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Carátula

SEÑOR PRESIDENTE.- Está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 6 minutos)

(Ingresa a Sala el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social y asesores)

La Mesa se excusa, en nombre personal y de los señores Legisladores, por el retraso ante el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social y su equipo de asesores, así como ante los señores Senadores presentes.

Hechas las aclaraciones y presentadas las excusas del caso, agradecemos la presencia del señor Ministro y le concedemos la palabra a los efectos de que realice introducción sobre las líneas generales que corresponden al presupuesto de su Inciso, para luego pasar al análisis del articulado.

SEÑOR MINISTRO.- Señor Presidente: para utilizar el tiempo en lo sustancial de la materia presupuestal que nos convoca, voy a obviar la descripción de los cometidos de la Cartera y específicamente la desagregación de las responsabilidades que en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social importan en cuanto a la organización de nuestra Unidad Ejecutora en las distintas direcciones. De todas maneras, para que conste en la versión taquigráfica, queremos hacer en forma meramente ilustrativa un comentario vinculado a que el presupuesto del Ministerio involucra todo lo relativo a la Dirección Nacional de Trabajo, a la Inspección Nacional de Trabajo, a la Dirección Nacional de Coordinación del Interior, a la Dirección Nacional de Empleo, al Instituto Nacional de Alimentación, y a que el Ministerio también tiene competencias en materia de vinculación con el Poder Ejecutivo del Instituto de Abastecimiento y de ANSE.

En lo que hace referencia al presupuesto numérico de nuestra Cartera, para la identificación de la evolución del presupuesto en los distintos años que lo componen, la identificación de que existen tres años en los cuales se repite idénticamente la dotación presupuestal -el 2002, el 2003 y el 2004- nos va a simplificar el análisis de los aspectos cuantitativos de este instrumento. Los años 2002, 2003 y 2004 se diferencian de lo presupuestado para el año 2001 exclusivamente en la asistencia financiera que se le otorga al Instituto de Abastecimiento del orden de $ 17:000.000 por fuera de la cual se repiten entonces todas las cifras presupuestales de nuestra Cartera. En lo que hace al otro año de referencia, que es el año en curso que está finalizando, la dotación presupuestal es exactamente igual, salvo dos excepciones. Una de ellas es la referida a uno de los artículos que están incorporados a este proyecto y es el vinculado a la remuneración de la asesoría de seguridad social, que es del orden de los $ 700.000 anuales, y en lo que hace referencia al recorte de inversiones nos hemos ajustado en virtud de directivas específicas que hemos recibido del Poder Ejecutivo para este año 2000.

El presupuesto base, entonces, con esas diferencias respecto de los años 2000 y 2001 -y que se repite, insisto, para los años 2002, 2003 y 2004- importa una cifra en materia de retribuciones de $ 213:000.000, gastos de funcionamiento del orden de $ 234:000.000 e inversiones del orden de los $ 3:000.000, porcentualmente 47%, 51% y una cifra que no llega al 1%. Si hablamos en dólares, estamos hablando de un presupuesto total de U$S 38:800.000, de los cuales aproximadamente el 85% corresponde al Instituto de Alimentación. Nuestra Cartera tiene como uno de sus cometidos principales desarrollar todas las políticas vinculadas al área de la alimentación, por el desarrollo de distintos tipos de programas, que conforman la mayor parte de la dotación presupuestal del Inciso. Además, por las características particulares de nuestro Ministerio, no hay una asignación vinculada a las inversiones que sea de trascendencia y por consiguiente gran parte de esos U$S 38:000.000 se asignan al Instituto de Alimentación y el resto se justifica por la vía del pago de retribuciones y de gastos de funcionamiento.

Si al señor Presidente le parece conveniente, podríamos pasar a hacer algún comentario relativo a los distintos artículos.

Tenemos seis artículos que fueron remitidos en el proyecto original y tres que fueron incorporados en el tratamiento en la Cámara de Representantes. Son los que van desde el 273 al 281 y, si se me permite, pasaríamos a formular comentarios vinculados a cada uno de ellos.

El primero de los artículos es el vinculado a la exoneración de aportes patronales de los proventos que surgen del Banco de Previsión Social. Este artículo, que fue remitido por el Ministerio, lo que hace es regularizar una situación que hoy se está dando, en la que debido a la puesta en marcha de la reforma de la seguridad social, se establecieron competencias y responsabilidades de cargo del Ministerio que justificaron la creación de un fondo de participación que se nutre de obligaciones tributarias percibidas en más por el Banco de Previsión Social y que son la consecuencia de auditorías, avalúos, inspecciones y actualizaciones. Los proventos provenientes de ese Fondo que cobran los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para que el instrumento sea simétrico a los mismos recursos que se aplican en el Banco de Previsión Social, deberían contar con una norma expresa de exoneración de los aportes patronales. En la actualidad los aportes patronales no se han vertido desde el momento en que se inició este proceso de desarrollo del Fondo de Participación. En el Banco de Previsión Social existe un mecanismo idéntico, que se nutre de los mismos recursos y tiene una norma positiva que, justamente, establece la exoneración de los aportes patronales.

Sin duda, se trata de un instrumento que pretende desregularizar una situación que, si bien no es de trascendencia, nos parece conveniente incorporar en este Presupuesto.

El siguiente artículo es el 274, que tiene su origen en una iniciativa remitida por nuestra Cartera que sufrió alguna modificación en la Cámara de Representantes. En este sentido, correspondería hacer algún comentario genérico respecto de la Inspección General de Trabajo, en donde se cuenta con un cuerpo de funcionarios que justifican una formación específica y una capacitación determinada. Es necesario desarrollar mecanismos de selección de este tipo de funcionarios, puesto que tienen tareas cuyas características requieren que se sea especialmente exigente en los procesos de selección. En el pasado ha sucedido que se han procesado incorporaciones a la plantilla de Inspectores del Ministerio y que con posterioridad, con mejoras salariales y presupuestarias, los funcionarios han sido solicitados en comisión a otros organismos, a los efectos de desempeñar otros cargos en la función pública. Entonces, dada la especialización y especificidad de estos funcionarios y a los efectos de evitar que se utilice la convocatoria a proveer de vacantes de la función pública para una posterior redistribución, es que remitimos oportunamente este artículo que establece un mínimo de tres años en el desempeño efectivo de las funciones propias del cargo para poder reunir las condiciones necesarias para poder ser solicitado en comisión.

Lamentablemente, en el desarrollo del análisis presupuestal en la Cámara de Representantes se incorporó a este artículo un segundo inciso que hace referencia a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Nº 16.320, que le da redacción al artículo 20 de la Ley Nº 15.903, que es la que regula lo vinculado con los pases en comisión.

SEÑOR MICHELINI.- Concretamente, quisiera saber si el inciso que se agregó en la Cámara de Representantes a este artículo altera la voluntad que tiene el Ministerio, es decir, si lo transforma en una disposición inútil o se trata de casos excepcionales. En definitiva, si el artículo se aprueba tal como lo mandó la Cámara de Representantes, ¿logra el objetivo expresado por el señor Ministro?

SEÑOR MINISTRO.- De mantenerse el segundo inciso, prácticamente queda neutralizado el instrumento que pretendíamos desarrollar. Por consiguiente, para los efectos que perseguíamos, el artículo pasa a tener poco valor. La iniciativa planteada por el Ministerio fue la de generar una norma especial, para una situación especial, inhabilitando los pases en comisión por determinado período y así poder contar con el beneficio de la función dentro de la Cartera. De prosperar el artículo tal como está previsto, incorporando el inciso propuesto por la Cámara de Representantes, el instrumento carecería de valor.

SEÑOR NIN NOVOA.- No quisiera dejar pasar el tratamiento de este artículo sin hacer algunos comentarios, porque refiere a una de las actividades más importantes, sobre todo, en el interior del país. Estamos hablando de un fuerte empuje del desempleo y de trabajadores indocumentados en algunas áreas productivas muy específicas. En este sentido, debo decir que la situación en el país de la actividad productiva vinculada, por ejemplo, al área forestal, tiene una estrecha relación con la tarea de los Inspectores de Trabajo, a los efectos de conocer condiciones de vida y el desempeño de las labores. Asimismo, no debemos olvidar las tareas en las arroceras, que se vinculan a este otro elemento que hemos mencionado relacionado con las personas que están ingresando al país, fundamentalmente si tenemos en cuenta que esta actividad se realiza en la faja fronteriza. Obviamente, el Ministerio conoce bien y sería innecesario continuar abundando en esto.

Sin embargo, opino que esto, quizás, merecería algún comentario sobre el diseño de una estrategia en materia de Inspecciones de Trabajo, de indocumentados y de las condiciones de vida. Pero esta situación, lo digo con total franqueza, nos mueve a otra apelación.

