no todo y que directamente sea descontado de la cuota. Repito, creo que esa es la situación a proteger, la del que paga una parte y después aparece el interés sobre todo y al final lo que pagó terminó cubriendo sólo intereses, pagando en fecha o muy cerca de la fecha.

SEÑOR MICHELINI.-. Eso está claro, pero  puede darse  la circunstancia -que para mí engloba esto- que una persona paga fuera de fecha y no lo hace en su totalidad. Entonces, si el acreedor admite dicho pago como parte de la cuota y si esta disposición sólo se establece para los pagos en fecha, le puede decir a la persona que tomó el dinero como parte de pago, pero que igualmente debe la cuota. Tengo miedo de que algo que, de repente, puede clarificar la reglamentación, pueda convertirse en una complicación. Si nosotros  ponemos “los pagos de la fecha” estamos dejando de lado la situación de que cuando el acreedor admite recibir, por ejemplo, la mitad de la cuota, sobre la otra mitad le cobra intereses. Esto sería algo así como que no se está en fecha, pero como hay una especie de subcontrato…

SEÑOR ALFIE.- Eso es lo que dice la ley, señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Reitero que si le agregamos el tema de la fecha, estamos generando una vulnerabilidad en ese subcontrato de palabra, porque la persona entrega algo y se le baja la cuota. Entonces, al acreedor le debe media cuota más las cinco restantes.

No quisiera que se estableciese algo tan perfecto; en todo caso lo puede llegar a establecer la reglamentación y, llegado el caso, cambiarlo.

SEÑOR RUBIO.- Quisiera hacer una propuesta de orden. Estamos ante un conjunto de problemas técnicos muy sofisticados. Creo que hoy podríamos determinar cuales artículos tienen dificultades y cuáles no. Entonces, la semana próxima tendríamos una sesión intensa de trabajo con la comparecencia del economista Antía y el economista Polgar para clarificar algunos de los problemas técnicos que tenemos. Digo esto, porque incluso el señor Senador Alfie, que por razones profesionales está más avanzado en su consideración, tiene dudas. Creo que de esta forma se podrán clarificar rápidamente algunos de estos problemas técnicos.

SEÑOR ALFIE.- Quiero señalar que voy a llamar personalmente al señor Polgar para hablarle sobre este tema.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Entonces, lo estaríamos citando para aclarar el tema. Además, le daríamos el texto y la versión taquigráfica de la sesión.

SEÑOR MICHELINI.-  Independientemente que se haga lo que acaba de sugerir el señor Senador Rubio, deseo dejar una constancia.

                Quiero señalar que el trabajo de la Comisión de Hacienda está interrumpido por este proyecto de ley. Las observaciones que hace el señor Senador Alfie son muy valiosas, así como también lo que ha expresado el señor Senador Rubio, pero o nos reunimos con Polgar en el Ministerio y resolvemos este tema y dejamos que esta Comisión avance en los otros asuntos que tiene pendiente y llevamos el proyecto de ley de Usura al Senado o lo resolvemos en la próxima sesión. Digo esto, porque tenemos una serie de proyectos que hace varios meses que están para ser considerados y es inexplicable que no los saquemos adelante. No sé cuál podría ser la solución; tal vez que nos reunamos más días en la semana.

SEÑOR ALFIE.- Hemos avanzado en el tema y realmente me parece que es bastante importante. Habíamos quedado que íbamos a ir aprobando proyectos de ley más sencillos…

SEÑOR MICHELINI.-  Si el tema se resuelve hablando con el señor Polgar,  vamos a hablar con él y no consideramos este tema el jueves que viene, porque el trabajo de la Comisión es demasiado lento. Me parece que podríamos aprobar algunos proyectos y avanzar en otros y esta iniciativa la tratamos dentro de quince días.

                Igualmente, dejo constancia de que hace varios meses que estamos considerando este tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para ordenar un poco el debate, quiero señalar que se agrega un  elemento novedoso. La sofisticación de las observaciones realizadas sin duda requiere, además de la opinión de los miembros de la Comisión,  la de los técnicos, porque, evidentemente, la solución no es obvia ni política, sino que es esencialmente técnica.

Habíamos quedado en incluir dos de los tres proyectos que figuraban en el orden del día de hoy y luego analizar el tema de la Usura, sin perjuicio de que invitemos a los técnicos del Ministerio y de que, en algún momento, hagamos lo que señala el señor Senador Michelini. Entonces, en principio, para la sesión del próximo jueves básicamente quedamos así. La semana que viene evaluamos este esquema y decidimos si seguimos trabajando en régimen de Comisión o de Subcomisión.

                Propongo que ahora sigamos avanzando sobre el proyecto de ley de Usura para tener un panorama general del mismo.

