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Carátula

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 18  minutos)

                La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado de la República inicia, en la tarde de hoy, el tratamiento de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2005, remitido por el Poder Ejecutivo el 30 de junio próximo pasado.

                Para iniciar el tratamiento de dicho proyecto de ley tenemos el gusto de recibir al equipo económico de Gobierno, encabezado por el señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, quien viene acompañado por el Subsecretario de dicha Cartera, economista Mario Bergara; el director del Departamento de Política Macroeconómica, doctor Fernando Lorenzo; el Director General de Rentas, contador Eduardo Zaidensztat; el Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Daniel Mesa; el Director y el Subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil, doctor Miguel Toma y señor Humberto Ruocco; y asesores.

                Como los señores Senadores saben, la Comisión podrá funcionar hasta las 17 horas, en razón de que a esa hora ha sido convocado el Senado de la República. Cada señor Senador y señora Senadora han recibido el régimen de trabajo propuesto. Una vez que finalice la intervención del señor Ministro, la Secretaría procederá a realizar las invitaciones correspondientes al resto del gabinete ministerial y a los organismos del artículo 220.

               

                En consecuencia, para dar inicio al tratamiento de la Rendición de Cuentas, tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori.

SEÑOR MINISTRO.- Muchas gracias, señor Presidente.

                Es un gusto estar nuevamente aquí para presentar un proyecto de ley de contenido presupuestal: la Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2005.

Hemos preparado una presentación inicial que vamos a compartir con los señores Senadores y luego, naturalmente, estamos dispuestos a dar satisfacción a las consultas que los señores Senadores entiendan pertinente formular.

Esta presentación la vamos a ordenar en tres partes: en la primera, vamos a hacer un análisis del contexto económico y financiero del país en el Ejercicio sobre el cual estamos rindiendo cuentas, pero también incluyendo proyecciones inmediatas y particularmente hacia el año 2007; en un segundo capítulo, vamos a profundizar en los lineamientos presupuestales que estamos proponiendo para el año 2007, incluidos en este proyecto de ley, y finalmente, hemos incluido un tercer capítulo que supondrá una presentación muy breve, relativa a una propuesta que estamos haciendo en el proyecto de ley y que refiere a lo que estamos llamando aquí “nuevos recursos para el Uruguay productivo”, en otras palabras, nuevos recursos para estimular el desarrollo de la inversión y la producción.

                La economía uruguaya ha tenido, a nuestro juicio, un muy buen desempeño en  2005. El Producto Bruto Interno, confirmando una tendencia alcista, creció el año pasado un 6,6%, que históricamente es una tasa muy destacada en el Uruguay.

Hemos tenido también un fuerte aumento de la inversión, lo cual es muy importante. La formación bruta interna de capital en su conjunto creció casi un 24% en el año 2005, que es también un ritmo muy destacado históricamente en nuestro país. En este sentido, jugó un papel preponderante la inversión privada y, más aún, la inversión extranjera, que se duplicó respecto al año 2004.

Quiero aclarar que las plantas de celulosa no están contabilizadas, como no lo van a estar en la mayor parte del año 2006, por razones de construcción y de contabilización de esa inversión bruta interna. Es decir que, sin contar esa inversión de las plantas de celulosa, la inversión extranjera directa se duplicó pasando de unos U$S 300:000.000 en 2004 a aproximadamente U$S 600:000.000 en 2005, lo cual vuelve a marcar un hecho excepcional en el Uruguay. Habiendo tenido el año pasado un ingreso de capitales de aproximadamente U$S 700:000.000, prácticamente la totalidad (U$S 600:000.000) fue con destino a inversión directa, y esto es muy importante para nuestro país.

Las exportaciones tuvieron también una evolución extraordinariamente positiva y mantuvieron en 2005 un ritmo creciente, aumentando en términos reales, a precios constantes, casi un 17%. Quiero aclarar que estamos incluyendo las exportaciones de bienes y de servicios. El país, en 2005, exportó bienes y servicios por un volumen de U$S 5.000:000.000 -de los cuales U$S 3.900:000.000 corresponden a bienes y más de U$S 1.000:000.000 a servicios- y tuvo un superávit comercial de U$S 370:000.000.

Quiero marcar con especial énfasis esto porque se ha hecho casi un lugar común en el país decir últimamente que el Uruguay tiene déficit comercial. No es verdad; el país tiene superávit comercial, y se habla de déficit comercial porque se confunde balanza comercial con balanza de mercancías, en circunstancias que el Uruguay tiene una importante exportación de servicios también. Computando todo hemos llegado ya a los U$S 5.000:000.000 en 2005, con un superávit de U$S 370:000.000, reitero, y esperamos, como veremos después, que en 2006 estas cifras sigan ampliándose.

                Ahora bien, han mejorado los indicadores sociales junto con este desempeño económico que acabamos de sintetizar. Aquí también estamos presentando algunos indicadores que, precisamente, resumen la mejora desde el punto de vista social, que obviamente está asociada a la política económica, pero también a la puesta en práctica del Plan de Emergencia.

                La primera presentación nos muestra la creación de empleo en nuestro país, algo que, a nuestro juicio, es un indicador muy importante. En términos brutos -podríamos decir así- se han creado casi 31.000 nuevos puestos de trabajo en el Uruguay. ¿Por qué en términos brutos? Porque al tiempo que se crearon estos puestos, otros disminuyeron. De modo que el impacto neto sobre el empleo en términos de puestos de trabajo ha sido de aproximadamente 16.000 empleos, como lo dice el acápite de este cuadro. Los señores Senadores pueden ver allí que han disminuido fuertemente los empleados públicos -en aproximadamente 9.000 personas-  pero también han disminuido los trabajadores informales del país, que han pasado a formalizarse -eso se ve sobre todo en la categoría “trabajador por cuenta propia”- y al formalizarse incrementan la categoría de los 31.000 nuevos puestos que acabamos de ver. Pero en términos netos tenemos un impacto de unos 16.000 nuevos puestos de trabajo, como dije recién.

                A renglón seguido estamos mostrando que mejoró la calidad del empleo, por lo menos desde el punto de vista de la formalización. Esta gráfica abiertamente descendente nos está mostrando, precisamente, el porcentaje de trabajadores que declara no estar registrado en el Banco de Previsión Social. Los señores Senadores verán que en 2005 hubo un descenso importantísimo de este porcentaje, lo cual tiene mucho que ver con el cuadro que acabamos de analizar y de explicar.

                La tercera gráfica nos muestra el incremento del salario real medio en 2005. Ese incremento fue de 5% después de muchos años -como los señores Senadores verán en la propia gráfica- que esto no ocurría en el país. Al mismo tiempo, se redujo la población en situación de pobreza e indigencia. La población en situación de pobreza disminuyó en 2005 en casi 80.000 personas y los indigentes disminuyeron en aproximadamente 12.000 personas. Esto está asociado, directamente, al funcionamiento del Plan de Emergencia.

                Ahora bien, el buen desempeño económico -como lo indican las gráficas- continúa afortunadamente en 2006. Las estadísticas que tenemos sobre los primeros meses del año nos están mostrando, en primer lugar, un fuerte crecimiento de la producción. En el primer trimestre del año, respecto a igual período del año anterior, el crecimiento fue de 7,2%. Si tomamos los doce meses culminados en el mes de marzo, el crecimiento fue de 6,8% y si tomamos el impacto de los trimestres desestacionalizados ‑esto es, midiendo el crecimiento respecto al trimestre precedente- nos encontramos con una expansión de 1,5% respecto al último trimestre del año pasado. Hay una fuerte suba de la demanda interna y externa.

Los señores Senadores verán que las exportaciones siguen creciendo en los primeros meses de 2006. Nuestras cifras indican que hay un crecimiento real a precios constantes de 10% en las exportaciones de bienes y servicios, que hay una expansión del consumo privado pero, sobre todo, -y este es el mayor destaque que quiero hacer- que por suerte la inversión sigue creciendo cada vez más. Quiero aclarar que esto no incluye lo relativo a las plantas de celulosa. Por otro lado, tenemos un crecimiento del 34% de la inversión bruta interna en los primeros tres meses del año respecto a igual período del año precedente. Esto se ve representado en la barra que se encuentra al final de la gráfica que estamos observando.

Las expectativas privadas de crecimiento se han corregido al alza varias veces. Si no recuerdo mal, el año pasado comenzamos con una estimación de un crecimiento del 4%, tal como lo planteamos aquí, en esta Sala, cuando presentamos el Presupuesto Quinquenal de Sueldos, Gastos e Inversiones que, entre otras cosas, tenía proyecciones para el año 2006. Entonces, reitero que por tres veces consecutivas hemos corregido al alza la meta de crecimiento y también lo han hecho los analistas privados, respondiendo a un análisis de estas expectativas privadas. Hoy por hoy entendemos que el crecimiento del Producto Bruto Interno seguramente va a estar superando el 5% cuando lleguemos a fin de año.

También hay una mejora en los indicadores del mercado de trabajo porque, merced al crecimiento de la inversión bruta interna, estamos llegando al punto de inflexión en el que la tasa de crecimiento de la demanda de trabajo comienza a ser significativamente mayor que la tasa de crecimiento de la oferta. Por esa razón en el cuadro que estamos comentando podrán observar una tasa de desempleo en franco descenso, alcanzando en abril -mes en el que se hizo la última medición- un 11,2%, que en nuestro país es la menor cifra de desempleo abierto desde 1998, es decir, desde los tiempos previos a la crisis.

A continuación vamos a observar cómo cerramos el programa financiero de 2005, año sobre el que estamos rindiendo cuentas.

La primera gráfica que estamos analizando, en la parte superior izquierda, detalla los factores de restricción financiera que, fundamentalmente, son dos. Uno es la rebaja del Impuesto a las Retribuciones Personales que, como todos recordarán, se produjo en 2004 pero que nos obligó a buscar soluciones financieras alternativas en 2005, y el otro tuvo que ver con la sequía y la ostensible suba del petróleo, que también generaron problemas financieros. Concretamente, en cuanto a la sequía, porque hay que poner en práctica y financiar programas de asistencia a los productores, y en lo que hace a la suba del petróleo, por razones obvias.

 Por otro lado, se dieron factores positivos que refieren a la mejora de la eficiencia de la administración tributaria en el país. La barra horizontal que se encuentra en la parte superior de la lámina muestra la mejora de la eficiencia de la Dirección General Impositiva, y la inferior, la mejora de la eficiencia del Banco de Previsión Social. En ambos casos se han alcanzado cifras extraordinariamente buenas a las que debería agregar las de la Aduana, que no responden a una mejora de la eficiencia, porque todavía no la hemos reformado, pero sí a un incremento del nivel de actividad del país. A esta altura, la Aduana ya ha superado los U$S 1.000:000.000 anuales de recaudación, simplemente por crecimiento del nivel de actividad.

A pesar de que nos enfrentamos a factores negativos y que nos beneficiamos de algunos positivos -luego podremos analizar el balance en términos numéricos-  podemos decir que se sobrecumplieron las metas de programa.

En primer lugar, tuvimos un margen del resultado primario significativamente superior al previsto. Teníamos que alcanzar un superávit primario del 3,5% y el alcanzado fue del 3,9% sobre el Producto Bruto Interno. En gran medida, esto se debió a que hubo una ejecución parcial -o una subejecución- del Plan de Emergencia, que estaba previsto para ser ejecutado por unos U$S 70:000.000 y fue ejecutado por U$S 30:000.000. Desde ya esto significa que los U$S 40:000.000 adicionales los tendremos que agregar a las metas -siempre dentro del total de U$S 200:000.000- del año 2007.

                Asimismo, también tuvimos un margen muy importante sobre el resultado global que estaba programado por una cifra superior a la que en definitiva obtuvimos. A este respecto -los señores Senadores lo podrán observar en los documentos que han sido repartidos-  cabe indicar que el resultado global fiscal consolidado del país fue del 0,7% del Producto Bruto Interno, lo cual representa una de las mejores cifras fiscales de las últimas décadas.

                A continuación, pasaremos a hablar del cierre previsto para el programa financiero del presente año, es decir, del año siguiente al que acabamos de ver.

                En la parte izquierda de esta presentación observamos los márgenes positivos respecto al programa inicial que habíamos establecido. Aquí tenemos tres márgenes positivos, dos de los cuales acaban de ser señalados y se reiteran en 2006. Concretamente, me refiero a la eficiencia en la recaudación de la Dirección General Impositiva y del Banco de Previsión Social. Por ejemplo, en el caso de la Dirección General Impositiva nosotros estamos previendo que en 2006, por razones de eficiencia, haya un incremento de la recaudación del 0,6% sobre el Producto Bruto Interno -de esta manera continúa la tendencia que ya vimos para el año 2005-  y con relación al Banco de Previsión Social, simplemente quiero mencionar que ha llegado a la cifra de 1:100.000 cotizantes, que se puede comparar con una fuerza de trabajo de aproximadamente 1:250.000 personas, lo cual marca una proporción excepcional en el Uruguay de las últimas décadas. Este hecho tiene que ver con la reducción del informalismo al cual hacíamos referencia anteriormente.

                Ahora bien, en la parte derecha de la lámina también advertimos que hay desvíos con impacto negativo sobre el programa. En primer lugar, tenemos un resultado primario corriente de empresas públicas que va a estar castigado, fundamentalmente, por el sobrecosto de generación de energía eléctrica -cuyas razones son por todos conocidas-  que se ubica en aproximadamente U$S 130:000.000, de los cuales hemos trasladado a las tarifas sólo U$S 30:000.000, ya que los U$S 100:000.000 restantes están siendo absorbidos por el programa financiero del Gobierno. Como los señores Senadores saben, las tarifas de UTE acaban de aumentar entre 5% y 7%. Si nosotros hubiéramos trasladado los U$S 130:000.000 a tarifas, el aumento se hubiera ubicado en el entorno del 25%. Por lo tanto, quiero decir que se está haciendo un esfuerzo fiscal importante para absorber una parte relevante de este sobrecosto.

                Por otro lado, hemos dispuesto -como notoriamente saben los señores Senadores- un pequeño adelanto del incremento que corresponderá a las pasividades -sobre todo a las más sumergidas- el próximo 1º de enero. Esto constituye también una suerte de exigencia financiera que se debe computar entre los impactos negativos sobre el programa financiero.

                Por su parte, existen también inversiones de empresas públicas que no estaban previstas originalmente, tal como el caso de las centrales de respaldo que se están construyendo para poner en mejor posición al país frente a la generación de energía eléctrica. Ello supone para el país un esfuerzo fiscal, que está incluido en la barra de la gráfica de la derecha.

                De todas maneras, el cierre previsto para el año 2006 debe tener en cuenta ambos factores, los positivos y los negativos, y la verdad es que hemos podido hacer un balance adecuado desde el punto de vista del interés nacional.

                Vamos a pasar ahora a la segunda parte de la exposición, que tiene que ver con los criterios para la elaboración del proyecto de ley de Rendición de Cuentas 2005 y los lineamientos fundamentales de su contenido sobre la base de este contexto económico y financiero que acabamos de analizar.

Quisiera destacar cinco criterios, que no constituyen una novedad en nuestra presentación porque son prácticamente los mismos que expusimos el año pasado al presentar el Presupuesto Quinquenal.

                En primer lugar, está el criterio de responsabilidad fiscal, analizada siempre sobre la base de una visión dinámica. En buenas cuentas y en palabras sencillas, el país no sólo no puede gastar lo que no tiene, sino que también, en la medida de lo posible, debe prepararse para enfrentar situaciones relativamente peores que las que tenemos hoy, sobre todo desde el punto de vista internacional; pero, además, debe tener un programa fiscal que dé sustentabilidad a la administración de la deuda pública que estamos llevando adelante.