Me refiero a que nosotros esperaríamos haber visto en este Presupuesto, en lo que respecta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, alguna aproximación para solucionar una de las injusticias más grandes que se cometen en el país, que es que los trabajadores rurales no tengan derecho al seguro de paro. Esta es una flagrante violación de la Constitución y es absolutamente inconveniente para el propio sector productivo.

El acceso a modernas tecnologías, sin lugar a dudas, hace necesario el adiestramiento de los trabajadores. Los trabajadores zafrales acceden a maquinarias nuevas y complejas y muchas veces, al terminar la cosecha o la siembra, quedan sin el empleo. Se van por los caminos de Dios quién sabe adónde, y cuando el productor necesita nuevamente la movilización de la maquinaria debe adiestrar a otros trabajadores porque aquellos que sabían hacerlo se fueron.

Nosotros esperábamos haber visto algo de esto. Sé que no es el tema que estamos tratando en este momento, pero está estrechamente vinculado a toda una temática del trabajo rural. Creo que no puede tratarse aisladamente, sino en forma armónica, y me gustaría escuchar un comentario al respecto por parte del señor Ministro y sus asesores.

SEÑOR MINISTRO.- Voy a solicitar que se me autorice a ceder el uso de la palabra al Inspector de Trabajo, pero previamente quisiera hacer algún comentario general.

Uno de nuestros objetivos principales en el momento de hacernos cargo de la Cartera fue, y sigue siéndolo, el de la optimización en la utilización de los recursos de que dispone el Ministerio. Sabemos que estamos frente a situaciones muy particulares en materia de disponibilidad de recursos y asumimos que toda labor es perfectible y que toda función puede ser mejorable. Nuestra preocupación permanente en el área de la Inspección y en todas las demás de nuestro Ministerio es, especialmente, la de procesar avances en el uso de los recursos económicos y humanos -que son valiosos- con que cuenta nuestra Cartera.

En el campo de la Inspección, coincido con algunas de las apreciaciones del señor Senador en el sentido de que se trata de la presencia del Ministerio y del Estado en algunos sectores, en instancias y circunstancias que son especialmente sensibles al manejo de la relación entre las partes. Allí hay un cometido en cuanto a reclamar la observancia de las normas vigentes en materia de relaciones laborales. Hemos encomendado al Inspector General de Trabajo que, por esa vía, con ese espíritu y con los recursos de que se dispone, procese un mecanismo permanente de optimización de la gestión.

Asimismo, quisiera hacer algún comentario vinculado a un tema que ya fue mencionado, que es el relativo a la extensión del seguro de paro para los trabajadores del sector rural. El Ministerio ha estudiado este punto y sigue evaluándolo pero, lamentablemente, como en muchas otras situaciones con estas características, necesita financiamiento. Entiendo que, indudablemente, en algún momento el Uruguay va a tener que resolver el tema de las asimetrías que se pueden estar presentando puntualmente -ésta es una de ellas- en materia de cobertura de riesgos de trabajo. Por consiguiente, de común acuerdo con las partes, aceptamos caracterizar el problema y estamos en un proceso de análisis y evaluación de la posibilidad de extensión de la cobertura del seguro de desempleo a los trabajadores rurales.

SEÑOR COURIEL.- El señor Ministro, al hacer referencia al seguro de paro de los trabajadores rurales, pone arriba de la mesa el tema del financiamiento. En realidad, el seguro de paro tuvo financiamiento en el pasado, a través de un porcentaje que se cobraba a los empresarios y trabajadores. Si mal no recuerdo, ahora lo paga el Banco de Previsión Social sin ningún tipo de financiamiento especial. Entonces, resulta que estamos viviendo una etapa en que permanentemente se rebajan los aportes patronales y disminuyen los ingresos al Banco de Previsión Social.

El señor Ministro señala que no se puede extender el seguro de paro a los trabajadores rurales porque no hay financiamiento. Creo que existe una contradicción, no por parte del señor Ministro sino del Poder Ejecutivo. Los trabajadores rurales tienen tanto derecho al seguro de paro como los trabajadores urbanos. Si para estos últimos el financiamiento se realiza con los fondos generales del Banco de Previsión Social, ¿por qué esos fondos no se pueden extender al seguro de paro de los trabajadores rurales, sobre todo teniendo en cuenta que permanentemente estamos rebajando los ingresos al Banco de Previsión Social?

SEÑOR MINISTRO.- Quiero aclarar al señor Senador que no dije que se estuviese negando la extensión de la cobertura, sino que por el contrario es un tema que está a estudio de la Cartera y que fue incorporado a la agenda de trabajo con los representantes de los trabajadores. Desde el momento de asumir, comenzamos a tener una serie regular de reuniones y contactos con los representantes de los trabajadores y de los empresarios. En uno y otro caso nos comprometimos a estudiar y procurar avances en algunos temas que son especialmente sensibles. Este es uno de los temas que fue planteado por los representantes del PIT-CNT y hoy está a estudio, por lo que no fue descartado.

De todas maneras, quise hacer mención a la necesidad de realizar una financiación directa o encontrar recursos que permitan en el futuro desarrollar una estrategia de levantamiento de una restricción de asimetrías con las características mencionadas. Como comentario sobre este tema, también quiero señalar que la problemática del trabajador rural no reviste las mismas características que la de trabajadores de otros sectores y, por consiguiente, no sólo tenemos como uno de los temas a resolver el financiamiento, sino también la caracterización del instrumento que estaríamos dispuestos a proponer.

Quisiera pedir al señor Presidente que me permita ceder el uso de la palabra al Inspector Alvaro Delgado para hacer algunos comentarios relativos al manejo de la Inspección General de Trabajo.

SEÑOR DELGADO.- La Inspección General de Trabajo no sólo cumple una función fiscalizadora en las dos áreas en que se maneja, a través de los Inspectores de condiciones ambientales del trabajo que tienen a su cargo todo lo que tiene que ver con la seguridad e higiene del trabajo, sino también la función de fiscalizar las condiciones generales de trabajo, que tienen que ver con el cumplimiento de la normativa laboral. No sólo tienen una función de fiscalización, sino también de asesoramiento para tratar de minimizar los riesgos en casos de accidentes y de prevención a los trabajadores y a los empresarios en cuanto al cumplimiento de la normativa laboral.

Con relación a algunos comentarios hechos por el señor Senador Nin Novoa, queríamos aclarar que este año, a raíz de algunas instrucciones del señor Ministro, la Inspección General de Trabajo se ha preocupado por dos áreas que consideramos fundamentales. Una de ellas es la que se refiere a trabajadores no registrados -incluimos no sólo a extranjeros sino también a nacionales no registrados- particularmente en algunas áreas sensibles donde se han llevado a cabo algunos operativos. Debemos decir que las inspecciones pueden hacerse por denuncias que pueden ser anónimas, de oficio, o realizarse debido a algunos operativos.

En el caso específico de los trabajadores no registrados, se han hecho algunos operativos puntuales en algunas áreas sensibles, como es el caso de las arroceras, donde durante los meses de otoño se llevaron a cabo inspecciones en los departamentos del este del país y se hizo un relevamiento de más de 1.100 trabajadores. Pero no sólo consideramos, en el tema del arroz, la cuestión relacionada con los trabajadores no registrados, sino también lo que tiene que ver con las áreas forestales, las que se han venido desarrollando a razón de casi 50.000 hectáreas por año en el país. Las proyecciones de trabajo hablan de cerca de 14.000 trabajadores vinculados directamente con el sector forestal, y se remontan de aquí a unos dos o tres años; también se ha considerado la forma como eso se relaciona con la proyección de accidentalidad y, sobre todo, con la de accidentalidad fatal o con incapacidades transitorias o permanentes muy graves a nivel mundial, sobre todo en las etapas terminales de la forestación, en la tala forestal. En ese sentido, el Ministerio, a través de consultas y acuerdos tripartitos -con la Sociedad de Productores Forestales, la Sociedad de Contratistas Forestales y con los trabajadores, con el PIT-CNT- elaboró el decreto Nº 372, que entrará en vigencia a fin de mes. Se trata de un decreto que regula todo lo relativo a la seguridad e higiene del sector forestal; es muy extenso, y consideramos importante señalar también que es fruto de un trabajo que data de mucho tiempo, desarrollado por técnicos de todas las áreas. Como hemos dicho, a través de este decreto se regula por primera vez en materia forestal.

