Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

Comisión Especial de Lavado de Activos
S/C
Versión Taquigráfica N° 719 de 2016

PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN EN EL COMITÉ OPERATIVO EN EL
MARCO DE LA SECRETARÍA NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE
ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 8 de setiembre de 2016


(Sin corregir)


 

PRESIDE:   Señor Representante Alfredo Asti.

MIEMBROS: Señores Representantes Germán Cardoso, Wilson Ezquerra y Gonzalo Mujica.

SECRETARIO:   Señor Horacio Capdebila.

PROSECRETARIO:   Señor Manuel Nande.

 


SEÑOR PRESIDENTE (Alfredo Asti).- Habiendo número, está abierta la reunión.

Correspondería entrar al primer punto del orden del día, relativo a la elección de Vicepresidente, pero como no tenemos quórum suficiente como para definir ese asunto, procederemos a aplazarlo para la próxima sesión.

En cuanto a los temas que venimos tratando en anteriores oportunidades, como miembro de la Comisión Especial de Lavado de Activos, que acude al grupo operativo que trabaja en el ámbito de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, que integran los tres Poderes del Estado, quiero informar que se ha avanzado en un proyecto de ley integral sobre el terrorismo -que oportunamente llegará al Parlamento-, así como en otra iniciativa integral sobre el lavado de activos. En lo personal hemos trabajado en uno de los grupos que estaba previsto que redactara el artículo 8º, que refiere a los delitos precedentes -sobre lo cual ya adelantamos algo en la sesión anterior-, y se llegó a una propuesta final.

Precisamente, con respecto al artículo 8º de la Ley Nº 17.835 quisiera decir que se establecieron algunas precisiones e inclusiones. Se fijaron topes a los delitos de contrabando, de estafa, de apropiación indebida y se agregaron delitos como fraude concursal, defraudación tributaria, defraudación aduanera, homicidio -de acuerdo con lo previsto en el artículo 312 del Código Penal, relativo al sicariato-; lesiones graves y gravísimas

——también previstos en el Código- y cuatro delitos vinculados a la propiedad: hurto, rapiña, copamiento y abigeato, en todos estos casos con dos limitaciones: un tope de un monto real o estimado por el cual se haya causado el daño y que sean cometidos por un grupo delictivo organizado que se define. También se estipula como delito precedente la asociación para delinquir, según lo previsto en el artículo 150 del Código Penal.

Me permito recordar que este grupo es abierto para todos los miembros de la Comisión Especial de Lavado de Activos: normalmente somos pocos los integrantes que acudimos -en general concurren la diputada Bianchi y el diputado Chiazzaro y algunos asesores de otros legisladores-, pero todos pueden hacerlo en cualquier momento; por eso trasmitimos la información en este ámbito.

SEÑOR EZQUERRA (Wilson Aparicio).- Personalmente, vamos a tratar de participar un poco más; el problema es que a veces las fechas coinciden con nuestras recorridas por el interior del país.

Ahora bien; cuando el señor presidente hablaba del tema de los topes, ¿se está refiriendo a un tope o a un mínimo?

SEÑOR PRESIDENTE.- En realidad, se establece un umbral, que para el contrabando, la estafa y la apropiación indebida es de 200.000 UI y para los delitos contra la propiedad es de 100.000 UI, siempre que sea cometido por un grupo delictivo organizado.

En el caso de defraudación tributaria también hay dos umbrales: uno para el primer año y, otro, para el futuro. En el primer año el umbral es mayor para que todo lo que tiene que ver con la actividad tributaria se vaya adaptando a las nuevas características y para que cuando este proyecto de ley sea aprobado y la ley entre en vigencia, se vayan adaptando las realidades -fundamentalmente, en lo que respecta al ejercicio profesional- en cuanto a que más allá de las responsabilidades tributarias también puede haber, para montos importantes, la tipificación de delito precedente de lavado de activos.

Por otro lado, está el tema del delito contra el terrorismo, en el que no hemos participado. Sí sabemos que se ha llegado a una versión final que se remitirá al Parlamento.