                En segundo término, está el criterio de la consistencia macroeconómica. No pueden existir divergencias, contradicciones o inconsistencias entre la presentación fiscal presupuestal -en este caso de una Rendición de Cuentas- y el programa macroeconómico del Gobierno, sino que debe haber coherencia y consistencia entre una cosa y la otra.

                Un tercer criterio tiene que ver con seguir contribuyendo a la estabilidad económica y social del país, base fundamental para seguir apuntalando el proceso que, afortunadamente para el Uruguay, repito, está exhibiendo la inversión productiva en nuestro país. Está teniendo un muy buen comportamiento, hecho que, como es obvio, obedece a muchos factores, pero que encuentra en la estabilidad económica y social un elemento de fundamental importancia que debemos seguir apuntalando, en este caso desde el punto de vista de la conducción económica.

                Un cuarto criterio se vincula con claras prioridades en lo que tiene que ver con el gasto público. Sobre este punto, en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas actual tampoco vamos a encontrar novedades respecto a lo ya adelantado en el Presupuesto. Además de seguir cuidando la emergencia social, estamos asignando prioridad muy clara en el gasto público a la Salud, a la Educación y a la infraestructura, hecho que es fundamental en la inversión. Lo subrayo especialmente porque la inversión pública es una protagonista fundamental de este proyecto de ley de Rendición de Cuentas, mucho más que en el Ejercicio anterior.

                Finalmente, está el criterio de la transparencia, esto es, el hecho de rendir cuentas de la manera más clara posible, para que no sólo los Legisladores que hoy están aquí presentes, sino también el pueblo uruguayo en su conjunto, sepan adónde va el dinero que paga al país a través de sus impuestos.

                Estos son los criterios sobre cuya base hemos elaborado el proyecto de ley.

                Ahora pasamos a presentar -esto sí que está difícil de ver en la transparencia, pero en todo caso trataré de destacar los aspectos más importantes- una comparación entre los años 2006 y 2007 con la base del Presupuesto Quinquenal que presentamos el año pasado. Esto es, ¿qué preveía el Presupuesto Quinquenal respecto a los años 2006 y 2007? En este caso, el mensaje fundamental a trasmitir antes que nada, es que ya el Presupuesto del año pasado preveía un incremento importante del gasto público en 2007 respecto a 2006. Sin contar el Plan de Emergencia -seguidamente voy a explicar por qué estamos haciendo este cálculo sin dicho Plan-  el Presupuesto Quinquenal preveía un incremento del gasto de U$S 109:000.000.

¿Por qué no incluimos el Plan de Emergencia, que ahora sí lo haremos para tener la cifra computándolo? Porque, como los señores Senadores saben, el Plan de Emergencia es un gasto público transitorio; se termina en 2007 -se extiende desde 2005 a 2007-  con un volumen total de U$S 200:000.000. Entonces, el computar el aumento del gasto que se produce transitoriamente como consecuencia del Plan de Emergencia, distorsiona las conclusiones que podemos sacar con esta comparación de cifras entre 2006 y 2007. De todas maneras, si incluimos el Plan de Emergencia, también el Presupuesto preveía una diferencia de U$S 38:000.000, a favor de 2007 en comparación con 2006. Entonces, el primer mensaje que les queremos dar es que ya el Presupuesto Quinquenal establecía un importante incremento del gasto público para 2007. ¿Por qué digo esto? La razón es lo que ya explicamos el año pasado: empezamos midiendo muchísimo el gasto público por razones de restricción fiscal y, a partir del tercer año -es decir, de 2007-  si las metas se cumplían -y la verdad es que se sobrecumplieron las metas- comenzaríamos a tener más posibilidades de contar con un margen mayor de gastos para atender las  necesidades fundamentales del país.

                La gráfica que vemos a continuación muestra lo que acabo de decir. Aquí se comparan los créditos totales de los años 2006 y 2007 desde el punto de vista de su variación. Se ilustra, inciso por inciso e institución por institución del artículo 220 de la Constitución, la variación de los créditos totales entre 2006 y 2007. Por supuesto que aquí también se aprecian las prioridades que estableció el Presupuesto Quinquenal. Así, vemos que el mayor incremento es para la educación pública, pero también hay aumentos importantes para la salud, para la infraestructura, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y para la seguridad pública por medio del Ministerio del Interior. Ya en esta gráfica se aprecia, según el Presupuesto Quinquenal, dónde están las prioridades para el incremento del gasto.

                Ahora bien,  como  parte  de  la  presentación  de  esta  Rendición de Cuentas -porque como vamos a ver a continuación, hay que tener en cuenta que aquí hay rubros presupuestales y no presupuestales-  estamos abriendo un espacio fiscal adicional. La evolución que hemos tenido de la economía, y algunos hechos importantes y positivos que voy a destacar enseguida, nos permiten tener una  mayor flexibilidad en el gasto de 2007 que la que proponía el Presupuesto Quinquenal, precisamente para atender lo que son necesidades fundamentales del Uruguay; pero en esta Rendición de Cuentas ese espacio fiscal está genuinamente respaldado por los factores que aquí se presentan.

 El primero de ellos es el crecimiento, que está por encima de las previsiones y financia genuinamente el incremento de este gasto público.

El segundo es la fuerte reducción de los niveles de evasión e informalismo, que  son la otra cara de la moneda de la mejora de la eficiencia de la administración tributaria en el país, que ha logrado reducir la evasión y el informalismo. Por lo tanto, eso se transforma en un factor que también financia genuinamente la expansión del gasto. 

En tercer lugar, se debe tener en cuenta el sobrecumplimiento de las metas de superávit primario, lo cual está asociado a la subejecución del Programa de Emergencia. Esto nos lleva a agregar U$S 40:000.000 para la ejecución de 2007. La ejecución programada inicialmente era de U$S 70:000.000 para 2005; U$S 100:000.000 para 2006; y, U$S 30:000.000 para 2007. Ahora bien, como ejecutamos U$S 30:000.000 en 2005, los U$S 40:000.000 de diferencia pasan ahora al año 2007, y eso también integra el espacio fiscal adicional de esta Rendición de Cuentas. 

En cuarto término figura el ahorro en el pago de intereses de la deuda por la cancelación anticipada que hemos hecho con algunos organismos internacionales. En realidad, hemos realizado cancelaciones o prepagos con los tres organismos multilaterales: primero lo hicimos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, cancelando préstamos de emergencia muy caros que el país había necesitado contraer en medio de la crisis; luego efectuamos cancelaciones con el Fondo Monetario Internacional, y todo eso sumado, nos ha permitido hasta el momento ahorrar U$S 28:000.000 por concepto de intereses, que también se transforman en una fuente de recursos para esta Rendición de Cuentas. Finalmente, estamos financiando inversiones adicionales -que no se van a contabilizar presupuestalmente por razones que luego explicaré- con la venta del Nuevo Banco Comercial, que acaba de ser formalizada, habiendo culminado hace muy  poco  tiempo el  respectivo  proceso.   De  los  recursos  que  ya  percibimos -porque, obviamente, hay una parte del precio que se paga a plazos-  estamos destinando U$S 50:000.000 para financiar, precisamente, inversiones adicionales que son muy importantes en el Uruguay.

                Aquí estamos sintetizando un esquema de razonamiento que está en la base de esta propuesta. Por un lado, el crecimiento económico y, por otro, la reducción de la evasión y una política prudente en materia de gastos, dan mayor solidez a las cuentas públicas, lo que nos permite fundamentar el espacio fiscal del que estamos hablando en este momento.

                En esta presentación también hay una suerte de razonamiento conceptual que queremos compartir con los señores Senadores y que refiere a la conducción económica en su conjunto. Obviamente, con una visión de corto plazo, nuestro fin prioritario es reducir la pobreza en el Uruguay y mejorar las condiciones de vida de la población. Para esto es fundamental mantener equilibrios macroeconómicos y hacer las reformas estructurales que precisa el país, de modo de fundamentar el crecimiento de la economía, lo cual está asociado a la inversión. Esa inversión, por un lado, responde a una mejora de la confianza de los agentes económicos y, por otro, genera puestos de trabajo que, a su vez, constituyen una herramienta fundamental para disminuir los niveles de pobreza en el país. El aumento del gasto social apunta también en esa dirección.

En los últimos tiempos de debate sobre temas económicos y financieros, muchas veces hemos oído señalar -a nuestro juicio con razón- que el gasto público es una herramienta fundamental de equidad y de mejora en la distribución del ingreso. Pues nosotros compartimos esa tesis y esta Rendición de Cuentas, precisamente, se alinea con el respeto que se siente por el papel que juega el gasto público en la obtención de resultados sociales.

                Ahora bien, ¿cuál es el destino de estos recursos adicionales que estamos proponiendo? Tenemos que destacar cinco aspectos. En primer lugar, queremos atender la emergencia social porque, como acabo de señalar, en 2007 estamos presupuestando U$S 40:000.000 adicionales para el Plan de Emergencia, los que no fueron gastados en 2005. En segundo término, se asignan mayores partidas para la educación, que es una de las prioridades absolutamente destacadas de nuestro programa presupuestal. En tercer lugar, se quiere fortalecer el gasto en seguridad ciudadana, prioridad que descarto es compartida por todos quienes estamos en esta Sala.  En cuarto término, se pretende mejorar la atención de la salud, objetivo importante -prioritario, diría yo- desde el punto de vista social. Finalmente -aprovecho que está en último lugar para destacarlo aun más-  queremos que la inversión pública empiece a jugar el papel que debe en una economía que busca incrementar sus niveles de inversión, pero que sabe que hay algunas inversiones que el sector privado no va a hacer y que sí tiene que hacer el sector público. Me refiero a algunos rubros de infraestructura que son fundamentales para que la inversión privada venga al país. Por ejemplo, el dragado del puerto de Montevideo debe hacerlo el sector público, y vamos a ver qué recursos le destinamos porque es fundamental para que el privado, sobre todo del exterior, venga e invierta, asociándose en esta propuesta mixta que significa su desarrollo. Como dije, la inversión pública es una de las grandes protagonistas de esta Rendición de Cuentas.

                Ahora bien, vamos a ver las partidas, sintéticamente expuestas en el marco de los destinos que acabo de comentar. En primer lugar lo obvio, es decir, los U$S 40:000.000 para el Plan de Emergencia que no se gastaron en 2005 y que van a ser incluidos en el Presupuesto 2006. En segundo término, tenemos las partidas para la educación por U$S 28:000.000, que tienen dos componentes: uno -que ustedes conocen muy bien-  es la partida de U$S 20:000.000 para proyectos de inversión educativa que se votó como parte del Presupuesto Quinquenal y que tiene que comenzar a instrumentarse a partir de este año. Entonces, estamos incluyendo los recursos necesarios para que esos U$S 20:000.000, que en el Presupuesto tenían, fundamentalmente, un carácter programático, se empiecen a instrumentar ahora; pero le agregamos U$S 8:000.000, porque el artículo 476 de la Ley de Presupuesto tiene un inciso que dice que toda mejora en el incremento de la recaudación en el período presupuestal, tendrá que ser destinada, en una determinada proporción, a la educación. Creo que los señores Senadores también recordarán esto. En realidad, nosotros estamos haciendo un adelanto. ¿Por qué digo adelanto? Porque la mejora de la recaudación en el Presupuesto sólo se va a poder medir el año que viene, ya que los dos primeros años del Presupuesto son 2006 y 2007. Reitero que hacemos un adelanto de U$S 8:000.000 a cuenta de lo que le correspondería a la educación como consecuencia de esa mejora de la recaudación en el país, lo cual totaliza partidas por un total de U$S 28:000.000.

                Luego tenemos un espacio fiscal de U$S 65:000.000 destinado, a nuestro juicio, a áreas prioritarias. Estamos hablando de U$S 20:000.000 para el Ministerio del Interior para mejorar la condición de la seguridad ciudadana. Esto tiene que ver con cargos y mejoras de las retribuciones para los funcionarios de dicha Cartera. Además, hay una partida de U$S 20:000.000 para la salud, que en gran medida serán destinados a mejoras salariales. También habrá inversiones con financiamiento de instituciones financieras internacionales, como por ejemplo los radares para la Fuerza Aérea, que vienen a llenar una carencia importantísima en el país. El Uruguay está próximo a realizar eventos internacionales muy importantes, por lo que tiene que mejorar su seguridad aérea y contar con tecnología moderna en ese ámbito. Éste es un ejemplo de las inversiones con financiamiento de instituciones financieras internacionales.

                Luego tenemos otros gastos e inversiones que corresponden a diversos Ministerios e instituciones como, por ejemplo, los Ministerios de Turismo y Deporte, de Economía y Finanzas -sobre el que seguramente podremos conversar, con detalle, el próximo miércoles, ya que, según tengo entendido, está citado para comparecer como Inciso 05-  de Educación y Cultura, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y así sucesivamente, además del Poder Judicial, la Presidencia de la República y el INAU, que necesita un refuerzo importante para cumplir de mejor manera sus funciones. En total, estamos dedicando a este destino, aproximadamente unos U$S 15:000.000.

                Resumiendo, tenemos U$S 40:000.000 para el Plan de Emergencia, U$S 28:000.000 de partidas adicionales para la educación y U$S 65:000.000 para esos destinos que  acabo de detallar.

                Ahora bien, en Infraestructura, vamos a incluir inversiones adicionales que, por diversas razones, separamos, en primer lugar, porque las que voy a enumerar a continuación no se computan presupuestalmente, dado el acuerdo que hemos hecho con el Fondo Monetario Internacional. Se trata de los fondos correspondientes a la venta del Nuevo Banco Comercial. En palabras simples, es como si el gasto no se contabilizara. Ese es el acuerdo que se hizo con el Fondo: no entran en los cálculos de resultado fiscal que hemos comprometido en las metas con el Fondo.

Estamos hablando de U$S 50:000.000, que tendrán los siguientes destinos, a saber: la mejora de la Ruta 1, Ministerio de Transporte y Obras Públicas; el desarrollo de fibra óptica para ANTEL, lo cual es fundamental para que la empresa pueda competir con éxito y obtener buenos resultados; las vías férreas para el transporte -el año pasado empezamos a renovar la flota de material rodante y, ahora, llegó el turno de renovar las vías férreas para desarrollar esta importantísima vía, sobre todo, a partir de la expansión del complejo forestal industrial, y el dragado del puerto de Montevideo, que va a llevar a cabo la Administración Nacional de Puertos. De todos estos destinos, el único que, en realidad, va a figurar en el Presupuesto, es el aporte para la Administración de Ferrocarriles del Estado, porque va a tener la forma, no de un rubro del Presupuesto de Administración de Ferrocarriles del Estado, sino de un subsidio que se le va a otorgar por la vía de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Quiere decir que esto lo tenemos que contabilizar, sí, en el Presupuesto. Y, finalmente, proyectos de inversión canalizados a través de la Corporación Vial del Uruguay -que, como se sabe, es una institución que articula a la Corporación Nacional para el Desarrollo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas-  también financiados extrapresupuestalmente o, mejor dicho, con una contabilización extrapresupuestal, cuya fuente de financiamiento es la Corporación Andina de Fomento.

