Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

 

Comisión de Hacienda
Carpeta Nº 458 de 2010
Repartido Nº 409
Noviembre de 2010

 

CARTA ORGÁNICA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

 

Modificación


 

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 26 de octubre de 2010.

Señor Presidente de la Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo adjuntando el proyecto de ley referente a modificaciones a la Carta Orgánica del Banco de la República Oriental del Uruguay, Ley Nº  9.808.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

JOSÉ MUJICA
FERNANDO LORENZO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Poder Ejecutivo somete a consideración del Poder Legislativo de la República el presente proyecto de ley por el cual se propone la actualización de la Carta Orgánica del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).

La primera versión de la Carta Orgánica data del año 1939. Téngase en cuenta que, cuando ésta se aprobó el BROU aún cumplía la función de emisor de la moneda nacional, la que pasó a ser desempeñada por el Banco Central del Uruguay a partir de 1967.

Al texto original de la Carta Orgánica se le han introducido modificaciones en varias oportunidades, las que han contribuido a adecuar la normativa para enfrentar los desafíos que la institución ha ido enfrentando a lo largo de su historia. Las importantes transformaciones ocurridas durante los últimos años en la sociedad, en la economía y en el sistema financiero, plantean nuevas exigencias y sugieren la conveniencia de adecuar la normativa que sirve de marco al desarrollo del BROU.

Sin perjuicio de ello, y en la medida en que no se pretende alterar el marco jurídico general en que se sustenta la actividad de la institución, en éste proyecto no se proponen cambios estructurales significativos y se encomienda al Reglamento General a dictarse por el Poder Ejecutivo todo lo referente al funcionamiento de la Administración del BROU. El cambio más relevante que se propone refiere a las mayorías necesarias para tomar decisiones, sustituyendo los actuales requerimientos de cuatro o cinco votos conformes por una regla de decisión basada en la mayoría absoluta de los integrantes del Directorio. Esta propuesta pretende facilitar y agilizar la gestión de una institución que realiza actividades de banca comercial y de fomento simultáneamente.

Al funcionamiento del BROU son aplicables tanto normas de derecho público como de derecho privado. La actividad bancaria se encuentra sometida, además, a un régimen de competencia en que operan otras instituciones financieras.

El proyecto se divide en nueve capítulos. En el Capítulo I bajo el título "NATURALEZA JURÍDICA, DOMICILIO Y REPRESENTACIÓN" se encuentran las disposiciones que regulan aspectos relativos al marco normativo en que se inscribe la actuación del BROU. En el proyecto se confiere mayor discrecionalidad al Directorio para determinar los titulares de los cargos que ejercerán la representación de la institución en dependencias situadas en el país y en el exterior. En la Carta Orgánica vigente se hace referencia a determinados cargos que, en algunos casos, han cambiado de denominación. La normativa propuesta se proyecta, precisamente, ante la eventualidad de cambios futuros en las designaciones de los cargos en los que puede confiarse la representación de la institución.

El Capítulo II denominado "GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN" mantiene la estructura y el contenido de las normas actualmente vigentes, aunque se procede a una actualización de algunos aspectos específicos. Así, respecto de la norma que determina las inelegibilidades para ser miembro del Directorio, se aclaran aspectos que resultaban imprecisos en la versión actual. Asimismo, se incorporaron aspectos contenidos en la nueva Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay referidos a la designación de los Directores. Se procedió a incorporar, también, la "potestad delegatoria" del Presidente en el Vicepresidente, cuando el buen funcionamiento de la institución así lo requiera. Si bien la normativa vigente prevé este tipo de actos, la nueva versión incorpora de manera más precisa la naturaleza de los actos de delegación. La Carta Orgánica actual expresa de manera muy general que el Vicepresidente podrá colaborar en las funciones confiadas al Presidente (artículo 5º de la Carta Orgánica vigente). También, siguiendo las mejores prácticas en la materia, se incorporan normativas que permiten que el Presidente, en circunstancias excepcionales, adopte decisiones en aquellos asuntos en que la ley no imponga mayorías especiales, debiendo considerarse esta decisión del Presidente en la sesión siguiente del Directorio de la Institución.

El Capítulo III referido a "CAPITAL, RESERVAS Y UTILIDADES" está compuesto por dos artículos en los que se actualiza el capital del Banco y se definen los criterios sobre las reservas y destino de las utilidades. En este sentido, cabe recordar que el capital del Banco sufrió diversas modificaciones desde su creación. En la Carta Orgánica original (Ley Nº 9.808, de 2 de enero de 1939) el capital del BROU estaba situado en $ 60.000.000 de la época (artículo 23). Posteriormente, el artículo 1º de la Ley Nº 12.491, del 9 de enero de 1958, aumentó el capital hasta $ 200.000.000. Años después, el artículo 5º de la Ley Nº 13.243, del 20 de febrero de 1964, fija el capital autorizado en la suma de $ 1.500.000.000. En esta fecha el nivel de capital era de $ 193.250.345,58. Como consecuencia de la capitalización de utilidades previstas en la mencionada norma, se integró totalmente el capital autorizado, destinándose las utilidades de los ejercicios posteriores, una vez cubiertas las contribuciones a Rentas Generales establecidas legalmente al Fondo de Reserva.

