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Carátula

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 33 minutos)

- La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida al señor Ministro del Interior, al Subsecretario y asesores, y le cede el uso de la palabra para referirse a los artículos de esa Cartera, que figuran a partir de la página 57 del repartido, comenzando por el artículo 108.

SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Si no hay inconvenientes, pediría al señor Director General, doctor Maciel, que comience con la exposición.

SEÑOR MACIEL.- En primer lugar, quiero aclarar que hemos traído un repartido a los señores Senadores donde figuran los cuatro artículos que son, fundamentalmente, a los que nos vamos a referir.

La Rendición de Cuentas contiene varios artículos que refieren en forma directa o indirecta al Ministerio del Interior, varios de ellos incorporados por iniciativa del Poder Ejecutivo y otros a través de la Cámara de Representantes. Nuestro Ministerio los comparte plenamente; no obstante ello, hay dos artículos sobre los cuales queremos realizar ciertas consideraciones y otros dos a los que deseamos modificarles aspectos de redacción.

El primer artículo al que queremos hacer ciertas observaciones -que ya hemos presentado en la Cámara de Representantes- tiene que ver con nuevas rebajas o abatimientos en Gastos de Funcionamiento y Gastos de Inversión, tanto para el año 2002, como para los sucesivos 2003 y 2004. El Ministerio, a través de su titular, en más de una oportunidad ha declarado que su situación desde el punto de vista financiero y contable, es extremadamente comprometida y, obviamente, no escapa a la realidad que está atravesando el resto del país y los demás Incisos de la Administración. Queremos destacar la peculiaridad de la función que desempeñamos, que tiene que ver con brindar seguridad pública, cumplir con la tarea de Bomberos, de Policía Técnica, de Policía Caminera, de Jefatura, de Sanidad Policial, etcétera. Además, la mayoría de los insumos del Ministerio del Interior se compran en moneda extranjera, por lo que la situación se ha visto agravada a raíz del proceso inflacionario que estamos viviendo, más la diferencia en la cotización del dólar. Obviamente, el Presupuesto Nacional fijó las partidas y los montos en pesos uruguayos en el año 2000, y actualmente tenemos una realidad que escapa a la posibilidad de dar cumplimiento a los reclamos de proveedores y suministradores de servicios del Ministerio -con quienes tenemos un fuerte atraso- además de que se está resintiendo la operativa a todos los niveles. Por ejemplo, los laboratorios han suprimido la entrega de medicamentos para Sanidad Policial debido a los importantes atrasos que tenemos. Además, en los llamados a licitación no se presentan oferentes; si lo hacen, pretenden que se les pague al contado -y no a los 120 días- o estipulan los precios en cantidades extremadamente elevadas. En algunos casos la cotización no aparece en la documentación que se presenta, pero es de $40, $50 o $60 por dólar, de forma tal que permita a los proveedores cubrirse para el futuro. Asimismo, tampoco se han reforzado los rubros por parte del Ministerio de Economía y Finanzas o de la Contaduría General de la Nación para hacer frente a esta nueva realidad.

El primer artículo establece recortes presupuestales en forma genérica para todos los Incisos de la Administración Central y para los Ejercicios que mencionábamos. Esta ley va a entrar en vigencia el 1º de enero de 2003, no obstante lo cual se establecen recortes para el Ejercicio que está en curso. La Administración Central este año ya ha tenido un abatimiento del 12% en Gastos de Funcionamiento y de un 70% en Gastos de Inversión. El Ministerio tiene asignado, dentro del Presupuesto, un 32% a Gastos de Funcionamiento, lo que abarca el funcionamiento del Hospital Policial, las cárceles, medicamentos, alimentación, combustible, vestimenta, municiones, pago de servicios públicos, contratos con terceros, convenios médicos, víveres y servicios de toda naturaleza. A ello se suman los procedimientos de lucha contra el contrabando y los que se han llevado a cabo a raíz de los focos de fiebre aftosa, que ha insumido mucho más que las previsiones presupuestales asignadas, por lo que los créditos para este Ejercicio están prácticamente agotados. Es decir que a este Ejercicio, que tenía determinados créditos fijados en el Presupuesto, se le han aplicado nuevos recortes a través del artículo 644 de la Ley de Presupuesto, que permite al Poder Ejecutivo abatir en forma anual dichos créditos. A su vez, ahora se va a disponer por ley un nuevo abatimiento, por lo que no encontramos la fórmula económica para mantener en funcionamiento, con una operatividad mínima, al Ministerio. Se han hecho los máximos esfuerzos para optimizar y racionalizar los recursos, pero hemos llegado a un límite que si se sobrepasa, escapa a nuestras capacidades.

Con respecto a los Ejercicios 2003 y 2004, ocurre lo mismo. Al recorte que prevé la ley se suma el del artículo 644 de la Ley de Presupuesto. Es decir que al recorte estipulado por ley, se agrega el hecho de que el Poder Ejecutivo en todo momento, por vía de decreto, puede establecer nuevos recortes.

La situación es mucho más grave con relación al rubro Inversiones, por cuanto el artículo 619 de la Ley de Presupuesto preveía un abatimiento del 9%, que ahora pasa a ser del 28%, en la medida en que se suma un 19% de acuerdo con la ley. Además, debemos tener en cuenta el abatimiento del 70% previsto por decreto del Poder Ejecutivo para este año.

Tenemos cifras que pueden ser bastante ilustrativas. Por ejemplo, el Ministerio vierte un 4,08% de su presupuesto al rubro Inversiones, lo que abarca las compras de equipamiento, elementos de comunicación, como ser los "handies", las radios de los patrulleros, todo lo que tiene que ver con el armamento, vehículos, mobiliario, obras, refacciones, repuestos, maquinaria, GPS, equipamiento de la Policía Técnica, reactivos para los exámenes de ADN y diferentes pruebas realizadas por la Policía Técnica, equipos de bomberos y otros muy sofisticados que utiliza la Dirección Nacional de Información e Inteligencia para la lucha contra el contrabando y la droga, etcétera.

Si tenemos en cuenta que cuando se elaboró el Presupuesto Nacional el valor que tenía el dólar en ese momento era aproximadamente $14, podemos decir que lo relativo al Ministerio se ubicaba en los U$S 300:000.000. Como decíamos hoy, de esos U$S 300:000.000 solamente están asignados U$S 25:000.000 para inversiones. Esta cifra fue abatida en un 70%, por lo que nos quedan U$S 7:500.000. Téngase presente que esa cifra estaba calculada al cambio de la fecha, aproximadamente a $14, y hoy ronda los $30; quiere decir que estamos a la mitad de ese monto, o sea, en U$S 3:500.000.

Tan solo la compra de doscientos módulos carcelarios, a valor de hoy, nos demandan U$S 2:600.000, y la infraestructura para montar solamente seiscientos módulos -se trata de una necesidad imprescindible del Ministerio para dar cobertura al hacinamiento de presos y al incremento de reclusos en las cárceles- se lleva todo el Rubro de Inversión e, inclusive, quedamos en rojo. En estas condiciones, es obvio que no podemos cumplir con el resto de las necesidades del Ministerio.

La objeción de nuestra Cartera -que ya hemos explicitado en otras ocasiones- es que no compartimos el criterio de que los recortes en gastos de funcionamiento y de inversiones no se hagan en forma selectiva, sino en forma general. El Ministerio considera que los señores Legisladores deberían priorizar áreas, sectores, recursos e incisos y aplicar de una manera diferencial la política de recortes, es decir, no establecerla del mismo modo a los distintos sectores.

La segunda disposición que vamos a mencionar es el artículo 81, en el que lo que se hace es sustituir el actual artículo 6º de la Ley Nº 15.903. En el Repartido que hemos entregado se incluye la actual redacción del artículo 81 y en la hoja siguiente la redacción vieja de la disposición que se pretende sustituir.

Ese artículo hace referencia a las modificaciones de la paridad monetaria o por variación de precios, tanto en gastos de funcionamiento como de inversiones. En su primer inciso se establece que esas situaciones serán de cargo del Tesoro Nacional y luego se fija una serie de pautas. En el último inciso se menciona que la erogación correspondiente será dispuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas, previo informe de la Contaduría General de la Nación y se atenderán -aquí está una de las variantes de la nueva redacción- con cargo a los créditos del Inciso. Nosotros, entre paréntesis, agregamos "24". En la antigua redacción, que es la que está vigente, se mencionaba que esto se atendía con cargo a una partida estimativa en el Programa 001, Inciso 24. Es decir que antes existía una correlación porque se decía que la erogación era a cargo del Tesoro Nacional y en el último inciso se hacía referencia al Inciso Tesoro Nacional, que es el 24. Esta nueva redacción, que no menciona al Inciso 24 Tesoro Nacional, obviamente deja dudas y mañana la Contaduría General de la Nación o el Ministerio de Economía y Finanzas podrían interpretar que el cargo será al crédito de cada uno de los Incisos. Esto empeoraría la situación gravosa en que está el Ministerio del Interior, ya que no tenemos refuerzos de créditos ni posibilidad de abonar esta disparidad cambiara o variación en los precios.