                No quisiera que dejemos de tener en cuenta en esta sesión, el hecho de que debemos hacer previsiones para responder a importantes incrementos salariales y de pasividades a partir del 1º de enero del año que viene. ¿Por qué importantes? Las pasividades están atadas al Indice Medio de Salarios, que está creciendo y va a seguir creciendo. La suba de los salarios públicos, por encima de las proyecciones, se debe al mayor crecimiento del Producto Bruto Interno, porque la fórmula de ajuste -que es ésa tan complicada que tienen ante ustedes y que no importa analizar en sus detalles- nos muestra algo muy importante: la suba del salario público está atada a la evolución del Producto Bruto Interno, que viene evolucionando muy bien. Por lo tanto, hay que esperar incrementos importantes de salarios públicos y pasividades, por lo que la Rendición de Cuentas va a tener una partida que prevea esta situación. En definitiva, los incrementos de salarios y pasividades a conceder a partir del 1º de enero del próximo año, no van a estar por debajo del 10% nominal.

Luego, también por estas razones y por lo que indica la Constitución de la República, deberemos hacer mayores transferencias a los Gobiernos Departamentales, porque la Constitución ata las transferencias a los Gobiernos Departamentales a la evolución de los recursos que perciba el sector público, y como éstos -tal como acabamos de decir- se están incrementando por varios motivos, tendremos que hacer lo propio con las partidas para los Gobiernos municipales que, en el próximo año 2007, ubicamos, aproximadamente, en unos U$S 15:000.000. 

El siguiente cuadro es muy importante, porque vincula el concepto del gasto -al que corresponde la columna de la izquierda- con cuatro características que es fundamental distinguir. La segunda columna dice: “Gasto ya contemplado en el Programa que hicimos el año pasado”, que es lo mismo que decir: “Gasto ya contemplado en el Presupuesto Quinquenal”, y por otro lado: “Gastos con impacto en el Programa Financiero”, que quiere decir: “Gastos adicionales que impactan en el Programa Financiero”, o sea, que tienen que promover la administración de recursos para financiarlo. Luego tenemos: “Gastos sin impacto en el Programa Financiero” que, por razones que ya expliqué, no van a estar, en su aplastante mayoría, contabilizados presupuestalmente. Luego tenemos una columna de “total” y después una última columna que nos indica si el gasto es permanente o transitorio, lo cual también es importante para hacer un análisis, precisamente, de lo que se está proponiendo aquí.

                En la primera columna tenemos los incrementos ya concedidos en el Presupuesto, por U$S 38:000.000; las partidas para la educación, que ya estaban en el Presupuesto, por U$S 20:000.000 -los proyectos de inversión, que ahora los estamos financiando-  y las mayores transferencias a las Intendencias por U$S 12:000.000, lo que da un total de U$S 70:000.000.

Ahora bien, con impacto en el programa financiero, esto es, como parte de la Rendición de Cuentas, nosotros estamos agregando U$S 8:000.000 para la educación, U$S 40:000.000 para el Plan de Emergencia -no voy a dar la explicación porque no quiero reiterarme-  U$S 25:000.000 para prever aumentos de salarios y jubilaciones el año que viene -no este año- y U$S 3:000.000 por mayores transferencias a Intendencias -para totalizar esos U$S 15:000.000 de que les hablé recién-  con lo que tenemos ahí un subtotal de U$S 76:000.000, habida cuenta de que, además, hay un espacio fiscal adicional máximo disponible de U$S 65:000.000. Me acota el economista Fernando Lorenzo que tenemos una diferencia de U$S 2:000.000 y que ese espacio fiscal del que hablé recién sería de U$S 67:000.000; el cuadro fue confeccionado antes de ajustar esos U$S 2:000.000; pero lo que importa de esta columna es saber que tiene impacto en el programa financiero.

Luego tenemos la inversión sin impacto en el programa financiero -por razones que ya expliqué-  que son U$S 50:000.000 para inversiones en infraestructura y comunicaciones excluidas de las metas fiscales -son los U$S 50:000.000 del Nuevo Banco Comercial- y U$S 40:000.000 de la Corporación Vial, que tienen el financiamiento de la Corporación Andina de Fomento.

Si sumamos todo llegamos -como ya ha trascendido a través de los medios- a un impacto adicional de gasto de U$S 300:000.000 pero, en rigor, de esa cifra, lo que está proporcionando adicionalmente esta Rendición de Cuentas son U$S 141:000.000.

Por otra parte, tenemos partidas permanentes -como los créditos ya previstos en el Presupuesto-  partidas adicionales para la educación, el incremento de previsiones para salarios públicos, transferencias a la Seguridad Social y las mayores transferencias a las Intendencias. Todas estas son partidas permanentes; pero tenemos, también, algunas partidas transitorias muy importantes, como el incremento presupuestal para el Plan de Emergencia y, al mismo tiempo, las inversiones en infraestructura, que estamos previendo en U$S 50:000.000, aproximadamente.

Tenemos entonces, respecto a 2005, un incremento del gasto público de unos U$S 300:000.000 lo cual, a nuestro juicio, tiene un impacto importante en atención a las necesidades del país. Los orígenes que aseguran estos U$S 300:000.000 de gasto adicional son los que acabo de exponer: algunos son presupuestales, otros no lo son; algunos estaban previstos en el Presupuesto, mientras que otros los estamos agregando; algunos son permanentes y otros transitorios. Insisto en estas categorías porque me parece que hay que tenerlas en cuenta a la luz de estudiar y evaluar la propuesta que se está analizando.

A continuación abordaremos el último punto, que será muy breve, y que tiene que ver con nuevos recursos para el Uruguay productivo, esto es, en rigor, para disponer de estímulos económicos a fin de seguir incrementando la inversión y, naturalmente, la producción del Uruguay, sobre todo en sectores que están demostrando una potencialidad enorme.

                Queremos ir hacia un sistema de incentivos productivos que sea más racional, focalizado y transparente. ¿Por qué racional? Porque el actual no lo es. Todos sabemos que hay muchas incoherencias y situaciones que cuando se comparan no tienen explicación: ¿por qué una actividad recibe apoyo y otra no, o por qué una actividad está subsidiada y otra no lo está? Entonces, el sistema debe ser racional en el sentido de equitativo, desde ese punto de vista.

                ¿Por qué focalizado? Porque creemos que el Uruguay tiene que promover por esta vía especializaciones productivas importantes y, sobre todo, apoyar a aquellos sectores o actividades que -como dije hace instantes- están demostrando potencialidad para crecer y ofrecer buenos resultados al país.

                Por último, queremos un sistema transparente porque pensamos que, con el sistema actual, el pueblo uruguayo no sabe adónde van sus recursos y mucho menos a quién está subsidiando y a quién no. Por lo tanto, así como el año pasado dijimos que no queríamos más rentas afectadas en el Uruguay ni impuestos que financiaran actividades, ahora decimos que queremos saber a quién estamos subsidiando y a quién no. Por eso, acabamos de prorrogar por seis meses más el esquema de devolución de impuestos vigente y en este semestre nos dedicaremos a analizarlo porque tenemos la convicción de que nuestro país está otorgando partidas que superan la carga tributaria indirecta que hay que devolver a las exportaciones. Naturalmente, podríamos estar equivocados, pero eso lo dirá el análisis que vamos a realizar. Nuestra hipótesis es que no sólo no estamos errados, sino que el volumen de unos U$S 100:000.000 que estamos gastando por esta vía supera ampliamente la carga tributaria indirecta que hay que devolver. Entonces, lo que queremos es saberlo con certeza. Es claro que una vez realizado el estudio, publicitaremos los resultados.

En el futuro quisiéramos llegar a que el sistema de devolución de impuestos sea, efectivamente, un sistema de devolución de impuestos, y no un sistema de subsidios ocultos o encubiertos. Por eso en esta presentación se dice que queremos utilizar la devolución de impuestos como correcta herramienta de política pública ya que es, verdaderamente, una herramienta muy valiosa. Es absolutamente incierto que vayamos a terminar con esto; al contrario, queremos que funcione de la mejor manera posible y para ello debemos eliminar el componente de subsidio implícito. Si en el futuro hay que subsidiar alguna actividad, lo tenemos que saber y luego decidir de manera transparente; sobre todo, la sociedad debe estar enterada.

Por otro lado, vamos a transparentar -por decirlo así- el destino de este beneficio, es decir, se sabrá quiénes lo reciben y procuraremos, como allí se señala, un régimen más equitativo, simple y eficiente. Por esa razón, en este proyecto de ley de Rendición de Cuentas hemos incluido -ese es el motivo del comentario realizado- una facultad al Poder Ejecutivo que le permite aumentar los créditos presupuestales para apoyos al sector productivo por la diferencia entre el total de certificados recibidos por las agencias de recaudación en el año 2006 y el monto total de devoluciones ‑devoluciones correctas, que surja de la revisión del esquema- calculada sobre las exportaciones realizadas en el mismo año.

En definitiva, queremos que la devolución de impuestos sea devolución de impuestos y que el subsidio sea subsidio, para que quede bien claro. No estamos rechazando ninguno de los dos instrumentos, es decir, queremos devolución de impuestos y pensamos que se puede recurrir perfectamente bien al subsidio, sólo que hay que saberlo. Naturalmente, con esto estamos diciendo algo que me parece muy importante: que el dinero resultante de esa diferencia que vamos a tratar de analizar quede para el sector productivo y no tenga otro destino. Por eso hablábamos de recursos adicionales para el Uruguay productivo.

Queremos proponer la creación de una Comisión integrada por los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Transporte y Obras Públicas, de Industria, Energía y Minería, de Turismo y Deporte y de Economía y Finanzas, para el diseño e implementación de los proyectos de apoyo a los sectores productivos que, entre otras cosas, serán alimentados con los recursos que surjan del estudio que acabamos de mencionar.

                Por aquí voy a dejar la presentación general y, de acuerdo con lo que estaba previsto, todo nuestro equipo está a las órdenes para referirse a los temas y contestar las preguntas que los señores Senadores entiendan pertinente formular.

SEÑOR PRESIDENTE.- Finalizada la primera intervención del señor Ministro de Economía y Finanzas, están anotados para hacer uso de la palabra los señores Senadores Larrañaga, Da Rosa, Abreu y Gallinal.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Saludamos al señor Ministro y a la delegación que lo acompaña.

                Como se podrá entender, la realidad es que hemos tenido poco tiempo para analizar el proyecto de Rendición de Cuentas; no obstante lo cual, haremos algunas preguntas de carácter general, quedando a la espera de la nueva visita del Ministerio de Economía y Finanzas el próximo miércoles.

                El Gobierno ha revisado al alza la tasa de crecimiento para los próximos dos años, en función del desempeño pasado de nuestra economía, como así también del contexto externo y se ha observado un crecimiento de la recaudación por encima de lo esperado, consecuencia de la mejora de la gestión, tal como se ha indicado. Ambos factores -más allá de mayores gastos por la crisis energética y la suba del precio del petróleo- permiten hoy al Gobierno expandir el gasto en políticas sociales e inversiones en obras de infraestructura, entre otros. Esa es, más o menos, la línea general de la exposición, en un repaso muy grueso y sintético.

                Nos importa la opinión del señor Ministro acerca de algunos temas que, si bien no forman parte específica de la Rendición de Cuentas, sí hacen a las posibilidades de crecimiento de la economía y, en consecuencia, van a determinar la capacidad de financiar los mayores gastos previstos.

                Por lo tanto, la primera pregunta que queremos formular es la siguiente. ¿Cómo valora el señor Ministro la Ley de Fueros Sindicales y la interpretación que ha dado el Poder Ejecutivo a las ocupaciones como extensión del derecho de huelga? En particular, ¿considera que esto puede afectar en el futuro el clima de negocios e impedir el crecimiento de las inversiones del sector privado? Hay que tener en cuenta que estas inversiones son imprescindibles para la generación de trabajo.

                Claramente, uno de los principales componentes del gasto público son los intereses de la deuda. Teniendo en cuenta que estamos en un escenario donde analistas internacionales prevén nuevos y sostenidos aumentos en los tipos de intereses internacionales, que más de un tercio de la deuda pública uruguaya está pactada a tasa variable y que el Gobierno deberá seguir emitiendo en un escenario de mayores tasas que las que originaron la deuda actual, queremos preguntar qué impacto espera el señor Ministro que tenga este incremento futuro sobre las finanzas públicas y su sostenibilidad.

                Otro tema que queremos enfocar es el siguiente. Según surge del Cuadro 63 de la Rendición de Cuentas, la deuda pública total aumentó en términos absolutos aproximadamente U$S 810:000.000 en 2005. Sin embargo, expresada en pesos y producto de la apreciación de nuestra moneda, la misma deuda se redujo en $ 10.300:000.000. Obviamente, con respecto a los intereses de la deuda ocurre algo similar. La reducción en pesos por una moneda apreciada ha permitido al Gobierno hacer frente a un resultado primario inferior al de 2004. Entonces, si bien el Gobierno no administra el tipo de cambio, ¿espera que éste se mantenga en los actuales niveles y así se pueda amortiguar el servicio de la deuda?

                Aclaro que voy a hacer todas las preguntas juntas a fin de abreviar la exposición.

                Por otro lado, quiero detenerme en el Cuadro de la página 55 del informe económico-financiero. Allí se expone la nueva programación del Gobierno y según surge de dicho Cuadro, los ingresos del sector público no financiero pasarán de representar el 28,9% del Producto Bruto Interno en 2005 al 31,3% en 2009, o sea que existirá un incremento de 2,4% del Producto Bruto Interno en el esfuerzo tributario de la población. Ahora bien; la recaudación de la Dirección General Impositiva aumentará 2,6 puntos del Producto Bruto Interno, por lo cual la mayor recaudación, vía mayor actividad o eficiencia, tenderá a compensar la pérdida que a criterio del Ministerio se produzca por la reforma tributaria. A la luz de esto, en lugar de aumentar el gasto primario en 2,1 puntos del Producto Bruto Interno como se prevé, ¿no hubiera sido preferible ser más ambiciosos para bajar impuestos en la reforma tributaria que todavía no está específicamente establecida, según tenemos entendido?          

                Para finalizar deseamos formular algunas preguntas políticas. Su Ministerio administra variables económicas, pero hay fuertes contenidos de decisiones políticas en el ejercicio del Gobierno. El señor Ministro habla del crecimiento económico, entre otras cosas, por el aumento del comercio exterior y también manifiesta la necesidad de reforzarlo. Específicamente, queremos saber en qué estado se encuentra la posibilidad de concretar un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos o con otros países. ¿En qué situación está hoy este tema, habida cuenta de las distintas declaraciones de diferentes actores políticos del Gobierno empezando, obviamente, por las emitidas por el Presidente de la República? Tengamos en cuenta, además, que estamos en la recta final de ese proceso y que las decisiones que no se puedan sustanciar, procesar y concretar en los próximos meses -tentativamente de aquí a octubre, según se nos expresa- tendrán consecuencias complejas y difíciles en cuanto a lo que pueda significar un posible Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Hay instancias de negociación, instancias de discusión bilateral entre los representantes de los dos países, y queremos saber sobre este tema que, obviamente, afectó o puede llegar a afectar a la economía del país.

                También nos gustaría conocer la opinión del señor Ministro sobre un aparente acuerdo -según lo que ha trascendido en las últimas horas- entre su Ministerio, el Banco de la República y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con relación al endeudamiento del sector agropecuario. En la prensa del día de hoy se manejaron determinados topes y queremos saber concretamente qué avances hay en este tema y si hubo entendimientos con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la reunión que se llevó a cabo en el día de ayer entre los dos Ministerios citados y el Presidente de la República.