En la actualidad, transcurridos más de cuarenta y seis años desde la última modificación de este Capítulo de la Carta Orgánica, el BROU cuenta con un capital autorizado de tan solo $ 1.500, siendo el patrimonio al 31 de diciembre de 2009 de $ 17.853:407.000. Precisamente, la forma en que aparecen expresadas las cifras en los estados contables no se compadece con las mejores prácticas en la materia. Resulta entonces, no sólo conveniente sino necesario, fijar un capital autorizado acorde a los requerimientos e importancia de la institución bancaria más grande del país, y una de las más grandes de América Latina, ocupando en el año 2009 el lugar 41 en el ranking elaborado por la revista América Economía.

En concordancia con el sostenido incremento que viene verificándose en el patrimonio de la institución, se considera adecuado proponer un capital autorizado de 10.000:000.000 de Unidades Indexadas Tal cifra se sustenta, en primer lugar, en la circunstancia de que el nivel patrimonial es un indicador básico de solvencia para confiar los depósitos. Sobre el particular, debe tenerse presente que el BROU, como cualquier otro banco comercial, posee un plan de negocios y de funcionamiento en donde el nivel de depósitos ocupa un lugar de relevancia. En segundo lugar, el patrimonio es también un indicador fundamental para posibilitar la expansión crediticia así como para desarrollar íntegramente la actividad promocional que le compete al BROU en tanto sea institución bancaria de propiedad estatal.

El Poder Ejecutivo entiende que es fundamental que la institución cuente con un patrimonio suficiente para oficiar de contrapartida para el financiamiento a largo plazo. Esto es especialmente relevante debido a que en nuestro país existe un escaso desarrollo del mercado de capitales y a que los depósitos bancarios tienden a concentrarse en plazos cortos. En buena medida, esta situación justifica que el 20% de las utilidades líquidas de la institución sean capitalizadas y que un 30% adicional sea utilizado a efectos de crear y consolidar Fondos de Garantías que faciliten el acceso al financiamiento a proyectos productivos viables y sustentables, que no cuenten con garantías suficientes para acceder al crédito en condiciones adecuadas.

El Capítulo IV del proyecto refiere a COMETIDOS Y ATRIBUCIONES PRINCIPALES, así como a los límites para otorgamiento de los créditos. En materia de cometidos se destacan los enunciados relacionados con el funcionamiento de una institución que realiza actividades bancarias múltiples y que es, al mismo tiempo, un banco comercial y banca de fomento. De alguna manera, en los enunciados del proyecto se encuentran presentes las funciones básicas de una institución financiera moderna, como son la inclusión financiera, la captación de ahorro público y el fomento a la producción de bienes y servicios, con el fin de contribuir al desarrollo económico y social del país.

En lo que refiere a las atribuciones principales, se reiteran básicamente las operaciones contempladas en el artículo 24 de la Carta Orgánica vigente, eliminando o modificando, en algún caso, operaciones que no justifican su mantenimiento, e incorporando otras que forman parte de la actividad normal de la institución (crédito de uso, fideicomiso, factoraje, derivados financieros, etc.).

Como novedad se prevé que el BROU pueda constituir o participar en bancos de inversión, posibilidad que tienen las instituciones bancarias privadas según el artículo 47 de la Ley Nº 15.322. Esto pretende ser una herramienta al servicio del desarrollo del mercado de capitales y que otorgue impulso a la inversión productiva en el país.

En materia de límites de créditos, se regulan los orientados al sector no financiero, distinguiendo en función del volumen de sus operativas y de la naturaleza jurídica de las empresas involucradas, y los dirigidos a los entes industriales y comerciales del Estado, como UTE, ANCAP, ANTEL, etc. Asimismo se contemplan los conjuntos económicos integrados por personas del sector no financiero.

También dentro de los créditos a este sector, se distinguen y regulan los límites de créditos al Estado. Se innova en lo que refiere a las mayorías necesarias para aprobar los créditos o préstamos dentro del Sector no financiero. En aquellos casos en que la Carta Orgánica vigente exige mayorías especiales de cuatro o cinco votos para su aprobación, se propone en la norma proyectada una mayoría de tres votos conformes en el Directorio. De esa forma, se posibilita una más ágil y mejor gestión, al habilitar la adopción de decisiones por mayoría simple o absoluta del Directorio.

