Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

 

Comisión de Hacienda
Carpeta Nº 3026 de 2014
Repartido Nº 1465
Diciembre de 2014

 

FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CULTURA

 

Ajuste de retribuciones para los casos que se determinan


 

PODER EJECUTIVO

Montevideo, 15 de diciembre de 2014.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a consideración de ese órgano legislativo, el siguiente proyecto de ley, el cual procura brindar una solución a la situación conflictiva generada a raíz de la entrada en vigencia del artículo 64 de la Ley Nº 18.719, particularmente en relación a los diversos funcionarios integrantes de los Incisos 16 Poder Judicial y 11 Ministerio de Educación y Cultura.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ANTECEDENTES

Para una mejor comprensión de la compleja situación jurídica creada resulta conveniente repasar el proceso que llevara a la situación actual.

En efecto, ya el Artículo 85 de la Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales, Decreto-Ley Nº 15.464, del 19 de setiembre de 1983 establecía que "Los jueces tienen derecho al ejercicio de los poderes inherentes al cargo para el que han sido designados, a la consideración y trato propio de su investidura y a percibir la dotación que les asignen las leyes presupuestales, la que deberá ser adecuada a la dignidad e importancia de sus funciones".

El 1º de marzo de 1985 el Poder Ejecutivo remite al Poder Legislativo un proyecto de Ley modificativo y sustitutivo del Decreto-Ley Nº 15.464 (Ley Nº 15.750) el cual en su artículo 85 dispuso que: "la dotación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no podrá ser inferior a la que en cada caso se establezca para los Ministros Secretarios de Estado", disponiendo además una escala de remuneraciones de la totalidad de los jueces de los demás grados basada en el cien por ciento de la dotación que perciban los miembros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Fue el propio Poder Ejecutivo de la época que envía, el 4 de junio de 1985, un mensaje complementario por el cual propone la modificación de la escala propuesta en el mensaje del 1º de marzo de 1985.

El entonces Senador de la República, Dr. Gonzalo Aguirre sostuvo, en su carácter de miembro informante, que al incluir en el proyecto finalmente aprobado, dos artículos que refieren a materia presupuestal, mediante dicho mensaje, se salva la eventual inconstitucionalidad que hubiera significado la modificación del proyecto del 1/3/1985 sin la misma.

En las páginas 117 y ss. del Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores correspondiente a la sesión extraordinaria del 12 de junio de 1985 pueden leerse las palabras pronunciadas por el citado Senador:

"Por último, deseo señalar que se han introducido dos modificaciones de importancia, dos disposiciones de contenido presupuestal que son fundamentales, que son los artículos 85 -sobre todo éste- y 118.

  Como estos artículos refieren a materia presupuestal, la señora Ministra Interina de Justicia remitió el correspondiente mensaje complementario, de modo tal que no se pueda hacer objeción de inconstitucionalidad, en virtud de lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución.

  El artículo 85 establece o consagra una vieja aspiración de todos los magistrados de la República, es decir, la escala automática para sus retribuciones, partiendo del sueldo tope, que es el de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

  En virtud de esta disposición se evitará que, en el futuro -como ocurría en el pasado- los magistrados judiciales tengan que concurrir al Parlamento para interesarse, ante los legisladores, por la mejora de sus retribuciones.

  Esta situación, además de ser inconveniente, lesiona en cierto sentido su dignidad y menoscaba, en los hechos, la independencia del Poder Judicial.

  Varios magistrados se habían interesado ante distintos legisladores para que esta disposición que ha contado con el apoyo de la señora Ministra interina de Justicia, fuera sancionada, por lo que creo que damos un gran paso adelante, que honra al Parlamento, al establecerla.

  Al mismo tiempo, por el artículo 118 se consagra una disposición por la cual los Secretarios Letrados de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo quedan equiparados como, de hecho, ya lo estaban en el pasado, según la práctica seguida a todos los efectos de la carrera judicial y también a los de su dotación, a los Jueces Letrados de 1ra. Instancia".

Por su parte y en base a similares criterios establecidos en el artículo 85 de la Ley Nº 15.750 para el Poder Judicial, el artículo 9 de la Ley Nº 15.809 del 8 de abril de 1986 dispuso, a su vez, que las retribuciones de los cargos políticos y de particular confianza fundamentalmente del Poder Ejecutivo, se determinarán aplicando diversos porcentajes sobre la retribución correspondiente a los Subsecretarios de Estado, estableciendo el 115% para el Ministro de Estado.

En la misma ley, los artículos 401 a 403, 407 a 412, 419, 420 y 435 establecen ciertas equivalencias con al Poder Judicial, reiterando y ampliando, en su caso, lo previsto por el artículo 24 del Decreto-Ley Nº 15.365 de 30/12/1982.

Asimismo, el artículo 507 establece que "La retribución de los magistrados del Poder Judicial y de los Secretarios Letrados de la Suprema Corte de Justicia, se regulará según las normas de los artículos 85 y 118 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985. Solo podrán agregarse el sueldo anual complementario, prima por antigüedad, beneficios sociales y los aumentos generales que correspondan", con lo cual se subsanaba la posible objeción que la ley 15.750 -al no ser de naturaleza presupuestal- pudiese estar en colisión con textos constitucionales.

Pese a las normas establecidas, que sucesivamente establecieron criterios, porcentajes y equivalencias con el loable objetivo de otorgar soluciones permanentes a las periódicos reclamos presupuestales por parte de los diversos colectivos de funcionarios involucrados, múltiples fueron -sin embargo- las disposiciones que modificaron posteriormente el criterio fijado en el artículo 85 de la Ley Nº . 15.750 y con ello, entre otras, las retribuciones de los Magistrados. Así por ejemplo pueden destacarse:

- El artículo 112 de la Ley Nº 16.002 del 25 de noviembre de 1988, que originalmente estableció el derecho de los Jueces Letrados de Primera Instancia en el interior del país que ocuparan cargos en localidades en las cuales la Suprema Corte de Justicia no les proporcione vivienda, a percibir, mientras se mantuviera dicha situación, una compensación especial, no sujeta a montepío del 15% de sus retribuciones permanentes. Posteriores modificaciones extendieron la compensación primero a los Jueces de Paz Departamentales del Interior y a los Jueces de Paz de las Ciudades del interior y finalmente a todos los Magistrados del Poder Judicial y Fiscales a quienes el Estado no les proporcione vivienda (artículo 49 de la Ley Nº 16.134 del 24 de setiembre de 1990 y artículo 121 de la Ley Nº 16.462 del 11 de enero de 1994) y aumentando su cuantía al 20% (artículo 467 de la Ley Nº 16.736 del 5 de enero de 1996).

-El artículo 16 de la Ley Nº 16.170 del 28 de diciembre de 1990, crea una retribución complementaria por dedicación permanente, de un 20% (veinte por ciento) de las retribuciones sujetas a montepío, excluida la prima por antigüedad, en los casos en que exista incompatibilidad con el ejercicio de la profesión. Posteriores modificaciones elevan la misma al 36% (artículo 5º de la Ley Nº 16.226 del 29 de octubre de 1991) y al 45% (artículo 5º de la Ley Nº 16.462 del 11 de enero de 1994).

-El artículo 392 de la Ley Nº 16.320 del 1º de noviembre de 1992, modificado por el artículo 134 de la Ley Nº 16.462 del 11 de enero de 1994 fija una retribución adicional del 15% sobre las retribuciones básicas y complementarias sujetas a montepío, excluida la prima por antigüedad.

-El artículo 456 de la Ley Nº 17.296 del 21 de febrero de 2001 crea una partida presupuestal con destino a contribuir al perfeccionamiento académico de quienes ocupen cargos en forma exclusiva en el Escalafón I, estableciendo la distribución sobre una escala diferente a la establecida en el artículo 85 de la Ley Nº 15.750.

-El artículo 388 de la Ley Nº 17.930 del 19 de diciembre de 2005, crea una retribución adicional denominada "Incompatibilidad Absoluta", que se abonará solamente a los cargos de Magistrados y otros cargos que están sujetos a las restricciones del artículo 251 de la Constitución de la República, a cargos de Secretario la que alcanzará un 33% (treinta y tres por ciento) en el quinquenio y será aplicada sobre los conceptos de retribuciones sujetas a montepío.

Con excepción de la retribución adicional del 15% establecida por el artículo 392 de la Ley Nº 16.320 del 1º de noviembre de 1992, modificado por el artículo 134 de la Ley Nº 16.462 del 11 de enero de 1994, las compensaciones o retribuciones mencionadas fueron aplicadas también a los miembros de la Suprema Corte de Justicia.

-Adicionalmente, para los miembros de la Suprema Corte de Justicia el literal B del artículo 17 de la Ley Nº 16.170 del 28 de diciembre de 1990, fijó como gastos de representación, un 18% sobre las retribuciones básicas y complementarias sujetas a montepío, excluida la prima por antigüedad y la permanencia en el grado. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley Nº 16.462 del 11 de enero de 1994 incorpora a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, a los del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a los del Tribunal de Cuentas y a los de la Corte Electoral en el literal A) del artículo 17 de la Ley Nº 16.170 de 28 de diciembre de 1990, que fijaba en el 25% los Gastos de Representación.