                Por último, se habló de la inversión pública y de los recursos económicos que se destinan en esta Rendición de Cuentas, para lo que, obviamente, se han realizado opciones. Quizás la siguiente sea una pregunta para formular al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero ya que contamos con la presencia del señor Ministro de Economía y Finanzas se la formulo a él, porque seguramente se habrán determinado prioridades en función de la definición de criterios políticos surgidos del relacionamiento con los otros Ministros. Concretamente, queremos saber por qué no figuran recursos de inversión pública, por ejemplo, para el dragado del río Uruguay, obra que es fundamental, incluso en virtud de las plantas de celulosa que se están instalando.

                Estas son las preguntas que tenemos para formular por el momento. Muchas gracias, señor Presidente y señor Ministro.

SEÑOR MINISTRO.- En primer lugar, quiero decir que las fuentes de recursos para esta propuesta presupuestal no son sólo la del crecimiento y mejora de la administración tributaria, sino también la de los recursos provenientes de la venta del Nuevo Banco Comercial -U$S 50:000.000 pesan en el Uruguay, y mucho-  y la del ahorro de U$S 28:000.000 de intereses -que también pesan- como consecuencia de la administración de la deuda pública. Entre ambas fuentes tenemos nada más ni nada menos que U$S 78:000.000, que es mucho dinero para nuestro país.

                En segundo término, me gustaría manifestar que estoy de acuerdo con la Ley de Fueros Sindicales y con la política que lleva adelante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque se enmarca en un concepto global de estabilidad que, a mi juicio, es muy importante para obtener el objetivo de incrementar la inversión pública. Entonces, no sólo no temo que esto impida el crecimiento de la inversión, sino que a mediano y a largo plazo lo considero fundamental para seguir incrementándola.

En el ámbito laboral no puede haber estabilidad sólo para una parte; tiene que haberla para todos. Durante muchos años en el Uruguay prácticamente no se discutían los temas laborales y los trabajadores no disponían de ámbitos colectivos de negociación. Ahora los trabajadores cuentan con esos ámbitos y estamos dirigiéndonos, aproximándonos, a un nuevo esquema, a una nueva estructura de tratamiento de los temas laborales. Sin duda hay problemas; por supuesto que los hay, pero seguramente el resultado que podremos obtener va a ser bueno para el país.

O sea que yo, como Ministro de Economía y Finanzas, respaldo la política del señor Ministro de Trabajo y Seguridad social al respecto, y aclaro que no digo eso simplemente porque sea un colega que integra un Gobierno que también integro, sino porque estoy convencido de que este es el camino  que tiene que seguir el Uruguay.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Dentro de la misma pregunta que formulé, también estaba el tema de las ocupaciones y la interpretación que hace el Poder Ejecutivo como extensión del derecho de huelga. Aparte de la opinión del señor Ministro sobre la Ley de Fuero Sindical, quisiera saber qué piensa sobre este aspecto.

SEÑOR MINISTRO.- Me parece correcta la administración que el Ministerio está realizando en todo este tema; no quiero interferir con declaraciones externas al ámbito de debate en la política que está llevando a cabo el Ministro, y si el señor Senador me permite, reitero mi apoyo a la política del Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

                En tercer lugar, sobre incremento de tasas de interés y aumento de deuda pública, así como sobre proyecciones del tipo de cambio nominal, quiero adelantar algunas opiniones que después profundizará el economista Fernando Lorenzo, que es quien ejerce nuestra Asesoría Macroeconómica.

En principio, quiero decir que es evidente que el incremento de las tasas de interés es uno de los factores de riesgo que tenemos en la economía mundial, y que ello pesa negativamente sobre un país endeudado como lo es el Uruguay. No prevemos variaciones dramáticas en esta variable para los próximos dieciocho meses -no estaría diciendo la verdad si afirmara otra cosa-  pero se trata de un factor que hay que seguir vigilando y monitoreando. Sin embargo, no creemos que sea un factor desestabilizador del programa económico-financiero del Uruguay en el próximo año y medio. No obstante, hay que tener mucho cuidado, porque también  los precios del petróleo son un factor de riesgo tremendo y a esta hora ha sido más importante su incidencia en la evolución de la tasa de interés desde este punto de vista.

Nosotros estamos administrando la deuda pública -y esto importa subrayarlo-  pero no la evolución de corto plazo de la deuda pública bruta porque, dicho sea de paso, interesa sobre todo tener en cuenta la deuda pública neta, mucho más que la bruta. De todas maneras, lo que más importa es analizar los criterios con que está siendo administrada esa deuda, que son fundamentalmente tres.

En primer lugar, hay que abaratar la deuda que tiene el Uruguay. Nuestro país se ha visto obligado, en épocas de crisis, a contraer deuda muy cara, y es menester hacer esfuerzos por abaratar su costo, por supuesto en términos de intereses. Eso lo estamos haciendo y ya hemos conseguido algunos resultados palpables y muy positivos. Quiero recordar a los señores Senadores que el Ministerio de Economía y Finanzas instaló una Oficina de Administración de la Deuda Pública, que maneja este tema profesionalmente y con dedicación total. Precisamente, ésa era una de las reformas que queríamos incluir el año pasado, y los resultados están siendo muy buenos.

                El segundo criterio a emplear consiste en alargar los plazos de un país agobiado por los compromisos de corto plazo. Los señores Senadores recordarán todo el debate preelectoral que tuvimos, en el que diversas fuerzas estábamos de acuerdo en que el Uruguay tenía vencimientos muy importantes en los primeros años del Gobierno actual. Eso ya ha sido superado y el Uruguay va a seguir transitando por este camino de alargamiento de plazos, obviamente para tener más margen de maniobra.

                Finalmente, queremos ir disminuyendo el condicionamiento que supone esta deuda pública. Queremos dar más importancia a la colocación de deuda soberana, que le permita al país ir superando de a poco los condicionamientos que tiene -sobre todo por parte del Fondo Monetario Internacional-  que acotan o restringen el margen de maniobra de la política económica. Todo ello está en el marco de una tendencia que esperamos consolidar; me refiero a la disminución de la relación entre deuda pública  y producto. Desde este punto de vista, estamos en un 78%, habiendo arrancado con un porcentaje muy superior a éste, y pensamos finalizar el período con un porcentaje aproximado al 50%.

                En cuanto a las proyecciones de tipo de cambio nominal para el resto de este año -entiendo que la pregunta está referida al año 2006- no esperamos variaciones significativas.

                Si me permite, señor Presidente, le voy a pedir al economista Fernando Lorenzo que profundice las respuestas a estas tres últimas preguntas.

SEÑOR LORENZO.- Voy a ser breve y específico con relación a las preguntas.

                Con respecto al incremento de la deuda del sector público durante el año pasado -creo que la respuesta que voy a dar va a permitir no sólo dar cuenta de lo que pasó el año pasado, sino entender qué es lo previsible para éste y en el futuro- los incrementos de deuda, básicamente, se han utilizado para dos cosas: una para financiar el déficit -es un componente esencial del financiamiento del déficit, la emisión de deuda pública- y otra, para  fortalecer la posición de reservas del país. El componente de fortalecimiento de la  posición de reservas es bastante importante para el país a fin de reducir vulnerabilidades hacia el futuro, y es un componente bastante relevante en la explicación del incremento de deuda bruta del año pasado este incremento de reservas como explicación de las cifras a las que aludía el señor Senador Larrañaga.

                Es por eso que, básicamente, parte del incremento de la deuda es para reducir una vulnerabilidad que se manifiesta en fortalecer la posición de reservas, como lo recordará el señor Senador Larrañaga, en oportunidad de que presentamos un proyecto de ley -que hoy es ley- relativo a los topes de endeudamiento, y propusimos -en ese momento el Parlamento entendió que era adecuado hacerlo a efectos de poner los topes de endeudamiento- recurrir al concepto de deuda neta y no al concepto de deuda bruta. Esto permite que el concepto relevante de endeudamiento dé cuenta de que el país no sólo  tiene que financiar déficit, sino que tiene que ser menos vulnerable desde el punto de vista financiero, y la política de endeudamiento es un instrumento a tales efectos.

                El otro tema planteado es el relativo al incremento de las tasas de interés internacionales. En primer lugar, un incremento de las tasas de interés internacionales para un país que está endeudado y que, además, tiene que renovar en el mercado su endeudamiento, no es una buena noticia, por lo que cualquier incremento que ocurra, implicará mayores sacrificios para el país y, básicamente, un costo del servicio de la deuda más importante hacia el futuro. No obstante, hay que tener en cuenta que una parte fundamental de la deuda pública uruguaya está a tasa fija y a plazos lo suficientemente prolongados como para que el impacto que tienen los movimientos de tasas de interés, que son negativos -y esto hay que reconocerlo, insisto-  se expresen en términos de problemas fiscales de una manera bastante más lenta y menos directa. O sea, un incremento de la tasa de interés sobre toda la deuda que está denominada  tasa fija, no impacta en forma sustancial.

                Entonces, hay que decir que es una preocupación el incremento de las tasas de interés, aunque no se exprese rápidamente. Una forma importante de encarar los problemas que implica el aumento de las tasas de interés y sus repercusiones más inmediatas, es la aplicación de políticas que permitan alargar los plazos de los vencimientos. Es decir que si nosotros alargamos los plazos de los vencimientos y hacemos un manejo prudente de la deuda, no necesitaremos refinanciar deudas a plazos muy cortos, lo cual es algo muy bueno. Esta ha sido parte de la política que se ha aplicado y del fundamento de cada una de las acciones que se han llevado adelante en este período.

Por otra parte, como lo dijimos en ocasión de presentar el proyecto de ley de Presupuesto  y  lo  reiteró  el señor Ministro recién,  el tipo de cambio real actual -no el nominal- es la referencia que se usa hacia el futuro sobre todo el período en que se está haciendo la programación. De manera que no se están contemplando variaciones significativas del tipo de cambio real. Esto quiere decir que estamos previendo una inflación en dólares relevante para el Uruguay, pero similar a la que tiene el conjunto de los países con los que nos relacionamos. Ese es el criterio que se ha utilizado para la programación financiera, habida cuenta de los objetivos de inflación y de lo que esperamos sea la inflación de referencia internacional; aclaro que esas predicciones no las hacemos nosotros, sino que simplemente las tomamos en cuenta.

SEÑOR MINISTRO.- La siguiente pregunta refiere a la Dirección General Impositiva, a los impuestos y al gasto.

Ya he señalado que esperamos que los niveles de eficiencia de la Dirección General Impositiva, con la que tenemos un compromiso de gestión en el Ministerio de Economía y Finanzas -que se viene cumpliendo en forma por demás holgada y que esperamos, dicho sea de paso, ir expandiendo a otros sectores de la Administración Pública, porque entendemos que es un criterio de sana administración-  van a continuar en el futuro. Es más; estamos previendo un destacado incremento de la recaudación con relación al Producto por razones de eficiencia durante el año 2006.

Se nos pregunta si no sería preferible bajar impuestos antes que incrementar el gasto, si no entendí mal. A este respecto quiero decir, en primer lugar, que nosotros no estamos proponiendo un incremento de impuestos y que el proyecto de reforma tributaria que hemos enviado al Parlamento no sólo no supone un aumento de la recaudación, sino que supone una pequeña disminución, que entendemos puede ser rápidamente absorbida por la mejora de la eficiencia y la evolución del nivel de actividad. Pero tampoco estamos proponiendo una expansión del gasto que esté más allá de los niveles de prudencia que tiene que tener un país como el Uruguay.

Los  señores  Senadores podrán comprobar,  en  un  análisis  más  detenido -que el señor Senador Larrañaga decía que no habían tenido tiempo de hacer y me hago cargo de que eso es así-  que la expansión del gasto está en su totalidad respaldada genuinamente por expansión de la actividad, mejora en la administración tributaria y por los factores excepcionales que acabo de mencionar: la venta del Nuevo Banco Comercial y la disminución de intereses de la deuda pública. Pero si analizamos la proporción del gasto sobre el Producto -lo que llamamos “gasto primario del sector público no financiero”-  percibiremos que se mantiene dentro de un nivel de proporción absolutamente adecuado a las necesidades del país. Además, ese porcentaje es inferior a cuatro de los cinco años del Período anterior. Es decir que el Uruguay sigue administrando el gasto con mucha prudencia y lo va a seguir haciendo.

Los gastos que se están realizando son absolutamente imprescindibles para el país. Desde el punto de vista social, atender a los que más sufren es una prioridad que compartimos todos, pero además forzar un incremento de la inversión, incluso con recursos excepcionales que hoy tenemos la fortuna de disponer, también es una obligación, porque la inversión pública está muy deprimida y tiene que jugar un papel que nadie va a jugar por ella. El  propio señor Senador Larrañaga ponía un ejemplo, que debo decir que no está contemplado aquí -el dragado del río Uruguay-  que es fundamental y lo tendremos que considerar. No lo hemos considerado entre las prioridades de este año. El dragado del Río de la Plata está en el Presupuesto Quinquenal; pero me hago cargo de que el dragado del río Uruguay es una prioridad que el país va a tener que encarar en algún momento. Entonces, vamos encarando las prioridades y las necesidades que tiene el país, pero eso se hace con gasto; no se puede hacer de otra manera. La clave, entonces, está en manejar el gasto siempre dentro de los límites de sostenibilidad que plantea la evolución de la economía.

                En materia de comercio exterior, quiero decir lo siguiente. Creo que, sin perjuicio de iniciar aquí un debate sobre un tema que es ajeno a la Rendición de Cuentas, todos sabemos que formamos parte de una región de integración, el MERCOSUR, proyecto que fue aprobado por el Uruguay político en su conjunto y encarado como una verdadera cuestión de Estado. A mi juicio, fue un enorme acierto estratégico del país, que ha pasado por momentos de diversa orientación y de diversos resultados y que desde hace un tiempo pasa por un proceso de problemas. Reitero que no es mi intención discutir aquí esos problemas, pero quiero enmarcar la respuesta en la pregunta que me ha formulado el señor Senador Larrañaga.

¿Qué significa esto? ¿Qué debemos pasar a considerar el MERCOSUR como una prioridad secundaria? Creo que no. Pienso que hoy, más que nunca, el Uruguay tiene que dedicar esfuerzos a mejorar su papel en la región y a contribuir por esa vía a lograr un resultado colectivo positivo. Ahora bien, hay momentos en los que el país es más escuchado y otros en los que es menos escuchado. Uno de los problemas que a mi juicio -no comprometo a nadie en esto- tiene el MERCOSUR en la actualidad es, precisamente, que el Uruguay es poco escuchado. Es decir que tiene pocas posibilidades de incidir para contribuir a la superación de problemas que evidentemente atraviesa el proyecto regional.

¿Qué hace uno cuando se encuentra con una situación de ese tipo? Me parece que una de las maneras de fortalecer la voz del Uruguay, es mejorar nuestra posición en el resto del mundo y aprovechar las enormes potencialidades que tiene este país en materia de inversiones y comercio. Permítame, señor Senador, que incluya también la inversión, que hoy en día está cada vez menos separada del comercio; es más, podríamos decir que van juntos. Especialmente quiero articularlos por una parte de la pregunta del señor Senador que me parece fundamental, que es la negociación con los Estados Unidos. Creo que el Uruguay no debe limitar su negociación con los Estados Unidos ni la mejora de su inserción extrarregional, sino que debe atacar esta inserción con un criterio diversificado, porque ahí está la fuerza de los países pequeños, es decir, en la diversificación de sus posibilidades de inversión y de comercio. Uno de los destinos absolutamente indicados es Estados Unidos, hoy en día y desde hace un tiempo nuestro principal cliente. Pero, además, es un país con el que acabamos de celebrar y ratificar en el Parlamento un Tratado de Protección y Promoción de Inversiones que, a mi juicio, es una medida absolutamente acertada del país y del Parlamento en particular. Digo acertada porque eso ya gana mucho terreno respecto a un acuerdo bilateral con los Estados Unidos.

