Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

Comisión especial para el Estudio
del Cooperativismo

Carpeta Nº 1520 de 2012
Repartido Nº 848
Mayo de 2012

CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS

Modificación de varias disposiciones de La Ley Nº 18.407


PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Sustitúyense los artículos 12, 26, 31, 32, 33, 36, 42, 110, 135, 205, 211, 214 y 215 de la Ley Nº 18.407, de 24 de octubre de 2008, por los siguientes:

"ARTÍCULO 12 (Asamblea constitutiva).- Las cooperativas se constituirán por la decisión de una asamblea citada a ese fin, la que aprobará el estatuto, y en la que se suscribirán partes sociales y se elegirá a los miembros de los órganos sociales.

Las resoluciones adoptadas deberán consignarse en documento público o privado, con firmas certificadas notarialmente y debidamente protocolizado".

"ARTÍCULO 26. (Naturaleza de la asamblea y clases).- La Asamblea General es la reunión de los socios de la cooperativa a los efectos de adoptar las decisiones que le competen, de acuerdo con lo que establecen las normas legales, reglamentarias y estatutarias.

La Asamblea General, que será ordinaria o extraordinaria, es la autoridad máxima de la cooperativa. Sus decisiones adoptadas conforme a la presente ley, el estatuto y el reglamento, obligan a los demás órganos y a todos los socios.

Tendrán derecho a participar en la Asamblea General todos los socios activos, entendiéndose por tales a todos aquellos que estén al día con sus obligaciones económicas y con las partes sociales integradas que fije la Asamblea General".

"ARTÍCULO 31. (Asamblea de Delegados).- En sustitución de las Asambleas Generales el estatuto podrá prever, por causas objetivas y expresas, Asambleas de Delegados, las que deberán integrarse con un mínimo de cincuenta delegados o, para el caso de cooperativas de menos de doscientos socios activos, de un número de delegados no inferior al veinticinco por ciento de los socios activos.

Los delegados deberán ser elegidos conforme con el procedimiento previsto en el estatuto y los reglamentos, debiendo respetarse el principio de control y gestión democrática por los socios.

Asimismo, para la elección de dichos delegados, se deberá aplicar un criterio de proporcionalidad de acuerdo a la cantidad de socios que representen".

"ARTÍCULO 33. (Mayoría y voto por poder).- Las resoluciones se adoptarán por mayoría simple de votos presentes, salvo los asuntos para los cuales la ley o el estatuto exigieran quórum o mayorías especiales.

Para decidir reformas estatutarias o la fusión, incorporación, escisión o disolución de la cooperativa, el estatuto deberá requerir, como mínimo, una mayoría especial de dos tercios de socios presentes o de delegados, según se trate de asamblea general o asamblea de delegados, respectivamente.

Para decidir la fusión, incorporación, escisión o disolución de la cooperativa o reformas estatutarias que supongan el cambio sustancial del objeto social o el cambio de responsabilidad limitada a suplementada, el estatuto deberá prever que las asambleas sesionen con un quórum no inferior al que se detalla:

1) Dos tercios de los socios activos en cooperativas que cuenten con hasta cien socios activos.

2) Dos tercios de los socios activos o cien socios (el número menor de ambos) en cooperativas que cuenten con un número superior a cien socios activos.

3) Dos tercios del total de delegados, si se tratare de asambleas de delegados.

En la Asamblea General, el socio podrá hacerse representar por otro socio mediante poder escrito.

Ningún apoderado podrá representar a más de un socio.

No se admite el voto por poder en las Asambleas de Delegados".

"ARTÍCULO 36. (Composición y elección).- El Consejo Directivo se compondrá de un número de miembros no inferior a tres, determinado por el estatuto, debiendo existir, en todo caso, un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.

Los miembros titulares y suplentes serán socios electos por el procedimiento y período que establezca el estatuto, el que deberá establecer también si son o no reelegibles.

