Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

 

Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda
Carpeta Nº 321 de 2010
Anexo XVII al
Repartido Nº 341
Octubre de 2010

 

PRESUPUESTO NACIONAL
PERÍODO 2010 - 2014

 

Aprobación

 

I n f o r m e s


 

========================================= Í N D I C E=========================================

 

Informe en mayoría - Frente Amplio
Partido Independiente, con salvedades
Informe en minoría - Partido Nacional
Informe en minoría - Partido Colorado

 

Comisión de Presupuestos,
integrada con la de Hacienda

INFORME EN MAYORÍA

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 217 de la Constitución de la República y demás artículos de la Constitución de aplicación en la materia, ha considerado el texto del proyecto de ley del Presupuesto Nacional para el período 2010-2014, remitido por el Poder Ejecutivo, actuando en el Consejo de Ministros, aconsejando su aprobación.

Para el conocimiento y análisis del proyecto en Comisión contamos con la presencia del Equipo Económico de Gobierno y con todos los jerarcas de los incisos componentes del Presupuesto Nacional. Asimismo, recibimos la visita de un importante número de delegaciones representativas de distintos intereses de la sociedad, que deseaban volcar sus aportes a la discusión que veníamos llevando en la Comisión.

PRESUPUESTO PARA LA CONTINUIDAD DE LOS CAMBIOS

LA BUENA HERENCIA: LOS CAMBIOS ECONÓMICOS SOCIALES DE 2005-2009

Muy brevemente nos referiremos a la evolución de la economía y situación social del período anterior que signa fuertemente la elaboración de este presupuesto y que fuera recientemente presentada y discutida en ocasión del tratamiento, en esta Cámara, de la Rendición de Cuentas 2009 y que deberíamos dar por reproducida en este informe.

LA SITUACIÓN INICIAL

En 2004 recibimos un país con extraordinarios problemas económicos, financieros, productivos, comerciales, sociales y de gestión institucional. El hecho que se hubiera comenzado en 2004 a recuperar el nivel de actividad, no puede tomarse como un logro luego de la dramática caída de los años previos. Estábamos muy lejos de los niveles pre crisis de 1998, y como ya ejemplificamos en otra ocasión sólo habíamos pasado del nivel -2 al nivel -1. Es cierto que luego de los casi unánimemente reclamados cambios en la política económica y de tipo de cambio, finalmente, después de sufrir dramáticamente los efectos de la crisis que estalló en 2002 pero que se inició en 1999 por los errores internos cometidos y que multiplicaron y amplificaron los efectos de la crisis importada de Argentina, se instrumentaron algunos cambios necesarios que luego se continuaron en el periodo 2005-2010.

Con una débil estructura institucional; con una crítica composición, monto y perfil de la deuda pública; con un alicaído aparato productivo y bajísimo nivel de inversiones productivas y débil inserción internacional; problemas puntuales en el sector financiero; relaciones laborales absolutamente desbalanceadas, con históricos registros de alto desempleo; aumento dramático de la pobreza e indigencia, caída de salarios y pasividades reales; teníamos un panorama explosivo con consecuencias de fractura social y márgenes de exclusión, muy difícil de reconstruir.

LA SITUACIÓN FINAL

Prácticamente todos los problemas enumerados anteriormente fueron sensiblemente superados durante el período de Gobierno recientemente finalizado. Hubo importantes mejoras en el tema institucional con creación del Ministerio de Desarrollo Social y diversas agencias especializadas; reformas Tributaria, de Salud, de supervisación financiera, de reorganización empresarial, de defensa de la competencia, manejo de la deuda pública, etc.; importantísimas normas de regulación de relaciones laborales y acceso a la Seguridad Social; aumento muy significativo en indicadores sociales como disminución de la pobreza e indigencia, nivel de desempleo, aumento de salarios y pasividades mínimas, recuperación del valor del salario y pasividades reales; aumentos históricos a nivel presupuestal en áreas priorizadas de la Salud y Educación, etc., etc., que comenzaron a reparar parcialmente el daño sufrido en el pasado, pero que hoy todavía tienen consecuencias dramáticas. El tejido social puede deteriorarse muy rápidamente pero su reconstrucción lleva muchos años o períodos de buen Gobierno.

Los indicadores macroeconómicos superaron incluso las expectativas del Gobierno, registrándose récords de crecimiento del producto promedio, del nivel de inversiones productivas, de empleo, etcétera, pese a que en los últimos años sufrimos los impactos de la crisis energética y la crisis mundial.

¿Esto quiere decir que está todo bien? Nuestra respuesta hoy y siempre será NO. Como fuerza de izquierda siempre ponemos nuevas metas para alcanzar. La utopía sirve para seguir avanzando siempre hacia ella porque: "El camino es la recompensa".

LINEAMIENTOS GENERALES

El Poder Ejecutivo ha formulado y presentado al Parlamento el Presupuesto Nacional como expresión financiera de su Plan de Gobierno, donde se inscribe la definición de las grandes prioridades surgidas principalmente de los compromisos programáticos presentados a la ciudadanía durante la campaña electoral y las orientaciones y lineamientos que surgen de los acuerdos multipartidarios alcanzados en materia de seguridad, educación, medio ambiente y energía. Es precisamente con estos conceptos que los componentes fundamentales de los gastos e ingresos públicos adquieren su verdadero significado y dimensión, en el proyecto de país de Primera que se está gestando.

Las grandes orientaciones programáticas se definen sobre la base de una visión de mediano y de largo plazo, con el objetivo último de mejorar la calidad de vida de los uruguayos, atendiendo las urgencias más acuciantes, al mismo tiempo que se crean las condiciones para que, a partir de una creciente equidad en el acceso a las oportunidades sociales, los integrantes de nuestra sociedad puedan aspirar a realizarse integralmente como seres humanos.

Se busca promover una sociedad más inclusiva y democrática, que asuma la justicia y la prosperidad como dos dimensiones claves que permitan avanzar hacia mayores niveles de desarrollo económico y social. Esta imagen objetivo se expresa en un proceso que asegure trabajo y bienestar para todos los habitantes de nuestra República.

La generación de empleo de calidad representa un objetivo en sí mismo, en la medida en que constituye el mecanismo más idóneo para lograr mejoras en las condiciones de vida para proporciones crecientes de la población. Para avanzar en esta dirección existe un único camino: el incremento de la inversión productiva, tanto pública como privada. La consolidación de un proceso de expansión de la inversión requiere de confianza y credibilidad en la orientación de las políticas, que deben ser consistentes y sostenibles. Esto se logra profundizando las condiciones de de estabilidad básica en los planos: institucional, social, micro y macroeconómico.

De esta forma, la política económica deberá establecer las bases y condiciones de estabilidad para poder avanzar en los objetivos de crecimiento, creación de empleo y distribución del ingreso, apuntalando al fortalecimiento de los pilares del desarrollo a largo plazo.

El crecimiento económico sostenido, es la fuente de la que se nutre el Presupuesto Nacional, que habilita el desarrollo armónico de las políticas y los programas que se desplegarán a lo largo del próximo período de gobierno.

Las áreas de política que tienen mayor relevancia en materia de asignaciones presupuestales son las que tienen relación con la seguridad pública, la educación, la emergencia habitacional y la disponibilidad de infraestructura (acumulan 2/3 del aumento del gasto). Por otra parte, se prioriza un conjunto de acciones y programas que apuntan a la consolidación y al fortalecimiento de áreas esenciales de las políticas sociales.

Al mismo tiempo, la continuidad del proceso de transformación democrática y fortalecimiento institucional del Estado constituye otro de los ejes centrales del Presupuesto Nacional, recogiendo otra de las prioridades definidas en el Plan de Gobierno, tendiente a lograr una efectiva mejora de la gestión pública. La propuesta presupuestal pone énfasis en el desarrollo de sistemas de información, tanto a nivel transversal como a nivel de cada inciso, con el propósito de apuntalar los procesos de mejora de gestión que permitan continuar avanzando hacia una gestión por resultados.

En el marco del siglo XXI y una vez derrotado el paradigma del Estado Neoliberal no intervencionista que tendía a achicar y a dejar en manos del mercado el desarrollo de los países, es que se da paso a una concepción del Estado más pujante con posibilidad de instalar capacidades estratégicas en las instituciones y evaluación de las políticas; fortaleciendo la inter-institucionalidad con la articulación en el territorio de los múltiples organismos, agencias e instituciones estatales. Es así que el Estado hoy busca desarrollar una mayor transparencia en su gestión con rendiciones de cuentas efectivas y un gobierno descentralizado, democrático y a todos los niveles.

Este fortalecimiento institucional y mejora de la gestión pública es para Uruguay una cuestión fundamental a la hora de proyectarse en el mundo como una nación desarrollada. En este momento histórico que vivimos el Estado está llamado a asumir responsabilidades indelegables en la afirmación y consolidación del interés nacional, asegurando capacidad, agilidad y eficacia al servicio de la mejora de las condiciones de vida de la población.

En este Presupuesto podemos ver cuatro ejes temáticos tendientes a encarar nuestras debilidades: el nuevo modelo de Gestión de los Recursos Humanos, que implica nuevos cometidos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, la adecuación normativa tendiente a un nuevo Estatuto del Funcionario de la Administración Central, las reestructuras organizativas, y la institucionalización de instrumentos de gestión humana.

Es creado el sistema de Reclutamiento y Selección de Personal a través del portal Uruguay Concursa, lo cual implica un proceso selectivo democrático y transparente que estará en la órbita de la ONSC; siendo también uno de sus cometidos analizar el mérito y oportunidad de necesidades de recursos humanos requeridos por los incisos, en la integración de tribunales, y en general lo que implique gestión de recursos humanos.

En un trabajo conjunto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se ejecutarán las reestructuras organizativas y de puestos de trabajo, comenzando a implementarse en tres Incisos pilotos (MSP, MVOTMA, MIEM), llevándose adelante el estudio de los macro procesos, y posteriormente expandiéndose al resto de los organismos de la Administración Central.

El Sistema de Gestión Humana (SGH), la Red de Capacitación y el Registro de Vínculos con el Estado (RVE), son instrumentos de Gestión Humana que se institucionalizarán y serán quienes llevarán adelante una función instrumental, posibilitando tecnológicamente la eficiencia en materia de gestión de los recursos humanos de la administración y el rediseño institucional, asegurando un Estado funcional a los fines que la sociedad le va imponiendo.

Para que se adapten a ésta de fortalecimiento institucional y mejora de la Gestión Pública se proponen formas de contratación con un fin conformador de las políticas de Estado. Se sustituye de este modo la variedad de contrataciones que coexistían creando una confusa realidad respecto a las distintas formas que el Estado encontraba para obtener fuerza de trabajo para el cumplimiento de sus cometidos, obedeciendo a necesidades y lógicas específicas de los diferentes incisos, sin considerar la necesaria relación entre la naturaleza de la tarea o prestación requerida y el tipo de vinculación adecuada a la misma, lo que llevaba a una desnaturalización a veces del vínculo, a veces de la tarea redundando en una ineficiencia en la gestión. Es en ésta nueva regulación que existirá la carrera administrativa presupuestada, ingresándose a través de un provisoriato de 18 meses, existiendo contratos como el temporal de derecho público, los contratos laborales, el arrendamiento de obra, becarios y pasantes, contratos artísticos y Adscriptos. A excepción del contrato temporal de derecho público, los contratados no se constituirán ni adquirirán el carácter de funcionario público. De igual modo, ninguna de las figuras incluso el contrato temporal de derecho público, habilitará bajo ningún concepto a ingresar a la carrera administrativa. Por otra parte, las necesidades de designaciones políticas serán transparentadas, otorgándole a los Ministros, partidas anuales para "contratos de adscripción" (el mismo régimen que tiene el Presidente de la República), que podrán ser cesados unilateralmente, y cesarán igualmente cuando el Ministro cesa en sus funciones. Se destaca que estos contratos no habilitarán bajo ningún concepto a ingresar a la carrera administrativa ni ser funcionario público. Se plantea simplificar y readecuar la escala de remuneraciones de los cargos Q (de confianza), pasando todos los Directores Nacionales de los Ministerios a ganar el mismo salario.

Otro de los ejes del Gobierno es encaminar a un nuevo Estatuto del Servidor Público, lo cual conlleva a una nueva definición jurídica del funcionario público al servicio de la población, quién debe ser representante del Estado y no de un Inciso en particular, ejerciendo funciones permanentes y estratégicas pudiendo ser destituido cuando no desempeñe sus funciones adecuadamente según la nueva regulación de omisión e ineptitud o que esa función no sea más necesaria. Para que esto se logre es fundamental el rediseño Integral de la carrera administrativa que se hará por ley aparte luego de negociarse en los ámbitos que prevé la ley de Negociación Colectiva del Sector Público (18.508), lo cual implica sustituir viejas estructuras escalafonarias y de grados, que se sustituyen por una concepción más dinámica de grupos ocupacionales y clarificación de los distintos niveles de responsabilidad, que no signifique un ascenso casi automático de grado a grado como sucede en la actualidad, sino una clara distinción de roles al pasar de un nivel a otro. Ésta nueva concepción de la carrera implica el diseño de una renovada escala salarial donde el grupo de la remuneración refleje el nivel de complejidad de la tarea y el nivel de responsabilidad asociada a ella.

Los niveles de conducción no serán más cargos ejercidos de forma permanente, por el contrario serán funciones concursadas y condicionadas al buen desempeño de compromisos de gestión. Por ese motivo se suprimen las vacantes de los cargos de Alta Conducción, de Director de Dirección y de Jefe de Departamento, pudiéndose hacer uso de esos créditos para la nueva carrera administrativa.

CRITERIOS DE LA FORMULACIÓN PRESUPUESTAL

La formulación presupuestal elaborada tiene como objetivo fundamental asegurar el financiamiento de los procesos de cambio que el país requiere, consolidando los avances logrados durante la pasada administración.

El proceso de elaboración presupuestal parte, en primer lugar, de un análisis riguroso y realista del comportamiento esperado de la economía uruguaya a lo largo del período 2010-2015, tomando en consideración la evolución del contexto internacional y regional relevante para dichas proyecciones, a partir de lo cual se define el escenario macroeconómico que sustenta la programación financiera. De ese análisis surge la potencialidad del crecimiento y por ser ese un objetivo básico de este Gobierno obviamente se introduce en la presupuestación quinquenal. En el 2004 le propusimos a la ciudadanía uruguaya el cambio y en ese cambio estaba en primer lugar el desarrollo económico-social y cumplimos con la propuesta de presupuesto quinquenal y en su ejecución. Pese a todas las críticas incorporamos la variable crecimiento en cada uno de los años de previsión presupuestal y luego que las expectativas de mayor crecimiento se consolidaban y se superaban incluimos nuevos espacios fiscales en las rendiciones de cuenta anuales para ampliar la distribución del crecimiento. En 2009 prometimos consolidar y profundizar los cambios con desarrollo económico social sostenido y sustentable y con mayor equidad. Por lo tanto esta propuesta presupuestal, como no podía ser de otra manera para quien cumple con os compromisos asumidos incorpora responsablemente las perspectivas de crecimiento y su más equitativa distribución.

En este marco, uno de los criterios básicos sobre el que reposa la formulación presupuestal es el que refiere a la responsabilidad fiscal, lo que supone, en particular, una actitud muy cuidadosa con la sostenibilidad de las cuentas públicas. Ello implica, al mismo tiempo, la necesaria consistencia que debe existir entre el presupuesto y el programa financiero del gobierno que lo sustenta permitiendo alcanzar un resultado fiscal que permita reducir los niveles de endeudamiento, de forma de continuar recuperando la capacidad de utilizar la política fiscal como instrumento contracíclico. Las metas fiscales implican un resultado global del sector público de -0.7% del PIB en 2015, de forma de alcanzar una reducción de la deuda a niveles cercanos a 40% del PIB en dicho año. Esta consistencia constituye un aporte relevante a la estabilidad económica y brinda un marco creíble y previsible sobre la orientación de la política económica, asegurando el financiamiento de la totalidad de los gastos a realizar por los organismos del sector público durante el transcurso del período de gobierno.

A partir de la definición del escenario macroeconómico previsto y de las metas fiscales para el período, se determina el espacio fiscal disponible, compatible con el crecimiento económico previsto, las proyecciones de ingresos y gastos y la meta fiscal.

Partiendo de la base que este espacio fiscal disponible es acotado, un criterio fundamental en la elaboración presupuestal es la determinación de prioridades. Ellas están determinadas, en primer lugar, por lo establecido en el Plan de Gobierno. La asignación de prioridad a determinadas áreas programáticas implica necesariamente que otras áreas de política no puedan ser contempladas en su totalidad en la formulación presupuestal.

Un concepto fundamental del diseño presupuestal es el avance gradual en la asignación de recursos a cada una de las áreas programáticas, asociado directamente a la disponibilidad del espacio fiscal y a la diversidad de prioridades políticas que forman el Plan de Gobierno.

Durante este período de gobierno se mantendrá la naturaleza que se le imprimió a las rendiciones de cuentas en la pasada administración las que además de revisar la ejecución presupuestal del año precedente serán las oportunidades para corregir errores, superar vacíos que se vayan detectando en el presupuesto y contemplar desvíos respecto a la evolución prevista de las principales variables de la economía y la sociedad (como se establece en el artículo 85), sin que ello implique abrir la discusión sobre la totalidad del presupuesto, lo que implicaría desvirtuar por completo la lógica quinquenal de la elaboración del Presupuesto Nacional.