                Léase el artículo 6º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO.- “Artículo 6º.- (Devengamiento de intereses en tarjetas de crédito). En la utilización de tarjetas de crédito, las compras de bienes y servicios realizadas entre dos fechas consecutivas de cierre del estado de cuenta, no devengarán intereses entre la fecha de compra (o de imputación de gastos en cuenta) y la del primer vencimiento del estado de cuenta posterior a la misma, cuando el tarjetahabiente optara por cancelar el total del saldo del estado de cuenta en la fecha de vencimiento. En este caso se entenderá que se ha usado la tarjeta como tarjeta de compra.

                Cuando en la fecha de vencimiento el tarjetahabiente optara por realizar un pago parcial del saldo del último estado de cuenta (en cuyo caso se entenderá que se ha usado la tarjeta como tarjeta de crédito), ese pago se aplicará en primer lugar a la cancelación del saldo impago correspondiente a estados de cuenta anteriores (si lo hubiere) y en segundo lugar al pago de las compras realizadas en el período correspondiente al último estado de cuenta. En este último caso, el pago se aplicará a las compras más antiguas.

                El nuevo saldo impago resultante podrá tener dos componentes. Un primer componente (A), si lo hubiere, correspondiente a deudas generadas en períodos de estados de cuenta anteriores al último y un segundo componente (B) correspondiente a la parte impaga de las compras del último estado de cuenta.

                Para el cálculo de los intereses que se devenguen hasta el siguiente vencimiento del estado de cuenta se procederá de la siguiente forma: el primer componente (A), definido anteriormente, devengará intereses desde la anterior fecha de vencimiento hasta la nueva fecha de vencimiento (o hasta que haga efectivo el pago); el segundo componente (B) devengará intereses sobre la parte impaga de las compras del último estado de cuenta según lo establecido en el inciso anterior, desde la fecha de cada compra (o desde una fecha promedio ponderada de las mismas) hasta la fecha de vencimiento del siguiente estado de cuenta (o hasta que haga efectivo el pago).

                En la eventualidad de que el tarjetahabiente pagara el total del saldo adeudado dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la fecha de vencimiento, a los efectos del devengamiento de intereses se considerará como si hubiera realizado el pago en la fecha de vencimiento. No obstante, podrá exigirse la multa prevista en el artículo 8º de esta Ley.

                Los retiros de efectivo realizados con la tarjeta de crédito devengarán intereses desde la fecha de la extracción.

                La empresa emisora de la tarjeta de crédito deberá informar, en el estado de cuenta, el importe de intereses a pagar en el siguiente vencimiento del estado de cuenta correspondiente a la opción de pago mínimo que se estipule. A esos efectos se tendrá en cuenta la tasa de interés vigente en el momento de la emisión del estado de cuenta.”

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR ALFIE.- En primer lugar, creo que, en todos los casos, hay que eliminar los paréntesis y sustituirlos por comas.

                En segundo término, el inciso primero se refiere a una forma de hacer las cosas.

SEÑOR RUBIO.- Se opta por un camino.

SEÑOR ALFIE.- Todo va a estar incluido en el precio de la tarjeta y va a perjudicar más. Pienso que el inciso primero se podría dejar igual.

Decimos que la tarjeta es de compra cuando es de crédito.

 

(Dialogados)

 

-Creo que los líos grandes están solucionados -y bien solucionados- desde el inciso segundo en adelante.

En cuanto al primero, me parece que eso podría estar sujeto al contrato. En general, la norma de las tarjetas de crédito es que cuando no se paga en fecha, para aplicar el interés, se toma el período que va desde el día en que efectivamente se realizó la compra hasta el vencimiento posterior. En mi opinión, en el contrato debería estar claramente estipulado si esta es la solución o si tiene intereses comunes. Acá, en el fondo, se está diciendo que en ningún caso se cobra interés si se paga en fecha, que es la práctica usual, la norma que utiliza el ciento por ciento de las tarjetas de crédito. Pero explicitarlo en la ley, me parece que es demasiado.

Lo que está muy bien en este artículo es la solución que aparece en el inciso segundo, que establece que los pagos siempre se imputan a los estados de cuenta anteriores.

SEÑOR  HEBER.- Eso no es así ahora.

SEÑOR ALFIE.- No, actualmente eso queda al libre albedrío de cada tarjeta y uno, entonces, puede sesgar hacia los más nuevos.

                Siendo claros, debo confesar que no creo que este artículo cambie mucho las condiciones actuales; hasta me animaría a votarlo así, tal como está. Pero preferiría que en el primer inciso se dijera que el contrato puede establecer algo diferente, siempre y cuando se respete el resto del artículo. Esa es la observación que quería hacer, además de que, como ya dije, le sacaría todos los paréntesis porque, en realidad, se trata de situaciones.