Los suplentes reemplazarán a los titulares en caso de renuncia, remoción, ausencia o fallecimiento o cualquier tipo de vacancia y serán llamados a ocupar el cargo por el Consejo Directivo. Agotada la lista de suplentes proclamados, el Consejo Directivo designará a los reemplazantes de la misma lista si la hubiere, o según la votación decreciente en la elección nominal y dará cuenta a la Asamblea General más inmediata.

En aquellas cooperativas cuyo número de socios sea inferior a diez, el estatuto podrá establecer la existencia de un Administrador único, persona física que ostente la condición de socio, que asumirá las competencias y funciones previstas en la presente ley para el Consejo Directivo, su Presidente y Secretario.

Los miembros del Consejo Directivo deberán declarar al inicio de su mandato, o durante su ejercicio y según lo que establezca el estatuto, las actividades personales o comerciales que desarrollan y que puedan ser competencia de las actividades de la cooperativa".

"ARTÍCULO 42. (Comité de Recursos).- El estatuto podrá prever la existencia de un Comité de Recursos, delegado de la Asamblea General, que tramitará y resolverá inapelablemente cuantos recursos vengan atribuidos a su conocimiento o al de la Asamblea, por vía legal o estatutaria. La composición y el régimen de funcionamiento del Comité de Recursos serán fijados por el estatuto. Estará integrado, al menos, por tres miembros de entre los socios con plenitud de derechos, elegidos en votación secreta, de acuerdo con el procedimiento que establezca el estatuto.

Deberán abstenerse de intervenir en la tramitación y resolución de los correspondientes recursos los miembros del Comité que, respecto del socio o aspirante a socio afectado, sean su cónyuge o concubino o tengan parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, de afinidad dentro del segundo o relación de dependencia. Asimismo, deberán abstenerse aquellos miembros que tengan relación directa con el objeto del recurso.

No podrán formar parte del Comité de Recursos los miembros del Consejo Directivo, ni de la Comisión Fiscal, ni las personas que tengan relación de dependencia con la cooperativa".

"ARTÍCULO 110 (Socios).- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 de la presente ley, para ser socio de una cooperativa agraria se debe realizar la actividad agraria que requieran los estatutos.

Podrán ser socios de las cooperativas agrarias las sociedades civiles con contrato escrito, que realicen la actividad agraria que requieran los estatutos y las sociedades de fomento rural (Decreto-Ley Nº 14.330, de 19 de diciembre de 1974)".

"ARTÍCULO 135. (Documento de uso y goce).- Cuando se trate de unidades cooperativas de usuarios la cooperativa suscribirá, en ejercicio del acto cooperativo, con cada uno de los socios adjudicatarios y con carácter previo a la adjudicación de las respectivas viviendas un "documento de uso y goce", que tendrá una duración indefinida mientras las partes cumplan con sus obligaciones.

El "documento de uso y goce" se otorgará en instrumento público o privado con certificación notarial de su otorgamiento y suscripción".

"ARTÍCULO 205. (Estructura de la prestación coactiva para la promoción, desarrollo y educación cooperativa).- Establécese la siguiente estructura para la prestación creada por el artículo 204:

1) Hecho generador: Constituye hecho generador el desarrollo de las actividades propias de las cooperativas en el ámbito de su naturaleza específica. El hecho generador se considerará configurado al cierre del ejercicio económico de la cooperativa.

2) Período de liquidación: El período de liquidación será anual, salvo en el caso de que la cooperativa inicie actividades o cambie su fecha de cierre de ejercicio económico. En el primer período de vigencia de la prestación, la liquidación se realizará considerando el período comprendido entre el primer día del mes siguiente al de la promulgación de la presente ley y el cierre del ejercicio económico.

3) Sujeto activo: será sujeto activo el INACOOP quien podrá celebrar convenios de recaudación con organismos públicos y privados.

4) Sujetos pasivos: serán contribuyentes de la prestación las cooperativas de primer, segundo o ulterior grado que operen en el país. Facúltase al Poder Ejecutivo a designar agentes de retención y percepción, responsables por obligaciones tributarias de terceros y responsables sustitutos en relación a la prestación.