-Finalmente, el artículo 35 de la Ley Nº 16.736 del 5 de enero de 1996 eleva el porcentaje que corresponde al literal A al 40%.

Como se observa entonces, la compleja constelación de compensaciones, retribuciones adicionales y complementarias, obligó, por otra parte, a interpretar con carácter general, tanto en la Administración Central como en otros Incisos del Presupuesto Nacional, que las mismas no integraban, -a los efectos de las equiparaciones o remuneraciones que se fijen en función de otras en base a porcentajes- siendo ello recogido en el artículo 18 de la Ley Nº 16.170 del 28 de diciembre de 1990.

Este criterio se fue extendiendo a otras partidas, tales como las creadas por los artículos 477 y 478 de la Ley Nº 16.170 del 28 de diciembre de 1990 (complementaria por alta especialización y retribución complementaria por rendimiento, respectivamente).

Mientras el artículo 479 de la misma ley establece que "Será aplicable a las retribuciones fijadas por los artículos 477 Y 478 lo dispuesto en el artículo 18 de la presente ley", el inciso final del artículo 392 de la Ley Nº 16.320 del 1º de noviembre de 1992, establece, el mismo criterio, pero estableciendo, simultáneamente, excepciones al mismo: "Interprétase que en ningún caso la retribución adicional establecida por la presente disposición, integra la dotación ni la retribución del cargo, a los efectos de las equiparaciones o remuneraciones que se fijan en función de otras, con excepción de la de los funcionarios pertenecientes al escalafón N del Inciso 11 - Ministerio de Educación y Cultura y Secretario Letrado y Prosecretario Letrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo".

Simultáneamente, el artículo 3 de la Ley Nº 16.462 del 11 de enero de 1994, fijó en $ 6.752, (pesos uruguayos seis mil setecientos cincuenta y dos), a valores de 1º de julio de 1993, la retribución de, -entre otros": el Ministro de Estado, Ministro de la Suprema Corte de Justicia y Ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Las retribuciones establecidas para los cargos referidos en los incisos precedentes no incluyen la retribución complementaria por dedicación permanente dispuesta por el artículo 16 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 5º de la presente ley, ni los gastos de representación establecidos por el artículo 17 de la Ley Nº 16.170, disponiéndose además que el monto total de las retribuciones sujetas a montepío de los cargos antes referidos no podría superar el que corresponda a los titulares del Poder Legislativo.

Posteriormente, el artículo 34 de la Ley Nº 16.736 de fecha 5 de enero de 1996 fijó en $ 11.059,70 (pesos uruguayos once mil cincuenta y nueve con 70/100) a valores del 1º de enero de 1995, la retribución básica de los Ministro de Estado; Ministro de la Suprema Corte de Justicia y Ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; entre otros, aclarando que la misma no incluye la retribución complementaria por dedicación permanente dispuesta por el artículo 16 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 5º de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994.

El artículo 34 mencionado no hace referencia a los Gastos de Representación establecidos por el artículo 17 de la Ley Nº 16.170, al tope impuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 16.462, mientras que si hace referencia a la "retribución básica" a diferencia de la norma del artículo 3 de la Ley Nº 16.462 que se refiere a retribución.

En el caso de la partida con destino a contribuir al perfeccionamiento académico creada por el artículo 456 de la Ley Nº 17.296 del 21 de febrero de 2001, se establece que no integra la base de cálculo de cualesquiera equiparaciones y no estará sujetas a contribuciones especiales a la seguridad social ni a otro tipo de gravámenes".

Del precedente resumen normativo surge con claridad que a partir de la aprobación de la Ley Nº 15.750, y -en particular- en relación al criterio remunerativo establecido por su artículo 85, (recogido presupuestalmente y ampliado en el artículo 507 de la Ley Nº 15.809), no solamente se sucedieron normas que modificaron el criterio remunerativo establecido para los jueces, sino que se sucedieron normas de contenido presupuestal con alcance diverso: mientras algunas comprendieron a los Ministros de Estado y a los miembros de la Suprema Corte en forma equivalente, otras lo hicieron en forma disímil. Algunas abarcaron a todos los cargos mencionados en el artículo 85 de la Ley Nº 15.750 y en otras discriminando entre los miembros de la Suprema Corte y el resto de los incluidos.

Como consecuencia de este proceso, la relación entre las retribuciones del Ministro de Estado y los miembros de la Suprema Corte de Justicia se fue modificando en el correr del tiempo, en beneficio de estos últimos.

En el período que va desde el 1º de marzo de 2005 hasta el 1º de enero de 2010, el incremento salarial real que correspondió a los Ministros de Estado fue del 19,5%, alineado con el mínimo correspondiente a la totalidad de los funcionarios de la Administración Central, totalizando el 66,7% de aumento nominal.

Por su lado, en oportunidad de la comparecencia de la Suprema Corte de Justicia en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores el 10 de noviembre de 2010, el Sr. Presidente de la Suprema Corte de Justica expresaba que en el caso de los Ministros de la Suprema Corte, el aumento nominal, -en cambio- fue del 83% y el de los Magistrados 89%.

"SEÑOR CHEDIAK. - Gracias, señora Presidenta.

  En lo personal, hemos tenido alguna divergencia con uno de los seis gremios que integran el Poder Judicial, con respecto a quiénes habían sido más beneficiados y quienes no tanto en ocasión de la reestructura aprobada en el Presupuesto anterior, en 2005, y llevada a ejecución entre 2006 y 2009. Nosotros dijimos públicamente que habían sido privilegiados los escalafones administrativos y, como tratamos de ser serios -tanto en la Suprema Corte de Justicia como en lo personal, en todos los aspectos de nuestra vida- queríamos avalar esa aseveración mostrando los números. Los señores Senadores recordarán que en el período anterior se aprobó un importante aumento para el Rubro 0 del Poder Judicial que, en definitiva, rondó el 40%: 33% más el 7% por la llamada cláusula gatillo, vinculada a la recaudación del Estado. En realidad, terminó siendo un poco más del 39%, por razones que solamente los contadores entenderán. Ese monto fue distribuido proporcionalmente en la escala salarial en el Escalafón I, que son los Magistrados. En general, el incremento porcentual de los Magistrados de todos los escalafones fue igual y terminó siendo -sumando la reestructura, el IPC en el período pasado y la recuperación que estaba prevista en el período de Gobierno anterior al del doctor Tabaré Vázquez- del 89%, salvo para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, que fue del 83%. Los demás escalafones entraron dentro del concepto de reestructura. Queremos señalar que previamente a la realización de la reestructura el Escalafón V representaba el 34,37% de la masa salarial total del Poder Judicial y el Escalafón VI de Auxiliar, el 4,35%. Es decir que estos dos escalafones, netamente administrativos y que son representados por el mismo gremio, no llegaban a sumar el 40% de la masa salarial total del Poder Judicial. Y luego de la reestructura vemos que el escalafón V Administrativo pasó a tener un peso o, por lo menos, llevó de la masa de reestructura el 57,51% de los fondos de reestructura y el Administrativo, el 5,27%. Entonces, la masa salarial de esos dos escalafones pasó de menos del 40% a más del 60% del monto total del Rubro 0, por lo cual, los números avalan que los privilegiados fueron los escalafones V y VI, que son, reitero, los de los funcionarios administrativos. Por su parte, el que no fue privilegiado, dejando de lado el escalafón I de Magistrados, fue el escalafón II de Técnicos y Actuarios, sobre todo, el escalafón VII de la Defensa Pública que tuvo el menor aumento proporcional dentro del Poder Judicial.