¿Qué estamos haciendo para poder capacitar a todos los actores vinculados al tema forestal, es decir, qué estamos haciendo para poder adecuarlos a lo que establece este decreto? Por un lado, se está llevando a cabo la capacitación de Inspectores de Trabajo, que es fundamental y que tiene que ver con la norma a que hacíamos referencia. La capacitación de Inspectores de Trabajo, sobre todo en lo que refiere a las condiciones ambientales de trabajo, o sea, de seguridad e higiene, se realizó ya en sus dos primeras etapas. Particularmente, firmamos un convenio con la Caja Bancaria, con el invalorable apoyo de la OIT, lo que nos ha permitido capacitar a los Inspectores de Trabajo en materia forestal. Además, hemos entablado reuniones en varios puntos del país, concretamente en más de cinco zonas forestales, con trabajadores, contratistas y empresarios forestales, difundiendo la norma en primera instancia y, a su vez, tratando de caracterizar los puntos más críticos de aplicación del decreto.

Creemos que con todo esto más la capacitación de los Inspectores en condiciones generales de trabajo, que son quienes van a controlar la normativa laboral, también en el tema forestal se van a ir generando de a poco las condiciones de trabajo dignas para los trabajadores forestales. Estamos trabajando para ello en forma anticipada.

En todas las reuniones hablamos siempre de que queremos trabajar en el tema forestal de manera diferente, ya que las circunstancias son distintas a las que se dieron, por ejemplo, en el tema de la construcción, donde a veces se tuvo que trabajar sobre las urgencias de las desgracias, debido a una cantidad de fatalidades que ocurrieron. Si bien la incidencia de accidentes en materia forestal no ha sido baja, las proyecciones son mucho más alarmantes. En este sentido, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Inspección, junto con productores, trabajadores y contratistas, está trabajando para tratar de generar las condiciones para evitar la accidentalidad.

SEÑOR GARGANO.- Quiero hacer algunos comentarios y, desde ya, celebro la ocasión de tener aquí presente al Inspector General de Trabajo.

Este es un tema que me preocupa mucho porque, entre otras cosas, en la Administración pasada, tuvimos la oportunidad de coordinar con el Inspector General la realización de algunas inspecciones en Piedras Coloradas y en Tacuarembó y, curiosamente, cuando llegó allí el Inspector, ya se sabía de su llegada, es decir, la gente estaba avisada.

Aquí hay algún coterráneo que sabe en qué condiciones trabajan las personas en los predios forestales, y estamos hablando de muchachos, de chicos y de niñas, porque allí trabajan menores.

Por mi parte, celebro el hecho de que se haya elaborado ese decreto y me gustaría mucho que se nos hiciera llegar, a efectos de poder examinarlo.

Asimismo, quisiera hacer una pregunta y también un comentario relacionado con un planteo que me hicieron llegar los Inspectores de Trabajo.

La pregunta es, concretamente, cuántos Inspectores hay en funcionamiento en todo el Ministerio, para todo el país. Por las cifras que manejo, la cantidad de gente que trabaja en la Inspección dedicada a la tarea de inspeccionar es cada vez menor, justamente en un período en el que son cada vez más frecuentes las violaciones de las normas laborales. Realmente, me interesaría mucho tener ese dato y saber la opinión del Ministerio sobre si hay que incrementar el cuerpo inspectivo, dejarlo tal como está o disminuirlo.

Por otro lado, quisiera conocer la opinión del Ministerio sobre el planteo formulado por los Inspectores de Trabajo en cuanto a que su tarea es de dedicación exclusiva. Es decir, de acuerdo con la normativa legal, no pueden hacer otra cosa; deben estar dedicados exclusivamente a eso. No pueden tener otro empleo que el que desempeñan en forma exclusiva como Inspectores de Trabajo, tal como figura en el Código. Pero además de existir esa característica de dedicación exclusiva, tienen la obligación de estar a la orden. O sea, si tienen que trabajar el día de Navidad, están obligados a hacerlo; si deben trabajar de noche, tienen que hacerlo. Entonces, su planteo concreto es que estas dos características de su empleo, la dedicación exclusiva y la permanencia a la orden, no son remuneradas; es decir, de alguna manera se remunera una de las funciones, mientras que la otra no. Así, están planteando como reivindicación efectiva que los que desempeñen tareas inspectivas deberían percibir una compensación mensual por dedicación especial y permanencia a la orden equivalente al 40% del total de sus remuneraciones, como forma también de mejorar la situación en que se encuentran desde el punto de vista salarial. Quisiera conocer la opinión del Ministerio con respecto a este punto.

SEÑOR NIN NOVOA.- También sería interesante conocer concretamente cuál es la partida prevista para estos cursos de capacitación y de formación en el área rural.

SEÑOR DELGADO.- Con respecto al decreto forestal, con mucho gusto se lo haremos llegar a la brevedad. Se está trabajando en la materia en forma tripartita, con productores y trabajadores.

Por otro lado, en lo que refiere a la cantidad efectiva de inspectores de trabajo, debemos decir que en este momento hay 85, en las dos áreas. Tenemos previsto -ya está en proceso, a través de un llamado por el cual se llenarían las vacantes, restringidas a funcionarios públicos, de la Administración anterior- incorporar nueve más, y se generarían a partir de la reestructura alrededor de trece vacantes en el período que, por supuesto, estamos dispuestos a llenar.

En lo que refiere a la capacitación, queremos decir que hemos creado, en la Inspección General de Trabajo, la Unidad de Capacitación, que está integrada por representantes de todas las áreas de la Inspección de Trabajo. Creemos que la inspección, en este caso, debe desarrollarse como una unidad, y no sólo en la parte inspectiva, sino también en la jurídica, donde se encuentran quienes sugieren las resoluciones sancionatorias o no. Es así que creamos una Unidad de Capacitación que está integrada, reitero, por representantes de todas las áreas. Ya elaboramos un cronograma primario de capacitación que hemos presentado a la OIT y se está por definir qué apoyo eventual se nos puede dar desde ese ámbito. Es por eso que hoy no tenemos una cifra definitiva sobre los costos de la capacitación, pero sí queremos decir que estamos dando a ese tema una absoluta prioridad. Hace quince días hubo una capacitación de inspección de condiciones ambientales de trabajo en materia forestal, y la semana próxima tendrá lugar otra relacionada con las condiciones generales de trabajo. Cabe acotar que la asistencia a los cursos de capacitación es obligatoria. Tenemos implementado decenas de cursos de capacitación para el bienio, que estamos por presentar a la OIT, para poder solventar entre ambos -OIT y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social- los gastos que todo esto conlleva.

Cuando tengamos definidos exactamente los costos específicos en base a la respuesta de la OIT, se los haremos llegar con mucho gusto.

SEÑOR MINISTRO.- Me gustaría hacer un comentario respecto al planteo de incorporar alguna compensación por permanencia a la orden de aquellos funcionarios que cumplen funciones de Inspectores de Trabajo. Se trata de uno de los temas que el Ministerio manejó y evaluó internamente, y que luego trasladó en su análisis al equipo económico en oportunidad de confeccionarse el proyecto de ley de Presupuesto nacional. Como en muchos otros casos, y quizás en este con un grado de sensibilidad mayor dentro de la plantilla de funcionarios, nos preocupa no haber podido encontrar una solución. Debemos ser conscientes de que estamos en una realidad que no nos es exclusiva y en una situación presupuestal que en esta ocasión, por lo menos hasta el momento, no nos ha permitido encontrar una salida a este tipo de problemas. Quizás, en el funcionamiento de la mecánica presupuestal, en próximas instancias, haya alguna posibilidad. De todas maneras, debo ser honesto y recordar que prácticamente sin excepciones, no ha habido modificaciones salariales para ningún funcionario del Estado y, por consiguiente, sin perjuicio de reconocer la legitimidad del reclamo, repito, por el momento no hemos podido encontrar una solución para este tema.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: llego tarde al tema, puesto que otros señores Senadores habían pedido la palabra y después el debate fue derivando en algunas argumentaciones o informes del Inspector General de Trabajo.

Concretamente, deseo señalar que en ocasión de las negociaciones con motivo de elaborarse la segunda Ley de Urgente Consideración que en el día de hoy ingresó a la Cámara de Representantes, el Partido Nacional, a instancias del propio Ministro de Trabajo, le planteó al Poder Ejecutivo la consideración de dos temas. Uno de ellos refiere al seguro de desempleo para los trabajadores rurales y el otro, también vinculado a esta temática, tiene que ver con la rebaja de la edad para la jubilación por edad avanzada, llevándola de 70 a 65 años. Debido a la discusión del Presupuesto, entre otros aspectos, el señor Ministro de Economía y el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto nos pidieron un plazo para estudiar el gasto que demandarían esas decisiones, como así también cuáles podrían ser las fuentes de financiamiento. Por lo tanto, seguiremos estudiando este asunto y eventualmente, en una próxima instancia, existiría la posibilidad de introducirlo en una ley, aunque no en la de Presupuesto. Naturalmente, esperamos que a la brevedad podamos contar con una respuesta definitiva.