No sólo el terreno comercial es el que importa, sino también el de las inversiones. Este Tratado de Inversiones que acabamos de ratificar con los Estados Unidos, tiene repercusiones positivas indudables en el campo comercial. ¿Qué está haciendo hoy el Uruguay? Está intentando ir más allá de este Tratado de Protección de Inversiones para lograr un mejor acceso al comercio. ¿Qué va a lograr al cabo de estas negociaciones? Yo no lo puedo decir, no estoy en condiciones de hacerlo, pero sí estoy en condiciones de decir que todo el Gobierno está embarcado en mejorar su acceso al comercio en los Estados Unidos; acceso al comercio que quiere decir mayores ventajas arancelarias, pero también  diversificación de productos que van más allá de la carne ‑que es, digamos así, el “producto estrella” en los Estados Unidos- y que, también, multiplican y diversifican las oportunidades que tiene el país allí.

Hasta ahora hemos tenido un proceso auspicioso. Por un lado, mantuvimos una muy buena entrevista con el Presidente de los Estados Unidos, que no selló ningún tipo de acuerdo bilateral sino que abrió sus puertas para que el Uruguay mejorara su vinculación comercial con ese país, y por otro participamos en dos reuniones con el Comité Conjunto de Comercio e Inversiones Uruguay-Estados Unidos en las que se ha empezado a fijar la agenda del tema. El próximo paso es una videoconferencia en la que se van a profundizar algunos de los temas tratados en la última reunión, y luego el encuentro de octubre.

Soy optimista y creo que vamos a poder progresar mucho en el tema. Cuando tengamos el resultado final le podremos poner un nombre, pero si al Tratado de Inversiones le agregamos los avances en el acceso comercial, estaremos cerca de un muy buen acuerdo para el Uruguay, con resultados contantes y sonantes, y de corto plazo.

En materia de endeudamiento, como es notorio, ayer mantuvimos una reunión con el Presidente de la República, el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, compañero Mujica, y el Presidente del Banco de la República, Fernando Calloia. ¿Por qué nos reunimos también con el economista Calloia? Porque el Banco de la República es el principal acreedor y, obviamente, teníamos que analizar las posibles decisiones en su presencia.

Comienzo diciendo que efectivamente esta reunión ha tenido un resultado muy positivo, que no quedaría muy claro si no recordara cómo se inició y se gestó. Este encuentro se gestó el 19 de mayo pasado, cuando el Presidente de la República nos propuso profundizar el análisis de una categoría de deudores que en las estadísticas aparece como que o no se presentaron para encontrar un acuerdo con el acreedor o, habiéndose presentado, no llegaron a un acuerdo con el acreedor. Entonces, el Presidente nos pidió que investigáramos un poco más acerca de estas categorías, lo que hemos hecho en todo este período, culminando en la reunión de ayer en la noche. Dicho sea de paso, la información con que contamos ha mejorado mucho.

En la reunión de ayer resolvimos, en primer lugar, tomar a cerca de un millar de productores -no podría decir la cifra exacta porque también hay que mejorar estadísticamente el análisis del tema- que aparecen en las estadísticas de los fideicomisos I, II y III del Banco de la República como deudores con carpetas sin análisis. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo una presentación y mucho menos un acuerdo, por lo que eso está trancado en el tiempo y no pasa nada con ellos. Entonces, ahora resolvimos investigar más a fondo abriendo la carpeta de cada uno para ver qué pasa con esos deudores que, a su vez, deben menos de U$S 25.000, por lo que en principio se trata de gente modesta. También puede haber colas de deudas grandes, pero suponemos que eso se dará en la minoría de los casos. Entonces, de lo que se trata es de abrir las carpetas de un millar de deudores de menos de U$S 25.000 para saber por qué no se presentaron los que no lo hicieron, y los que sí  se acercaron al Banco, por qué no pudieron llegar a un acuerdo y qué les falta para hacerlo. Creemos que esta tarea la podemos hacer en dos semanas. Esa fue la primera resolución de ayer en la noche.

En cuanto a la segunda resolución tomada en el marco de las pautas que dimos a conocer el año pasado sobre financiamiento de las deudas que no se modifican, en este caso agropecuarias, aunque vale para todos los deudores -no me canso de repetir esto porque parece que en el país sólo estuviéramos hablando de los deudores agropecuarios y aquí hay deudas de la industria, de los servicios, del comercio y de las familias, estas últimas muy importantes-  de lo que se trata es de mejorar todavía más las posibilidades, previstas por la pauta, de los pequeños deudores agropecuarios para volver a engancharse en la producción y ser nuevamente sujetos de crédito. Entonces, vamos a mantener las quitas del 50% para pago contado de los de menos de U$S 15.000, pero vamos a agregar -y esto se acordó en la noche de ayer- el mismo tratamiento por los primeros U$S 15.000 para los que deben hasta U$S 30.000. De esta manera, se reforzaría un poquito más las posibilidades de superación del problema que, sin ninguna duda, siempre tiene la gente más modesta porque, obviamente, seguimos con la convicción de que los deudores contumaces y poderosos en este país deben ser ejecutados, y todo el mundo debe saberlo.

                En materia de inversión pública, comparto con el señor Senador Larrañaga la importancia que ella tiene y, por lo tanto, no tengo nada para agregar. Simplemente, quiero decir que ya anticipé mi respuesta: el dragado del río Uruguay no está hecho, pero es un tema que debemos encarar.

                Finalmente, voy a realizar un apunte referido a un tema que mencionó el economista Lorenzo. Las reservas internacionales netas del Uruguay llegaron a U$S 3.500:000.000 como consecuencia de las decisiones de política económica a las que se aludió anteriormente.

SEÑOR DA ROSA.- En función del análisis de la lectura del proyecto de ley de Rendición de Cuentas presentado, es notorio que en el conjunto de los indicadores, esto se inscribe en un marco internacional bastante favorable para el país. Esto es algo muy importante para cualquier nación, pero para el Uruguay, que es un país pequeño y que tiene un mercado interno reducido, ello representa un impacto de mucha mayor dimensión.

Desde ese punto de vista, en este proyecto de ley de Rendición de Cuentas se menciona la notoria baja de las tasas de interés a nivel internacional de los últimos años -factor éste indudablemente muy importante-  así como también la expansión del comercio en base, fundamentalmente, a las exportaciones de carne, rubro que ha registrado un gran incremento, tanto en las posibilidades de colocación como en los precios percibidos a nivel internacional.

                Entonces, me gustaría saber cómo afecta esto en la recaudación y en el crecimiento económico registrado en este proyecto de ley de Rendición de Cuentas, en cuánto incide el crecimiento de la economía derivado de esos factores y cuál es el porcentaje que ha aumentado en base a la mejora de gestión propia y exclusiva tanto de la Dirección General Impositiva como del Banco de Previsión Social. No sé si es posible determinar estos porcentajes porque, naturalmente, me doy cuenta de que estos factores repercuten unos sobre otros. En este sentido, el crecimiento de la economía también incide no necesariamente sobre la mejora de la gestión, pero sí de la recaudación, tanto de la Dirección General Impositiva como del Banco de Previsión Social.

                El otro aspecto que quería plantear -que también surge del análisis de este proyecto de ley- es el relativo al factor externo. Aquí se ha mencionado, y con razón, que, así como hemos hablado de factores externos favorables, hay un factor externo altamente desfavorable que es el precio del petróleo. Obviamente, este es un factor negativo para la economía uruguaya.

                También es sabido que el Uruguay suscribió un Acuerdo con la República Bolivariana de Venezuela que le otorga ciertas condiciones favorables en lo que tiene que ver con la adquisición del petróleo, en la medida en que se establece que un 25% de las compras que se realicen no necesariamente deben pagarse en un plazo de 60 ó 90 días, sino que pueden extenderse hasta en 15 años. Por otro lado, es evidente que eso da un mejor margen de maniobra al país en lo que tiene que ver con las adquisiciones de petróleo. Entonces, nos interesaría saber cómo ha evolucionado ese Acuerdo, es decir, cuánto ha estado ahorrando transitoriamente el Uruguay -porque, en definitiva, seguramente esto es deuda que se va asumiendo para el futuro, en este caso con Venezuela- anualmente en la adquisición de un rubro tan caro y que pesa tan fuertemente en la economía del país, como es el del petróleo, máxime considerando que hemos tenido condiciones climáticas adversas que han determinado el crecimiento del gasto, particularmente en la generación de energía, en la medida en que se ingresó en un invierno con una baja notoria de las reservas hídricas en los lagos de las represas. Indudablemente eso ha repercutido en las compras, y así lo dice el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal.

SEÑOR MINISTRO.- Sobre la primera pregunta -que espero haber entendido bien; de no ser así, el señor Senador me corregirá-  quiero decir que realmente es muy difícil desagregar el efecto de cada uno de los componentes mencionados.

                El señor Senador Da Rosa mencionaba el marco internacional favorable y el papel de las exportaciones de carne, entre otros factores, y culminaba preguntando cuánto se debe a cada uno de ellos, tanto en lo que hace a la mejora de la eficiencia de la Dirección General Impositiva como en el incremento del nivel de actividad. La verdad es que no tenemos elementos de juicio como para desagregar esos efectos. Es muy difícil -por no decir imposible-  por ejemplo, explicar qué papel jugó cada factor en el incremento de la inversión, aparte de los elementos de carácter interno que también inciden y, por lo tanto, en la creación de empleo, en la generación de ingresos globales para el país, así como el efecto que eso tuvo en la recaudación de recursos.

                De todas maneras, en la medida de nuestras posibilidades, si tenemos algún indicador que nos pueda ayudar a dar una respuesta más precisa a esta pregunta, la haremos llegar al señor Senador. Sin embargo, con las herramientas que tenemos hoy nos resulta realmente difícil aislar el impacto de cada uno de esos factores.

                Ahora bien; respecto al Acuerdo celebrado con Venezuela -que, obviamente tiene un efecto positivo sobre el país- voy a solicitar autorización a la Mesa para que el señor Subsecretario, economista Mario Bergara, pueda profundizar en la respuesta a esta pregunta.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Es correcta la descripción que hace el señor Senador Da Rosa sobre el Acuerdo con la República Bolivariana de Venezuela, en particular sobre el tema del petróleo. Es decir que aquí no se trata de que el comercio no se hace a precios internacionales de mercado. Algunos de los embarques de petróleo que han venido de Venezuela se han hecho, precisamente, a precios de mercado. La ventaja -si se quiere- del Acuerdo está en los términos del financiamiento. Por lo tanto, este es un tema que esencialmente facilita o mejora el manejo financiero en términos de la mezcla de financiamiento para permitir el comercio de petróleo, pero no impacta en lo que hace al espacio fiscal o al gasto, porque éste es el mismo, con la única diferencia que implica condiciones financieras más benévolas por plazos, entre otras, que después facilitan el manejo financiero. Esencialmente, en términos de gasto, de espacio fiscal, no hay modificaciones. Un embarque de petróleo de Venezuela de 1:000.000 de barriles se hace a precio de mercado y, por lo tanto, debe registrarse en términos fiscales a esos precios. El hecho de que después eso se pueda pagar en un plazo más largo y demás, tiene que ver con una cuestión del financiamiento y no del gasto.

En ese sentido, quiero enfatizar que hay un marco de condiciones favorables generales que estamos viviendo, donde algunas cosas sí son de carácter más o menos transitorio. Acá también hay que hacer algunas puntualizaciones. La propia formulación presupuestal -y también la de la Rendición de Cuentas- ya tiene incorporada la previsión de algunas evoluciones de ciertos factores internacionales, como por ejemplo el aumento de las tasas de interés; no es algo que sorprenda o que no estuviera previsto en la formulación presupuestal del año próximo y en la Rendición de Cuentas. Quiere decir que ya hay una incorporación en la formulación presupuestal en cuanto a que las tasas de interés van a ir gradualmente elevándose en este período.

                Por otra parte, el precio del petróleo es mucho más difícil de pronosticar. Incluso a nivel internacional, no creo que ningún analista nos pueda decir hoy a cuánto va a estar el petróleo de aquí a un año, pero lo que sí está claro es que tiene un impacto muy grande. El Uruguay tuvo períodos en que importaba el petróleo a U$S 13, a U$S 17, o a U$S 20 el barril, pero hoy estamos en el entorno de los U$S 70. Si tenemos en cuenta que se importan 16:000.000 de barriles al año, estamos hablando de una diferencia de varios cientos de millones de dólares por año por este concepto. Es decir que cuando uno habla del entorno favorable internacional en términos generales, se enumeran cosas, y no todas tienen el mismo valor. Está claro que entre los factores desfavorables quizás haya sólo uno, pero tiene un peso enorme porque estamos hablando de cifras de cientos de millones de dólares de incidencia. Esto también explica, como planteaba el señor Senador Larrañaga, algunas evaluaciones de variables que se manejaban en algunos cuadros. 

                Entonces, con respecto al tema específico del petróleo y el acuerdo con Venezuela, podemos decir que hay condiciones favorables, esencialmente desde el punto de vista de las formas de financiación, pero no tienen un impacto directo sobre el gasto fiscal. El gasto fiscal es el mismo, pero luego las condiciones de pago son más beneficiosas, sobre todo en términos de plazo. 

                Reitero que algunos elementos de  leve empeoramiento de marco internacional ya están incorporados en la formulación presupuestal del año pasado y en esta Rendición de Cuentas.

SEÑOR PRESIDENTE.  Antes de ceder el uso de la palabra al señor Senador Abreu, la Mesa quiere informar que debemos levantar la sesión de la Comisión a las 17 horas  porque  está convocado el Senado. Se hace esta apreciación porque, además del señor Senador Abreu, están anotados para hacer uso de la palabra los señores Senadores Gallinal y Alfie.

SEÑOR ABREU.-  Antes de comenzar, quiero dar la bienvenida al señor Ministro, al señor Subsecretario y a los señores asesores y jerarcas que nos acompañan.  Adelanto que voy a ser muy breve y no voy a cometer aquella contradicción que el entonces Senador Dardo Ortiz tantas veces mencionaba: cuando escuchaba que alguien decía que iba a ser breve, inmediatamente repetía: “A que no lo va a lograr”. 

                Me quiero referir a tres aspectos muy concretos, el primero de los cuales tiene que ver con la expansión procíclica del gasto público, tema al que ya se ha hecho referencia. Parecería que existe una visión distinta a la anunciada respecto de la expresión presupuestal sobre la participación del gasto público en una situación procíclica, en circunstancias muy favorables desde el punto de vista internacional. Sin embargo, pueden haber ciertas señales -que, de alguna forma, se vienen anunciando- en las variables de la economía internacional, que son parte de una preocupación que deberíamos compartir.  Una de ellas, obviamente, es la tasa de interés internacional, que repercute sobre las inversiones y flujos financieros internacionales, pero también sobre las expectativas que se generan. Uno de los primeros signos que vemos es el riesgo país, que estos días ha tenido algunas variables muy significativas, más allá de que puedan ser explicadas por encima de las variables internas de la economía uruguaya.