5) Monto imponible de las cooperativas en general: Para las cooperativas en general, excluidas las de vivienda, el monto imponible estará constituido por el total de los ingresos del ejercicio, originados en las enajenaciones de bienes y prestaciones de servicios. A tal fin, se excluirá del cálculo de la base imponible el Impuesto al Valor Agregado y los ingresos provenientes de enajenaciones de bienes y prestaciones de servicios a otras cooperativas.

6) Monto imponible de las cooperativas de vivienda: El monto imponible de las cooperativas de vivienda se establecerá en función del número de socios cooperativistas y de la clase de cooperativa de que se trate, de acuerdo con los artículos 128 a 130 de la presente ley, según el siguiente detalle:

Cooperativas de usuarios: 100 unidades reajustables por socio.

Cooperativas de propietarios: 200 unidades reajustables por socio.

7) Tasa: La alícuota de la prestación será en todos los casos del 0,15% (cero con quince por ciento).

8) Monto máximo: El monto máximo de la prestación correspondiente a cada cooperativa no podrá exceder las 200.000 UI (doscientas mil unidades indexadas), a la cotización del cierre del ejercicio.

9) Exoneraciones: Estarán exoneradas de la prestación:

A) Las cooperativas sociales.

B) Las cooperativas cuyos ingresos comprendidos en el numeral 5) del presente artículo no superen en el ejercicio las 500.000 UI (quinientas mil unidades indexadas), a la cotización de cierre del mismo.

C) Las cooperativas de trabajo en las que el monto imponible para la liquidación de las contribuciones especiales de seguridad social correspondientes a los socios superen en el ejercicio el 70% (setenta por ciento) de los ingresos a que refiere el numeral 5) y cumplan con la condición de que los salarios y demás prestaciones que la cooperativa pague no sean superiores a los establecidos por los laudos de la rama respectiva.

D) Las cooperativas de trabajo, siempre que hayan surgido como consecuencia de un proceso de liquidación, moratoria, cesación de pagos o situación similar de la empresa titular anterior de la unidad productiva. Esta exoneración regirá por un plazo de cinco años a partir de que la cooperativa comience a producir.

E) Las cooperativas de segundo o ulterior grado que tengan fines y actividad gremial o de representación.

F) Las cooperativas de vivienda antes de ser habitadas por los socios.

10) Liquidación y pago: La prestación se liquidará anualmente, en las condiciones que establezca el sujeto activo, el que queda facultado para establecer pagos a cuenta de la misma.

11) Deducción: Del monto de la prestación a pagar el contribuyente podrá deducir los costos correspondientes a afiliaciones a entidades cooperativas de grado superior de carácter gremial que posean personería jurídica, y los servicios que estas entidades le presten, hasta un máximo del 15% (quince por ciento) del total de la prestación".

"ARTÍCULO 211 (Autoridad de control).- La fiscalización sobre las cooperativas estará a cargo de la Auditoría Interna de la Nación, excepto respecto de las cooperativas sociales que serán controladas por el Ministerio de Desarrollo Social y de las cooperativas de viviendas que serán controladas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Sin perjuicio de las atribuciones y cometidos asignados al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en relación a las cooperativas sociales y a las cooperativas de vivienda, respectivamente, la Auditoría Interna de la Nación podrá establecer criterios técnicos de contralor y, cuando así lo solicite cualquiera de los mencionados Ministerios, ejercerá funciones de fiscalización en esas cooperativas".

"ARTÍCULO 214 (Certificado de cumplimiento regular de obligaciones).- La Auditoría Interna de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, según corresponda, expedirán el certificado de cumplimiento regular de obligaciones para con el respectivo organismo de contralor, a toda cooperativa inscripta en sus registros que lo solicite y que esté al día en el cumplimiento de las referidas obligaciones.