En el capítulo se regulan, también, las operaciones de crédito, inversiones y colocaciones con los sectores financieros interno y externo, así como las inversiones en deuda soberana externa e interna, de una forma similar, aunque más completa, a la establecida en la normativa vigente. Finalmente, se prevé expresamente que los límites previstos no podrán superar los que la entidad reguladora imponga al sistema financiero, previsión normativa que permite adaptarse a los cambios que en el futuro pudiera introducir en esta materia el Banco Central del Uruguay.

Una norma novedosa que se incorpora en este capítulo, es el proyectado artículo 21, que tiene su fuente de inspiración en la Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile, y que pretende profundizar en la inclusión financiera y en el fomento del ahorro, al posibilitar que los menores púberes, puedan ahorrar y operar por sí solos, reeditando lo que de alguna manera, en otro momento y contexto, se podía hacer a través de la ex Caja Nacional de Ahorro Postal (Ley Nº 6.888).

En el Capítulo V se describen las operaciones que le están prohibidas al BROU, adaptando el actual artículo 27 a los cambios introducidos en el ordenamiento jurídico y, en especial, los incluidos en la Ley Nº 15.322 y sus modificativas.

El Capítulo VI hace referencia al establecimiento de sucursales y agencias. Los únicos cambios respecto a la normativa vigente consisten en prever la instalación de representaciones que el BROU no tiene en la actualidad, pero que eventualmente podría tenerlas en el futuro. También, se adapta el número de votos del Directorio necesarios respecto a estos temas, siguiendo criterios de establecimiento de mayorías similares a los ya comentados.

El Capítulo VII alude a las relaciones del BROU con el Poder Ejecutivo. En lo referente a la responsabilidad directa del Estado sobre las operaciones del BROU, se mantiene la redacción de la normativa vigente. En cuanto a los depósitos de los organismos del Estado en el BROU, se salvaguarda el régimen actualmente vigente en la materia. Asimismo, se eliminan otros artículos vigentes en tanto su contenido, o bien fue absorbido por los cometidos asignados a otros organismos (véase, por ejemplo, el artículo 34 referido a cometidos del Banco Central del Uruguay) o bien está en definitiva contemplado en las operaciones que puede realizar la institución.

El Capítulo VIII refiere a la División Crédito Social, sucesora de la operativa de la Caja Nacional de Ahorros y Descuentos y, por ende, del Monte de Piedad creado por Ley de 1899. A través de la actividad de esta división se ha asegurado el acceso al crédito en forma regular y permanente por parte de trabajadores, pasivos y trabajadores independientes a tasas y plazos razonables. Esta operativa ha resultado ser un eficiente regulador y catalizador del acceso al crédito, principalmente en los ciclos recesivos de la economía o en épocas de desinterés de los intermediarios financieros en este tipo de actividades. También, se han mostrado adecuadas ante situaciones derivadas de los efectos internos de la aplicación de políticas contractivas por parte de terceros países.

Finalmente, en el Capítulo IX se incorporan las "DISPOSICIONES GENERALES" la mayoría de las cuales se basan en normas vigentes, aunque se tienen en cuenta cambios producidos durante los últimos años en nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, cabe destacar que la previsión referida a la publicación de los estados contables hace que le sean aplicables al BROU diferentes normas que lo obligan a repetir innecesariamente determinadas publicaciones. Así, el artículo 43 de la Carta Orgánica vigente, impone publicar los estados contables todos los meses, mientras que el artículo 191 de la Constitución de la República obliga a las empresas públicas a efectuar la publicación de los estados contables con la periodicidad que fije la ley, la cual en todos los casos deberá contar con opinión previa del Tribunal de Cuentas de la República. Téngase en cuenta, además, que el BROU está sujeto, por ser una entidad financiera, a lo que dispone en esta materia el Banco Central del Uruguay. Esta realidad fue advertida por el legislador, que en cumplimiento del artículo 191 de la Constitución de la República sancionó la Ley Nº 17.040, de 20 de noviembre de 1998, por la que se obliga a las empresas públicas a publicar anualmente sus estados contables, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República. Esta ley exceptúa de tal obligación al Banco de la República Oriental del Uruguay y al Banco Hipotecario del Uruguay, quienes "atenderán a las disposiciones que regulan la actividad bancaria".

Al respecto, el Banco Central del Uruguay obliga a las instituciones de intermediación financiera a presentarle mensualmente los estados contables dentro de los siete días hábiles siguientes a la fecha a que están referidos, los cuales son publicados por la entidad de contralor en su página web. A su vez, anualmente, exige publicarlos en dos diarios (Diario Oficial y otro de circulación nacional) dentro de los sesenta días de cerrado el ejercicio económico a que refieren. Ese corto plazo de sesenta días impuesto por el Banco Central del Uruguay no siempre permite que el Tribunal de Cuentas de la República emita su dictamen, lo que determina, en definitiva, que el BROU deba publicar mensualmente los estados contables con intervención del Tribunal de Cuentas de la República para cumplir con la Carta Orgánica, y anualmente publicar los estados contables correspondientes al cierre del ejercicio económico en dos oportunidades, una para cumplir con las normas del Banco Central del Uruguay y otra -una vez obtenido el dictamen del Tribunal de Cuentas- para cumplir con la exigencia constitucional.