SEÑOR MINISTRO.- El artículo 275 le da certeza jurídica a la retribución de los pasantes. Cabe aclarar que dentro del Ministerio tenemos el concurso de pasantes que llevan a cabo tareas de diverso tipo -la mayoría de ellos reclutados por el procedimiento de convenio con la Universidad de la República o con institutos de enseñanza privada- por un período que originalmente es de un año, que en algunos casos se prorroga a dos y excepcionalmente -notoriamente una minoría- hasta los tres años. Este instrumento da la posibilidad de tener una rotación de personal y habilitar a que jóvenes estudiantes y profesionales se capaciten en áreas específicas, dando solución a problemáticas que en ambas partes se resuelven por esta vía. Lamentablemente, a pesar de que está claro que los pasantes reciben una única remuneración que está establecida específicamente en el contrato de pasantía, en algunos casos, una vez que se desvinculan del Ministerio, han llevado a cabo reclamaciones por el no pago de ciertas compensaciones -léase proventos- y en consecuencia nos parece conveniente aprobar una norma de estas características que establezca en forma expresa que están excluidas del pago las compensaciones y proventos, en efectivo o en especie, que perciban los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En definitiva, por esta vía pretendemos solucionar y anticiparnos a problemas como los que se han dado en el pasado y que terminan distorsionando un instrumento que, repito, ha tenido una aplicación positiva según la evaluación que hace el Ministerio.

El artículo 276 asigna una partida anual de U$S 90.000 por el término de cuatro años para el fortalecimiento de la Asesoría de Seguridad Social. Se trata de una dotación para solventar los gastos de funcionamiento de esta Asesoría, que hasta el año en curso ha contado con financiamiento externo. Dentro de las competencias de la Cartera, esta Asesoría es uno de los centros neurálgicos, puesto que es la que asesora directamente al Ministerio y la que coordina y compatibiliza las acciones con el Banco de Previsión Social, haciendo un seguimiento permanente de la evolución del sistema de seguridad social. Insisto, representa el principal ámbito de asesoramiento del Ministerio en su conjunto y del Ministro en particular, en materia de seguridad social. También es la encargada de elaborar toda la normativa que modifica el sistema de seguridad social y que complementa o corrige vacíos que se puedan haber generado en oportunidad de procesarse la reforma de la seguridad social.

SEÑOR NIN NOVOA.- Quisiera que se precisara el alcance del término "fortalecimiento", a fin de determinar si está destinado a la Asesoría o al equipamiento.

SEÑOR MINISTRO.- Es para pagar los gastos de funcionamiento que incluyen, mayoritariamente, las remuneraciones de los asesores que revisten en la unidad.

SEÑOR PRESIDENTE.- El siguiente artículo, el 277, ha tenido muchas modificaciones a nivel de la Cámara de Representantes.

SEÑOR MINISTRO.- Entendemos que el artículo 277 merece algunos comentarios previos. Esta disposición establece la supresión del Instituto Nacional de Abastecimiento.

Cuando nos hicimos cargo de la Cartera, tomamos conocimiento de la problemática de las distintas áreas vinculadas a la misma y especialmente nos ocupamos de analizar la realidad que presentaba el Instituto Nacional de Abastecimiento. Este tiene una larga historia que es conocida por los señores Senadores. Su creación obedeció a necesidades de otras épocas, en donde el Estado participaba realizando actividades comerciales, de forma tal de permitir el manejo de precios testigo en el mercado, de productos básicos de la canasta y corregir así disfuncionalidades de un mercado que todavía no estaba desarrollado, como lo puede estar hoy en día.

Este Instituto, que originalmente se llamó de Subsistencias y que tuvo varios nombres, en la realidad actual -de acuerdo con informes que solicitó la Administración pasada y la actual, a terceros-- desde el punto de vista técnico, no tiene un contenido y un objeto que justifiquen su existencia.

Por consiguiente, quien habla, en consulta con el señor Presidente de la República y habiendo evaluado la realidad del tema, resolvió que la mejor solución era proceder a la supresión de este Instituto, tomando en cuenta por lo menos dos elementos que podían llegar a ser los más sensibles y resolver este tema con el menor nivel de trauma posible para las partes involucradas.

Entonces, considerando que este Instituto no cumplía una función social específica, pudimos percibir que habían dos grupos vulnerables que podían llegar a tener repercusiones negativas, de procederse al cierre del Instituto Nacional de Abastecimiento. Uno de ellos son los funcionarios y, el otro, los proveedores. Con respecto al tema de los funcionarios, coordinamos las acciones y el señor Director, el doctor Goñi, fue desarrollando un plan de remisión de los funcionarios al seguro de desempleo; realizó un paulatino cierre de las distintas bocas de salida de productos del Instituto y promovió la enajenación de los bienes muebles y de la mercadería. Quien habla y el Director del Instituto asumimos el compromiso de encontrar una solución para sus trabajadores, de forma tal de que ellos no fuesen los que terminasen pagando el precio de la decisión política, más aún cuando son los actores que no tienen el mayor grado de responsabilidad respecto de la suerte del referido Instituto. Por eso, en este artículo, además del instrumental para la supresión del Instituto, de la referencia a la figura del liquidador, de la forma en que este va a ser designado y de las características de su función, se habla de la solución al problema relativo a sus trabajadores.

La otra área que también identificamos como sensible al principio de nuestros comentarios, es lo que está referido en el artículo siguiente. En ese sentido, si me permite el señor Presidente, haría un comentario de ambas disposiciones.

La supresión del Instituto también justificó nuestra preocupación en el sentido de establecer mecanismos que habilitasen a tener la expectativa, por lo menos, de poder cumplir mínimamente o lo más que se pudiera, en cuanto a las deudas con los proveedores. Por consiguiente, dentro del Proyecto de Presupuesto que fue aprobado por la Cámara de Representantes, en el artículo 278 luce una herramienta que habilita a utilizar Fondos de Rentas Generales del orden de U$S 1:500.000 para contemplar estas necesidades.

Como comentario general respecto a este tema -sin perjuicio de que, si se quiere podemos dar detalles sobre la problemática específica de este Instituto- diría que pretendemos, a través de estos dos artículos, establecer un mecanismo de liquidación que permita resolver el tema con la mayor celeridad posible y con las máximas garantías. Al mismo tiempo, pretendemos que este proceso de liquidación contemple tanto los derechos de los trabajadores como los de los proveedores.

Con respecto al pasivo que hoy tiene el Instituto, si sumamos la cifra de la expectativa que tenemos en materia de realización de activos -el Instituto tiene dos bienes inmuebles de relativo valor- al monto de las cuentas a cobrar, más lo que puede llegar a representar esta partida, en cierta medida, estamos descubiertos para poder hacer frente al pago del total de las deudas originales de los proveedores del Instituto.

SEÑORA ARISMENDI.- Quiero referirme a tres temas. En primer lugar, voy a hacer una breve consideración sobre un punto que trataremos después más profundamente, porque entiendo que no es el momento para discutir. De todas maneras, cuando se votó el Presupuesto anterior, el señor Ministro era Legislador. Por lo tanto, podríamos hacer un intercambio de opiniones sobre el debate que se tuvo en aquel momento cuando se crea la persona pública no estatal...

SEÑOR MINISTRO.- Disculpe que la interrumpa, señora Senadora.

En ese entonces aún no era Legislador, aunque estamos muy cerca de la fecha de mi incorporación al Parlamento en la Legislatura anterior, que se produjo por el infeliz hecho del fallecimiento de Alvaro Carbone, que tuvo lugar el 16 de noviembre. En ese entonces, la Ley Presupuestal ya estaba perfeccionada, sin perjuicio de que, si no me equivoco, terminé votando la aceptación de las modificaciones del Senado, en la Cámara, en los primeros días de enero. De todas maneras, quiero dejar muy claro que no participé en la discusión parlamentaria y, por lo tanto, tengo un cierto grado de prescindencia de la responsabilidad.

SEÑORA ARISMENDI.- Creo que esto merecería un debate pero, reitero, este no es el momento. La discusión sobre lo que iba a pasar con esta creación y con los trabajadores en su oportunidad, terminó en una larga y difícil solución para alguno de aquellos, que quedaron en tierra de nadie durante demasiado tiempo. El panorama que hoy tenemos es la que describe el señor Ministro con toda claridad y con toda honestidad. Es decir, por un lado tenemos esta situación, pero en este Proyecto de Ley de Presupuesto aparecen otras y a lo mejor, dentro de cinco años, vamos a tener que juntar los pedazos de los inventos que vienen en un Mensaje presupuestal enorme, que luego se votan en paquete y después se ven resultados como éste.