SEÑOR MICHELINI.- Con excepción del último inciso, personalmente no tocaría la redacción de este artículo. Este texto fue muy elaborado y se ha trabajado mucho en lo que refiere al tema de las tarjetas de crédito. Inclusive, algunas empresas emisoras que no trabajaban de esta manera han comenzado a reprogramar sus procedimientos y ya los están aplicando.

En definitiva, pienso que no habría que modificar este artículo, salvo en el caso del último inciso, que me genera dudas en cuanto a si no se estaría originando alguna complicación adicional. En caso de que se vaya a tener una reunión con el economista Polgar, me gustaría llamar la atención, por lo menos, sobre ese inciso. En realidad, le estaríamos pidiendo una información que es básica, pero que también es bastante complicada de conformar en virtud de que algunas de las variables no están disponibles al momento de emitir los estados de cuenta. Siempre se emiten a la fecha de cierre para que estén prontos los primeros días del mes, que es cuando la gente cobra y puede pagar. O sea, es toda una dinámica de aprendizaje que si no la tenemos clara, puede generar dificultades, pero también uno quisiera que la información estuviera disponible, porque  cuando no lo está, hay tensión y surge un conflicto.

De todas maneras, reitero, me gustaría preguntar al economista Polgar si existe alguna manera de resolver esto. 

En cuanto al resto del artículo, lo votaría así, tal como está.

SEÑOR RUBIO.- Entonces, podríamos votarlo y hacer la consulta.

SEÑOR HEBER.- Quería hacer algunas consideraciones, porque realmente no entendí mucho la explicación en cuanto a si es necesario este artículo para regular los problemas que tenemos en torno al tema de las tarjetas de crédito. Por ejemplo, leo este inciso una y otra vez y realmente me cuesta comprenderlo. Dice lo siguiente: “Para el cálculo de los intereses que se devenguen hasta el siguiente vencimiento del estado de cuenta se procederá de la siguiente forma: el primer componente (A), definido anteriormente, devengará intereses desde la anterior fecha de vencimiento hasta la nueva fecha de vencimiento (o hasta que haga efectivo el pago); el segundo componente (B) devengará intereses, sobre la parte impaga de las compras del último estado de cuenta según lo establecido en el inciso anterior, desde la fecha de cada compra (o desde una fecha promedio ponderada de las mismas) hasta la fecha de vencimiento del siguiente estado de cuenta (o hasta que haga efectivo el pago).”

Insisto en que hasta ahora y luego de haber escuchado a todos los invitados que nos han visitado, no entiendo cuál es el problema con las tarjetas de crédito. Digo esto porque, por ejemplo, se dice que los retiros de efectivo realizados con la tarjeta devengarán intereses desde la fecha de extracción. Ante esto me pregunto, ¿ahora no sucede así? Creo que se procede de esa forma, es decir, se retira el dinero y desde la fecha en que se obtuvo comienzan a correr los intereses.

SEÑOR RUBIO.- En el mercado sucede que se paga y, en realidad, se están computando intereses incluso sobre esa parte. Entonces, aquí hay un problema de homogeneización de las reglas dentro del mercado.

SEÑOR HEBER.- Reitero que se establece que los retiros de efectivo realizados con las tarjetas de crédito devengarán intereses desde la fecha de extracción y creo que esto ya sucede. Me parece que con esta norma, pues, nos estamos poniendo muy reglamentaristas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sobre este punto, quiero recordar que el 29 de junio recibimos una carta remitida por la Asociación de Tarjetas de Crédito, con la firma de los señores Boix y Hughes, que fue repartida entre todos los miembros de la  Comisión. Debo decir que he conversado con ellos -porque consideran que este es un tema central- y, en general, no han hecho observaciones sobre el articulado, salvo en relación al último párrafo relativo a las empresas emisoras. Esta carta dice lo siguiente: “Entendemos que dicho punto es muy difícil de implementar para toda la operativa y el sistema de tarjetas en su conjunto, y no sólo por la complejidad de los procesos, sino que entendemos confundiría aún más a los usuarios.” También nos dicen que este sistema no tiene antecedentes en otros países, que el 80% de los usuarios pagan al contado, es decir, que no financian sus compras y que esto demandaría un tiempo mayor en el proceso de cierre de las liquidaciones de cada cuenta, debido a los desarrollos necesarios de los sistemas para el nuevo proceso de cálculo en cada administradora o procesador.