La tercera disposición a la que haremos referencia, es el artículo 97. Con respecto a el, simplemente queríamos efectuar una corrección -ya que en algún momento se cometió un error de redacción- puesto que no se trata de un artículo del Ministerio del Interior sino del de Defensa Nacional. Concretamente, está referido al Ejército Nacional y al Comando General del Ejército, donde se establece una serie de abatimientos. A continuación del texto del artículo 97, se incluye una planilla donde se mencionan los importes del objeto del gasto a disminuir. En uno de los ítems -más precisamente, en el sexto- se habla de un complemento mensual por equipo y se hace referencia al literal C) del artículo 36 de la Ley Nº 16.462. Luego de consultas verbales, el Ministerio de Defensa Nacional ha respondido que la referencia debería ser al artículo 28 y no al 36. Verdaderamente, el Ministerio del Interior ha tenido mala suerte porque, más allá de los abatimientos dispuestos por el Poder Ejecutivo, este error llevó a que se genere una disminución de los recursos de nuestro Ministerio, ya que la norma que se cita -los señores Senadores la tienen en el documento que le hemos entregado- refiere a compensaciones de todos los funcionarios de dicha Cartera. Entonces, lo que pedimos es que se corrija esto, ya que no es el artículo 36, sino el 28. Además, no existe literal C) en ninguno de los dos, por lo que esa referencia está equivocada.

La última disposición que mencionaremos es el artículo 109 para solicitar que se haga una corrección. Ese artículo hace referencia a una iniciativa del propio Ministerio del Interior que tiene que ver con la inhabilitación de cumplir simultáneamente ciertas funciones relacionadas con peritos y con profesionales del derecho, ya sean abogados, procuradores, doctores en Derecho, etcétera; está dirigida a personas que reúnen la doble calidad de policía y de jurista. Creemos que el error parte de nuestro Ministerio al presentar la norma, porque pensamos que en algún momento hubo un problema de transcripción, por lo que quedó pendiente una frase en el último inciso, que tiene correlación con el segundo inciso. En ambas situaciones se prevé que la inhabilitación es para quienes estuvieran directamente involucrados en los procedimientos, ya sea profesionales del Derecho o funcionarios en calidad de peritos. La segunda inhibición es que hayan participado, no ellos directamente, sino la Unidad Ejecutora en la que prestan servicios -en el caso del primer inciso- y cualquier Unidad Ejecutora del Ministerio en el caso de los peritos. Para decirlo con palabras más llanas, aquí nos hemos comido parte del artículo, por lo que solicitamos que se agregue esa oración a los efectos de darle cabal sentido a la disposición.

No tenemos más para agregar, y estamos a las órdenes para contestar cualquier consulta de los señores Senadores acerca de alguno de los artículos que se han incorporado y sobre el resto de las disposiciones.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Si no me equivoco, hemos entrado directamente a considerar los artículos vinculados con el Ministerio del Interior, más concretamente el 108 y siguientes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Efectivamente, señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Ahora bien, estos artículos no vienen en el Mensaje del Poder Ejecutivo, sino que han sido agregados en la Cámara de Representantes. Pienso que esto es correcto, a menos que la Secretaría, que nunca se equivoca, lo haya hecho esta vez.

Por lo tanto, reitero, seguramente esto fue agregado por la Cámara de Representantes. En ese entendido, nos interesa saber si el Ministerio del Interior está de acuerdo con estos artículos en la medida en que, en su oportunidad, el Poder Ejecutivo no los envió a consideración del Parlamento. Además, adelantamos que habiendo escuchado los comentarios realizados por los representantes del Ministerio, nos reservamos el derecho de hacerlos nuestros, o no, más tarde.

SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.- Aclaramos al señor Senador que estamos de acuerdo con las modificaciones introducidas por los señores representantes.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración los artículos 108 y siguientes.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Entonces, señor Presidente, se debe dar la palabra a los representantes del Ministerio para que nos expliquen por qué acompañan lo que no propusieron.

SEÑOR MACIEL.- Para dar rápidamente una explicación artículo por artículo, decimos que el artículo 108 es un aditivo propuesto por el Ministerio directamente en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, por lo que tuvimos iniciativa y así fue aceptado por los señores representantes. El artículo 109 también fue propuesto como aditivo por el Ministerio del Interior e hicimos la salvedad de que falta una oración en su redacción. El artículo 110 fue de igual forma propuesto por el Ministerio como aditivo y contó con la aprobación de los señores Legisladores. El artículo 111 también es un aditivo redactado por el Ministerio y lo mismo ocurre con el artículo 112. El artículo 113 fue propuesto por los señores representantes, quienes realizaron consultas al respecto al Ministerio del Interior en cuanto a su redacción, la que fue acordada. Más allá de que, reitero, fue formulado directamente por los Legisladores en la Cámara de Representantes, también lo acompañamos. Por su parte, el artículo 136 ya figuraba en el Mensaje del Poder Ejecutivo y simplemente se le varió la redacción, previa consulta con el Ministerio del Interior.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Quisiera dejar una constancia que seguramente no hace relación sólo al Ministerio del Interior. Ahora que empezamos a estudiar las disposiciones concretas sobre cada Ministerio, observo que por una vía elusiva se han incluido aditivos y Mensajes del Poder Ejecutivo que no estaban previstos originalmente.

Naturalmente, cualquier Legislador tiene la facultad de tomar como propio el artículo que el Ministerio -ya sea éste o cualquier otro- proponga incluir, pero me parece que, en ese caso, el sistema debería ser que no habrá Mensajes complementarios que requieran iniciativa del Poder Ejecutivo; entonces, todos los organismos involucrados en el Presupuesto General podrán presentar los aditivos que les parezcan prudentes. La Constitución no dice eso, sino que establece que hay un Mensaje del Poder Ejecutivo que es el que el Poder Legislativo debe examinar. En este caso ha sucedido -y no es la primera vez que ocurre- que se han ido añadiendo, con este sistema que diría es un tanto peculiar, Mensajes complementarios por la vía de las Comisiones. Eso no es lo lógico. Sé que el Ministerio del Interior lo ha hecho, como también otros. Si observamos el comparativo que tenemos delante, podremos apreciar que son páginas y páginas de artículos cuya factura demuestra, evidentemente, su origen: son de la Secretaría de Estado respectiva.

Puedo pensar -y creo que en algunos casos acierto- que el Poder Ejecutivo como tal, en su integralidad -es decir, el Secretario de Estado con la Presidencia de la República y, eventualmente, en este caso, el Consejo de Ministros- rechaza la propuesta de un Ministerio, que es lo que da por resultado que ella no se incluya en el Mensaje. Sin embargo, sin perjuicio de ello, y por una vía que como señalé al principio es elusiva, esas propuestas llegan acá, y siempre hay una manera de incluirlas y de conocer la voluntad de ese sector del Poder Ejecutivo que no fue acompañada, en particular, por la Presidencia de la República y el resto de dicho Poder. Esto es lo que debo suponer por cuanto esas iniciativas no figuran en el Mensaje respectivo.

No nos vamos a enzarzar ahora en el estudio de si esto es bueno, correcto o incorrecto, sino que simplemente quiero señalar que el procedimiento rompe un esquema normal de relación que se debe dar entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. En el Poder Legislativo tenemos el derecho de presumir sin condiciones que el Mensaje que se nos envía contiene la voluntad del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en una cantidad de artículos de esta Rendición de Cuentas, aparecen Mensajes o iniciativas laterales que por alguna razón presumo no figuraban en el Mensaje inicial. No es del caso referirnos exclusivamente al Ministerio del Interior, porque tendremos oportunidad de conocer su posición en profundidad en el correr de este análisis rápido que está haciendo la Comisión.

Ya que se han mencionado en general, diría que los artículos 109, 110 y 112 me merecen algunos comentarios. Estoy salteando el artículo 108, pero si ningún señor Senador desea referirse al él, pasaré a efectuar las preguntas sobre las iniciativas que he mencionado.