Otro de los criterios es la formulación de compromisos de gestión tendientes a generar incentivos adecuados para una mejor utilización de los recursos de toda la sociedad, requiriendo contrapartidas que permitan optimizar los resultados obtenidos y avanzar hacia una gestión por resultados. La evaluación de los programas implementados constituirá un instrumento de fundamental importancia para las decisiones futuras de asignación de nuevos recursos. Ello se enmarca en la necesidad de contar con un adecuado sistema de información y control de la gestión, que sea capaz de generar incentivos adecuados para una mejora efectiva de la gestión pública, al tiempo de servir como base para una correcta rendición de cuentas a la sociedad en su conjunto, promoviendo una mayor transparencia en la generación y la utilización de los recursos públicos.

El Presupuesto se ha estructurado en 17 Áreas Programáticas (AP) transversales y con objetivos asociados, las cuales representan las funciones que el Estado desarrolla, y que por su continuidad en el tiempo, pueden trascender los períodos de gobierno. Estas AP reflejan el fin último al que está orientado el gasto, y permiten determinar los objetivos generales de las políticas gubernamentales, mostrar la naturaleza de los servicios que las instituciones públicas brindan a la comunidad y medir la función social de las mismas, brindando elementos adicionales que permiten un análisis más profundo del presupuesto y de la política de gasto público en general. Esto permitirá concentrar los esfuerzos del gobierno en función de la obtención de resultados prioritarios para la sociedad, y a la vez facilitará la vigilancia de los ciudadanos sobre la toma de decisiones del gobierno.

EL ESCENARIO MACROECONÓMICO

Las proyecciones macroeconómicas son prudentes y realistas y se realizan en base a los sólidos fundamentos económicos del país (capacidad productiva, aumento de inversiones, dinamismo de las exportaciones y demanda interna, equilibrada política fiscal y de endeudamiento, solidez del sistema financiero, etc.) y al buen comportamiento que ha tenido la economía uruguaya en los últimos años (incluso durante la crisis internacional) y las perspectivas de la economía mundial, lo que permitirán sostener el crecimiento, promover la competitividad y mejorar la productividad de la economía, aumentando el potencial de desarrollo del país. El mantenimiento y la mejora de estos fundamentos resultan imprescindibles para sostener el crecimiento en el largo plazo, y constituye la piedra fundamental sobre la que se construye la programación presupuestal.

Se prevé que para los próximos 5 años un crecimiento del producto mundial cercano a 4,5% promedio anual con mayor aumento del nivel de actividad de los países emergentes (y entre ellos China y Brasil -dos de los socios económicos más importantes de Uruguay) impulsando al alza los precios de los commodities alimenticios, y generando nuevas oportunidades de colocación para los bienes producidos por Uruguay. Se prevé, además que las tasas de interés muestren una tendencia ascendente y, en un contexto de políticas monetarias más restrictivas, la inflación internacional se mantenga en niveles moderados.

Frente a estas condiciones internacionales favorables -y en un marco de políticas internas equilibradas y consistentes- los indicadores económicos y sociales de Uruguay continuarán mejorando y previendo incrementos del PBI de 6,5% en 2010, 4,5% en 2011 y 4% a partir de 2012, con una expansión equilibrada de todos los componentes de la demanda agregada (exportaciones por el contexto internacional favorable, el consumo interno por el aumento del empleo y de los ingresos reales de los hogares, la inversión alcanzando un 25% del PIB impulsada por el buen clima de negocios, la estabilidad de las reglas de juego y el conjunto de incentivos tributarios establecidos en los últimos años).

Si la economía crece por encima de estas previsiones, lo que resulta más que posible dados los recientes datos conocidos después de presentado el presupuesto, en las próximas Rendiciones de Cuentas se podrá contar con nuevos recursos para fortalecer las áreas prioritarias del Plan de Gobierno, pero sería irresponsable comprometer esos recursos anticipadamente.

Con este sentido la Comisión a propuesta de la Bancada de Gobierno y en acuerdo con éste aprobó un artículo que si se da esta situación y por el crecimiento del PBI resulta que las asignaciones totales para la Educación Pública quedan por debajo del 4,5% de ese PBI mayor se transferirán a ANEP y UDELAR las partidas necesarias para recomponer el compromiso del 4,5%.

LA POLÍTICA FISCAL 2010 – 2015

Luego de alcanzar resultados prácticamente equilibrados en los primeros tres años de la anterior administración, las cuentas públicas mostraron mayores déficits en 2008 y 2009, explicados como ya vimos en la RC 2009 por factores coyunturales (caída de ingresos y políticas contracíclicas por crisis internacional y la crisis energética) y un aumento de la deuda pública llegando al 69% del PIB en 2009, lo que se pudo sostener gracias a los fundamentos fiscales sólidos construidos en los años previos a la crisis internacional. Superada la coyuntura externa adversa, resulta necesario comenzar a recomponer la situación fiscal. Una eventual crisis debe encontrarnos con fundamentos sólidos, con las cuentas públicas cercanas al equilibrio y con menores niveles de endeudamiento. Por el contrario una estrategia que implicara una expansión incontrolada del déficit fiscal estaría condenada al fracaso e impactaría en las condiciones de vida de los uruguayos. La programación financiera es fiscalmente responsable y permite cumplir gradualmente con los compromisos asumidos ante la ciudadanía, contribuyendo a alcanzar la senda de crecimiento sostenido con equidad social, e implica un aumento progresivo del resultado primario en términos de% del PBI del 1,1% en 2010 al 2,3% en 2015 lo que implica cerrar el período con un resultado global de -0,7% lo que permitirá una reducción significativa del peso de la deuda pública, (hasta cerca del 40%), avanzando al mismo tiempo hacia el objetivo de equilibrar estructuralmente las cuentas públicas.

DETERMINACIÓN DEL ESPACIO FISCAL

Los recursos que financian el incremento de gastos previsto en este presupuesto provienen del crecimiento de la actividad económica, (el cual se refleja en mayores ingresos proyectados de las oficinas recaudadoras. equivalente a la variación del PIB) y la recomposición del resultado de la Empresas Públicas.

El plan de gobierno establece un conjunto de adecuación y reducción de impuestos tendientes a profundizar los objetivos planteados por la reforma tributaria de equidad, eficiencia y estímulo a la inversión productiva que deberán ser compensados por mejoras de eficiencia de las oficinas recaudadoras, manteniendo constante la presión fiscal, ampliando la base imponible por reducción de evasión y disminuyendo tributos de forma gradual:

- Baja de 2 puntos de la tasa básica del IVA con implementación de mecanismos que permitan la formalización de la economía, y procurando que se traduzca de manera efectiva en beneficios concretos para los consumidores.

- La incorporación de nuevas deducciones en el IRPF (crédito por alquileres ya previsto en el articulado de este Presupuesto) y

- La eliminación del Complemento de Cuota Mutual que pagan los empleadores por los trabajadores con niveles de salarios más bajos y que beneficiará principalmente a las pequeñas empresas.

La proyección implica un aumento real del 2010 al 2014 de los ingresos del Gobierno Central y del BPS, de casi 45 mil millones de pesos constantes de 2010, más un aumento adicional del resultado de las Empresas Públicas de $ 2.600 millones en igual período. En suma, se prevé que los ingresos fiscales muestren un aumento de $ 47.500 millones entre 2010 y 2014.

Otro componente fundamental de la programación presupuestal es la estimación de los egresos fiscales ya comprometidos que insumirán una parte de los recursos adicionales durante los próximos años (incremento real de pasividades $ 11 mil millones, incorporaciones al FONASA $ 4 mil millones, prestaciones y transferencias de BPS y otros gastos $ 7 mil millones y intereses de deuda por casi $ 3 mil millones).

Resumiendo: Con un aumento de ingresos de $ 47.500 millones, gastos ya comprometidos de $ 24.900 millones, queda determinado el espacio fiscal disponible de$ 22.600 que se podrá asignar para el cumplimiento del Plan de Gobierno, buscando garantizar las prioridades de política establecidas por esta Administración, respetando las restricciones fiscales compatibles con las metas fiscales y la trayectoria de la deuda pública, y manteniendo como criterios centrales la identificación de los mejores usos posibles para los recursos existentes, el incremento de la eficiencia en la gestión y el cumplimiento de los principios de austeridad.

El costo del articulado incluido en el proyecto de ley de Presupuesto Nacional representa un aumento total de los gastos de remuneraciones, funcionamiento e inversiones de $ 22.800 millones entre los años 2010 y 2014. Estos incrementos presupuestales se calculan respecto al nivel de egresos considerado como punto de partida, denominado Línea de Base.

Política general en materia de los componentes del gasto:

Remuneraciones: se asegura el mantenimiento del salario real de todos los trabajadores públicos y los aumentos reales estarán focalizados en áreas identificadas como prioritarias (reducción de inequidades y procesos de reforma que permitan mejorar la eficiencia). En particular: suba de los salarios de la policía, docentes y soldados, las creaciones de cargos en el Ministerio del Interior y organismos de enseñanza. En el tratamiento parlamentario y con acuerdo con el Poder Ejecutivo se agregó al artículo 4º sobre salarios, una norma complementaria a la de los ajustes de salarios que prevé que eventuales aumentos por encima de la inflación y de las normas presupuestales específicas de este proyecto, serán tratados en la instancia de Negociación Colectiva del sector Público como lo prevé la Ley Nº 18.508.

Gastos de funcionamiento: se buscará evitar los aumentos generales por inflación, y se reforzarán únicamente los rubros que justifiquen la necesidad de un mayor gasto y por ello los mayores esfuerzos se concentran en el fortalecimiento de las políticas sociales, promoviendo un gasto social más eficiente y con mayor impacto redistributivo. Dentro de ellos se destaca la duplicación del monto de la Tarjeta Alimentaria (MIDES) para los hogares indigentes y aquellos que están muy vulnerables a serlo, el incremento por la creación de nuevos centros CAIF (INAU), y los mayores gastos en alimentación escolar por extensión de la cobertura de las escuelas de tiempo completo.

Inversiones: se mantendrán los elevados niveles alcanzados en los dos últimos años y los recursos se orientan claramente hacia las áreas prioritarias pilares fundamentales del crecimiento económico y del desarrollo social (Plan Quinquenal de Vivienda mantenimiento de la infraestructura vial, y un ambicioso programa de expansión de la oferta educativa en todos los niveles). Otros proyectos que no puedan ser incluidos en el Presupuesto debido a la restricción fiscal, deberán ser canalizados a través de asociaciones público-privadas.

También deben señalarse otros costos de políticas sociales comprometidos por el Gobierno (más de mil millones de pesos) que no están incorporados en esta Ley de Presupuesto Nacional y que requerirán iniciativas legales específicas o se implementarán mediante decretos del Poder Ejecutivo:

- aumento del tope del seguro de enfermedad ($ 370 millones).

- ajuste de las jubilaciones y pensiones mínimas ($ 530 millones).

- cobertura de la salud de hijos de trabajadores que, habiendo utilizado el seguro de desempleo, no logren reinsertarse en el mercado laboral ($ 155 millones).

La propuesta del Poder Ejecutivo (con las mínimas modificaciones realizadas en Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda) de utilización de los recursos disponibles en este presupuesto se detalla con los incrementos presupuestales otorgados por incisos de la Administración Central y Organismos del artículo 220 de la Constitución:

LAS PRIORIDADES DE GOBIERNO

El Presupuesto Nacional, en tanto expresión financiera del programa de gobierno, constituye una herramienta fundamental al servicio del proceso de cambios que promueve el Frente Amplio. En este sentido, la formulación presupuestal realizada refleja, cabalmente, las prioridades definidas por nuestro gobierno: vivienda, enseñanza, seguridad e infraestructura, junto a la consolidación y fortalecimiento de la red de protección social.

Protección social

Con el fin de mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable, la administración anterior creó un nuevo sistema de protección social. En este período de Gobierno se pretende continuar con el gran esfuerzo realizado, consolidando y fortaleciendo el conjunto de las políticas sociales, manteniendo un enfoque transversal e integrado de las políticas de educación, salud, seguridad social, alimentaria y habitacional.

Asimismo, se busca profundizar la coordinación de las distintas instituciones que se encargan de estas políticas a lo largo de todo el territorio nacional, mejorando la focalización y la cobertura de programas.

La cobertura de asignaciones familiares sobre el final del período, va a alcanzar a quinientos mil beneficiarios, y habrá cambios muy importantes y necesarios, en las dotaciones de recursos para fortalecer las tarjetas alimentarias. Se plantea la duplicación del monto de estas tarjetas para hogares con ingresos per cápita inferiores, respecto de la canasta básica alimentaria, cuyas condiciones socio-económicas no superen el valor de 1,25 Canastas Básicas de Alimentación (CBA) per cápita, focalizando de esta forma en hogares indigentes y en los que están muy vulnerables a serlo.

En este período nos proponemos la erradicación de la indigencia y la disminución de la pobreza a la mitad, como objetivo prioritario del plan de Gobierno que propusimos a la ciudadanía, pero también como un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más equitativa.

Esta meta propuesta requiere un abordaje integral a las familias y en el territorio, buscando una mayor integración e inclusión real de los hogares que presentan un alto grado de vulnerabilidad.

El presupuesto del MIDES, como puntal y coordinador de las políticas sociales, aumenta un 33% en el Período. La duplicación de la tarjeta alimentaria insumirá $ 100:000.000 lo que significa alrededor de 30.000 hogares. El Programa INFAMILIA y su fortalecimiento en programas de educación, salud, integración social, $ 100:000.000 adicionales, y fortalecimiento de recursos para programas como Uruguay Trabaja, ampliando los componentes del programa (capacitación, programa Salud Bucal, alimentación y transporte), Apoyo Alimentario con entrega de leche fortificada a hogares con niños menores a 3 años, mayor cobertura para Emprendimientos Productivos y creación del Monotributo Social MIDES, Centros Educativos abiertos con actividades los fines de semana en los centros de educación media, todo esto por un total de $ 192:000.000 adicionales.

La infancia y la adolescencia continuarán siendo la prioridad de las políticas sociales. Es de destacar el trabajo que realiza el INAU, que verá incrementadas las partidas presupuéstales para la ampliación del Plan CAIF y la mejora de la calidad del servicio, lo que permitirá aumentar la cobertura en la atención a la primera infancia (de 0 a 3 años) de los niños de hogares en situación de pobreza. En este presupuesto también se incorpora la extensión de la cobertura en educación primaria en la modalidad de Escuelas de Tiempo Completo (ETC) para los niños que asisten a escuelas de contextos más desfavorecidos. Cabe resaltar que, tanto las ETC como los CAIF, poseen un significante componente nutricional al brindar el desayuno, almuerzo y merienda a los niños.

Con respecto a la adolescencia, el Presupuesto contempla la creación del programa Compromiso Educativo. El mismo se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, con el objetivo de lograr la permanencia del adolescente en el sistema educativo. Uno de sus componentes es la conformación de un nuevo sistema de becas (transferencia monetaria) dirigidas a aquellos estudiantes del segundo ciclo de educación media, que integren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Jubilaciones. Se subirá la jubilación mínima de 1,5 BPC Base de Prestación Contributiva a 1,75 BPC en este mismo año, y a 2 BPC $ 4.122 en julio del próximo año. También alcanzará a pensionistas mayores de 65 años en hogares con ingreso promedio menor a 3 BPC. Esta primera etapa alcanzará a cuarenta y ocho mil personas y luego a sesenta y nueve mil.

Subsidio por enfermedad. Al final del Período de Gobierno se logrará que el 96% de los beneficiarios del subsidio por enfermedad reciban el subsidio correspondiente sin tope respecto a sus salarios. Asimismo se plantea una suba gradual de este tope de trabajadores privados, desde los actuales 3 BPC, hasta 8 BPC, en razón de un incremento de 1 BPC por año.

FONASA. Estamos incorporando a los hijos de desocupados, propiciando el mantenimiento por doce meses de la cobertura de salud a hijos de trabajadores cuando culmina el seguro de desempleo y no logran reinsertarse en el mercado de trabajo. Estimamos que esta cobertura alcanza a veinte mil niños.

Además, en el caso de los cónyuges, su inclusión, así como la inclusión de los jubilados y pensionistas, implicará la aplicación de una fracción de impuestos de la comunidad para financiarlo. La incorporación de los cónyuges de los trabajadores activos, previsto en este presupuesto, tiene un evidente y considerable déficit sobre el Fondo Nacional de Salud.

Seguridad

La seguridad pública es considerada una de las prioridades centrales del gobierno ya que constituye un elemento muy sensible para la sociedad. También es una de las áreas sobre las que se han expresado los acuerdos multipartidarios. En el documento del acuerdo se define la seguridad pública como un derecho humano fundamental y una necesidad social, identificándola como una condición esencial para el desarrollo humano sostenible. La seguridad pública "comprende a todos los instrumentos con que cuenta el Estado para evitar que se vulneren los derechos de las personas". En este sentido, el abordaje de la temática en el Presupuesto Nacional abarca al Ministerio del Interior, en tanto organismo responsable del diseño de las políticas en la materia y principal ejecutor de las mismas, así como otros organismos, entre los que cabe destacar al Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay (INAU) y al Ministerio de Defensa Nacional.