A su vez, dejan en claro que hoy los tiempos están más que restringidos en cada proceso que incluye la emisión, impresión y distribución de los estados de cuenta. Por otro lado, como las tasas de Banco Central varían, sucede lo mismo con los intereses, por lo que ello representa una confusión mayor para los usuarios si luego no coinciden exactamente con los montos inicialmente informados.

En resumen, luego de conversar con los dos dirigentes de la Asociación de Tarjetas de Crédito -que además son dos operadores importantes del medio- queda claro que no hacen observaciones a la totalidad del artículo, salvo en relación al último párrafo cuya eliminación se propone. En consecuencia, sugeriría hacer las consultas pertinentes al Ministerio para saber si tiene inconveniente en retirarlo, pero mientras aprobar el artículo y dejar en suspenso el último párrafo, a la espera de su respuesta. Vuelvo a repetir que estas opiniones fueron vertidas por dos operadores importantes del medio, quienes en general pusieron de manifiesto su acuerdo con la norma.

 

(Dialogados)

 

                - En resumen, el artículo 6º quedaría como está y se mantendría en suspenso el último párrafo para hacer las consultas al Ministerio en el sentido de si es imprescindible.

SEÑOR MICHELINI.- Votemos el artículo 6º sin el inciso final.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 6º sin el inciso final.

(Se vota:)

                -5 en 7. Afirmativa.

(Dialogados)

                - Léase el artículo 7º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO.- “Artículo 7º (Intereses Usurarios). Para determinar la existencia de intereses Usurarios en las operaciones de crédito se calculará la tasa de interés implícita (en términos financieros, tasa interna de retorno) que surge de igualar el valor actualizado de los desembolsos del crédito, con el valor actualizado del flujo de pagos de capital, intereses, compensaciones, comisiones, gastos, seguros u otros cargos por cualquier concepto, incluidas las cláusulas penales; aplicándose en lo pertinente lo dispuesto en los incisos siguientes de este artículo. El cálculo de la tasa de interés implícita se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Anexo Metodológico que integra esta ley.- Para la determinación de la tasa de interés implícita en las operaciones de crédito realizadas por las instituciones financieras se excluirán los siguientes conceptos:

a)                   el Impuesto al Valor Agregado sobre los intereses y otros impuestos que legalmente sean de cargo del cliente;

b) los gastos fijos en los que se incurra para la concesión y administración del crédito por hasta un monto máximo por cliente equivalente a 30 U.I. (treinta unidades indexadas) cuando se trate de operaciones realizadas con instituciones financieras facultadas a realizar retenciones judiciales sobre el sueldo del deudor o mediante el débito automático en una cuenta bancaria del deudor. No podrán excluirse los gastos fijos de un nuevo crédito hasta transcurridos sesenta días de la concesión del crédito anterior. El importe a descontar se distribuirá de la siguiente forma: hasta 10 U.I. (diez unidades indexadas) por la concesión del crédito y hasta 2 U.I. (dos unidades indexadas) por cuota con un máximo de 10 cuotas;”

SEÑOR MICHELINI.-  Creo que no puede decirse “con instituciones financieras facultadas a realizar retenciones judiciales”, porque se trata de retenciones sobre el sueldo que se hacen en forma automática. Me parece que la redacción no es correcta, porque no es un tema judicial.

SEÑOR ALFIE. - En realidad, se trata de retenciones como las que pueden hacer las cooperativas, el Banco de la República y el Banco Hipotecario.

SEÑOR MICHELINI.-  Sí, pero no se trata de retenciones judiciales.

SEÑOR ALFIE.-  Tiene razón, señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.-  Lo que estoy diciendo es que debemos eliminar la palabra “judiciales”. El monto del costo es menor, porque prácticamente no hay costo en la medida en que las retenciones son automáticas. Reitero que no sé por qué se introdujo la expresión “retenciones judiciales”.

SEÑOR RUBIO.-  En todo caso son retenciones legales.

SEÑOR ALFIE.- Exactamente.

SEÑOR MICHELINI.- Lo que es legal es el marco, pero no se puede decir que la autorización a la empresa sea legal. A pesar de ello estoy dispuesto a aceptar que se incorpore la palabra “legal”; ahora bien, me parece que utilizar el vocablo “judicial” es un disparate.  Personalmente,  simplemente diría “retenciones sobre el sueldo”.

SEÑOR ALFIE.-  En lo que a mi respecta creo que debería decirse “legalmente autorizadas”. El texto diría:  “retenciones legalmente autorizadas sobre el sueldo del deudor…”.

SEÑOR MICHELINI.- De acuerdo.