En segundo término, aquí hay trabajadores que desarrollaron labores en Subsistencias. La Ley Orgánica que se votó en el Presupuesto aprobado en enero de 1996 daba la opción a los trabajadores del INA de pasar al híbrido persona pública no estatal. No sé si después aparecen otros funcionarios u otros trabajadores, además de los que pasaron de Subsistencias -que dependían del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social- al Instituto Nacional de Abastecimiento. En la situación en que quedan ahora se los contrata para la función pública y se contemplan todos los derechos, pero todo esto tiene que ver no sólo con el problema de los derechos funcionales, con el sueldo y con los beneficios, etcétera, lo que es muy importante, sino también con la estabilidad laboral. Se verifican dos opciones: percibir la totalidad de las retribuciones o ser contratados para la función pública, pero nos preguntamos cómo es ese contrato, por qué monto y qué previsiones hay en ese sentido.

Por otro lado, según se nos señala -creo que el Ministro lo ha planteado claramente- podríamos interpretar que el artículo indica que el Poder Ejecutivo designará liquidador para determinar el pasivo y su cancelación; asimismo establecerá sus créditos y su efectiva realización. Más adelante está la partida que se mencionó a la que se le suman los bienes, que según dijo el señor Ministro, no abarcan los compromisos contraídos. También se nos dice que en el caso de los proveedores se trata de alrededor de U$S 6:000.000, los que, aun con la partida ni con la posibilidad de enajenar los bienes por el valor real e inmediatamente, serían imposibles de cubrir.

En cuanto a los trabajadores, quisiera saber si todos pasaron de la función pública al INA; de lo contrario, si hay más, de qué cantidad se trata y cuál es la situación en la que quedan en el caso de ser contratados para la función pública.

Con respecto a los acreedores, consulto qué sucede con aquellas situaciones que no se puedan cubrir luego de este destrozo -disculpe, señor Presidente, que lo diga así- que se hizo en 1996, del que ahora empezamos a recoger los pedazos, más allá de que el señor Ministro sea inocente.

SEÑOR COURIEL.- Quisiera conocer la opinión del señor Ministro y las salidas que puedan surgir sobre el tema de los proveedores y de los trabajadores del Instituto Nacional de Abastecimiento. En cuanto a los proveedores, según la información que he recogido, sé que ellos no cobran desde marzo de este año y se les ha pagado con cheques que fueron rebotados. Además, en muchas ocasiones se les ha dicho que el Estado no es responsable por la nueva figura en la que aparece este Instituto. Sería importante saber si el Estado es responsable o no.

Por otro lado se plantea que el liquidador va a determinar el pasivo y su cancelación. ¿Esto significa que el Estado se compromete a pagar todas las deudas con los proveedores?

Por su parte, en el artículo 278 se fija una partida de $ 17:430.000 y me pregunto qué sucedería si ese monto no alcanza. Digo esto, porque el último inciso del artículo 277 dice que la Contaduría General de la Nación habilitará los recursos para atender los contratos de trabajo de acuerdo a la información que se le suministre reasignando los créditos presupuestales necesarios. Esto sucede para el caso de los trabajadores, pero no aparece una disposición similar en lo que respecta a los proveedores. Por lo tanto, quisiera saber en qué situación quedarían los proveedores, máxime cuando el señor Ministro ya está anunciando que habría un descubierto con respecto a ellos, porque la partida mencionada más los inmuebles no alcanzarían. Entonces, reitero, ¿qué quiere decir que el liquidador va a determinar el pasivo y su cancelación? ¿Cómo va a hacer para cancelarlo?

Desde el punto de vista de los trabajadores, quisiera saber, si es que van a ser contratados, ¿desde cuándo? Entiendo que tienen un plazo de sesenta días para presentarse. Por otro lado, el liquidador deberá remitir una nómina, pero ¿cuándo? En este caso también puede pasar cierto tiempo hasta que se designe al liquidador, se lleven a cabo las funciones, se designen las tareas, etcétera. Entonces, ¿qué sucede en ese ínterin con los trabajadores, teniendo en cuenta que estando en el seguro de paro ya están perdiendo ingresos?

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Brause)

SEÑOR MICHELINI.- Más allá de las inquietudes de los señores Senadores Arismendi y Couriel, quisiéramos preguntar al señor Ministro qué significan, en términos de recursos para el Estado, el literal B) del Poder Ejecutivo y el de la Cámara de Representantes. Tengo entendido que según la redacción del Poder Ejecutivo aquellos trabajadores que optasen por quedarse en la función pública pierden beneficios, por lo que me gustaría que se brindara una aclaración.

SEÑOR MUJICA.- Sabemos que hay 300 proveedores, 200 de los cuales son pequeños y tienen problemas de todo tipo. A la corta o a la larga, el Estado pagará, pero lo hará mal; habrá muchos colapsos en pequeñas empresas. No sé por qué el Ministerio de Economía y Finanzas es tan mal negociante, por qué no convoca a esa gente, arregla ahora por mucho menos de lo que debe y se termina la historia. De lo contrario, esto va a durar años, va a costar descalabros, va a terminar en pleitos, y los que van a ganar van a ser los abogados.

SEÑOR MINISTRO.- Pretendo contestar las inquietudes en su conjunto y pido disculpas si hay alguna de ellas que no pueda responder especialmente.

En principio, puedo decir que en lo relativo a la forma en que quedan contemplados los derechos de los trabajadores, a nuestro criterio es más generosa la redacción del literal B) del artículo 277 tal como viene de la Cámara de Representantes. Además, nos parece que contempla mejor el compromiso que la Cartera asumió oportunamente con los trabajadores del Instituto. Por lo tanto, nos afiliamos a la redacción aprobada por dicha Cámara. En ese literal está particularmente expresada, reitero, la forma en que se van a contemplar todos los derechos; tal vez podría decir que existe una diferencia cuantitativa de la remuneración que reciben por vía del seguro de desempleo en menos, respecto a lo que percibirían si estuvieran en funciones. De todas maneras, este tema también fue convenido con los trabajadores y la intención del Ministerio es cumplir con el compromiso asumido, de forma tal que ninguno de ellos se vea perjudicado perdiendo lo más caro, que es el empleo. Por consiguiente, la redacción de este literal B) establece que dicha contratación no podrá significar, en ningún caso, lesión de derechos funcionales, especialmente del sueldo, compensaciones y demás beneficios. Por lo tanto, la solución al problema vinculado con los trabajadores, si bien no es perfecta, creo que se aproxima mucho al compromiso asumido en nuestro nombre por el señor Director del Instituto de Abastecimiento, y fue aceptada por los trabajadores. Se trata de una solución que procuraremos se concrete lo más rápidamente posible.

SEÑOR COURIEL.- Si no me equivoco, en esencia, el liquidador no tiene plazo y el momento en que se realiza la contratación tampoco. Da la impresión de que esto queda al arbitrio o a la posibilidad que tenga el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de concretar esta tarea y no se puede explicitar disposición alguna que asegure a los trabajadores que no perderán ingresos por la vía de los plazos o los tiempos que pueda llevar el hacer la contratación.

SEÑOR MINISTRO.- De todas formas, la cobertura del Seguro por Desempleo tiene un plazo legal establecido y, por nuestra parte, esperamos avanzar decididamente en la reubicación de los funcionarios mucho antes de que el plazo expire.

Con respecto a los proveedores, quiero manejar con las Comisiones del Senado lo que creo no escapa a su conocimiento. Me refiero a que en este caso, como en muchos otros, puede haber distintas formas de interpretar las normas legales que rigen el funcionamiento de una persona tan particular como es el Instituto Nacional de Abastecimiento. Sin perjuicio de la discusión formal, nosotros somos de la idea de cancelar los pasivos, las obligaciones que el Instituto oportunamente adquirió con sus proveedores. En ese sentido, hemos procurado actuar con la mayor velocidad posible y es así que ya se ha hecho un llamado a interesados en adquirir uno de los bienes inmuebles de la ex Subsistencias; en estos días hemos pedido una mejora de precios y ya se han recibido varias ofertas. Por lo tanto, esperamos que en los próximos meses podamos contar con recursos como para empezar a cancelar pasivos de la forma más objetiva posible. Tal como lo mencionaba el señor Senador Mujica, los proveedores son de distinto porte, por lo que hay empresas de primera línea que manejan cifras muy considerables, pero también existen problemas con pequeños productores o comerciantes, para quienes los activos que tienen contra el Instituto son realmente importantes, por lo que hemos procurado encontrar soluciones adecuadas. Una de ellas es la que tiene que ver con los bienes inmuebles y, al respecto, ya hemos avanzado mucho en la negociación por la venta del inmueble central del Instituto. El siguiente paso era poder conseguir alguna partida presupuestal que también permitiera contemplar esos pasivos, aunque más no sea en parte, y es lo que está incorporado en este artículo 278. Quizás hubiese sido más sencillo poder contar con una partida superior pero, de todas formas, para nosotros constituye un desafío poder procesar la resolución del problema en el menor tiempo y de la mejor forma posible.