Dentro del conjunto de acciones que se promueven en el Presupuesto Nacional, es de destacar la profesionalización de la fuerza pública y la mejora sustancial en las condiciones de trabajo y remuneración del personal policial. De igual modo, se pondera el papel de las mejoras en materia de infraestructura y tecnología.

1) Ministerio del Interior. Las principales acciones al cambio de gestión. Se destinan más de $ 4.000 millones incrementales a 2014. Esto implica un crecimiento de un 42% en términos reales de los recursos aplicados a esta Cartera.

La presente Administración tiene como uno de sus principales desafíos la mejora de la gestión y de la política relativa al desarrollo de los recursos humanos, especialmente el Instituto Policial.

Como es sabido, tenemos un problema estructural referido al Servicio Extraordinario de Custodia y Vigilancia, conocido como servicio 222. Esto provoca una incorrecta gestión de los recursos humanos. En la actualidad, el máximo autorizado de horas asignadas a este servicio es de 200 horas. Lo que se propone es una disminución gradual de dichas horas, hasta alcanzar, a finales del período de gobierno, las 50 horas mensuales por funcionario. A lo largo de este período se reduce para un Agente de Segunda la proporción de los ingresos que va a recibir por el Servicio 222, en comparación con su remuneración salarial de base. Va a pasar de los niveles actuales, que están en el orden del 40% de la remuneración del Agente de Segunda; a un 17% al final del período de Gobierno. Esto mejorará sustancialmente la calidad de vida de los funcionarios policiales.

En la proyección que estamos presentando tratamos de expresar de manera sintética, y a modo de ejemplo, el aumento salarial y real que recibirá la Policía en el período. Por ejemplo, un Agente de Segunda recibirá, hacia el final del período de Gobierno, un 62% real adicional con respecto al punto de partida. Cabe decir, si incluimos las proyecciones de inflación, se duplican en términos nominales, los salarios del personal policial.

También es necesario incrementar la eficiencia y calidad de la policía. En este punto cabe resaltar el control centralizado del servicio 222, la implementación de un sistema central de horas, la exclusividad del personal, la capacitación anual (pedagógica y física) y la calificación de los efectivos.

A su vez, cabe destacar que existe un importante aumento salarial vinculado estrechamente a modificaciones significativas en la gestión y forma de trabajo de la policía. Dichos incrementos se diferenciarán en función del grado y a cada año transcurrido del período, asignando una partida fija (de hasta 36% en el quinquenio) y a una variable, relacionada al cumplimiento de "compromisos de gestión" (de hasta 15% en el quinquenio).

Además de estos aumentos existirá un incentivo económico mensual para los funcionarios de las unidades "prevento-represivas" (funcionarios de calle, cárceles, bomberos, policía caminera).

En virtud del déficit de recursos humanos se propone crear más de 3.200 cargos, cuyo fin es mejorar el diseño organizacional del inciso. Estamos proponiendo la creación efectiva de cargos, 1.000 cargos para el mantenimiento del orden público, o sea, personal de Jefatura más Guardia Republicana; 1.580 para el Sistema Penitenciario; 600 para Bomberos, Policía Caminera, Policía Técnica, Identificación Civil, y el resto se crean en la Guardia Republicana, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en la Dirección Nacional contra el Crimen Organizado y en Interpol.

Del mismo modo, serán creadas dentro de la Secretaría diversas unidades: Auditoría Interna, Programas y Procedimientos Centralizados de Gestión (asignación de recursos, compras centralizadas); Soporte Profesional - Administrativo a las unidades ejecutoras y Programa de Gestión Integral Carcelaria.

Por último en esta ley de Presupuesto se prevé la incorporación de tres polígonos de tiro virtuales, que no tienen un costo excesivo y que subsanaran la poca práctica de tiro que tienen nuestros policías. La intención es que nuestros policías tengan mejor puntería que los delincuentes, cuestión que se ha corroborado en los enfrentamientos no es así. La práctica en polígono permitirá situar al policía en una situación de riesgo virtual para mejorar su capacidad de tiro, sin incrementar los importantes gastos de munición.

Reforma de la administración Carcelaria. Nos planteamos fortalecer la política carcelaria como un elemento muy relevante en la política de seguridad. Teniendo en cuenta que entre un 60% y un 70% de los presos reinciden en el cometimiento del delito, hablamos de una cifra de reinserción altísima que a su vez, suele ser cometiendo delitos aún más graves que aquellos por los que fueron encarcelados. Por lo tanto, si no resolvemos bien el problema en las cárceles, no estamos apoyando a la política de seguridad, prioritaria para este gobierno.

En ese sentido, en la Comisión multipartidaria hubo un acuerdo para transformar el Sistema Nacional de Cárceles en Instituto Nacional de Rehabilitación que, a la larga, contenga todas las cárceles, no solamente las que hoy están en ese sistema, sino también las que dependen de la Jefatura de Policía del Interior. Ahí se preveía una forma de separar paulatinamente al Instituto Nacional de Rehabilitación de la Policía, y el mecanismo pasaba por la regionalización de cárceles y por ir sustituyendo las vacantes policiales por vacantes penitenciarias del Escalafón "S". En el Presupuesto se plantea la posibilidad de contratar 1.580 funcionarios para cárceles en el Escalafón "S", De los 1.580 cargos para el Instituto Nacional de Rehabilitación, 1.190 son de Operador Penitenciario y 380 de profesionales técnicos universitarios. Es recién cuando se haya operado fuertemente esa sustitución de vacantes, que se realizara la separación del Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior -de la Policía, sobre todo-, transformándolo en un órgano desconcentrado que tenga como organismo de referencia al Ministerio del Interior, pero sin depender de él.

En los artículos correspondientes se plantea la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, la creación como cargo de particular confianza del Director del Instituto Nacional de Rehabilitación, la creación de los cargos de operadores penitenciaros -que mencionamos con anterioridad-, los cargos civiles de los técnicos que van a colaborar en el desarrollo de esa tarea, y lo que tiene que ver con los contratos zafrales.

El Instituto Nacional de Rehabilitación sustituye a la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación, unidad ejecutora 026. Se incorpora al Instituto la OSLA -Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida-, el Patronato Nacional de Excarcelados y Liberados, el CNR, y las cárceles departamentales. Se dispondrá la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación a los efectos de reestructurar el sistema de privación de libertad que se aplica en nuestro país y será responsable de la gestión de las medidas de privación de libertar en todo el país.

Es entonces en este punto que se recoge íntegramente el resultado de un consenso, se planteó un camino de transición por el cual se fueran nombrando Directores de Región que tendrán que hacer una coordinación con los Jefes de Policía. En un proceso de varios años, pero que en un primer momento se preveía aún más largo, se separaría el Instituto Nacional de Rehabilitación no sólo de la Policía, sino de su dependencia del Ministerio del Interior, creando un organismo descentralizado. Dicho proceso fue consensuado.

Con respecto a las dos nuevas cárceles previstas para después de aprobado el Presupuesto, entendemos que con las cárceles que se tienen del gobierno anterior, con la cárcel en espejo de Las Rosas y con la ampliación del CNR y de las chacras, estaremos aproximándonos mucho a terminar con el hacinamiento. Pero no solo se trata de esto, sino también de comenzar con políticas de rehabilitación, y para ello se requiere de la clasificación de los presos. Es aquí que se plantea la construcción de dos cárceles para 900 personas a partir del año que viene.

Violencia Doméstica. Los delitos vinculados a la violencia doméstica constituyen una problemática real y que es necesario erradicar. Para eso es esencial contar con los recursos humanos y materiales dedicados a la atención de las víctimas, a la investigación de estos actos delictivos y, sobre todo, a su prevención.

Por otra parte, el Ministerio asume un concepto integral de la violencia doméstica, según el marco legal existente, buscando priorizar las unidades especializadas en la materia a los efectos de poner en práctica una adecuada política transversal de género y de derechos humanos. Se busca con esto tener una nomenclatura común a nivel de todo el Inciso y empezar a trabajar en ese sentido. Con el artículo correspondiente podemos empezar a cuantificar a nivel del Presupuesto cuánto se invierte en la lucha contra la violencia doméstica.

INAU. El INAU cumple un papel primordial en la Seguridad Pública del país. Este es quien debe ejecutar las medidas socio-educativas no privativas y privativas de la libertad ambulatoria que la justicia competente establezca en todo el territorio nacional. Esto debe hacerlo mediante el Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (SEMEJI). Es así que se habilitará la creación de 200 cargos en el SEMEJI, para atender situaciones de privación de libertad ambulatoria, lo que se sumaría a los establecimientos con que el INAU ya cuenta. Además, se destinará una partida para atender los programas de Medidas No Privativas de la Libertad Ambulatoria, piedra angular del SEMEJI.

Adicionalmente en el trámite en Comisión se tomó y reformuló una propuesta del Partido Nacional que consiste en la creación de un Fondo para la infraestructura de un instituto de rehabilitación del menor infractor a partir del producido del 20% de las ventas de bienes inmuebles urbanos que realice toda la Administración Pública.

Además de las partidas destinadas al desarrollo de los CAIF y del fortalecimiento del SEMEJI ya comentado, se contemplan mayores asignaciones presupuestales para ampliar los convenios con ONG, realizar convenios de mejora de tiempo completo y desarrollar el programa de Acogimiento Familiar.

2) Ministerio de Defensa Nacional. Entendido este como uno de los ejes de la seguridad del país, se busca incrementar la compensación ya existente, asociada al papel que cumplen algunos de los funcionarios en la guardia perimetral de cárceles. Asimismo, se prioriza el crecimiento salarial destinado a los escalafones inferiores y la creación de elementos que posibiliten mejorar la gestión y aumentar los controles en el Inciso.

Durante el trámite en Comisión, y de acuerdo a lo conversado con el Poder Ejecutivo se incorporaron nuevas normas que permiten precisar aún más el uso de las economías, fundamentalmente en base a vacantes y supresiones de Agregaturas Militares en el exterior, que integralmente (y en forma exclusiva para este Inciso) quedarán destinadas a mejora de retribuciones.

En conclusión, lo expresado en materia de Seguridad es un fiel reflejo de los acuerdos multipartidarios alcanzados. Estamos convencidos que, a través de las medidas proyectadas, el país va a realizar avances muy importantes en la preservación y la mejora de la seguridad pública.

Educación

Para lograr un país productivo con justicia social y desarrollo humano pleno, la educación es un pilar fundamental. Es por ello que se le otorga prioridad alcanzándose y comprometiéndose a aumentar las partidas presupuestales con el fin de mantener una asignación presupuestaria de 4,5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).

Los recursos destinados a la educación pública se incrementarán en términos reales 24% en este período, es decir, 6 puntos porcentuales más que el gasto global incluido en el Presupuesto Nacional. Esta diferencia, entre esos 24 puntos de crecimiento del Presupuesto destinado a la educación y los 18 puntos porcentuales en que se incrementa el gasto público, es la expresión financiera del diferencial de incrementos de recursos que recibe la educación pública. En ese sentido, habrá un gasto público en educación que al final del período representará $ 42.713:000.000, lo que equivale, en cifras actuales, a unos US$ 2.000:000.000. Así como la cifra emblemática que se alcanzó en el período anterior, en el año 2009, fue de US$ 1.500:000.000, en este caso la referencia, a valores actuales, es de US$ 2.000:000.000.

Se propone crear un Fondo de Infraestructura Educativa Pública con el objetivo de mejorar sustancialmente la infraestructura destinada a la educación. Estamos ante uno de los aspectos sobre los que los acuerdos multipartidarios orientaron la elaboración del presupuesto. En este terreno se tuvo en cuenta tanto los compromisos asumidos en el Plan de Gobierno del Frente Amplio como los compromisos multipartidarios y los criterios que después orientaron el diseño de la propuesta que el Poder Ejecutivo somete a consideración del Parlamento. Estos recursos tienen por destino la realización de obras de infraestructura necesarias para mejorar sustancialmente la oferta educativa. Para la ejecución de este Plan de Infraestructura, se propone crear un fondo de infraestructura pública de $ 5.000:000.000.

La propuesta del Poder Ejecutivo en materia educativa presentada, además de cumplir con las metas establecidas en el Plan de Gobierno, se enmarca en los lineamientos estratégicos establecidos por la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia (ENIA). Para cumplir con estos objetivos, la ANEP recibirá recursos adicionales 25% superiores a los niveles de 2010 y la UDELAR tendrá un 20% más.

El fortalecimiento del sistema educativo formal para la incorporación de niñas, niños y adolescentes que hoy están fuera de él, es otra de las prioridades, garantizando la universalización de la educación inicial y el fortalecimiento de la educación media básica.

Pretendemos concretar la universalización del acceso a la educación en niños de cuatro años y una ampliación de la cobertura correspondiente a dos y tres años. Además, pretendemos concretar la incorporación a escuelas de tiempo completo de treinta mil niños que viven en contextos muy desfavorables y la retención en la educación media de aproximadamente el 40% de los jóvenes que hoy no trabajan ni estudian, siendo éste, uno de los problemas más importantes que tiene nuestra sociedad por lo que ello acarrea consigo.

En línea con estos compromisos, para la educación inicial se realizan importantes incrementos presupuestales para la ANEP con los que se podrán construir 14 jardines comunes y 3 de tiempo completo. Para el INAU los incrementos presupuestales permitirán construir alrededor de 100 centros CAIF, con una adecuación de los centros ya existentes a efectos de lograr dos grupos de ocho horas por centro y de mejorar la calidad del servicio con la incorporación de coordinadores por gestión.

En la educación primaria se podrán triplicar las escuelas de tiempo completo inauguradas en el período anterior, se crean 111 escuelas. También aumentará el número de escuelas urbanas dónde se prevé la construcción de 6 nuevas escuelas y otras 4 para la sustitución de locales de escuelas existentes que se encuentran muy deteriorados. Con respecto a las escuelas rurales estamos previendo la construcción de 6 nuevas y de 6 más para la sustitución de locales existentes deteriorados. Asimismo, prevemos la construcción de 3 escuelas de educación especial.

Para la educación media la asignación presupuestal permitirá construir 42 liceos y 74 nuevas aulas en aquellos liceos que necesitan ampliaciones, a efecto de disminuir el tamaño de grupo por clase.

En lo que refiere a la Universidad del Trabajo del Uruguay, se prevé la construcción de 5 campus de educación técnica en el interior del país, y la construcción de 10 institutos politécnicos.

Por otra parte, es preciso tener en cuenta a la alfabetización informática como línea transversal del plan de gobierno, la que deberá continuarse y fortalecerse en el marco de los objetivos integrales de la educación, promoviendo el acceso paulatino de los alumnos de todo el sistema y de los docentes. En este sentido el Plan Ceibal conforme a su nivel de ejecución actual, ya se encuentra en condiciones, con las dotaciones de recursos actuales, de poder cumplir cabalmente con la continuidad del programa.

En materia salarial, el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo incluye las partidas presupuestales necesarias para financiar el acuerdo alcanzado con los sindicatos que suscriban el convenio salarial a 5 años con las autoridades de la ANEP. Dicho acuerdo contempla un aumento global de las remuneraciones de 22,8% entre 2011 y 2015. De ese 22,8/, 6,9% se usará para el financiamiento de mejoras en la carrera docente, estímulos para la concentración de horas docentes en los centros educativos, aumento de la compensación a docentes de escuelas de tiempo completo y avances hacia la equiparación de los salarios docentes con los correspondientes a los del segundo ciclo común. Un 0,3% se destinará a atender otras situaciones de inequidades salariales. Un 2,4% financiará la creación de un componente salarial de naturaleza variable en las ramas que suscriben el acuerdo. Finalmente, el 8,6% restante se destinará a aumentos generales.

En lo que respecta al nivel terciario, se plantea un sistema de educación pública acorde al proyecto de país productivo con un papel central de la Universidad de la República y de la educación técnico profesional, otorgando a la formación docente carácter universitario y dotando de mejores condiciones a la educación técnica tecnológica, como respuesta a los desafíos del país productivo.

Asimismo, el gobierno otorga los recursos necesarios para que la Universidad de la República (UdelaR) lleve a cabo el Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo, logrando así avanzar efectivamente en la descentralización de la oferta educativa, mediante la creación de más centros en todo el país. Por otra parte, también se asignan recursos para la creación del Instituto Universitario de Educación (IUDE) y el Instituto Técnico Superior (ITS).

Concluyendo, la inversión en educación es fundamental para el desarrollo humano. La democratización en el acceso a la educación de calidad por parte de toda la sociedad, la apuesta a la innovación y el impulso a la generación de conocimiento científico y tecnológico, son ejes de las políticas educativas impulsadas durante el presente período de gobierno. En función de ello, y recogiendo los lineamientos que surgen del acuerdo multipartidario en la materia, el presupuesto incluye los recursos necesarios para cumplir con compromisos en materia educativa, orientados al logro de un sistema de educación pública de calidad.

En el tratamiento parlamentario, la bancada oficialista acordó con el poder Ejecutivo incluir una norma que asegura que si, en el probable caso de mayor aumento del PBI sobre las estimaciones iniciales, se determina que las asignaciones nominales de toda la Educación Pública queden por debajo del 4,5% del PBI, al año siguiente se le otorguen partidas a la ANEP y UDELAR para asegurar que se mantenga esa participación del 4,5% para la Educación. En este caso se priorizan a estos dos organismo (a diferencia de INAU y otros de las Administración Central) porque sus presupuestos solicitaban mayores recursos. En este caso se prevé que se priorizaran incremento en remuneraciones (nuevos cargos y aumentos salariales) y gastos de funcionamiento ya que en el rubro Inversiones (como por ejemplo UDELAR) se otorgó el total solicitado.