SEÑOR SECRETARIO.-  Continúa el artículo: “c) los gastos fijos en los que se incurra para la concesión y administración del crédito por hasta un monto máximo por cliente equivalente a 120 U.I. (ciento veinte unidades indexadas) para los créditos concedidos con otras modalidades de pago. No podrán excluirse  los gastos fijos de un nuevo crédito hasta transcurridos sesenta días  de la concesión del crédito anterior. El importe a descontar se distribuirá de la siguiente forma: hasta 40 U.I. (cuarenta unidades indexadas) por la concesión del crédito y hasta 8 U.I. (ocho unidades indexadas) por cuota con un máximo de diez cuotas;

                d) el cargo anual y los recargos por compras en el exterior en el caso de las tarjetas de crédito, en cuyo caso no será de aplicación lo dispuesto en los literales b y c. También quedará excluido el costo del envío del estado de cuenta cuando fuera optativo para el tarjetahabiente, hasta un monto máximo que podrá fijar el Banco Central;

                e) las primas de los contratos de seguros, provistos por empresas aseguradoras registradas en el Banco Central, quien determinará un tope para las mismas.

                Para determinar la existencia de intereses Usurarios en las operaciones de crédito originadas en la venta de bienes y servicios no financieros realizadas por el propio proveedor se calculará la tasa de interés implícita que surge de igualar el valor del precio de lista del bien o servicio en cuestión al momento de la transacción, con el valor actual del flujo de pagos, intereses, compensaciones, comisiones, gastos, seguros u otros cargos por cualquier concepto, incluidas las cláusulas penales; aplicándose en lo pertinente lo dispuesto en los incisos siguientes de este artículo.”

SEÑOR ALFIE.- Si me permite, señor Presidente, sugiero que se lea el texto hasta acá, que refiere al tema financiero  y resolvamos algunos de esos puntos, porque lo que sigue tiene que ver con la venta de bienes y servicios.

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo, señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- El primer inciso habla de la inclusión en la igualación de los flujos tanto de los pagos de capital, intereses, compensaciones, comisiones, gastos, seguros u otros cargos por cualquier concepto, incluidas las cláusulas penales. A este respecto, debo decir que no entiendo a qué refiere la expresión “las cláusulas penales”, porque los otros cargos sí los entiendo; reitero que no sé qué quiere decir esa expresión. Concretamente, pregunto a los señores Senadores qué quiere decir.

                Después, en el segundo inciso, el artículo excluye de ese cálculo -yo pensé que lo incluía pues habla de gastos y demás- y empieza a incluir elementos como los del Impuesto al Valor Agregado, lo cual me parece correcto y contesta mi pregunta original. Pero después el texto habla de los gastos fijos bajo dos circunstancias. Una, que haya una posibilidad legal, como la que en general tienen las cooperativas o el Banco de la República de hacer retención -con lo cual le hacen un ahorro muy grande en gastos administrativos; agrego que hay un elemento que tiene que ver con la tasa de interés, pero lo vamos a ver aparte- y, luego, aparece otro gasto distinto, cuando no existe esta posibilidad.

                No voy a discutir los montos pues, en realidad, no creo que estén fuera de lógica, sino que me parece que son razonables. Pero considero que, en todo caso, habría que establecer un límite al pago inicial, para que no tenga que hacerlo todo junto y el resto dejarlo libre pues, en realidad,  no tiene sentido establecer 8 o 10 cuotas. Parece como si se quisiera agarrar el agua con las manos, cuando eso no es posible. Tenemos el total, entonces, pongamos el límite para que no se cobre todo al contado -está bien evitar eso- y en cuanto al resto establezcamos la cantidad máxima de cuotas. En mi opinión, eso tiene que quedar libre y no tiene sentido llegar a ese nivel de detalle. Es cierto que acá vinieron y nos dijeron: “Estamos bien, porque nosotros tenemos tantas cuotas”, pero si viene otro y quiere dividirlo en más cuotas, ¿por qué lo hacemos adelantar? Y por qué si lo hizo en 15 cuotas no le cobran el gasto en ese plazo. Creo que eso es innecesario.

                Por su parte, el literal d) excluye determinadas cosas, respecto a lo que pienso que algunas están bien, pero otras no estoy tan seguro. Luego viene el literal e), en el que se habla del seguro.

SEÑOR MICHELINI.- Quiero decir que los literales b) y c) hablan de cuotas, independientes del monto -uno habla de 30 UI y el otro de 120 UI respectivamente- pero si nosotros no establecemos las cuotas, que puede quedar abierto, igualmente tendríamos que fijar hasta un monto por cuota. Una cosa es decir que si se le otorgó a una persona 20 cuotas, entonces, por qué descontarle en 10 o más -en cuyo caso sería más viable para el usuario- y otra cosa es que se le otorgue el crédito, descontarle todo el porcentaje en el primero y, en el segundo, el resto.