El presente proyecto propone modificaciones a la redacción actual del Artículo 43 de la Carta Orgánica tendientes a adecuarlo a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico vigente en materia de publicaciones de los estados contables de las entidades de intermediación financiera, moderando y racionalizando las exigencias, de forma tal que el BROU publique sus estados contables una vez al año, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República, con lo cual cumplirá con lo dispuesto en el Artículo 191 de la Constitución de la República, sin perjuicio de lo que disponga el Banco Central del Uruguay para las instituciones de intermediación financiera.

En este capítulo se incorporan tres artículos a través de los cuales implícitamente se aclara que esta Carta Orgánica no cambia las competencias del Banco Central del Uruguay, ni las que tiene asignadas el propio BROU. En efecto, como integrante del sistema financiero, el BROU está regulado y controlado por el Banco Central del Uruguay. De la misma forma en lo que refiere al BROU y a sus competencias, prerrogativas o facultades, explícita o implícitamente refieren múltiples disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias, lo cual no pretende alterarse a través de esta modificación de la Carta Orgánica.

Montevideo, 26 de octubre de 2010.

JOSÉ MUJICA
FERNANDO LORENZO

 

PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I

NATURALEZA JURÍDICA, DOMICILIO Y REPRESENTACIÓN

Artículo 1º.- El Banco de la República Oriental del Uruguay, creado por la Ley del 4 de agosto de 1896, es un servicio del dominio comercial del Estado, organizado bajo la forma de Ente Autónomo, que se regirá por las disposiciones de las Secciones XI, XIII y XIV de la Constitución de la República y las que por esta ley se establecen, así como por las leyes que regulan la actividad bancaria.

Artículo 2º.- El Banco de la República Oriental del Uruguay es persona jurídica capaz de todos los derechos y obligaciones que establecen la presente y demás leyes de la Nación. Su domicilio legal y principal asiento es la ciudad de Montevideo, sin perjuicio del de las sucursales respecto de sus operaciones. Cuando el Banco sea demandado conocerán en los juicios respectivos los Juzgados del Departamento de Montevideo.

La representación del Banco y del Directorio estará confiada al Presidente, asistido del Secretario General, y en materia patrimonial será ejercida conjuntamente por el Presidente y el Gerente General, quienes podrán otorgar también conjuntamente poderes y conceder por medio de ellos, todas las facultades, aun aquellas para las cuales las leyes exigen autorización expresa.

La representación del Banco en las Agencias y Sucursales, será ejercida por quienes ocupen los cargos que determine el Directorio, quienes suscribirán, en ese carácter, las escrituras y documentos públicos y privados, ya se refieran a actos como a contratos de cualquier naturaleza. Cuando los funcionarios referidos en este inciso otorguen poderes, podrán también, conceder todas las facultades aun aquellas para las cuales las leyes exigen autorización expresa.

La representación del Banco en las Sucursales, Agencias y Oficinas representativas radicadas en el exterior será otorgada por el Directorio a sus funcionarios mediante poderes que les acuerden las facultades necesarias para ejercer los cargos respectivos de acuerdo con la legislación de cada país.

CAPÍTULO II

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 3º.- El gobierno y administración del Banco estarán a cargo de un Directorio compuesto de un Presidente y cuatro Directores nombrados por el Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 187 de la Constitución de la República.

Artículo 4º.- Sin perjuicio de las incompatibilidades referidas en el artículo 200 de la Constitución de la República no podrán ser miembros del Directorio:

a) Las personas que no estén en ejercicio de la ciudadanía natural o no tengan cinco años de ejercicio de la ciudadanía legal.

b) Las personas menores de veinticinco años.

c) Quienes formen parte o dependan de la dirección, administración, representación o sindicatura de otros bancos o entidades financieras, no estatales, excepto cuando por su condición de integrantes del Directorio del Banco de la República, sean miembros de aquellas instituciones.

d) Dos o más personas que sean directores o síndicos o tengan una relación de dependencia o trabajen en virtud de una relación contractual de cualquier índole con una misma sociedad comercial o civil.

e) Los deudores del Banco de la República Oriental del Uruguay, salvo aquellos que lo fueran por operaciones ordinarias de Crédito Social o de tarjetas de crédito, siempre que no se encuentren en situación de mora.

f) Las personas que se encontraran concursadas o que fueran directores o administradores de sociedades en situación de concurso, siempre que hubieran sido encontrados responsables de acciones fraudulentas o de ocultamiento de información.

g) Las personas inhabilitadas por el B.C.U. en los últimos diez años, por haber incurrido en irregularidades en el sistema financiero.

h) Las personas que hayan sido condenadas por delitos que pudieran tener conexión con la función pública.