En cuanto al artículo 109, quiero señalar que el "y/o" del primer inciso está de más, y lo aclaro simplemente a título de corregir la redacción. Pero en el segundo inciso se expresa: "Prohíbese, asimismo, a los funcionarios policiales que posean la calidad de Peritos en cualquier área, realizar informes, peritajes, intervenir en procesos judiciales o extrajudiciales, a favor de personas privadas (físicas o jurídicas)", etcétera. Esto quiere decir que en contra, sí pueden intervenir. Creo que en su momento habrá que modificar el texto, si es del caso, y expresar lisa y llanamente "intervenir", porque de lo contrario parece que, en un sentido negativo, los peritos pueden acudir a la esfera judicial.

La segunda apreciación que quiero realizar se refiere a los fondos de terceros. Me gustaría saber si esto está a libre disposición o criterio del Ministerio del Interior o del Poder Ejecutivo. Si es así, debe quedar de manifiesto que la contribución mensual será ahora de libre disposición de la Dirección Nacional de Sanidad Policial, que no era el manejo de los fondos respectivos hasta el momento. No conozco el grado de entusiasmo que pueda tener el Ministerio de Economía y Finanzas frente a estos manejos laterales del Presupuesto, pero como señalaba hace unos minutos, como hay Mensajes paralelos, habrá que preguntar a dicho Ministerio si está de acuerdo en que se cambie una formulación de la disponibilidad de los rubros pasándolos a otra esfera. Reitero que esto tampoco refiere solamente al Ministerio del Interior, ya que varias Carteras han considerado prudente que lo que no le aceptara el Ministerio de Economía y Finanzas en su momento -aquí sí digo, con alta probabilidad- sea presentado por una vía lateral en el Poder Legislativo. Con esto se crea una situación -que no voy a solucionar- de diferencias de criterio entre Secretarías de Estado que atienden distintos problemas y, en este caso en particular, la que atiende los gastos del Estado, que sería la que puede manifestarse.

SEÑOR RUBIO.- Consulto si no se podría explicar el alcance del artículo 110.

SEÑOR MACIEL.- Más allá de nuestras palabras, y para mayor clarificación, queremos adelantar que en las próximas 24 horas vamos a hacer llegar a todos los señores Senadores los artículos del Ministerio con los comentarios y las fundamentaciones que presentamos oportunamente en la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes para que entendieran el alcance de cada una de estas disposiciones.

En el caso del artículo 109, sobre el cual el señor Senador García Costa hacía referencia a una serie de elementos que deberían cambiarse, compartimos que la redacción podría ser mejorada, y no tenemos objeciones en eliminar la expresión "y/o" y modificar la frase "a favor de personas privadas".

En lo que hace al artículo 110, debemos decir que nosotros habíamos presentado esta norma con idéntica redacción en oportunidad de tratarse la Ley de Presupuesto Nacional, de la misma manera que la había presentado el Ministerio de Defensa Nacional para Sanidad Militar. Fue aprobado, en los artículos 39 y 40, como fondo de terceros los aportes de los funcionarios de ese Ministerio a esta última. Por lo que estamos bregando ahora es, simplemente, por la equiparación para los funcionarios del Ministerio del Interior, es decir que aquellos aportes que realizan de sus salarios, y que van para sanidad policial, no pasen a Rentas Generales, sino que sean fondos de libre disponibilidad en la medida en que son aportados por cada uno de los beneficiarios de Sanidad Policial, a los efectos de que sean invertidos en el Hospital Policial. Ese es el espíritu de la norma que tiene, repito, la misma redacción que el artículo de Sanidad Militar incluido en la Ley de Presupuesto.

SEÑOR GARCIA COSTA.- El señor Senador Rubio -con él hemos sostenido un dialogado fuera de la versión taquigráfica- me comenta que tampoco entiende el inciso segundo del artículo 110.

Con relación al artículo 112, creo que hay una multiplicación del 1% al 5% de los aportes de los funcionarios policiales. Entonces, nos interesaría saber en qué forma el Poder Ejecutivo, en el caso, el Ministerio del Interior, manejará ese aumento que quintuplica los tiques moderadores en Sanidad Policial.

En lo que tiene que ver con el artículo 113, nos da la impresión que hay una serie de circunstancias que se dan hoy, que son actuales -no digo nombres propios para no utilizar una manera de expresarme que luego pueda dar lugar a problemas- de funcionarios a los cuales transitoriamente se les da otro destino, y luego se dice que después que queden vacantes los cargos se dejará de hacer. Es decir que a Juan, a Pedro y a Diego, que hoy están en esta circunstancia, les damos otros destinos funcionales. Seguramente, alguien vinculado al Derecho Administrativo nos podría decir que esa manera de legislar es bastante sorpresiva.

Por otra parte, al final de este artículo se dice: "Los cargos transformados por la presente ley, quedarán sin efecto una vez que los mismos quedaren vacantes, volviéndose a la denominación original". O sea que una vez cumplida la circunstancia evidentemente dirigida a lo que ocurre actualmente, volvemos a la anterior porque esa es -esto lo agrego yo- la mejor para la buena organización del Ministerio del Interior. Por lo tanto, quisiéramos conocer la opinión del Ministerio que, a juzgar por este repartido comparativo que tenemos, no ha sido el que propugnara la norma en el Mensaje original.

SEÑORA SEFERIAN.- Voy a referirme al segundo inciso del artículo 110. Hasta el momento actual, todos los fondos de la Dirección Nacional de Sanidad Policial constituyen fondos de libre disponibilidad.

Lo que se está solicitando en el inciso primero es que el aporte que se hace por el artículo 86 por medio del descuento de los sueldos de los funcionarios pase a ser fondos de terceros. Entonces, por este inciso segundo se libera el 93% de lo que ahora es fondo de libre disponibilidad pasándolo a fondo de terceros, quedando el resto como fondos de libre disponibilidad, que corresponde a la recaudación de los tiques moderadores.

Voy a aportar las cifras de la distribución porcentual. La recaudación total anual es de $ 79:530.965; la recaudación estimada de tiques es $5:469.000; y la de fondos del artículo 86, $ 74:061.965. Haciendo la relación con el total es que da 93% para el artículo 86, que es lo que estamos pidiendo como fondos de terceros y un 7% como libre disponibilidad, que corresponde a la recaudación de los tiques moderadores.

SEÑOR MACIEL.- El artículo 112 no hace más que retomar un planteo de ajuste similar a lo establecido en los artículos 104 y 105 de este mismo proyecto de ley de Rendición de Cuentas, pero en el caso de esas disposiciones se trata de la contribución mensual de cada beneficiario del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas.

Lo que pretende este artículo concretamente es adecuar la realidad de los valores de los tiques que hoy se pagan en esta materia. En el artículo actualmente vigente, la redacción es la misma, pero se establece que el monto de esos tiques no podrá exceder el 1%. La única variación ahora es que se eleva ese porcentaje al 5%. ¿Qué significa esto? Estamos hablando siempre del salario de un Agente de Segunda. Con los valores actuales del 1% por los tiques moderadores, ya sea de cualquier tipo de medicamento -desde el más barato al más caro- de cualquier consulta de policlínica, no importa la especialidad, de la consulta de emergencia y de cualquier estudio clínico -más allá de lo específico o complejo que sea- el funcionario policial y el personal subalterno pagan $ 6, mientras que el personal superior paga $ 11. La Dirección Nacional de Sanidad Policial ha entendido que estos valores no actúan como tiques moderadores en virtud de que no solamente no moderan la asistencia de personas en Sanidad Policial, sino que tampoco implican un mecanismo que permita recaudar algún monto que sirva para financiar o para que el subsidio del Estado no sea tan importante. De ahí que se planteara llevar este monto a una cifra más razonable, y se estableció un tope del 5%. Esto no quiere decir que pasen automáticamente del 1% al 5%, puesto que en la ley se establece: "El importe de los referidos tiques no podrá exceder el 5%", etcétera. Hoy en día, el Poder Ejecutivo, por decreto entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Interior, actuando conjuntamente con el señor Presidente de la República, fijan el valor de esos tiques moderadores. Quiere decir que podrá ser un 4%, un 3% o un 2%.