SEÑOR ALFIE.- De acuerdo, señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- No me preocupa que se diga: “el importe a descontar se distribuirá de la siguiente forma: hasta 40 UI (cuarenta unidades indexadas) por la concesión del crédito y hasta 8 UI (ocho unidades indexadas)  por cuota como máximo”. Entonces, si alguien concedió un crédito en 2 cuotas, su costo no es 120 UI, sino 40 UI, más 8 UI.

SEÑOR ALFIE.- Ocho unidades indexadas puede ser una cantidad baja para esos créditos de dos cuotas, aunque entiendo lo que plantea el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Propongo trabajar sobre el concepto; a mí no me preocupa ampliar, pero se debe tener cuidado cuando se trata de menos cuotas. Digo esto, porque el concepto no radica tanto en las diez cuotas, sino en el costo que se va a cobrar de una determinada manera. Ahora bien, si tengo menos cuotas, no se me va a poder descontar el importe que corresponde.

SEÑOR ALFIE.- Correcto.

                Con respecto al literal e) del artículo 7º, que refiere a los seguros, quiero decir que he elaborado la siguiente redacción: “La primas de los contratos de seguros con un máximo fijado por el Banco Central el que guardará relación a los precios de mercado para los riesgos asegurados y las características del grupo del seguro”. ¿Qué sucede? Aquí sólo les dejamos que se aseguren a través de una aseguradora. Algunas empresas pueden decir que tienen un seguro; es más, cualquier persona puede hacer un contrato sin contratar un seguro por medio del cual, cuando fallece la persona, no se le cobra. ¿Por qué no permitimos ese autoseguro de la propia compañía que está implícito? Porque siempre está el límite establecido por el Banco Central del Uruguay y porque, además, están las compañías que están reguladas en todo el mercado. De esta manera, las compañías pueden hasta presionar para que los precios sean más adecuados. Quiero decir que tengo mis dudas en cuanto a dejar siempre un núcleo cerrado, sobre todo, en cosas que, de hecho, se suelen hacer.

                En consecuencia, propongo que se mantenga el espíritu de la norma      -que, en este caso, me parece correcto- y que se deje un poco más abierto este aspecto al que se acaba de hacer referencia, siempre que se tenga en cuenta el límite fijado por el Banco Central del Uruguay.

SEÑOR MICHELINI.- Quiero señalar que sobre este tema de seguros he trabajado mucho, porque algunos miembros del Gobierno no eran partidarios de establecer nada al respecto, porque decían que el seguro es parte del costo. En función de esto, si una persona quiere tener un seguro lo puede tener; si fallece, puede ser cobrado y, si no desea tenerlo, correrá el riesgo. Al final, estamos combinando esta redacción que me parece clara.

                Ahora bien, a efectos de no mezclar, propongo que se incluya un nuevo literal, porque aquí se habla de empresas aseguradoras registradas en el Banco Central del Uruguay a las que se les determinó un tope y resulta claro que no hay una situación de interés encubierto.

(Intervención del señor Senador Heber que no se escucha)

                -Es a los efectos de que no  haya un interés encubierto.

SEÑOR HEBER.- ¿Se puede otorgar una potestad al Banco Central del Uruguay a tal efecto?

SEÑOR MICHELINI.- Podríamos establecer un literal adicional -y luego se ajustará su redacción- que dijera que las empresas de crédito autorizadas por el Banco Central -porque se presentaron a la institución- con un tope -que el Banco podrá determinar- podrán incluir ese costo de seguro -que no está incluido en la tasa de interés a los efectos de la Usura- siempre y cuando quede claro que, como tiene los efectos de un seguro de vida, cuando la persona fallece, no pueden reclamar ese crédito. Podemos hacer una nueva redacción y conversar sobre ella; creo que podríamos manejarnos en esos términos -pasando por el ojo del Banco Central- en la medida en que quede claro que si se muere la persona, su familia no paga.  Por esto sugiero dejar el literal e) como está y redactar otro literal. Me parece que se trata de dos situaciones diferentes.

SEÑOR ALFIE.-  Creo que el tema está incluido en el anterior. Si los señores Senadores me permiten, voy a pasar esta redacción en limpio para la próxima reunión.

Me parece que aquí se incluyen las dos situaciones. En términos promedio, no creo que estén errados los límites; obviamente, los estudios que trajeron algunas compañías muestran todos los gastos. No obstante, los gastos promedio no existen, pues siempre hay un gasto marginal que se tiene que medir. Está claro que las 40 U.I. van a ser cobradas a cualquiera, indefectiblemente, más allá del monto del crédito. En todos los casos esto perjudica al crédito más chico. Creo que no prosperó, pero recuerdo que yo había hecho una redacción alternativa sobre este asunto.