Vivienda:

Otra de las prioridades centrales que se contemplan en el Presupuesto Nacional es la vivienda, orientando los esfuerzos a superar las dificultades de acceso a una vivienda digna y decorosa por parte de amplios sectores de la población. El diseño de la política en esta área de gobierno tiene en cuenta la importancia fundamental que tienen las condiciones habitacionales para el desarrollo humano y para la socialización de las personas. Atendiendo a ello, la propuesta presupuestal contempla un aumento significativo de los recursos destinados a las inversiones en viviendas previstas en el Plan Quinquenal de Vivienda para el quinquenio, viabilizando el cumplimiento de los compromisos previstos en el Plan de Gobierno. Adicionalmente, se promoverán incentivos tributarios para la construcción de viviendas de interés social.

Los recursos que se asignan en el presupuesto permitirán cumplir con el Plan Quinquenal del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). En realidad, es el Inciso del Poder Ejecutivo que recibe más incremento de recursos en términos porcentuales. Básicamente, en el acumulado 2010-2014, el Ministerio va a ejecutar $ 19.200:000.000, contra los $ 9.200:000.000 ejecutados en el período 2005-2009.

Pero este Presupuesto, además de transferir dinero, permite duplicar el número de soluciones habitacionales en este período con respecto al anterior. Constituiría el mayor número de soluciones habitacionales apoyadas desde las políticas públicas impulsadas por el MVOTMA y la Agencia Nacional de Vivienda, desde el retorno de la democracia.

Por último, tenemos los grandes ejes estructuradores del Plan Nacional de Vivienda. Se le dio un nombre que resumiera la filosofía con la cual se encaraba la política de vivienda: "Mi lugar, entre todos". Lugar en el sentido que no concebimos la política de vivienda centrada sólo en la vivienda. La vivienda es el lugar donde la familia se forma, la concebimos integrada a un barrio, donde las redes sociales permiten el crecimiento y la integración de esa familia a la sociedad. Ese lugar debe tener una integración favorable al hábitat y al ambiente".Mi lugar, entre todos", pretende definir la filosofía integradora de la política de vivienda desde el punto de vista físico y social.

Pretendemos una reestructura del Sistema Público de Vivienda, profundizar esas capacidades, ampliar su alcance en cantidad, diversidad y calidad, y priorizar a los sectores que más apoyo requieren para acceder a una solución habitacional. Este Plan es más que una casa, es el lugar de todos los uruguayos y pretendemos hacerlo con el apoyo de toda la sociedad.

El Plan tiene como base cinco ejes transversales. Hablamos de la reversión de la segregación socioterritorial, una política de impacto frente a situaciones de implantación de viviendas en áreas inundables y áreas contaminadas, y una política de impacto frente a las condiciones de vivienda inapropiadas o inadecuadas. Concebimos a la política de vivienda como una política integrada a las demás políticas sociales. Decimos que el eje no es la vivienda que se genera, sino que el eje del éxito de las políticas pasa por la incorporación de estas familias al mercado de trabajo. Por más que solucionemos el tema de la vivienda, si no solucionamos el tema del trabajo, esas nuevas condiciones se transforman en insostenibles para la familia.

Entonces, en el primer eje de trabajo, que tiene que ver con la reversión de la situación de vivienda más crítica, el tema de la integración al trabajo es el indicador que permite marcar el éxito de estas políticas. Estamos concibiendo estas políticas de vivienda desde el punto de vista de las capacidades para el trabajo que genera el proceso de mejora o de construcción de una vivienda nueva. Estamos concibiendo estas políticas como principales aliadas de las políticas de capacitación laboral, de desarrollo social, de educación, de integración al deporte y de salud. En este eje de trabajo, que tiene que ver con la reversión de la segregación socioterritorial, el gran desafío es desarrollar capacidades para trabajar en el territorio con la población. Por eso, este eje de trabajo va de la mano con ese impulso a la regionalización y a la organización del Ministerio en el territorio.

El segundo eje de trabajo tiene que ver con el ajuste de la oferta de vivienda en base a la demanda real. Decimos que necesariamente debemos construir y aumentar el stock de viviendas construidas, pero también generar políticas que tengan que ver con el acceso de la población a la vivienda a través de políticas de alquiler o de mejora del stock que permitan el mejor aprovechamiento de las viviendas construidas. También decimos que debemos desarrollar políticas específicas para sectores específicos de la población; ahí estamos pensando fundamentalmente en políticas dirigidas hacia los jóvenes, hacia los trabajadores y hacia los sectores más desprotegidos, que tienen que ver con los que sufren violencia doméstica.

El tercer eje de trabajo transversal a cada uno de los programas se relaciona con que todo derecho a la vivienda genera una obligación. El gran desafío es implementar políticas fuertes de gestión de créditos que nos permitan revertir la situación de devolución de los fondos del FONAVI. Hoy tenemos un 4% de devolución de los fondos del FONAVI, en base principalmente al pasaje de una cartera muy importante de créditos generados a partir del FONAVI desde el Banco Hipotecario del Uruguay a la Agencia Nacional de Vivienda, en el formato fideicomisos. Hoy, lo que se recupera, corresponde básicamente a los créditos dados para vivienda usada y a los otorgados a través del sistema cooperativo. Nosotros decimos que este impulso de producción de viviendas debe ser acompañado por una política que se centre en la obligación de devolver. Tanto para los sectores más deprimidos como para los sectores con capacidad de devolución, los programas van a implicar una contraprestación; estamos hablando de una contraprestación que no necesariamente en todos los casos tiene por qué ser económica. Tal vez la contraprestación viene en solidaridad o en apoyo con mano de obra a otros programas, o en cumplimiento de las políticas sociales a las cuales esas familias acceden. Pero el tema de la obligación de devolver y de la justicia en cuanto a la definición de la contraprestación adecuada a la situación socioeconómica de la familia es un tema eje para la maduración del Sistema Público de Vivienda.

El otro tema eje tiene que ver con la promoción del ahorro. En este plan pretendemos dar un fuerte impulso a la producción de viviendas, el que debe ir acompañado de capacidades de respuesta de la familia para concretar el acceso. Sin promoción del ahorro no generamos ese sistema sano y su necesaria maduración.

Por último, estamos trabajando fuertemente hacia la innovación tecnológica. Venimos de una política de vivienda que se afirmó en la producción basada en la tecnología tradicional. Esto determina costos por metro cuadrado que hacen muy difícil el impacto en cantidad o una respuesta clara frente al déficit que debemos afrontar. A través de este Plan estamos impulsando la apertura e incorporación con criterios técnicos firmes y de gerenciamiento de la calidad de otras tecnologías, fundamentalmente aquellas que se basen en la producción nacional.

Entonces, estamos apostando a la integración de tecnologías en base a la madera. En esta apuesta buscamos poner a disposición de la población mecanismos de generación de la vivienda que permitan una mejor apropiación del usuario, abaratar costos y, sobre todo, disminuir los tiempos de construcción.

El último eje de trabajo tiene que ver con la articulación de acciones con privados y organizaciones sociales. Debemos dar respuesta a un amplio abanico de demandas, que van desde la población desprotegida, que necesita políticas sociales integrales para acceder y permanecer en la vivienda, hasta la que tiene capacidad de respuesta a un crédito. Tenemos básicamente definida una estrategia por la cual estamos centrando el acceso a la vivienda en tres ejes. El primer eje está vinculado con políticas integrales, dirigidas a sectores más desprotegidos, donde sobre todo la autoconstrucción y el cooperativismo serán la forma de lograr la integración de la vivienda a otros ejes de políticas sociales. El segundo eje tiene que ver con la política de alquileres como forma de permitir el acceso y mejorar el mercado de alquileres desde el punto de vista de la oferta y de las facilidades de acceso a la vivienda. Por último, el tercer eje de trabajo está relacionado con la política de impulso del crédito hipotecario como una forma de acceder a la propiedad de la vivienda. Este tercer eje de trabajo implica como desafío, básicamente, incorporar la inversión privada a la producción de viviendas, y estamos impulsando una serie de instrumentos que ataquen los tres ejes débiles del crédito hipotecario: instrumentos que consoliden la inversión privada, instrumentos que posibiliten el acceso de la población al crédito e instrumentos que consoliden la inversión privada durante el período de la construcción.

Por otro lado, en el otro extremo, estamos articulando, a partir del Plan JUNTOS, un trabajo del Estado con las organizaciones sociales y con la propia población, para resolver desde la perspectiva de integrar acciones y de trabajar directamente en el territorio la situación de vivienda.

En base a estos cinco ejes de trabajo definimos seis planes o líneas estratégicas de producción de vivienda. Los cuatro primeros tienen su sello en que son planes asociados al territorio; los dos últimos tienen que ver con políticas que apuntan al alquiler y a la inversión privada.

En el Plan Quinquenal del MVOTMA se estructuraran estos seis lineamientos estratégicos:

1 - El Plan Nacional de Realojos atenderá a la población asentada en terrenos inundables o contaminados, con el objetivo de revertir los procesos de segregación social y fragmentación territorial.

2 - El Programa de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional apuntará a la consolidación de barrios y a la rehabilitación de áreas del tejido formal, tanto a través de la construcción nueva como de la recuperación del stock habitacional existente.

3 - Los Programas de Actuación Integrada estarán orientados al crecimiento planificado de las ciudades mediante acuerdos publico-privados para urbanizar terrenos.

4 - La Política Nacional de Alquileres para Vivienda de Interés Social apuntará a la reactivación del mercado de arrendamientos de este tipo de viviendas mediante la constitución de fondos de garantía y el otorgamiento de subsidios.

5 - Las acciones respecto a vivienda rural y pequeñas localidades estarán orientadas a la construcción de un hábitat sostenible para esta población, continuando los programas vigentes (vivienda nucleada, unidades productivas, mejoras prediales y vivienda aislada) y con nuevos programas (mejoramiento del stock de viviendas e infraestructuras rurales productivas y reparaciones por vicio de obra).

6 - Por último, la política de incentivo a la inversión privada en vivienda de interés social desarrollará instrumentos de participación del ahorro e inversión privada en la construcción de viviendas.

El conjunto de planes previstos en esta materia se asentará en tres pilares:

i) los fondos presupuestales;

ii) los beneficios fiscales que promuevan la oferta privada;

iii) el impulso a acciones de autoconstrucción asistida.

Por primera vez en las últimas cuatro administraciones, se está en condiciones de asegurar todo el incremento de crédito presupuestal derivado del ajuste por recaudación (vinculado al crecimiento de los salarios) del Fondo Nacional de Vivienda (FNV).

En este período se dispondrá de los recursos derivados de la deuda histórica con el FNV de activos. Es con el fin de cubrir la necesidad especial de financiamiento del año 2011, que se le adelantará al MVOTMA estos fondos durante el presente año ($ 852 millones). Adicionalmente, se destinarán más recursos para el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI), incrementándose su presupuesto en $ 120 millones.

Por otra parte, se está elaborando un proyecto de ley para promover la construcción de vivienda por parte del sector privado, fijando exoneraciones fiscales para la construcción de vivienda y actividades relacionadas a la vivienda de interés social. Si suponemos la construcción de unas 10.000 viviendas, estaríamos ante un sacrificio fiscal en el quinquenio en el entorno de los $ 1.600 millones.

El esfuerzo presupuestal en el área de vivienda se complementa con una partida de $ 105:000.000 anuales para el Plan Juntos. Esta es una iniciativa que va a estar radicada directamente en Presidencia de la República, que pretende apuntalar el desarrollo de intervenciones integrales de mejora de calidad de vida de personas en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad social. Además, intenta promover la solidaridad material, el trabajo voluntario y la participación de los beneficiarios a través de la autoconstrucción, labores comunitarias y otras contrapartidas. El Plan Juntos viene a sumarse, entonces, como un elemento muy importante en la estrategia, en un área absolutamente priorizada de las políticas sociales en este período de Gobierno, como es la vivienda, se duplica el monto destinado al MVOTMA para atender el déficit de vivienda y, mediante el Plan Juntos, se atiende la emergencia habitacional.

Infraestructura

En materia de infraestructura, somos conscientes que la sostenibilidad del crecimiento económico requiere que se continúe priorizando el gasto en infraestructura. Uruguay se está desarrollando a un ritmo superior a la infraestructura con la que cuenta. Para que esto no sea un obstáculo que enlentezca o frene nuestro crecimiento, es necesario seguir invirtiendo recursos públicos, conjuntamente con la inversión privada, que permiten acompañar el desarrollo productivo del país, posicionándonos de mejor manera a nivel regional.

La inversión en infraestructura se realizará a través de tres mecanismos:

1) Inversiones con recursos presupuestales contenidos en esta ley.

2) Participación del sector privado.

3) Inversiones que realizarán las empresas públicas.

El desarrollo de la infraestructura comprende la inversión en el sector transporte, en todas sus modalidades:

Red vial: Está previsto realizar un incremento muy importante de las inversiones en este rubro. Básicamente, los mecanismos a utilizar van a ser las inversiones presupuestales, habitualmente ejecutadas desde la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y las inversiones que continuará realizando en los contratos actuales la Corporación Vial del Uruguay. Además, estaríamos incorporando US$ 600:000.000 de inversiones adicionales en el período, para la reconstrucción de una parte importante de los corredores viales del país, con participación de privados. El objetivo es operar mecanismos innovadores en materia de provisión de infraestructuras que traten de asegurar construcción y mantenimiento de una importante parte de la red vial en contratos que sean para quince años. Ese es un mecanismo que consiste en poder ejecutar rápidamente un plan de obras y asegurar su mantenimiento y los desembolsos por parte del Gobierno en un determinado lapso de tiempo.

Cada parte que tratemos de extender de estos mecanismos de reparación, rehabilitación y construcción vial en el país va a tener necesariamente una proporción relativamente menor de peajes y, por tanto, los subsidios públicos serán muy importantes. La parte de la red vial en la que se puede utilizar intensivamente el peaje para sostenerlo, ya está concesionada. Lo que resta son las partes menos utilizadas, que de algún modo es una contribución que hace toda la sociedad para los usuarios de esas redes, cuyas contribuciones serían incapaces de financiar el mantenimiento de esa infraestructura que utilizan.

Cabe destacar que se asegurarán las obras de seguridad vial y desvíos respecto de plantas urbanas, especialmente de tránsito pesado.

La infraestructura vial será complementada con una importante mejora de la infraestructura ferroviaria, de tal manera que se lleve a cabo una adecuada asignación de tráfico entre ambos modos, mejorando los costos de mantenimiento de rutas y la eficiencia global del sistema de transporte.

Red ferroviaria: Está en ejecución la refacción del tramo Pintado-Rivera, de la línea Rivera. A corto plazo se avanzará sobre la línea Artigas, concretamente en el tramo Chamberlain-Fray Bentos y el ramal Piedra Sola, así como en la línea Minas-Río Branco. En el mediano plazo se pretende avanzar en la conexión a los puertos de Nueva Palmira y La Paloma, nuevas terminales y con redes de Brasil y Argentina. Todo esto se hace en el marco del desarrollo de nuevas líneas y ramales transversales.

Puertos: Es también considerado un objetivo estratégico la expansión del sistema nacional de puertos. En esta área se espera una importante presencia del sector privado para complementar inversiones y contribuir al impulso del comercio exterior y a la diversificación productiva. Asimismo, se planificarán, promoverán y desarrollarán puertos comerciales y/o turísticos en aquellos puntos en que las actividades comerciales, logísticas o el turismo lo requieran como parte de una cadena de servicios.

Se realizarán inversiones por un monto de aproximadamente $ 3.000 millones de pesos durante el quinquenio con el objetivo de mantener los niveles de servicios adecuados a las necesidades de la demanda de transporte, tanto en carga como en pasajeros, recuperar, mantener y desarrollar la infraestructura vial nacional (carreteras y puentes), minimizando costos operativos.

La concreción de la obra arquitectónica de dominio público también apuntará a la construcción de centros educativos, locales del INAU y establecimientos penitenciarios dentro de un nuevo marco de relación con los comitentes que permita planificar la obra pública y resolver problemas de mantenimiento. Es de destacar lo sustancial de las obras por convenio con instituciones públicas y privadas para materializar obras de alto impacto social, así como también el componente de acuerdos interinstitucionales entre el MTOP y los Gobiernos Departamentales y Municipales con participación ciudadana.

Se promoverán Asociaciones Público Privadas (APP) para concretar un amplio conjunto de inversiones en áreas de infraestructura logística, portuaria y aeroportuaria, tendientes a avanzar en la consolidación de nuestro país como plataforma logística regional.

Tenemos las cinco empresas públicas que concentran la mayor parte de las inversiones, ANCAP, ANTEL, UTE, OSE y ANP. Tenemos proyectos en cada una de las áreas.

En energía eléctrica, cabe mencionar el proyecto de interconexión eléctrica de 500 mega con Brasil, la generación de energías renovables con participación de privados, mejoras en trasmisión y distribución eléctrica.

Con respecto a combustibles y pórtland, la concreción de plantas desulfurizadoras de gasoil e hidrosulfurizadoras, inversiones en plantas de cemento, integración de biocombustibles a la matriz nacional y exploración de crudo y gas natural.

En agua y saneamiento, obras muy importantes de saneamiento en Maldonado y Ciudad de la Costa, obras de distribución en el sistema de Montevideo y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua en el interior del país.