                Este es un tema que planteo como preocupación y reflexión ya que la aplicación anunciada de medidas anticíclicas puede ser necesaria para defender los niveles de actividad económica en otras circunstancias. Parecería que, más allá de las explicaciones atendibles y razonables que ha dado el Ministro y el equipo económico, esto también es parte de una visión un poco distinta sobre la prevención adecuada para poder resguardarse de eventuales variaciones internacionales que pueden terminar afectando la economía si el país no está preparado para enfrentar ese tipo de situación. Además, en tiempos anteriores se ha anunciado que si tuvieran la responsabilidad -como ahora la tienen- de conducir la economía del país, la política anticíclica podría ser una de las principales variables y aproximaciones del equipo económico. Más allá de ser una pregunta -que obviamente va a tener su respuesta-  quería plantear esto como advertencia para que todos reflexionemos.

                El segundo tema al que me quiero referir tiene que ver con la reforma del Estado. En esta Rendición de Cuentas estamos viendo dos variables que son muy importantes. Por un lado, planteo el tema de la reforma del Estado vinculada con los funcionarios públicos. En ese sentido, hay una serie de artículos en los que se incluye la presupuestación nada menos que de 4.500 funcionarios contratados, con las dificultades que esto conlleva, no sólo desde el punto de vista económico y financiero -más allá de las explicaciones que se puedan dar sobre las subas y bajas en materia financiera-  sino también respecto del concepto de estabilidad del funcionario público y la carrera funcional. Por tanto, quisiera saber si esto es parte de una reforma del Estado, o si simplemente se trata de aproximaciones parciales que después terminan obligando a definiciones de política general en función de aspectos parciales. En el articulado de la Rendición de Cuentas vemos una cantidad de creaciones de cargos de alta prioridad y de alta especialización, becarios que se incorporan, etcétera. Entonces, más allá de las cifras que se han manejado, quisiera saber si la presupuestación, la contratación y las nuevas figuras jurídicas que se incorporan a los niveles de contratación del Estado, son parte de una futura reforma del Estado que se va a presentar, o simplemente si es uno de los aspectos de la reforma del Estado vinculado a los funcionarios públicos.

                Por otra parte, en materia de reforma del Estado, esta Rendición de Cuentas anuncia inversiones públicas muy importantes.

 

(Se suspende momentáneamente la versión taquigráfica)

 

                El segundo punto que quiero plantear, señor Presidente, tiene que ver con la reforma del Estado vinculada, precisamente, a la visión del Ministerio de Economía y Finanzas -en función de las inversiones públicas que se van proyectando- sobre los Entes públicos del Estado y su asociación.

Se anuncia, por ejemplo, que hay interés de empresas petroleras en asociarse con ANCAP o con otras empresas, como PLUNA. Reitero que queremos saber cuál es la posición que tiene el Ministerio sobre este tema, en vinculación a la Rendición de Cuentas y la asociación de inversiones importantes desde el extranjero, y si forma parte o no de una reforma del Estado. Pensamos que, así como el tema de los funcionarios públicos puede ser un aspecto específico, también lo puede ser el tema de las empresas públicas.

                El tercer punto tiene que ver con un tema sobre el cual queremos ser muy enfáticos. Desde ya, quiero señalar que discrepamos con la resolución de remover y anular en parte la devolución de impuestos indirectos en el ámbito económico. Hemos tenido conocimiento del tema e, incluso, como partido político, hemos leído las exposiciones que se han hecho por parte del Ministerio, en las que se explica con claridad cuál es el sentimiento y la orientación que tiene en materia de proyectos de competitividad o vinculados al sector productivo. Adelanto que aunque el tema esté muy bien planteado, lo vamos a discutir.

SEÑOR MINISTRO.- ¡Cómo no!

SEÑOR ABREU.- Sin embargo, aunque esté muy bien planteado, aunque se nos planteen los plazos y se anuncie que el decreto establece que después del 31 de diciembre el sistema comenzará a ser analizado, aunque -como bien lo dijo el señor Ministro- a partir del 1° de enero se va a nombrar una Comisión para empezar a evaluar los distintos proyectos -lo puedo leer textual del informe-  nos queda la duda de si esto no tiene detrás un motivo fiscal muy implícito, pero que, de alguna manera, se manifiesta, y no termina siendo una retracción a los recursos que se vuelcan a determinados sectores productivos, en un mensaje equívoco sobre las políticas sectoriales que tanto ha preconizado la fuerza política de Gobierno.

Es más -y queremos dejarlo bien en claro-  discrepamos en cuanto a que se haga público el tema del subsidio implícito. Estos subsidios -a que se hace referencia en el Mensaje- son cuestionados en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, y no es bueno que se haga mención pública al tema, porque van a ser comentados en el ámbito internacional, sabiendo que hoy los manejamos con cierta tolerancia, por los porcentajes, que no son muy altos. Sabemos que el porcentaje de devolución de impuestos está, aproximadamente, en el 3,2%, que algunas empresas reciben el 6% y otras el 4%, y es muy bueno y muy positivo que se aplique una orientación de la transparencia. Ésta nada tiene que ver con la forma en que se va a administrar el sistema y mucho menos con las dificultades que puede plantear, a nivel público, la difusión de un determinado subsidio implícito que, desde el punto de vista del Derecho y del comercio internacional, recibe sus cuestionamientos en la Organización Mundial de Comercio.

A mi juicio, señor Ministro, es muy importante que nosotros replanteemos este tema y, en ese sentido, estamos dispuestos a reanalizarlo, pero no a anticipar desde ya que los subsidios van a ser eliminados y que, por lo tanto, de los U$S 100:000.000 que actualmente se destinan a ello, aproximadamente U$S 60:000.000 van a estar manejándose en eventuales, futuros e hipotéticos proyectos de inversión, cuando en realidad nosotros queremos que el sector productivo nacional tenga reglas claras y, sobre todo, políticas sectoriales, para que los sectores exportadores puedan saber con qué recursos cuentan para seguir teniendo una ecuación adecuada en su competitividad y en su productividad.

No planteo este tema para que se discuta ahora, pero sí como preocupación, en nombre de la colectividad política que represento, adelantando mi discrepancia para que el sector productivo nacional tenga claro dónde están los conceptos y las políticas respecto al incentivo a la producción y a la inserción en el mercado externo.

                Con estos tres temas, señor Presidente, he logrado, en términos comparativos, la brevedad que me había propuesto.

SEÑOR MINISTRO.- Ya que hablamos de comparaciones, comparemos todo. ¡Había que discutir aquel proyecto que llegó en el noventa, que era bastante diferente a éste! Justamente por eso, entre otras cosas, es que ahora tenemos dificultades para practicar una política del gasto contracíclica. Las políticas de gasto contracíclicas se pueden practicar en países que tienen una economía sana, y nosotros comenzamos a trabajar  con una economía muy enferma, con problemas muy graves.

Me remito, simplemente, a recordar dos. Desde el punto de vista económico propiamente dicho, estamos ante el endeudamiento más grande de la historia del Uruguay, lo cual achica muchísimo el margen de maniobra e incrementa las restricciones en materia fiscal. Ése es un primer factor que dificulta la práctica de políticas contracíclicas, que puede avanzar en un país que tiene su economía sobre bases sólidas, que no era el Uruguay del 1º de marzo de 2005.

                Quiero señalar que compartimos el criterio de practicar, lo antes posible, políticas contracíclicas; pero primero tenemos que salir de esto, y la verdad es que lo que heredamos fue una economía con problemas muy serios, que ahora estamos dedicados a tratar de superar. El Uruguay necesita un conjunto de reformas muy profundas que estamos intentando llevar adelante. Por eso, compartiendo el criterio, estamos dispuestos a llevarlo a la práctica lo antes posible.

                El otro problema que tenía el Uruguay en el que empezamos a trabajar, era que había carencias absolutamente indiscutibles desde el punto de vista económico, financiero y social, que también es preciso atender y que quitan margen a la política fiscal. Nos vimos obligados a dedicar un volumen de U$S 200:000.000 a la emergencia social, porque el año pasado los niveles de pobreza y de desigualdad eran inéditos en la historia contemporánea del Uruguay, y eso hubo que atenderlo.

Repito, ésta es una restricción importante a la práctica de políticas contracíclicas. Cuando vayamos superando estos problemas estructurales, producto de la acumulación de muchos cambios que el país debió hacer y no hizo, seguramente vamos a ir ganando posibilidades y condiciones de practicar políticas contracíclicas.

Ahora bien, hay otro factor de restricción importante vinculado a la reforma del Estado, tema también mencionado por el señor Senador Abreu: la estructura muy rígida del gasto uruguayo. Se trata de una estructura en la que los salarios, las pasividades y los intereses de la deuda -sobre todo ahora, cuando el país tiene la deuda más grande de su historia-  constituyen un factor de inelasticidad muy importante para practicar una política contracíclica. En consecuencia, debemos ir superando la situación actual para llegar a la posibilidad de practicar cuanto antes, criterios que, precisamente, permitan al Uruguay prepararse en las buenas para cuando vengan las malas, que de eso se trata. Hoy tenemos pocas posibilidades de hacerlo; en la medida de lo posible, lo tratamos, pero el efecto es reducido por las razones que acabo de señalar.

                En cuanto a este primer tema, quiero hacer dos referencias más. La tasa de interés internacional fue analizada en intervenciones anteriores y no prevemos variaciones dramáticas que alteren el programa financiero del país en los próximos dieciocho meses, salvo que ocurra una hecatombe que no está prevista y que Dios quiera no ocurra.

                En segundo lugar, el riesgo país está en descenso, en este momento, porque la semana pasada mejoró la calificación de deuda del Brasil -esto tuvo un muy buen impacto regional, sobre todo en las colocaciones de deuda-  los bonos uruguayos se fortalecieron muchísimo nuevamente y el riesgo país cayó a 270 puntos aproximadamente, y va a seguir cayendo porque también va a seguir mejorando la calificación de la deuda pero, en este caso, del Uruguay. Así que esta variable está absolutamente bajo control.

                En materia de reforma del Estado, quiero adelantar algunos aspectos que luego van a complementar, desde el punto de vista de los funcionarios, el Subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil, señor Humberto Ruocco, y desde el punto de vista de las asociaciones público-privadas, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el economista Carlos Viera.

                Mi adelanto es el siguiente: la del Estado debe ser la reforma estructural más complicada que tiene el Uruguay por delante, y por ello la más larga. Hay que ir paso a paso, gradualmente. Seguramente va a superar la extensión de este Gobierno porque es tanto, tan profundo y acumulado a lo largo de los tiempos lo que hay que cambiar en el Estado uruguayo, que no es fácil revertirlo en un año o dos, ni siquiera en cinco; esta es mi opinión personal.

                Aquí vienen normas en materia de funcionarios, y además el Uruguay, el Gobierno uruguayo, está encarando las asociaciones público-privadas, dentro de las normas en vigencia, constitucionales y legales, con la mayor flexibilidad posible, porque sabemos que es en la cooperación público-privada que se encuentra una forma muy importante de, por un lado, evitar malos negocios de privatizaciones -que no vamos a hacer- y, por otro lado,  superar las limitaciones que el sector público tiene en materia de recursos para inversión.

                Por eso es que el dragado del puerto lo tiene que hacer el sector público, por eso es que la terminal de contenedores mejorará con la inversión privada, por eso es que en el caso de AFE, también estamos previendo cooperación que nos permita renovar el material rodante y las vías férreas y por eso es que en UTE se están dando pasos que más adelante el economista Viera va a explicar.

                En materia de competitividad, o yo me expliqué mal o la verdad es que tenemos visiones muy diferentes con el señor Senador Abreu. En ningún momento hablé de anular la herramienta de la devolución de impuestos o la de los subsidios; sólo propuse saber lo que estamos haciendo. La devolución de impuestos va a ser mantenida, pero como tal; vamos a medir la carga tributaria indirecta y eso es lo que vamos a devolver porque, además, eso es lo que dice la ley. Por supuesto, no vamos a renunciar a manejar el subsidio; sólo que queremos que la sociedad uruguaya sepa qué está subsidiando y por cuánto dinero, es decir, por qué volumen de dinero.

                Nosotros vamos a trabajar todo este semestre en ese tema y oportunamente podremos compartir con esta Comisión, o con quien el Parlamento entienda conveniente, los resultados de ese estudio; pero, repito, ni vamos a anular herramientas ni vamos a originar problemas en el sector productivo porque este dinero va a quedar todo en dicho sector, no va a ir a otros destinos. Ahora eso sí, lo queremos hacer -utilizando una expresión del señor Senador Abreu- con reglas claras. Hoy las reglas no son claras y puedo poner muchos ejemplos de esto, pero no lo voy a hacer; después los podremos compartir como consecuencia de un estudio pormenorizado que podremos efectuar.

                A continuación, quisiera que el Subdirector Ruocco profundizara en el tema relativo a los funcionarios y que luego el economista Carlos Viera abordara el de las asociaciones público-privadas.

SEÑOR RUOCCO.- Es cierto que siempre que aparecen normas para funcionarios, paralelamente también surge la preocupación de si esto es algo por agregación o al margen de lo que puede ser una estrategia de la transferencia de los recursos humanos del Estado. Evidentemente, para generar una transformación, tuvimos que asumir la realidad objetiva recibida, que sí se había construido por agregación -por decirlo así-  habiéndose originado una trama bastante intrincada de interrelaciones entre los propios funcionarios, entre ellos y el Estado, y entre éste y la ciudadanía, a cuyo servicio se encuentra.

                Por nuestra parte, comenzamos a trabajar en todo esto ya en la instancia del Presupuesto. Como los señores Senadores recordarán, en la Ley Presupuestal hay una serie de artículos en los que se plantean algunas salidas, en este camino de sucesivas aproximaciones hacia esa transformación de los recursos humanos del Estado. Menciono, por ejemplo, el artículo 6º, donde tratamos de habilitarnos para trabajar en la reformulación de estructuras organizativas a nivel de la Administración Central.

En el artículo 7º, por su parte, se asumía un problema objetivo que existía y que tenía que ver con que muchos de los que trabajaban en la órbita estatal tenían desvirtuados sus vínculos de trabajo con el Estado, ya que habían ingresado bajo determinadas condiciones contractuales pero, con el correr del tiempo, se habían ido transformando; este tema tiene que ver, sobre todo, con la permanencia de gente dentro del Estado que no tenía la condición de funcionarios. Así pues, logramos ser habilitados y durante todo este tiempo hemos estado trabajando para transformar el contrato de función pública en lo que correspondiere e intentar ordenar una situación generada por otra norma, a través de la cual se impedía el acceso democrático a la función pública. Sucedía que, de todos modos, de una u otra manera se iban integrando a la función trabajadores que después quedaban vinculados directamente a su trabajo y, además, el Estado les pagaba por trabajar en su órbita.

Para poder ir “desenroscando” -por decirlo así- la situación recién mencionada y tornándola más transparente, propiciamos el artículo 10, a través del cual se impulsaba el ingreso democrático a la función pública.

A su vez, en el artículo 23 se esbozaba un proyecto, podríamos decir, relacionado con el sistema ocupacional y retributivo, que encara los problemas de la carrera funcional, de las ocupaciones, de la retribución y también de la capacitación de los trabajadores en el Estado. Por nuestra parte, pedimos las autorizaciones correspondientes para trabajar en un escalafón de conducción y nos fueron concedidas.

De la misma manera, para atacar un tema detectado por todos, solicitamos autorización al Parlamento -la cual fue concedida- para promover, a través  del artículo 29, la posibilidad de generar un espacio para un egreso digno, para una población envejecida que estaba desempeñándose dentro del Estado y con la cual debíamos trabajar.

