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Carátula

(Ingresa a Sala la delegación del Sindicato Unico del Instituto Nacional del Menor)

SEÑOR PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a los delegados del Sindicato Unico del Instituto Nacional del Menor y les cedemos gustosamente la palabra.

SEÑOR LIMA.- Mi nombre es Pablo Lima y agradecemos que nos hayan recibido.

Nuestra idea es ser lo más breves posible y vamos a comenzar esta exposición intentando destacar los aspectos que nos parecen centrales del proyecto de ley de Presupuesto que ha impulsado el Directorio del INAME. El primero, para nosotros, tiene relación con la importancia de que hoy todo el INAME se haya encolumnado detrás de un único proyecto, esto es, autoridades políticas, mandos medios, directores y el propio sindicato. Hemos hecho un análisis técnico y político, a nuestro entender serio y responsable, que básicamente ha tomado como elemento de análisis la crisis económica del país. Entendemos que es fundamental la importancia del INAME para brindar su aporte a fin de encontrar soluciones a muchos de los problemas que hoy vive la sociedad. Destacamos el consenso porque es un hecho histórico en la institución que autoridades y trabajadores no estemos enfrentados en este tipo de instancias, sino juntos en un único proyecto que tiende -repito- a buscar soluciones a los graves problemas económicos y financieros por los que hoy está atravesando la institución.

Los señores Senadores saben –y nosotros también- que los problemas del país pasan también por los problemas de la infancia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, 360.000 niños viven hoy por debajo de la línea de pobreza, un 46 % de los niños uruguayos viven en situación de pobreza y muchos de ellos en situación de indigencia. Actualmente, el INAME atiende a 38.000 niños a través de todo el sistema infancia y las proyecciones indican que para el 2004 va a atender a 63.000. Nosotros somos del sindicato y venimos a representar a los trabajadores, siempre en defensa de la institución y de los niños. El INAME, a su vez, también tiene planteado como cometido la defensa de todos los niños. Los señores Senadores habrán visto y escuchado la publicidad televisiva del INAME cuando se plantea que le importan todos los niños. Lo cierto es que si el Senado aprobara el proyecto presentado por el Directorio del INAME, aun así no tendríamos capacidad operativa para atender a la población infantil por debajo de la línea de pobreza ni las problemáticas de las familias de aquellos niños que sí las tienen.

Queremos destacar la función social que cumple el INAME, que va más allá de lo que quizás la opinión pública maneje en materia de seguridad y de jóvenes infractores, en conflicto con la ley. De hecho, hacemos hincapié en otros aspectos que tienen que ver con la prevención y el desarrollo local en cuanto a centros de atención a niños de la primera infancia. El INAME tiene un trabajo importante en relación con el tema de las adopciones, con la policía de los espectáculos públicos y con la inspección del trabajo. Actualmente, estas áreas –podemos decir, la mayoría de las áreas que atiende el INAME- no están dando la respuesta adecuada que la sociedad necesita y que el Estado debería dar, producto de algunos aspectos que vamos a destacar del articulado que en conjunto elaboramos con el Directorio.

La crisis financiera que actualmente vive la Institución ha llevado a que haya una deuda importante con los proveedores, lo que pone en riesgo las necesidades básicas, incluso de los niños que atendemos, con un presupuesto actual que entendemos no es menor pero que no alcanza.

Vamos a reiterar que impulsamos en su totalidad el proyecto que presentó el Directorio, pero les haremos llegar en su momento –ya lo hicimos con los señores representantes- una serie de aditivos que no tienen costo y que tienden a ordenar un poco lo que es actualmente el INAME en algunos aspectos relativos a su gestión funcional. Nos referimos a tres aditivos, a tres temas centrales que para nosotros son importantes. Hoy el INAME, a través de una modalidad conocida como "encargatura", incorpora a los cargos de dirección y técnicos, funcionarios sin el necesario concurso de oposición y méritos. Esta situación se ha prolongado por años, generando toda una distorsión en lo que debería ser la carrera administrativa. Creemos que para eso habría que poner plazos razonables y que estos cargos vacantes se deberían ocupar a través de concursos para los cuales entendemos que el Poder Legislativo debería establecer plazos a fin de que no se siga reiterando.

Otro de los aditivos tiene que ver con una situación confusa que vive el INAME y que tiene relación con el sistema de evaluación del desempeño a que ha adherido. Tanto el Directorio como el sindicato entienden que no es adecuado el sistema propuesto por el CEPRE en una organización que, como metodología privilegiada, ha planteado el trabajo en equipo y los equipos de trabajo.

En cuanto a los artículos, hemos seleccionado algunos que tienen que ver básicamente con las situaciones de salud de los trabajadores.

En el artículo 29 del proyecto del INAME se propone el pago de un medio salario mínimo para financiar la cuota mutual de los funcionarios. Creemos que su aprobación es imprescindible para la gran mayoría de los funcionarios, ya que la situación de deterioro de su salud debida a la falta de personal y al tipo de trabajo que realizamos ha llevado a que hoy en la institución se dé lo que los ingleses llaman "síndrome de bourm-out". Este es un síndrome de desgaste profesional que afecta a los trabajadores de este tipo de áreas de internados. En este sentido, se han hecho investigaciones por parte del propio Directorio, a través de sus áreas técnicas, en las que se ha detectado en la institución esta anomalía o patología de carácter técnico.

SEÑOR RUBIO.- Me gustaría que de ser posible se expusiera un poco más el proceso por el cual se llega a un acuerdo y a una propuesta con el respaldo de todos los sectores, o sea, de las autoridades del Instituto Nacional del Menor y de los sindicatos.

Además, en los aditivos se plantea el problema de la cuota mutual, por un lado, y por otro el de la evaluación del desempeño. Según tengo entendido, lo referido a la cuota mutual está incluido en el articulado, pero ahora se habla de un aditivo sobre evaluación del desempeño, en el cual habría acuerdo. Me gustaría saber si el tema de las "encargaturas" es una propuesta del sindicato o cuenta con un respaldo más amplio.

SEÑOR MOMBELLI.- Como organización de trabajadores, hace muchos meses iniciamos un largo proceso de diálogo que en primera instancia se dio en la interna de nuestro sindicato, para tratar de elaborar propuestas serias y coherentes. Luego se dio una mesa de diálogo con el Directorio en la cual luego de mucho tiempo se llegó a acuerdos que entendemos muy importantes. Todo esto insumió un largo proceso de innumerables asambleas en todo el país, plenarios nacionales y regionales, con todo lo que implica en cuanto al gasto y a la inversión de tiempo por parte de los trabajadores fuera de su horario laboral. Entendemos que este proceso de elaboración, de discusión y de negociación hace a la práctica que profundiza el ejercicio de la democracia.

Quiero aclarar que todos los trabajadores organizados en el sindicato apostamos a ese proceso de diálogo y en ese sentido logramos algunos ejes que mi compañero ya mencionó y que más adelante ampliaremos. Me refiero, por ejemplo, al tema de la eventualidad en un trabajo de altísima responsabilidad como la que implica desempeñarse en el INAME. Entendemos que el hecho de que el trabajador no tenga estabilidad laboral conspira, atenta contra la calidad de atención de los niños. Por otro lado, el ingreso de más personal parece ser algo fundamental, y sobre eso también se llegó a un acuerdo.

También se ha tratado el tema de la cuota mutual, las regularizaciones, las creaciones de cargo y, fundamentalmente, el destino de las partidas para capacitación del Centro de Formación y Estudios.

Estos son los ejes que, junto con el tema de una reestructura que ordene la situación de caos que hoy por hoy hay en la Institución, resultan los aspectos medulares de un largo proceso de diálogo en el ejercicio de la democracia. Todos los trabajadores hemos hecho un enorme esfuerzo y estamos a la espera confiando que va a llegar a buen término.

SEÑOR SALSAMENDI.- En lo que tiene que ver con las "encargaturas" de funciones, debo decir que la absoluta mayoría de los cargos en el INAME están asignados por esta modalidad y en algunos casos no se realizan evaluaciones correctas. Por otra parte, estos cargos se han dado desde hace muchos años y se van renovando periódicamente. Esto ha distorsionado absolutamente el mecanismo de la carrera administrativa y también ha influido en lo que es la capacidad técnica para poder acceder a determinados lugares.

A este respecto, planteamos, en primer lugar, tomar una norma ya existente, que tiene que ver con la subrogación de funciones, y que se cumpla. Obviamente, la aspiración es que se racionalice la modalidad de estructura administrativa en función de concursos, pruebas de mérito, etcétera.

Insistimos en que este es un problema absolutamente central en nuestra Institución y podemos decir que hoy día la excepción es ocupar los cargos mediante ascensos o modalidad de concurso. La realidad cotidiana la integra este sistema de "encargatura" de funciones, no sólo en determinados cargos jerárquicos o mandos medios, sino inclusive con relación a la tarea de los técnicos profesionales universitarios, a quienes se les ha encomendado una función y en muchos casos están cobrando como si estuvieran en el cargo original de su escalafón.

SEÑOR FONSALIA.- Simplemente quiero hacer una aclaración. La mayoría de los uruguayos piensa que el Instituto Nacional del Menor es una gran cárcel para niños y adolescentes peligrosos. Tanto los trabajadores como el Directorio sabemos muy bien que el INAME es otra cosa; es la única tabla de salvación que tienen centenares de miles de niños y adolescentes uruguayos para no caer en los peores grados de degradación social y personal que los amenazan -y ustedes lo saben tan bien como nosotros- y a los que son vulnerados en su derecho debido a una situación social, económica y cultural muy compleja. Esto es el INAME, además de una institución que trabaja con niños y adolescentes que están en conflicto con la ley.

Para que nuestra institución pueda cumplir eficazmente con su tarea, aunque sea en forma mínima, es necesario que nos den una mano desde arriba. Esto no necesariamente significa inversiones. Una de las cosas que pedimos es que estos más de 400 trabajadores tengan una mínima seguridad laboral para no sentir que están colgados de un pincel y que hoy tienen trabajo y mañana no.

No estamos solicitando un aumento del gasto, sino que esos compañeros puedan sentirse dueños de su trabajo para poder desempeñarse con mayor independencia, creatividad y eficacia, garantizando, por un lado, los derechos del adulto y, por otro, una mejor calidad en la atención de estos niños.

De la misma manera, cuando pedimos la instrumentación de concursos y que se termine con este sistema de proveer cargos –a lo que los trabajadores, hablando en criollo, llamamos poner gente a dedo y por amiguismo, corrupción, y podríamos seguir adjetivando cosas que los señores Senadores conocen tan bien como nosotros- queremos que se recupere para los trabajadores del INAME la moral, la confianza y las ganas de trabajar. Estas cosas, que cuestan cero peso, están hoy en manos del Senado en esta discusión presupuestal.

Lo que pedimos es que no se olviden de los niños.

SEÑOR RUBIO.- Está claro dónde se ubica el énfasis.

En cuanto al problema financiero, evidentemente, el Senado tendrá que decidir entre los proyectos. En el remitido por el Poder Ejecutivo figura exclusivamente en el planillado. Allí se incluyen, aproximadamente, U$S 92:000.000 como presupuesto global. De manera que hay una diferencia muy importante con la iniciativa del INAME, el cual para el año 2001 prevé U$S 117:500.000.

De todos modos, queda claro los temas que se han jerarquizado.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa consulta a los representantes del sindicato si trajeron los textos correspondientes a los artículos aditivos que mencionaron.

SEÑOR LIMA.- En realidad, los hicimos llegar a la Cámara de Representantes y, por desconocimiento, no los hemos traído aquí.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sólo resta agradecer la presencia de los representantes del Sindicato Unico del Instituto Nacional del Menor, a quienes les aseguramos que la versión taquigráfica de todo lo que han manifestado será distribuida entre los treinta señores Senadores.

(Se retiran de Sala los delegados del Sindicato Unico del Instituto Nacional del Menor)

(Ingresan a Sala representantes de la Asociación Uruguaya Catalana Solsona –AUCASOL-)

SEÑOR PRESIDENTE.- En nombre de la Subcomisión de Presupuesto integrada con Hacienda, damos la bienvenida a los delegados de la Asociación Uruguaya Catalana Solsona (AUCASOL). El mecanismo de funcionamiento de este Cuerpo ya ha sido explicado por el señor Secretario.

Le cedemos la palabra a los integrantes que deseen hacer uso de ella.

SEÑORA RUMI.- Soy docente dedicada a la discapacidad. En este caso, venimos a hacer el mismo planteo que presentamos anteriormente en la Comisión de la Cámara de Representantes.

Nuestra Asociación se dedica a trabajar con personas discapacitadas. Uno de los proyectos que tenemos en marcha y que a nuestro juicio es el fundamental, es el de Los Molinos, que es donde se prepara a los jóvenes para el trabajo. Esa fue nuestra intención cuando hace cuatro o cinco años planteamos este proyecto y fue aprobado.

Según lo que se ha planteado en el proyecto de ley presupuestal, nuestras partidas quedan congeladas, al igual que las de las otras instituciones de discapacitados. Antes de esto, ya pensábamos que los recursos no eran suficientes para seguir funcionando.

Entendemos que el Estado no tiene otros espacios para contemplar a estas personas con discapacidad. Además, debe apoyar a todas estas instituciones sin fines de lucro, en la mayoría de las cuales las propias personas con discapacidad encuentran un lugar donde participar plenamente.

Basados en esta idea, hoy les solicitamos que, por lo menos, se aumente la partida y se extienda a los años que no están comprendidos. No queremos esperar que una Comisión resuelva -no sabemos cuándo ni cómo o con qué criterios- acerca de los otros tres años que no están comprendidos. Lamentablemente, recién me enteré hoy del contenido del Mensaje Complementario, en el que se incluyen, aproximadamente, $ 14:000.000 para repartir entre todas estas instituciones. Hace unos instantes hice la suma de lo que están recibiendo estas instituciones y la cifra es de alrededor de $ 12:750.000. Reitero que hace poco rato extraje estos datos de Internet.

Si apuntamos a que en cinco años el Poder Ejecutivo va a dar $ 14:000.000, y hoy tenemos $ 12:750.000, evidentemente, a cada institución le va a tocar un 10%. Entonces, si cada institución -por lo menos las que estamos mejor- recibe aproximadamente $ 28:000.000, con $ 500.000, ¿a cuánto vamos a llegar? En el quinquenio anterior la partida se aumentó en algo más de un 70% y en el actual, se eleva un 10%. Evidentemente, ya no nos alcanza.

Además, se prevé formar una Comisión integrada por un delegado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, otro del Ministerio de Economía y Finanzas y uno de la institución que corresponda, ya sea salud pública o educación y cultura. Ellos serán los encargados de decidir si las instituciones van a continuar o no recibiendo ayuda, y cuál será el monto. De todos modos, no se pasa de $ 14:000.000.

Insisto en que si nosotros no seguimos luchando por nuestros derechos y por tratar de ejercerlos y aquí no encontramos eco, entonces, ¿adónde podemos ir? Evidentemente, dentro de dos años –mientras esa Comisión se integra- nosotros vamos a desaparecer. Estos son los únicos recursos que tenemos y pensamos que es obligación del Estado apoyarlos.

SEÑOR RUBIO.- Deseo saber si la señora Rumi aludía a la suma de lo previsto en el artículo 108 del Mensaje Complementario, que sustituye los aprobados en la Cámara de Representantes. De manera que aparece el conjunto de las instituciones.

¿Sería la suma del presupuesto previsto para los años 2000 y 2001, comparados con los $ 14:000.000 que figuran en el artículo 110 del Mensaje Complementario para los años siguientes, a distribuir entre organizaciones no gubernamentales?

SEÑORA RUMI.- La suma de lo que se establece para estos dos primeros años -lo de todas las instituciones- me daba alrededor de $12:750.000, aunque aclaro que hice muy ligeramente el cálculo porque recién obtuve los datos. De todas formas, los señores Senadores tienen esa suma en el artículo que viene en el anteproyecto del Poder Ejecutivo.

Existe un planteo de la Cámara de Representantes que propone aumentos de la partida e incluso un incremento -que se eleva al Poder Ejecutivo- por un año más. Sin embargo, cuando esto vuelve, en el Mensaje Complementario se quita ese año y se establece esta cifra para repartir entre las instituciones. Quiere decir que quedaría un 10% de aumento en los 5 años, con los dos primeros años congelados, lo cual ya no alcanzaba.

SEÑOR RUBIO.- Quiere decir que se está comparando la cifra aproximada de $12:750.000 prevista tanto para el año 2000 como para el 2001, con las cifras de la partida anual de $ 14:000.000 que aparece en el otro artículo para cubrir desde 2002 en adelante.

SEÑOR MICHELINI.- Es notorio que los artículos 324 del Presupuesto de la Cámara de Representantes y el 108, van a tener que ser estudiados con mucha atención. Nuestra visitante nos ha brindado algunos datos y es consciente de que la iniciativa del Poder Ejecutivo recorta lo que venía de la Cámara de Representantes.