Asimismo, existen algunas otras posibilidades o válvulas que nos podrían habilitar para cancelar otra parte de los pasivos a los que estamos haciendo referencia, por la vía de la reubicación en el patrimonio del Estado de algunos otros bienes. En este sentido, quiero mencionar específicamente el bien inmueble que se ubica en la calle 25 de Mayo, donde originalmente trabajó Subsistencias y que hoy le da cabida a distintas oficinas y reparticiones de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas. Dicho bien podría ser enajenado al propio Estado y de esa manera obtener mayores recursos. De todas formas, no se trata de una situación sencilla. Hemos estado manejando el tema directamente con los proveedores.

Reitero que la solución más fácil y lineal hubiese sido que la dotación de Rentas Generales para poder hacer frente al pasivo, fuese mayor. No obstante, creemos que podemos ubicarnos en una situación que nos permita, por lo menos, enfrentar una solución en el corto plazo por la vía de la venta del inmueble, por la de los recursos presupuestales y por la de la enajenación del otro inmueble al propio Estado. Esto nos colocaría en una posición totalmente distinta a la que tuvimos durante mucho tiempo.

SEÑOR COURIEL.- Concretamente, quiero preguntar de dónde surgen los $ 17:000.000 y cuál es el pasivo correspondiente con los proveedores, especialmente con los más pequeños.

SEÑOR MINISTRO.- Esa cifra surge de la asignación que a nivel del Poder Ejecutivo se entendió conveniente, particularmente en el manejo de las competencias que en ese sentido le corresponden al Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que tiene la responsabilidad -que creo no es poca- de que las cuentas cierren. En ese entendido se determinó tal monto de dinero. El pasivo, o sea, las deudas originales sin ajuste, se ubican en el entorno de los U$S 5:500.000.

SEÑOR RUBIO.- Quisiera saber quién tuvo el contralor y la supervisión de la gestión económica de esta persona de derecho público no estatal.

SEÑOR MINISTRO.- La relación de esta persona con el Estado se formula, tal como está establecido, por intermedio de nuestro Ministerio.

SEÑOR RUBIO.- Quiero que este asunto quede claro porque, para decirlo de alguna manera, se trata de una cuestión muy delicada.

En materia de responsabilidades, entonces, debemos orientarnos hacia el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en cuanto al contralor de este Instituto en los últimos años. Si no me equivoco, eso es lo que debo interpretar.

SEÑOR MINISTRO.- Está muy claro que nos encontramos ante una situación muy particular, de una persona que reviste características muy especiales y que no está sujeta a los mecanismos de contralor regulares que tienen otro tipo de instituciones estatales. En ese entendido, sí; la responsabilidad política que nosotros hemos asumido al enfrentar este tema y resolver cerrar el Instituto, siempre correspondió al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Con respecto al número de funcionarios, que era una de las inquietudes que manifestó la señora Senadora Arismendi, voy a darle la palabra al Director del Instituto Nacional de Abastecimiento, doctor Rodrigo Goñi.

SEÑOR GOÑI.- Cuando asumimos nuestro cargo, el 10 de marzo, había 301 funcionarios en forma permanente. Este número se mantiene ahora y quiero aclarar que esta Administración no ha incorporado nuevos funcionarios permanentes. Ese es el número, pero debo decir que no tenemos los registros correspondientes para saber la historia de cada funcionario, ya que los mismos no existen. Simplemente tenemos lo que está registrado en el Banco de Previsión Social y en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sin embargo, estos datos corresponden a los últimos tres años y no a la historia anterior de los trabajadores, es decir, al tiempo transcurrido antes de ingresar al Instituto en el año 1996.

SEÑORA ARISMENDI.- Hago la pregunta porque no sé qué sucedió en estos años, luego de aprobada la creación. Lo que la ley dispuso en aquel momento fue que algunos de los trabajadores de Subsistencias, que fueran seleccionados por considerarse aptos y que a su vez aceptaran, pasaran a la persona pública no estatal; otros quedaban en la órbita del Estado, que es a quienes me referí, y anduvieron cuatro o cinco años dando vueltas hasta que se les solucionó su situación. No es una historia tan larga, sino muy corta. Entonces, no parecería difícil saber si eran funcionarios de Subsistencias que pasaron al INA, o si después irrumpieron otros trabajadores. No estoy responsabilizando al actual Director, que asume el 10 de marzo, pero parecería bastante raro que en una historia tan breve no se pueda saber cuántos de ellos venían de Subsistencias y cuántos eran nuevos, si es que hubo nuevos, cosa que no estoy afirmando.

SEÑOR MINISTRO.- Si me permite, señor Presidente, me comprometería con la Comisión a remitir -antes de que finalice la semana- la información relativa al origen de los funcionarios y a la cantidad de funcionarios que tiene el Instituto actualmente.

SEÑOR GARGANO.- Me pareció importante lo que dijo el señor Director del INA en el sentido de que esta Administración no tomó personal desde el 10 de marzo. Quiere decir que no hay personal nuevo trabajando a partir de esa fecha. Quisiera aclarar esto porque también percibí la calificación "en forma permanente", y desearía saber si ha ingresado gente en forma "no permanente".

SEÑOR MINISTRO.- Sin perjuicio de que se me pueda corregir, quiero aclarar al señor Senador que, además de la designación política del Director, se han contratado los servicios de un contador y de un abogado, si no me equivoco para directo asesoramiento del señor Director del Instituto.

Pasaríamos ahora, señor Presidente, al artículo 279, que habilita a la transformación de aquellos funcionarios que tienen la condición de "contratados permanentes", a la de "presupuestados". Este es un tema que, me consta, se genera en gran parte de la Administración Pública. De esta forma, el Ministerio, sin tener una erogación adicional y sin vulnerar derechos, formaliza su situación.

El artículo 280 habilita a utilizar parte de los ingresos de libre disponibilidad que tiene el Ministerio, en un programa de inversión en el área informática. El Ministerio, que tiene 40 oficinas de trabajo en todo el país y una permanente demanda de servicios de todo tipo -vinculada con la relación laboral y el funcionamiento del mercado de trabajo- no cuenta con un adecuado apoyo en materia informática. Por la vía de la asignación de dos partidas anuales de U$S 400.000, que de todas formas provienen de los mismos recursos que genera el propio Ministerio, podrá enfrentar un proceso de informatización de las oficinas de trabajo, de manera tal de poder acceder a mucha información que hoy está cargada en la misma página web del Ministerio, o a la información central de éste, quedando de esa forma en condiciones de brindar un servicio de mejor calidad al usuario, especialmente a toda la masa trabajadora y empresarial.

El único comentario que podría hacer respecto de este artículo es que se ha establecido que estas partidas se van a financiar con lo que exceda del tope fijado para los gastos de funcionamiento de dicha Secretaría en los años 2001 y 2002. Quizás estemos al borde de no poder acceder a la totalidad de los recursos necesarios, si se mantiene una tendencia como la que se ha experimentado en este año respecto de la evolución de los proventos, pero se trata de un modo de resolver el problema que nos habilita a ser optimistas en la posibilidad de transformar esas viejas oficinas de trabajo y esas representaciones del Ministerio en ámbitos que estén más al día, con los apoyos logísticos y tecnológicos con los que cuentan, entre otros, los propios interesados.

El Ministerio, por otro lado, ha venido desarrollando un programa de informatización de la planilla de trabajo, como un instrumento válido para poder tener un inventario permanente de las relaciones laborales en todo el país. Lamentablemente, esto no se ha podido poner en práctica en la totalidad del territorio nacional, por no contar nuestras oficinas en el interior de la República con este tipo de soporte. Por lo tanto, este es para nosotros un artículo que, si bien fue incorporado en la Cámara de Representantes, cuenta con nuestro total respaldo.

