Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

 

Comisión de Hacienda
Carpeta Nº 287 de 2015
Anexo I al
Repartido Nº 200
Julio de 2015

 

FONDO DE GARANTÍA IAMC

 

Ampliación del monto anual de recursos
vertidos desde Rentas Generales

 

I n f o r m e


 

Comisión de Hacienda

INFORME

Señores Representantes:

La Comisión de Hacienda de esta Cámara ha estudiado y aprobado por unanimidad el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo por el cual se amplía el monto máximo anual de recursos vertidos desde Rentas Generales al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva ("Fondo de Garantía IAMC").

El proyecto plantea potenciar al Fondo de Garantía IAMC como instrumento para que las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva que se encuentren en las situaciones previstas en la Ley Nº 18.439, puedan acceder a mecanismos de financiamiento en condiciones más favorables de plazos y tasas de interés, se plantea la ampliación del aporte anual a Ul 162.000.000 (ciento sesenta y dos millones de unidades indexadas).

Para el tratamiento de este tema en Comisión se recibió el asesoramiento del Ministerio de Economía y Finanzas con la presencia de asesores del mismo.

A través de la Ley Nº 18.439, aprobada el 22 de diciembre de 2008, se creó el Fondo de Garantías para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, conocido como el fondo de garantía de las IAMC. Este Fondo es un patrimonio de afectación independiente, destinado a garantizar el repago del financiamiento que obtengan aquellas instituciones integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud, comprendidas en el artículo 11 de la Ley Nº 18.211, de 5 de diciembre de 2007, que se encuentren en situación de insolvencia o de grave dificultad económica y presenten planes de reestructuración que vuelvan viable a la institución.

La realidad que tenía nuestro sistema financiero y las características que presentaba el sector de salud en ese momento hacían que las instituciones, en particular las que presentaban algún grado de dificultad no pudieran acceder a financiamiento a largo plazo que les permitiera transitar hacia condiciones de mayor estabilidad y sustentabilidad.

Esa fue la motivación fundamental: generar una herramienta que, ante estas situaciones, permita hacer posible que las instituciones accedan a un financiamiento a largo plazo. Esto opera como un fondo de garantía sobre las distintas alternativas de financiamiento que se puedan obtener. Se puede tratar de préstamos bancarios, de emisiones de títulos valores a nivel del mercado de capitales, de un fideicomiso, de obligaciones negociables, es decir, de distintos mecanismos financieros que cuenten con la garantía de este fondo.

Inicialmente, en el artículo 2º de la ley que creó el fondo se estableció que este sería administrado y representado por el Ministerio de Economía y Finanzas y que se integraría con recursos provenientes de Rentas Generales por un monto anual de 64.000.000 UI. Ese era el aporte que realizaba Rentas Generales para la constitución de este fondo, hasta alcanzar un monto global de 192.000.000 UI, lo que estaba previsto. También estaba previsto que una vez alcanzados los 192.000.000 UI, el Estado no aportaría más al fondo y, en caso de que se utilizara o sea, que hubiera que utilizar la garantía ante el incumplimiento de quienes habían asumido la deuda, subsistiría el compromiso que surgía de la ley de irlo recomponiendo a un ritmo de 64.000.000 UI por año.

Básicamente, este es el esquema en el que el fondo comenzó a funcionar. Luego, el 27 de diciembre de 2010, a través de la Ley Nº 18.719, hubo una modificación, que no amplió el monto del fondo, el cual siguió estando en 192.000.000 UI, sino que estableció el compromiso de que el Estado aporte hasta un máximo anual mayor en caso de disminución del fondo. Este no estaba aportando porque el fondo ya se había constituido; tenía 192.000.000 UI. Simplemente, el compromiso surgió ante la eventual necesidad de acelerar el ritmo de recomponer el fondo. Las 64.000.000 UI originales se llevaron a 128.000.000 UI y ahora a 162.000.000 UI. Esto no tiene costo fiscal ya que es solo el compromiso de acelerar una reconstrucción en caso de utilización de parte del fondo, cosa que no ha sucedido.

El otro elemento importante como antecedente es que el artículo 3º de la ley establece que los Ministerios de Salud Pública y de Economía y Finanzas las áreas específicas de competencia de cada uno tienen que evaluar los planes de reestructuración que se presenten en las dos modalidades previstas por la ley, ya sea en el caso de las instituciones que presenten problemas de insolvencia o grave dificultad económica o en el de las que requieran planes de reestructuración de pasivos. En ambos casos, es competencia de los Ministerios de Salud Pública y de Economía y Finanzas la aprobación de los planes de reestructura.