Quiero dejar constancia de que el primer esfuerzo de algunos señores Senadores será para que esta partida se mantenga los cinco años, y luego, en todo caso, para que crezca alguna de ellas. Queremos ser francos y no crear la expectativa, de parte nuestra, de que esto va a ser fácil. Pero creo que, sobre todo en lo relativo el artículo 324, deberíamos hacer un esfuerzo muy grande para que esto se mantenga durante todo el período. Además, no puede implicar déficit, porque si en momentos de baja recaudación -como este año y seguramente el año que viene- esto está presupuestado, en momentos de alza de la recaudación, la significación será menor porque son partidas muy bajas frente a lo que es el Presupuesto.

De todas maneras, quiero dejar constancia de que nuestro primer esfuerzo está dirigido a que esto se mantenga durante los cinco años y luego, en todo caso, corregir alguna partida hacia arriba, sobre todo porque en el Mensaje Complementario viene alguna asociación que -de acuerdo con la información que poseemos- se está disolviendo y no necesita de esta partida.

SEÑORA RUMI.- Justamente, seguimos planteando y reafirmando que se está hablando de partidas en pesos que no implican en el Presupuesto Nacional un déficit; esto es muy claro. Sin embargo, esto significa que las instituciones con discapacidad puedan seguir funcionando.

Por otro lado, si nos basamos en los principios del Plan Mundial y tenemos en cuenta que Uruguay es país miembro de las Naciones Unidas y lo aprobó, vemos que en el mismo se establece, precisamente, que se estimule a la participación plena mediante estas instituciones de discapacitados. Creo que esto es más que importante y también está previsto en la Ley Nº 16.095 que habla del amparo del Estado a sus derechos, así como a las instituciones privadas con personería jurídica en el sentido de que se les proporcionen los servicios que permiten su más amplio desarrollo individual y social.

Evidentemente, esto es algo que no se está cumpliendo, e incluso existe una ley aprobada por el Parlamento que tampoco se está aplicando, porque si se elimina este apoyo las instituciones desaparecen. Y creo que ha sido muy importante nuestra lucha durante muchos años, para que ahora ocurra esto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Damos a ustedes la seguridad de que la versión taquigráfica de lo aquí expresado será de conocimiento de todos los señores Senadores.

Agradecemos su visita.

SEÑORA RUMI.- Por nuestra parte también agradecemos que nos hayan recibido.

(Se retira de Sala la Asociación Uruguaya Catalana Solsona, AUCASOL)

(Ingresa a Sala la Delegación del Cuerpo Coral del SODRE)

SEÑOR PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a representantes del Cuerpo Coral y de Radioteatro del SODRE.

SEÑOR DAMONTE.- Antes que nada, quiero señalar que representamos al Coro del SODRE y, a su vez, venimos en nombre de Radioteatro, que no tiene ningún representante en esta audiencia.

En primer lugar, expresamos nuestra gratitud por la oportunidad que se nos brinda de expresar nuestros problemas ante los señores Senadores.

A efectos de ordenar nuestra exposición, queremos decir que el tema radica en los proventos que se otorgaban a través del artículo 66, que a partir de esta Ley de Presupuesto quedaría anulado por el artículo 91 del Mensaje Complementario. A cambio, se le otorgaría al SODRE una partida fija de $63:450.000 que se distribuiría, tal como lo establece el propio artículo, de la siguiente manera: un 26% se destinaría a los Cuerpos Estables, un 34% a los administrativos y un 40% a gastos de funcionamiento del Instituto.

El punto principal que nos trae hoy aquí es que, si bien el SODRE pagaba el 60% de las retribuciones personales con partidas extrapresupuestales, jamás participamos de las mismas. Los funcionarios del SODRE están gestionando rescatar ese dinero que perdían y que era el 60% de su salario, en virtud de que por la contención del gasto público ya no se recaudaba ningún dinero. Podemos decir que desde la prehistoria estamos en este tema; nunca tuvimos proventos.

Queremos destacar que la mejora que se lograría con los proventos nos alcanzaría ahora también a nosotros, pero de todas formas está muy lejos de lo que realmente reclamamos. Toda la vida hemos reclamado el primer atril de la Orquesta del SODRE porque, tal como lo va a expresar luego una de mis compañeras, somos efectivamente el primer atril del coro.

El Coro del SODRE no tiene categorías como la Orquesta y el Ballet, sino que al ingresar todos sus integrantes tienen la categoría del Primer Atril. Nunca se nos reconoció ese status, por lo que hasta ahora hemos cobrado $ 2.600 de sueldo y no hemos tenido participación en los proventos. Hoy, el artículo 91 del Mensaje Complementario contempla en parte esos proventos, en los que ahora sí tendríamos participación, pero no se nos otorga la categoría ni el sueldo del Primer Atril, que es lo que, por justicia, reclamamos.

Creo que el tema es claro y por ello no voy a abundar más, ya que lo expuesto es lo que venimos a pedir. En el memorándum que elevamos a los señores Senadores decimos que aceptamos los proventos en forma de presupuesto, pero que todavía no se contempla en absoluto la justicia de nuestro planteo. Por otra parte, se trata de 80 personas, o sea, nada dentro del Presupuesto General de Gastos.

SEÑORA FERRER.- Soy integrante del Coro del SODRE.

De alguna forma, el señor Damonte expuso a grandes rasgos la problemática que nos comprende, pero también nos parece importante explicar nuestra situación en particular.

Durante los últimos años, muchos de nosotros hemos ingresado al Instituto –en lo personal, ya llevo 17 años en él y el señor Damonte 35- con exigencias profesionales al más alto nivel. En el material que hemos entregado a los señores Senadores se incluyó la exigencia del concurso -hoy se ubica a nivel internacional y el repertorio del Coro es universal, puesto que se canta en todo el mundo- así como el funcionamiento de trabajo relacionado con nuestra tarea de cantantes.

Hace ya mucho tiempo que estamos intentando ser reconocidos profesionalmente y en igualdad de condiciones con los otros músicos. A eso nos referimos cuando hacemos el planteo de que se articule, mediante ley, la equiparación al Grado 13, Primer Atril, porque de alguna manera en el Instituto nunca hemos logrado el status profesional que nos corresponde.

Es cierto que en este artículo 91 se nos está reconociendo por primera vez o -por ser cantantes- escuchando por primera vez; pero eso no es suficiente porque, en la realidad, se nos exige como al mejor profesional y luego se nos pagan sueldos de $ 2.600. En este cambio que supone el Mensaje Complementario ha venido una partida destinada a complementar nuestros sueldos; pero, de todas maneras, quedaríamos en desventaja con relación a los restantes profesionales del Instituto.

Entonces, lo que estamos intentando –y a ello hacemos mención en la información que les hemos aportado- es conseguir un espacio, un status profesional que se corresponda con lo que somos, es decir, músicos profesionales. Me parece que es bastante claro lo que estamos reclamando.

SEÑOR COURIEL.- Deseo formular dos preguntas. La primera de ellas tiene que ver con lo siguiente. Según tengo entendido, los integrantes del Coro y creo que también los de Radiodifusión, son Cuerpos Estables que no recibían proventos. En el Mensaje Complementario se anulan esos proventos y se incorpora al Coro en una partida. Quisiera saber qué significa esta partida desde el punto de vista de las remuneraciones o de los ingresos del Coro.

La segunda pregunta refiere a lo siguiente. Los integrantes del Coro están solicitando llegar al nivel de Primer Atril. Me gustaría tener una fundamentación un poco mayor, para tratar de entender cuánto es lo que están solicitando, a los efectos de determinar qué puede hacer la Comisión.

SEÑORA FERRER.- Ante todo, quiero aclarar que se trata del Radioteatro; estamos hablando de actores y del cuerpo coral. Hago la aclaración porque, inclusive en la lista de visitas, se mencionaba a la Orquesta y el Ballet, que parece que son los únicos Cuerpos Estables del SODRE, cuando en realidad somos cuatro. Precisamente, en los últimos ocho años hemos venido diciendo que existimos.

Digo al señor Senador Couriel que estamos pidiendo esto desde el punto de vista presupuestal porque, desde el punto de vista musical, somos solistas y tenemos la categoría para llegar a eso.

En lo que hace a la materia presupuestal, estamos hablando de aproximadamente $ 250 por Grado. Ahora tenemos el Grado 9, que diría es hasta irónico, porque en 1992 logramos una equiparación con el Quinto Atril y pensamos que también íbamos a estar cubiertos en el tema de los proventos, pero resulta que sólo se nos equiparó en el sueldo básico. Eso significó un aumento de muy poco dinero. Entonces, lo que estamos pidiendo es una equiparación con el Grado 13, lo cual supondría, aproximadamente, $ 1.500, si tenemos en cuenta –reitero- que son $ 250 por Grado. Esto nos permitiría ser considerados en igualdad de condiciones dentro de un mismo Instituto. Por otra parte, hay que tener en cuenta que durante muchísimos años hemos quedado totalmente sumergidos y, digamos, destratados institucionalmente.

SEÑOR MICHELINI.- Hemos escuchado con mucha atención el planteo de nuestros visitantes, y también leído el artículo 91 del Mensaje Complementario. Me gustaría pedir a los integrantes del Coro del SODRE que nos hagan llegar una redacción que apunte, específicamente, a lo que están pidiendo, y luego se verá si existen las mayorías para aprobarlo. Digo esto porque no he podido advertir que en el memorándum que se nos entregó figure algo en este sentido.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Sí está, señor Senador.

SEÑOR DAMONTE.- Aclaro que el 26% que se repartiría entre los Cuerpos Estables y los asimilados a la Orquesta -que son los técnicos de teatro- es un aumento comparativo con lo que antes cobraban los dos Cuerpos Estables. Ellos, o sea, la Orquesta y el Ballet, llevaban en conjunto un 17%; un 10% la primera y el 7% el último. Ahora se aumenta al 26%, por supuesto, de una partida mucho menor, porque los alrededor de $63:000.000 obedecen a una cifra que es el promedio de los proventos pagados en los tres últimos años. Según nuestros cálculos, es menos de lo que se venía cobrando; pero, en definitiva, es eso lo que da el Poder Ejecutivo. Ahora se nos incorpora en ese 26% a nosotros, es decir, a 90 personas más, y también a los funcionarios técnicos asimilados a la Orquesta, en sus categorías, que antes cobraban del 40% del restante personal.

En números, creo que estamos hablando de $ 3.500 cuando lo que se reclamaba era $ 8.000 o $ 9.000, que es lo que se le paga -promedialmente- a la Orquesta y al Ballet.

No sé si es esto lo que quería saber el señor Senador Michelini. Reitero que se trata de $ 1.500 la categoría que reclamamos lo cual, de acuerdo con los cálculos que dice la doctora Reta que se han hecho en el SODRE, significa $ 3.500. Ella ha reclamado en el Ministerio de Economía y Finanzas que se contemple en ese promedio de los tres últimos años, la incorporación de 90 personas más. El porcentual de personal más tendría que incorporarse a esa partida fija. La doctora Reta nos ha dicho que si somos un 10% más de funcionarios, el Ministerio de Economía y Finanzas tendría que otorgar, también, un 10% más en esa partida anual de alrededor de $ 63:000.000. Precisamente, es eso lo que no sabemos cómo se va a dilucidar finalmente; sí sabemos que por la letra del artículo 91, se otorgarían unos $ 3.500 por persona.

SEÑOR MICHELINI.- Eso está claro, pero queremos ver si es posible equiparar el Coro y el Radioteatro al Ballet y a la Orquesta.

En lo que tiene que ver con la redacción, me surge una segunda duda. ¿Al Grado 13, Violín de Primera Categoría, se lo está equiparando al Atril, que sería el Grado más alto del Coro y, si no me equivoco, de la Orquesta?

SEÑOR DAMONTE.- Pretendemos que el Coro se eleve a la categoría del Violín de Primera, es decir, al Grado 13. En la Orquesta van a seguir funcionando desde el Grado 9 al 13. Fuera de la Orquesta, en el Grado 18, está el Violín Concertino, que en la actualidad no está ocupado y que corresponde al máximo Grado de la Orquesta. Nosotros pedimos el Primer Atril, que no es solamente el Violín; es la Primera Viola, el Segundo Violín, el Primer Contrabajo. En fin, todo el Primer Atril corresponde al Grado 13, y el Coro aspira a pertenecer a dicho Grado, porque no tiene categorías inferiores. Al Coro se entra en el primer Grado y, en la Orquesta, los principiantes entran en el último Grado; después pueden hacer carrera y, por ejemplo, si son violinistas, llegar al Violín Concertino, o al Primer Atril si es otro músico.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de la delegación y les damos la seguridad de que todo lo que han dicho llegará a todos los señores Senadores.

(Se retira de sala la delegación del SODRE)

(Ingresa a sala la delegación de la Asociación de Funcionarios de la Dirección de Loterías y Quinielas – AFAL)

SEÑOR PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a los integrantes de la AFAL y les brindamos el uso de la palabra.

SEÑOR SANCHEZ.- En primer lugar, agradecemos a los miembros de esta Comisión por habernos recibido.

Quiero aclarar que lo que vamos a exponer aquí ya lo hemos expuesto en la Comisión de la Cámara de Representantes. Cuando hace pocos días solicitamos la audiencia de hoy, confeccionamos un repartido para facilitar la comprensión de nuestras aspiraciones.

Brevemente, vamos a decir -tal como lo expresa el documento- que, como filial de COFE que somos, suscribimos todas y cada una de las reivindicaciones que la Confederación ha expuesto hace una semana, particularmente en lo que tiene que ver con una tabla de sueldos que no existe en la Ley de Presupuesto, y que nos lleva al principio de "a igual función, igual remuneración" y, al mismo tiempo, a un salario social acorde con las necesidades. Lamentablemente, de acuerdo al Mensaje Complementario, esta aspiración no ha sido recogida aún.

Complementariamente a eso, y no en forma excluyente, están nuestras reivindicaciones. En concreto, el Parlamento –en este caso la Cámara de Senadores- tiene absoluta facultad para votarlas. ¿Por qué decimos esto? Porque no se solicita ningún aumento de retribuciones ni creación de impuestos para que surjan alícuotas destinadas a retribuciones. Tampoco se pide creación de cargos y sí se solicita una distribución diferente de algo que, hace años –queremos remarcarlo- tiene financiación. Todos los señores Senadores son entendidos en la materia y algunos son especialistas en el tema. Por lo tanto, sabrán que cuando hay proventos -en este caso, una distribución que está dada para gastos de funcionamiento, otra para auxiliar a los centros CAIF, que tienen que ver con la minoridad, y otra parte para una retribución- que ya tienen financiación desde hace muchos años y que han sido establecidos en el artículo 217 de la última Ley de Presupuesto -es decir que no se trata de una regulación por decreto, sino legal y presupuestal- efectivamente, se puede cambiar su destino. Queda claro que no se desea tocar ni un centésimo de lo que está destinado a los centros CAIF, pero sí se pretende que los gastos de funcionamiento que ese artículo prevé –dado que nuestro organismo tiene otros artículos para gastos de funcionamiento- se destinen a partidas que tienen que ver con algo muy complejo de detallar. En concreto, los señores Senadores entenderán que las tareas extraordinarias relacionadas con los sorteos -denominadas confrontes- que se llevan a cabo en nuestro organismo, con el paso de los años -por la creación de nuevos juegos de azar, que nosotros regulamos y fiscalizamos- han demandado la necesidad de trabajar fuera del horario habitual del funcionario, incluyendo los domingos, los feriados y los sábados hasta altas horas de la madrugada. Esto no sustituye el horario habitual del funcionario, sino que deben hacerse en un plus, en diversos locales, como en la Banca de Quinielas de Montevideo, en los canales de televisión, etcétera.

Entonces, más allá de que nuestra solicitud no fue recogida en esta ocasión por el Ministerio de Economía y Finanzas, porque quizás entiende que el Parlamento tiene perfecta facultad para hacerlo, contamos con el apoyo expreso del actual Director Nacional de Loterías y Quinielas, contador Miguel Alvarez Satragno, quien nos ha autorizado a decir esto que va a quedar en la versión taquigráfica. Dado que las necesidades del organismo así lo requieren –por eso este pedido se ha efectuado en ambas oportunidades al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas- esperamos que sea posible, por lo tanto, que los gastos de funcionamiento pasen a engrosar los destinados a retribuciones de atención exclusiva de los confrontes y tareas extraordinarias relacionadas con los sorteos. De esta forma se podría dotar al organismo, como tal, de los recursos necesarios para hacer frente a estas demandas. En estos últimos meses -más aún, mientras se está votando el presupuesto- hay nuevos juegos de azar que requieren contralor y fiscalización de nuestra institución, porque así lo regula la ley. Para esto, no hay dinero y hemos llegado a una situación en la cual los recursos existentes no son suficientes para abarcar esas tareas.

Entonces, en concreto, requerimos a los señores Senadores de todos los partidos políticos que, por vía de aditivo –reiteramos que no contábamos con la iniciativa necesaria- introduzcan este tema en la discusión de esta Comisión y luego en el Senado, y analicen este artículo proyectado por nosotros, donde determinamos el aumento de partidas destinadas a las tareas vinculadas a los sorteos.