A modo de ejemplo, podemos decir que Sanidad Policial está brindando 200.000 policlínicas y atendiendo 51.000 emergencias al año. Hace poco tiempo vivimos la situación del Hospital de Clínicas, donde se atienden menos emergencias que en Sanidad Policial, que tiene 140.000 usuarios y un promedio de internaciones anuales de 53.000 pacientes. Como aprecian los señores Senadores se trata de cifras muy importantes. Para todas estas circunstancias, los tickets moderadores actuales son de $ 6 o de $ 11, es decir, del valor de medio o de un boleto de ómnibus. De allí la voluntad del Poder Ejecutivo de llevar su valor a cifras más razonables y, si sus montos fueran llevados a un máximo del 5 %, quedarían por debajo de lo que cobra cualquier mutualista privada.

Por su parte, el señor Subsecretario Borrelli hará referencia al artículo 113.

SEÑOR BORRELLI.- Como expresó el señor Director General, este artículo también fue introducido en la Cámara de Representantes, donde se consultó al Ministerio.

Tal vez se pueda criticar este tipo de técnica legislativa en el sentido de introducir una norma "por única vez", pero esto se debió principalmente a una cuestión de hecho, es decir, a una especie de taponamiento -si se me permite el término- que existe en ciertos grados de la Policía nacional, como son los mandos medios de Comisarios. Por diversas razones, policías que no han podido ascender durante muchos años han quedado "trancados" en el grado de Comisario, lo que les impide poder ascender o jubilarse en el día de mañana con un sueldo mejor. Además, de esta forma, se tranca a quienes vienen atrás, o sea, a los Oficiales, ya sea Subayudantes, Ayudantes, Principales y Subcomisarios.

El artículo es claro en exigir que se tenga, por ejemplo, 25 años de antigüedad en el instituto, lo que representa un lapso importante, diez años de antigüedad en el cargo de Comisario, para que también haya una permanencia importante en ese grado, además, el curso de pasaje de grado para el grado inmediato superior, que es el de Comisario Inspector y que se esté ganando - esto es algo muy importante porque no afecta normas presupuestales- la totalidad del sueldo de Comisario Inspector, es decir, del grado superior al que se pretende acceder. Por lo tanto, en ese sentido, no hay modificaciones presupuestales.

Esto se debe a que cuando se está más de tres años en el grado, al cuarto año se está en condiciones de ascender y allí se comienza a ganar un tercio del grado superior, y así sucesivamente hasta que se gana la totalidad. Esto consta en un Decreto - Ley del año 1974 y, concretamente, a través del artículo 122 de la Ley Nº 16.320 de 1º de noviembre de 1992, se sanciona una norma similar a esta que permite destrancar la carrera policial. Por ello, el Ministerio señala que está de acuerdo con la forma en que está redactado este artículo.

SEÑOR FAU.- Señor Presidente: en la primera parte de la intervención del señor Senador García Costa se formula un planteo interesante. Pero así como el mismo tiene la virtud de ser interesante, no la tiene de novedoso, porque plantea una situación que no se origina por primera vez, sino que forma parte de una práctica parlamentaria vinculada a la propia historia de las leyes presupuestales y a las de Rendiciones de Cuentas. El Poder Ejecutivo no envía los proyectos de ley para que sean homologados por el Parlamento, sino para que se los discuta. Si está de acuerdo, los aprueba, de lo contrario los rechaza y, si no está de acuerdo en parte, los modifica. Esa es la esencia y la naturaleza de la discusión parlamentaria de un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envía, que está a lo que el Parlamento resuelva.

Los antecedentes que se registran de incorporaciones a las iniciativas están integrados a todos los proyectos de ley de Presupuesto y de Rendiciones de Cuentas que se han formulado. Esta no es una carácterística original de este proyecto de ley. El propio debate y la naturaleza de la discusión hacen conveniente introducir algunos elementos y ello se hace, a veces, con la consulta al señor Ministro cuando parece procedente hacerlo; otras veces, existen los acuerdos necesarios y se entiende que la norma es conveniente, entonces, se aprueba y se incorpora. Lo que parece sano es que se consulte al Ministro, tal como ha ocurrido con las iniciativas provenientes de señores Diputados que fueron encontradas oportunas por parte de la Cartera del Interior, que señaló que no tenía inconvenientes en que se introdujeran. El Ministerio también aporta algunas ideas o soluciones que a veces surgen después de haber enviado el Mensaje, cuando se profundiza el debate, es decir, cuando se avanza en la discusión y se percibe que alguna propuesta que puede haber sido incluida no lo fue y, como se está dentro de los plazos constitucionales para hacerlo, se la incluye. En definitiva, es el Parlamento el que resuelve. En este caso, podría señalarse que los Ministerios podrían tener por esta vía una especie de salida o escape a los controles naturales que la Cartera de Economía y Finanzas plantea, siempre tan cuidadosa y atenta de los dineros del Estado. Pero en esta oportunidad, esa dificultad está superada porque es público y notorio que después de que la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que introduce estas modificaciones, que recoge iniciativas de algunos Diputados y Ministros, es el propio titular de Economía y Finanzas el que proclama públicamente que en su opinión no debería tocarse el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. De esta forma, está diciendo que no tiene observaciones importantes que hacer y, en cierta medida, respalda política e institucionalmente lo que la Cámara de Representantes introdujo.

Por tanto, me parece que el celo de cuidar que todas las formalidades se cumplan debidamente es compartible y respetable. Lo que digo es que en este caso se han utilizado caminos que forman parte de la más rica tradición de las discusiones presupuestales y de Rendiciones de Cuentas, que habla de la atención y de la preocupación de los señores Ministros de aprovechar la oportunidad que se les brinda para poder plantear esas iniciativas. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas las respalda en la medida en que le dice al Senado que su opinión sería que al país le sirve que no abra la Rendición de Cuentas y que aprueben todo lo que en ella está contenida.

Me parecía conveniente hacer estas reflexiones, atento a las preocupaciones que el señor Senador García Costa había planteado, absolutamente procedentes; no obstante, entendí que no estaban de más estas aclaraciones.

SEÑOR GALLINAL.- Deseo referirme al artículo 113 que, si no me equivoco, es el que estamos tratando y es al que acaba de referirse muy claramente el señor Subsecretario del Ministerio del Interior. Además, como él señaló expresamente que el Ministerio está de acuerdo con la redacción que viene de la Cámara de Representantes, imagino que lo dijo en alusión a una modificación que nos han hecho llegar los interesados en el tema, quienes seguramente también la han acercado a la Cartera.

En este sentido, quisiera saber qué opinan los representantes del Ministerio del Interior sobre esta propuesta. En el acápite de este artículo, donde se dice: ’Comisario Inspector’ y equivalentes respectivamente", nos piden agregar "grado 11". Después, en el literal B), nos solicitan sustituir "antigüedad mínima de 10 años en el grado de ‘Comisario’ o equivalente al 1º de febrero de 2002" por "poseer una antigüedad al 1º de febrero de 2002 de doble tiempo en el grado de ‘Comisario’ y equivalente al grado 10".

En los fundamentos de las modificaciones -que, repito, nos fueron acercadas por los propios interesados y por eso parece del caso hacer la consulta al Ministerio- en el primer caso, se agrega el grado a efectos de clarificar el sentido del artículo, evitando interpretaciones erróneas. En segundo lugar, en cuanto a la modificación en el literal B), que consiste en variar la exigencia de una antigüedad mínima de 10 años en el grado de ‘Comisario’ o equivalente al 1º de febrero de 2002 por "poseer una antigüedad al 1º de febrero de 2002 de doble tiempo en el grado de ‘Comisario’ y equivalente", se tienen en cuenta los antecedentes de la reestructura que sobre este aspecto se aprobaron durante los Gobiernos que actuaron desde 1985 hasta 1995, en cuyas circunstancias se ascendió siempre con doble tiempo. Esta exigencia significa que quedan comprendidos aquellos Comisarios que están cobrando el sueldo del grado inmediato superior desde hace, por lo menos, tres años, y desempeñando dicho cargo. Como ejemplo, se puede citar a un Oficial que asciende a Comisario en el año 1993. Dicho Oficial, en 1995 está facultado y realiza el curso de pasaje de grado y, por consiguiente, en el año 2001, posee tiempo doble, ya que no ascendió en el tiempo correspondiente por carecer de vacantes, a pesar de reunir las condiciones para ello. Con la modificación propuesta al literal B), no se perjudica a quienes contemplaba el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes, pero al establecer un tiempo doble, se amplía su espectro y se beneficiaría a un muy reducido grupo de Comisarios que en algunos casos, con nueve años en el grado y 31 ininterrumpidos en el instituto, quedarían, de no aprobarse la modificación, fuera de esta disposición, lo que significaría una verdadera injusticia.