  Para saber de qué estamos hablando en cuanto a los incrementos porcentuales por reestructura que se ven en esta escala, podemos decir que quien mayor incremento por reestructura recibió en todo el Poder Judicial fue el cargo de Alguacil, que tuvo un 65,26% de aumento por reestructura. Esto, sumado a los aumentos que señalábamos de IPC y recuperación, terminó en un aumento del entorno del 167%. Luego, en la misma escala jerárquica de los funcionarios, el Jefe de Sección tuvo un 43,70% y sumando todos los rubros en el quinquenio, creo que estaba cerca del 128% de aumento. Y es verdad que quienes menor aumento recibieron dentro de los escalafones administrativos fueron los grados inferiores de la escala. Quiero señalar que eso no fue decisión de la Suprema Corte de Justicia, sino que fue un fuerte planteo de la reestructura que los propios funcionarios impusieron -o por lo menos hicieron presión en ese sentido- para que se aprobara. En su momento, los funcionarios hicieron hincapié en que había que tener una verdadera carrera administrativa y, por lo tanto, había que estimular el trabajo para poder ascender, y para ello era necesario separar en lo que tiene que ver con los salarios los distintos grados de la escala, dando, como se planteó en su momento, mucho mayor aumento en los grados superiores de la escala administrativa. Como alguna participación también tuvimos en el fenómeno de la reestructura, hay que decir que lo que hizo la Suprema Corte de Justicia con el planteo de la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial en lo que atañe a la reestructura, fue mejorar la retribución de los grados inferiores, para lo cual eliminó la mayoría de unos cargos que se creaban de Jefe de Oficina y que estaban por encima del Jefe de Sección e inmediatamente por debajo del cargo de Alguacil. Creo que se dejaron alrededor de 30 cargos de un total de más de 150 cargos. Ese dinero, que representaba una suma enorme por mes, se utilizó para reforzar los dos últimos grados, tanto del escalafón V como del VI, lo cual permitió que el aumento final a los funcionarios que ganaban menos fuera muy inferior a lo que se tenía pensado o planeado por parte de la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial. De todas maneras, quiero señalar que todos los funcionarios administrativos, por ejemplo, recibieron más aumento que los Magistrados; no hubo ningún Magistrado que recibiera más de un 90% de aumento, sumados todos los rubros, y no hubo funcionarios que recibieran menos de 100,3% de aumento".

Ante ese panorama, fue voluntad del Poder Ejecutivo en el presente gobierno, al remitir su iniciativa correspondiente al Presupuesto Nacional Período 2010-2015; así como del Poder Legislativo al aprobar la Ley Nº 18.719 promulgada el 21 de diciembre 2010, subsanar el retraso que las remuneraciones de los Ministros de Estado y de otros cargos de la Administración Central, habían sufrido respecto de las correspondientes de otros de similar responsabilidad o exigencia, en especial a través de lo dispuesto en lo que resultara ser su artículo 64.

Fue así entonces que a través del artículo 64 de la ley de presupuesto del período, se utilizó el criterio de excluir a una serie detallada y taxativa de cargos de la nómina del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, modificativas y concordantes, entre ellos el de Ministro de Estado, estableciendo que la dotación de la misma sería el 100% de la retribución por todo concepto correspondiente al sueldo nominal de Senador de la República y disponiendo que, en adelante, no correspondería el cobro de ningún porcentaje por concepto de Gastos de Representación, ni por concepto de Dedicación Permanente para éstos.

Complementariamente estableció una serie de previsiones a efectos de asegurar que las retribuciones de otros cargos y todo mecanismo de cálculo retributivo que refiera a los sueldos nominales de los cargos mencionados en el inciso primero del referido artículo, entre ellos el de Ministro, se realizara sobre el valor de aquéllos al 1º de enero de 2010, actualizado en la oportunidad y sobre los mismos porcentajes en que se actualicen los sueldos de la Administración Central, estableciendo que, en definitiva, sería la Contaduría General de la Nación quién habilitaría los créditos correspondientes a los efectos de atender las erogaciones resultantes.

Asimismo, en el inciso 3º del artículo 64 en cuestión, se establece específicamente, para todos los demás cargos del Presupuesto Nacional cuyo mecanismo de cálculo retributivo refiera a los sueldos nominales de los cargos mencionados en el inciso 1º (v. gr. Ministros de Estado, Subsecretario de Estado, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, etcétera), que dicho mecanismo de cálculo retributivo se realizará sobre el valor de aquéllos (esto es, sobre el valor de los sueldos nominales de los Ministros de Estado, Subsecretario de Estado, etcétera) al 1º de enero de 2010. Ello significa que toda otra retribución, cualquiera sea la norma que la establezca, cuyo monto se determine en relación a, o en un porcentaje de los sueldos nominales de los Ministros de Estado, Subsecretarios de Estado, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o de la Oficina Nacional del Servicio Civil, etcétera, deberá calcularse sobre el valor de estos últimos al 1º de enero de 2010".

Tal como expresara el Poder Ejecutivo posteriormente, "el artículo citado expresa -como surge de su sola lectura- claramente y en forma taxativa en su inciso 1º, cuáles son los cargos que equipararán sus ingresos en los porcentajes allí indicados, a los de Senador de la República, e indica en su inciso 2º, cuál es el sistema para determinar las retribuciones de todos los demás cargos que no se mencionan en dicho inciso 1º, esto es, las retribuciones de los cargos que permanecen incluidos en el artículo 9º de la Ley Nº 15.809, así como el sistema de cálculo de los complementos de remuneración previstos en los artículos 8º y 9º de la Ley Nº 16.320 para los titulares de los cargos allí expresados".

En la versión taquigráfica de la sesión de fecha 30 de setiembre de 2010 de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Representantes puede leerse la constancia dejada oportunamente, a los efectos de contribuir a la interpretación fidedigna de la ley en línea con lo establecido en el artículo 17 del Código Civil.

"SEÑOR GANDINI.- Más allá de las consideraciones políticas que se puedan hacer al respecto -que no es el objeto de esta reunión- lo más complicado sobre todo cuando uno no tiene la posibilidad de repasar a mano todas las normas referidas es saber quiénes quedan enganchados y quiénes no. Está claro que los que quedan excluidos y por lo tanto tienen una nueva retribución equiparada a partir del sueldo de Senador son los que están mencionados en el primer inciso y que todos los demás que están mencionados en la Ley Nº 15. 809 quedan con la remuneración actual que se va a ajustar por el mecanismo de la Administración Central. Es decir que el que hoy gana 10 y no es ninguno de los mencionados va a seguir ganando 10, y el 1º de enero va a percibir un ajuste según el de los funcionarios públicos. Además se mantiene que la equiparación es sobre el salario y no sobre el salario más los gastos de representación sino exclusivamente sobre la partida salarial del Senador. Lo que cuesta identificar es qué otros cargos por vigencia de otras normativas están equiparándose. Quiero ser concreto en la pregunta dando algunos ejemplos. ¿Los Presidentes de los Entes Autónomos figuran en la Ley Nº 15.809 o en la nueva disposición? ¿Qué pasa con los jerarcas de los artículos 220 y 221 y con los cargos jerárquicos del Poder Judicial? Nos han consultado sobre este tema y la verdad es que yo no sé la respuesta. No sé si un Presidente de un Ente Autónomo industrial y comercial o un Presidente de un Ente Autónomo del Presupuesto Nacional están equiparados por imperio de algunas leyes vigentes o esas leyes también quedan atadas a la actual redacción de la Ley Nº 15.809. Concretamente, es eso.

SEÑORA HENDLER.- En primer lugar, las retribuciones de los Directores de Entes se fijan en los propios presupuestos de los Entes Autónomos. En segundo término, quiero decir que para todos los cargos a que alude el señor Diputado, que es cierto están enganchados -por decirlo en forma clara- a las retribuciones de estos que están ahora excluyéndose del artículo 9º, se establece con carácter general, en el penúltimo inciso de esta norma, que 'Todo mecanismo de cálculo retributivo que refiere a los sueldos nominales de los cargos mencionados en el inciso primero del presente artículo, se realizará sobre el valor de aquellos al 1º de enero de 2010, actualizado en la oportunidad y sobre los mismos porcentajes en que se actualicen los sueldos de la Administración Central, con lo cual quedan desprendidos de este aumento que van a recibir las retribuciones de estos cargos".

Y a continuación, y en forma meridianamente clara para ilustrar respecto a la intención del legislador al aprobar la norma en cuestión, se lee en la versión taquigráfica:

"SEÑOR GANDINI.- Entonces, quiero dejar algunas constancias en la versión taquigráfica.

A veces, cuando la norma tiene diversas interpretaciones importa el espíritu del legislador. Más allá del texto que tenemos a consideración, que es complejo, aquí lo que se quiere es desvincular de la Ley Nº 15.809 los cargos que específicamente se designan, exclusivamente los de Secretario de la Presidencia, los de Ministros, los de la OPP. Los que allí están mencionados a texto expreso y en términos abarcativos, como los de Directores de Unidades Ejecutoras, son los únicos que van a tener una remuneración diferente, atada al salario de los Senadores, excluidos los gastos de representación. Eso es lo que se quiere. Por lo tanto, toda otra norma que se vincule con salarios judiciales, políticos, de particular confianza, etcétera -que históricamente estuvo relacionada-, hoy queda vinculada con La Ley Nº 15.809 y, por lo tanto, sus salarios estarán regidos por los valores que éstos tengan al 1º de enero de 2010. Hasta podemos cuantificar cuántos son exactamente aquellos cargos o funcionarios que van a tener un despegue de sus salarios originales.

SEÑOR BRECCIA.- Creo que hemos llegado a una comprensión del texto, de acuerdo con lo que se manifiesta. Simplemente, en cuanto a la equiparación con el salario de los señores Senadores, queremos dejar constancia de que se estará sujeto a la información que brinde el Departamento contable del Poder Legislativo acerca de a cuánto asciende el sueldo de un señor Senador.

Dejamos esta constancia a los efectos de contribuir con la historia fidedigna de la sanción de la norma".