En definitiva, este es uno de los elementos fundamentales que pretendemos que se solicite y que, reiteramos, ya lo hemos conversado con las autoridades correspondientes. Por este motivo, tampoco habría posibilidad por ese lado de que este artículo fuera vetado oportunamente.

SEÑOR RUBIO.- Quisiera hacer algunas preguntas para entender el planteo de nuestros visitantes. Veo que se refiere al artículo 217 de la última Ley de Presupuesto. ¿Es una modificación en la escala del porcentaje, en su forma de distribución? Pediría que se me explicara un poco el alcance concreto de la modificación.

SEÑOR SANCHEZ.- Esta modificación está establecida en el numeral b). De ese 44% para retribuciones de horas extras, etcétera, al día de hoy sólo se destina un 19% y el resto, es decir, un 25% va para gastos de funcionamiento. Reitero que para gastos de funcionamiento –por eso el Director Nacional está de acuerdo con esta iniciativa- hay otros proventos.

SEÑOR RUBIO.- Entonces, se acumularía el porcentaje que existía, del 19%, más el 25% de gastos de funcionamiento, lo que daría este total de 44%.

SEÑOR SANCHEZ.- Efectivamente, señor Senador, porque el 19% es absolutamente insuficiente por las razones que explicamos recientemente.

SEÑOR GALEANO.- Para reafirmar lo expresado por mi compañero, quiero decir que este es un problema que tenemos y que consideramos bastante agudo para nuestra Asociación y, sobre todo, para el cumplimiento de la función específica que tiene la Dirección de Loterías y Quinielas. No podemos seguir con este presupuesto que tenemos para retribuciones ante los nuevos juegos implementados, porque ellos implican un aumento de las tareas de fiscalización. Nosotros sabemos y somos conscientes de que no podemos hacer más de lo que estamos haciendo porque tenemos las manos atadas. Esto también lo sabe el actual Director de Loterías y Quinielas, que hace muy poco era el contador y, por lo tanto, conoce muy bien que estos proventos se nutren de la afectación de los aciertos no cobrados. Por otra parte, nosotros alrededor de julio y agosto de todos los años, prácticamente estamos jugando al "5 de Oro" con nuestro salario porque, si no queda algún fondito o pozo extra para incrementar esos proventos, lo más probable que en esos meses quedaran en rojo los rubros destinados a retribuciones.

Por estos motivos, hoy queremos pedirle a los señores Legisladores si pueden acompañar este petitorio que nosotros consideramos sumamente necesario. Esto también lo saben las autoridades aunque, lamentablemente, este tema no fue recogido en ninguno de los dos Mensajes Complementarios. Sin embargo, deseo recalcar que esto es necesario, porque es muy peligroso que la tarea principal de una oficina se deje de cumplir. Digo esto, porque los juegos que están bajo la égida de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas deben, necesariamente, ser fiscalizados en su totalidad y no a medias.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera saber de cuánto dinero, promedialmente, estamos hablando, porque sé que se trata de proventos.

SEÑOR SANCHEZ.- Nosotros tenemos una cifra de lo que es la actual distribución de este provento para retribuciones que, hoy por hoy, representa un 19%. Ese porcentaje no ha variado mucho y actualmente ronda los $ 300.000 mensuales. Hay que tener en cuenta que son varias las actividades denominadas confrontes y tareas extraordinarias para cuatro o cinco juegos y, por lo tanto, son muchos los funcionarios que tienen necesidad, asistiendo a esas tareas para que el organismo lleve a cabo la función de contralor requerida. A veces se dan situaciones en las cuales prácticamente no puede ir nadie.

SEÑOR MICHELINI.- Me parece que estas aclaraciones son sustanciales porque nos están presentando un artículo que trata sobre algunos aspectos de la Administración que no todos conocemos o de los que no habíamos tomado conciencia.

Si está cayendo la recaudación de estos proventos, pienso que eso no sólo afecta a los trabajadores en sus remuneraciones y por el no pago horas extra, sino que también se afecta el servicio y lo que estaba yendo para el plan CAIF, vía INAME, lo que para nosotros es muy caro.

Por otro lado, quisiera saber si se están recibiendo fondos por el no cobro de aciertos solamente de loterías y quinielas, o de todos los juegos, inclusive el "5 de Oro".

Otra pregunta adicional es sobre esta nueva modalidad de juego establecida vía 0-900 de teléfono, cuando no se va a cobrar los aciertos. La información que tengo es que ANTEL no estaría pasando esos recursos y quisiera saber si eso es así.

SEÑOR REVELESE.- Debo decir que también soy dirigente de la Asociación de Funcionarios de Loterías y Quinielas. A los efectos de contestar las preguntas del señor Senador, quisiera aclarar que la baja en los juegos ha sido una constante en los últimos dos años y eso ha determinado que en nuestro organismo -que tampoco cuenta con rubro de horas extra- no existan posibilidades financieras para pagar las remuneraciones, horas extra y confrontes. Eso también acontece con los CAIF, que están recibiendo menos dinero, por que hay menos juegos y menos aciertos no cobrados.

Además, las modalidades nuevas de juego casi no tienen aciertos no cobrados porque, por ejemplo, "La Raspadita" se cobra en el acto. Entonces, esas nuevas modalidades acrecientan el problema que estamos padeciendo el conjunto de los funcionarios y el organismo.

Ahora bien, con respecto a las líneas 0-900, nosotros habíamos conversado con integrantes de la Cámara de Representantes, entre ellos, el ex Director de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, quien -justamente- tenía una idea que transmitía a través de un aditivo, en el sentido de que para estos juegos de las líneas 0-900, de reciente legalización por vía de la norma Nº 17.166, se determinaba que se le iba a dar un porcentaje de ellos a los CAIF. También conversamos con el señor representante para que un porcentaje fuera para los confrontes. Sin embargo, no hubo acuerdo – por lo menos entre el Partido Colorado y el Partido Nacional- porque se retiró ese aditivo.

También sería una solución gravar a los 0900, con un porcentaje para los CAIF y otro para suplir las deficiencias financieras que está padeciendo el organismo, las que con los años se van a agravar, porque las modalidades nuevas llevan justamente a eso. Decimos que son $ 300.000 promedio, pero pueden ser menos en los próximos menos. Hay que realizar controles a los juegos, aún a los que no dejan aciertos no cobrados, y falta recursos. Reiteramos que somos el único organismo de la Administración Central que no cuenta con partidas presupuestales para el pago de las horas extra, las que se atienden exclusivamente con aportes de los proventos.

SEÑOR SANCHEZ.- En relación a la última pregunta del señor Senador Michelini debo decir, además de lo que el compañero Revelese ya explicó, que si aquí se da un acuerdo que no se logró en la Cámara de Representantes y el planteo del Partido Nacional tiene éxito, perfectamente se puede reflotar el aditivo que determinaba el tema de los 0900, con la particularidad de que un porcentaje –estimado en su momento en el 10%- vaya a los CAIF. Además, el superior Gobierno, en el Mensaje Complementario que hace pocos días puso a vuestra consideración...

(Dialogados)

Decíamos que el Gobierno nacional, a través del artículo 48 de este Mensaje Complementario, planteaba la sustitución de un artículo que sí se aprobó y al que voy a dar lectura. Dicho artículo dice así: "A efectos de realizar las tareas de contralor asignadas por la Ley Nº 17.166, de 10 de setiembre de 1999, y el Artículo 4º del Decreto 349/999, de 5 de noviembre de 1999, la Administración Nacional de Telecomunicaciones" –este es un proyecto sustitutivo del artículo 107 del proyecto de la Cámara de Representantes; el Gobierno ha tenido la inquietud de sustituirlo y en este artículo lo aclara con más precisión- "deberá enviar a la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas la información detallada con la periodicidad requerida," –esto es por la falta de periodicidad a la que hacía mención el señor Senador Michelini- "de las llamadas de las líneas telefónicas asiento de los concursos o sorteos".

Esto mejora –y veo que nuestro querido amigo el señor Senador Correa Freitas asiente con la cabeza- la redacción del artículo que venía de la Cámara de Representantes. Pero, al mismo tiempo, al mejorarlo, determina que haya una mayor cantidad de dinero que se está evadiendo al Estado para que éste pueda cumplir con el cometido fundamental de esta ley, que es el Fondo Nacional de Recursos.

(Dialogados)

Así se tiene conocimiento cabal de los recursos reales –voluminosos recursos decimos nosotros- que se obtienen por esta vía. Si prospera la iniciativa del Partido Nacional, los CAIF van a estar auxiliados por la vía de los 0900. Entonces, podríamos articular el auxilio a los CAIF, por lo que baja del provento de los aciertos no cobrados, pero al mismo tiempo desearíamos que la distribución variara en los confrontes, a efectos de asignar responsabilidades. Sería una especie de paquete lo que se estaría formando.

Por último, queremos decir que tenemos dos aspiraciones más. Una, en relación a una cláusula de salvaguarda por lo que es el artículo 39 del proyecto de la Cámara de Representantes. Nosotros tenemos dos retribuciones que son efectivamente pagadas por vía de gastos y, por lo tanto, no entraría dentro de la normativa general. Eso se hace respecto de la función y no de la persona.

Por último, queremos hacer mención a la vieja aspiración de que el Gobierno Nacional nos dé -en calidad de préstamo y no de cesión, de propiedad- un predio fiscal de los tantos que hay en la costa uruguaya -como se ha dado a otras organizaciones sindicales- para poder tener una colonia de vacaciones. Este proyecto en una oportunidad contó con media sanción de la Cámara de Senadores.

Estas son las aspiraciones que nos animan y ninguna de ellas tiene costo de caja. Por lo tanto, no requiere iniciativa del Poder Ejecutivo, por lo que el Poder Legislativo puede llevar adelante su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos vuestra presencia y lo aquí expresado llegará a conocimiento de todos los señores Senadores.

(Se retiran de Sala los representantes de la Asociación de Funcionarios de la Dirección de Loterías y Quinielas)

(Ingresan a Sala los representantes de la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Carnes)

SEÑOR PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a los representantes de la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Carnes.

SEÑOR EBARLUCEA.- Venimos en representación de los funcionarios del Instituto Nacional de Carnes para trasmitirle a los señores Parlamentarios una inquietud que tenemos con respecto a tres artículos que se encuentran, uno en el proyecto de ley presupuestal venido de la Cámara de Representantes y los otros dos, incluidos en el Mensaje Complementario remitido recientemente por el Poder Ejecutivo. Nos referimos, concretamente, a los artículos 137 del proyecto presupuestal a estudio del Senado y a los artículos 73 y 74 del Mensaje Complementario enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Senadores.

Previamente, queremos hacer una aclaración acerca de la estructura que tiene el INAC, que es una persona pública no estatal, integrada en su Junta Directiva por representantes de los productores rurales, del Poder Ejecutivo y de la industria frigorífica. O sea, que allí se encuentran los dos sectores principales de la cadena de producción cárnica del país, más el Poder Ejecutivo, representado por sus delegados.

Los delegados por el Poder Ejecutivo son el Presidente y el Vicepresidente, que cambiaron recientemente, el ingeniero Vázquez Platero y el señor Romero; luego hay dos delegados por parte de las agremiaciones rurales, uno por la Asociación Rural del Uruguay y otro por la Federación Rural. Asimismo hay dos delegados por la industria cárnica; uno por la Cámara de Industria Frigorífica y otro por la Asociación de Industriales Frigoríficos del Uruguay.

Para realizar sus funciones el Instituto cuenta con unidades ejecutoras y algunas unidades de apoyo. Las unidades ejecutoras son: la Dirección de Comercialización y Promoción, la Dirección de Estudios e Investigación Económica, la Dirección de Control de Calidad, la Dirección de Ingeniería y Habilitación, y la Dirección de Control de Mercado Interno.

Los artículos que nos preocupan, tanto el 137, a estudio del Senado, como los números 73 y 74, incluidos en el Mensaje Complementario, prácticamente desmantelan buena parte de los cometidos que tienen cuatro de estas cinco unidades ejecutoras mencionadas. Los funcionarios estamos sumamente inquietos en la medida en que entendemos que las funciones que se afectan son de interés general y no son cumplidas por ningún otro organismo. Al analizar los cometidos asignados al Instituto por el Decreto-Ley Nº 15.605 puede advertirse que los artículos 137 del proyecto de ley de Presupuesto aprobado por la Cámara de Representantes y 74 del Mensaje Complementario derogan tareas fundamentales. Esto es lo que consta en el resumen que presentamos a consideración de los señores Senadores.

Concretamente, en el área de comercialización, el Instituto perderá la posibilidad de recabar información valiosísima, con fines estadísticos, que es continua y completa, sobre precios y volúmenes implicados en negocios con el exterior. También perderá la posibilidad de la determinación de asignación de cuotas en el caso del cumplimiento de mercados que así lo exigen como, por ejemplo, la Unión Europea y su cuota Hilton. Como los señores Senadores saben, existe una asignación de cuotas que arbitra el Instituto Nacional de Carnes, que permite que el Uruguay, en todo momento e históricamente durante muchos años, haya cumplido fielmente con los requerimientos en materia de cupos, que los mercados de alto nivel –que afortunadamente tiene nuestro país- exigen.

En el área de los estudios económicos el país va a perder la opción de recabar información necesaria para el funcionamiento de la Comisión de Clearing, que está dentro del INAC, integrada junto con la DGI, el BPS y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Concomitantemente se perderá el control de la percepción del IVA, ya que el IVA sobre la carne se obtiene a través de los agentes de retención, que son las industrias frigoríficas, quienes manejan por ese concepto aproximadamente U$S 50:000.000 anuales. Asimismo, se podría perder la información necesaria para la conformación de estadísticas de exportación.

En el área de control de calidad dejaríamos de contar con la posibilidad de otorgar la constancia de control oficial de calidad comercial, que es la certificación que garantiza los niveles mínimos de calidad comercial para todos los productos exportables, de acuerdo con los requisitos del importador, es decir, de quien compra la carne. Precisamente, con esta constancia se da satisfacción a los requerimientos del comprador. Al quedar sin efecto dicha certificación se arriesga la pérdida de mercados. Las mercaderías que no alcanzan las especificaciones acordadas tienen la opción, que el Instituto les da, de ser reprocesadas, sustituidas o reorientadas en salvaguarda de los intereses del exportador.

En el área de ingeniería se perderá la posibilidad de la evaluación tecnológica y diseño de las plantas, que habitualmente es realizada por organismos similares de la órbita estatal en otros países productores de carne como nosotros. Por otra parte, entendemos que el grado de homogeneidad y concordancia con la normativa internacional en materia de plantas industriales, que es de alto nivel en el Uruguay, en buena parte se debe a la actuación de la Dirección de Ingeniería del INAC.

La sistematización de controles en materia tecnológica es muy importante. A modo de ejemplo, podríamos hablar de la sistematización de controles en materia de potabilidad y calidad industrial del agua que se utiliza en los frigoríficos, efectuada en los laboratorios del INAC, que es uno de los estándares utilizados ante las visitas extranjeras de los mercados. También se determina la capacidad de las plantas, tanto la actual como la potencial, lo que nos permite, en todo momento, el diseño de políticas adecuadas para el sector, si así el Gobierno lo dispusiera. Además, esto resulta de gran importancia para apoyar la distribución de cuotas en el caso de los mercados que tienen cupos.

Ahora nos vamos a referir a los efectos del artículo 73 del Mensaje Complementario enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Senadores. Por medio de esta iniciativa se otorgaría al Poder Ejecutivo la facultad de abatir el tributo sobre el valor de las exportaciones, que es el 0.6%, precio FOB neto, de las exportaciones de carne, menudencias, subproductos y derivados. Esto generaría una gran incertidumbre sobre los ingresos futuros del Instituto, ya que no se establece ningún parámetro a través del cual se procedería a dicho abatimiento; no se fijan condiciones previas para aplicar ese abatimiento. Si dicho parámetro fuese, como se nos ha dicho en forma oficiosa, el monto de las exportaciones, el Poder Ejecutivo podrá abatir el impuesto si estas suben, pero no podrá volver a subirlo si las exportaciones bajan, como sabemos que puede ocurrir. Tampoco se establece ningún nivel mínimo por debajo del cual no se pueda ir abatiendo el impuesto. El Instituto tiene una estructura fija de gastos, ya que el salario de sus funcionarios no está sujeto al monto de las exportaciones ni a ningún otro parámetro o provento. El 0.6% equivale, actualmente, a algo más del 50% de los ingresos del Instituto, por lo que cualquier modificación a la baja comprometería nuestra estructura fija de gastos. La recaudación del 0.6% sobre la exportación ascendió, en 1999, aproximadamente a U$S 2:600.000, mientras que el 0.7% sobre el abasto estuvo en el orden de U$S 2:100.000. En 1990 el Instituto contaba con 310 funcionarios, cantidad que actualmente asciende a 168, incluyendo a los jerarcas. Además, corresponde aclarar que el 0.6% no constituye costos para la industria, porque el mismo se retorna por vía de la devolución de impuestos indirectos.