En comunicaciones, las prioridades están establecidas en términos de trasmisión y enlaces internacionales, fundamental para el desarrollo económico del país; en desarrollo de redes, móvil, transporte y acceso; y en las plataformas de servicios.

En lo relativo a los puertos, tenemos las obras en dragado, el Acceso Norte, el puerto pesquero de Capurro y el denominado Muelle C. Incremento del tope de ejecución presupuestal para atender el inicio de obras que afectan la accesibilidad de Nueva Palmira. Asimismo, se apoya el desarrollo de Fray Bentos, especialmente su puerto, no solo para que sea un auxilio de Nueva Palmira, porque aún para los más optimistas, el crecimiento de Nueva Palmira tiene una limitación geográfica, lo que nos obliga a mejorar el desarrollo del funcionamiento portuario de Fray Bentos y de Paysandú; para ello, resultan fundamentales los dragados y la promoción del transporte fluvial de algunas cargas. Obviamente, eso requerirá inversiones portuarias y será necesario que la ecuación económica del productor que envía las mercancías a puertos resulte rentable. En este sentido, también está la promoción del transporte fluvial de madera desde las costas de Rocha precisamente, desde La Paloma hasta UPM, a través del Río de la Plata y del Río Uruguay, volviendo con celulosa, para lo cual será necesario hacer allí algún puerto de atraco.

Los cambios introducidos en el trámite parlamentario implican una mínima reducción (menos del 0,5% -medio por ciento-) de total asignado al MTOP que seguramente podrá ser más que compensado con los incrementos que se le podrán otorgar en próximas modificaciones presupuestales de las Rendiciones de Cuenta si se confirman las proyecciones internacionales y privadas de mayor crecimiento del PBI nacional.

ASIGNACIONES Y NOVEDADES EN OTROS INCISOS:

En Presidencia de la República se destaca la terminación de la Torre Ejecutiva, los recursos para AGESIC para la digitalización de los trámites públicos y acceso democrático a la información, la creación de los coordinadores departamentales y los centros de atención ciudadana para mejorar la eficiencia y cercanía de las políticas públicas a nivel territorial local. Consolidación de los diferentes cometidos de las Unidades Reguladoras y las Direcciones Nacionales de Telecomunicaciones y Energía.

El objetivo del articulado propuesto para el Inciso de Presidencia es buscar una coherencia en la interna, un trabajo concatenado de todas las unidades ejecutoras con la finalidad de coordinar la elaboración de programas que deben transversalizar las diversas áreas de actuación del Estado.

En ese sentido, el Inciso posee todas las condiciones para recopilar, elaborar y proporcionar información a los efectos de coordinar las políticas públicas en el territorio y trazar las grandes líneas de actuación del Poder Ejecutivo y del Gobierno.

Por consiguiente, en este Presupuesto se fortalece la capacidad de ejecución de dichos roles por parte del Inciso, incrementándose las partidas presupuestales para la Dirección de Servicios de Apoyo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Instituto Nacional de Estadística, la Oficina Nacional del Servicio Civil y la AGESIC.

La finalidad es fortalecer el Inciso "Presidencia", situación que transparentamos y que explicitamos siendo claramente establecida en el articulado, a los efectos de que funcione como coordinador y articulador de las políticas públicas, siendo quien trace las grandes líneas de actuación del Gobierno.

Coordinadores Departamentales. Tendrán como cometido coordinar y articular las políticas públicas nacionales en el territorio del departamento con el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia de las mismas. El último inciso del artículo correspondiente establece que el Poder Ejecutivo reglamentará esta norma en un plazo máximo de ciento ochenta días.

Es necesario analizar eventuales lesiones de las autonomías departamentales y para ello citamos textualmente dos sentencias de nuestro Poder Judicial, la primera es la Nº 10, del 22 de febrero de 1989 y dice: "Nuestro ordenamiento constitucional no ha precisado cuál es la materia propia del Gobierno y la administración de los Departamentos reservada en exclusividad a las autoridades departamentales. Más la ley que la Constitución determina la materia municipal, y esta no tiene un perfil rígido sino evolutivo que atiende a las variantes de la organización política, social y económica del país. La competencia departamental en nuestro régimen institucional está limitada a la regulación de asuntos que tengan un concreto y preciso interés para esa particular región". Y agregamos también de manera textual en sentencia 82/91 del 17 de julio de 1991, lo que establece la Suprema Corte de Justicia, citando al ilustre Justino Jiménez de Aréchaga, concluye: "No se excluye la posible concurrencia de las autoridades nacionales y de las autoridades departamentales para la prestación de un servicio de interés departamental".

Esto significa que cuando hablamos de coordinar las políticas públicas nacionales en el territorio del departamento, nos referimos a que aquellas políticas dictadas por cada uno de los Ministerios a través de sus Incisos tengan, de alguna manera, asiento en el territorio de ese departamento o aplicación en él. Pero en absoluto se pretenden de reducir o atacar la competencia de los señores Intendentes Municipales ni de los Gobiernos Departamentales todos.

Cuando el artículo correspondiente en su segundo párrafo plantea que el Coordinador Departamental tendrá como cometido coordinar y articular, se refiere a las políticas públicas nacionales en el territorio del departamento, como ser: las políticas de educación, de seguridad, de salud y de obra pública. Éstas son todas políticas nacionales que se instrumentan en el territorio de cada departamento.

Asimismo, es muy probable que el Coordinador Departamental sea una figura con arraigo local, por lo tanto, la figura cuya creación se propone responde no solo a la coordinación de políticas públicas nacionales, sino también al aumento del poder local.

UNASEV. Para el Gobierno es necesaria la jerarquización de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, motivo por el cual se la ha integrado en el Presupuesto de Presidencia y con otro tipo de movimientos. Se reforzarán las partidas globales que tiene la Unidad Ejecutora "Presidencia de la República" para respaldar este tipo de programas, los cuales seguirán fortaleciéndose institucionalmente, evolucionando y creciendo, debiendo seguir teniendo participación en Presidencia.

Mantener a la UNASEV en la esfera de la Presidencia de la República, más allá de la seguridad, permitirá la transversavilidad y la coordinación con las distintas Intendencias Municipales, ésta decisión se tomó en acuerdo con todos los partidos políticos.

Si bien la UNASEV se comunica administrativamente a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es en el ámbito de la Presidencia que se realizan permanentemente talleres y acuerdos para llegar a la unificación de determinados criterios a nivel nacional, que son muy importantes para tener estándares comunes de seguridad en todo el territorio.

Dirección Nacional de Emergencias. Desde el punto de vista legal la ley Nº 18.621 viene a culminar una parte del proceso de lo que es el Sistema Nacional de Emergencias, ya que es la norma que lo crea formalmente.

Los Comités de Crisis fueron creados en nuestro país desde hace años a instancias de la Presidencia de la República, los cuales con el correr del tiempo fueron evolucionando en un Comité de Emergencia, siempre manteniéndose en el ámbito de la Presidencia. Allí se coordinaba fundamentalmente a través de las Fuerzas Armadas, en situaciones generadas cuando acaecían desastres naturales en nuestro territorio, articulando la llegada inmediata de los distintos estamentos y elementos que el Estado tiene para atender esos eventos.

A través de los años y a medida que el tema fue evolucionando, se estableció el Sistema Nacional de Emergencias, siempre bajo la órbita de la Presidencia de la República, buscando lograr una coordinación operativa. Existen varios decretos que crearon la Dirección Técnica y Operativa, las cuales existen hasta el día de hoy, estando siempre integradas por un representante del Ministerio de Defensa Nacional y por las Fuerzas Armadas, quienes coordinan operativamente en los momentos de desastre con todos los demás Ministerios cuando sucede, por ejemplo, una situación de inundaciones.

Los Centros Coordinadores de Emergencia Departamental -CECODE- fueron creados cuando se hizo la Ley Nº 18.621, la cual culminó un largo proceso fruto de una cooperación internacional y de un estudio de gestión de riesgo que continúa hasta el día de hoy. Ésta misma les marca que los Intendentes son los responsables y quienes presiden cada uno de estos Centros, en los cuales quedaba mucho por hacer.

Es así que se crea el cargo de Director Nacional, vinculado directamente a la Presidencia, con el fin de asumir la responsabilidad de representar a la Presidencia de la República. En este caso, es el Prosecretario el que tiene la función de seguir este tema en nombre de la Presidencia, pero como la norma fue votada en el año 2009, si se revisan las versiones taquigráficas de la época, se verá que no podía ser creado el cargo en términos presupuestales, porque hay una prohibición constitucional con respecto a este tema. Por eso quedó para el futuro saldar esa situación.

Se cumple, de esta forma, con lo que fue la voluntad original de la Ley Nº 18.621 al darle el lugar de responsabilidad política al Director Nacional que viene a coordinar desde la Presidencia la parte política y la técnica operativa con los Centros Coordinadores de Emergencia Departamentales.

A nivel internacional estamos siguiendo el Protocolo de Hyogo, en el cual se instaura una plataforma internacional de cómo los países deben establecer su protocolo de actuación en el territorio cuando existen eventos climáticos severos o situaciones de desastre natural. Uruguay es uno de los signatarios de ese Protocolo y hemos incluido dentro de la ley, y ahora del Presupuesto, el cumplimiento de las responsabilidades internacionales para mejorar la coordinación a través de estos acuerdos cuando suceden esos hechos.

Junta Nacional de Drogas. En el artículo correspondiente se establece un crédito a los efectos de financiar gastos de funcionamiento de la JND con cargo de reposición por parte de la misma a partir del Fondo de Bienes Decomisados.

Es en el artículo correspondiente donde se habilitan esos $ 10:000.000 y como lo establece allí, destinándose "a ejecutar y apoyar las acciones definidas en la Estrategia Nacional contra las Drogas, mediante la realización de convenios con los diferentes actores involucrados en la temática".

Son unidades técnico administrativas que articulan y coordinan las políticas definidas en la Junta Nacional de Drogas la Secretaría Nacional de Drogas, y la Secretaría Nacional Anti lavado de Activos.

Los artículos correspondientes son un mecanismo de fortalecimiento en sus estructuras y en la disponibilidad que tienen, con el cometido de articular y coordinar. Asimismo los que asignan créditos para gastos de funcionamiento, por lo cual son de particular importancia, son los artículos correspondientes, permitiendo explicitar cuáles son los programas en materia de políticas públicas en drogas. Con la creación de tres centros públicos, se logró un fortalecimiento del programa, éstos son: el Portal Amarillo, El Jagüel y Casa Abierta, y ahora, con este Presupuesto y las definiciones que ha dado la Junta Nacional de Drogas, se pasa a ampliar los aspectos de prevención y asistencia, sumándose las prestaciones que debe brindar el mutualismo. Hace unos días el señor Ministro de Salud Pública adelantó que la Junta Nacional de Salud va a incluir dentro de las prestaciones que debe brindar el mutualismo en forma obligatoria la atención para adictos y sus familias y la terapia individual y familiar, logrando así, una asistencia multidisciplinaria.

Dentro de lo que éste Presupuesto nos brinda, queremos destacar lo que hemos llamado Fondos Concursables para proyectos de tipo comunitario. Éstos son aquellos proyectos o emprendimientos vecinales que puedan llevar a cabo ONG y asociaciones civiles, evidentemente, con la gestión local de los recursos por parte de las Intendencias. Consideramos que se pueden desarrollar distintas actividades en algunas zonas con las garantías que daría un Fondo Concursable.

La descentralización en la Junta Departamental de Drogas es una de las estrategias fundamentales planteadas, y es el artículo correspondiente que habla, explícitamente, de la Estrategia Nacional contra las Drogas, permitiendo destinar recursos genuinos para apoyar lo que ya se está haciendo.

Pero lo que consideramos fundamental, es que se amplíe la oferta de plazas de tratamiento. Con ese objetivo pensamos desarrollar convenios con instituciones privadas y ONG debidamente acreditadas. Estos convenios permitirán ampliar en un número importante, no solamente las plazas de internación, sino también la capacidad de atención grupal, la capacidad de atención en centros de día y centros ambulatorios. Los montos que se plantean son lo suficientemente interesantes como para multiplicar y triplicar las plazas de atención ambulatoria y de internación de centros diurnos. Esto se puede lograr a través de convenios público-privados.

Esto se puede lograr porque el Estado y las instituciones públicas dijeron: "Presente". Gracias al marco regulatorio que tenemos actualmente, el Decreto 36/007, se regularan los centros de tratamiento, los cuales pueden ser inspeccionados y controlados por el Ministerio de Salud Pública. Asimismo, existe un Programa Nacional de Usuarios en Drogas, que brinda una orientación con una modalidad determinada, que puede exigirse tanto al mutualismo como a los centros privados.

Así se logra el fortalecimiento de las Secretarías, las cuales juegan un papel de articulación, de los Fondos Concursables para Proyectos Comunitarios, de descentralización para poder apoyar a las Intendencias y a las gestiones locales de los distintos departamentos, fundamentalmente para la prevención de la droga, y de ampliación del tratamiento a través de lo que plantea el Ministerio de Salud Pública. Sumado a esto los que nos brinda el artículo correspondiente, que permite la complementación público-privada a partir de los entes testigos que ya tenemos. Se logra una visión integral complementaria con lo que plantea el artículo correspondiente, que pertenece al Inciso "Ministerio del Interior", en el cual se autoriza a destinar los recursos humanos y financieros necesarios para lograr un eficiente cumplimiento del Plan Nacional Permanente Integrado de Operaciones contra el Narcotráfico y Lavado de Activos. Es decir que seguimos manteniendo un enfoque integral, debidamente equilibrado.

Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento. El Plan de Gobierno Electrónico está siendo exitoso; ha permitido que desde el punto de vista de la inserción internacional del país, según el último indicador de las Naciones Unidas, de julio de este año, Uruguay haya subido doce puestos en el ranking de gobierno electrónico, pasando a ocupar el tercer lugar de Latinoamérica y el Caribe

El Plan avanza en las cuatro dimensiones clásicas de gobierno electrónico. Cabe decir, gobernanza, tecnología, reingeniería en mejora de procesos y ciudadanía electrónica. La meta a la que aspiramos llegar con cada una de estas dimensiones es cumplir con el acceso a los beneficios del gobierno electrónico, logrando que eso sea parte de un derecho ciudadano.

La máxima es tratar de que el gobierno funcione en red, de tal manera de no volver a solicitar a los ciudadanos información con la que el Estado ya cuenta. Para lograrlo, es preciso generar una infraestructura y un marco legal, institucional y tecnológico que lo hagan viable.

Por lo tanto, dentro del proyecto avanzamos en los aspectos del intercambio de la información, que implica parte de lo que sería el marco de interoperabilidad que el Estado necesita para empezar a generar las condiciones necesarias para compartir la información de una forma segura, que proteja los datos en los contextos legales en que deben ser protegidos. Asimismo, en lo que respecta a las temáticas asociadas al intercambio de información, se ha avanzado en la seguridad de la información y en la protección de datos y se empiezan a dar los primeros pasos hacia una temática de gobierno electrónico que en el mediano plazo debería incluir otros temas, como notificaciones y comunicaciones electrónicas y mecanismos de sede electrónica, que permitan, además que todos los trámites comiencen en forma electrónica, que cumplan todo su ciclo electrónico.

Por su parte, otro aspecto que también ha sido exitoso, es el de la consolidación informática, que hace a las mejores prácticas de tecnología y a la eficiencia y eficacia en cómo el Estado invierte en tecnología. Para ejemplificar esta afirmación, citamos un caso en el cual se constató la existencia de cinco unidades ejecutoras de un Inciso que demandan US$ 50.000 cada una para la creación de un centro de cómputos, cuando sería mucho más simple consolidar eso en una sola infraestructura que provea un servicio las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año, en lugar de realizar pequeños gastos parciales que son ineficientes y con baja calidad de servicios.

AGESIC

AGESIC cuenta con cuatro líneas presupuestales. Una de ellas es la propia AGESIC, otra, es la de apoyo a las unidades desconcentradas de AGESIC que incluye: protección de datos, acceso a la información pública, certificación electrónica y el equipo de compras estatales, que en este momento está como proyecto dentro de la Agencia.

Hay una tercera línea presupuestal asociada a proyectos que se financian desde esa bolsa (Inciso 24, anteriormente en el BID), en una definición política y técnica de cuáles proyectos privilegiar desde el punto de vista de la transformación del Estado. Se ha trabajado en ella en conjunto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Economía y Finanzas, y ahora se está integrando también a la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONCS) en ese análisis.

La cuarta línea refiere a cuando AGESIC está comprando como un agente de compra del Estado en general. Por ejemplo, se puede viabilizar o entender que hay costos asociados a AGESIC para hacer el sitio web de AGESIC, pero hay un costo del Estado que es el Portal del Estado; hay un costo de la conectividad de AGESIC a Internet, pero en este momento estamos pagando parte del presupuesto de conectividad de todas las oficinas del Estado. Esto forma parte de una temática común para que haya una interoperabilidad mayor, evitando que en ella se multipliquen distintas redes, como estaba empezando a ocurrir.