Por su parte, en la versión taquigráfica de la sesión de fecha 23 de setiembre de 2010 de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Representantes, en oportunidad de comparecer la delegación de la Asociación de Magistrados del Uruguay, integrada por las doctoras Anabella Damasco y Ada Siré y los doctores Carlos García, Pablo Misa y Alberto Reyes, pueden leerse extractos también referidos a ésta cuestión interpretativa:

"SEÑORA DAMASCO.-

………….

En cuanto a la situación de nuestras retribuciones, nosotros apoyamos el proyecto de la Suprema Corte de Justicia. Entendemos que el 23,5% de aumento de las retribuciones al final del quinquenio -según indicadores macroeconómicos que nosotros no estamos capacitados para explicitar pero que serán del conocimiento de todos- contempla la situación, pero también comprendemos las finalidades diversas que pretendieron abarcar tanto la Suprema Corte de Justicia como el Poder Ejecutivo.

En este caso; pensamos que el porcentaje solicitado por la Suprema Corte de Justicia cumple dos objetivos que son: por un lado, descomprimir la conflictiva interna del Poder Judicial, asignando una nueva partida al sueldo de los magistrados y, por otro, transparentar el salario real de la remuneración de la función pública en general.

………………

SEÑOR ABDALA.- Por lo avanzado de la hora, simplemente quiero dejar una constancia y plantear dos preguntas muy concretas.

………………

Una de las preguntas que quiero plantear se refiere a las retribuciones. Si no entendí mal, ustedes están preocupados por el artículo 76.

SEÑORA DAMASCO. - También nos preocupa el artículo 75 del proyecto del Poder Ejecutivo.

SEÑOR ABDALA.- Perdón, en realidad quise referirme al artículo 75. Pero mi pregunta es la siguiente: a la luz del artículo 85 de la Ley Nº 15.750 -nadie mejor que ustedes para ayudarnos a interpretar el derecho- y en la medida en que el artículo 75 prospere tal como está proyectado, ¿qué es lo que debe interpretarse? ¿Indirectamente ustedes están contemplados por esta solución, en la medida en que se equiparan los sueldos de los Magistrados con los de Ministros de Estado?

…………………….

SEÑORA DAMASCO.- El artículo 75 del proyecto de ley del Poder Ejecutivo -nuevamente exhorto a los señores legisladores a que lean el documento que les dejamos; incluso, en nuestra propuesta agregamos la fotocopia del Diario de Sesiones de la discusión de la Ley Orgánica de la Judicatura-, para nosotros es, no una norma como comúnmente conocemos de porcentualidad o de enganche sino de garantía. Así fue dicho por el miembro informante de entonces, doctor Gonzalo Aguirre, y así lo interpretamos los Jueces todavía. Se trata de una norma de garantía, que asegura que los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia -sin importar los vaivenes presupuestales del momento ni de qué época política se trate- no van a ganar menos que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia. Esto es concreto y claro; nos remitimos a las palabras dichas en aquel momento por legisladores de todos los sectores.

SEÑOR ABDALA.- Inclusive, me parece que surgiría del sentido literal de las palabras del artículo 85.

SEÑORA DAMASCO.- Efectivamente. Entendemos que esa norma no deroga la garantía que estableció la ley sobre la organización de los Tribunales.

SEÑOR REYES.- De todas maneras quisiera leer ese artículo porque quizás estamos hablando de un tema que no todos manejan o no tienen muy presente. En cuanto a la norma en cuestión, el artículo 85 de la Ley Nº 15.750, el miembro informante en el Senado en ese entonces, doctor Gonzalo Aguirre, decía: "El artículo 85 establece o consagra una vieja aspiración de todos los magistrados de la República, partiendo del sueldo tope, que es el de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En virtud de esta disposición se evitará que, en el futuro -como ocurría en el pasado- los magistrados judiciales tengan que concurrir al Parlamento para interesarse, ante los legisladores, por la mejora de sus retribuciones. Esta situación, además de ser inconveniente, lesiona en cierto sentido su dignidad y menoscaba, en los hechos, la independencia del Poder Judicial. Varios magistrados se habían interesado ante distintos legisladores para que esta disposición (...) fuera sancionada, y creo que damos un gran paso adelante, que honra al Parlamento, al establecerla". Teniendo en cuenta lo que hoy hemos visto en el texto, yo creo que no se puede entender que esta norma esté derogada o cosa por el estilo. Ahora bien: advertimos con preocupación que hay intención de mejorar la redacción para que sea clara y que quede claro -valga la redundancia- que no se va a equiparar a ningún otro cargo que no sean los que están previstos en el artículo 75. Inclusive, en el segundo inciso del artículo 75 hay una suerte de embrión de desenganche que, hoy por hoy, podría resultar inoperante en los números. Supongamos que un Ministro de la Suprema Corte de Justicia gane lo mismo que hoy percibe un legislador -supongamos, porque en este sentido realmente hay cuentas difíciles de hacer-, pero a lo que a nosotros nos interesa es el concepto. No hay ningún fundamento, no hemos visto ningún argumento para que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, para quienes estaba previsto en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Judicatura que no podían tener un ingreso inferior al de los Ministros de Estado, pasen a tenerlo en el futuro, eventualmente, o en el presente, quizás. No vemos ningún fundamento desde el punto de vista institucional. O sea que nos preocupa no tanto la redacción, sino la intención de cambiarla para que justamente se produzca el efecto que no estaba en el horizonte nuestro. Realmente no pensábamos que en este Presupuesto se pudiera dar una situación semejante; esto en cuanto al artículo 75.

………………..

SEÑOR ASTI.- El doctor Reyes hacía referencia a un argumento con respecto al artículo 85 de la Ley Nº 15.750: que, para salvaguardar la dignidad de los Magistrados, ya no tendrían que venir más al Parlamento. La reunión del día de hoy demuestra que eso fue nada más que una intención.

SEÑORA DAMASCO.- Señor Diputado Asti: esto no es un agravio ni una anécdota. Es la voluntad del Parlamento de 1985 y sigue siendo la voluntad de los magistrados. Las asociaciones de magistrados del año 1985 no estaban en funcionamiento, pues habían sido disueltas en épocas de la dictadura. Por lo tanto, en ese momento no pudo venir a hablar al Parlamento ningún magistrado en representación de la Asociación; de lo contrario, lo habrían hecho, como lo estamos haciendo nosotros en este momento. Por eso, algunos magistrados se acercaron a algunos legisladores para hacerles conocer su propósito. La referencia histórica es simplemente una referencia histórica de importancia: el advenimiento de la democracia, la Ley de Organización de los Tribunales del regreso a la democracia y hoy, veinticinco años después, cuando el trabajo de cada día de quienes vivimos en el Estado uruguayo es reafirmar la democracia -nosotros somos partes de ese sistema- nos hace reflexionar. Para nosotros, esto que hemos fotocopiado ahora también fue un descubrimiento; no es que desde el año 1989, desde que soy Jueza, lo tenía bajo el brazo; fue un descubrimiento. Siempre los Jueces estamos estudiando y descubriendo cosas nuevas, y aunque no se pueda creer, esto es un hallazgo de esta época. Eso es lo bueno de recordar y de remontarnos a la historia algunas veces.

Entonces, tomamos rico café, conversamos y contamos anécdotas; pero sería muy bueno encontrarnos en la cafetería y no estar pidiendo. Adviértase la inconveniencia de pedir hacia fuera sueldos, porque no hablamos de pedir otras cosas como mejoras de Tribunales, mejoras de leyes; eso es casi nuestra obligación; eso viene de la mano con el mejor desarrollo jurisdiccional: venir a decir; señores, ustedes y nosotros somos responsables de la administración de Justicia; hagámoslo de la mejor forma posible. Pero pedir sobre nuestros sueldos a uno le da un poco de cortedad, especialmente, cuando hay otros gremios que también vienen acá y, legítima y humanamente, también quieren defender lo suyo. Por eso también está el pedido de separarnos en el artículo 624, porque si yo vuelvo al lugar en donde soy jerarca a tratar de discutir con el funcionario administrativo -que cumple otra función, otro horario, otras responsabilidades- cuánto más o menos que a mí le corresponde a él, créaseme que es tanto o más inconveniente que estar viniendo a conversar sobre cuánto creen los legisladores que debo ganar. Simplemente ese es el punto.

Además, para nosotros significa más el artículo 75 y el artículo 85 de la ley de judicatura que cuánto ganemos en definitiva. No quiero comprometer al resto de los quinientos magistrados y hablo en mi nombre, aunque ahora soy la Presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay. La significación de la norma de garantía del artículo 85 de la Ley Orgánica de la Judicatura es más que lo que ganemos concretamente. Es, precisamente, la garantía de que sea cual fuere la situación parlamentaria, institucional, etcétera, los Jueces van a desarrollarse y a desempeñarse con total independencia, porque sus sueldos están garantizados. Esa es una cuestión absolutamente importante para nosotros. Además, no tenemos dudas de que esto ha sido tratado de respetar en muchas normas, pero siempre hay un paso más en pos de consagrarlo y quizás este Parlamento, o el venidero, puedan sentirse mucho más honrados de lo que dijo sentirse el del año 1985. No tengo dudas de que para adelante siempre vamos a crecer aunque a veces haya que acudir a la historia.