El siguiente y último artículo, señor Presidente, es el que establece una partida de U$S 1:200.000 -o $ 13:944.000- por año para complementar el Fondo de Reconversión Laboral. Dentro de las áreas en las cuales el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social actúa, y por intermedio de su representación en la Junta Nacional de Empleo, se desarrollan políticas activas de trabajo. Esto no escapa al conocimiento de los señores Senadores y ha estado en la discusión a distintos niveles en el transcurso de todo este año, por el imperio de una circunstancia que se dio con anterioridad a que se procesase el cambio de autoridades. En el mes de febrero se suspendieron los cursos de la Junta Nacional de Empleo, habida cuenta de que la misma se encontraba desfinanciada. Hasta el momento, la Junta Nacional de Empleo administra exclusivamente recursos provenientes de los aportes que realizan por partes iguales los trabajadores y los empleadores, que en la actualidad representa una cifra cercana a los U$S 650.000 por mes. Hubo planteos por parte de las gremiales empresariales y de trabajadores en el sentido de buscar alguna solución por la vía de que fuese el Estado, en conjunto, el que diese alguna especie de sustento complementario a estos recursos, para poder tener mayor disponibilidad y contemplar una mayor cantidad de casos. Lo que se busca es otorgar, al trabajador que tiene dificultades en materia de inserción o de reinserción laboral, algunos elementos complementarios a su formación técnica y u oficio, de forma de mejorar su perfil en el momento de incorporarse o de intentar incorporarse al mercado de trabajo. Podríamos haber explorado otras soluciones a este problema, algunas de las cuales fueron manejadas en el seno de la Junta de Empleo, pero preferimos optar por ésta, que si bien cuantitativamente puede no estar a la altura de las expectativas que podrían tener todas las partes, no deja de ser una cifra importante, que es la que este Presupuesto puede darle.

Además, todo esto va de la mano de una necesaria reingeniería de la Junta Nacional de Empleo, así como de los procesos de selección de las entidades de capacitación, de los procesos de evaluación de los cursos que se imparte y de una mejora de gestión en el momento de administrar esos recursos.

Por consiguiente, utilizando la misma cantidad de recursos, incrementados por esta partida, podremos tener la expectativa de lograr una rebaja sensible en los costos de impartimiento de los cursos. En consecuencia, con la misma cantidad de recursos -incrementados en esta medida- podremos atender a una mayor cantidad de trabajadores.

Quiero dejar expresa constancia, además, de que no todos los cursos que son de competencia de la Junta Nacional de Empleo fueron suspendidos -aunque, por cierto, el principal programa sí lo fue, que es el que se impartía a los trabajadores en seguro de desempleo- y que hoy estamos en condiciones de comenzar nuevamente el proceso licitatorio de las empresas de capacitación. De esta forma, se podría comenzar a dar respuesta y soluciones a la demanda de cursos de capacitación que son tan necesarios en situaciones como la que vive nuestro país en materia de desempleo.

Lamentablemente, en el funcionamiento de la Junta Nacional de Empleo no se han encontrado aún los consensos necesarios. Cabe aclarar que ésta funciona con un representante por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -la Directora Nacional de Empleo- otro por gremios empresariales -designado por el Consejo Superior Empresarial- y otro por los trabajadores, nominado por el PIT-CNT. Me consta que nuestra delegada en la Junta Nacional de Empleo ya ha expresado en su seno la voluntad de reiniciar el proceso licitatorio y, por consiguiente, se podría avanzar hacia la puesta en funcionamiento nuevamente de los Programas de Reconversión; me consta también, por expresiones que ha recibido la Directora Nacional de Empleo en la propia Junta, que el representante de los empleadores también está dispuesto a votar en el mismo sentido y me consta, asimismo, que quien no está dispuesto a avanzar en este mismo sentido -lamentablemente, porque creemos sería la solución inmediata al problema- es el representante de los trabajadores.

Todas las decisiones de la Junta Nacional de Empleo tienen que ser aprobadas por consenso o por unanimidad y, por consiguiente, si los cursos de capacitación de los trabajadores en seguro de desempleo no se han reiniciado, es porque lamentablemente, al día de la fecha, todavía no se ha contado con la aprobación de las tres partes representadas en ese ámbito.

SEÑOR MICHELINI.- Independientemente de lo que puede ser la discusión, me gustaría saber si el señor Ministro está de acuerdo con el aditivo y si los recursos son suficientes o no para lo que el Ministerio determina que hay que atender en este momento.

SEÑOR ASTORI.- Considero que estamos ante uno de los temas fundamentales del Ministerio, y por qué no del país. Por cierto, esta es una herramienta absolutamente esencial, no sólo en la circunstancia que mencionaba el señor Ministro -y que comparto- sino incluso tomándola con vistas al mediano y al largo plazo.

Habida cuenta de la experiencia que se ha hecho hasta el momento y, sobre todo, en los tiempos más cercanos, quería consultar, precisamente, al señor Ministro acerca del tema de la cobertura de esta actividad. El señor Ministro ya adelantó algo, pero quisiera saber si podemos profundizar un poco más, aunque sea en forma sucinta. Como se sabe, el talón de Aquiles que siempre tuvo el Programa de Reconversión Laboral, a mi juicio, fue la insuficiencia de su cobertura, lo cual se puede analizar tanto desde el punto de vista cuantitativo -me refiero a los beneficiarios del Programa- como desde el punto de vista cualitativo; en este sentido me refiero a los Programas de Capacitación Laboral con relación a las características de funcionamiento del mercado de trabajo en el Uruguay.

Haciendo rápidas cuentas -que luego el señor Ministro podrá confirmar o no- estos recursos significarían un aporte del Estado, por primera vez, de una suerte equivalente al 15% del total de recursos con que cuenta en este momento - o que contaría sumada esta partida- el Programa de Reconversión Laboral. Reitero que, según mis cálculos, se trataría aproximadamente de un 15% del total, tomando la cifra que el propio señor Ministro mencionaba y que, si no me equivoco, serían del orden de los U$S 600.000 por parte de empleadores y trabajadores. Teniendo en cuenta este aditivo que viene de la Cámara de Representantes, me gustaría saber si estaríamos en condiciones de tener una cobertura un poco mejor de la que veníamos teniendo, tomando en cuenta, simultáneamente las perspectivas cuantitativas y cualitativas porque, tal como lo adelantaba también el señor Ministro, de pronto cambiando el contenido metodológico de esta actividad se podría incluso alcanzar más y mejor a los beneficiarios del Programa.

Concretamente, me estoy refiriendo a las posibilidades de alcanzar una cobertura mejor teniendo en cuenta las necesidades imperiosas que tiene el Uruguay desde este punto de vista. A tales efectos, solicitaría al Ministro, si es posible, un juicio muy sucinto acerca de este tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador Rubio había solicitado la palabra.

SEÑOR RUBIO.- Mi inquietud es parte de los planteos de los señores Senadores Michelini y Astori.

SEÑOR COURIEL.- Sin duda, estamos ante un tema central del país. Cuando se hacen encuestas y se pregunta a la opinión pública cuál es el tema más relevante del Uruguay, dos tercios de los encuestados, normalmente, dice que es la situación del empleo o del desempleo.

Por otra parte, el tema del empleo no es responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dicho de otro modo, hay un problema de demanda de empleo que tiene que ver con el nivel de crecimiento, con el contenido y la estructura de ese crecimiento y con el nivel de inversiones. Entonces, todo esto tiene que ver no sólo con la situación internacional que vive el país, sino también con la política económica del Gobierno, de la cual el Ministro de Trabajo y Seguridad Social no es responsable.

Por otro lado, el Ministro puede ayudar mediante la mejora de la calidad de la oferta de la fuerza de trabajo; es allí donde tiene una posibilidad el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Entonces, desde este punto de vista, nos gustaría saber en virtud de los recursos que se solicitan, cuáles son las metas en términos de cantidad y calidad de formación de aquellos trabajadores que se encuentren en el Seguro de Paro o que no tengan en este momento un empleo concreto.

Ahora bien, me gustaría señalar que lo que no acepto de la exposición del señor Ministro es cuando dice: "que se pone la cifra que este Presupuesto puede dar" ¿Cuál es la cifra que puede dar? El señor Ministro lo reitera y acepta, diciendo que esa es la orden que él recibe. El Poder Ejecutivo dice que se puede hasta acá pero, en realidad, es un tema extremadamente discutible.

Siento que el déficit es el elemento clave de este Presupuesto. El Uruguay tiene una historia de un gasto social fundamentalmente redistributivo y acá conseguimos no metas sociales, sino normalmente metas de carácter financiero. El año pasado, nuestro país vivió un déficit fiscal más alto y no aumentó la inflación ni cambió el "investment grade". Prácticamente, no pasó nada, de manera que éste, repito, es un tema extremadamente discutible. Sin embargo, quiero plantear esto por una afirmación que ha hecho el señor Ministro.