Dicha constancia tendrá una vigencia de un año y deberá ser necesariamente acreditada para la realización de convenios y contrataciones con organismos públicos o ante toda empresa o institución pública o privada para que ésta proceda a la retención y posterior versión de las retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades a la cooperativa. En caso de no ser acreditado el certificado de regularidad referido, la empresa o institución pública o privada estará impedida de efectuar las retenciones y posteriores versiones de las retenciones a la cooperativa.

La Auditoría Interna de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, según corresponda, no expedirán el certificado de regularidad referido cuando hubiera resuelto la no visación de los estados contables de la cooperativa de acuerdo al numeral 4) del artículo 212 de la presente ley, cuando a su criterio existieren violaciones a lo dispuesto en la normativa vigente, en el estatuto o en el reglamento por parte de la cooperativa, o cuando ésta no cumpla con sus obligaciones previstas en el artículo 213 de la presente ley".

"ARTÍCULO 215 (Sección Registro Nacional de Cooperativas).- Créase dentro del Registro de Personas Jurídicas, creado por el artículo 294 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, la Sección Registro Nacional de Cooperativas que tendrá los cometidos y funciones que le asigna la presente ley.

En la Sección Registro Nacional de Cooperativas se inscribirán los siguientes actos y contratos:

1) El acta de constitución y el estatuto de las cooperativas.

2) Todos los actos que alteren, modifiquen o extingan las inscripciones efectuadas.

Los documentos que se presenten a inscribir deberán acompañarse de una información actualizada de la cooperativa, que deberá incluirse en la minuta registral. El contenido de la misma, oportunidad y procedimiento de comunicación por el Registro al INACOOP, será reglamentado por este último. La cooperativa inscribiente justificará estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones frente a su respectivo órgano de control, exhibiendo el certificado de situación regular establecido en el artículo 214 de la presente ley".

"ARTÍCULO 224 (Derogaciones).- Deróganse las siguientes leyes y decretos-leyes, salvo todo aquello que refiera a la materia tributaria de las cooperativas: Nº 10.761, de 15 de agosto de 1946; Nº 12.771, de 6 de setiembre de 1960, en lo relativo a las cooperativas; artículos 130 a 176 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968; inciso tercero del artículo 2º de la Ley Nº 13.988, de 19 de julio de 1971, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.919, de 15 de agosto de 1979; Nº 14.827, de 20 de setiembre de 1978; Nº 15.645, de 17 de octubre de 1984; artículo 515 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989; Nº 16.156, de 29 de octubre de 1990; artículo 506 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992; artículos 190 a 192, inclusive, de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996; artículo 47 de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001; artículos 407, 633 y 634, inclusive, de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001; Nº 17.794, de 22 de julio de 2004; artículos 1º a 7º, inclusive, de la Ley Nº 17.978, de 26 de junio de 2006; y todas las disposiciones que se opongan directa o indirectamente a la presente ley".

Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 12.179, de 4 de enero de 1955, por el siguiente:

"ARTÍCULO 1º.- Las instituciones que gocen de concesiones del Estado, a las que la ley garantice para el cumplimiento de sus fines, retenciones de haberes, sobresueldos, jornales, jubilaciones, pensiones o retiros, deberán ser controladas por la Corte Electoral, en sus elecciones, cuando éstas se realicen por separado de las asambleas cuyo contralor corresponda a la Auditoría Interna de la Nación u otros organismos legalmente competentes".

Montevideo, 25 de abril de 2012.

GUSTAVO BERNINI
Representante por Montevideo
ÁLVARO DELGADO
Representante por Montevideo
DANIEL MAÑANA
Representante por Río Negro
PABLO MAZZONI
Representante por Lavalleja
JULIO MARIO MUSETTI
Representante por Canelones
IVÁN POSADA
Representante por Montevideo
ALEJANDRO SÁNCHEZ
Representante por Montevideo
BERTA SANSEVERINO
Representante por Montevideo
HORACIO YANES
Representante por Canelones

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los señores Representantes firmantes han acordado darle estado parlamentario al texto del proyecto de ley que se adjunta, remitido por el Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP).