Hay una tabla de todos los proyectos que se están armando, se está trabajando en la implementación del expediente electrónico en todo el Estado. Se ha trabajado de distinta forma en la compra de los expedientes electrónicos, en su implantación en diferentes formatos, con ruta libre o con un análisis de cómo optimizar su uso, en una ventanilla única que permita mejorar la forma en que los ciudadanos acceden a la información de dónde está su expediente en la Administración Pública, acudiendo a un solo lado para verlo, en la parte de reingeniería de procesos, con herramientas para ello, en la interoperabilidad con instrumentos que faciliten el diálogo entre los sistemas. Esto refiere a lo que decíamos con anterioridad en cuanto a hacer que el cien por ciento del trámite sea electrónico. Estamos previendo generar mecanismos de notificación y de comunicación electrónica asociados a la reglamentación que queremos instrumentar. La idea es que todo el proceso, desde el pago hasta el timbre, sea electrónico, para facilitar todo el mecanismo.

Adicionalmente, se está trabajando en la ingeniería asociada a la temática administrativa o contable. Se entiende que se debe trabajar en la integración de los sistemas financiero, contable, de compras y de recursos humanos para que haya una sola entrada de información y que esté disponible en los distintos formatos que se requieren, no como en la actualidad que existen múltiples entradas, sin una consolidación adecuada de la información.

Del mismo modo se está trabajando con sistemas de información geográfica, de modo tal que todas aquellas instituciones que trabajen con e mismo, alcancen un acuerdo sobre quién es el responsable de qué dato. De esa manera, se llegará a un set único, a un conjunto único de datos geográficos, validando todos y cada uno, cuál es su responsabilidad sobre ello. A partir de eso, se implementa una infraestructura de datos geográficos y espaciales que servirá a toda la Administración Pública para tener una sola tecnología, realizar una sola compra y tener un solo lugar en el que los datos estén referenciados. Hoy en día, se tienen distintos relevamientos de datos que no son compatibles y se realizan varias compras, sin saber cuál es la correcta. Estamos compatibilizando todo y haciendo una sola infraestructura que sea viable.

En el Ministerio de Defensa se contemplan partidas iniciales para personal sub alterno ($ 1000 en 2011 y $ 500 en 2013 y 2014) por un total de $ 825 millones y compensaciones extraordinarias para la guardia perimetral. Se prevén otros aumentos más significativos con el uso de economías generadas por vacantes y supresión de actividades no necesarias (esta utilización de vacantes es exclusiva y extraordinaria para este único inciso).

En el Ministerio de Economía y Finanzas se fijan asignaciones presupuestales para creación de cargos y contrataciones en la DGI (fundamentalmente inspectores para el interior del país) y en Aduanas (para avanzar en la reforma y modernización del organismo). Con estas medidas se continúa con el proceso de mejora de la eficiencia en búsqueda de disminuir aún más la evasión y la informalidad.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores se asignan recursos para la implementación de un sistema de mejora de gestión y se establece un régimen de remuneraciones de carácter variable (incentivo al rendimiento). También se crea la figura del Embajador Itinerante para casos especiales cubiertos por determinadas personas de alta relevancia política o profesional. Se incrementa el Fondo de Promoción de actividades culturales con el exterior. También se incrementa el monto para capacitación en el Instituto Artigas.

Se institucionaliza la Comisión Interministerial para los Asuntos de Comercio Exterior CIACEX. Estará presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores e integrada por los Ministros de Economía y Finanzas; Ganadería; Agricultura y Pesca; Industria y Energía; Cultura; Turismo y Deporte y el Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto.

De dicha Comisión dependerá el Instituto de Promoción de las Inversiones y las Exportaciones de Bienes y Servicios.

Se crea una partida a los efectos de atender las erogaciones resultantes a los efectos de promocionar la Candidatura de Uruguay al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Uno de los grandes desafíos de la sociedad uruguaya en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, es trabajar para generar mecanismos en términos de políticas públicas agropecuarias que permitan corregir aquellas asimetrías que han determinado procesos de concentración.

Si no actuamos de manera proactiva -ya que no se trata de prohibir, sino de generar sinergias- lograremos crecimiento, pero concentrados en un menor número de empresas de mayor escala, con un nivel de encadenamiento a lo largo de la cadena de carnes, que no permita que las buenas señales comerciales del mercado internacional lleguen a los primeros eslabones de la cadena.

Estos son los grandes desafíos y los grandes problemas que tenemos hoy por hoy y debemos encarar. Actualmente nuestro país en el mundo agroalimentario se encuentra en una muy buena posición. Somos sextos en producción de carne bovina y arroz, séptimos en producción de soja y octavos en la de ovinos. Pero si analizamos, solamente, la producción de carne ovina, somos terceros y segundos en producir "tops" de lana.

Este proceso se ha dado en un período de apertura de la economía. Por lo cual sumadas las exportaciones a las importaciones estamos con un grado de apertura del orden del 60%, proceso que se intensificó desde el año 2003. Esto fue asociado a un fuerte flujo de inversión extranjera directa, que explica 4% o 5% de inversión en el PBI y la salida de un estancamiento histórico de baja inversión. Hoy Uruguay ostenta un 19,5% de inversión sobre el PBI, buena parte de esa inversión extranjera directa estuvo asociada al sector agropecuario y a las características del sistema productivo.

En la actualidad, Uruguay, es cada vez más intensivo en el uso de recursos naturales. Si en 1985 se hubiera realizado un análisis de nuestras exportaciones en éstos rubros, se hubiera sabido que el porcentaje de las mismas era de un 58%, pasando en el 2007 a un 77% y llegando hoy a estar por encima del 80%.

Esto es fundamental, porque veremos en detalle que uno de los aspectos más importantes de nuestras políticas tiene que ver con la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales, las cuales deben ser transversales a todas las políticas del Ministerio. Nuestro modelo de crecimiento y de desarrollo no será sustentable en el largo plazo, si no hacemos un uso sustentable de estos recursos.

La competitividad es la clave del desarrollo productivo

Históricamente, nos planteábamos la competitividad produciendo y comercializando a más bajos costos que nuestros competidores, obviamente la variable clave para lograr esto eran los bajos salarios, el tipo de cambio, y la presión tributaria, sumado a la buena dotación de recursos naturales de nuestro país.

Hoy en día, el concepto de competitividad debe apuntar a la construcción de nuevas capacidades en recursos humanos, a la inversión en infraestructura y en tecnología, al aumento de la productividad y de capital humano y social, y a la inversión en investigación y desarrollo, siempre manteniendo la estabilidad en las reglas de juego. Actualmente lo más importa, además de la productividad, es la calidad y la diferenciación de productos.

Con respecto a la capacitación de recursos humanos en el sector agropecuario existe solamente un 7% de trabajo poco calificado, mientras que en el resto de los sectores de la economía es un 13%, sin embargo cuando hablamos de trabajo no calificado los números cambian, teniendo el sector agropecuario un 15% de trabajo no calificado, mientras que en el resto de los sectores baja a un 7%. Cuando hablamos de remuneración de capitales el sector agropecuario remunera 37% y el resto de la economía 23%. La capacitación es clave para poder continuar creciendo, formando parte de algunas de nuestras políticas transversales.

Por último, es necesario mencionar cinco líneas estratégicas que son transversales a las políticas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, las cuales son la columna vertebral de las políticas públicas a impulsar.

Como primera línea planteamos un fortalecimiento importante de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, la DRENARE, conocida antiguamente como Unidad de Suelos y Aguas. Para un país que históricamente tuvo una capacidad analítica, programática de control y de estudio, como era la Dirección de Suelos, hoy en día no tenemos nada que se iguale a aquella Dirección; hemos perdido lo que alguna vez fue un ejemplo en política y en materia de suelos, por lo menos a nivel continental. Es totalmente necesario recrear esa capacidad, porque todo nuestro crecimiento económico agropecuario está basado en un uso intensivo de recursos naturales, y no tener políticas públicas en esa materia sería estar condenándonos a un crecimiento económico efímero, solamente sostenible en términos de corto y mediano plazo y no sustentable y mantenible en términos de largo plazo.

Una segunda línea estratégica es una política de inocuidad, debido a la problemática que se genera con el uso de productos químicos. La intensificación de los procesos productivos nos ha llevado a una utilización masiva de moléculas cada vez más modernas y efectivas, que no necesariamente son adecuadas. Debemos arrojar claridad, identificar los problemas, saber medirlos, responder rápido y tener fundamentalmente capacidad de respuesta y de propuesta. Asimismo, tenemos el interesante desafío de transformar ese problema en una oportunidad de diferenciación comercial de nuestros rubros. Sabiendo que, el 80% de la leche de nuestro país se exporta, así como el 95% del arroz, el 100% de la soja y el 70% de la carne, si apostamos a la calidad y a la diferenciación comercial de nuestros productos en los sectores o en los nichos de mercado que mejor pagan en el mundo, no tener una política muy intensa y constante en materia de inocuidad alimentaria sería una muy mala estrategia.

Por otra parte, debemos preocuparnos de la inocuidad de los alimentos que se consumen en nuestro país, así como la inocuidad que los procesos productivos tienen con el medio ambiente. Hay una fuerte propuesta de reformulación, modernización y fortalecimiento de la Dirección General de Servicios Agrícolas.

La tercera línea estratégica es todo lo concerniente a la adaptación al cambio climático que deberemos llevar adelante en nuestro país. Hoy ya nadie discute el cambio climático y todos los modelos nos dicen que Uruguay transita hacia un proceso de tropicalización en el norte, con un aumento de las temperaturas mínimas nocturnas es decir, va a hacer menos frío, pero con un agravamiento en la frecuencia donde no hay lluvias. Por lo cual, vamos a tener más lluvias y más intensas, pero menor número de episodios a lo largo del año. Los instrumentos claves para el logro de mejores resultados, que nos permita ayudar a los sectores productivos a amortiguar los efectos negativos de un clima adverso son: la investigación científico-tecnológica con el mejoramiento genético, el desarrollo de la biotecnología y avances necesarios en los mecanismos de riego (fundamentalmente en riego estratégico y suplementario).

Es totalmente necesaria la construcción y el fortalecimiento de un Sistema Nacional de Información Agropecuario que nos permita relevar absolutamente toda la información de los distintos sistemas productivos y predios productivos, utilizando así estos datos en la investigación científico-tecnológica. Pudiendo desarrollar los modelos que nos permitan predecir los efectos adversos de determinados eventos climáticos negativos, para llegar a tener algún día en determinados rubros, instrumentos de gestión de riesgo como pueden ser los seguros.

La cuarta línea importante tiene que ver con el desarrollo rural. Históricamente, el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca cumplía funciones de contralor, de autorización, de fiscalización y de autoridad sanitaria competente. Desde la Administración anterior, el Ministerio empezó a llevar adelante acciones en desarrollo, continuando inclusive, algunos proyectos que venían de administraciones anteriores, los cuales son el proyecto Uruguay Rural con financiamiento del programa FIDA, el Programa Ganadero con financiamiento del BID, y el Programa de Producción Responsable con financiamiento del Banco Mundial.

La Dirección de Desarrollo Rural es una nueva Dirección que se institucionaliza, teniendo como cometido prioritario llevar adelante una serie de políticas diferenciadas y direccionadas, sobre todo a agricultores familiares. Esta es otra línea, transversal a las políticas del Ministerio, que apunta a corregir aquellas asimetrías -que pueden ser de escala, capital, tecnología, capacitación, localización geográfica, integración social, conocimiento- que pueden atentar contra la estabilidad de esos productores en los sistemas productivos.

La apertura externa, la inversión, la tecnificación y el crecimiento son la gran oportunidad que buscamos para el desarrollo, siendo la concentración y exclusión la gran amenaza. Debemos continuar con las políticas públicas orientadas al desarrollo rural para compensar los efectos de un modelo de acumulación, sin perder los beneficios que ese modelo les puede dar a los pequeños productores.

La quinta línea política transversal se relaciona con los esfuerzos necesarios para articular la institucionalidad pública agropecuaria. El Ministerio está haciendo el máximo esfuerzo de articulación para que los programas de investigación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria tengan en cuenta algunas de estas líneas estratégicas. De ésta forma las políticas de transferencia de tecnología del Plan Agropecuario están alineadas con los objetivos de capacitación y transferencia de tecnología para el sector ganadero. Así las políticas que lleva adelante el Instituto Nacional de Semillas están acordes con la lógica de un país agroexportador abierto al mundo, con el aprovechamiento de las tecnologías y, por ejemplo hablando de transgénicos, con un marco de bioseguridad que nos dé garantías a nosotros, como consumidores y habitantes, pero que además nos dé la posibilidad de mostrarnos al mundo como un país que goza hoy del concepto de la coexistencia regulada de eventos transgénicos y eventos no transgénicos.

Podemos concluir entonces que los ejes transversales por los cuales transitará la construcción de las políticas públicas agropecuarias de este Ministerio en los próximos cinco años son: la sustentabilidad, la inocuidad, la inteligencia comercial, la adaptación al cambio climático y el desarrollo rural, éste último tomado como un componente fundamental para transformarlo en una generación de oportunidades y articulaciones institucionales.

En el Ministerio de Industria, Energía y Minería se fortalece presupuestalmente a la Dirección de Energía y a la Dirección de Comunicaciones. Por otro lado, se inicia el programa de Cadenas Productivas, que fomenta al fortalecimiento de la base productiva, desarrollando políticas transversales con foco en la competitividad y el fomento de la inversión. Se proyectó, pero se desglosó con el compromiso de aprobarlo por ley aparte este año, importantes modificaciones al código minero para potenciar las posibilidades del País de recibir importante inversiones en el rubro y poder controlar su inicio, desarrollo y finalización con especial cuidado del medio ambiente.

En el Ministerio de Turismo y Deportes se otorgan partidas para campañas de atracción de turistas y promoción de Uruguay en el exterior. También se asignan partidas para nuevas infraestructuras deportivas. En materia de recursos humanos, se comienza un proceso de recomposición de la estructura de remuneraciones. Se prevén partidas para apoyar la Candidatura de Uruguay para organizar el campeonato Mundial del 2030 cuando se cumpla el centenario del certamen.

En el Ministerio de Educación y Cultura se destaca el incremento de la asignación en este Presupuesto al programa de becas estudiantiles, que apunta a gestar un "acuerdo educativo" entre los adolescentes que no estudian ni trabajan, el centro educativo y el adulto referente, a cambio de una transferencia monetaria, el acompañamiento de un docente tutor y de un equipo multidisciplinario.

Se incluyen importantes partidas para la creación el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Congreso de la Educación (2011), Centros MEC (y su Programa Acceso a la Educación), Consejo de Educación No Formal y Escuela de Música.

En el Ministerio de Salud Pública los mayores incrementos presupuestales se concentran en el Proyecto de Prevención de Enfermedades no Transmisibles, que cuenta con financiamiento del Banco Mundial. También se contemplan algunas creaciones de cargos y contrataciones destinadas a fortalecer al MSP como organismo regulador y supervisor del SNIS. Se incrementan recursos de apoyo al Programa Rectoría en Salud a los efectos de apoyar a los representantes del Ministerio en la Junta Nacional de Salud.

En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se reformula el programa Objetivo Empleo como instrumento idóneo de política activa de empleo. En la Dirección Nacional de Empleo se creó una Unidad de Empleo Juvenil, en principio integrada por funcionarios de los Ministerios de cada una de las Direcciones Nacionales de las Unidades Ejecutoras. Su tarea será la de promover el empleo en ciudadanos cuyas edades estén comprendidas entre los dieciocho y los veintinueve años, asignando un porcentaje de los recursos que el Presupuesto asigna al Programa Objetivo Empleo que viene desde el año 2008 y está destinado a la inserción de trabajadores desocupados durante mucho tiempo en el mercado laboral privado. En este sentido se pretende destinar más del 30% de los recursos establecidos en el articulado a políticas específicas destinadas a la inserción de jóvenes en el mercado de trabajo, coordinando con el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de la Juventud.

Se ha establecido una modificación al Programa a través de un decreto que amplió los beneficios que se otorgan a las personas que están incorporadas a él, atendiendo a que la realidad del desempleo en el Uruguay ha cambiado. Hoy nos encontramos con un conjunto de dificultades que son mucho más complejas que las que había años atrás. Durante décadas vivimos con niveles de desempleo muy altos y, de alguna manera, los uruguayos nos acostumbramos a que las políticas fueran, básicamente, la generación de puestos de trabajo y la capacitación de trabajadores para ello. Pero hoy, producto de fenómenos de exclusión social que el país ha vivido, el abordaje de políticas dirigidas a estos trabajadores no es suficiente si solo incluye exoneraciones de carácter tributario o, eventualmente, formación y capacitación. Diríamos que cada vez más nos aproximamos a un modelo dónde hay que hacer un seguimiento casi permanente de aquellos trabajadores, ya que hoy no solo discutimos exoneraciones y capacitación, sino cultura del trabajo.

Por tanto, por lo menos en este primer año, a través del Presupuesto quinquenal tenemos una propuesta que apunta a dos objetivos: reducir la cantidad de beneficiarios, pero incrementando los porcentajes de recursos por beneficiario, de forma de obtener niveles de prestaciones muy superiores a los que se ofrecían antes y, además, a coordinar estas acciones con el Ministerio de Desarrollo Social, que dispone de un programa similar orientado hacia el sector público. Creemos que profundizar en esto es importante porque refleja una realidad de la sociedad uruguaya de hoy, y es la situación paradójica de la existencia de emprendimientos productivos que pretenden instalarse en el país y de personas que aún hoy no acceden al mercado de trabajo que, en muchos casos, no solo carecen de una formación para el trabajo, sino de una cultura que permita reconocer al trabajo como una actividad de desarrollo de la persona, de su capacidad creadora, etcétera. Por lo tanto, se plantean dificultades de mayor profundidad cuanto más disminuye la tasa de desempleo.