Dijimos antes que el IVA que maneja la industria frigorífica alcanza los U$S 50:000.000; la evasión general en la economía nacional de los impuestos se estima en el 30% y la evasión proyectada para el sector se sitúa en el 8%. Un incremento de la evasión en el sector del 20% originaría una pérdida para el Estado de más de U$S 10:000.000 anuales, lo que sería aproximadamente cuatro veces el monto del impuesto del 0.6% a la exportación.

En conclusión, los funcionarios pensamos que la derogación de cometidos propuesta adolece de vicios formales que, por ser incluida en una ley presupuestal, carece de la correspondiente exposición de motivos que debe acompañar a este tipo de norma. Por lo que se refiere a su contenido, entendemos que no sólo no contribuye a despejar de trabas burocráticas el camino de la industria exportadora sino que, por el contrario, producirá graves perjuicios para el interés general y para los restantes sectores de la cadena de producción cárnica. En relación con el interés general, se puede decir que quita transparencia al sistema favoreciendo la competencia desleal, propicia el incremento de la evasión impositiva, se arriesga la pérdida de mercados, se priva de información necesaria a instituciones como el Banco República, la Dirección General Impositiva, el BPS, etcétera. En cuanto al interés de los restantes sectores de la cadena productiva, podemos acotar que perjudica grandemente a los productores rurales al privarlos de información que es necesaria para planificar y desarrollar sus actividades como, por ejemplo, precios, volúmenes, cuotas remanentes, negocios concertados, etcétera. Asimismo perjudica a los abastecedores y consumidores, cargando sobre ellos el peso económico del funcionamiento del INAC, cuyos recursos van a ser volcados, en gran parte, a la promoción del sector exportador.

Cabe señalar que, además, ninguna de las funciones anteriormente descritas se superponen con las de ningún otro organismo, porque es el INAC el único que las cumple con personal idóneo y recursos propios. Por su origen, el INAC proviene de cometidos que, en algún momento, estuvieron en el actualmente denominado Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Por lo anteriormente expuesto y en consideración a la importancia que, a nuestro juicio, reviste este tema, los funcionarios del INAC solicitamos a los señores Senadores que se vote el desglose de los artículos 137 del proyecto de ley de Presupuesto aprobado en la Cámara de Representantes y los artículos 73 y 74 del Mensaje Complementario enviado por el Poder Ejecutivo al Senado. De esta forma, se habilitaría el camino para una discusión en contextos más apropiados.

Desde ya adelantamos que estamos a las órdenes para responder las preguntas que los señores Senadores quieran formular.

SEÑOR CORREA FREITAS.- He escuchado con mucha atención el planteo de los representantes de la Asociación de Funcionarios del INAC y, en ese sentido, quería solicitarles una reflexión por su parte en cuanto a unos comentarios que hizo hace pocos días el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca con relación a que los actuales controles de calidad que hace el INAC no sirven para los mercados internacionales y que él entiende que son otros los que deberían hacerse. Concretamente, el señor Ministro se refirió a un estudio que oportunamente se hizo en la Cátedra, en la Facultad de Veterinaria, el que concluyó que el control de calidad que está haciendo el INAC alcanzaría al 86% del ganado bovino y que el mismo en el mundo no sirve para nada.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia sugiere que los señores Senadores formulen sus interrogantes en primer término para que, posteriormente, los integrantes de la delegación que nos visita las respondan todas juntas.

SEÑOR COURIEL.- Me parece que la pregunta formulada por el señor Senador Correa Freitas es muy importante, y por tal motivo voy a ser sumamente breve al plantear mi interrogante.

En primer término, quisiera saber si los funcionarios del INAC conocen la causa del desmantelamiento del INAC y pienso que esto está relacionado con lo que ha preguntado el señor Senador Correa Freitas en cuanto que el INAC no debería cumplir sus funciones actuales.

En segundo lugar, pregunto si conocen el objetivo que persiguen en el Ministerio de Economía y Finanzas y el de Ganadería, Agricultura y Pesca con el desmantelamiento del INAC. ¿Se trata, quizás, de rebajar algún impuesto, es decir, existe un motivo financiero? ¿Cuál es en esencia el fin de ese desmantelamiento? Seguramente, estas preguntas debería planteárselas al propio Gobierno, pero me gustaría conocer la opinión de los funcionarios del Instituto porque, incluso, en alguna parte del documento al que dieron lectura anteriormente se decía que el ganador de esto sería el "lobby" de la industria frigorífica. Entonces, me gustaría saber, desde el punto de vista de los funcionarios, repito, cuál es el objetivo por el cual se desmantela el INAC. Reitero que, quizás, sea el que planteó el señor Senador Correa Freitas o, tal vez un motivo de carácter fiscal con el fin de ayudar a los exportadores o, como han dicho los propios funcionarios, la presencia de un "lobby" que entiende que este Instituto no es necesario, porque lo único importante es maximizar la rentabilidad del sector.

SEÑOR MUJICA.- Voy a ser breve, porque pienso que lo aquí falta es tiempo.

Estoy convencido desde hace tiempo de que el INAC necesita cambios y los mismos expresan el fracaso de país. No acompaño ni acompañaré nunca la filosofía de que cuando algo tiene problemas hay que tirarlo a la basura para empezar a crear al lado cosas nuevas, sin rectificar y sin hacer un balance de por qué se llegó a esa situación y de quién es la responsabilidad. Pienso que si actuamos así, no aprendemos de nuestra propia historia. Por nuestra parte, vamos a acompañar decididamente la iniciativa de que este sea un tema central de discusión aparte, porque está tocando un asunto que es gravitante para este país. Tal como viene evolucionando una industria muy difícil, que en el mundo se caracteriza por tener aspectos colindantes con lo mafioso, no creo que se deban disminuir los controles, sino que hay que hacerlos más sutiles, mejorarlos y trabajar, teniendo en cuenta el horizonte de barreras que le va a aparecer al comercio de carne inapelablemente en los años venideros.

Por otro lado, no queremos dar una idea de conformismo, de aparentar que todo está bien, porque creo que como país tenemos que aprender. Seguramente, lo que deje de hacer el INAC ahora algún otro boniato va a haber que inventar para que lo haga y, entonces, vamos a estar siguiendo una política de remiendo, sin aprender de nuestros propios errores.

Aclaro que aunque esta reflexión no tiene que ver con las preguntas, la expuse porque expresa mi posición terminante.

SEÑOR MICHELINI.- En principio, quiero decir que ya hemos solicitado el desglose de estos artículos y, por otra parte, debo destacar que los textos incluidos en el Mensaje Complementario no nos dan aliento. Asimismo, señor Presidente, creo que este asunto hay que estudiarlo y, en todo caso, constituir una Comisión en el propio Poder Ejecutivo y darle un plazo para que nos envíe un proyecto completo. Sin duda, los controles a veces resultan pesados, pero cuando se viven situaciones como las actuales, ellos son los que nos salvan y nos dan respetabilidad. Entonces, no quiero olvidarme de los controles cuando estamos en un momento tan delicado y no podemos aflojar las riendas.

En este sentido, quiero agregar que no todo en el INAC está bien, tal como lo han dicho sus propios trabajadores, pero esto no quiere decir que actuemos en forma ciega para solucionar o modificar aspectos que merecen un estudio y una comprensión más profundos, aunque ello se haga en un tiempo breve como podría ser, por ejemplo, cuatro o cinco meses.

SEÑOR HEBER.- Creo que esta Subcomisión no está sesionando para que reflexionemos entre nosotros, ya que los pasos que seguiremos en la Comisión podremos analizarlos posteriormente. Ahora, estamos recibiendo una delegación y lo lógico es que les formulemos preguntas, ya que disponemos de pocos minutos para hacerlo. Pienso que sus respuestas pueden ser determinantes para definir nuestra actitud. Repito que sobre lo que vamos a hacer después en la Comisión, podemos discutir en otro momento.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: desde que se recibió la primera delegación esta mañana, las he escuchado a todas con mucha atención y he formulado todas las preguntas que he considerado necesarias. Lo que hice anteriormente fue dejar una constancia y el señor Senador Heber, que no estuvo en toda la mañana y no escuchó a todas las delegaciones me viene a decir cómo tratarlas y cuando hago la primera constancia de la mañana me indica cómo debo moverme en la Comisión.

SEÑOR HEBER.- Hasta el momento estamos recibiendo delegaciones para hacerles preguntas y no para dejar constancias. Si lo que se desea es esto último, entonces, hagamos otra reunión así hace todas las que quiere.

Por otra parte, si yo estuve o no en la Comisión al señor Senador Michelini no le importa y, además, aclaro que estuve atendiendo a otras delegaciones fuera de la Subcomisión. Quiero que quede claro el trabajo de esta Subcomisión y que, en este momento, estamos esperando que los funcionarios del INAC nos den su respuesta a las preguntas muy interesantes que se han formulado.

SEÑOR MANGADO.- Personalmente, me desempeño como funcionario técnico de la Dirección de Control de Calidad.

En principio, quiero referirme concretamente al área de control de calidad, y aclarar que el Instituto libra una constancia oficial de calidad comercial, que es la que se derogaría, y que reúne varias características que se exigen o se solicitan a los exportadores por la mercadería a exportar.

Con esto quiero aclarar que el control de calidad de las mercaderías a exportar es un control vivo, un control que se adecua a las características de las mercaderías y de los mercados, lo que me parece importante, porque se ha querido minimizar esto y se ha insinuado que el Instituto, a través de su control de calidad, no controla o no tiene capacidad ni idoneidad para controlar nada. Eso no es así. INAC solicita una serie de datos a través de un formulario –que tengo aquí, además de vías para dejar a los señores Senadores- en el cual el exportador presenta, entre otras cosas, la fecha proyectada de exportación, el medio de transporte en que se va a realizar, el destino al que se envía esa mercadería, su volumen, la mercadería que nos ocupa en ese caso y el lugar de depósito. Luego tiene una serie de especificaciones técnicas en las que se aclara en base a datos de la carta de créditos qué es lo que el comprador de esa mercadería necesita que se le compre. Con esto, INAC y por lo tanto el Uruguay, está dando respuesta a las exigencias y a los requerimientos del comprador. Esto es importante, porque en toda mercadería nosotros podemos tener requerimientos explícitos, pero existen también requerimientos implícitos que es importante cuidar y que en este caso es INAC quien los cuida. Me estoy refiriendo a que si de pronto compramos carne deshuesada, no queremos que haya trozos de hueso, un corte no puede tener machucamientos, ni coágulos y no puede ser un corte mutilado. Esos serían los requerimientos implícitos, pero los explícitos nos pueden hablar del sistema de envasado, si es al vacío o en polietileno y si se trata de una mercadería que será madurada o, en definitiva, tiene que presentar un porcentaje de grasa determinada. Es decir que mediante esos datos que el Instituto solicita, está dando satisfacción al comprador y manteniendo una calidad mínima en la carne que exporta el país. Esto ha implicado el reconocimiento de nuestras carnes, incluso, en el último Congreso de la OPIC, una representante de FAO, la señora Nancy Morgan explicita que Uruguay ha logrado muy importantes avances por la calidad de sus carnes. Es decir que esto estaría demostrando que lo que el Instituto hace a nivel de control de calidad no es una cosa perimida ni estática. Es un control de calidad que se adecua a las circunstancias y sí podemos coincidir en que la calidad no es una sola. No es buena y mala, como se decía, sino que se trata de dar satisfacción a las exigencias del consumidor.

En ese sentido, queremos decir que el control de calidad de INAC puede ser perfectible –a eso siempre estamos abiertos, es un tema técnico a discutir- pero sí da satisfacción. Por otra parte, no perjudica a las empresas, porque el exportador cuya mercadería que es considerada apta para la exportación en ese negocio, tiene la chance de reprocesarla o destinarla a otros mercados que tengan menor valor o menores exigencias técnicas o, incluso, a un consumo inmediato.

En el último año INAC realizó 28.000 inspecciones de calidad y libró 23.000 certificados. Con esto decimos que hay 5.000 inspecciones aproximadamente que han merecido observaciones. Pero la acción del Instituto a través del control de calidad no es policíaca ni represiva, sino que tiene un carácter de apoyo y asesoramiento. Esto lo pueden decir las mismas empresas a las cuales se asiste con posibles soluciones y a las que se le da la opción de presentar esa mercadería nuevamente.

En cuanto al tema de la clasificación o tipificación -al que se hacía mención por parte del señor Ministro- debo decir que es una tesis de dos estudiantes de la Facultad de Agronomía que fue realizado en el año 1992. Se trata de trabajos habituales de tesis que tienen los agrónomos para completar su formación curricular y ocupan un tema que desarrollan. Al respecto, basados en parámetros ciertos, se puede llegar a conclusiones erróneas. En este caso, ocurre un poco eso, puesto que el trabajo se realizó en un frigorífico que hoy no está funcionando, en una época determinada del año. Entonces, se llega a la conclusión de que el 86% de los animales de nuestro país son clasificados en E 2. En realidad, no es así, sino en A 2, otra categoría diferente. Aquí la letra da la tipificación o conformación del animal y el 2 la terminación. Aclaro esto, porque después quisiera detallar algo respecto a la terminación. Nos parece que en este caso la conclusión podría ser hasta favorable, porque está hablando bien del comprador de ganado, de hacienda, de ese frigorífico, porque en realidad es lo que estaba buscando. Este trabajo está hecho sobre el 0.008% de la faena de ese año y quiero aclarar también que los países en general basan su clasificación y tipificación –de la cual Uruguay tiene homologaciones con muchos de ellos- en parámetros de conformación que les da la letra. Por ejemplo, Chile les asigna la palabra "Vacuno" y Argentina la palabra "Junta". Una vez eliminada la Junta, hay plantas frigoríficas que, por uso y costumbre, siguen utilizando –porque les sirve- esa palabra para tipificar a la carne, y otros países usan otras denominaciones, pero siempre para designar la conformación. A eso se hace mención una vez que se realiza un negocio, porque proviene de un animal de determinada calidad. Cabe expresar que el Instituto es el ámbito en el que se discutió un sistema de clasificación y tipificación. Allí participaron la industria frigorífica, el Poder Ejecutivo a través de INAC y productores rurales y otros organismos que tenían que ver con el quehacer de la carne, para crear esa tipificación y fijar esos parámetros.

Por lo tanto, luego que esto está hecho, el encargado de aplicar esa clasificación –si hubiera un error en la aplicación del sistema- es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que presta sus servicios a través de su División Tecnología. Es decir que en ese sentido tampoco le cabe a INAC la calificación de Instituto al cual se lo relaciona con la grasa. Cuando hablo del tema de la grasa me refiero a la terminación, es decir, a la deposición de las materias grasas sobre la carcasa, que está en relación con las masas musculares. Allí se toman varios parámetros en una escala. Podríamos decir que son utilizados cuatro grados, en líneas generales, o cinco en algunos países, de grasa, en los cuales el grado 2 es el que todos procuramos, aproximadamente 10 milímetros de grasa de cobertura. Esto nos habla de una calidad de cobertura buena. Estoy mirando al señor Senador de Boismenu, cuyos productos he tenido oportunidad de evaluar en concursos de novillos. Por esta razón, creo que entenderá bien cómo y por qué buscamos ese grado 2.

Por lo tanto, cuando decimos que el 86% de la producción del Uruguay se encuentra en el grado 2, me parece que es hasta favorable. Digo esto porque la grasa es lo que cuesta más depositar en el animal dentro de su desarrollo y cuando llegamos a esa terminación, si le queremos poner más grasa, estamos haciendo económicamente más costoso el producto. En consecuencia, los frigoríficos que deben después retirarla a cuchilla, no quieren más de esa cobertura grasa.

A su vez, al productor tampoco le sirve darle más cobertura grasa. Es por eso que el grado 2 es el más abundante. Esto me hace acordar al buscador de oro que una vez que lo encuentra y lo empieza a extraer, en determinado momento dice que es lamentable y que en su mina no encuentra cobre. El comentario del señor Ministro me hace acordar a eso; estamos buscando oro y hemos logrado conseguirlo en determinado momento.

Con respecto a las manifestaciones del señor Senador, no tengo más aclaraciones. Simplemente voy a decir que países como Estados Unidos y Australia controlan oficialmente la calidad de sus productos exportables; Estados Unidos a través de la USDA y Australia por medio de organismos estatales. Creo que Uruguay ha tenido buenos resultados con el control de calidad realizado y esa es la respuesta que tendríamos para dar.

SEÑOR NIN NOVOA.- Creo que este es un tema central y por eso quizás nos excedamos en el tiempo. Por otra parte, el país vive, entre otras cosas, de los U$S 500:000.000 que exporta de carne, por lo que creo que merece un poco más de los quince minutos estipulados, por supuesto contando con la tolerancia clásica que el señor Presidente ha demostrado en estas ocasiones.