A mediados del año 2004, legisladores pertenecientes a todos los partidos políticos con representación parlamentaria dieron ingreso a la Cámara de Representantes a un proyecto de ley general de cooperativas que provenía del propio sector cooperativo, organizado a nivel de tercer grado, en la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop).

Se alegaba en la exposición de motivos de dicho proyecto que nunca se había legislado con una visión sistémica sobre el cooperativismo, siendo que éste constituye una forma de producción, distribución y consumo de bienes y servicios con caracteres propios y específicos; los que llevan incluso a distinguir claramente a las cooperativas de otras figuras o entidades, tales como las sociedades comerciales, por ejemplo.

Asimismo, se hacía referencia a que si bien las cooperativas se han desarrollado en diversos sectores de la sociedad y la economía, la legislación que las regulaba se había conformado a través de los años (desde 1941 en adelante) de manera espasmódica y fragmentaria, respondiendo sobre todo a una lógica o perspectiva sectorial (o subsectorial) más que de sistema, es decir, sin mayor homogeneidad en su conjunto.

Sin duda que el crecimiento por sectores (o subsectores) y la regulación (legislación incluida) en forma independiente de cada uno de ellos, eran dos hechos que se retroalimentaban para mantener el panorama antes descripto.

A mediados de la década de los años 80 la casi totalidad de las entidades cooperativas del país se organizaron en torno a la mencionada Confederación, la cual retomó, a comienzos de los años 2000, tres intentos anteriores (correspondientes a las décadas de los años 70, 80 y 90) por lograr la aprobación de una ley que comprendiese la regulación para todas las clases de cooperativas, en el entendido, como se dijo, de que todas ellas presentan una serie de características comunes y constituyen una forma diferente de organización que encuadra (y en buena medida da forma) dentro de la denominada economía social y solidaria.

En 2005, al comienzo de una nueva Legislatura, se constituyó en la Cámara de Representantes la Comisión Especial de Marco Cooperativo, la que retomó y asumió el tratamiento del precitado proyecto de ley.

Luego de un estudio pormenorizado y habiendo recibido aportes y planteos de diversas organizaciones del propio sector cooperativo (entre ellas la propia Cudecoop), estatales, profesionales, etcétera, el 24 de octubre de 2008 se aprobó por el Poder Legislativo la ley del "Sistema Cooperativo", que promulgada luego por el Poder Ejecutivo llevó el Nº 18.407.

La ley contiene un conjunto de disposiciones (Parte General, Del control estatal, De la promoción) que son comunes a todas las clases de cooperativas, y, por otro lado, una serie de capítulos relativos a cada clase de cooperativas, más o menos extensos.

Se conoce que el proceso de elaboración del anteproyecto por parte del movimiento cooperativo tuvo marchas y contramarchas, y en buena medida ello obedeció a los diferentes usos y costumbres específicos (en general recogidos en las normas estatutarias) formados más que nada a partir del ya comentado desarrollo histórico de los distintos subsectores del cooperativismo. De todos modos, el esfuerzo realizado por todos los actores permitió arribar a un régimen jurídico unificado para las cooperativas. Fue en el seno de la Comisión de Marco Cooperativo donde se realizó la síntesis posible.

Por otro lado, no cabe duda que la puesta en práctica de las diversas disposiciones e institutos jurídicos contenidos en la ley fueron develando la conveniencia de proceder a la adecuación de algunas de sus disposiciones. En algún caso para mejorarlas y en otro para lograr una plena armonización con otras disposiciones de la ley. En tal sentido, las advertencias y aportes se hicieron llegar tanto de las entidades estatales y paraestatales competentes en la materia como de las propias organizaciones cooperativas.

A partir entonces de la situación antes descripta, en el presente proyecto de ley se proponen las adecuaciones que se consideran más urgentes y necesarias de la Ley Nº 18.407, a saber:

Se propone modificar el inciso segundo del artículo 12, relativo a la forma de instrumentar notarialmente el acto constitutivo de las cooperativas, a fin de despejar algunas dudas que se han suscitado con la actual redacción.