                Además, está el tema del subsidio cruzado, que al final fue admitido por ciertos motivos, aunque puede no haber sido entendido. En el fondo, los créditos grandes subsidian a los créditos chicos, por los costos. Claramente, un crédito de $ 10.000 en la tasa de interés financiera pura está incluyendo costos. Todos sabemos que en la operación de financiamiento de las empresas chicas hay una parte de servicio, que quizás es la más importante y después hay una parte de interés, que pesa menos.

                Reconociendo esa realidad, me gustaría poner en los dos casos un tope de porcentaje al crédito y, en todo caso, subir las U.I., si fuera necesario. Pero me deja la impresión de que estas 120 U.I. van a ser cobradas sí o sí, cualquiera sea el importe del crédito.  Entonces, como el crédito promedio es de alrededor de $ 2.000 o $ 3.000 en Montevideo, vemos que esto representa más del 5 % promedio; por otro lado, muchos dijeron que conceden préstamos desde $ 1.000. Entonces, cuando uno traduce los $ 160 a tasas de interés, se obtiene una cifra mayor a 1.000.

                Sé que acá hubo algunos temas, pero no sé si hay voluntad o no de estudiar algún cambio. De ser así, volvería sobre algunos aspectos para ver si podemos cambiar un poquito la redacción; de lo contrario, la norma se votaría tal como está.  Sigo sosteniendo que de esta forma estamos perjudicando al crédito chico; al grande no le hacemos nada. Es más, creo que tal como está la norma, lo estamos beneficiando.

SEÑOR PRESIDENTE.-  El señor Senador Heber ha señalado que no va a estar presente en la reunión de la semana que viene, pero sería deseable que sí concurriera su suplente -tal como lo va a hacer el mío- a fin de asegurar el quórum necesario para la sesión.

                En virtud de que no voy a estar, si los señores Senadores están de acuerdo, propongo elegir como Presidente ad hoc al señor Senador Rubio.

(Apoyados)

- De todas maneras, ya que estamos avanzando en este tema y si vamos a citar la semana que viene al Ministerio, si de los artículos que quedan por delante hay algunas otras observaciones, sería bueno también registrarlas, porque como nos hemos quedado sin número, ya no podemos votar.

SEÑOR ALFIE.-  El artículo 7º previene las tasas máximas.

SEÑOR MICHELINI.-  Los topes previstos en los actuales literales b) y c) del artículo 7º antes eran uno sólo, de 90 UI. Como se está trabajando en la perspectiva de conocer los costos, en un caso se llevó el máximo a 30 UI, porque no hay costos y sí retenciones legales; en el otro caso se llevó a 120 UI, porque hay costos mayores. Anteriormente se había hecho un promedio y se vio que los créditos menores con retenciones legales lo bajaban mucho. Así, se identificó a aquellos que tienen costos menores, que por las retenciones legales pagan una determinada suma y a aquellos que tienen costos mayores se les reconoció un tope de 120 UI. Esto representa un máximo, tanto del total como por cuota. Pero cuando el señor Senador Alfie hizo el planteo, mi inquietud no era sobre  los que pueden hacer subsidios cruzados -salvo que el monto de 120 UI sea muy pequeño- sino para aquellas casas que sólo dan crédito y no pueden hacer ese subsidio, porque si los 120 UI por crédito lo permitieran, es decir, si en su cartera de clientes, la mitad fuera por créditos pequeños y la otra mitad por créditos grandes, podría decirse que van al máximo con los créditos grandes  y a una cuota menor con los créditos pequeños, por ejemplo, 90 y no 120. En este caso puede ser, porque está solventando toda su estructura, ya que en unos puede aplicar al crédito esos 120 UI y en otros puede darse el lujo de no hacerlo. Sin embargo, cuando son todos créditos chicos, no puede hacer un subsidio cruzado.

                Si decimos que para determinados créditos chicos hay un monto máximo, habrá algunas casas que no podrán mantener su estructura y, por lo tanto, no puedan dar esos créditos chicos. Repito que, actualmente, algunas casas de crédito importantes, cuando una persona va con un recibo de menos de $3.000, ni siquiera la atienden.

                Nuestra preocupación es que si seguimos desagregando y acotando a los créditos chicos un costo más bajo, podemos estar dejando fuera del mercado a aquellas casas  que no trabajan a gran escala aunque, por supuesto tienen menos gasto en personal, porque el que atiende es un responsable de gran confianza del dueño. Entonces, no habría créditos cruzados y podríamos estar dejando afuera casas, sobre todo, en el interior.