SEÑOR REYES.- La intervención del Diputado Asti me obliga a agregar lo que señalaba la exposición de motivos del Mensaje de una reforma de antecedentes que después derivó en el artículo 85 de la Ley Nº 15.750. El Poder Ejecutivo decía en ese entonces que se solucionaba "el grave problema de las remuneraciones de los magistrados con un sistema de escala en base a porcentajes que asegurará la independencia y el decoro con que deben actuar los Jueces de la República. Dicha escala si bien no es el óptimo deseable, supone un progreso significativo", etcétera.

Lo que quiero decir es que no veo si la intención es abandonar esto, es decir que quede como una expresión de deseos. Lo que habría que hacer es revisarlo para que se concretara y no señalarlo diciendo: "esto no se concretó y ahora vamos a dar un paso que lo deje más en claro" dejando de lado directa o indirectamente la fijación a priori, porcentual y mediante escala para que, justamente, no se requiera de estas visitas, que son muy agradables desde el punto de vista humano pero que no son saludables institucionalmente. Es clarísimo que nuestra presencia demuestra que esto no ha funcionado: estamos de acuerdo con eso. Pero desde hace tiempo nosotros estamos propendiendo a que esto se solucione y no que simplemente se releve un dato de la realidad. Bregamos por que se solucione en base a la misma intención del legislador del 85 que, aparentemente se daría de bruces con la intención del artículo 75 -si se plasma- de que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo queden afuera de la equiparación o de la igualdad de las cabezas de los Poderes del Estado.

Fue así como, habiéndose concretado el 30 de setiembre de 2010, la propuesta, al decir del Dr. Alberto Reyes, de "mejorar la redacción para que sea clara y que quede claro -valga la redundancia- que no se va a equiparar a ningún otro cargo que no sean los que están previstos en el artículo 75" quedará entonces sancionado y posteriormente promulgado el artículo 64 de la ley de presupuesto el cual establecía la exclusión de los magistrados de la equiparación con el cargo de Senador, no necesariamente violentándose por ello el principio previsto en el artículo 85 de la Ley Nº 15.750.

Como puede observarse entonces, la Asociación de Magistrados -advirtiendo que la intención de la norma era no equiparar con el Senador de la República a ningún otro cargo que no sean los que están previstos expresa y taxativamente en el artículo 75 (hoy 64)- afirmó claramente que -esa preocupación- era independiente de los resultados numéricos y salariales resultantes.

Consecuentemente, a partir del 1º de enero de 2011 se procedió al ajuste de las remuneraciones de los cargos mencionados en el artículo 64 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010.

Mientras el 16 de marzo de 2011 el Poder Ejecutivo remitía al Poder Legislativo un proyecto de ley interpretativo del artículo 64 de la Ley Nº 18.719, el 23 de marzo de 2011, la Suprema Corte de Justicia, por Resolución SCJ Nº 167/11, dispuso liquidar los haberes de los escalafón I, II (equiparados), VII y Q de acuerdo a lo establecido en artículo 64 de la Ley Nº 18.719.

Con fecha 1º de abril de 2011, ante la demora en la intervención de las planillas de sueldo por parte del Tribunal de Cuentas de la República, la Suprema Corte de Justicia dispuso la liquidación de la totalidad del padrón de los funcionarios del Poder Judicial, sin la aplicación de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Nº 18.719, en tanto se expidiera el Tribunal de Cuentas de la República.

Posteriormente, con fecha 11 de abril de 2011, y habiéndose expedido el Tribunal de Cuentas, la Suprema Corte de Justicia, por Resolución Nº 216/2011 resolvió que se abone la diferencia de haberes pendientes de pago.

El 4 de mayo de 2011, por Resolución Nº 282/2011, ordenó el pago de la retroactividad por los meses de Enero y Febrero de 2011.

El 27 de junio de 2011, por Resolución Nº 393/2011, la Suprema Corte de Justicia ordenó el pago de las diferencias correspondientes al mes de Abril, hasta el día 14, día anterior a la fecha de publicación de la Ley Nº 18.738 promulgada el 8 de abril de 2011.

Como consecuencia de dichas Resoluciones habrían recibido los funcionarios del Poder Judicial, pertenecientes a los escalafón I, II (equiparados), VII y Q, las diferencias correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y 14 días de abril de 2011, que serían consecuencia de la aplicación del referido artículo 64.

El Poder Ejecutivo debe señalar que en ninguna de las oportunidades referidas, la Contaduría General de la Nación habilitó los créditos correspondientes para atender las erogaciones, tal como legalmente se había dispuesto en el propio artículo 64 y se desconoce cómo fue posible comprometer gastos, lo que de acuerdo a los artículos 15 y 16 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, debe hacerse siempre que exista crédito disponible.

Cabe agregar que tampoco -que se tenga conocimiento-, en dicho período, la Suprema Corte de Justicia, dio cuenta al Poder Legislativo de las dudas y dificultades eventualmente ocurridas en la inteligencia y aplicación del artículo 64, tal como faculta el artículo 14 del Código Civil.

SITUACIÓN ACTUAL

De acuerdo a la información comunicada al Poder Ejecutivo un Senador de la República percibe actualmente la suma de $ 172.698, mientras que, la situación retributiva de los miembros de la Suprema Corte de Justicia sería, actualmente de $ 176.309.

La Suprema Corte de Justicia, ha aportado recientemente cálculos acerca de su criterio de aplicación del artículo 64, que implican que la retribución mensual total de un miembro de la Suprema Corte ascienda a $ 220.310

Ahora bien, -como ya fuera referido-, ante los reclamos y diferentes interpretaciones referentes a la interpretación de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley Nº 18.719 del 27 de diciembre de 2010, el Poder Ejecutivo procede a enviar al Poder Legislativo, el 16 de marzo de 2011, un proyecto de ley que terminaría siendo aprobado como Ley No.18.738 del 8 de abril de 2011, publicada el 15 de abril del mismo año. En la misma, a propuesta del Poder Ejecutivo, en base a la historia fidedigna de la sanción de la norma, se interpreta, que los únicos cargos cuyas retribuciones se determinarán aplicando los porcentajes allí referidos al sueldo nominal de Senador de la República, serán los enumerados taxativamente en el inciso primero del mismo y que para el cálculo de toda otra retribución, cualquiera sea la norma que la establezca, cuyo monto se determine en relación a, o en un porcentaje de los sueldos nominales de los cargos enumerados taxativamente en el inciso primero del referido artículo 64, se tomará como base el valor de los sueldos nominales de dichos cargos al 1º de enero de 2010, actualizado en la oportunidad y sobre los mismos porcentajes en que se actualicen los sueldos de la Administración Central. Se buscaba con ello aclarar e interpretar en forma auténtica lo que -igualmente- era claro en la intención del legislador para el Poder Ejecutivo. Dicha ley fue declara inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia por razones de forma al no tratarse de una ley de presupuesto o de rendición de cuentas.

Atento a ello, la legislación insistió con la vocación aclaratoria de la disposición legal aprobando -esta vez en ocasión de la rendición de cuentas del ejercicio correspondiente- lo que devendría en la Ley Nº 18.996 del 7 de noviembre de 2012, mediante la cual -por los arts. 14 y 15- se derogan la Ley Nº 18.738 declarada inconstitucional y se deroga el artículo 64 de la Ley Nº 18.719 a efectos de proceder a una nueva redacción a través de su artículo 16, esto es: buscando mayor claridad en lo que fuera la intención del legislador del año 2010 y salvaguardando el aspecto formal de legislar a través de la ley de presupuesto o rendición de cuentas, tal cual manda el artículo 86 y 214 de la Constitución de la República.

A la fecha, más de 600 ciudadanos han obtenido de la Suprema Corte de Justicia declaraciones de inconstitucionalidad y por ende la inaplicabilidad de la Ley Nº 18.738 a los actores, mientras otras, aproximadamente 400 aún no han obtenido sentencia.

Como se dijera más arriba, en oportunidad de tratar la Rendición de Cuentas del ejercicio 2011, en el Senado de la República se incluye, como artículo 16 de la Ley Nº 18.996 de 7 de noviembre de 2012, una nueva redacción sobre idéntica temática que el ya referido artículo 64, en línea con la interpretación antes adoptada, así como se procede a la derogación del artículo 64 de la Ley Nº 18.719 (artículo 15) y la propia ley interpretativa (artículo 14)

Sobre dichas normas, que no generan gastos ni modifican dotaciones de ningún tipo en la medida que sus efectos presupuestales ya habían ocurrido por imperio del derogado artículo 64 de la Ley Nº .18.719, también se han promovido acciones de inconstitucionalidad y más de 500 ciudadanos han obtenido de la Suprema Corte de Justicia declaraciones de inconstitucionalidad y por ende la inaplicabilidad de las mismas, estando pendientes acciones promovidas por varios miles de funcionarios.