Hay que decir que todas estas medidas no fueron adoptadas en forma aislada, sino que fueron fruto de un proyecto de cambio que, además, tiene una característica que me parece trascendente: fue elaborado en el marco del diálogo social, ya que estas cosas fueron trabajadas y negociadas con las organizaciones sindicales de los funcionarios públicos. El 22 de julio del año 2005 esto quedó plasmado en un acuerdo marco en el que involucrábamos al Gobierno y a las organizaciones sindicales en el trabajo sobre todos estos aspectos, para  poder  llegar a tener  un Estado que pudiera servir mejor a la ciudadanía.

Los señores Senadores habrán percibido que en el artículo 272 de la Ley de Presupuesto hubo un avance en lo que respecta al tema de la presupuestación de los trabajadores del Inciso 12, correspondiente al Ministerio de Salud Pública, o sea que ya en aquel momento había una tendencia que recibió la aprobación del Parlamento.

Lo que queremos ahora, con la promoción del artículo que propiciamos, es precisamente encontrar la posibilidad de cumplir con el espíritu que inspiró el artículo 56 de la Ley Nº 15.809, del 8 de abril de 1986, ya que dicha disposición declaró que el ejercicio de la función pública en tareas permanentes deberá efectuarse en cargos presupuestales y bajo el sistema de la carrera administrativa, de acuerdo con las normas constitucionales y estatutarias vigentes. Es decir que desde este punto de vista, no creemos tener un espíritu innovador, sino que estamos tratando de ordenar esta situación intrincada de convivencia de las distintas formas de contratación que existen dentro del Estado. Esto hará posible lograr la uniformidad en la forma de prestación de servicios personales en la Administración Pública, a los efectos de la racionalización a la que apuntan diversas normas incluidas en el Presupuesto -como mencioné ya-  aprobadas en la Ley Nº 17.930.

Creo que lo sustantivo de todo esto es que el Estado se va a beneficiar, en el sentido de que al integrar a estos trabajadores a la carrera administrativa, posibilitará que todos estén en igualdad de condiciones para afrontar los concursos y las convocatorias que existan para transitar por el crecimiento a través de la carrera en el Estado. De esta manera el Estado también se podrá beneficiar al poder elegir entre un mayor número de personas que tengan la misma condición, porque el hecho de estar sujetos a la contratación y no ser presupuestados, impide que los trabajadores tengan una carrera funcional.

                Por lo tanto, si la pregunta es si esta norma está aislada, separada de una concepción que nos permita saber hacia dónde van los recursos humanos del Estado, nuestra respuesta es que esta norma encuadra en un programa de trabajo que llamamos: “3) La transformación de los recursos humanos del Estado”, y dentro de un proyecto que se denomina “Sistema ocupacional y retributivo”. En los tiempos en que tengamos capacidad de hacerlo, en el marco de los acuerdos del diálogo social y en los acuerdos con el Parlamento que nos posibilitarán, a través de la ley, seguir adelante con esta transformación, podremos realmente poner un Estado al servicio de la ciudadanía y lograr esas consignas, que por todos lados están planteadas y no son propiedad de nadie, para conseguir un Estado eficiente y tener trabajadores que estén a la altura de las responsabilidades que la ciudadanía requiere.

                Muchas gracias.

SEÑOR VIERA.- Señor Presidente: muy brevemente, quisiera consignar que, efectivamente, a nivel de las empresas públicas existe la voluntad de participar en asociaciones con el sector privado para consolidar inversiones que el país requiera, cuyo capital sea necesario complementar y cuya gestión también sea necesario encarar.

Al respecto, quiero destacar las inversiones de AFE en la extensión de redes y material rodante, las que ANCAP ya ha hecho -aquí hay que ser muy cautelosos, habida cuenta de experiencias anteriores- y también los estudios para ver si es posible abocar esas inversiones a la distribución de supergás, a la distribución del gas natural envasado y a la ampliación de la refinería.

Con respecto a UTE, lo más concreto que hay -reitero que está a estudio- es la interconexión energética con el Brasil, donde las redes insumirán importantes montos y tal vez sea necesaria una asociación con el sector privado. Desde luego que también se está trabajando en el mismo sentido con la empresa PLUNA.

                Deseo consignar que todo este conjunto de esfuerzos o estudios que se están realizando, no deben considerarse como una reforma del Estado. En realidad, simplemente se trata de aprovechar oportunidades dentro del marco actual en el que funciona el Estado uruguayo. Una reforma del Estado implicaría cambiar, justamente, ese marco en aras de contribuir a algún tipo de transformación importante, entre otras, las tendentes a facilitar este tipo de cosas.

                Era cuanto quería señalar.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: el año pasado tuvimos oportunidad de recibir al señor Ministro de Economía y Finanzas en la Comisión de Constitución y Legislación, con el propósito de conocer su opinión acerca del entonces proyecto de ley vinculado al Consejo de Economía Nacional. Naturalmente, considerábamos fundamental que el equipo económico -en particular su titular- nos expresara qué opinión le merecía la creación de este instituto, mejor dicho, su reglamentación porque, en realidad, la creación tiene origen constitucional. La respuesta fue afirmativa en cuanto a la importancia y trascendencia de su instrumentación. Esa iniciativa se transformó en ley, la cual fue promulgada por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2005.

                La pregunta que deseamos formular al señor Ministro es si está en la intención del Poder Ejecutivo convocar al Consejo de Economía Nacional con motivo del estudio de la Rendición de Cuentas. Nosotros votamos afirmativamente el proyecto de ley, más allá de que teníamos algunas diferencias, sobre todo respecto a que se trataba de una norma de carácter constitucional nunca instrumentada, de larga data y de otra época de la vida del país y del mundo. Lo cierto es que durante muchos años -y en particular durante la última campaña electoral-  el Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, en más de una oportunidad sostuvo la necesidad de instrumentarlo. Tan es así, que en otras Legislaturas se presentaron proyectos de ley en la misma línea del que finalmente se transformó en la Ley Nº 17.935. En su último artículo, ésta establece que el Poder Ejecutivo  deberá reglamentarla en un plazo de noventa días, el cual venció en marzo de este año. Confieso que no tengo conocimiento de si se llevó adelante la reglamentación de la ley por parte del Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas, e incluso descartamos que se lo convocara en ocasión del estudio del Presupuesto Nacional, porque no daban los tiempos, ya que ambas iniciativas se aprobaron prácticamente en forma simultánea.

                Por otro lado, la ley establece expresamente -sin perjuicio de otros temas económicos de gran envergadura o dimensión, como puede ser la reforma tributaria; hoy hubo un planeamiento en este sentido a nivel de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes- que en ocasión del análisis de los presupuestos nacionales y de las rendiciones de cuentas, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de convocar a este Consejo de Economía Nacional, para obtener su opinión, la cual recoge el punto de vista de distintos sectores importantes de la vida del país. Basta decir que están allí nucleados trabajadores, pasivos, empresarios de todas las áreas, cooperativistas, profesionales universitarios, usuarios y consumidores, así como organizaciones no gubernamentales que realizan contrataciones o convenios con el Estado. Todo esto pone de manifiesto la importancia que esta norma tiene para la fuerza política que hoy está en el Gobierno Nacional, en el Poder Ejecutivo. En consecuencia, queremos saber si efectivamente se va a concretar.

                Algún periodista me comentó si todo esto no formaba parte de una picardía política, a lo cual respondí que no fuimos nosotros los que inventamos el Consejo  de Economía Nacional -no puedo decirle al Gobierno que utilice de su propia medicina-  sino que fue el propio Gobierno que lo impulsó. Supongo que en algún momento lo van a utilizar porque, de lo contrario, el señor Ministro no hubiera asistido a la Comisión a señalar la importancia del instituto, ni la fuerza política lo hubiera llevado adelante. Entonces, no es un problema de picardía política, sino que creo que el Gobierno y su fuerza política se olvidaron de que lo habían aprobado y quien habla simplemente se lo recuerda.

                Sería interesante, entonces, conocer la opinión  no solamente en lo que hace a la Rendición de Cuentas específicamente definida en su artículo correspondiente, sino también a la reforma tributaria. Además, queremos saber si se cumplió con el artículo 9º de la ley que establecía un plazo de 90 días, contados desde su promulgación, para la reglamentación.

                Otro tema al que quiero referirme es el relativo a la Dirección General Impositiva, organismo que al día de hoy  tiene una importancia por lo menos similar a la de cualquier Ministerio. Entonces, debería tener ese tratamiento en las instancias presupuestales y de Rendición de Cuentas, y en un futuro sería conveniente que la Comisión revisara la forma de trabajo. ¿Qué quiero decir? Que debería haber una instancia especial para recibir al Director General de Rentas y tal vez también al señor Ministro, que es su jerarquía directa, siempre y cuando así lo entienda el Gobierno.

                Nosotros queremos tener -no en esta jornada porque sabemos que quedan pocos minutos y hay otros temas para tratar y otros Senadores están anotados para hacer uso de la palabra- mayor información sobre esa eficiencia que ha logrado mejorar la Dirección General Impositiva en el transcurso de estos tiempos, que según entendí se traduce en un aumento en la recaudación del 0,6% del Producto Bruto Interno. También queremos saber en qué áreas se produjeron esos avances y en qué forma se está aplicando por parte del Director General de Rentas y del Ministro de Economía y Finanzas la nueva legislación que se aprobó en ocasión de Presupuesto Nacional, que como se recordará tuvo una discusión importante y en la que nuestro Partido no apoyó todas las herramientas que se le dieron a esta Dirección para poder avanzar en el combate -que desde ya compartimos- a la evasión, la mejora en la recaudación y los ámbitos formales. Pregunto esto, sin perjuicio de que también puede llegar la respuesta por escrito o haber una instancia posterior, por la trascendencia que nosotros y seguramente el propio Ministro de Economía, le atribuimos a la actuación de la Dirección General Impositiva.

                El otro asunto al que me quiero referir, que ya lo planteó el señor Senador Abreu, es el relativo a la reforma del Estado y, por sobre todas las cosas, a la vigencia de los monopolios. Quiero saber qué instancia tiene pensada el equipo económico para los próximos tiempos en esta materia.  Hacemos el planteo porque nosotros compartimos lo que ha señalado en el día de hoy el señor Ministro -refiriéndose a otras áreas- en el sentido de que la sociedad sepa qué es lo que está subsidiando. Parecería que en estos casos también es muy importante que la sociedad conozca qué es lo que está subsidiando cuando se mantienen determinados monopolios, entre otras cosas, porque además vimos que en esa Comisión que se va a conformar, vinculada al sector productivo, no están presentes las empresas públicas. Para este sector, hoy, los combustibles, la energía y las comunicaciones son insumos de una dimensión tan importante que su valor le ha significado una pérdida de competitividad y de rentabilidad que, indudablemente, tiene su origen en esa presencia monopólica, por lo que nos imaginamos, dejando de lado el tema de las privatizaciones -camino que no se va a recorrer-  se estará pensando en instrumentos alternativos que permitan seguir avanzando.

En realidad, hasta donde tenemos entendido, también quedó definitivamente enterrado el proyecto del gasoil productivo del que tanto se habló en los últimos tiempos y que no ha tenido ninguna suerte de definición.

                Por último, el señor Ministro ha hecho una referencia al pasar, con respecto a un tema al que adjudica mucha importancia, que es el relativo a la compra de radares por parte de la Fuerza Aérea. En ese sentido, hay un artículo -creo que es el 5º- que le da al Ministerio de Defensa Nacional, en el transcurso de los próximos años, si no me equivoco porque la cifra está expresada en pesos, hasta U$S 25:000.000 para destinar a ese objetivo. Teníamos entendido que las cifras eran de $ 133:000.000 en el 2006, $ 25:000.000, $ 145:000.000 y $ 290:000.000, en el 2007, 2008 y 2009, respectivamente. Tenemos entendido que, a iniciativa del propio señor Ministro de Economía y Finanzas, se habría solicitado que se promoviera alguna suerte de llamado público o apertura para definir qué tipo de radares se iban a adquirir. También ha llegado a nuestro conocimiento que, efectivamente, se van a destinar recursos a ese objetivo. Consulto sobre esto porque en algún momento el señor Presidente de la República declaró que se habían obtenido por donación, lo cual finalmente no se concretó. Evidentemente, se trata de un tema que podemos preguntar a la señora Ministra de Defensa Nacional, pero como el señor Ministro hizo una referencia específica dentro de las inversiones que necesariamente el país tiene que realizar -lo cual compartimos, porque se trata de una materia de seguridad aérea que hace a las inversiones, al turismo y a tantas realidades fundamentales-  quisiéramos conocer un poco más sobre los avances en esta materia.

                Por ahora, señor Presidente, es cuanto quería manifestar, en honor a que hay otro señor Senador anotado y estamos cerca de la hora de realización de la sesión del Senado.

SEÑOR MINISTRO.- Antes que nada, quiero decir que estamos sinceramente agradecidos al señor Senador Gallinal por el recuerdo que nos hace acerca del Consejo de Economía Nacional. Estamos trabajando en la reglamentación con la Presidencia de la República, y el plazo no se ha cumplido, como resulta evidente a esta altura. Entonces, a los efectos de aportar mayores detalles sobre el asunto, voy a solicitar la intervención del señor Subsecretario, economista Mario Bergara, porque puede dar cuenta de cómo está avanzando esta reglamentación.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Efectivamente, estamos en proceso de generación del decreto reglamentario para concretar esa iniciativa. Cuando comenzamos a trabajar en la materia, en realidad, nos enfrentamos a una dificultad operativa, que es la relativa a tener, de alguna manera, el compromiso de decir quién representa a quién en lo que tiene que ver con las fuerzas sociales, con las organizaciones no gubernamentales, a nivel de los trabajadores, de los empresarios, etcétera. Esa es una dificultad compleja y por eso estamos pensando y dialogando a nivel de la Secretaría de la Presidencia sobre la posibilidad de contar con un borrador de decreto reglamentario, en el que haya una propuesta con respecto a quiénes serán los catorce o dieciséis representantes de los trabajadores, de los empresarios, de las organizaciones sociales, para ser sometido a algo así como una consulta pública, de manera tal que todos aquellos que no se sientan representados puedan manifestar su opinión y, por lo tanto, en una segunda instancia, el Poder Ejecutivo pueda definir la reglamentación. Es decir que nos enfrentamos a una complejidad de diseño que nos llevó más tiempo y estamos definiendo, en estas próximas semanas, el proceso de consultas a efectos de ser participativos en algo que, justamente, tiene un contenido y una naturaleza participativa.

Para enfatizar que estas cosas tienen sustancia en el marco de la acción de Gobierno, quiero rescatar el hecho de que el Poder Ejecutivo ha promovido ámbitos de participación de las distintas representaciones gremiales de trabajadores y empresarios. No me refiero sólo a la reinstitucionalización de la negociación colectiva de los Consejos de Salarios, sino también a la conformación del ámbito de compromiso nacional por el ingreso, las responsabilidades y el empleo. Justamente, esto pauta una voluntad política clara en el sentido de que no queremos que los trabajadores, los empresarios y las organizaciones sociales discutan estrictamente temas salariales y de condiciones de trabajo, sino también lo que tiene que ver con la economía nacional, con una visión de mediano y largo plazo.