Personalmente, me quedé con la versión que el señor Ministro dio cuando estuvo en la Comisión, y quería conversar un poco –a pesar de que ya lo explicó el señor Mangado- acerca de sus manifestaciones en torno a la calidad N 2 y al estudio de cátedra de la Facultad de Agronomía a que se hizo referencia.

Me sigue preocupando algo que plantee al señor Ministro que no ha quedado aclarado en virtud de los tiempos que nos apremian. Concretamente, me preocupa que para un instituto como el INAC que da autorizaciones de cupos de exportación para varios mercados –Egipto, Estados Unidos, etcétera- se quite de la ley el requisito de la autorización previa. Quisiera que se realizara algún comentario sobre esto porque en su momento el señor Ministro no se refirió a ello, fundamentalmente porque creo que esto constituye una mala imagen para un país que quiere ordenar su comercialización de carnes y que quiere seguir colocando en un marco de seriedad la mayor cantidad posible de su producción.

Por lo tanto, me gustaría que se hiciera un brevísimo comentario acerca de las consecuencias de la eliminación de la autorización previa.

SEÑOR UMPIERREZ.- En el Mensaje Complementario del Poder Ejecutivo se establece que los frigoríficos deben pedir a su voluntad la autorización previa y el registro previo de los negocios.

SEÑOR NIN NOVOA.- Me parece que no es así.

SEÑOR UMPIERREZ.- Digo eso porque, precisamente, se quita la palabra "previo".

SEÑOR NIN NOVOA.- Para precisar este aspecto tan importante, voy a leer el texto que viene en el Mensaje complementario. Dice lo siguiente: "A esos efectos el Instituto reglamentará su intervención en aquellos procedimientos de certificación de calidad que soliciten en cada caso los exportadores." En realidad, me estoy refiriendo a otra cosa.

SEÑOR MANGADO.- Creo que deberíamos hablar de dos autorizaciones previas. Una es la autorización previa que existe en la Ley de INAC sobre el negocio desde el punto de vista comercial. En este momento no estamos hablando de esa autorización, que compete al Departamento de Comercialización, y ameritaría otro comentario. De lo que estamos hablando es de la autorización previa del negocio pero desde el punto de vista de la calidad, y esto sí que parece importante. Cuando estamos autorizando un negocio y librando una certificación, lo debemos hacer previo a la realización del negocio y no podemos basarnos en los comentarios que hacíamos sobre la calidad de la carne a nivel general y del país y sobre la satisfacción que deberíamos dar al comprador. Siempre tendríamos que hablar de una autorización previa, es decir, de una liberación de certificación previa al negocio. Creo que esto despeja la duda; una cosa es la autorización previa al negocio desde el punto de vista comercial y otra la autorización previa en lo que tiene que ver con la calidad.

SEÑOR NIN NOVOA.- Según mi interpretación, quedaría eliminada.

SEÑOR MANGADO.- Efectivamente, señor Senador.

SEÑOR NIN NOVOA.- ¿Cuáles serían las consecuencias de eso? Por ejemplo, ¿podría preverse que algún frigorífico negociara una cuota Hilton que no tiene?

SEÑOR UMPIERREZ.- En este momento, estamos dando la autorización afectando a todas las cuotas. Es muy común que los frigoríficos no lleven un control de la cuota y se basan permanentemente en los estados de situación que les envía el Instituto, mensualmente o a sus requerimientos, para saber cómo está la cuota. Por ejemplo, ahora estamos finalizando la cuota ovina. En este momento Estados Unidos está detenido por los problemas actuales, pero en lo que tiene que ver con la cuota ovina, se está embarcando a posterior consideración de la emisión de los certificados sanitarios y muchos de los frigoríficos nos están pasando pedidos y están excedidos de la cuota. Esto comprueba que es posible que suceda lo que plantea el señor Senador en el sentido de que pueden ser un desastre en la utilización de las cuotas. Al mismo tiempo, debo aclarar que la Unión Europea lleva un control muy exhaustivo sobre la cuota Hilton. Si nos pasamos cien kilos, nos devuelve un certificado para efectuar los arreglos pertinentes, y ellos están encantados con la forma cómo el Instituto realiza el control. De todos modos, si el INAC no lo efectúa, alguien lo tendrá que hacer.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sólo nos resta agradecerles su presencia y tengan la seguridad de que todo lo expresado en Sala llegará a poder de todos los señores Senadores.

(Se retiran de Sala los representantes de AFINAC)

(Ingresa a Sala la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de Educación Primaria –FUMTEP-)

SEÑOR PRESIDENTE.- En nombre de la Subcomisión de Presupuesto integrada con Hacienda, damos la bienvenida a integrantes de la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de Educación Primaria (FUMTEP), a quienes ya les fue explicado el mecanismo de trabajo por el señor Secretario.

SEÑOR FLORIT.- Nuestra Federación, que agrupa a funcionarios docentes y no docentes del Consejo de Educación Primaria, agradece a esta Comisión estos minutos que nos brindan para acercar a los señores Senadores las preocupaciones fundamentales de los maestros y de los funcionarios no docentes de 2.400 escuelas uruguayas.

En la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes, hicimos una serie de planteos que tenían que ver con las condiciones de funcionamiento en gastos corrientes, inversiones y remuneraciones de maestros y funcionarios. Nos preocupó mucho al saber que la Cámara de Representantes dio media sanción al proyecto de Presupuesto, en especial, lo relacionado con el inciso 25, puesto que no están reflejadas en lo más mínimo nuestras aspiraciones. Justicia es reconocer que hoy la situación, a través del Mensaje Complementario, es diferente. Nos vamos a limitar a señalar algunos elementos que aún persisten, en lo que hace a las reivindicaciones sindicales.

El primero de ellos refiere al monto global que el Mensaje Complementario pone a consideración parlamentaria. El aumento de lo que hoy se llama grupo cero, es del orden del 4.27% para el año 2001, que se incrementará a partir del 2002 a 5.65%. Considerando que la ANEP tiene una participación en el producto de poco más del 2 %, este aumento significaría elevarla en 0.1%. Creemos que esto grafica elocuentemente la insuficiencia de esta propuesta, ya que el compromiso de alcanzar el 4.5% para todos los servicios educativos, a lo largo del quinquenio, quedaría seriamente comprometido, en tanto este Presupuesto no prevé otro aumento que este de algo más del 5% sobre el 2% que actualmente ejecuta ANEP sobre el total del producto.

En lo que respecta al texto, estrictamente, quisiéramos alertar al Senado, básicamente, sobre tres aspectos.

El primero de ellos, tiene que ver con el artículo 123, en el cual se financia, a través del adelanto del cobro del Impuesto de Primaria, la expansión de educación inicial y la de tiempo completo, con un monto estimado de U$S 8:000.000. A nuestro juicio, esto presenta dos tipos de riesgo. Uno es la seguridad relativa que siempre se tiene en la percepción de un tributo, fundamentalmente, cuando éste se ve acrecentado. El segundo riesgo, se refiere al número de cargos que es factible crear con estos U$S 8:000.000, que sería el ingreso tributario adicional. Podemos pensar en que esto financia la cobertura adicional de alrededor de treinta mil niños. A nuestro juicio, es una estimación pequeña en relación con los objetivos de las escuelas de tiempo completo y a los niños de cuatro y cinco años que aún no tienen cobertura.

El segundo aspecto tiene que ver con el artículo 120, relativo al aumento en las retribuciones personales. En este punto, fundamentalmente, tenemos dos preocupaciones. Una de ellas es que, si bien el artículo tiene una redacción que alude a montos globales -con lo que la ANEP tendría la facultad de establecer la distribución- , los transcendidos de prensa indican un aumento de $ 500 por cada funcionario docente. Si existieran compromisos políticos para que el destino de esta partida del orden de los U$S 17:700.000 para el primer año, y de casi U$S 24:000.000 para los subsiguientes, se mantuviera, es decir, para que fuera fija, habría que asumir un efecto perverso en la estructura escalafonaria de la ANEP.

Se debatió extensamente este tema con los titulares del CODICEN, e incluso se compartió en el Mensaje de éste a través de una partida para el año 2002 de $ 200:000.000. Sin embargo, esto no se recogió en el Mensaje del Poder Ejecutivo. Esto tiene que ver con un aspecto fundamental, que es la profesionalidad del docente. Si se continúa con los paliativos de urgencia, es decir, subir los salarios más deprimidos, puede hacer perder de vista la perspectiva del horizonte de ser profesional de la educación.

Hoy se paga considerablemente menos la hora docente de quien dedica su vida a la escuela o liceo públicos, trabajando 40 horas, que la de aquel que tiene medio tiempo -por ejemplo, en una escuela de 20 horas- porque las segundas 20 –en una escuela de tiempo completo, en un jardín asistencial, en una dirección de escuela o en una inspección- tienen un plus que es considerablemente inferior a las primeras 20. Esto significa que el mejor cálculo salarial económico es trabajar lo menos posible en la escuela pública, y el resto en una actividad complementaria, que puede ser privada o, incluso, fuera del sistema educativo.

Igual relación perversa se da entre los cargos jerárquicos y los maestros de aula. El efecto de las partidas fijas por cantidad de hora, ha hecho que los cargos jerárquicos no tengan incentivo.

La permanencia en el sistema, es decir la antigüedad, también tiene un adicional muy inferior a lo que históricamente tenía el Consejo de Educación Primaria, que era del orden del 8% cada cuatro años. El efecto acumulado es el siguiente. El complemento inferior al salario básico en lo que hace a antigüedad, dedicación horaria, especialización y responsabilidad jerárquica, pueden transformar a la pirámide, al sistema escalafonario de Educación Primaria, en expulsor del personal más dedicado, calificado y con mayor experiencia docente.

Queremos alertar con énfasis a los señores Senadores sobre este hecho, porque es un aspecto técnico de la escuela pública uruguaya y del resto del sistema de ANEP, que es compartido por las autoridades de esa Administración. Es posible que hoy lo urgente haya dejado de lado lo importante, es decir, consolidar la profesión docente, a fin de que quien se dedique a la educación tenga su vida y sus intereses, pero también su medio de vida en esta actividad.

Obviamente, la asignación definitiva de estas partidas en la redacción actual tendría posibilidad de ser discutida en el ámbito del CODICEN, y es uno de los puntos que nosotros creemos oportuno que se mantenga en la actual redacción que tiene el artículo 120.

El segundo aspecto que queríamos comentar es la exclusión del personal no docente del destino de esta partida adicional, para lo cual, si la Subcomisión lo permite, cederíamos el uso de la palabra al Presidente de la Asociación de Funcionarios No Docentes, quien podrá hacer los fundamentos correspondientes.

SEÑOR PEREIRA.- Estoy aquí como miembro del Secretariado de la Federación de Magisterio y Presidente de AFUPRIM.

A través de tres breves comentarios vamos a intentar dar una idea de la importancia del sector en el sistema educativo de primaria. La primera de ellas apunta a desmistificar que el sector no docente es el sector burocrático de la Enseñanza. En verdad, sólo el 13% de los 4.000 funcionarios de Enseñanza Primaria trabajan en tareas administrativas, distribuidos en 26 inspecciones departamentales en todo el país y en todo lo que es el andamiaje administrativo de lo que se conoce como Edificio Varela. Asimismo, un pequeño porcentaje, que no alcanza al 2 %, es personal técnico altamente calificado y, el resto de los funcionarios, cumplen funciones vinculadas a los centros educativos como ser limpieza de los locales, cocinar para miles de niños y ser ayudante de maestros en preescolares o en educación especial. Concretamente, para 2.400 locales hay alrededor de 3.500 funcionarios, es decir, algo menos de funcionario y medio por local escolar, muchos de los cuales albergan a más de 800 niños. Decimos esto al pasar porque es algo que la escuela pública lo ha tenido que solucionar de alguna manera, algunas veces, de la peor manera, es decir, con contratos en "negro" a partir de las Comisiones de Fomento, o con contratos honorarios modificando el trabajo por la comida en el comedor escolar de la escuela, lo que ocurre fundamentalmente en el interior -esto ya fue expresado en la Comisión de Cultura de la Cámara de Representantes- e insistimos en que sigue ocurriendo. Esta cifra supera tal vez a 1.500 trabajadores que no tienen salario, que lo tienen en "negro" o que declaran retribuciones que están por debajo de lo que cobran. En este punto hay una variedad muy importante.

¿Cuál es el salario de ese 86 % de funcionarios que actualmente trabajan en las escuelas? Todos ocupan cargos que están entre el Grado 1.1 –que es el más bajo- y el 1.6. La diferencia salarial entre esos cargos, es decir del 1.1 al 1.6, no supera los $ 350 y el Grado 1.1 percibe $ 2.400. Se trata de cinco horas y media o seis horas y media de labor, dependiendo de si la carga horaria es de 30 ó 40 horas semanales. Desde nuestro punto de vista estos funcionarios cumplen una fundamental tarea de apoyo imprescindible para la tarea docente de la escuela, razón por la cual creemos que es muy importante incorporar este sector a los aumentos previstos. Además, esto hace al trabajo cotidiano de maestros y funcionarios en un mismo centro educativo, en las mismas horas, atendiendo los mismos niños y por ello, a nuestro entender, es fundamental.

Por lo tanto, se trataría de dos menciones. Una de ellas apunta a la importancia que tiene el sector en el funcionamiento diario de la escuela pública y, la segunda, está dirigida a una lógica de justicia porque se trata de salarios que son efectivamente muy bajos. Además, su peso en el conjunto de la globalidad del sector no es tal. Muchas veces hemos sentido manifestar –seguramente sin estudiar los números- que la incidencia del sector no docente sobre el conjunto del Rubro 0 era muy fuerte, cuando en realidad, cada un peso que se gasta en salarios no docentes, se gastan siete pesos en salarios docentes. O sea que el impacto global es muy pequeño.

SEÑOR MICHELINI.- Sobre este artículo 120 quisiera plantear una pregunta. ¿Cuánto aumento porcentual significaría si tomáramos sólo a los docentes y cuánto si también tuviéramos en cuenta a los no docentes?

SEÑOR FLORIT.- Si se aplicara en función del salario, el monto global sería el 4.27% respecto al total del Grupo 0, pero si tomáramos como referencia una partida fija que fuera proporcional al grado más bajo de cada uno de los escalafones, es decir si se tomara como criterio distribuir estos U$S 24:000.000 que están previstos a partir del año 2002, en un porcentaje similar al grado docente y no docente más bajos, sería del 12 % ó el 13 %. Esto implicaría, en ese caso, $ 440 ó $ 450 para el docente y $ 300 para el no docente. La distribución, o los trascendidos de prensa que refieren solamente a los docentes los $500, hace que el porcentaje trepe levemente el 15 % de aumento y, obviamente el 0 %, con el texto actual, para el sector no docente.

SEÑOR RUBIO.- Esto significa que si se mantiene el texto actual –que creo que es lo que ustedes están planteando, para que no se rompa o distorsione toda la estructura escalafonaria- estaríamos hablando de U$S 2:000.000 para extenderlo al sector no docente. Se trataría de una décima parte, o un poco más, un 12 %, de la cifra global que está asignada, por lo menos para el año 2001, en este incremento. ¿Es así o no lo comprendí?

SEÑOR FLORIT.- Quizás fui muy confuso al responder. Lo que planteé fue que el monto previsto es de un incremento global del Grupo 0, del orden del 5 %, 4.27 % el primer año y 5.65 % los restantes, según que el destino fuera para docentes o no docentes. Obviamente, si esto se hiciera respetando la estructura escalafonaria actual con destino a docentes y no docentes, ese 5 % implica en montos reales diferencias acordes a las actuales. Por supuesto que es un porcentaje de aumento.

Por otro lado, si se tomara como criterio una partida fija -a los efectos de retomar lo que ha trascendido en la prensa- sólo para los docentes, son por supuesto esos $ 500 a partir del año 2002, lo que implica algo así como un 15 % de aumento para el primer grado de maestro. Para extenderlo al sector no docente se requiere un monto adicional del orden de un séptimo de la partida actual.

SEÑOR RUBIO.- No sé si entendí bien, pero creo que lo que se requiere es un séptimo de la partida actual en la hipótesis de que se haga con el criterio de $ 500, como en el caso que se comentaba para los docentes; es decir, no como porcentaje de lo que se gana en una estructura escalafonaria, sino como partida fija e igual para todo el mundo. O sea que el impacto económico del incremento que se necesita para extenderlo al sector no docente es distinto según se tome un criterio u otro.

SEÑOR FLORIT.- Sí, señor Senador. Cuando hablamos de alrededor de un séptimo del total, estamos tomando como referencia un porcentaje similar del salario básico en el orden docente y en el no docente.

SEÑORA POU.- Una de las preguntas que pensaba plantear ya la formuló el señor Senador Rubio. De todas maneras, hay alguna otra interrogante para hacer.