En el artículo 26 se introduce con carácter general la categoría de "socio activo", la cual ya está recogida en la ley en sede de cooperativas de ahorro y crédito (artículo 165 numeral 1), pero que es, además, una categoría usual en todas las clases de cooperativas. Y refiere a las personas socias que se encuentren al día con sus obligaciones, incluyendo las partes sociales mínimas que haya resuelto la asamblea general de la entidad.

El artículo 31 de la Ley Nº 18.407 prevé, con carácter general, el instituto de la Asamblea General de Delegados, pero no establece ningún número base o mínimo para su integración, y se entiende prudente hacerlo. Por ello se propone reformar el artículo, consignando con carácter general el número mínimo de 50 delegados (criterio ya recogido en el artículo 165 numeral 5, en sede de cooperativas de ahorro y crédito), o de un número de delegados no inferior al 25% de los socios activos para aquellas cooperativas que cuenten con menos de 200 socios activos. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito se mantiene el requerimiento de un mínimo de 50 delegados (artículo 165 numeral 5, Ley Nº 18.407), dado que también constituye un requerimiento contar con un número no inferior a 200 socios activos al cabo de los dos años de su fundación (artículo 165 numeral 1, Ley Nº 18.407).

En el artículo 33 se propone la adecuación de lo relativo a las mayorías necesarias requeridas en la asamblea general para la resolución de determinados asuntos relevantes, como lo son la fusión, incorporación, escisión, disolución, las reformas estatutarias que supongan el cambio sustancial del objeto social o el cambio de responsabilidad limitada a suplementada.

La realidad indica que hay una práctica pacífica y arraigada recogidas a nivel de los estatutos de las cooperativas, de exigencias de mayorías especiales para esos puntos, pero muy menores a las establecidas por la Ley Nº 18.407.

De tal suerte entonces, se propone sustituir la exigencia actual de la ley por el criterio que se constata como más generalizado en los estatutos de las cooperativas, esto es, una mayoría especial de dos tercios de presentes para el caso de asambleas universales de socios, pero agregando a la vez el requisito de un determinado quórum mínimo para el funcionamiento de dichas asambleas en tal caso, dividiendo según se trate de cooperativas con hasta 100 socios o de más de 100 socios; y en cuanto a las asambleas de delegados (las que nunca podrán tener menos de 50 integrantes, si se acepta la propuesta de cambio del artículo 31 de la ley) el quórum mínimo será de dos tercios de delegados.

Con relación al artículo 36 se propone solamente suprimir el vocablo "impar"; de este modo será posible la integración con un número par (por ejemplo, en cooperativas de segundo grado donde la cantidad de socios es baja y todas integran el Consejo Directivo). Asimismo, nada impide que los Estatutos establezcan alguna forma especial de adoptar las resoluciones en caso de que se produzcan empates (el método más usual es asignarle doble voto al Presidente).

En el artículo 42 se propone incorporar el carácter de inapelable de las resoluciones del Comité de Recursos. Esta disposición, recogida de la legislación cooperativa española, refiere a la opción de cada cooperativa de crear (estatutariamente) un órgano que, en lugar de la Asamblea General, se expida sobre los recursos que lleguen a ésta. Ahora bien, al no haber quedado incorporado el carácter de inapelabilidad de sus resoluciones el Comité -en tales condiciones- constituye simplemente una etapa más antes de llegar a la Asamblea. Por tal razón, y también tomando como fuente la legislación española, se le agrega el carácter de inapelables de sus resoluciones.

En el artículo 110 se propone cambiar la referencia que se realiza al artículo 19 de la misma ley, por cuanto debe ser al artículo 18.