Como consecuencia de las distintas características de las acciones de inconstitucionalidad y la fecha de interposición de las demandas, en la medida que transcurra el tiempo quedarán configuradas diversas situaciones en relación a la aplicabilidad de las normas, sin perjuicio de la vigencia general de lo dispuesto por los artículo 14, 15 Y 16 de la Ley Nº 18.996, del 7 de noviembre de 2011, hasta tanto la norma sea, eventualmente, derogada, situación harto compleja, como se comprenderá.

Cabe aclarar que -si bien hasta el momento- no han recaído condenas de pago de dinero firmes en relación a retroactividades salariales, la Suprema Corte de Justicia ha solicitado créditos presupuestales en los primeros meses del 2011 para hacer frente a los pagos de acuerdo a su interpretación del artículo 64 de Ley Nº 18.719 así como para la reposición de los usados para los pagos realizados entre enero y abril de 2011, y un reclamo más reciente efectos de comenzar a abonar el incremento salarial a partir del mes de agosto, esgrimiendo las acciones de inconstitucionalidad dictadas.

Corresponde expresar al respecto que -en cualquier caso-, el Poder Ejecutivo entiende que la Contaduría General de la Nación no está legalmente autorizada a habilitar los créditos que solicita la Suprema Corte de Justicia para abonar los salarios en su interpretación del derogado artículo 64 de la Ley Nº 18.719 de 27 de noviembre de 2010, y ello por las siguientes razones:

a.- EI artículo 16, Ley Nº 18.996 del 7 de noviembre de 2011, se encuentra vigente por cuanto -como se sabe- la declaración de inconstitucionalidad de una ley total o parcial no produce efectos derogatorios respecto de la misma sino tan solo la inaplicabilidad de sus disposiciones ante el caso concreto. Dicha ley claramente no incluye, en sus efectos, a ningún funcionario del Poder Judicial, entre otros no incluidos.

b.- Aún en el caso de quienes han obtenido la inaplicabilidad del artículo 16, Ley Nº 18.996, del 7 de noviembre de 2011, la aplicación del artículo 64 de la Ley Nº 18.719, de 27 de noviembre de 2010, sobre cuyos alcances el Poder Ejecutivo, y el Poder Legislativo, se ha expedido reiteradamente en cuanto a su inequívoca intención, no conduce al otorgamiento de créditos presupuestales a fines de abonar ningún incremento.

c.- Tampoco, en el caso de entenderse que el artículo 85 de la Ley Nº 15.750 tiene naturaleza presupuestal, correspondería la habilitación de crédito presupuestal alguno ya que la dotación de los cargos de la Suprema Corte de Justicia cumple con lo en él dispuesto. Tal como fuera expuesto anteriormente, la retribución de los miembros de la Suprema Corte de Justicia es actualmente, -y lo era el 1 de enero de 2011 y con anterioridad-, superior a la de los Ministros de Estado.

En síntesis, como puede y podrá apreciarse no ha mediado ni olvido, ni distracción ni error por parte del Poder Ejecutivo o de los señores legisladores en relación a lo que se quiso disponer desde la sanción del artículo 64 de la Ley Nº 18.719 en adelante.

Las disposiciones legales citadas fueron impulsadas por el Poder Ejecutivo a través del mecanismo constitucionalmente habilitado al proponer una equiparación entre la retribución de los Ministros de Estado con la retribución de Senador de la República. Ese mecanismo constitucionalmente habilitado (arts. 86 y 214 de la Carta) ordena impulsar la misma mediante leyes de Presupuesto o de Rendición de Cuentas tal cual se intentara en ocasión de sancionarse la Ley Nº 18.719 y la ley vigente Nº 18.996.

Si bien la Ley Nº 18.738 fue declarada inconstitucional por razón de forma, al ser la misma interpretativa originariamente no se entendió que se violentara el principio que la Corte en sus fallos resaltara. Por su parte, la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Nº 18.996 (ley de naturaleza presupuestal) no contó en los arts. 14, 15 y 16 con la iniciativa del Poder Ejecutivo, motivo éste que resaltara la Suprema Corte a la hora de tachar la misma igualmente de inconstitucional, si bien dichas disposiciones no crean cargo ni aumentan gastos ni generan costo.

Huelga expresar que -si bien el Poder Ejecutivo no comparte la línea argumental utilizada por el máximo órgano judicial para la declaración de inconstitucionalidad de las leyes indicadas- lejos está de su ánimo desconocer los fallos firmes de la justicia. Es más, fue justamente para evitar lo que podría deslizarse en un pre-conflicto de poderes, que oportunamente se hicieron los esfuerzos aclaratorios al intentar efectuar la interpretación auténtica de la ley cuestionada en dos oportunidades, a saber: al sancionarse la Ley Nº 18.738 con ese único contenido y posteriormente al dictarse la Ley vigente Nº 18.996, todo ello sin perjuicio de la disposición programática contenida en el artículo 383 de la Ley Nº 19.149 que establece que: El Poder Ejecutivo en ocasión de la formulación del Presupuesto Nacional de Gastos e Inversiones correspondiente al periodo comprendido entre 2015 y 2020 procurará remitir disposiciones tendientes a adecuar remuneraciones que habiendo estado referidas a las remuneraciones de los Ministros de Estado, no fueron expresamente previstas en el artículo 16 de la Ley Nº 18.996 del 7 de noviembre de 2012.

Como se comprenderá entonces, ante esta situación los Poderes de! Estado a los que constitucionalmente les corresponde fijar los temas presupuestales y de retribuciones de sus funcionarios (Legislativo y Ejecutivo), se ven enfrentados a una disyuntiva de hierro, habiendo encontrado dificultades para ejercer sus derechos, potestades y obligaciones al no haber encontrado el ámbito plenamente independiente a quien recurrir, por cuanto -el Poder encargado de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado- se encuentra plena y totalmente involucrado en una reivindicación salarial legítima, pero de fijación exclusiva y excluyente por parte de los poderes públicos nombrados en primer término.

En efecto, en sustancia puede afirmarse que lo que ocurrió fue lo siguiente: ante la disímil interpretación del artículo 64 de la Ley Nº 18.719 se patrocina la Ley interpretativa Nº 18.738 la cual fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en ejercicio de sus legítimos poderes jurisdiccionales. Ahora bien, ante ello y cuando los poderes colegisladores -respetando el falto- procuraron ajustar la legislación declarada inconstitucional a la sentencia respectiva mediante los artículos 14 a 16 de la Ley Nº 18.996, se procede nuevamente a su declaración de inconstitucionalidad, situación ésta que genera la dificultosa situación -según la cual- tanto la norma interpretativa como la norma derogatoria son tachadas de no ajustarse a la Carta fundamental, generándose así la confusa situación en la que hoy se encuentran los poderes públicos en relación al tema que nos ocupa.

Es particularmente trascendente dejar claramente establecido asimismo que: no es ni fue intención del Poder Ejecutivo cuestionar la vigencia del artículo 85 de la Ley Nº 15.750 ni los principios equiparadores allí consagrados, principios que son reivindicados como derechos de los magistrados así como salvaguarda y garantía de la dignidad de la justicia y de la eficacia del dogma de la separación de poderes. En tal sentido, a la época de la entrada en vigencia del artículo 64 de la Ley Nº 18.719 no se entendía con ello modificar el referido artículo 85 ni se estimaba que la segunda de las disposiciones legales se tomara como incompatible con la ley orgánica de la judicatura. Ello por cuanto los cálculos efectuados a la época y que hoy se ratifican no entraban en contradicción lógica con el principio que se pretende salvaguardar, esto es: que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia se encuentren automáticamente equiparados en su retribución con aquella correspondiente a los Ministros de Estado.

Esta aparente diferencia entre los guarismos manejados por el Poder Judicial, y como consecuencia de ello, por varios gremios de funcionarios, con los números analizados por el Poder Ejecutivo responden,a la circunstancia de sostener que la compensación especial conocida como "partida para vivienda de los magistrados", así como la "partida con destino a contribuir al perfeccionamiento académico" que se abona mensualmente de forma permanente (resultantes de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley Nº 16.002, 49 de la Ley Nº 16.134, 121 de la Ley Nº 16.462, 467 de la Ley Nº 16.736 y 456 de la Ley Nº 17.296) no integrarían el monto a computar en el concepto de dotación al que debe atenderse para efectuar la comparación prevista en el artículo 85 de la Ley Nº 15.750.