Confieso que no he leído a fondo la comparación de las versiones anteriores del Presupuesto, no obstante lo cual tengo una preocupación con respecto a los funcionarios no docentes. Todos sabemos que las escuelas funcionan igual que cualquier otra institución, como por ejemplo aquí el Palacio Legislativo. Hay funcionarios que se encargan de la parte administrativa, y en el caso de las escuelas se trata de funcionarios no docentes, digamos, multiuso. Lo digo de manera respetuosa, porque todos los que conocemos las escuelas sabemos que es así. Esto nos preocupa porque, aparentemente, en la Cámara de Representantes –y me gustaría que me lo confirmara el señor Florit- se había destinado una partida para funcionarios no docentes, en dos aspectos. Uno de ellos refería a la regularización de los ya existentes. Como muy bien dijo el Presidente de la Federación Uruguaya de Magisterio, es increíble que desde el Estado mantengamos funcionarios trabajando en "negro", es decir, sin hacer los aportes correspondientes. Sostengo, por otra parte, que esa es un área de la educación pública que está privatizada, porque en muchas escuelas sabemos que son los vecinos, los padres –muchas veces, a través de la venta de tortas fritas- quienes aportan.

Además, sabemos que había una iniciativa, que creo quedó descartada –tampoco es solución que no exista ninguna- exigiendo a estos funcionarios que se constituyeran en una empresa unipersonal. Quien conoce el país y sabe quiénes son esos funcionarios –fundamentalmente, son mujeres- que cocinan, limpian la escuela y ayudan a los maestros -sobre todo cuando la relación entre docente y alumno es desproporcionada- no puede ignorar que no está al alcance de la mano abonar $ 700 para constituirse en una empresa unipersonal, a los efectos de luego ver si termina o no siendo contratada.

Nos preocupa, también porque si se insistiera en esto que ya se había negociado en la Cámara de Representantes en cuanto a una partida para los funcionarios no docentes, nos gustaría saber si se comparte la opinión de incluir, como un concepto adicional, que se priorizara a los funcionarios ya existentes, aunque estén trabajando en "negro". Digo esto porque no sea cosa que la vecina que hace ocho años que está trabajando por $ 500, cuando encontramos otra partida, aparece otro vecino. Me estoy refiriendo a una suerte de reconocimiento de derechos informales, si se me permite acuñar el término.

En fin, quisiera saber cuál es la lectura, en qué quedó en este Mensaje Complementario –que he confesado no haber leído en profundidad- esa partida para funcionarios no docentes.

SEÑOR PEREIRA.- El sindicato que presido desde hace ocho años siempre estuvo de acuerdo con que el personal contratado por Comisiones de Fomento, ya sea en "negro", en planilla declarado medio y medio o con la más absoluta legalidad, debían ser la prioridad de contratación del organismo. Jamás pensé que me iba a encontrar con casos como los de Artigas, en donde hay una persona que hace más de veinte años está contratada en "negro". Sabía de casos de ocho años en Canelones, en Paysandú y también en Artigas, pero no conocía ninguno de esas características.

Confieso que tampoco conocía, al menos hasta este año, contratos honorarios, es decir, sin ninguna paga. También esto lo descubrí en el departamento de Artigas.

Con relación a la segunda parte de la pregunta, debo decir que el Mensaje del CODICEN contemplaba un aumento salarial para docentes y no docentes, mientras que el del Poder Ejecutivo preveía un plus de aumento sobre el incremento general, sólo para los docentes.

Bien, decimos, en primer lugar, como concepto de la Federación Uruguaya de Magisterio, que integramos desde siempre, que tendría que haber una correspondencia salarial entre docentes y no docentes. Nadie está planteando aquí que un docente gane lo mismo que cuando ingresa un funcionario, sino que cuando un docente ingresa gana lo mismo que un no docente que tiene el quinto grado. Es decir, ascendió cinco veces, porque del 1.1 pasó al 1.5. Lo hemos planteado así desde siempre: de alguna manera, adaptar los salarios de la gente que trabaja en el mismo local, que cumple una misma función, aunque algunos son profesionales maestros o profesores, y otros realizan una tarea de andamiaje de la escuela pública.

La otra partida era para reestructura administrativa, que es algo elemental en el organismo. Si uno piensa que el 80 % de los funcionarios no docentes está en los grados más bajos, es obvio que las jerarquías tienen un vacío muy importante. Entonces, no se distingue demasiado la diferencia que hay entre los Grados 2, 3 y 4, porque todos son jefes de sector. Nadie entiende por qué hay tres grados en esa carrera administrativa. Lo mismo ocurre con los Grados 5 y 6, 7 y 8 y hasta llegar a Director de División.

Por lo tanto, lo que se intentaba con esa partida era reestructurar. En esa reestructura había un acuerdo del año 1993 con el CODICEN de aquel entonces, presidido por Gabito Zóboli, que consistía en disminuir la cantidad de cargos y, por lo tanto, hacer una pirámide administrativa lo suficientemente ágil como para que el funcionamiento de la escuela pública sea mejor desde este punto de vista.

SEÑOR MICHELINI.- De acuerdo con lo que hemos escuchado, si tomáramos esta partida incluida en el artículo 120 del Mensaje Complementario, a docentes y no docentes les correspondería aproximadamente un 5 % de aumento. Si se tomara como partida fija, entonces, serían algo más de $ 400 para los docentes y poco más de $ 300 para los no docentes. Esto significa que si sólo se tomara para docentes y en forma proporcional, no en función de la partida fija –que tiene otra serie de inconvenientes- estaríamos hablando de que algunos maestros, concretamente, los de más bajo nivel, recibirían algo así como $ 200 de aumento.

SEÑOR FLORIT.- Así es, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más oradores anotados, agradecemos la presencia de nuestros visitantes y les damos la seguridad de que todo lo manifestado en Sala llegará a todos los integrantes de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda.

SEÑOR PEREIRA.- Voy a ser absolutamente breve. Cuando decimos que hay posibilidades de solucionar este tema es porque nos referimos a que hay más de 1.200 vacantes no docentes en el organismo, el 75 % de las cuales pertenece al escalafón auxiliar.

Por otra parte, está expresamente autorizada la ANEP a contratar auxiliares de servicio. Queremos dejar en claro esto, porque habíamos olvidado mencionarlo antes.

SEÑOR FLORIT.- Junto al agradecimiento por habernos recibido, queremos hacer la solicitud concreta de que el artículo 120 contemple expresamente en los destinatarios de las partidas, en la última oración, a retribuciones de los funcionarios docentes y no docentes de la Administración Nacional de Educación Pública. Esto en primer lugar.

En segundo término, señalamos que la forma en que finalmente se distribuya este aumento, en caso de que la opción sea una partida fija entre docentes y no docentes, va a postergar en el tiempo –esperemos que por el menor lapso posible; estamos pensando en las próximas Rendiciones de Cuentas- ese tema importante que la urgencia no permitió atender, que es construir un escalafón docente que dignifique la profesión de maestro y de profesor.

Muchas gracias.

(Se retiran de Sala representantes de la Federación Uruguaya de Magisterio y trabajadores de Educación Primaria)

(Ingresa a Sala la delegación de funcionarios de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes)

SEÑOR PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a los funcionarios de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa y les cedemos el uso de la palabra.

SEÑORA ARACE.- Muchas gracias por recibirnos. Nuevamente traemos al Parlamento el planteo de los dos problemas graves que tenemos en nuestra institución.

En primer lugar, el tema de la afiliación ante el Banco de Previsión Social y la Caja Civil, que es una problemática que surgió a partir de la última Ley de Presupuesto, donde la institución fue convertida en persona pública no estatal y el artículo que protegía los derechos de los funcionarios y la afiliación civil fue derogado, por lo que quedamos cautivos de esta situación.

Nuevamente planteamos una solución a este problema y para ello un proyecto de artículo. Este ha sido un acto de profunda injusticia con las personas que durante cuarenta años han estado trabajando en la Institución, han hecho sus aportes a la Caja Civil y, a su vez, se han desempeñado en la actividad privada, aportando a la Caja de Industria y Comercio. En la actualidad, a raíz de la desprotección en la que las dejó la ley, estas personas están perdiendo el derecho a una de las jubilaciones, cosa que se dice muy rápida y fácilmente, pero que significa un grave perjuicio económico.

Este tema ya lo hemos hablado en varias oportunidades a nivel de Comisiones y de parlamentarios en forma individual, y siempre se nos ha dicho que nos asiste razón y que el problema ha sido una equivocación involuntaria. Sin embargo, estamos muy preocupados porque en todo el tratamiento de la presente Ley de Presupuesto no hemos encontrado ningún artículo donde se mencione una solución a nuestra situación.

SEÑOR ZABALA.- Queremos aclarar que hemos estado trabajando sobre este artículo con el Ministerio de Salud Pública, cuyos representantes nos expresaron que no tienen inconveniente en llevarlo adelante. Asimismo, lo hemos tratado con los integrantes del Banco de Previsión Social, quienes tampoco hacen objeciones. Por lo tanto, lo único que falta es que lo apruebe el Poder Legislativo.

Si bien en todas las entrevistas que mantuvimos con los señores Legisladores se nos ha dicho que ha sido un error involuntario y que nunca hubo intención de perjudicarnos, en los hechos, hace más de cinco años que estamos desprotegidos y, lamentablemente, al día de hoy no vemos una clara intención de solucionarlo.

SEÑORA RODRIGUEZ.- Otro problema que tenemos tiene que ver con el desfinanciamiento de la institución desde 1996. Desde marzo de este año hemos venido visitando a todos los parlamentarios informándoles del tema. Al respecto, el Sindicato trabajó durante un año con un abogado tributario a efectos de elaborar un proyecto de financiación, porque hace tres años que el Ministerio de Economía y Finanzas no da ni un subsidio. Este año lo plasmó en el Presupuesto en $ 17:000.000 a través del artículo 306 y el déficit previsto para este año era de $ 43:000.000. El año pasado el Ministerio de Economía y Finanzas nos dio $ 30:000.000 y como este año nos otorgó $17:000.000, solamente nos daría para cubrir un cuatrimestre. Por lo tanto, queremos dejar en claro que a partir del 1º de mayo del 2001 no tendremos más presupuesto y, en ese sentido, no seremos los responsables de dejar a los enfermos de tuberculosis y meningitis sin medicación y a toda la población sin vacunar. Reitero que desde el mes de marzo hemos venido alertando al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo.

Hemos visitado a las Comisiones de Salud y de Presupuesto de ambas Cámaras, donde hemos presentado este artículo; a su vez, lo llevamos a los Ministerios de Economía y Finanzas, de Salud Pública y de Trabajo y Seguridad Social.

Aclaro que no se trata de la creación de nuevos impuestos, sino de la utilización de unos que ya están creados pero que iban a Rentas Generales como, por ejemplo, el IMESI a la cerveza y a los cigarrillos. El primero no tiene destinatarios y por ello nosotros pedimos que el 10% de su recaudación se vuelque a la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa. Con respecto de la recaudación del IMESI a los cigarros, que está destinada a la Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer, solicitamos que el 4% se vuelque a nuestra institución. Sin embargo, nadie nos dio ninguna respuesta.

Como funcionarios, no nos queda más que hacer para solucionar el problema. Cabe recordar que somos 400 personas que pertenecemos a una institución única a nivel nacional y que este año ha sido premiada en México por la lucha contra la tuberculosis. Allí se atiende tanto a colegios privados como públicos, a nivel de campaña de meningitis, tuberculosis y vacunaciones.

No sabemos de donde salió la cifra de $ 17:819.269 ni lo saben los contadores de la institución. Esta Subcomisión va a recibir esta tarde a la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes y se lo podrán preguntar.

Queremos hacer saber a todos los Senadores cuál es la medida que se podría tomar frente a esta situación de desfinanciamiento.

SEÑOR SILVESTRE.- En el articulado también viene la creación del Fondo para la lucha del SIDA. En ese sentido, a nuestra institución se le atribuye la supervisión de la medicación y todo el tema de los controles de cargas virales.

Sabemos que en el día de ayer el señor Ministro de Salud Pública habló en esta Comisión de cómo se va a financiar el Fondo y qué va a hacer con el 1% de un impuesto que ya existe, lo que daría alrededor de $ 46:000.000. Ya se anunció que esto no va a ser suficiente para el año 2001, como consta en la versión taquigráfica de la sesión del día de ayer.

Recordemos que la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa tiene a su cargo las enfermedades prevalentes y por eso tenemos agregado el tema de la vacunación a nivel de todo el país y ahora, supuestamente, la medicación del SIDA. Por un lado, vemos que hay señales de que quieren fortalecer la institución dándole más tareas pero, por otro, contamos con pocos recursos para ello. Claramente hay una transferencia de parte de ASSE hacia esta Comisión Honoraria, que es una persona pública no estatal.

Esta va a ser la última oportunidad que tenemos de presentarnos en estas audiencias que se realizan en el tratamiento del Presupuesto, por eso queremos alertar a los señores Senadores de esta situación porque está en sus manos poder solucionarla.

El compañero Zabala habló de que hubo conversaciones en cuanto a la afiliación civil. Es cierto que el doctor Toma está hablando con Legisladores del Partido Colorado a los efectos de solucionar este problema. Por tanto, hay posibilidades de arreglarlo, hay voluntad manifestada del Ministerio de Salud Pública y no hay oposición por parte del BPS.

El tema presupuestal está claro. Esta partida es menos de la mitad de la asistencia financiera que nos dieron el año pasado. Entonces, no somos paranoicos cuando venimos a decir que esta partida no alcanza. Sé que se ha dicho ese término acá y luego se borró de actas. Acá no hay paranoia, sino que estamos ante una realidad. Si tenemos un déficit de 43:000.000 y nos dan 17:000.000, no vamos a poder funcionar y no va a ser nuestra responsabilidad.

SEÑOR MICHELINI.- Sé que la recaudación de la Comisión Honoraria ha disminuido notoriamente –de otro modo, no tendríamos este problema- por tanto, quisiera saber cuánto recauda por año, a cuánto asciende su presupuesto y cuánto más necesitaría. La última cifra de déficit que se indicó es de 43:000.000, pero prefiero que quede bien clara esta cantidad. Luego hablaré sobre la calidad de los funcionarios y demás.

SEÑORA RODRIGUEZ.- El presupuesto oficial que hizo la División Contable para el año 2000 es de $ 75:803.000 y no se incluyó la compra de microscopios, de heladeras, así como tampoco el arreglo de los centros periféricos que tenemos en todo el país. Se trata, entonces, de un presupuesto "de guerra", porque ya veníamos desfinanciados. La estimación de lo que se ha recaudado es de 32:708.000 y los carpetines muestran los ingresos de Impositiva, Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, Intendencias y dancing. Para este año se le pidió al Ministerio de Economía y Finanzas la suma de $ 43:095.000, pero dicha Cartera mandó en el Presupuesto $ 17:819.269, cifra a la que arribaron los contadores Caretti y Manfredi sin la consulta correspondiente a la Comisión Honoraria, quien se entera de ello a través del Presupuesto al igual que nosotros. Por ese motivo, nos llama poderosamente la atención esa cifra y no entendemos qué va a suceder, es decir, si van a reducir programas y cuáles van a ser. Incluso, el Ministerio de Salud Pública supuestamente tampoco estaba enterado de esta partida. En definitiva, solicitamos $ 43:095.000 para el año 2000 sin tener en cuenta la renovación tecnológica y sin ingreso de personal, y nos votan $ 17:819.269. Entonces, no sabemos qué vamos a hacer el año que viene hasta el próximo Presupuesto.

SEÑOR MICHELINI.- Habría que agotar el tema presupuestal antes de realizar otras preguntas.

SEÑOR NIN NOVOA.- Me quería referir, precisamente, al tema del personal. En este sentido tengo una duda –no soy abogado pero supongo que habrán hecho las consultas necesarias- porque, si bien el artículo 60 de la Constitución establece en uno de sus incisos "Establécese la carrera administrativa para los funcionarios presupuestados de la Administración Central, que se declaran inamovibles, sin perjuicio de lo que sobre el particular disponga la ley por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara", estos son inamovibles y sólo pueden ser destituidos – obviamente, esta no es una destitución- bajo las causales de omisión, ineptitud o delito. Entonces, ¿esta norma es legal, constitucional o, por su carácter podría haber ameritado un recurso de inconstitucionalidad? Me refiero al hecho de que en una ley se declare cesantes a una cantidad de funcionarios públicos que hasta ese día lo eran y el día en que entró en vigencia el Presupuesto anterior no lo fueron más. Entonces, quisiera saber si los funcionarios de la Comisión Honoraria transitaron ese camino e hicieron las averiguaciones correspondientes. Hago estas consultas porque no integraba la Cámara cuando se trató el Presupuesto anterior.