Lamentablemente, en esta Comisión se nos negó la posibilidad de discutir el tema globalmente cuando concurrió el Ministerio de Economía y Finanzas. Se entendió que más importante que discutir este planteo era analizar el articulado de los subsidios. La Comisión tiene la soberanía para resolver y esa fue su decisión. Reitero que no pudimos analizar este tema en la Comisión como lo hubiéramos deseado y, por lo tanto, lo haremos en el Plenario o cuando sea conveniente.

Dejo también la constancia de que en esta discusión sobre el déficit fiscal el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social tiene bastante poco que ver. El debate se debe hacer, fundamentalmente, con el equipo económico.

SEÑOR HEBER.- Apoyado.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa quiere dar cuenta de que en esta etapa de la consideración de los temas la Comisión está para recibir a los señores Ministros y escuchar su opinión sobre los distintos Incisos, sin ingresar a debates de otra naturaleza. Así lo resolvió la Comisión.

SEÑOR COURIEL.- No entiendo la explicación del señor Presidente. Quiero que el señor Presidente me explique qué resolvió la Comisión. Simplemente, estoy haciendo referencia a una expresión del señor Ministro y creo que tengo derecho a hacerlo. Parecería que el señor Presidente cree que no. Pido que por lo menos me lo explique.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador está atribuyendo intenciones, porque la Presidencia no dijo eso. Simplemente, le aclaró al señor Ministro que esta Comisión estaba recibiendo a los titulares de los Incisos para escuchar explicaciones y plantear las preguntas necesarias, sin ingresar a debates políticos. Esa fue la aclaración que hizo la Presidencia.

SEÑOR MINISTRO.- Se han hecho varios comentarios. Creo que muchos de ellos y algunas de las interrogantes van en el mismo sentido.

Con respecto a la inquietud de los señores Senadores Michelini y Rubio, quiero aclarar que creo que éste es un muy buen primer paso en que el Estado se involucra directamente, a través de recursos que son de toda la sociedad, para enfrentar uno de los temas principales que son objeto de preocupación por parte de la ciudadanía. Además, en el desarrollo de democracias modernas como la que pretendemos tener, el Estado se encuentra actuando en forma focalizada para tratar de asignar determinados recursos a fin de contemplar las injusticias que la sociedad pueda generar por sí sola.

En Uruguay ha tenido una larguísima y rica tradición en materia educativa a todos los niveles. A pesar de lo que pueda ser la discusión presupuestal -me comprometo frente al señor Presidente a no ingresar en otro tema- quisiéramos asignar recursos para poder otorgar educación a los ciudadanos a todos los niveles, desde preescolares a universitarios. Nos parece que esta medida por la que el Estado se involucra directamente en la capacitación de los trabajadores está en esa misma línea. Nos hubiese gustado contar con una mayor cantidad de recursos, pero debemos ser conscientes de que estamos involucrados en una situación nacional, no de Gobierno sino del Estado, donde esta cuantía de recursos, junto con una mejora en la optimización de los recursos de que ya se disponía, puede colocarnos en una posición optimista con respecto a las metas y objetivos que podamos plantearnos. Estos últimos -esto fue planteado como inquietud por el señor Senador Astori- se definen en forma tripartita por los representantes de los actores sociales y del Gobierno.

Sin entrar en la casuística, quisiera comentar que, en virtud de todos los ajustes que se han acordado en el desarrollo de los programas de capacitación, estamos en una situación promedio, para los cursos de capacitación de los trabajadores en seguro de desempleo, del orden de los U$S 1.300 por curso en el momento inicial, cifra que ha descendido a U$S 900 al día de hoy. Por lo tanto, estamos ante una performance mejorada que, incorporándole una partida de estas características, puede colocarnos en una situación que al menos pretenda dar satisfacción a una demanda que se ha mantenido creciente en forma ininterrumpida desde que comenzó a desarrollarse el programa.

Lamentablemente, por distintas circunstancias, este no es un buen año para tomar como referencia. El programa principal de la Junta de Empleo estuvo suspendido durante gran parte del Ejercicio y se han acumulado solicitudes de recapacitación que hacen que el universo sobre el que estamos trabajando hoy no sea regular y normal. De todas formas, es intención del Ministerio -esta es una de las directivas que hemos impuesto a la representante del Ministerio en la Junta- con la mayor celeridad posible -por eso nos preocupan que no se hayan procesado aún los acuerdos en la Junta- poner a funcionar nuevamente el programa central y básico en un momento tan crucial para niveles de desempleo como los que estamos experimentando ahora. Además, la información de que se nutren los propios trabajadores hace que cada vez sean más los que estén al tanto de la existencia de ese tipo de instrumentos.

Quizás no haya respondido a todas las preguntas que se formularon con respecto a este tema, pero como comentario final quisiera señalar que creo en el instrumento, en la herramienta de la Junta de Empleo y en su definición tripartita, donde las responsabilidades y decisiones se comparten entre los agentes sociales y el Gobierno. En ese entendido, he planteado la necesidad de incorporar este artículo que comparto. Tenía la ilusión de contar con una dotación presupuestal mayor, pero lamentablemente eso no pudo ser. De todas formas, me parece que es un muy buen primer paso para comenzar a resolver definitivamente este tema.

SEÑOR ASTORI.- Quisiera decir algo que omití en mi intervención anterior con respecto al tema de los recursos. Veíamos lo que aportan el Estado y los trabajadores y empleadores en cifras absolutas y quería preguntar al señor Ministro si la cifra ubicada en los U$S 600.000 que nos dio de parte de trabajadores y empleadores ha sufrido algún deterioro o se mantiene en los niveles recientes. Aclaro que no estoy preguntando las razones de ello.

SEÑOR MINISTRO.- La disponibilidad de recursos con que cuenta el Fondo de Reconversión está directamente vinculada a los niveles de actividad. Por consiguiente, a mayor nivel de actividad, mayor recaudación y, a menor nivel de actividad, menor recaudación. Quizás este sea un mecanismo perverso que en algún momento deberá revisarse porque, de todas formas, aunque la inquietud original al crearse este instrumento fue generar un fondo para poder utilizar los recursos cuando los mismos se hacían más necesarios, en los hechos esto no fue posible, porque el fondo se desfinanció. Quería hacer esta aclaración porque tiene que ver con lo que planteó el señor Senador Astori.

SEÑOR GALLINAL.- Quiero hacer un planteamiento al señor Ministro referido a la labor que cumplen las oficinas de trabajo, fundamentalmente en el interior del país. Allí, como es sabido, se desarrolla una tarea muy importante relacionada con la etapa de conciliación previa a todo juicio de carácter laboral.

En el interior el conciliador cumple una función muy importante; se trata de un abogado que representa al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que intermedia entre las partes con el propósito de lograr un acercamiento o acuerdo, lo que tantas veces sucede, sobre todo en materia laboral. Si acaso no se lograra ese acuerdo, por lo menos queda abierta la posibilidad de inicio de un juicio posterior.

Nos consta que en muchas capitales del interior de la República, en donde generalmente el conciliador es uno solo, no están en este momento designados los funcionarios abogados para cumplir esa tarea, para desempeñar ese rol, es decir, no hay funcionarios que estén desarrollando esa labor que es muy importante para ir solucionando la problemática en esta materia.

La pregunta que formulo es cuáles son los impedimentos que tiene el Ministerio para designar esos conciliadores y si, de alguna manera, a través del Presupuesto, podríamos contribuir a dar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la herramienta necesaria para que pueda llenar esa función y así cumplir mejor con sus cometidos en esta materia.

SEÑOR MINISTRO.- Una de las formas de solucionar el problema, que hemos evaluado en el Ministerio, que no figura en el mensaje original, es la posibilidad de utilizar el procedimiento de la pasantía de profesionales, para poder cubrir algunas de esas vacantes que hoy existen en distintas localidades del interior de la República. Es mucho más sencillo resolver el problema en la capital que en el interior. Por una estrategia de optimización de recursos, preferiríamos poder sustituir el procedimiento que se está siguiendo al día de la fecha, para poder dar cumplimiento a esa obligación, que es el de trasladar profesionales de una localidad a otra, con lo que el costo asociado, a nuestro criterio, es superior al que implicaría la utilización de contrataciones en régimen de pasantía; estas últimas son infinitamente menos gravosas. De todas formas, ese es un tema que estamos evaluando con el Poder Ejecutivo, a los efectos de ver si sería factible incorporar una norma de estas características en un posible Mensaje complementario.

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más señores Senadores anotados ni artículos a considerar en el Inciso, agradecemos mucho la presencia del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social y a sus Asesores.

(Se retiran de Sala el señor Ministro de Seguridad Social y sus asesores)

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.