La única particularidad común entre ellas, es que a texto expreso las disposiciones citadas previeron que no se encuentren sujetas a montepío. Ello, sin embargo, no autoriza a concluir automáticamente en que las mismas no integren el concepto de dotación, en función de los siguientes argumentos:

- las normas que las establecen no las excluyen a texto expreso de dicho concepto, al igual que en todos los demás casos que la integran sin discusión alguna,

- existen otras partidas, no sujetas a montepío, que si la integrarían,

- dichas partidas no son en especie, sino en dinero,

- el propio concepto de dotación, terminología constitucional y legal que en definitiva responde a una inequívoca naturaleza salarial (sueldo o emolumento) con la particularidad que cuando se define e] concepto de salario se hace referencia implícita a su naturaleza alimentaria en la retribución del trabajo y la función y poniendo énfasis en quien la recibe. En cambio cuando el sistema jurídico utiliza el término dotación (de dote: dar) se pone el acento no en quien lo recibe, sino en quien lo presta o -mejor dicho- en quien proporciona los recursos para que los funcionarios sean retribuidos por el ejercicio de sus funciones y por el servicio que le prestan a la Administración de Justicia.

- que el hecho que alguna de ellas, no integre la base de cálculo de cualquier equiparación (como lo establece el artículo 456 de la Ley Nº 17.296), al igual que se establece en otros casos que sin discusión se entiende que forman parte de la dotación, no la excluye de ella, sino simplemente de los "cálculos" que en base a la misma se realicen.

Encontrándose entonces en la frontera de un aspecto institucional de difícil y delicada dilucidación, el Poder Ejecutivo se propone -una vez más- someter a consideración del Poder Legislativo el adjunto proyecto de ley mediante el cual se:

1.- Ratifica la vigencia de principio de garantía previsto en el artículo 85 de la Ley Nº 15.750,

2.- Interpreta el término dotación referido en el mencionado artículo 85, estableciéndose que la misma está integrada por la totalidad de los conceptos retributivos.

3.- Prevé una asignación al Inciso 16 "Poder Judicial", en el ejercicio 2015 y como adelanto de lo establecido en el artículo 383 de la Ley Nº 19.149 de 24 de octubre de 2013, autorizándose a la Contaduría General de la Nación, a habilitar, en los casos que corresponda, los créditos necesarios para atender las erogaciones, que como consecuencia de normas vigentes, deban atenderse respecto de otros funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio de Educación y Cultura. En base a la información disponible, una partida permitiría ejecutar un incremento levemente superior al 8% sobre las retribuciones vigentes, a todos los cargos del inciso 16 incluidos aportes y beneficios sociales.

4.- Derogan, a partir de la promulgación de la presente, una serie de disposiciones que vinculan las retribuciones y beneficios de varios grupos de funcionarios con los de la magistratura, sin que exista argumento alguno vinculado a la separación de poderes o de independencia técnica que los justifique, por lo que se patrocina derogar las equiparaciones (desenganches) de distintos funcionarios.

5.- Prevé una asignación, al Inciso 16, "Poder Judicial", a los efectos que la Suprema Corte de Justicia pueda establecer mecanismos de carácter general a fin de dar solución a la problemática generada como consecuencia de las interpretaciones, resoluciones, liquidaciones de haberes u otro tipo de acciones referidas al artículo 64 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010. La partida prevista permitiría asignar para el pago de una suma por única vez similar a tres salarios líquidos para la totalidad de los cargos existentes en el Inciso 16 Poder Judicial.

6.- Incluye en una modificación a la norma prevista en el artículo 400 del CGP, norma procesal que prevé la forma en que se financian las condenas judiciales contra el Estado Central.

En efecto, habiéndose advertido que el Poder Legislativo -inciso 01- se encuentra excluido de la referida disposición, se estima que corresponde excluir asimismo al inciso 16 -Poder Judicial- haciendo honor al principio de brindar un tratamiento análogo a ambos poderes del Estado. Con la modificación propugnada, las condenas judiciales firmes que tengan como demandado al Poder Judicial podrán ser abonadas y canceladas por la sola disposición interna de los órganos competentes de dicho poder con cargo a sus partidas presupuestales, sin necesidad de esperar el correspondiente acto administrativo del Poder Ejecutivo.

Consecuentemente, la eventual acción de repetición prevista en el artículo 25 de la Constitución de la República dependerá en forma exclusiva y excluyente del propio Poder Judicial sin otro requisito que comunicar al Ministerio de Economía y Finanzas la condena abonada.

El Poder Ejecutivo realiza esta propuesta a través del mecanismo legislativo, con el afán de superar la incómoda situación institucional en que los diversos poderes del Estado se encuentran, ratificándose asimismo que todo mecanismo presupuestal en lo que refiere a la retribución de los distintos funcionarios públicos de la administración central así como de los organismos y poderes previstos en el artículo 220 de la Constitución, es atribución exclusiva de la ley dictada con los mecanismos de los artículos 214 y siguientes de la Constitución de la República.

JOSÉ MUJICA
EDUARDO BONOMI
LUIS ALMAGRO
MARIO BERGARA
ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO
RICARDO EHRLICH
ENRIQUE PINTADO
ROBERTO KREIMERMAN
NELSON LOUSTAUNAU
MARÍA SUSANA MUÑIZ
ENZO BENECH
LILIAM KECHICHIAN
FRANCISCO BELTRAME
DANIEL OLESKER

 

PROYECTO DE LEY

 

Artículo 1º.- Ratifícase la vigencia del artículo 85 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985.

Artículo 2º.- Interprétase que la dotación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a que se refiere el artículo 85 de la Ley Nº 15.750 de 24 de junio de 1985 está integrada por la totalidad de las sumas que por cualquier concepto puedan recibir los mismos, independientemente de su fuente de financiamiento, grupo u objeto de gasto al que se impute.

Solo podrán agregarse el sueldo anual complementario, prima por antigüedad, beneficios sociales y los aumentos generales que correspondan".

A los efectos de las equiparaciones y remuneraciones que se fijen en función de otras en base a porcentajes o que se requiera determinar una base de cálculo, se estará a lo que disponen las normas legales vigentes.

Artículo 3º.- Facúltase al Poder Ejecutivo, a asignar al Inciso 16 "Poder Judicial", con cargo a Rentas Generales, en el ejercicio 2015 y como adelanto de lo establecido en el artículo 383 de la Ley Nº 19.149 de 24 de octubre de 2013, una partida total, por todo concepto de $ 246.000.000.- (doscientos cuarenta y seis millones de pesos uruguayos).

La Contaduría General de la Nación habilitará, con cargo a Rentas Generales, los créditos correspondientes a efectos de atender las erogaciones que se pudieran requerir para atender, en las Unidades Ejecutoras 017 Fiscalía de Gobierno de primer y segundo turno, 018 Dirección General de Registros, 019 Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, 020 Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo y 021 Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura" por lo dispuesto precedentemente.

Los incrementos podrán derivar exclusivamente de la comparación entre la totalidad de las dotaciones, que por cualquier concepto puedan recibir los funcionarios de las citadas Unidades Ejecutoras, independientemente de su fuente de financiamiento, grupo u objeto de gasto al que se impute, y las correspondientes de los funcionarios del Poder Judicial de acuerdo a las leyes vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley.

El Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto precedentemente, determinando la forma y el monto a habilitar por parte de la Contaduría General de la Nación.

Artículo 4º.- A partir de la promulgación de la presente ley, las retribuciones del Director General de los Servicios Administrativos y Subdirector General de los Servicios Administrativos, del Poder Judicial se adecuarán en la misma oportunidad y con los mismos criterios que se adecuen con carácter general las remuneraciones de los funcionarios de los escalafones II a VI y R del Inciso 16 "Poder Judicial".

Deróganse a estos efectos y exclusivamente para estos cargos todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el inciso anterior.

Artículo 5 º.- Modifícase el artículo 24 del Decreto-Ley Nº 15.365 de 30 de diciembre de 1982 el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 24. (equiparación).- Las funciones del Ministerio Público y Fiscal quedan equiparadas a las de la Judicatura, a los efectos de la antigüedad y promoción en las respectivas carreras, lo mismo que respecto de la dotación, jubilación y retiro".

Artículo 6º.- Modifícanse los artículos 401, 403 y 411 de la Ley Nº 15.809 de 8 de abril de 1986 los que quedarán redactados de la siguiente forma:

"ARTÍCULO 401.- Las dotaciones presupuestales, sueldos progresivos, jubilaciones, retiros y demás beneficios de los Fiscales de Gobierno, Fiscales Adjuntos y Secretarios Abogados, serán equivalentes a la de los Ministros de Tribunales de Apelaciones, Jueces Letrados de Primera Instancia de la capital y Actuarios de Juzgados Letrados de Primera Instancia de la capital, respectivamente".

"ARTÍCULO 403.- Los magistrados del Ministerio Público y Fiscal gozarán de las dotaciones presupuestales, sueldos progresivos y demás beneficios que las leyes acuerden a los funcionarios de igual jerarquía del Poder Judicial".

"ARTÍCULO 411.- Las dotaciones presupuestales del Secretario Letrado y los Abogados Adjuntos de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo estarán equiparados a los Secretarios Letrados de la Suprema Corte de Justicia".