Tenemos cifradas expectativas en que esta tarea pueda dar resultados importantes en un sector de la población cuyo nivel de desocupación aun hoy triplica el nivel de desocupación media de la sociedad uruguaya.

Se incluye una partida destinada al fortalecimiento de los servicios de orientación e intermediación laboral que dispone el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en todo el país.

Este Programa, sostenido hasta ahora básicamente a través de recursos propios y de cooperación internacional, tiene como objetivo la instalación de Centros Públicos de Empleo en cada una de las ciudades más importantes del interior, y realizará tareas de intermediación en el mercado de trabajo entre las personas que buscan empleo en determinada área y empresarios que demandan trabajadores. Esta tarea también debe ser estrictamente coordinada con políticas de formación y capacitación para que estas personas que buscan trabajo a través de los Centros Públicos de Empleo, puedan acceder a la capacitación necesaria según la demanda del mercado de trabajo existente en cada una de las localidades y departamentos de nuestro país.

Obviamente, estos Programas se desarrollan en colaboración con las Intendencias Municipales que, en muchos casos, proveen los recursos humanos para la atención de los Centros Públicos de Empleo, aunque no disponen de personal calificado para desarrollar esta tarea; por lo tanto, el Ministerio de Trabajo fortalecerá estos Centros con recursos humanos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el perfil profesional apropiado.

En el ámbito de la seguridad social, y visto desde el ángulo de la inserción de la mujer particularmente las mujeres jóvenes en el mercado de trabajo, en línea con lo que venimos diciendo, hemos promovido e integramos el Consejo Nacional de Políticas Sociales, que está trabajando en aspectos vinculados a la creación del Sistema Nacional de Cuidados. Nos parece que este es un elemento sustancial que posibilitaría la capacitación permanente y formalización en el mercado de trabajo de muchas personas que hoy desarrollan tareas atendiendo a niños, adultos mayores o personas con discapacidad. El objetivo de lograr plena integración de la mujer en el mercado de trabajo, solo se logrará en forma plena cuando la mujer sea relevada de su rol tradicional en la sociedad que, precisamente, ha sido la atención y el cuidado de niños, adultos mayores y enfermos, la mayoría de las veces voluntariamente.

También es de destacar el aumento de la partida de alimentación del INDA.

En el Poder Judicial, la propuesta del Poder Ejecutivo asigna recursos para creaciones de cargos (Magistrados, Defensorías Públicas, Juzgados Letrados técnicos, administrativos, auxiliares, equipos multidisciplinados, etc.). También se incluye una partida para presentismo e incompatibilidades. En la discusión en comisión se incluyó adicionalmente la integración completa de un nuevo Tribunal de Apelaciones en lo Penal y nuevos cargos de Defensores de Oficio con dedicación exclusiva dado el cuello de botella que en este momento se produce en esta materia.

En el Tribunal de Cuentas y en la Corte Electoral también se prevén partidas para remuneración variable con compromiso de gestión. En la Corte Electoral en la Comisión se votó un importante incremento de lo previsto por el Ejecutivo para destinarlo a incremento de la actividad para la incorporación, traslados e informatización de los registros electorales.

En los recursos asignados a ASSE se procede a la regularización de las Comisiones de Apoyo. Además, se crean cargos de alta dedicación y se amplían los recursos para continuar con el desarrollo de las Unidades Docentes Asistenciales (UDA). Otros aspectos a destacar son las reestructuras de los mandos medios y las partidas por mayor horario. En materia de inversiones, el presupuesto prevé fondos para el inicio de la construcción del CENATRA en el ex Edificio Libertad. Por último, Se crea la Dirección de Atención a Personas Privadas de Libertad y se asignan recursos para un convenio con el Hospital de Clínicas.

OTROS CRÉDITOS Y TRANSFERENCIAS

El acuerdo alcanzado con las intendencias

Por segunda vez se ha llegado a un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales, en relación al régimen de distribución establecido en el literal C) del artículo 214 de la Constitución de la República. Para los años 2011 a 2014 el porcentaje de distribución se fijó en 3,33% del total de ingresos del Gobierno, sujeto al cumplimiento de las metas establecidas en compromisos de gestión que se acordaran en la Comisión Sectorial de Descentralización, así como de las resoluciones adoptadas en forma unánime por el Congreso de Intendente. En caso de incumplimiento de lo anteriormente expuesto, el porcentaje será del 2.9%.

De esta forma los gobiernos departamentales participarán en el aumento de los ingresos totales del Gobierno Central, estimándose que el incremento que se verificaría en las transferencias a los mismos en el quinquenio se situaría en los $ 1.000 millones de pesos, pasando de $ 5.500 millones de pesos en 2010 a $ 6.500 millones de pesos en 2014, expresados en pesos de 2010.

Adicionalmente, se incrementará la partida prevista en el numeral 2 del artículo 298 de la Constitución de la República (Fondo Desarrollo del Interior) aumentado dicho monto de $ 562 millones a $ 750 millones de pesos de enero de 2009. Eso se ve reflejado en el artículo correspondiente, al establecerse la forma de distribución entre el Poder Ejecutivo y las Intendencias. Antes, el 75% se ejecutaba por el Poder Ejecutivo y el 25% se ejecutaba por las Intendencias. Ahora, el 75% se baja a 66,65%, por lo que la participación de las Intendencias pasa del 25% al 33,35%. Este es el resultado del pasaje de $ 550:000.000 a $ 750:000.000.

Con respecto al Fondo de Incentivo de la Gestión de los Municipios, el acuerdo consiste en 14 partidas de $ 40.000 anuales por cada Municipio. A todos los Municipios se les otorga una partida igual. Esto está previsto en el artículo correspondiente. De acuerdo con la ley de descentralización, esto se remitirá a los Gobiernos Departamentales, según la cantidad de Municipios que tenga cada uno.

A su vez, se mantienen el régimen de Caminaría Forestal al que se asignan 150 millones de pesos anuales y el Subsidio al Alumbrado Público que asciende al 30% de la "facturación medida", siempre que lo Gobiernos Departamentales se encuentren al día con el pago de estas obligaciones.

En cuanto al incremento de este Fondo, la ejecución siempre va a estar a cargo del Gobierno Departamental, no del Municipio. El acuerdo es que en la Comisión Sectorial se destinará un porcentaje de este incremento de $ 200:000.000 a obras a realizar en territorio de los actuales 89 Municipios. Este acuerdo también se hizo con el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, el Congreso acompañó la aspiración de la Intendencia Municipal de Montevideo de obtener una partida que colabore con el gasto de todas las actividades que se tienen que realizar en la capital. Hay que tener en cuenta que Montevideo no participa del Fondo de Desarrollo del Interior; es solo para los otros 18 departamentos.

Además, como el subsidio del alumbrado ya estaba determinado por ley, en carácter permanente, se mantiene esa modificación presupuestal de 2007. Es decir, se mantiene el subsidio del 30% del alumbrado, con las condiciones establecidas en aquel momento.

En Comisión se agregó como compromiso de gestión la necesidad de aportar toda la información que la normativa vigente exige a los Gobiernos Departamentales entregar a la ONSC sobre vínculos laborales.

EL PROGRAMA FINANCIERO

Como ya es característica de nuestro Gobierno (anterior y actual) el programa financiero es absolutamente consistente con las proyecciones presupuestales y viceversa.

El mismo incorpora las proyecciones de ingresos consistentes con el escenario macroeconómico esperado para los próximos años, las estimaciones de los gastos ya comprometidos que responden al cumplimiento de normas legales vigentes y compromisos contractuales adquiridos, y los gastos incrementales incluidos en este proyecto de Presupuesto Nacional (espacio fiscal).

Desde el punto de vista de los Ingresos, los correspondientes al Gobierno Central y del BPS (excluyendo los aportes al seguro de enfermedad) evolucionarán en línea con el PIB y se prevé un crecimiento de los correspondientes al Sector Público no Financiero entre 2010 y 2014 equivalente a 0,6% del PIB que responde, fundamentalmente, a la mayor recaudación del BPS por las inclusión de nuevos colectivos al FONASA (cónyuges, cajas de auxilio, profesionales). El resultado primario corriente de las Empresas Públicas, que es considerado como un ingreso en la programación financiera, se mantendrá estable en términos del PIB.

Del lado de los egresos se proyecta un moderado incremento de 0,6% del PIB de los egresos primarios corrientes del Sector Público no Financiero. Las remuneraciones crecerán 0,4% del PIB, reflejando fundamentalmente los aumentos especiales otorgados a la policía y la creación de cargos asociados a nuevas infraestructuras edilicias en el área de la educación. Los gastos no personales se reducirán 0,3% del PIB, atendiendo a la política de austeridad y estricto control de gastos de funcionamiento a implementar en todos los organismos públicos. Los egresos por transferencias, por último, crecerán 0,6% del PIB, como consecuencia de la inclusión de nuevos colectivos al FONASA y la expansión del programa de Asignaciones Familiares.

Las inversiones del Sector Público no Financiero se mantendrán en un nivel elevado durante todo el período, representando 3,5% del PIB en el promedio 2010-2014. Este guarismo implica un incremento de 0,6% del PIB respecto al promedio del quinquenio anterior. El aumento de los egresos de capital se explica, fundamentalmente, por las mayores inversiones del MVOTMA. La ejecución del Fondo Nacional de Vivienda prácticamente se duplicará en términos reales respecto al período anterior.

Por último, en referencia a los intereses y en función de la evolución prevista de la deuda pública, de las tasas internacionales y de las variables macroeconómicas domésticas (tipo de cambio, inflación y crecimiento del producto), se prevé el mantenimiento de su incidencia en torno a 3% del PIB.

En resumen, la programación financiera compatible con el presente proyecto presupuestal supone una reducción gradual del déficit del Sector Público Consolidado de casi un punto porcentual del PIB entre 2009 y 2014. Con la fijación de estas metas, esta Administración asume una postura fiscal responsable, que permite avanzar hacia el objetivo de equilibrar estructuralmente las cuentas públicas y retornar a la trayectoria declinante de la deuda pública.

LA ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL

La programación financiera que respalda esta propuesta presupuestal es congruente con los niveles de financiamiento disponibles en los mercados interno y externo y con la disponibilidad de recursos de los organismos multilaterales.

En el período 2010-2014, el Gobierno Central enfrenta amortizaciones de deuda por un total aproximado de 3.500 millones de dólares. En particular, se destacan los vencimientos del año 2011 que superan los 1.000 millones de dólares, equivalentes al 2,5% del PIB. El total de intereses a pagar en el período 2010-2014 se proyecta en 5.500 millones de dólares, en tanto se estima que el superávit primario del Gobierno Central aporte recursos por aproximadamente 2.500 millones de dólares.

Las fuentes de financiamiento para cubrir las amortizaciones de deuda y el déficit fiscal se obtendrán básicamente del mercado de capitales, siendo la prioridad el endeudamiento en moneda nacional. En la medida que las circunstancias lo permitan, se dará prioridad al mercado doméstico sobre el externo en las nuevas colocaciones para financiamiento. Se proyecta realizar un total de emisiones en ambos mercados por un total equivalente a 5.000 millones de dólares aproximadamente.

La estrategia de financiamiento del sector público contempla un recurso menor de financiamiento de los organismos multilaterales de crédito (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento), en tanto las circunstancias del mercado de capitales sean positivas. De esta manera, se espera que los desembolsos netos de estas instituciones sean prácticamente nulos. El total de amortizaciones correspondientes a préstamos asciende a 1.300 millones de dólares en el período 2010-2014, en tanto que, si bien las negociaciones con los organismos multilaterales siguen en curso, se estima que los desembolsos sean por un monto similar. Se trabajará, asimismo, en el diseño de una red de líneas de crédito precautorias a las cuales acceder si los mercados financieros se tornan desfavorables.

Para el período considerado, no se prevé un uso de los saldos de las cuentas del gobierno como fuente de financiamiento. La política de gestión de las disponibilidades del gobierno seguirá un criterio conservador consistente en mantener la cobertura del servicio de la deuda -neto del resultado primario- de los siguientes doce meses.

Como consecuencia del déficit proyectado y del mantenimiento del actual nivel de activos líquidos del Gobierno Central, se espera una gradual mejora tanto de la deuda bruta como de la deuda neta en términos del producto.

La política de manejo de la deuda pública perseguirá los siguientes objetivos:

1) Disminución del riesgo de refinanciamiento. Se continuará avanzando en la mitigación de esta vulnerabilidad, a través de operaciones de manejo de pasivos que permitan lograr un calendario de amortizaciones distribuido regularmente en el tiempo y alargar el plazo promedio de vencimiento de la deuda. A su vez, se mantendrá la política de pre-fondeo en curso, de manera de contar con una reserva de liquidez para honrar las obligaciones de deuda de los siguientes doce meses, y contar con un margen para cubrir eventos adversos que eventualmente puedan perjudicar transitoriamente el resultado fiscal.

2) Disminución del riesgo cambiario. Se seguirá avanzando en el proceso de reducir la dolarización la deuda pública. La principal herramienta para continuar con la disminución del riesgo cambiario será la emisión de títulos en unidades indexadas. Adicionalmente, se analizarán operaciones de manejo de pasivos tanto para los títulos públicos como para la deuda que se mantiene con los organismos multilaterales de crédito. Si las circunstancias de mercado lo permiten, se buscará aumentar el porcentaje de deuda en moneda nacional de un 30% a fines de 2009 a un 45% a fines de 2014. La suavización del perfil de vencimientos de deuda también contribuirá a reducir los efectos que un eventual shock de tipo de cambio pudiera tener sobre las amortizaciones de capital.

3) Disminución del riesgo tasa de interés. Luego del swap de tasas de interés de los pasivos adeudados al Banco Interamericano de Desarrollo en julio de 2009, sólo el 10% del portafolio total del Gobierno Central paga una tasa de interés variable. Durante este período de gobierno se continuará monitoreando y analizando los riesgos inherentes a cambios en las tasas de interés, tanto en la refinanciación de los instrumentos de tasa fija como en el impacto de la evolución de tasas de interés sobre las pasivos contratados a tasa variable.

4) Obtención de una combinación adecuada entre deuda de mercado y deuda de organismos multilaterales de crédito. Para el logro de este objetivo no se considerarán exclusivamente las opciones más eficientes en términos de costo de fondeo, sino también, el mantenimiento de una buena relación con las instituciones multilaterales y los inversores privados. El gobierno seguirá trabajando con los organismos de crédito en el diseño de una red de líneas de crédito contingentes, como parte de su política de financiamiento precautorio.

5) Dinamizar la operativa en el mercado doméstico. Se adecuarán los mecanismos para facilitar el acceso al mercado primario de emisiones y lograr una mayor liquidez y eficiencia en el mercado secundario. Se buscará ampliar la base inversora de los instrumentos locales, tanto a nivel de agentes institucionales como minoristas. La implementación de la Central Depositaria de Valores en el BCU, como parte de las reformas del Sistema de Pagos de la autoridad monetaria, tendrá un rol fundamental en estas nuevas líneas de acción.

6) Diversificar tanto las fuentes de financiamiento como la base inversora del Gobierno Central. Es un objetivo de la política de financiamiento alentar a que nuevos inversores sean atraídos por los títulos públicos, en especial pequeños inversores domésticos. Se intensificarán las acciones orientadas a captar nuevos inversores en los mercados externos.

7) Contribuir en la promoción del mercado de capitales privado doméstico. En este proceso se trabajará tanto en forma directa, como a través del desarrollo del mercado local de deuda soberana.

ÁREAS PROGRAMÁTICAS DEL PRESUPUESTO

Una novedad importante de este Presupuesto es la estructuración por áreas programáticas. Cumpliendo con el mandato constitucional (reforma de 1966) y el programa del FA el Presupuesto se ha estructurado en 17 Áreas Programáticas (AP) transversales y con objetivos asociados, las cuales representan las funciones que el Estado desarrolla, y que por su continuidad en el tiempo, pueden trascender los períodos de gobierno. Estas AP reflejan el fin último al que está orientado el gasto, y permiten determinar los objetivos generales de las políticas gubernamentales, mostrar la naturaleza de los servicios que las instituciones públicas brindan a la comunidad y medir la función social de las mismas, brindando elementos adicionales que permiten un análisis más profundo del presupuesto y de la política de gasto público en general. Esto permitirá concentrar los esfuerzos del gobierno en función de la obtención de resultados prioritarios para la sociedad, y a la vez facilitará la vigilancia de los ciudadanos sobre la toma de decisiones del gobierno.

1. Área Programática: Seguridad Pública

La Seguridad Pública constituye un elemento sensible y estratégico para el país, por lo que constituye una prioridad del gobierno que atañe a la protección de derechos y bienes fundamentales de las personas. Es una política pública estratégica porque contribuye a la creación de un ambiente estable y seguro para el desarrollo, el bienestar de la ciudadanía y el pleno disfrute de sus libertades y oportunidades.

Esta área comprende la administración, gestión y apoyo de actividades vinculadas con la prevención y represión del delito en el territorio, las aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo nacional; el control de ingreso y salida de personas al país; la reglamentación del tránsito por carretera y la seguridad vial; los servicios de lucha y prevención contra incendios y siniestros; así como la gestión de la privación de la libertad. También incluye las actividades de investigación aplicada y desarrollo experimental relacionadas con el orden público y la seguridad.