Estos son los fundamentos que nos han hecho llegar, reitero, los interesados en este tema y por eso quiero hacer la expresa consulta al Ministerio.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- Con respecto a la expresión "grado 11", puedo decir lo siguiente. El grado 10 corresponde a los Comisarios y el grado 11 al de los Comisarios Inspectores. Si en el acápite de este artículo estableciéramos "grado 11" estaríamos provocando esta situación a los Comisarios Inspectores en cuanto a su ascenso a Inspectores Mayores. Al respecto, cabe decir que en este momento no tenemos previstas las consecuencias que esto podría generar, sobre todo, en el plano presupuestal. Pienso que esto sería complicado.

En lo que tiene que ver con el denominado "tiempo doble", que no es una expresión jurídica, sino que responde a una expresión de costumbre que adoptó la Policía, sabemos que con los diez años que fija este artículo se pueden provocar algunas injusticias, como bien señala el señor Senador Gallinal, y dejar afuera a alguien que le falte uno o dos meses para cumplir los diez años. Luego de haber hecho un muestreo de la situación, antes de pronunciarnos a favor de este artículo, podemos decir que esta norma afectaría a unos cuarenta o cincuenta Comisarios en todo el país que ascenderían a Comisarios Inspectores y, a esos efectos, destrabaríamos el cuello de botella que se ha formado en la pirámide y daríamos más agilidad a la misma. Una vez que estos pasen a retiro, no habría problemas porque quedarían sin efecto esos cargos y los que vienen atrás ascenderían al cargo de Comisario y no de Comisario Inspector. En nombre del Ministerio, no me animo a tomar el criterio del denominado "tiempo doble" porque no sé a cuántos Policías podría afectar. Si esto sucede con un número muy importante de policías, podríamos tener un resquebrajamiento en la pirámide, ya que nos quedaríamos prácticamente sin Comisarios, mientras que la mayoría de los Oficiales Jefes -que son los Comisarios y los Comisarios Inspectores- quedarían todos como Comisarios Inspectores. En consecuencia, quedarían al frente de las Comisarías los Comisarios Inspectores, cosa que es bastante resistida por la oficialidad.

Por lo tanto, para pronunciarnos sobre esta norma, nos gustaría hacer un estudio más acabado de cómo afectaría el denominado "tiempo doble" en la pirámide de la jerarquía policial.

SEÑOR GALLINAL.- Tomando en cuenta la respuesta que nos da el señor Subsecretario, haría llegar a la Mesa la redacción correspondiente, para que el Ministerio, en los próximos días, nos haga llegar su opinión definitiva sobre las modificaciones que se proponen.

SEÑOR SUBSECRETARIO.- De acuerdo.

SEÑOR RUBIO.- Tengo una duda con respecto al artículo 110. Entiendo que esta facultad que se plantea sería más amplia. ¿Qué impacto tienen los márgenes de manejo del Ministerio del Interior? Creo que esto procura otorgar mayor flexibilidad a los efectos de poder dar otros destinos. No sé si esa es la interpretación correcta de este cambio en la situación de estos fondos. Estamos hablando de sumas muy importantes. ¿Esto solucionaría en parte algunos de los problemas que tiene el Ministerio?

SEÑORA SEFERIAN.- Como decía el doctor Maciel, este artículo ya fue aprobado para las Fuerzas Armadas. En el artículo 41 de la Ley de Presupuesto también se le dio la calificación de "fondos de terceros", que son aquellos que aportan los policías a la Caja Policial. En el caso de la Dirección Nacional de Sanidad Policial todos los fondos que recauda -por tiques o por concepto del artículo 86- en este momento son considerados como de libre disponibilidad. El 93 % corresponde a aportes de los policías y están limitados por el crédito autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, son fondos de los policías que no se pueden utilizar en el propio Hospital Policial. En este momento tenemos los créditos abatidos, se tienen los fondos pero no se puede comprar. De esta manera, entonces, lo que logramos es que la Dirección Nacional de Sanidad Policial disponga de los fondos que aporta el propio policía. Pensamos que tal como se aprobó para las Fuerzas Armadas y según el criterio que se adoptó en cuanto al aporte a la Caja Policial, tendríamos que hacer lo propio con Sanidad Policial.

SEÑOR ASTORI.- Quiero hacer un simple apunte sobre este tema.

Efectivamente, el artículo permite una mayor flexibilidad en la asignación de los recursos, y sobre todo en dos destinos, que es Funcionamiento e Inversiones. De otra manera, no se podría lograr. Ese es el motivo del abatimiento del 93% que figura en el inciso segundo. Las dos cosas están vinculadas entre sí. Además, esa es la razón de la facultad que establece la última oración de alterar esa relación en la medida en que la proporción de fondos de terceros y recursos que, en este caso, se llaman de afectación especial, cambie en el futuro. Los destinos de Funcionamiento e Inversiones, son en realidad el objetivo fundamental de este planteo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, sólo nos resta agradecer la presencia del señor Ministro, del señor Subsecretario y de los asesores.

La Comisión pasa a cuarto intermedio.

(Así se hace es la hora 16 y 31 minutos)

 

(Vueltos a Sala)

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 17 y 09 minutos)

- Damos la bienvenida al señor Ministro de Relaciones Exteriores y a sus asesores, quienes han concurrido a los efectos de analizar los artículos 116 y 117 del Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal relativos a dicha Cartera, que figuran en la página 61 del Repartido.

SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.- Señor Presidente: los artículos 116 y 117 consagran las normas que en su momento fueron sometidas a consideración del Poder Legislativo, con algunas enmiendas que a nuestro juicio son perfectamente aceptables y compatibles con los propósitos que inspiraron la formulación inicial.

Con respecto al artículo 116, me permitiré señalar -el texto así lo refiere- que la solución que aparece en la Rendición de Cuentas se inscribe dentro del actual proceso de racionalización y reasignación de recursos que ya había sido emprendido en el presente período de Gobierno con relación al Inciso 06. La meta del 15% que aquí aparece consignada, toma como base la ejecución presupuestal de 1999, lo cual significa reconocer que el período de ejecución o de alcance de esa meta no se produce a partir de la entrada en vigor de la Rendición de Cuentas, sino que tiene un efecto hacia 1999. Con respecto a si esta meta del 15% es el horizonte máximo de aspiración de la Cancillería, no estaríamos cien por ciento seguros; no estamos en condiciones de establecer si podríamos o no superarla, por cuanto dicha meta es de por sí ambiciosa. Sí cabe señalar que el Ministerio, dentro de los treinta días hábiles de entrada en vigor de la Ley, tendrá que proponer al Poder Ejecutivo una proyección anual de funcionarios y sus retribuciones para, en la medida de lo posible, incrementar ese ajuste. Dije que no estábamos en condiciones de asegurarlo porque, evidentemente, la evolución de la situación irá determinando también este tipo de normas.

Ese sería el comentario básico con respecto al artículo 116, con respecto al cual la Cancillería no tiene ninguna objeción al texto ni a su contenido.

En lo que tiene que ver con el artículo 117, se trata del concurso de ingreso a los cursos de formación en Servicio Exterior del Instituto Artigas. En este caso, la ley encarga al Ministerio determinar los méritos para la celebración de este concurso. Obviamente, se remite a otra norma, pero introduce nuevas disposiciones con las que también estamos de acuerdo. Inclusive, creemos que es una norma positiva, que ha nacido de la discusión parlamentaria en la instancia de la Cámara de Representantes, y consiste en que se deberá contemplar dentro de los méritos, los títulos universitarios emitidos por la Universidad de la República y universidades privadas legalmente habilitadas o por universidades extranjeras siempre que estén debidamente revalidados, vinculados con las áreas de economía, administración, derecho, ciencias sociales y relaciones internacionales.

Creo que la importancia de este artículo está, en primer lugar, en darle rango legal a este tipo de méritos, lo que ya estaba en las bases administrativas del concurso pero que a partir de ahora -si el proyecto de ley resulta aprobado- tendrá carácter de mandamiento legal.

En segundo término, esta disposición identifica ciertas áreas con relación a un concurso de méritos para el ingreso a la Cancillería, que son las que aquí se señalan.

Por el momento, señor Presidente, no tendría ningún otro comentario para realizar; simplemente, concluyo que los textos de las dos normas recogen básicamente la esencia de la proposición efectuada en su momento y que las correcciones que en ellos se han introducido son, a nuestro juicio, perfectamente aceptables.