Artículo 5º.- El Directorio nombrará, en su primera sesión, después de cada integración periódica, un Vicepresidente que ejercerá las funciones de Presidente en los casos de ausencia o impedimento de éste.

En el caso de que las exigencias del buen servicio así lo requieran, el Presidente podrá delegar sus atribuciones en el Vicepresidente.

Se nombrará un 2º Vicepresidente que ejercerá las funciones de Presidente en ausencia o impedimento de éste y del Vicepresidente.

Artículo 6º.- El Directorio tiene facultades de amplia, franca y general administración.

Artículo 7º.- El Directorio establecerá el régimen de reuniones ordinarias sin perjuicio de las extraordinarias que podrá disponer el Presidente o solicitar dos o más de los Directores.

Sin perjuicio de ello en circunstancias excepcionales en que a juicio del Presidente se requiera una pronta decisión, éste las podrá adoptar siempre que se trate de casos en que la ley no imponga mayorías especiales, debiendo el Directorio considerarla en la sesión siguiente.

Artículo 8º.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución de la República, los miembros del Directorio son personal y solidariamente responsables de las resoluciones votadas en oposición a la Constitución, a las leyes o a los reglamentos.

Quedan dispensados de esta responsabilidad:

a) Los presentes que hubieran hecho constar en actas su disentimiento con la resolución adoptada y el fundamento que lo motivó.

b) Los ausentes de la sesión en que se adoptó la resolución, siempre que hagan constar en actas su disentimiento en la primera oportunidad en que sea posible.

En ambos casos el Secretario General, dentro de las veinticuatro horas, deberá remitir al Poder Ejecutivo testimonio del acta respectiva.

Artículo 9º.- En los casos de acefalía temporaria a que se refiere el inciso 3º del artículo 192 de la Constitución de la República, el Directorio podrá ser integrado, mediante designación del Poder Ejecutivo, con miembros de los Directorios de otros Entes Autónomos o Servicios Descentralizados, preferentemente los de naturaleza análoga. El voto que emita este miembro lleva implícita la responsabilidad a que se refiere el artículo 8º.

CAPÍTULO III

CAPITAL, RESERVAS Y UTILIDADES

Artículo 10.- El Capital autorizado del Banco de la República Oriental del Uruguay será de UI 10.000:000.000 (unidades indexadas diez mil millones), que se integrará:

a) Con el actual capital integrado.

b) Con la capitalización del saldo de cuentas de reserva, a excepción de las fiscales, al cierre del último ejercicio económico.

c) Con la capitalización de los saldos de cuentas de ajustes al patrimonio derivados de la variación del poder adquisitivo de la moneda, al cierre del último ejercicio económico.

d) Con el 80% del importe remanente de las utilidades anuales del Banco, una vez cubiertas las contribuciones a que refiere el artículo siguiente, destinándose el 20% restante a Fondo de Reserva.

  Una vez integrado el total del capital autorizado por este artículo, la totalidad de las utilidades remanentes se destinará a Fondo de Reserva, las cuales por decisión del Directorio, con el voto favorable de tres de sus miembros, y previa autorización del Poder Ejecutivo, podrán incorporarse al capital;

e) Con los recursos que se fijen por ley.

Artículo 11.- El Banco contribuirá a Rentas Generales en el monto que fije el Poder Ejecutivo, hasta un 50% de las utilidades netas anuales del Banco de la República Oriental del Uruguay después de debitar los impuestos. El Poder Ejecutivo podrá incrementar en hasta un 30% adicional el porcentaje de contribución a Rentas Generales, con destino a Fondos de Garantía, administrados y reglamentados por el Ministerio de Economía y Finanzas, con el objetivo de otorgar garantías a proyectos productivos viables y sustentables, que resulten de interés a juicio del Poder Ejecutivo, que no cuenten con garantías suficientes para acceder al crédito.

Sólo podrán realizarse contribuciones a Rentas Generales cuando la Responsabilidad Patrimonial Neta del Banco supere en más de 30% el nivel mínimo exigido por la normativa del Banco Central del Uruguay (BCU).

CAPÍTULO IV

COMETIDOS Y ATRIBUCIONES PRINCIPALES

Artículo 12. (Cometidos).- El Banco tendrá como principales cometidos, procurar que los servicios financieros resulten accesibles a la población, estimular el ahorro como instrumento de desarrollo personal y fomentar la producción de bienes y servicios de forma de contribuir al crecimiento económico y social del país.

Artículo 13. (Atribuciones principales).- El Banco podrá realizar toda clase de operaciones comerciales y/o financieras que constituyan transacciones bancarias usuales y que no se encuentren prohibidas por la Constitución de la República y esta Carta Orgánica. Sin perjuicio de ello y a título de ejemplo, podrá especialmente:

1) Recibir toda clase de depósitos en moneda nacional, extranjera o unidad de cuenta o valor, a la vista, en cuenta corriente, a plazos o en cualquier otra modalidad.