El Consejo Nacional de Economía también se enmarca en ese mismo espíritu que, reitero, es claro desde ese punto de vista en términos de voluntad de Gobierno; y el atraso operativo en la generación del decreto reglamentario tiene esencialmente esa explicación. Por tanto, en las próximas semanas es algo que va a estar puesto a consideración de la ciudadanía.

SEÑOR MINISTRO.- Para profundizar en los niveles de eficiencia de la Dirección General Impositiva, nadie mejor que el Director General de Rentas. Por tanto, le cedo el uso de la palabra.

SEÑOR ZAIDENSZTAT.- En primer lugar, nos parece muy buena la pregunta que ha hecho el señor Senador en lo referente a los niveles de eficiencia, los cuales se vienen denotando, en los últimos cuatro años, en forma pronunciada. Dentro de los cambios que viene desarrollando la Dirección General Impositiva, acompañando la política de transparencia que viene llevando adelante el Ministerio y el Poder Ejecutivo, hemos incluido la información que aparece en la página Web de la Dirección y que es de acceso público para todo aquel que quiera profundizar en ella, incluso con un detalle de la metodología de trabajo realizada por la asesoría económica de la Dirección. En forma simultánea hemos enviado a cada uno de los integrantes de la Comisión -y espero que haya llegado- el Boletín Estadístico de la Dirección General Impositiva del año 2005, como venimos haciendo desde hace muchos años.

                Con respecto a la recaudación, hubo un incremento importante que, obviamente, se acompasa, como bien manifestó el señor Ministro, a lo que es la evolución del Producto Bruto, de la actividad económica. La recaudación bruta del año 2005, con respecto a 2004, tuvo una variación de un 8,5% de aumento, y de la recaudación neta ‑es decir, la bruta menos la devolución de certificados de impuestos-  la variación real fue del 7,2%, a valores de diciembre de 2005, actualizando los valores mensuales corrientes con el Índice de Precios al Consumo mensual del Instituto Nacional de Estadística.

Este incremento de recaudación, por encima del crecimiento que ha desarrollado el Producto Bruto, tuvo un aumento que es el siguiente. Si la recaudación hubiese crecido igual que la variación nominal del Producto Bruto, el año 2005 contra 2004, se hubiera llegado a la cifra de $ 5.546:000.000 corrientes. Si la recaudación hubiese crecido manteniendo el nivel de eficiencia de 2004, se hubiera llegado a los $ 7.638:000.000. El crecimiento nominal efectivo llevó la recaudación a $ 9.050:000.000 corrientes.

Para que el legislador y la gente lo puedan entender mejor, traducimos estas cifras a dólares. En el primer caso, si la recaudación hubiera evolucionado igual que el PBI, el incremento de la recaudación de 2005 contra 2004, hubiera sido de U$S 227:000.000. Si la recaudación hubiera mantenido el mismo nivel de eficiencia del año 2004, hubiera crecido a U$S 312:000.000, pero el crecimiento efectivo nominal de la recaudación ascendió en 2005 a U$S 370:000.000. Este fue el crecimiento de un año con respecto al otro.

                El crecimiento nominal promedio de la recaudación expresada en dólares en el año 2005 es de U$S 370:000.000 a un tipo de cambio de $ 24,47. Hay que descomponer este crecimiento de la siguiente manera: cuánto es por aumento de producto y cuánto es por aumento del crecimiento de la economía y por la eficiencia.

                De los U$S 370:000.000, el 61% (U$S 227:000.000) es atribuible a la variación nominal del Producto Bruto, en tanto la estructura  impositiva es flexible a los  cambios  de  la  actividad  económica.  Adicionalmente,  hay U$S 86:000.000 -trescientos doce menos doscientos veintisiete-  que son atribuibles al ciclo económico. Puede considerarse que el año 2005 fue un período de expansión económica: el producto corriente se ubicó por encima del PBI de tendencia que, sin lugar a dudas, es una aproximación al producto potencial de la economía. En ese contexto los contribuyentes tienen menos incentivos a evadir y a eludir impuestos.

                Por último, sobre esta parte podemos decir que se identifica el crecimiento de la recaudación atribuible a la mejora de la gestión de la Dirección General Impositiva que es obtenida residualmente, restando el crecimiento total de la recaudación y el crecimiento sin aumento de eficiencia.

                Así llegamos a un crecimiento producto atribuible a la mejora de gestión de la Dirección General Impositiva de U$S 58:000.000, que es un 16% de los trescientos setenta; atribuible al ciclo económico U$S 86:000.000 (23%), y U$S 227:000.000 en este año de crecimiento. Se atribuye un 61% a la variación nominal del Producto Bruto Interno. Sin lugar a dudas, es un contexto en el cual no hubo cambios en los impuestos que pagan los ciudadanos, los contribuyentes. Este aumento se debe a una gestión que viene desarrollando la Dirección General Impositiva y que consiste en ir a buscar a aquel que está fuera del sistema -en el sector informal-  en una competencia desleal contra las empresas y trabajadores del sector real. Los números muestran que en 2004, la Dirección General Impositiva tenía U$S 187.927 de empresas que cotizaban, compuestas de la siguiente manera: 31.896 pequeñas, 144.446 medianas y 11.585 que nosotros llamamos de tamaño grande, que en la jerga de la DGI las denominamos empresas sede y grandes contribuyentes.

Reitero: en 2004, el número total era de 187.927 empresas. ¿Qué pasó en el año 2005? Se incrementó el número de empresas que cotizaban a la Dirección General Impositiva: pasamos a tener 213.699. Tuvimos un crecimiento de las pequeñas de alrededor de diez mil -ya teníamos 31.896-  es decir, un crecimiento del 30% y llegamos a 41.286; en empresas medianas, de 144.446 a 160.651, es decir, un crecimiento de un poco más del 15,5%, y empresas del sector sede y grandes contribuyentes, de 11.585 a 11.767.

                Lo bueno es mirarlo no en un efecto estático y en un momento determinado, sino observar cómo vienen evolucionando aquellos empresarios que con dificultades y  mucho esfuerzo vienen cumpliendo con sus obligaciones fiscales. ¿Cuántos tenemos en el sector formal? En el año 2002 -voy a hablar en grandes números-  teníamos 150.000 empresas; en 2003, 165.000; en 2004, 188.000; en 2005, 213.000; y en el primer semestre de 2006 ya estamos en 225.000. Esto implica que en un período de cuatro años hemos aumentado la cantidad de empresas cotizantes al sistema en un 50%.

Este es un dato a tener en cuenta cuando se buscan las razones por las cuales la Dirección General Impositiva viene recaudando más, dado que no hubo en este último año un aumento de impuestos. Es más, si lo comparamos con el año 2004, hubo una disminución de impuestos; vale recordar que a fines de 2004 se bajó el Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio del 35% al 30%; concomitantemente, se disminuyó el Impuesto a las Comisiones del 10,5% al 9% y se eliminaron algunos impuestos como el ITEL, a las llamadas internacionales, así como el COFIS a las empresas públicas. Entonces, a pesar de que hubo una disminución teórica en las tasas de los impuestos y se produjo la eliminación de algunos, la recaudación -no quiero aburrir con los números- creció en forma más que significativa. Esto implica, justamente, darle equidad -horizontal y vertical- al sistema: establecer las mismas reglas de juego para aquellos que son agentes económicos y a quienes les corresponde pagar, lo que se logró yendo a buscar a aquel que estaba fuera del circuito e incorporándolo al sistema formal.

Simultáneamente, hay mayor aportación por parte de empresas que estaban en el sector. Este objetivo se alcanzó fundamentalmente a través de una ley votada en setiembre y octubre del año 2003 por los cuatro partidos políticos que tienen representación parlamentaria. Allí se marcó, por parte del Parlamento, el pilar del cambio en la Dirección General Impositiva, que era algo muy sencillo: la incompatibilidad de los funcionarios con el desempeño de cualquier actividad privada. Ese es el punto fundamental: se trabaja en la DGI o se trabaja en el sector privado.  En ese sentido,  el Decreto  Nº 166/005,  de  31 de mayo de 2005 -que reglamentó esa ley- estableció un período ventana para que los funcionarios libremente optaran, y actualmente se continúa trabajando en el cambio de sistemas, procedimientos, maneras de trabajar, en lo que nosotros entendemos que es un cambio continuo. Simultáneamente está a estudio del Parlamento un cambio estructural, que para nosotros es coyuntural; estoy hablando de la reforma del sistema impositivo, que la Dirección General Impositiva incorpora a las necesidades que tiene de responderle a la sociedad.

Por otro lado, como bien dijo el señor Ministro en su intervención anterior, y en aras de la transparencia y el deber de rendir cuentas que tiene la Administración, se firmó un compromiso de gestión en el que se establecen distintas metas que tiene que alcanzar la Dirección General Impositiva al servicio de la sociedad. Recuerdo que se plantearon algunas inquietudes cuando se cambió el sistema de retribución a los funcionarios de la DGI, y el Parlamento, lógicamente, tenía la duda de si se iba a incurrir en un gasto al aumentar los sueldos o se estaba haciendo una inversión. Hoy los números marcan, sin temor a equivocarme, que la decisión democrática adoptada por el Parlamento fue acertada, porque es más que rentable para la sociedad uruguaya la inversión que hizo dentro de una organización que recauda cerca del 80% de todos los ingresos que percibe el Gobierno central.

En el Presupuesto que se votó recientemente, se exige a la Dirección General Impositiva que mantenga el aumento por eficiencia. En ese sentido, para 2006 se le exige un aumento por eficiencia de 0,43 puntos del Producto, que equivaldría a una cifra de U$S 80:000.000 en el año. Por los números que tenemos en este momento y si no se presentara ningún problema -que no se avizoran en el horizonte-  la Dirección General Impositiva va a cumplir con el compromiso asumido en la Ley de Presupuesto. A su vez, para 2007 está previsto un incremento del 0,75%; para 2008, de 0,9% y, para 2009, de un punto del Producto, es decir, de más de U$S 220:000.000 por eficiencia. Entonces, la gran pregunta es si la DGI está en condiciones de cumplir con esa aspiración, trabajando al servicio de la sociedad.

                Estamos ante un cambio de sistema que en este momento está siendo analizado por el Parlamento. Siempre un cambio de sistema es algo difícil; no es una tarea fácil y, como administración tributaria, tenemos muy poco tiempo en los cambios de sistema y de procedimiento. En esta profunda modificación del sistema tributario se simplifican una gran cantidad de impuestos, se eliminan otros y se incorpora el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas. En Europa, en los Estados Unidos y en Asia, este último impuesto ha sido de difícil y compleja administración; de hecho, esa complejidad ha llevado a que los países desarrollados lo estén simplificando en lo relativo a las exoneraciones y los tramos. ¿Por qué? Porque cuando uno diseña el sistema, tiene que cumplir con las condiciones de equidad. Hay que tener en cuenta que la mayor iniquidad se produce cuando la administración tributaria no lo puede controlar y se llega al hecho de que quienes tienen capacidad económica como para contratar un planificador tributario o asumir un riesgo, no pagan un impuesto marcado por ley. En ese sentido, debemos tener en cuenta los tiempos, ya que estamos en el mes de julio y el Poder Ejecutivo aspira a que este proyecto que ha enviado se comience a aplicar el 1º de enero de 2007.

                Por otro lado, hay algo que consideramos muy importante y es que, en cuanto a los números desarrollados por los economistas, este Impuesto a las Rentas va a dar un 7% de la recaudación total estimada para el año 2007. Quiere decir que los otros impuestos que van a estar en el sistema van a seguir funcionando y van a aportar a la sociedad el 93% de la recaudación. Es natural que los ciudadanos tengan inquietudes y que planteen preguntas sobre cómo los va a afectar el nuevo Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas. Queremos dejar en claro que la Dirección General Impositiva está trabajando en forma importante en todo el sistema integral, que implica un cambio en los otros impuestos que van a seguir pagando las empresas.

Es importante decir que para este cambio contamos con el apoyo de la Unión Europea y hemos recibido visitas continuas de algunos colegas de España para brindarnos sus conocimientos, los que luego adaptamos a la idiosincrasia del modelo uruguayo. Sin embargo, todavía no hemos podido entrar a la sintonía fina porque, obviamente, el Parlamento es el que decide democráticamente cómo va a terminar funcionando el sistema. Entendemos que es bueno que en esta Comisión expresemos nuestra preocupación por los plazos ya que disponemos de poco tiempo técnico para llevar adelante, con menor incertidumbre y mayor eficiencia, un cambio tan profundo.

Por último, cabe destacar que la Dirección General Impositiva se está preparando en el cambio de procedimiento del sistema de trabajo y también está incorporando nueva tecnología.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero recordar a los señores Senadores y al señor Ministro que el Senado está convocado para la hora 17.

SEÑOR MINISTRO.- Seré breve, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de ceder la palabra al señor Ministro, tengo que informar lo siguiente. Según la agenda y el régimen de trabajo que se ha establecido, está prevista la concurrencia de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas para el miércoles 19. Ahora bien, dado que esta reunión está por culminar y figura anotado para hacer uso de la palabra el señor Senador Alfie, queremos dejar constancia al señor Ministro de que, tal como quedamos en la sesión de ayer del Senado, el miércoles 19 iniciaríamos la sesión con el análisis de temas vinculados al equipo económico y a la Rendición de Cuentas en general, para luego trabajar sobre el Inciso específico del Ministerio de Economía y Finanzas. Por la tarde, estaríamos recibiendo a las autoridades del Ministerio de Turismo y Deporte, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Ministerio de Educación y Cultura. También queremos establecer que las delegaciones serán recibidas los viernes 21 y 28 durante todo el día, y que, a partir de hoy, se librará un comunicado de prensa informando que todos aquellos que deseen solicitar audiencia para ser recibidos por las Comisiones integradas, tendrán plazo para hacerlo hasta el viernes 21.

En definitiva, quedan convocados los señores Senadores para el próximo miércoles a la hora 9, ocasión en que hará uso de la palabra en primer lugar el señor Senador Alfie.

Tiene la palabra al señor Ministro.

SEÑOR MINISTRO.- Quedaron dos temas pendientes, que fueron planteados por el señor Senador Gallinal. Por un lado, está el del papel de las empresas públicas, el manejo de estímulos económicos, subsidios y asistencias. A ese respecto podemos decir que los balances de dichas empresas son publicados y están al alcance de toda la sociedad uruguaya. Esto quiere decir que la sociedad uruguaya conoce, con transparencia, cuáles son las posibles relaciones entre, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas y las empresas públicas. No integran la Comisión que menciona el proyecto porque no es su rol integrarlo, ya que ellas no definen políticas de este tipo. No podemos ingresar en esa confusión importante de roles.

                En lo que tiene que ver con la compra de radares, solicitaría, con todo respeto, que las preguntas sobre detalles de este proceso de adquisición, sean formuladas y explicadas por el Ministro correspondiente que, en este caso, es la señora Ministra de Defensa Nacional y, naturalmente, los responsables de la Fuerza Aérea. Igualmente, adelanto al señor Senador Gallinal que la cifra que se va a destinar a esta adquisición  está ubicada -dependiendo de quien sea el proveedor, lo cual todavía no ha sido resuelto-  aproximadamente, entre U$S 8:000.000 y U$S 10:000.000 -no llega a los U$S 25:000.000-  que serán financiados con asistencia interna. Quiero aclarar que el artículo al que refiere el señor Senador no dice que es para radares, sino para el Ministerio de Defensa Nacional.

SEÑOR GALLINAL.- Lea con atención y verá que dice que es para radares, señor Ministro.

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 17 y 18 minutos)

Material aportado por el Ministerio de Economía y Finanzas

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.