El otro tema que también informamos en reuniones anteriores es que en este momento está a estudio de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración un proyecto de ley presentado por la bancada del Frente Amplio que tiene que ver con las declaraciones juradas de funcionarios públicos, tema en el que esta Comisión comenzó a trabajar.

Tal como habíamos quedado, hicimos alguna gestión -que todavía no ha culminado con éxito-, para que el tratamiento de esa iniciativa continué en esta Comisión que, reitero, ya ha tratado el tema; inclusive, recibimos la visita de la Junta de Transparencia y Ética Pública. También debemos recordar que hay otros antecedentes relativos a la actual legislación sobre el tema, que también fue tratada en esta Comisión.

Hay cierta resistencia -considero que es lógica y atendible- a tratar ese asunto en esta Comisión, precisamente, por el nombre que tiene: hablar de declaraciones juradas de funcionarios públicos y asociarlas al lavado de activos, no parece ser lo más conveniente. En este sentido, yo citaba que esta Comisión, por su definición de temas, en el pasado ha abarcado todo lo que tiene que ver con la transparencia, entre otras cosas, porque uno de los delitos precedentes al lavado de activos son los delitos contra la Administración Pública. Obviamente, lo que se intenta con estas normas de transparencia de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos es evitar delitos contra la Administración Pública.

De todas maneras, no damos por cerrada la gestión. Inclusive, tenemos el acuerdo de quien propició y redactó este proyecto -que fue firmado por muchos legisladores del Frente Amplio- para traerlo a la consideración de esta Comisión. Esta propuesta obedece, fundamentalmente, a un tema de tiempos: hasta que llegue la legislación antilavado, tenemos tiempo suficiente como para tratar este tema.

Espero tener alguna novedad para la próxima sesión, que será en el mes de octubre.

Por último, no puedo dejar de hacer referencia al fallecimiento del vicepresidente -expresidente- de la Junta de Transparencia y Ética Pública, doctor José Pedro Montero Traibel, ya que fue un interlocutor válido con esta Comisión. Sin duda, su fallecimiento, que ocurrió el fin de semana pasado, nos causó un gran impacto.

Realmente, constituye una gran pérdida para la profesión, para la Junta de Transparencia y Ética Pública y para todo el país.

Esos eran los temas que la presidencia quería presentar a la Comisión.

Por otro lado, vamos a solicitar a la secretaría de la Comisión que envíe a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración las versiones taquigráficas correspondientes a las sesiones en las que se consideró el tema relativo a las declaraciones juradas de funcionarios públicos, comprendido en la Ley Nº 17.060, en particular, la de la reunión a la que asistió la Junta de Transparencia y Ética Pública, ya que en esa ocasión contamos con la presencia del doctor José Pedro Montero Traibel, padre del exsecretario redactor de la Cámara de Diputados, y actual secretario de la Cámara de Senadores.

Solicitamos que se envíen esas versiones taquigráficas a fin de que dicha asesora esté al tanto de que esta Comisión está considerando ese tema y que, además de lavado de activos, también está analizando temas de trasparencia y ética pública en forma permanente.

Hace un momento dijimos al pasar que la legislación actual sobre declaraciones juradas tuvo modificaciones desde su formulación, y fueron realizadas en esta Comisión, como la incorporación del formato electrónico y la inclusión de personal de empresas propiedad del Estado que funcionan en el derecho privado. Por lo tanto, tenemos antecedentes suficientes como para pedir que se lleve a cabo ese tratamiento.

Asimismo, sería conveniente que se remitan como antecedentes a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración -la secretaría de la Comisión puede hacerlo- los proyectos de ley relativos a formato electrónico e inclusión en la nómina de funcionarios obligados pertenecientes a las empresas que funcionan en el derecho privado que son de propiedad pública, considerando que fueron analizados y aprobados en esta Comisión y en Cámara.

Creo que hubo algún otro proyecto que autorizó a aumentar los pases en comisión de la Junta de Transparencia y Ética Pública que fue tratado por esta Comisión, pero no lo puedo asegurar.

(Diálogos)

——No habiendo más asuntos, se levanta la reunión.

Línea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.