SEÑOR GALLINAL.- En el artículo 116 se establece que el Ministerio debe alcanzar una reducción de gastos totales no menor al 15% de la Ejecución Presupuestal del año 1999. Quisiera saber -porque no la tengo presente- cuál es el valor de esa Ejecución Presupuestal, sobre todo, comparada con los años anteriores y posteriores, y por qué se eligió ese año. Creo que esa podría ser una guía, como referencia para saber si se le pueden presentar dificultades al Ministerio para cumplir una pauta de esas características.

SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.- En primer lugar, la guía del año 1999 fue adoptada, precisamente, porque a partir de los años 2000 y 2001 el Inciso ha realizado una serie de ajustes en su Ejecución Presupuestal. Esto determinó que, cuando el equipo económico nos fijó una meta de ajuste, nosotros señaláramos que el mismo ya estaba en proceso, por lo que era necesario tomar en cuenta el Ejercicio 1999 como año base.

Por otra parte, la ejecución de 1999 fue de 57.4 millones, por lo que el 15% de la meta establecida equivale a 8.6. Sobre la base presupuestal 1999 de 57.4, lo ejecutado en el 2000 fue 53.5, por lo que bajamos un 3.9%, y en el 2001 fue de 52.5, es decir que bajamos un 1% más. Por lo tanto, entre el 2000 y el 2001 bajamos 4.9 de la meta del 8.6. Entonces, para el período 2002-2004 estaría restando 3.7 para llegar a la meta del 15%. Ahora bien, este ajuste de los años 2002 a 2004 se integra con distintos factores que tienen que ver con la composición de las misiones. Aclaro que cuando digo composición de las misiones no me refiero sólo al número, sino también al rango de los funcionarios, con la incidencia que esto tiene sobre sus remuneraciones. En la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes puse algún ejemplo, que me permitiría volver a mencionar aquí. Algún Consulado de la República estaba a cargo de un funcionario del Servicio Exterior con rango de Ministro, pero esa función puede ser perfectamente cumplida por alguno de menor rango. De esta forma, se produce un abatimiento muy sensible del gasto salarial. Ese es el tipo de medidas de administración que dice relación con la composición de las misiones, pero también con otro tipo de circunstancia.

El señor Presidente sabe -y le consta a los señores Legisladores- que nosotros hemos debido proceder al cierre de algunas misiones diplomáticas. Es el caso de Bulgaria y Hungría, así como del Consulado de Hong Kong. Estos cierres que hemos realizado, debido a las circunstancias de notoriedad y a los ajustes que la propia Ley Presupuestal nos establece, van a empezar a producir sus efectos cuando, en sus respectivas fechas, se hagan efectivos. Indudablemente, también tienen algún costo y no me refiero a los costos de retorno de los funcionarios diplomáticos acreditados en el exterior, que son naturales en cualquier circunstancia, sino a ciertas indemnizaciones a que habrá que proceder con respecto a personal administrativo y de servicio. En cualquier caso, constituyen resoluciones tomadas sobre la base, fundamentalmente, de algunos criterios en donde aparece el elemento asimetría. En los casos de Hungría y Bulgaria, se trataba de países que, a pesar de la insistencia del Gobierno uruguayo para que reabrieran sus misiones diplomáticas, las atendían bajo la modalidad de concurrencia desde Buenos Aires. A ello se han sumado razones de carácter económico. Viendo la evolución del comercio con esos países podemos observar que no es suficientemente atractiva como para neutralizar la situación de desequilibrio a la que aludía. Por ejemplo, las exportaciones a Hungría en el último Ejercicio ascendieron a U$S 120.000 y las importaciones a U$S 2:379.000, por lo que hay una balanza comercial demasiado desequilibrada y también un desequilibrio político-diplomático.

Algo similar sucede con Bulgaria, que es un país con el cual hemos tenido un comercio de exportación muy bajo, de U$S 527.000. Obviamente, los gastos fijos de cualquiera de estas Embajadas suponen una inversión que el Estado debe analizar desde una perspectiva política, pero también económico comercial.

Estas son medidas, por lo tanto, que hacen a una administración del Servicio Exterior acorde con nuestros recursos y posibilidades, lo cual también conlleva la necesidad de reforzar algunos lugares. Tenemos muy claro que, por ejemplo, la Embajada en China requiere ser reforzada. Si pensamos que este país ya es para nosotros un gran mercado y potencialmente ser aún mucho mayor, es evidente que deberemos poner en esa Embajada especial atención. Por otro lado, al cerrar el Consulado en Hong Kong, hemos tenido presente la idea de abrir un Consulado en Shanghai, cosa que anunciaremos oficialmente en ocasión de la visita del Presidente Batlle a China, en el mes de octubre.

Quiero señalar, además, a la Comisión que para alcanzar esta meta de U$S 3:700.000, de forma tal de lograr una reducción total de U$S 8:600.000 -es decir, el 15% de la ejecución correspondiente a 1999- va a ser necesario también revisar nuestra planilla de gastos, que incluye no sólo personal diplomático, sino también administrativo. Incluso, en algunos casos hemos verificado que existe un gasto de administración que podría considerarse excesivo. En total, se destinan U$S6:000.000 anuales al pago de funcionarios administrativos en el exterior, considerando las contrataciones locales y cualesquiera otras que se hagan desde la Cancillería misma. Por consiguiente, aquí hay un punto al que tenemos que dedicarle especial atención .

En resumen, señor Presidente, tomando como base el año 1999, para el cual nuestro presupuesto fue de U$S 57:400.000, para llegar al 15% de ahorro deberíamos lograr una reducción de U$S 8:600.000. Ya hemos alcanzado una disminución de U$S 4:900.000, por lo que nos quedan U$S 3:700.000. Para alcanzar este objetivo debemos tomar las medidas que acabo de enunciar, sin descartar otras, que no estoy en condiciones de anunciar al Parlamento. De todas maneras, quisiera decir que en cualquier caso trataremos de mantener la presencia político-diplomática, institucional, económica y, en algunos casos, también científico-cultural en aquellos destinos en los cuales el Uruguay deba estar presente, por cuanto en caso de salir de allí se ocasionaría, a nuestro juicio, una consecuencia que no quisiera calificar como un daño, pero sí -por lo menos- como una afectación muy sensible de su propia identidad. Por lo tanto, cualquier orientación que apunte hacia otras medidas de fondo -como podría ser, en algún caso, otro cierre forzado por la meta que tenemos que lograr, si se sanciona esta ley- estará ceñida a criterios similares a los que venimos denunciando. Concretamente, se procurará afectar las Embajadas en países con los cuales tengamos un comercio muy reducido, de muy bajo nivel, y con los que no exista simetría, es decir, Embajadas abiertas en el Uruguay. De todas maneras, quiero aclarar que la simetría no es un valor absoluto -lo he dicho en el Parlamento alguna vez- porque hay algún caso en el cual no ha sido determinante para el cierre o la apertura de una Embajada. Pero la simetría junto con otros valores como los que acabo de referir, u otros que pudiera haber en juego, llevan a una conclusión sobre la pertinencia, la ventaja, la conveniencia o la oportunidad de tener una misión diplomática.

No sé si de esta forma satisfago la pregunta que me ha formulado el señor Senador Gallinal. En caso de que no fuera así, le ruego que me lo advierta para poder insistir en aquellos puntos donde sea necesario.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Me gustaría saber si la disposición del artículo 116 es acumulativa, para el Ministerio, con la del artículo 1º donde se consigna una rebaja del 8% para gastos de funcionamiento y del 19% para inversiones, o si se entiende que la disposición referida al Ministerio es específica y, por lo tanto, la genérica no le corresponde.

En segundo lugar, quisiera hacer una reflexión que no sé si el Ministro compartirá o no pero, en todo caso, es un mero análisis de lo que vino en el Mensaje del Poder Ejecutivo y en el proyecto aprobado en la Cámara de Representantes. Concretamente, la intención del Poder Ejecutivo estaba referida a los gastos de funcionamiento para los años 2002 a 2004, pero el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados habla del presente período de Gobierno, por lo cual incluye algo más del período 2002-2004, con lo cual se facilita alcanzar el logro del 15%. Tengo la impresión de que no era este el criterio que se había esbozado en su oportunidad, no digo por el Ministerio, pero sí por muchos técnicos que han analizado las posibilidades de ahorro.

Quería realizar estas dos consultas, porque ambas disposiciones van a ser llevadas a la práctica por el Ministerio y, por lo tanto, la opinión del titular de dicha Secretaría de Estado nos interesa.

SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.- Con mucho gusto voy a contestar la pregunta formulada por el señor Senador García Costa.

Con respecto al carácter aditivo o específico de la reducción del 15% y del 8%, debo decir que para el Ministerio de Relaciones Exteriores, Inciso 06, se ha establecido una meta mayor que la de carácter general del 8%, es decir, del 15%. Aquí está claro que se nos pide un esfuerzo que el Ministerio de Relaciones Exteriores, como corresponde, está dispuesto a llevar adelante. Por lo tanto, es una reducción hecha en función de la atención específica del Inciso, razón por la cual no serían acumulables el 8% y el 15%.

Por otro lado, quiero aclarar un aspecto que, quizás, por mis propias palabras pueda haber inducido a una imprecisión de mi parte. Cuando me refería a 57.4, hablaba de millones de dólares y cuando mencionaba el 15% de 8.6, también hablaba de millones de dólares y no de porcentajes. Lo que quiero significar es que la base presupuestal son U$S 57:400.000, el 15% son U$S 8:600.000 y de ellos ya hemos ajustado, sobre la base del Ejercicio 1999, U$S 4:900.000; y nos quedan U$S 3:700.000 por ajustar. Este es el ajuste que se extiende, en nuestro cálculo, a los años 2002 a 2004.

La modificación de redacción a la que alude el señor Senador García Costa está correctamente observada. El artículo en su redacción original decía que se establecía un plan de reducción de los gastos de funcionamiento del Inciso 06, Ministerio de Relaciones Exteriores, para los años 2002-2004. Y éste dice: "Como parte del actual proceso de racionalización y reasignación de recursos, emprendido en el presente período de Gobierno por el Inciso 06, éste deberá obtener en dicho período...". Es decir, hay una referencia que tiene una redacción distinta a la original. Solicito al señor Director del Departamento Financiero Contable, contador Causade, que haga algunas apreciaciones complementarias.

SEÑOR CAUSADE.- La meta de abatimiento que fija el artículo 1º tiene una base de aplicación diferente a la del artículo 116. El 8% se aplica sobre los créditos correspondientes a gastos de funcionamiento. Esa es la primera base de aplicación de la reducción del gasto en el artículo 1º.

El artículo 116 tiene, como base de aplicación de reducción, el 15% de lo efectivamente ejecutado en 1999. Esta es la primera diferenciación. Con lo que está presente en el artículo 1º, el Ministerio ya ha cumplido porque esta norma refleja para el año 2002 lo que ya por decreto del mes de marzo ha sido puesto en práctica en la Administración Central. Es decir que esta reducción del 8% en los topes de ejecución ya ha sido cumplida por el Ministerio y también lo será en el 2003 y el 2004, tanto para gastos de funcionamiento como para inversiones. Además, son gastos fijados y estructurados, porque así está en el Presupuesto, en moneda nacional.

El gasto del Ministerio de Relaciones Exteriores -por lo menos, casi el 80%- es ejecutado en el exterior y debe cancelarse en moneda extranjera, básicamente norteamericana. Teniendo en cuenta ese punto, se elaboró la redacción del artículo 116 llevando a lo que se considera un ahorro mayor del pedido en el artículo 1º. En tal sentido, estamos limitando el gasto y haciendo referencia a un gasto ejecutado en 1999 y medido en dólares norteamericanos corrientes, no constantes, pero que obliga al Ministerio a hacer un ajuste y un esfuerzo mayor para reducir, de alguna manera, lo que compone la sustancia real de su gasto que es en moneda americana y no en pesos uruguayos. Es decir que actúa como complementario del artículo 1º y está exigiendo un manejo del uso del recurso financiero mucho más eficiente y eficaz para, a su vez, poder cumplir con los objetivos y metas que tiene programado el Inciso.

SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.- Desearía conocer si con estas aclaraciones complementarias quedó entendido que este 15% es autónomo, independiente, y que tiene un procedimiento para su configuración que es el que prevé la disposición proyectada.

SEÑOR ASTORI.- Quisiera hacer un brevísimo comentario sobre este punto porque las explicaciones han sido muy claras. En este caso, hay una especificidad de la Cancillería, así como también un esfuerzo mayor, pero, en realidad, los conceptos no son sumables porque son absolutamente diferentes. Digamos que más que sumar estas disposiciones, el Ministerio debería cumplir con una doble condición de acuerdo con el juego complementario de los artículos 1º y 116.

Simplemente quería hacer esa aclaración porque no podemos sumar conceptos diferentes. En realidad, además de ser bases diferentes aquellas sobre las cuales se aplican, hay distintos períodos en juego. Por eso se le pide al Ministerio que cumpla con dos condiciones, éstas sí, acumulables, pero los conceptos presupuestales no se pueden sumar porque son diferentes.

SEÑOR MICHELINI.- Quizás lo entendí mal, pero de acuerdo con la explicación del señor Ministro y sus asesores, creí que el artículo 1º no era aplicable al Ministerio de Relaciones Exteriores. De pronto estoy confundido y, por tanto, quisiera preguntar si el artículo 1º es aplicable o no. Si la respuesta es afirmativa y la interpretación del señor Senador Astori en cuanto a que habría un esfuerzo adicional es correcta, quisiera saber cuánto es el monto de reducción que va a tener el Ministerio. Por un lado, estarían los U$S 3:700.000 por la aplicación de este artículo 116, pero ¿a cuánto asciende la aplicación del artículo 1º?

SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.- Voy a pedir una explicación al señor contador Causade, no sin antes decir que el 15%, que es la meta que aparece fijada en la disposición, son U$S 8:600.000 que el Ministerio tiene que ajustar. De estos ya lleva ajustados U$S 4:900.000 y le quedan U$S 3:700.000. Esto contesta la primera parte de la observación del señor Senador Michelini.

En cuanto a la segunda parte de la interrogante del señor Senador Michelini, vale decir, la relacionada con que si el Ministerio está o no incluido en el artículo 1º, el que prevé el 8%, estimo que en la aclaración de tipo contable, más específica y técnica que hacía el contador Causade estaba incluida la respuesta, o sea, que efectivamente el Ministerio está incluido en el 8%, lo cual ya se refleja en los créditos presupuestales atribuidos a esta Cartera.

No obstante, no quisiera dejar lugar a ningún tipo de ambigüedad y, a los efectos de una mejor aclaración, le solicitaría al contador Causade que se sirviera precisar cómo se ejecuta ese 8% que, como lo señalaba con acierto el señor Senador Astori, no es sumable porque tiene una naturaleza diversa, pero en cualquier caso también significa una contracción o un ajuste de la ejecución presupuestal.

SEÑOR CAUSADE.- Quiero señalar que los porcentajes de ajuste que aplica el Ministerio de Economía y Finanzas sobre los presupuestos de gastos de funcionamiento llevaron la cifra de ejecución de Relaciones Exteriores para el presente Ejercicio a $ 276:000.000. Esto está mostrando, con algunas diferencias -que son las que siempre ocurren cuando se calculan los números con relación a economía- que el crédito original estaba en $ 336:000.000. Básicamente, estamos hablando de un ahorro -si lo pasáramos a dólares- de U$S 2:000.000. Pero uno de los elementos que surge con el Presupuesto, concretamente en el caso de Relaciones Exteriores, es que por la particularidad de que se ejecuta casi en un 80% en dólares, esa pauta de tope presupuestal de $ 276:000.000 debe ser ampliada por el Ministerio de Economía y Finanzas en razón de las diferencias de tipo de cambio.

Entonces, parte de ese ahorro que fue proyectado en el Presupuesto Nacional, que es ajustado después año a año a través de un Indice de Precios al Consumo promedio y luego se vuelven a reajustar los créditos de funcionamiento, lo tomamos y ajustamos los gastos a ese nivel de tope de ejecución, pero luego necesariamente la Cancillería y el Ministerio de Economía y Finanzas deben atender un refuerzo de crédito generado por diferencias de tipo de cambio.

En última instancia, ese ahorro concreto obtenido mediante el artículo 1º, se pierde.

SEÑOR MICHELINI.- Entonces, no se aplica.