2) Otorgar créditos, préstamos, avales u otras formas de garantía, y descontar títulos valores y demás documentos comerciales pudiendo requerir toda clase de garantías reales o personales en moneda nacional o extranjera.

3) Comprar y vender por cuenta propia toda clase de valores de oro, plata y otras pastas metálicas, títulos y valores públicos nacionales o extranjeros de cualquier naturaleza.

4) Comprar y vender por comisión, títulos de deuda, acciones de compañías, bonos, títulos hipotecarios y toda clase de valores y obligaciones de sociedades comerciales.

5) Invertir en valores de oferta pública.

6) Realizar operaciones de cambio en plaza o en el exterior, y realizar toda clase de operaciones bancarias usuales relacionadas con operaciones de comercio internacional, pudiendo a tal efecto situar fondos o valores en sus sucursales o agencias radicadas en el exterior y en sus corresponsales.

7) Acordar créditos a los corresponsales en carácter de reciprocidad.

8) Redescontar o caucionar, dentro o fuera del país los títulos, documentos o valores que tenga en su cartera.

9) Redescontar documentos de otras empresas de intermediación financiera.

10) Financiar operaciones de importación y/o exportación.

11) Prestar sobre "warrants" o certificados de depósitos.

12) Realizar operaciones de prenda dentro de las disposiciones de la Ley Nº 17.228, de 7 de enero de 2000, concordantes y modificativas.

13) Realizar operaciones de adelanto sobre cereales, frutos y lanas, pudiendo hacerlo también sobre el producto de cosechas y zafras futuras.

14) Realizar operaciones de crédito de uso, factoraje con o sin recurso, pre financiamiento de emisión de valores, reporto, y de derivados financieros.

15) Actuar en fideicomisos en cualquier carácter.

16) Realizar por cuenta del Estado toda clase de operaciones financieras y mediante la correspondiente autorización del Poder Legislativo, también por cuenta del Estado, operaciones comerciales o industriales cuando así lo exijan las conveniencias públicas.

17) Avalar créditos en moneda extranjera destinados al requerimiento, ampliación o instalación de plantas industriales, que produzcan para la exportación y/o para la elaboración de artículos o mercaderías sustitutivos de importaciones foráneas.

18) Adquirir acciones o partes de capital de instituciones financieras radicadas en el exterior del país, por resolución que cuente con el voto conforme de tres de los miembros del Directorio y la anuencia del Banco Central del Uruguay.

19) Adquirir acciones de sociedades anónimas, constituirlas o participar en ellas, al igual que en sociedades comerciales de otra naturaleza, a los efectos de cumplir directamente o por intermedio de las mismas, negocios que se correspondan con el giro financiero o bancario.

20) Constituir o integrar como accionista sociedades administradoras de fondos de inversión de acuerdo con el régimen de la Ley Nº 16.774, de 27 de setiembre de 1996, y sus modificativas; sociedades fiduciarias de acuerdo con el régimen de la Ley Nº 17.703, de 27 de octubre de 2003, así como también bancos de inversión.

21) Emitir títulos de deuda, certificados de depósito, deuda subordinada, así como recibir préstamos de otras instituciones financieras u organismos internacionales.

22) En general, realizar todas las operaciones habilitadas a las instituciones de intermediación financiera.

23) Realizar actividades de Responsabilidad Social Empresarial directamente, o también a través de una Fundación que podrá crear.

Artículo 14. (Límites de créditos al sector no financiero).- Los créditos o préstamos que conceda el Banco a una persona física o jurídica del sector no financiero, son acumulables entre sí -en las proporciones y hasta los límites parciales que el mismo Banco determine-, pero la suma total de créditos o préstamos a una misma persona, no podrá exceder del equivalente del 5% (cinco por ciento) del Capital Integrado y Reservas del Banco. Cuando la referida suma total exceda del equivalente de 1% (uno por ciento) del Capital y Reservas del Banco, la respectiva concesión requerirá el voto conforme de tres Directores.

Artículo 15. (Créditos o préstamos a Entes Industriales o Comerciales).- Cuando se trate de préstamos o créditos a conceder a los entes industriales o comerciales a que refiere el artículo 221 de la Constitución de la República, se tendrán en cuenta los porcentajes referidos en el artículo anterior, incrementados en un 100% (cien por ciento).

Artículo 16. (Conjuntos Económicos).- Cuando se trate de créditos o préstamos a conceder a personas físicas o jurídicas del sector no financiero, o a Entes Industriales y Comerciales, que integren un conjunto económico, deberán tenerse en cuenta los topes establecidos en los dos artículos anteriores, pero la suma total de créditos o préstamos al conjunto económico, no podrá superar en más de un 50% (cincuenta por ciento) dichos topes. La determinación de la existencia de un conjunto económico se ajustará como mínimo a lo que establezcan las Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero dictadas por el Banco Central del Uruguay, sin perjuicio de que el Directorio del Banco pueda adoptar criterios complementarios por razones de mejor administración. Si determinada la existencia del mismo, se constatare que la suma de todos los créditos y préstamos a sus integrantes, sobrepasaren el tope máximo establecido en este inciso, el Directorio del Banco contará con un plazo de tres años a partir de la constatación, para adecuar la asistencia financiera del conjunto a dicho tope.