En el artículo 135 se propone suprimir la inscripción de los documentos de uso y goce de las cooperativas de vivienda en el Registro de Personas Jurídicas. La inscripción antedicha no es constitutiva de ningún derecho, y en la práctica tampoco es utilizada mayormente como elemento de publicidad o información, por lo cual se realizaron algunas consultas a partir de las cuales se entiende pertinente hacer tal planteo. De este modo, además, se evita un costo para estas cooperativas.

Con respecto al artículo 205 se proyecta un cambio en el numeral 6 que refiere al monto y forma en que deben aportar la prestación coactiva para la promoción, desarrollo y educación cooperativa las cooperativas de vivienda. Dados los cambios operados en la clasificación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente -referida en la Ley Nº 18.407- se inviabiliza la forma de liquidación del mencionado tributo por parte de dichas cooperativas. Por ello se propone una forma más simple basada en las categorías de usuarios o de propietarios de estas cooperativas, las que se encuentran contenidas en la propia ley. Asimismo, la propuesta significa en general una reducción del costo de la prestación coactiva para la mayoría de ellas.

La modificación que se propone introducir en el artículo 211 refiere a dejar concentrado en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) el control de las cooperativas de vivienda. Este punto no fue de fácil resolución al momento de aprobación de la Ley Nº 18.407. La intención fue concentrar el control de todas las clases de cooperativas en la Auditoría Interna de la Nación, exceptuando solo a las cooperativas sociales sobre las que ameritaba el control del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), dadas sus especiales características. Informa dicho criterio lograr una mayor aprehensión y especialización sobre las entidades cooperativas, como así también lograr una economía de recursos.

Ahora bien, a pesar de dicho criterio fue imposible evitar la dualidad sobre las cooperativas de vivienda (esto es, la doble inscripción y el doble control en algunos aspectos: de la AIN y el MVOTMA), por la razón de que dichas cooperativas presentan una ligazón muy grande al Ministerio del ramo, lo que es imposible e inconveniente desplazar de dicho organismo como resulta fácil de entender. Así entonces, hechas las consultas correspondientes, se ha entendido adecuado concentrar en el MVOTMA la supervisión de estas cooperativas.

Reformado que sea el artículo 211, es necesario traspasar la competencia al MVOTMA en cuanto a la expedición del Certificado de Regularidad de las cooperativas de vivienda. Tal cosa es lo que se hace con la reforma propuesta para el artículo 214 de la Ley Nº 18.407.

Asimismo, a fin de no dejar reducida la expedición del precitado certificado solo a aquellas cooperativas que realizan retenciones, se propone agregar, en el artículo 214, la necesidad de contar con el mismo para "las licitaciones, la presentación como proveedores del Estado y otras situaciones que involucran a otras clases de cooperativas".

Seguidamente se propone una nueva redacción para el artículo 215 con la supresión del numeral 2 de su actual redacción que contiene la obligatoriedad de inscribir "los documentos de uso y goce previstos por el artículo 135 de la presente ley". Esto guarda coherencia con el cambio que se propone para el artículo 135. En el artículo 224 solo se subsana un error de tipeo: evidentemente el título debió decir "Derogaciones" y no "Excepciones" como está consignado.

Finalmente, se propone modificar la redacción del artículo 1º de la Ley Nº 12.179, de 4 de enero de 1955. Sin derogar el control de la Corte Electoral establecido en dicha norma, se entiende necesario excluir el mismo en todos aquellos casos en que el control total de las asambleas (incluyendo las elecciones) ya se realiza por parte de otro organismo estatal.

Montevideo, 25 de abril de 2012.

GUSTAVO BERNINI
Representante por Montevideo
ÁLVARO DELGADO
Representante por Montevideo
DANIEL MAÑANA
Representante por Río Negro
PABLO MAZZONI
Representante por Lavalleja
JULIO MARIO MUSETTI
Representante por Canelones
IVÁN POSADA
Representante por Montevideo
ALEJANDRO SÁNCHEZ
Representante por Montevideo
BERTA SANSEVERINO
Representante por Montevideo
HORACIO YANES
Representante por Canelones

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