Artículo 7º.- Deróganse los artículos 410, 419 y 435 de la Ley Nº 15.809 de 8 de abril de 1986.

Artículo 8º.- A partir de la promulgación de la presente ley, las retribuciones de los funcionarios excluidos de las normas modificadas en el artículo 6º (de las Fiscalías de Gobierno, el Ministerio Publico y Fiscal, la Procuraduría del Estado, Dirección General del Registro del Estado Civil y la Dirección General de Registros) se adecuarán en la misma oportunidad y con los mismos criterios que se adecuen con carácter general las remuneraciones de los funcionarios de los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3.

Artículo 9º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a asignar al Inciso 16 "Poder Judicial" una partida extraordinaria y por una sola vez de hasta $ 459.000.000 (cuatrocientos cincuenta y nueve millones de pesos uruguayos), a los efectos de atender durante el ejercicio 2015, la erogación resultante,- para el caso de que la Suprema Corte de Justicia acuerde una solución de carácter general que cuente con la adhesión de por lo menos el 70% de los funcionarios del Inciso 16, a la problemática generada como consecuencia de las interpretaciones, resoluciones, liquidaciones de haberes u otro tipo de acciones referidas al artículo 64 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010, y modificativas-estableciendo un procedimiento especial al efecto.

La adhesión a la solución que se proponga mediante dicho procedimiento seguida de la aceptación de la suma que resulte del mismo, implicará de pleno derecho, la renuncia del funcionario a promover cualquier tipo de reclamación en sede administrativa o jurisdiccional o el desistimiento de las que eventualmente hubiere promovido.

Artículo 10.- Exclúyese al Inciso 16, Poder Judicial, de lo previsto en el artículo 400 del Código General del Proceso (Ley Nº 15.982 en la redacción dada por la Ley Nº 19.090 de 14 de junio de 2013).

A partir de la promulgación de la presente ley, toda ejecución de sentencia de condena, laudos arbitrales y transacciones homologadas judicialmente que obligue al Poder Judicial al pago de una cantidad líquida y exigible devenida firma, será abonada con cargo al presupuesto del Inciso.

La eventual acción de repetición prevista en el artículo 25 de la Constitución de la República será ejercida por los servicios de abogacía del Poder Judicial contra el o los funcionarios responsables, cuando el organismo condenado sea el Poder Judicial.

Montevideo, 15 de diciembre de 2014.

EDUARDO BONOMI
LUIS ALMAGRO
MARIO BERGARA
ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO
RICARDO EHRLICH
ENRIQUE PINTADO
ROBERTO KREIMERMAN
NELSON LOUSTAUNAU
MARÍA SUSANA MUÑIZ
ENZO BENECH
LILIAM KECHICHIAN
FRANCISCO BELTRAME
DANIEL OLESKER

 

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

 

Artículo 1º.- Ratifícase la vigencia del artículo 85 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985.

Artículo 2º.- Interprétase que la dotación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a que se refiere el artículo 85 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, está integrada por la totalidad de las sumas que por cualquier concepto puedan recibir los mismos, independientemente de su fuente de financiamiento, grupo u objeto de gasto al que se impute.

Solo podrán agregarse el sueldo anual complementario, prima por antigüedad, beneficios sociales y los aumentos generales que correspondan.

A los efectos de las equiparaciones y remuneraciones que se fijen en función de otras en base a porcentajes o que se requiera determinar una base de cálculo, se estará a lo que disponen las normas legales vigentes.

Artículo 3º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a asignar al Inciso 16 "Poder Judicial", con cargo a Rentas Generales, en el Ejercicio 2015 y como adelanto de lo establecido en el artículo 383 de la Ley Nº 19.149, de 24 de octubre de 2013, una partida total, por todo concepto de $ 246.000.000 (doscientos cuarenta y seis millones de pesos uruguayos).

La Contaduría General de la Nación habilitará, con cargo a Rentas Generales, los créditos correspondientes a efectos de atender las erogaciones que se pudieran requerir para atender en las Unidades Ejecutoras 017 "Fiscalía de Gobierno de Primer y Segundo Turno", 018 "Dirección General de Registros", 019 "Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación", 020 "Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo" y 021 "Dirección General del Registro de Estado Civil" del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura" por lo dispuesto precedentemente.

Los incrementos podrán derivar exclusivamente de la comparación entre la totalidad de las dotaciones, que por cualquier concepto puedan recibir los funcionarios de las citadas Unidades Ejecutoras, independientemente de su fuente de financiamiento, grupo u objeto de gasto al que se impute, y las correspondientes de los funcionarios del Poder Judicial de acuerdo a las leyes vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley.

El Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto precedentemente, determinando la forma y el monto a habilitar por parte de la Contaduría General de la Nación.

Artículo 4º.- A partir de la promulgación de la presente ley, las retribuciones del Director General de los Servicios Administrativos y Subdirector General de los Servicios Administrativos del Poder Judicial se adecuarán en la misma oportunidad y con los mismos criterios que se adecuen con carácter general las remuneraciones de los funcionarios de los escalafones II a VI y R del Inciso 16 "Poder Judicial".

Deróganse a estos efectos y exclusivamente para estos cargos todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el inciso anterior.

Artículo 5º.- Modifícase el artículo 24 del Decreto-Ley Nº 15.365, de 30 de diciembre de 1982, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 24.- (Equiparación).- Las funciones del Ministerio Público y Fiscal quedan equiparadas a las de la Judicatura, a los efectos de la antigüedad y promoción en las respectivas carreras, lo mismo que respecto de la dotación, jubilación y retiro".

Artículo 6º.- Modifícanse los artículos 401, 403 y 411 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, los que quedarán redactados de la siguiente forma:

"ARTÍCULO 401.- Las dotaciones presupuestales, sueldos progresivos, jubilaciones, retiros y demás beneficios de los Fiscales de Gobierno, Fiscales Adjuntos y Secretarios Abogados, serán equivalentes a la de los Ministros de Tribunales de Apelaciones, Jueces Letrados de Primera Instancia de la Capital y Actuarios de Juzgados Letrados de Primera Instancia de la Capital, respectivamente".

"ARTÍCULO 403.- Los magistrados del Ministerio Público y Fiscal gozarán de las dotaciones presupuestales, sueldos progresivos y demás beneficios que las leyes acuerden a los funcionarios de igual jerarquía del Poder Judicial".

"ARTÍCULO 411.- Las dotaciones presupuestales del Secretario Letrado y los Abogados Adjuntos de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo estarán equiparados a los Secretarios Letrados de la Suprema Corte de Justicia".

Artículo 7º.- Deróganse los artículos 410, 419 y 435 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Artículo 8º.- A partir de la promulgación de la presente ley, las retribuciones de los funcionarios excluidos de las normas modificadas en el artículo 6º (de las Fiscalías de Gobierno, el Ministerio Público y Fiscal, la Procuraduría del Estado, Dirección General del Registro de Estado Civil y la Dirección General de Registros) se adecuarán en la misma oportunidad y con los mismos criterios que se adecuen con carácter general las remuneraciones de los funcionarios de los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3º.

Artículo 9º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a asignar al Inciso 16 "Poder Judicial" una partida extraordinaria y por una sola vez de hasta $ 459.000.000 (cuatrocientos cincuenta y nueve millones de pesos uruguayos), a los efectos de atender durante el Ejercicio 2015, la erogación resultante -para el caso de que la Suprema Corte de Justicia acuerde una solución de carácter general que cuente con la adhesión de por lo menos el 70% de los funcionarios del Inciso 16, a la problemática generada como consecuencia de las interpretaciones, resoluciones, liquidaciones de haberes u otro tipo de acciones referidas al artículo 64 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, y modificativas-, estableciendo un procedimiento especial al efecto.

La adhesión a la solución que se proponga mediante dicho procedimiento seguida de la aceptación de la suma que resulte del mismo, implicará de pleno derecho, la renuncia del funcionario a promover cualquier tipo de reclamación en sede administrativa o jurisdiccional o el desistimiento de las que eventualmente hubiere promovido.

Artículo 10.- Exclúyese al Inciso 16 "Poder Judicial" de lo previsto en el artículo 400 del Código General del Proceso (Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988, en la redacción dada por la Ley Nº 19.090, de 14 de junio de 2013).

A partir de la promulgación de la presente ley, toda ejecución de sentencia de condena, laudos arbitrales y transacciones homologadas judicialmente que obligue al Poder Judicial al pago de una cantidad líquida y exigible devenida firma, será abonada con cargo al presupuesto del Inciso.

La eventual acción de repetición prevista en el artículo 25 de la Constitución de la República será ejercida por los servicios de abogacía del Poder Judicial contra el o los funcionarios responsables, cuando el organismo condenado sea el Poder Judicial.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 16 de diciembre de 2014.



HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI
Secretario
DANILO ASTORI
Presidente

Línea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.