Artículo 17. (Créditos o Préstamos al Estado).- Con el voto conforme de tres de los miembros del Directorio y la aprobación del Poder Legislativo, podrá conceder créditos o préstamos al Estado, así como también a los Gobiernos Departamentales, con el límite en el caso de estos últimos, a un monto no superior al duodécimo de sus respectivos presupuestos de sueldos y gastos. Podrá también con el voto conforme de tres de los miembros del Directorio, otorgar créditos especiales a los Gobiernos Departamentales por importes que no superen el 20% (veinte por ciento) de sus presupuestos de obras públicas contratadas y en ejecución y que no excedan de un medio duodécimo de sus respectivos presupuestos de sueldos y gastos.

Artículo 18.- Declárase que la Ley Nº 9.678, de 12 de agosto de 1937, y los artículos 39 y 41 de la Ley Nº 13.608, de 8 de setiembre de 1967, regirán para todas o cualquier operación que haya realizado o realice en el futuro el Banco de la República Oriental del Uruguay.

Artículo 19. (Operaciones de crédito, colocaciones e inversiones en el sector financiero).- El Banco podrá situar o depositar fondos o valores en instituciones del sector financiero interno o externo, invertir en instrumentos financieros por ellas emitidos, así como concretar operaciones crediticias en las mismas, con los límites que el Directorio del Banco deberá establecer para estos tipos de operaciones, atendiendo al tipo de riesgo asumido, a la calificación de la entidad financiera contratante y a la diversificación de las inversiones.

En ningún caso los límites referidos podrán superar los que fije el Banco Central del Uruguay para estos tipos de operaciones.

Artículo 20. (Inversiones en deuda soberana interna y externa).- Al mismo régimen establecido en el artículo anterior estarán sometidas las inversiones en deuda soberana interna y externa.

Artículo 21. (Operaciones de ahorro de personas relativamente incapaces).- El Banco podrá abrir cuentas de ahorro, en las condiciones que determine, a niños, niñas o adolescentes, púberes, los que podrán por sí depositar y retirar sus depósitos, mientras no se notifique a la institución bancaria una resolución judicial en contrario.

Los representantes legales no podrán retirar los depósitos de sus representados relativamente incapaces, sin el consentimiento de éstos.

CAPÍTULO V

PROHIBICIONES

Artículo 22. (Prohibiciones) El Banco no podrá:

1) Hacer préstamos para fomentar especulaciones de Bolsa o de cualquier otra índole.

2) Adquirir acciones de sociedades anónimas, salvo en los casos previstos por el numeral 18), 19) y 20) del artículo 13 o propiedades raíces (fuera de las que necesite para el funcionamiento del Banco y sus dependencias o sean producto de operaciones de fideicomiso o crédito de uso), pudiendo sin embargo recibir o adquirir acciones, obligaciones o propiedades en pago o garantía de deudas cuyo cobro no pueda realizarse de otro modo. También podrá adquirir obligaciones o acciones cuando se trate de operaciones de prefinanciamiento de emisión de obligaciones o las de acciones que impliquen su tenencia transitoria con fines de capitalización de la entidad emisora.

  La prohibición de adquisición de acciones de sociedades anónimas no regirá cuando se trate de constituir o participar como socio de una sociedad comercial cuyo objeto social exclusivo sea la administración de fondos de Ahorro Previsional.

3) Tomar parte, directa o indirectamente, en operaciones comerciales o industriales ajenas a su giro, con las excepciones previstas en la presente ley.

4) Conceder créditos o avales a los miembros del Directorio o a su personal superior, ya sean asesores o funcionarios que desempeñan cargos gerenciales, así como a empresas o a instituciones de cualquier naturaleza, en las que estos funcionarios actúen en forma rentada u honoraria, como Directores, Directivos, Síndicos, Fiscales o en cargos superiores ya sea en Dirección, Gerencia o Asesoría, sea esta situación directa o indirecta a través de personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza. Se exceptúan las operaciones ordinarias de Crédito Social o de tarjetas de crédito.

  La prohibición prevista en este numeral se mantendrá hasta un año después del abandono del cargo por el funcionario correspondiente.

CAPÍTULO VI

ESTABLECIMIENTO DE SUCURSALES Y AGENCIAS

Artículo 23. (Establecimiento de Sucursales y Agencias).- Además de las Sucursales que el Banco ha establecido y deberá mantener en todas las capitales de departamento, podrá instalar Sucursales y Agencias en otras localidades, con carácter permanente o transitorio.