SEÑOR SILVESTRE.- En toda creación de personas públicas no estatales, como se ha hecho, hubo instancias de opción. Recuerdo que en otra Ley de Presupuesto, en el artículo 709 u otro a esa altura se hablaba de opciones, es decir que el funcionario podía optar. De hecho aquí pasamos sin posibilidad de opción. Quizás se podría haber establecido que se podía optar, por ejemplo, por una de las dos Cajas. Ahora claramente estamos peleando por el tema de la Caja Civil cuando, incluso, es hasta más barato para el Estado mantenernos allí porque no tiene aportes patronales, etcétera. En definitiva, no se nos dio ninguna opción, por más que se dijo que se había realizado una solicitud por parte de los funcionarios de la Comisión Honoraria de pasar a persona pública no estatal. Además, los dos artículos que establecían el pasaje a persona pública no estatal y el mantenimiento de los mismos derechos en la Caja Civil, iban casados. Ahora elaboramos uno que es mucho más claro porque refiere a que los que entraron después de tal fecha claramente pertenecen a Industria y Comercio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, ¿cuál es la respuesta en cuanto a si recorrieron el camino de la constitucionalidad de la norma o no?

SEÑOR SILVESTRE.- No, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más Senadores anotados para realizar consultas, sólo resta agradecer la presencia de los funcionarios de la Comisión Honoraria. La Presidencia quiere agregar que todo lo manifestado en Sala estará, a través de la versión taquigráfica, en posesión de todos los señores Senadores.

(Se retira de Sala la delegación de funcionarios de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes)

(Ingresa a Sala una delegación de la Federación de Funcionarios de Salud Pública)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado da la bienvenida a la delegación de la Federación de funcionarios de Salud Pública y les da la palabra.

SEÑOR BATALLA.- Damos las gracias por habernos recibido y, sin más, queremos plantear a esta Comisión de Audiencias del Senado nuestra discrepancia con algunos artículos del Inciso 12, Ministerio de Salud Pública, que no fueron tenidas en cuenta en la Cámara de Representantes. Me quiero referir específicamente al artículo 245 que otorga facultades -para nosotros extremas- al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud Pública, para realizar una reestructura organizativa. Esta Cartera todavía no tiene absolutamente nada previsto en cuanto a cómo va a ser ese cambio administrativo y esa recategorización de hospitales, así como tampoco quiénes serán sus verdaderos usuarios, cuáles serán los reales niveles de atención y cuál va a ser, en este sentido, el compromiso en cada uno de esos niveles. Además, prevé la eliminación de hospitales, de servicios, de cargos y de funciones. Por lo tanto, también crea la posibilidad de una pérdida de fuentes de trabajo, sin que haya nada estudiado o analizado. Nosotros creemos que el Parlamento Nacional es el que debiera tener esa facultad de análisis, para que luego se tenga la posibilidad de llevar adelante, tanto las reestructuras organizativas como las escalafonarias.

Por otra parte, esto se agrava con la creación de cargos de alto gerenciamiento, de alta especialización, cuyos costos no están identificados ni calculados. Tenemos experiencia de que, sin ley mediante, en nuestros hospitales se están creando cargos de Gerente. Por ejemplo, en el Hospital de Paysandú se crearon 11 cargos de Gerente. Inclusive, el Gerente de Mantenimiento es un médico. En Salto, sucede lo mismo. En consecuencia, esto significa que podríamos poner como Gerente del hospital público a un electricista o a alguien de mantenimiento.

Por lo expuesto, rechazamos este artículo y, en caso de no ser así, debería modificarse a fin de que sea el Parlamento Nacional quien fiscalice el procesamiento del mismo.

Esta disposición viene de la mano del artículo 246. La Cámara de Representantes dispuso que fueran, en un primer momento, solamente 6 los hospitales gestionados por la actividad privada. A nosotros nos resulta totalmente improcedente que el Ministerio de Salud Pública establezca su autodescalificación para administrar nuestros hospitales y para mejorar la calidad del hospital público, transfiriendo esto a la gestión privada, a no ser que al establecer estos artículos exista la intencionalidad de mejorar los déficits de la actividad privada, así como la explotación que hace de nuestros hospitales, en muchos departamentos del interior, el subsector privado. Dicho subsector no cumple con los compromisos que tiene establecidos por cobro de cuotas –llámese BPS, jubilados, DISSE o afiliados directos que cuando no tienen recursos económicos para pagar el ticket recurren a Salud Pública- y no hemos visto que haya una iniciativa para corregir esto. Además, en Paso de los Toros, por ejemplo, COMTA explota nuestros hospitales; en Flores, el hospital fue explotado permanentemente por el mutualismo y hoy tiene un excelente sanatorio; en Bella Unión, GREMERA tiene instalado dentro del hospital su sanatorio. Si esa es la finalidad, también discrepamos totalmente, porque esto conlleva a la desaparición del hospital público relacionado con el objetivo y finalidad social que debe cumplir hacia los verdaderos usuarios de Salud Pública.

Por todo esto, estamos totalmente en desacuerdo con el artículo 248, sobre todo porque priva a los trabajadores de un derecho –único beneficio que tenemos los trabajadores- y porque, sin lugar a dudas, es inconstitucional, en virtud de la modificación que sufriera la Constitución de la República en 1994. La misma establece que no podrá haber modificaciones de la Seguridad Social, de los Seguros Sociales o de la Previsión Social por leyes presupuestales o de Rendición de Cuentas. Nuestro Ministerio fue muy celoso del artículo 289 al decir que éste era inconstitucional, y por eso sacó adelante el artículo 193 de 2000. Por eso, nos llama la atención que haya interpuesto un artículo de estas características, que establece quita de derechos a los funcionarios, sin mirar la inconstitucionalidad del mismo. Como nosotros no sabemos cuál va a ser el resultado de este artículo 248 –relativo a la Ley de Asistencia Integral- luego de la aprobación de este Presupuesto, igualmente establecemos algunos acuerdos a los que hemos llegado con el Ministerio de Salud Pública, donde se establecen modificaciones al articulado venido de la Cámara de Representantes. Así, se recupera la asistencia integral para los padres de los funcionarios que carezcan de recursos suficientes, al igual que la de los hijos hasta los 25 años, cuando sean dependientes de los padres y estudien en instituciones públicas. También se recupera la garantía del derecho asistencial a los que tengan cobertura de otra naturaleza, ya sea por la vía personal o de beneficio. Se trata de que la asistencia integral les dé la garantía de que tendrán cobertura por un lado o por otro. Decimos esto porque, si se corta taxativamente, como está previsto en el proyecto de Ley de Presupuesto aprobado en la Cámara de Representantes, estaríamos quitándole el derecho a un sector de funcionarios públicos que es el más sumergido de la Administración Central, que perdería la posibilidad de recibir una cobertura asistencial adecuada.

También reclamamos que se modifique el artículo 249, ya que tal como está en el proyecto de Ley de Presupuesto de la Cámara de Representantes, prevé una rebaja salarial para los funcionarios que trabajan en salas, block quirúrgicos y emergencias, puesto que dicho beneficio o compensación se cobraría en virtud del cupo existente, sin establecerse que el Ministerio de Salud Pública tiene la responsabilidad de exigir al Ministerio de Economía y Finanzas los recursos necesarios para cumplir con lo que establece la Ley, a fin de proveer a los compañeros del cobro de esta compensación o beneficio.

A su vez, de lo que decía el proyecto de Ley de Presupuesto de la Cámara de Representantes y que no fuera tenido en cuenta en el Mensaje Complementario, rescatamos el artículo 270, que habla de los proventos, de los recursos de libre disponibilidad, que era una de las pocas vías que se habían conseguido para que los funcionarios percibieran, aunque más no fuera, un mínimo aumento en sus salarios. Nosotros hicimos una modificación -que incluimos dentro de los documentos que entregamos a esta Comisión- solicitando que se tenga en cuenta el 35% de dicho provento a fin de que sea incluido en la productividad, que ya es ley, del salario de los funcionarios de Salud Pública.

Volvemos a insistir en el sentido de que se nos incorpore al artículo 12, donde ya están incluidos los compañeros docentes, policiales y militares, a efectos de tener la posibilidad de obtener un aumento salarial, aunque no sea inmediato. Asimismo, incluimos algunos aditivos que pasan, por ejemplo, por solicitar regularizaciones de funcionarios que permanecen en situación irregular. En la Cámara de Representantes se trató el caso de los compañeros contratados por el artículo 410, con más de un año de antigüedad, pero por el camino se dejó a los compañeros suplentes, que en número de 1.050, son suplentes fijos. Si bien la ley no los identifica como tales, en los hechos son suplentes que cubren una necesidad. Lo mismo sucede con los compañeros de la Unidad Materno Infantil de Paysandú, único hospital que tiene un convenio con el Banco de Previsión Social para todo el Programa Materno Infantil. Sin embargo, este Organismo no los reconoce, porque no tienen derecho a Seguridad Social. Pretendemos que se regularice esa crítica situación.

Asimismo, solicitamos que se regularice el tema de la Comisión de Apoyo, asunto en el que, mediante decreto, se comete una irregularidad. Sobre todo en el interior del país hay una cantidad de compañeros que no están amparados al derecho de la Seguridad Social, cosa que no ha sido evaluada ni tenida en cuenta por nuestro Ministerio de Salud Pública. Pretendemos que esta ley de presupuesto, por lo menos, inicie la regularización de esta situación. Asimismo, las cuidadoras de ancianos, de pacientes psiquiátricos y de niños, si bien han equiparado en forma irregular su salario, su dependencia y su seguridad laboral es muy manejable por parte de los responsables de cada uno de los establecimientos. Para toda esta situación, en nuestro documento hemos planteado que no hay necesidad de una nueva salida de caja del Ministerio de Economía y Finanzas, sino que lo único que debe hacerse es la transferencia de estos recursos a los rubros presupuestales –Rubro 0- para que se continúe cobrando de la misma manera y se procese la regularización.

Debemos manifestar aquí –de lo contrario no estaríamos cumpliendo con los principios fundamentales de todo trabajador- que los promotores que están en la calle tratando de vender algún servicio o seguro de salud, no lo hacen por divertimento ni por cometer un delito, sino por la necesidad de comer, al igual que los empleados de las AFAPs. Nos parece excesivo que el Ministerio de Salud Pública, en lugar de corregir las irregularidades que existen en nuestros hospitales por la explotación que se hace de los mismos por parte de algunos grupos del subsector privado y otros de poder, ataque primero a los más débiles, sin proceder de la misma forma con aquellos que realmente se llevan tremendas tajadas de nuestros servicios asistenciales.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de los delegados de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y tengan la seguridad de que la versión taquigráfica de lo expresado aquí será entregada a todos los señores Senadores.

(Se retiran de Sala los delegados de la Federación de Funcionarios de Salud Pública)

(Ingresan a Sala los representantes de la Dirección General de Casinos)

SEÑOR PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a la delegación de funcionarios de la Dirección General de Casinos y les damos la palabra.

SEÑORA TUCCI.- Somos una delegación que representa la totalidad de becarios y pasantes de la Dirección General de Casinos, que nos encontramos asignados en las diversas dependencias que el organismo posee en 16 departamentos.

Una de mis compañeras va a exponer los motivos que nos traen aquí y, luego responderemos las preguntas que los señores Senadores entiendan pertinentes.

SEÑORA GALLOTTI.- Soy pasante de la Dirección General de Casinos y a continuación voy a exponer nuestra propuesta y los motivos por los cuales nos encontramos aquí.

La inquietud que hoy venimos a plantear es con respecto al régimen de becas y pasantías que incorporó el proyecto de ley de Presupuesto Nacional.

La Dirección General de Casinos cumple una actividad comercial que consiste en la explotación de los juegos de azar. Para ello –y especialmente en los últimos años- ha desarrollado una gestión de tipo empresarial que ha permitido lograr un incremento en la utilidad bruta de un 52% en 1999, respecto de 1996. Ese crecimiento se logró con la simultánea disminución del personal total del organismo, que era de 1.536 funcionarios en 1996 y hoy es de 1.110, en 33 salas de juego, frente a 26 que existían en 1996. Esto demuestra, además del éxito de la planificación y ejecución de la gestión, un notorio rendimiento del personal, que pese a haber disminuido en un tercio, puede atender más salas de juego y lograr un incremento extraordinario en su utilidad.

Por otra parte, el cometido de explotación directa de juegos de azar de Casinos, que está dirigida especialmente al turista, requiere la prestación de un servicio de la más alta calidad, por lo que el personal, en cualquiera de los ámbitos del Organismo, debe desarrollar sus tareas y debe poseer, para ello, una capacitación especial para el cometido asignado. Existen infinidad de actividades para cuyo desempeño podemos prepararnos por medio de cursos de todo tipo y nivel, pero para la actividad sustancial que se desarrolla en la Dirección General de Casinos no es posible adquirir esos conocimientos y esa práctica si no es trabajando en el propio Organismo. Es por eso que, promedialmente, para cumplir en forma eficiente las tareas asignadas, existe un mínimo de tres meses de capacitación y dos meses de trabajos prácticos para estar en condiciones de rendir de acuerdo con las exigencias del servicio.

El personal de la Dirección General de Casinos, como decíamos, estaba compuesto por 1.536 funcionarios en el año 1996 y ahora sólo cuenta con 1.110, incluyendo a becarios y pasantes. Esta reducción de personal fue consecuencia de la adhesión, por parte de varios funcionarios, al régimen de incentivos voluntarios previstos en la Ley Nº 16.736, del 6 de enero de 1996. A raíz de esto, becarios y pasantes desempeñan, en gran medida, funciones que aquellos realizaban, asumiendo mayores responsabilidades. Los primeros son estudiantes de diversas disciplinas y, los segundos, egresados de las Facultades de Derecho, Ciencias Económicas y Veterinaria.

Consideramos que las disposiciones que hoy se encuentran a estudio del Parlamento y que pretenden regular el régimen de becas y pasantías no pueden ser aplicadas a los becarios y pasantes de la Dirección General de Casinos por los fundamentos que daremos a continuación.

En principio, nuestro Organismo no está incluido en el Presupuesto Nacional pues, por la naturaleza comercial de su actividad, desde el año 1970 posee un presupuesto propio, con vigencia anual, que es aprobado por el Poder Ejecutivo. Por otro lado, no se reconoce la diferencia entre becarios y pasantes. Además, prevé una rotación de los becarios y pasantes que sería absolutamente perjudicial para el cumplimiento de las actividades de la Dirección General de Casinos pues, como lo dijéramos anteriormente, requieren un mínimo de cinco meses para estar en condiciones de cumplir eficazmente las tareas que anteriormente mencionamos. Al respecto, el 80% de la actividad de los becarios de la Dirección General de Casinos es de carácter sustancial y técnico, pudiendo citarse a vía de ejemplo las tareas de fiscalización en las salas de juego, que requieren una capacitación específica en la operativa de cada uno de los juegos explotados y, especialmente, en todos los aspectos que puedan constituir irregularidades y que afectan la transparencia del juego. Por otra parte, las tareas especializadas en las mesas de juegos tradicionales se refieren a la operativa, y son atendidas por los operadores de juego. En contraposición de los anteriores, existe personal que es el que opera el juego, es decir, mueve las cartas, el cilindro de la ruleta y maneja fichas. Asimismo, los técnicos de las máquinas de azar, con preparación especial para la reparación de las máquinas tragamonedas de última generación, poseen conocimientos que necesitan profundizar constantemente por la innovación tecnológica. Además, contamos con operadores en los circuitos cerrados de televisión, que constituyen la base del sistema de control vigente en las salas de juego. Este personal requiere, además, del difícil conocimiento de toda la operativa del juego, el dominio de los equipos de grabación, seguimiento y comunicación que integran el sistema.

Este Organismo también cuenta con cajeros de sala y para desempeñar ese rol los becarios depositan la suma de U$S 500 como garantía ante eventuales faltantes, por cuanto no se trata de funcionarios públicos.

Por lo anteriormente expuesto, es notorio que el compromiso que asumen los becarios y pasantes en el desarrollo de sus funciones, hace posible que nuestro Organismo se transforme y se proyecte en este mundo de hoy, tan competitivo, en el cual estamos inmersos, y pueda lograr los objetivos y metas trazados. Los pasantes, a su vez, desempeñan las tareas propias de sus respectivas profesiones universitarias.

De lo que antecede, parece claro que el sistema de rotación fija y preestablecida que se plantea en el marco del Presupuesto Nacional, en lo sustancial, no se adecua a la realidad de la Dirección General de Casinos. Suponemos que tampoco a otros organismos pero, en lo que a la Dirección General de Casinos respecta, la aplicación de ese sistema de rotación proyectado, sería absolutamente perjudicial. Pensamos que una tasa alta de rotación fija y preestablecida entorpecerá el funcionamiento de nuestra organización, por cuanto apenas el becario o pasante ha adquirido sus conocimientos específicos para la función, culminaría el plazo de su vinculación y, luego de una eventual prórroga, nunca más podría ingresar a ese u otro lugar, en esa calidad. A su vez, constantemente se tendría que estar reclutando y capacitando personal nuevo para que, luego, tuviera igual destino, en una especie de círculo vicioso.