SEÑOR CAUSADE.- Se aplica en virtud de que el 8% está dado sobre créditos de funcionamiento presupuestados para el quinquenio. Eso se aplica claramente: se toman las cifras y se hace la reducción al 82% de los créditos autorizados. Lo que sucede es que hay una realidad dentro de esos créditos y muchos de ellos responden a gastos que son en moneda norteamericana. Por este motivo no queda otra opción que hacer el ajuste correspondiente. Si observáramos solamente el último trimestre del Servicio Exterior, período en el que el tipo de cambio estaba calculado a $ 22 pero el Tesoro Nacional terminó pagando $ 29 por dólar, comprobaríamos que existe una diferencia de tipo de cambio considerable. Pero esto no es manejable en la etapa de elaboración de Presupuesto, porque no forma parte de sus reglas. Además puede ser acotado, pero también con dificultades de manejo en la presupuestación hacia el futuro.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera entender un poco más este tema. Según lo que expresó el señor Ministro mediante el artículo 116 se va a producir un ahorro de U$S 3:700.000

SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.- El ahorro del 15% equivale a U$S 8:600.000, para lo que se toma como base el año 1999. A esta altura, ejecutados los años 2000 y 2001, el ajuste ya efectuado alcanza a U$S 4:900.000. Por lo tanto, nos queda para cumplir la meta del 15% un ajuste pendiente de U$S 3:700.000. Esta cantidad la tenemos que alcanzar a través de distintas baterías de medidas, algunas de las cuales ya ilustré.

Si me permite el contador Causade me detendría un poco en este punto, pues me parece que la pregunta del señor Senador Michelini sigue siendo procedente. Pido disculpas también al señor Senador por lo que me animo a interpretar -considero que su pregunta está dirigida a la Cancillería y no a ninguno de nosotros en particular- pero creo que su interrogante apunta a saber si la Cancillería ha aplicado o no ese 8%. Pienso que, de alguna manera, esta pregunta admite dos tipos de respuesta. Por un lado, hay una respuesta clara, en cuyo caso decimos que sí, que efectivamente fue aplicado, debido a que hubo una reducción en los créditos presupuestales equivalentes a ese 8%.

Por otra parte, tenemos que hacer una precisión de carácter técnico relacionada con la evolución de la cifra debido al componente de moneda extranjera, que no altera lo que, si no me equivoco, está en la preocupación del señor Senador Michelini, que es la determinación de si ese porcentaje habría sido o no respetado. Llegado a este punto creo que la explicación técnica de los ajustes de moneda no responde exactamente a la pregunta del señor Senador, que es, reitero, si se había o no aplicado el 8%. Quizás incurra en un error desde el punto de vista técnico, pero en lo que tiene que ver con la naturaleza de este tema, mi respuesta es afirmativa, o sea, que efectivamente se ha aplicado el 8%.

SEÑOR MICHELINI.- Si se nos preguntara sobre los ahorros que va a hacer la Cancillería de aquí en adelante, sin tomar como base el año 1999 sino el 2001, podríamos decir que por el artículo 116 se van a ahorrar U$S 3:700.000. El señor Senador Astori me hace una acotación, pero yo insisto en que es un 8% tomando como base el año 1999, lo que ya se fue ahorrando. Obviamente, si tomáramos como base el año 1985 el porcentaje puede variar, pero si consideramos como base el año 2001, a partir del 2002 hasta el 2004, la Cancillería va a ahorrar U$S 3:700.000, que es lo que le falta para completar ese 15% del año 1999.

SEÑOR ASTORI.- Pido disculpas al señor Senador, pero eso no es por el artículo 116, pues esa disposición refiere a otra cosa. Ese ahorro surgiría en virtud del artículo 1º y así surge claramente de acuerdo con lo que explicó el señor Ministro. Por lo tanto, reitero que la referencia es al artículo 1º y no al 116; este último establece otro compromiso para el Ministerio de Relaciones Exteriores que es que, además de lo que le impone el artículo 1º, tendrá que efectivizar, respecto a la base del año 1999, una reducción del 15% en el período.

SEÑOR MICHELINI.- Concretamente, lo que me gustaría saber es cuánto se va a reducir por el artículo 1º y cuánto por el artículo 116.

Me parece que toda la explicación del artículo 116 se sostenía sobre la base del 15% al año 1999, que eran los ocho millones y pico y los cuatro millones y pico que se habían bajado. Por lo tanto, si no me equivoco faltan U$S 3:700.000 por el artículo 116. Si no es así, pido que se me corrija.

SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.- Es correcto, señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Entonces, la pregunta es la siguiente. Si fuera todo en términos de pesos y, por lo tanto, no estuviera en moneda extranjera, el contador diría que está en los topes presupuestales y habría un ahorro adicional de U$S 2:000.000, pero como hay un problema de corrección cambiaria no se sabe cuánto hay según la aplicación del artículo 1º y cuánto puede dar, lo que puede ser nada, poco o mucho. Lo cierto es que aparentemente eso no está previsto. No se sabe y si bien se aplicaría esa disposición no se sabe cuánto daría.

Lo que sí está seguro, son los U$S 3:700.000; lo demás, es un problema relacionado con el tipo de cambio.

Aspiro, señor Presidente, a que se me aclare este aspecto, aunque sabemos que, de aquí en más, se ahorran U$S 3:700.000.

SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.- En este aspecto quisiera atenerme solamente a la información técnica, por cuanto se trata de temas que, más que a la política exterior, hacen a la ejecución presupuestal y a los créditos y al funcionamiento de los créditos del Ministerio en el conjunto de la Administración Central.

Por lo tanto, mi interpretación -lo digo con toda modestia- es que este 8% constituye una reducción de créditos, correspondiente a gastos de funcionamiento, y esa reducción opera, respecto del Ministerio en este inciso, tal como ocurre en las otras Carteras. El 15% es una reducción extra; es decir, es el producto de la idea de que la Cancillería debe hacer un esfuerzo complementario. Sin embargo, ese esfuerzo no nace ahora, sino que nosotros habíamos comenzado a hacerlo de oficio mucho antes. Por ese motivo, en la discusión presupuestal efectuada en la Cámara de Representantes, explicábamos que el Ministerio había comenzado ese esfuerzo con antelación, tomando una serie de medidas. Nos referimos, por ejemplo, a que redujimos los gastos de "Etiqueta" al 50%, bajamos los viáticos y eliminamos o suspendimos las concurrencias que, como saben los señores Senadores, se realizan a diversos países del mundo en los que no tenemos Embajador permanente. Esta serie de medidas llevó a la convicción al equipo económico de que el Ministerio ya había iniciado ese proceso de reducción de gastos. Prueba de ello es que dejamos de gastar U$S 3:900.000 en el año 2000 y U$S 1:000.000 en el 2001. Evidentemente, ya habíamos empezado a ejecutar una reducción. En consecuencia, cuando se nos fijó el 15% lo aceptamos, pero indicamos que en ese porcentaje nos fuera acreditado lo que ya habíamos realizado como esfuerzo propio, o de oficio, con antelación.

Por lo tanto, y a modo de resumen, diría que el 8% es el producto de una mecánica de carácter presupuestal, y el 15% constituye una disposición específica para el Ministerio de Relaciones Exteriores.

SEÑOR NIN NOVOA.- Creo entender que el artículo 1º se refiere al período comprendido entre los años 2002 y 2004, y el 15% se relaciona con todo el Período de Gobierno. Por lo tanto, en esa reducción de gastos se imputa lo que ya ha ahorrado el Ministerio en los casos en que se ha indicado.

SEÑOR ASTORI.- Hay que cumplir con dos condiciones.

SEÑOR NIN NOVOA.- Esta interpretación es la que me resulta más lógica, porque de lo contrario, si se le exige un ahorro del 15% y luego de un 8%, el Ministerio dejaría de funcionar.

SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.- Considero que la interpretación que hace el señor Senador Nin Novoa es correcta, y expresa claramente lo que quizás nosotros no pudimos manifestar de manera tan sintética.

SEÑOR ASTORI.- Quisiera aclarar que cuando en un ámbito del sector público los gastos en moneda extranjera son relevantes, como ocurre en el caso de la Cancillería, no tiene sentido que en épocas de alteraciones cambiarias o de inestabilidad de precios, se analicen las reducciones de gastos en moneda nacional. Por lo tanto, si los analizamos en moneda extranjera, que es la manera de ver si opera o no la reducción de gastos que se establece en una norma presupuestal, se podrá comprobar si efectivamente ha habido, o se ha logrado, la reducción indicada en el presupuesto. Pero no lo podemos analizar en pesos.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión agradece la presencia del señor Ministro de Relaciones Exteriores y de sus asesores, y convoca a los señores Senadores para el día de mañana a la hora 16, cuando recibiremos a los representantes del Ministerio de Defensa Nacional. Posteriormente, a la hora 18, concurrirán las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Se levanta la sesión.

(Así se hace, es la hora 18).

 

 

 

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.