SEÑOR ALFIE.-  Creo que ninguna casa da solamente créditos chicos porque, en realidad, las que los otorgan solventan parte de eso con los créditos grandes. Es más, como todos sabemos hay casas que al día de hoy, tal como señaló el señor Senador Rubio, “por algún lado se están escapando”. Pero se “escapan” buscando la manera y eso se lo cargan más a los créditos grandes que a los chicos.

Respecto a las casas del interior del país, comprendo la inquietud del señor Senador Michelini y en parte la comparto. Me da la impresión -entiendo la preocupación y, reitero, en parte la comparto- de que no se daría el caso que plantea el señor Senador Michelini, pero podemos dejarlo así.

                Creo que si avanzamos en el artículo, se plantea un tema que también fue discutido: me refiero al límite de la tasa, que también puede operar en dos sentidos. En el caso de las operaciones de crédito en las que el capital efectivamente prestado, sin incluir intereses o cargos, fuera inferior al equivalente a 2:000.000 UI -es decir, $ 3:200.000- el límite es 60%; esto tiene que ver con los créditos pequeños. En el caso de las operaciones de crédito en las que el capital efectivamente prestado, sin incluir intereses o cargos, fuera mayor o igual al equivalente a 2:000.000 UI, el límite se establece en 90%; es decir que tratándose de empresas más grandes, es más libre. Creo que tenemos que tratar aparte las empresas.

                Hay un tema clave y me refiero concretamente a la tasa máxima, no la de mora, que me parece se establece en 80%, en el caso de los créditos pequeños. Hoy es el doble de la otra tasa. En los créditos que tienen garantía legal o descuento de sueldo no sólo está el tema del costo operativo, sino también el de la incobrabilidad, que es algo totalmente diferente.

                Creo que para respetar el 60% en este caso, deberíamos habilitar la posibilidad de que también sean créditos que tengan descuento con garantía legal y con los que no lo tengan, considerar las dos tasas en ese mercado. Lo ideal sería la tasa del propio mercado, aunque sé que el Poder Ejecutivo está en contra de eso y, por tanto, no la tengo en cuenta. Si se habla del 60% pero se habilitan dos tasas, se debería hacer la misma división de los gastos para calcularlas. Entonces, se tienen dos mercados claramente diferenciados donde se coloca la tasa de su mercado con un límite inferior al actual -pero que se está seguro que no va a afectar al mercado- y la del otro mercado, con un límite que claramente no va a operar.

SEÑOR MICHELINI.- No lo veo, señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- También refleja lo otro y atacamos los dos temas. O sea, fijamos la tasa más baja que hoy y decimos que eso está bien, pero hay dos mercados: el que opera con garantías y el que lo hace sin ellas. Por ende, las tasas de cobrabilidad son totalmente distintas y, seguramente, cuando se observan las tasas de interés, se advierte que la incobrabilidad está reflejada. Eso es elemental.

                Por lo tanto, en donde se dice: “...cuando la tasa implícita superare en un porcentaje mayor al 60% (sesenta por ciento) las tasas medias de interés publicadas por el Banco Central del Uruguay, correspondientes al trimestre móvil anterior…”, inmediatamente dividiría los dos casos, indicando las que tienen la facultad legal de retener...

SEÑOR MICHELINI.- ¿A qué tasas irían?

SEÑOR ALFIE.- A la misma tasa. Es la tasa promedio de cada uno de esos grupos.

SEÑOR MICHELINI.- Está correcto.

SEÑOR ALFIE.- Pero se incluye siempre la tasa financiera de los Bancos.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Estamos hablando de 60% y 80%?

SEÑOR ALFIE.- No, pero hablemos de 60%, porque no hay retenciones de 90%.           

                Entonces, dejamos la tasa de mora en 80%. Creo que operativamente no  hay problema, porque ese no es el tema, pero sí me parece operativo que si dividimos los dos subgrupos como lo dijimos para los gastos, sería un avance. Advierto que voy a hablar con el economista Polgar de todos los temas para ver a qué solución podemos llegar.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: advierto que debo retirarme y adelanto que seguramente no podré concurrir el jueves próximo. Si se confirma que no puedo concurrir a la reunión, pediré a algún compañero que transmita mis opiniones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Como éste es un tema que algunos siguen y otros están al margen absolutamente, propondría no citar para la próxima semana al Ministerio a fin de seguir avanzando en régimen de Comisión, ya que aún quedan muchos artículos por considerar.

SEÑOR ALFIE.- Debemos pedir la opinión de alguien que entienda de la parte jurídica.

(Se suspende la toma de la versión taquigráfica)

(Así se hace. Es la hora 12 y 16 minutos)

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.