Si se pretendiera aplicar en la Dirección General de Casinos el régimen propuesto, determinaría que aquella reducción de personal, de 1.536 funcionarios en el año 1996 a 1.110 en el año 2000 -incluyendo a becarios y pasantes- se viera alterada porque se incrementaría sustancialmente la cantidad de personal a efectos de cubrir las deficiencias de la constante rotación propuesta. De esa forma se afectarían los resultados de la gestión del Organismo, se generaría un mayor gasto público y se disminuirían los montos que perciben los beneficiarios de las utilidades líquidas de la Dirección General de Casinos como, por ejemplo, los gobiernos departamentales, el INDA, el SODRE y, sobre todo, el Ministerio de Turismo.

El Organismo ha cambiado, y ello ha sido posible porque la totalidad de los funcionarios que se desempeñan en él, se han comprometido a desarrollar una actividad más responsable, eficaz y eficiente. Vale decir, no se puede progresar en un organismo deficitario, que presta un mal servicio, que no es competitivo y que, sobre todo, tiene una mala imagen. Para progresar debemos crecer junto con el Organismo y esa es la meta a la cual hoy estamos abocados. En la medida en que nuestro compromiso crezca con la Dirección General de Casinos, crecerá también el prestigio y mejorará el porcentaje de utilidades que perciben los beneficiarios anteriormente mencionados y que, precisamente, son organismos que están incluidos dentro del Presupuesto Nacional.

Por todo lo expuesto, solicitamos que se precise el alcance de las disposiciones que eventualmente se aprueben, limitándolas al lógico ámbito para el que son dictadas; es decir, para los órganos y organismos que quedan comprendidos dentro del Presupuesto Nacional. De esa forma, no se estarían regulando situaciones que, por ser especiales, merecen un tratamiento acorde a sus particularidades, las que nunca podrán ser eficazmente reguladas mediante disposiciones que, por su generalidad, no pueden atender a la casuística. Asimismo, no parece lógico afectar un sistema de funcionamiento que es eficaz y eficiente y que rinde al Estado los resultados que hemos comentado, los que surgen también de las revistas que hemos entregado a los señores Senadores.

SEÑOR NIN NOVOA.- Quizás las señoras funcionarias de la Dirección General de Casinos sepan que este artículo, que fue enviado por el Poder Ejecutivo, tuvo algunas modificaciones en la Cámara de Representantes. En todo caso, si es necesario, el señor representante Acosta y Lara que hoy está presente nos podría aclarar el punto.

Sin embargo, puedo decir que entre las modificaciones que se introdujeron al artículo 46, se estableció -en el último inciso- que la limitación en el plazo de contratación dispuesto en el artículo 412 no regirá para aquellos casos en los cuales el becario o el pasante se encuentren cumpliendo dicha función con anterioridad al 31 de diciembre de 1998. Cabe aclarar que el artículo 412 es el que establece definitivamente la extensión máxima de dos años para los becarios, cualquiera sea su índole. En virtud de que los involucrados en este artículo han presentado un texto en el que el régimen de becas y pasantías, según las disposiciones precedentes, se aplicará a las personas contratadas en esa calidad por los órganos y organismos comprendidos en el Presupuesto Nacional a partir del 1º de setiembre de 2000, la pregunta sería si tienen una estimación de los funcionarios que serían afectados al 31 de diciembre de 1998 y la diferencia con los que serían alcanzados por esta disposición el 1º de setiembre de 2000.

SEÑORA GALLOTTI.- En estos dos últimos años ha ingresado una cantidad que no estimamos sea muy relevante de becarios, mientras que la figura de los pasantes es una creación muy nueva, concretamente, de febrero de 2000. De todos modos, el problema al que apuntamos, básicamente, es a la modificación esencial que pretendemos lograr en cuanto a la distinción de nuestro Organismo, más allá de la capacitación. Justamente, con la expresión "órganos y organismos" que figura en el texto del Presupuesto Nacional, nosotros nos veríamos apartados del régimen general. Entonces, no nos afecta tanto el tiempo porque, por más que ha ingresado cierta cantidad de becarios y pasantes, ello no es tan determinante como la capacitación que tienen desde hace varios años. Como los señores Senadores podrán ver en las revistas, las utilidades brutas se han incrementado desde el año 1996 en adelante, o sea, a partir de que el Organismo, precisamente, tiene esa visión tan empresarial que lo distingue y, a diferencia de otros, lo ha hecho brillar.

SEÑOR NIN NOVOA.- Si se lograra establecer la diferencia que se plantea entre los organismos incluidos en el Presupuesto y los restantes, no resulta claro por qué han propuesto la fecha del 1º de setiembre.

SEÑORA GALLOTTI.- Si se me permite, quisiera aclarar que hemos consultado a las diferentes bancadas y, con una antelación de no más de una semana, se nos adelantó que podría existir la posibilidad de cambiar el plazo, en cuyo caso se había manejado que esto fuera a partir del 31 de agosto.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Agradeciendo la oportunidad de intervenir en este punto, quiero aclarar que intervinimos y fuimos uno de los miembros proponentes para la extensión del plazo original que establecía el artículo 416. El sentido de esa propuesta era que considerábamos -sin entrar en las particularidades del caso de la Dirección General de Casinos- que era injusto tomar una fecha, tal como se lo había hecho, en forma arbitraria, estableciendo el límite de junio del año 1998. Concretamente, pretendíamos la extensión del plazo, como una forma de establecer un tope desde el momento que había ingresado a la Cámara de Representantes el proyecto de ley de Presupuesto. Evidentemente, el tema de los pasantes y los becarios no tiene, en el Presupuesto, la reglamentación y la regulación a que aspiran los interesados, pero teníamos que establecer un tope final. Así fue que, a los efectos de no abarcar el plazo de dos años hacia atrás y no herir susceptibilidades, en tanto se trata nada más y nada menos que de becarios, algunos de los cuales tienen muchos años trabajando en un organismo a diferencia de otros, que ingresaron recientemente, y para tratar de medir a todos con una vara medianamente igualitaria, se propuso el 31 de agosto como fecha límite, que fue cuando ingresó el proyecto de ley de Presupuesto a la Cámara de Representantes.

Ese era el fundamento de nuestra propuesta aunque, lamentablemente, no fuimos acompañados en nuestra moción. Por lo tanto, esperamos que en el Senado se revierta esa situación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quisiera saber cuántos son, en total, los funcionarios becarios y pasantes.

SEÑORA GALLOTTI.- Concretamente, de los 1.110 funcionarios que mencionamos al principio, 900 serían funcionarios; los 210 restantes, becarios; y 4 pasantes en la actualidad.

SEÑORA TUCCI.- Hay que destacar, también, que dentro de las 33 salas que, en 16 departamentos, tiene la Dirección General de Casinos, algunas están funcionando desde hace aproximadamente un año y la mayoría lo hace con becarios, es decir, con dos o tres funcionarios y el resto, becarios. Por lo tanto, estamos hablando de salas que se tendrían que cerrar.

SEÑOR MICHELINI.- Según la documentación que nos ha traído la delegación, se pasó de 1.536 personas a 1.110, con una ampliación de salas; asimismo, se habla de 900 funcionarios y 200 becarios aproximadamente. Entonces, independientemente de cómo se resuelva esta situación, es decir, de si se separa o no, considero que en el caso de la Dirección General de Casinos el problema es que necesita ese personal. El sentido de becario o de pasante tiene que estar limitado en el tiempo; eso es obvio. Si, para que funcionen los casinos, se necesitan 1.110 personas y se cuenta con 200, independientemente de lo que aquí se plantea en cuanto a mantener personas como becarias, supongo que lo que no puede pasar es que dentro de diez años las personas mencionadas sigan de becarias. Se las necesita, o no.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se trataría de funcionarios provisorios para siempre.

SEÑOR MICHELINI.- Más allá de la defensa que aquí se ha hecho y de cómo se salga en estas circunstancias, cabe destacar que aquí existe un problema más profundo y que tiene que ver con la cantidad de funcionarios que necesita la Dirección General de Casinos –que será el número que se mencionó u otro muy cercano- y, en función de eso, habría que buscar la forma de regularizar esta situación.

SEÑORA GALLOTTI.- Lo que dice el señor Senador es muy importante, pero además quería agregar que aquí todavía no se ha mencionado que el proyecto de la Dirección General de Casinos es seguir extendiéndose, y existen alrededor de 6 u 8 proyectos que tienen que ver con seguir abriendo salas. Es decir que, si hoy por hoy contamos con un personal que no alcanza, imagínense los señores Senadores lo que sucederá en el futuro.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de la delegación de la Dirección General de Casinos.

(Se retira de Sala la delegación de la Dirección General de Casinos)

(Ingresa a Sala la delegación de la Asociación de Funcionarios de la Dirección General Impositiva)

SEÑOR PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a la delegación de la Asociación de Funcionarios de la Dirección General Impositiva y les cedemos la palabra.

SEÑORA GONZALEZ.- Por nuestra parte, vamos a dar lectura a un trabajo que realizamos, a los efectos de que sea más fácil trasladar nuestra situación.

Los funcionarios de la Dirección General Impositiva nos presentamos ante ustedes a efectos de hacerles conocer nuestra preocupación con respecto a las mermas que hemos sufrido en nuestros ingresos, y nuestras discrepancias con relación a las propuestas del Poder Ejecutivo para normalizar esta situación.

El 75% de nuestras remuneraciones -Fondo de Participación- están ligadas a la sumatoria del denominado rubro 0, entendiéndose como tal la sumatoria del total de remuneraciones que, por todo concepto, reciben los funcionarios. La fuente de financiación del Fondo de Participación es, hasta el día de hoy, un porcentaje -30%- de lo recaudado por todo concepto de impuesto en más, excepto las multas por defraudación. Por distintos motivos han decrecido en los últimos años, tanto el rubro 0 como el impuesto en más, lo que ha provocado una rebaja en nuestras remuneraciones.

Pretendiendo solucionar esta situación, el Poder Ejecutivo remite al Poder Legislativo, dentro del Mensaje Complementario, un texto que, de acuerdo a lo que sostiene la Dirección General de Rentas, sería el siguiente: "Deróguese la atribución de titularidad y disponibilidad de fondos públicos dispuesta por el inciso primero del artículo 234 de la Ley No.15.809, de 8 de abril de 1986, a favor del Programa ‘Recaudación de Impuestos’, a cargo de la unidad ejecutora 05, Dirección General Impositiva, del Inciso 05."

SEÑOR NIN NOVOA.- Quisiera saber si la señora González se está refiriendo a un artículo del Mensaje Complementario.

SEÑORA GONZALEZ.- Sí, señor Senador, creo que se trata del artículo 58.

Continúo leyendo el texto: "La Contaduría General de la Nación habilitará en el citado programa, con cargo a Rentas Generales y con la misma finalidad, un crédito anual sustitutivo de los fondos cuya titularidad y disponibilidad quedan derogadas por el inciso anterior, el que será equivalente al límite establecido en el artículo 147 de la Ley No. 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

En caso de insuficiencia del crédito del ejercicio 2000, para cubrir el límite dispuesto por el artículo 147 de la Ley No. 16.320, de 1º de noviembre de 1992, se regularizará con la habilitación de la partida correspondiente con cargo a Rentas Generales."

Nuestra gremial, que a lo largo de los últimos seis meses, no había conseguido un ámbito de negociación con el Poder Ejecutivo, el día 26 de octubre de 2000, después de varias movilizaciones, fue recibida por el señor Director General de la Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas, contador Rodolfo Caretti, con quien, luego de negociaciones, se llegó a una fórmula preliminar en los siguientes términos: "Sustitúyase el artículo 234 de la Ley No. 15.809, de 8 de abril de 1986 y modificativas, por el siguiente: ‘Créase un fondo de participación que se integrará con el porcentaje que surja de lo percibido por igual concepto’ –o sea, el Fondo de Participación- ’hasta el último mes conocido del año 2000 comparado con igual período de la recaudación, por todo concepto, de la unidad ejecutora 005, Dirección General Impositiva, del Programa 05, Recaudación de Impuestos’." A partir del 1º de enero de 2001 se distribuirá entre los funcionarios presupuestados y contratados que presten servicio en la Dirección General Impositiva, mensualmente a cada uno, el 100% respecto a su dotación presupuestal y el remanente sujeto a calificaciones".

Es de destacar que este acuerdo estaba sujeto a la aprobación del señor Ministro de Economía y Finanzas quien, de acuerdo a lo que se nos manifestó, rechazó el mismo. La propuesta del Poder Ejecutivo genera gastos extra al Estado debido a que transfiere la totalidad de la financiación del Fondo de Participación a Rentas Generales.

Por otra parte, la mencionada propuesta mantiene atada la distribución del Rubro 0, el cual sufrió una caída importante en el año 1998 que aún no ha podido ser recuperada.

De acuerdo a lo expresado por jerarcas del propio Ministerio de Economía y Finanzas, con su propuesta, perderíamos un 2% de nuestros salarios y los cálculos realizados por los técnicos asesores de nuestra agremiación indican que la pérdida sería superior a un 25%. Nuestra propuesta, avalada por la Asamblea General de funcionarios, el día 17 de agosto de 2000 y refrendada por asambleas del 26 de octubre de 2000 y 15 de noviembre de 2000, soluciona la fuente de financiación sin afectar en absoluto a Rentas Generales y, por lo tanto, sin costo alguno para el Estado. Además, al desvincularnos del Rubro 0, estabiliza nuestra situación salarial. Los funcionarios de la Dirección General Impositiva estamos alcanzados por el tope establecido en el artículo 105 de la Ley Especial Nº 7.

Queremos destacar que el conjunto de funcionarios de la Dirección General Impositiva somos quienes realizamos las acciones necesarias para que el Estado recaude aproximadamente el 80% de lo que ingresa por mes a Rentas Generales. Este es el costo de recaudación más bajo de la región, porque recaudar $ 100 cuesta $ 1,11. Por eso se requiere que la inmensa mayoría de nosotros realice tareas técnicas acorde a la delicada misión que el Estado nos ha encomendado.

Este es el planteo que vinimos a hacer y quedamos a las órdenes para cualquier consulta.

SEÑOR MICHELINI.- Por la información que nos han acercado, entiendo que este Fondo ya lo llevan los funcionarios. Aquí se establece un sueldo base de casi $ 3.000 para el Grado 8 y un fondo de participación de más de $ 8.000, lo que totalizaría un poco más de $ 11.000. En un momento se acordó con el Director que a esos casi $ 3.000 se agregarían $ 3.000 y el resto se daría por calificación, lo que implicaría valorar el buen desempeño del funcionario. No quiero hablar de productividad, pero me parece que tiene algo que ver con eso, lo que redundaría en un mejor funcionamiento del servicio para la propia Dirección General Impositiva y, por lo tanto, para el país.

Ahora bien, en el artículo 58 del Mensaje del Poder Ejecutivo, se ata todo al Servicio 0 y no a un nivel de mejoramiento del servicio o productividad.

Quisiera saber si estoy bien orientado, si esto es así.

SEÑORA GONZALEZ.- Quiero aclarar que esa cifra aproximada de $ 11.000 es en bruto.

Concretamente, entendemos que para que el Estado tenga un costo 0 y, a su vez, nosotros podamos librarnos de los inconvenientes que hemos sufrido por este Fondo debido a que estamos ligados a la sumatoria del Rubro 0 –que, obviamente, tiende a caer porque hay menos funcionarios, porque se están eliminando las horas extra y la cobranza, así que los quebrantos tampoco aumentan, no entran como planillas complementarias- se debería calcular el porcentaje que implica el monto promedio de lo que cobramos hasta el día de hoy durante el año 2000 con respecto a igual período pero por lo recaudado por todo concepto en la Dirección General Impositiva -en su momento hablamos con el contador Caretti porque tuvimos que bajar nuestra propuesta durante la negociación- y ese porcentaje arrojado tendría que incluirse en el articulado para que al Gobierno le implicara cero costo. A su vez, a nosotros también nos serviría, en la medida en que quedaríamos totalmente independizados del Rubro 0 porque repartiríamos el monto que implica ese porcentaje previamente calculado por la Oficina. A nuestro entender, la propuesta del Poder Ejecutivo soluciona una parte, que es la financiación del Fondo, pero no termina con el problema que tenemos los funcionarios en cuanto al reparto, debido a que estamos ligados a la sumatoria del Rubro 0.

SEÑOR NIN NOVOA.- Tengo una duda con respecto a lo que dijo. Cuando expresa que el Poder Ejecutivo soluciona parte de la problemática, ¿se refiere al artículo 58 del Mensaje Complementario?

SEÑORA GONZALEZ.- Exactamente, nos referimos a ese artículo, y la parte que soluciona es la financiación del Fondo porque el dinero para pagar nuestros Fondos se sacaría de Rentas Generales.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sólo nos resta agradecerles la visita y tengan la seguridad de que todo lo expresado en Sala llegará a poder de los señores Senadores. De manera que no se preocupen por la menguada presencia de los integrantes de la Comisión, pero es debido a lo avanzado de la hora.

Se pasa a cuarto intermedio hasta la hora quince.

(Se retiran de Sala los representantes de la Asociación de Funcionarios de la Dirección General Impositiva)

(Así se hace. Es la hora 13 y 47 minutos)

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.