Podrá también establecer sucursales, agencias o representaciones en el exterior, con el voto conforme de tres miembros del Directorio y autorización del Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO VII

RELACIONES DEL BANCO CON EL PODER EJECUTIVO

Artículo 24.- El Estado responde directamente de los depósitos y operaciones que realice el Banco.

Artículo 25.- Los depósitos judiciales, los provenientes de instituciones públicas estatales o no estatales, y los que deban efectuar los particulares en garantía de obligaciones y contratos con el Estado se efectuarán de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a la fecha de la promulgación de la presente ley.

CAPÍTULO VIII

DIVISIÓN CRÉDITO SOCIAL

Artículo 26.- La División Crédito Social (Caja Nacional de Ahorros y Descuentos), funcionará como una unidad dependiente del Banco y será dirigida y administrada por el Directorio.

Artículo 27.- Sus operaciones serán determinadas por el Directorio y consistirán, principalmente, en:

a) Acordar préstamos o créditos con garantía prendaria de alhajas, muebles y otros objetos.

b) Otorgar créditos o préstamos con o sin retención de haberes, a empleados públicos, privados, jubilados o pensionistas.

c) Conceder créditos o préstamos a personas que ejerzan profesión u oficio y ofrezcan garantía satisfactoria.

d) Dar anticipos de sueldos a empleados públicos y privados, así como, a jubilados y pensionistas respecto de sus jubilaciones y pensiones.

Artículo 28.- El interés a cobrarse sobre los créditos otorgados por la División Crédito Social será fijado por el Directorio, quien deberá ponderar especialmente a esos efectos, el destino social que tienen los mismos.

Artículo 29.- Todas las referencias existentes en la legislación vigente a la Caja Nacional de Ahorros y Descuentos y todas las facultades a ella conferidas, se entenderán efectuadas a la División Crédito Social.

CAPÍTULO IX

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 30.- Los límites para créditos o préstamos, así como para las colocaciones o inversiones previstas en esta Carta Orgánica, son sin perjuicio de los que establezca el Banco Central del Uruguay para las Instituciones de Intermediación Financiera.

Artículo 31.- En las ejecuciones de hipoteca iniciadas por el Banco, los jueces ordenarán sin más trámite y directamente a pedido y bajo la responsabilidad de aquél, el levantamiento de todo embargo, segunda y ulteriores hipotecas o cualquier otro gravamen posterior a la hipoteca que pese sobre el inmueble vendido, al solo efecto del traspaso de dominio.

Las costas y costos que se originen en caso de ejecución de segunda o ulteriores hipotecas, no tendrán prelación sobre el crédito del Banco.

Artículo 32.- El Banco podrá solicitar de los jueces que se le dé posesión de las propiedades hipotecadas y le concedan el embargo y percepción inmediata de sus rentas para aplicarlas al pago de los servicios, gastos de administración y conservación de las propiedades, si los deudores dejaren pasar noventa días desde las fechas en que debieran pagarse los servicios respectivos.

Artículo 33.- Declárase de utilidad pública la adquisición de los terrenos y fincas que el Banco necesite para establecer o ensanchar sus oficinas o dependencias.

Artículo 34.- El Banco publicará anualmente, previa visación del Tribunal de Cuentas de la República, los estados contables correspondientes al cierre de cada ejercicio económico. El Directorio dará cuenta anualmente de su gestión al Poder Ejecutivo.

Lo precedentemente dispuesto es sin perjuicio de atender las disposiciones que en esta materia, regulan la actividad bancaria.

Artículo 35.- El Poder Ejecutivo dictará el reglamento general por el cual deberá regirse el Banco, de acuerdo con las disposiciones que preceden. A esos efectos, el Directorio formulará el proyecto correspondiente y lo elevará al Poder Ejecutivo.

Artículo 36.- Las quitas que se concedan a los créditos comprendidos en el artículo 622 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, deberán otorgarse por un mínimo de tres votos conformes de integrantes del Directorio.

Artículo 37.- Ninguna de las disposiciones de la presente ley afecta las potestades de regulación, supervisión, control y punición que las leyes vigentes acuerdan al BCU sobre el BROU en su calidad de institución de intermediación financiera integrante del sistema financiero nacional.

Artículo 38.- Los cometidos, facultades, competencias, prerrogativas o atribuciones conferidos al Banco de la República en esta Carta Orgánica, son sin perjuicio de cualesquiera otros que le hubieran sido confiados por la legislación vigente a la fecha de la promulgación de la presente, o que le correspondiesen en su condición de entidad de intermediación financiera.

Artículo 39.- Deróganse la Ley Nº 9.808, de 2 de enero de 1939, los artículos 5º y 6º de la Ley Nº 13.243, de 20 de febrero de 1964, artículos 1º y 2º de la Ley Nº 14.623, de 4 de enero de 1977 y la Ley Nº 17.416, de 20 de noviembre de 2001.

Montevideo, 26 de octubre de 2010.

FERNANDO LORENZO

Línea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.