En todo este período, el fondo atendió la situación de tres instituciones en particular. La primera que solicitó la garantía del fondo fue el Casmu, en el marco de un proceso mucho más amplio de reestructuración, que implicó la separación del Sindicato Médico del Uruguay y su conversión en una institución independiente, mediante el régimen de las IAMC PP, establecido por el respectivo marco legal.

La segunda institución que hizo la solicitud de garantías al fondo fue la Asociación Española, que también venía de un proceso de dificultades en términos de los niveles de endeudamiento y con necesidad de implementar un conjunto de planes de reestructura. Era un plan menos complejo porque no implicó el cambio institucional que se implementó en el caso del Casmu pero que también apuntó a atender una situación en que los resultados y los niveles de endeudamiento eran negativos y se requería una solución para transitar una senda de mayor estabilidad.

La tercera institución que solicitó la garantía del fondo fue Casa de Galicia. Esa institución, históricamente, venía con problemas; se había presentado a concurso y tenía una historia de décadas de dificultades, con altos niveles de endeudamiento y dificultades en su funcionamiento, a pesar de todos los intentos de acuerdos con los acreedores y con quitas muy importantes en el pasado. Todo ello requería una atención específica del fondo.

En los tres casos mencionados, las garantías respaldaron emisiones en el mercado de valores bajo diferentes modalidades, en algunos casos bajo la forma de fideicomiso y en otros de obligaciones negociables. De acuerdo con el funcionamiento del mercado de valores, ello requiere la calificación de los títulos. Los criterios que utilizan las calificadoras para evaluar la calidad crediticia de estas emisiones, con la garantía que surge del fondo, implican la consideración del peor escenario: que todas las garantías que se otorguen caigan al mismo tiempo. En función de ello, se evalúa la capacidad que tenga el fondo de hacer frente a todas las obligaciones en el peor escenario. Ese es el criterio metodológico que asumen las calificadoras. Por lo tanto, el compromiso de aporte del Estado de recomposición, es un elemento clave a la hora de valorar la calidad crediticia de la garantía que estamos otorgando. Cuanto mayor es el compromiso de recomposición, mejor es la calificación que a nivel de las calificadoras de las emisiones que garantizamos se realizan y, por lo tanto, mejores son las condiciones que se pueden obtener en términos de tasa de interés, plazos y demás para las instituciones

Ese es el fundamento que está detrás de la solicitud de ampliación que se presenta en este proyecto de ley, llevándolo de 128.000.000 UI a 162.000.000 UI, lo cual no implica aumentar el fondo sino que simplemente le permite mejorar la evaluación de la calidad crediticia que el instrumento de la garantía que estamos creando tiene por parte de las calificadoras y, por tanto, las condiciones que a partir de esas garantías las instituciones pueden conseguir en términos de condiciones financieras para el financiamiento a largo plazo.

La evaluación del funcionamiento del fondo hasta el momento es que, como herramienta, ha sido muy favorable, en la medida en que ha permitido atender situaciones específicas que no hubiera sido posible contemplar de manera genérica. Estas herramientas que intentan atender estas situaciones particulares son muy útiles porque permiten diseñar mecanismos para consolidar la situación del sector atendiendo específicamente las particularidades que cada institución tiene.

Por lo expuesto vuestra Comisión Asesora sugiere de la Cámara la aprobación del presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 29 de julio 2015.

ALFREDO ASTI
Miembro Informante
CAMILO CEJAS
GONZALO CIVILA
JORGE GANDINI
GONZALO MUJICA
GUSTAVO PENADÉS
IVÁN POSADA
JOSÉ QUEREJETA
CONRADO RODRÍGUEZ
JAVIER UMPIÉRREZ

 

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 2º de la Ley Nº 18.439, de 22 de diciembre de 2008, en la redacción dada por el artículo 289 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, por el siguiente:

"El Fondo de Garantía IAMC será administrado y representado por el Ministerio de Economía y Finanzas y se integrará con recursos provenientes de Rentas Generales, por la suma de 162.000.000 UI (ciento sesenta y dos millones de unidades indexadas) anuales y podrá alcanzar la suma máxima de 192.000.000 UI (ciento noventa y dos millones de unidades indexadas)".

Sala de la Comisión, 29 de julio 2015.

ALFREDO ASTI
Miembro Informante
CAMILO CEJAS
GONZALO CIVILA
JORGE GANDINI
GONZALO MUJICA
GUSTAVO PENADÉS
IVÁN POSADA
JOSÉ QUEREJETA
CONRADO RODRÍGUEZ
JAVIER UMPIÉRREZ

 

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