Política interinstitucional, que cuenta con el concurso de:

- Ministerio del Interior,

- Ministerio de Defensa Nacional (MDN),

- Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) e

- Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Diferentes programas:

- "Gestión de la Privación de Libertad".

- "Prevención y Represión del Delito",

- "Seguridad Vial" y

- "Prevención y Combate de Fuegos y Siniestros".

Acciones:

- reformas estructural de recursos humanos.

- reforma organizacional de la estructura de la seguridad pública en el Ministerio del Interior.

En este sentido, en la gestión de recursos humanos se implementará una reforma estructural del servicio extraordinario de custodia y vigilancia (222) a través de dos procesos: primero, un mecanismo de disminución gradual anual de horas asignadas al servicio, y segundo, un proceso de aumentos diferenciales de acuerdo al grado y a cada año transcurrido del período, correspondiendo una partida fija y otra variable en función del cumplimiento de compromisos de gestión. Adicionalmente se establecerá una partida para el incentivo del personal ejecutivo de los referidos programas.

El INAU se fija como objetivo estratégico gestionar el sistema de ejecución de medidas para adolescentes en conflicto con la ley penal, dando las debidas garantías.

Para ello se destaca, entre otros desafíos, ampliar la cobertura para la atención de adolescentes en conflicto con la ley, instalando un nuevo centro de atención y la creación de los cargos necesarios. Asimismo, se prevén nuevos equipos de trabajo en el desarrollo de medidas alternativas a la privación de libertad.

Seguridad vial, la Jefatura de Policía de Montevideo y la Policía Caminera desarrollarán estrategias que contribuyan a garantizar la seguridad en la movilidad de la población, particularmente en la circulación en las rutas y caminos de jurisdicción nacional y departamental. Asimismo deberán fiscalizar y sistematizar el tránsito vehicular en rutas departamentales, prestar auxilio a las víctimas de accidentes de tránsito, y ejercer la actividad educativa en materia de tránsito y prevención de accidentes vehiculares.

Dirección Nacional de Vialidad del MTOP, quien se ocupará de la mejora de las condiciones de seguridad de la red vial nacional, interviniendo en los puntos conflictivos de la misma.

La Dirección Nacional de Bomberos del Ministerio del Interior, realizará acciones preventivas, ejecutivas y de investigación contra siniestros, derrame de sustancias tóxicas, eventos naturales, rescate y mal manejo de material radioactivo, interviniendo cuando corresponda.

El MDN proporcionará los recursos humanos y materiales necesarios para el apoyo al combate de fuegos y siniestros.

2. Área Programática: Vivienda

El Plan Quinquenal de Vivienda 2010 - 2014 tiene como desafío la profundización y ampliación de los cambios en esta materia, conceptualizando la política habitacional como política social. El plan contribuirá a consolidar una política socio-habitacional, generando una nueva interinstitucionalidad entre actores públicos y privados, institucionales, sociales, académicos, entre otros. Ello implicará ampliar la cobertura en cantidad y calidad, asegurando la sostenibilidad del sistema y priorizando a la población con requerimientos más urgentes.

Esta es una de las AP prioritarias para este período de gobierno. Se estructurará en seis programas estratégicos fundados en los siguientes principios rectores: la inclusión e integración socio-territorial, la perspectiva de derechos en las políticas sociales (derecho a la ciudad y a la vivienda adecuada), el relevamiento de la demanda, la diversificación de soluciones habitacionales, la descentralización, la innovación y la calidad, la comunicación e información, entre otros.

El programa Nacional de Realojos consistirá en diseñar e implementar acciones y programas tendientes a revertir los procesos de segregación social y fragmentación territorial, particularmente de las familias pobres y excluidas ubicadas en terrenos inundables o contaminados, reubicando a las familias en el hábitat adecuado. Se generarán oportunidades de acceso y permanencia a una vivienda digna, como puerta de entrada al ejercicio de otros derechos sociales y económicos, al tiempo que se reconvierten y recuperan los predios liberados. Los mismos serán gestionados de tal modo que las ocupaciones ilegales se vuelvan impracticables.

El programa de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional desarrollará estrategias coordinadas, para la consolidación de barrios y la rehabilitación de áreas del tejido formal y de áreas localizadas en las periferias críticas de pueblos y ciudades de todo el país. Se implementarán diversas acciones que implican fortalecer las capacidades institucionales para la mejor gestión del plan y atención de la demanda, en coordinación con los gobiernos departamentales y actores locales. Asimismo, se construirá un Sistema Nacional Integrado de Información de Acceso y Permanencia en la Vivienda que promueva la calidad, la investigación y la innovación tecnológica en soluciones habitacionales, y la mejora en la gestión de los programas.

El programa de Actuación Integrada estará compuesto por un conjunto de estrategias y acciones que permitirán el crecimiento planificado de las ciudades, mediante acuerdos interinstitucionales, público-privados para urbanizar terrenos, integrando sectores sociales heterogéneos, conforme a las políticas de hábitat de alcance nacional, departamental y municipal. Se trata de prevenir la generación de asentamientos no planificados, posibilitando el acceso a tierra urbanizada de familias pobres y excluidas. El programa Nacional de Alquileres para Vivienda de Interés Social desarrollará e implementará una Política Nacional de Alquileres para Viviendas de Interés Social destinada a dar solución habitacional a amplios sectores de la población, facilitando el acceso y la permanencia en la vivienda a través de la modalidad de alquiler. Se prevé un subsidio al alquiler como alternativa transitoria para situaciones sociales críticas.

El programa de Vivienda Rural y Pequeñas Localidades tendrá como objetivo contribuir a la construcción de un hábitat sostenible de la población que vive y/o trabaja en el medio rural y en pequeñas localidades, en el marco de las políticas de desarrollo integral (productivo, social, ambiental, territorial), generando programas que promuevan la inclusión social.

Política de Incentivo a la Inversión Privada en Vivienda de Interés Social, consistirá en el desarrollo de instrumentos de participación del ahorro privado y la inversión privada en la producción de vivienda de interés social.

3. Área Programática: Educación

El Poder Ejecutivo ha definido entre sus prioridades de gobierno a la Educación, en el entendido que ésta es un pilar fundamental para el logro de un país productivo, con justicia social y desarrollo humano pleno. Esta AP comprende:

- Los servicios prestados a alumnos, estudiantes, y los servicios docentes.

- La formulación y administración de políticas educativas, aplicación de normas, regulación, autorización y supervisión de los centros de enseñanza, así como la investigación aplicada y el desarrollo experimental en relación con los asuntos y servicios docentes.

- Administración y gestión de centros educativos que imparten educación preescolar, primaria, secundaria y universitaria, así como otras instituciones que brindan formación y capacitación.

- Escuelas y academias militares con planes de estudio análogos a los de las instituciones civiles, las escuelas de policía que imparten enseñanza general y la formación para el servicio exterior.

- Desarrollo de políticas educativas que hagan posible el acceso universal a la educación, especialmente en la primera infancia de sectores carenciados y a la inversión en infraestructura edilicia (fundamentalmente Centros CAIF y escuelas de tiempo completo).

- Construcción de locales universitarios y el desarrollo de programas académicos.

- Definición y aplicación de un nuevo sistema de becas.

El Ministerio de Educación y Cultura promoverá la coordinación de las políticas educativas, así como la interacción y articulación de todas las instituciones del sistema, participando activamente en le elaboración y gestión de políticas.

4. Área Programática: Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

El desarrollo de la infraestructura es prioridad del gobierno en el período 2010 - 2014, posibilitando la sostenibilidad del crecimiento económico del país, a través de la creación de un espacio logístico estratégico para la distribución de bienes de la región sur de América Latina.

Comprende:

- La administración, supervisión y reglamentación de la explotación, utilización, fomento, construcción y mantenimiento de obras de infraestructura de transporte terrestre (carreteras y vías férreas), aéreo y marítimo y de comunicaciones, así como el desarrollo de la infraestructura energética.

Acciones:

- Recuperar, mantener y desarrollar la infraestructura vial nacional (carreteras y puentes), así como mejorar el transporte de personas y cargas, minimizando los costos operativos.

- La expansión del sistema nacional de puertos con la participación de la inversión privada, con el objetivo de atender los requerimientos de las exportaciones e importaciones y la diversificación productiva.

- Se desarrollarán puertos comerciales y/o turísticos en aquellos puntos en que las actividades lo requieran, como parte de una cadena de servicios. Superar las limitaciones existentes en los corredores internacionales de integración, así como la realización de obras de seguridad vial y desvíos respecto de plantas urbanas, fundamentalmente en lo que refiere al tránsito pesado. Se priorizará la infraestructura comunitaria con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población y profundizar la participación de la ciudadanía en la resolución de las prioridades de las respectivas comunidades.

- Se promoverá la conservación de la calidad y funcionalidad de la infraestructura edilicia pública para el adecuado cumplimiento de los cometidos de los organismos, acuerdos interinstitucionales entre el MTOP y los gobiernos departamentales y municipales, con participación ciudadana.

- Se ejecutará y controlará la política de promoción de un nuevo sistema de transporte multimodal de funcionamiento eficaz y eficiente, incluyendo el desarrollo del transporte ferroviario de cargas, aliviando la presión sobre el sistema vial nacional.

- El sistema de transporte cuente con una firme orientación al usuario, mejorando el sistema de transporte del área metropolitana, a través de acciones coordinadas con los gobiernos departamentales y los concesionarios.

- Se mantendrá y desarrollará la infraestructura aeronáutica dentro de la política aeroportuaria civil nacional que promueve el posicionamiento del Uruguay como nodo regional de la aeronavegación.

- Se promueve una estrategia nacional de diversificación de las fuentes de la matriz energética que apunte a reducir la dependencia del país. Se enfatizará la inversión en energías limpias y las interconexiones energéticas dentro de la región.

5. Área Programática: Protección y Seguridad Social

Esta AP incluye la protección social y la seguridad social, como forma de cobertura de riesgos sociales en Uruguay.

La protección social, en el marco del Plan de Equidad, está dirigida a sectores vulnerables. Comprende gastos en servicios y transferencias monetarias y en especie a personas, familias y colectivos en estado de vulnerabilidad socioeconómica.

Entre los programas más importantes se destacan: los de alimentación, a través de la Tarjeta Alimentaria; los socioeducativos para el trabajo y emprendimientos productivos; los vinculados a la protección de la niñez y la discapacidad.

La seguridad social ha estado históricamente dirigida a los sectores incluidos en la estructura formal de ocupación. A partir de la pasada administración se ha comenzado a extender la cobertura a beneficiarios fuera de la referida estructura.

La seguridad social incluye las jubilaciones y pensiones abonadas por Banco de Previsión Social (BPS) y las cajas Militar y Policial, el seguro de enfermedad, los subsidios por desempleo y maternidad y las prestaciones de asignaciones familiares.

6. Área Programática: Salud

En esta AP la acción del gobierno se estructurará en torno de seis ejes de política.

Primero, avanzar en la universalización de la cobertura del Seguro Nacional de Salud.

Segundo, la promoción de la integralidad de las prestaciones de salud.

Tercero, el desarrollo de las funciones reguladoras y rectoras del MSP (DIGESA y JUNASA), que incluye programas para el fortalecimiento de la capacidad de alerta y respuesta ante las enfermedades infecciosas y crónicas no transmisibles, así como la mejora de la capacidad de diagnóstico analítico.

Cuarto, el desarrollo de una política de recursos humanos para el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), en que las condiciones de trabajo se acompasen con la transformación del modelo de atención en salud.

Quinto, el incentivo a la participación social en todo el país, para lo que se reglamentará la elección de trabajadores y usuarios del SNIS: Consejos Consultivos de los Prestadores Integrales del SNIS, Consejos Asesores de ASSE, Consejos Honorarios y Consultivos de la JUNASA.

Por último, la creación de la red Integrada de Efectores Públicos de Salud procurará aumentar el proceso de descentralización y regionalización de los servicios (ASSE orientará la red integrada por el Hospital de Clínicas, Sanidad Militar y Policial y la red de policlínicas municipales y comunitarias).

La política diseñada incluye planes y acciones para la mejora de la prestación de los servicios de salud a particulares y colectivos de la salud. Para ello, se ejecutarán programas públicos que refieren a las siguientes funciones: conducción, regulación, y vigilancia, así como la promoción de estrategias y acciones para mejorar la calidad de vida, particularmente de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad.

También se implementarán políticas en materia de ciencia y tecnología aplicadas a la salud, en que se incluyen incentivos para promover la investigación aplicada, así como el desarrollo de insumos y procedimientos técnicos estratégicos para el sector. Para ello, se promoverá, entre otras acciones, la educación continua de los recursos humanos, la producción científica y el intercambio internacional.

7. Área Programática: Defensa Nacional

De acuerdo con la nueva Ley Marco de Defensa Nacional, se definen los nuevos cometidos del MDN, quien deberá preparar y ejecutar la política de defensa, ejerciendo la gestión administrativa, financiera, jurídica, social y estableciendo los criterios de gestión y formación de los recursos humanos civiles o militares.

Esta AP comprende la administración de asuntos y servicios de la defensa militar y la gestión de las fuerzas defensivas de tierra, mar, aire y espacio; la gestión de la ingeniería, transportes y comunicaciones, información, personal y otras fuerzas defensivas no combatientes. Se excluyen los hospitales de base (Sanidad Militar) y las escuelas y academias militares con planes de estudios análogos a los de instituciones civiles y los planes de pensiones para el personal militar.

Para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de defensa se mejorarán los sistemas de gestión.

8. Área Programática: Trabajo y Empleo

El desarrollo de esta AP incluirá la formulación de las políticas laborales; la reglamentación y supervisión de las condiciones de trabajo, así como la negociación, arbitraje y mediación con las diversas organizaciones empresariales y gremiales. El organismo gestor y conductor de las políticas mencionadas es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

El principal objetivo de su gestión será el fomento de políticas activas de empleo y formación profesional. Para ello, se gestionará un Sistema Nacional de Servicios Públicos de Empleo, integrado por distintos servicios de orientación e intermediación laboral y formación profesional.

El segundo objetivo estratégico es la promoción de las relaciones laborales. En el ámbito privado, se fomentará el funcionamiento eficiente de los Consejos de Salarios, incentivando la participación de empresarios y organizaciones sindicales. En el ámbito público, la instalación de los Consejos de Salarios del Sector Público, constituirán la principal herramienta de diálogo político entre el Estado y los funcionarios. En el interior del país, con el mismo objetivo, se promoverá el funcionamiento de los Consejos Consultivos Honorarios Tripartitos para la Mejora de Gestión.

Desde la perspectiva de la gestión pública, se pretende aumentar la transparencia, mejorar los sistemas y el acceso ciudadano a la información mediante el uso de las herramientas del gobierno electrónico. Para ello se gestionará el Observatorio del Mercado de Trabajo, que sistematizará y divulgará la información sobre el mercado de trabajo.

Se mejorarán los servicios de atención a la ciudadanía en cuanto a la accesibilidad, calidad de atención a los usuarios y agilidad en el cumplimiento de los requisitos legales. También se fortalecerá el funcionamiento de la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior (DINACOIN) para modernizar y coordinar el trabajo de las oficinas del interior del país.

9. Área Programática: Desarrollo Productivo

La estrategia de desarrollo productivo del gobierno fortalecerá la base productiva de bienes y servicios del país, combinando políticas transversales y sectoriales, así como, la promoción de cadenas de valor intensivas en innovación, con impacto en el empleo y el desarrollo local.

Los ministerios sectoriales de desarrollo productivo como el MGAP, MIEM y MTD y otros organismos del Estado como el MEF, la OPP, el área Comercio Exterior del MRREE, ciertos programas de Presidencia de la República y el MDN, desarrollarán políticas transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

Entre las políticas dirigidas a los sectores productivos intensivos en innovación se destacan políticas de promoción de las cadenas innovadoras de la biotecnología, nanotecnología, tecnologías de la información y comunicación e industria farmacéutica. Para posicionar al país como actor competitivo en el mercado de bio y nanotecnologías se promoverán el desarrollo de plataformas científico-tecnológicas con infraestructura de última generación, capaces de brindar conocimiento científico de acuerdo a estándares internacionales. Se apoyará la cadena farmacéutica a través de la incorporación de mejores prácticas y la articulación de investigadores y empresarios para el desarrollo y comercialización de productos en áreas estratégicas.

Entre otras acciones sectoriales, se fortalecerá la capacidad de ofrecer servicios del MIEM en materia de propiedad intelectual y del MGAP como regulador y ejecutor de políticas de desarrollo agropecuario, en el marco de las políticas sociales llevadas a cabo por la Dirección General de Desarrollo Rural.

Se creará el Fondo de Desarrollo Rural para financiar planes y proyectos de desarrollo rural, inversiones en infraestructura, fomentar el acceso a la tierra a productores familiares, medianos y trabajadores rurales, en coordinación con el Instituto Nacional de Colonización.

Se creará el Sistema Nacional de Información Agropecuaria para apoyar el monitoreo, evaluación y definición de políticas públicas en la materia.

Se ejecutarán acciones de promoción y regulación de la adaptación del conjunto del sistema productivo al cambio climático.

Entre las políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor consideradas motores del crecimiento por su impacto en el empleo y el desarrollo local, se destaca el énfasis en la producción familiar agropecuaria y las pequeñas y medianas empresas.

Se apoyará el crecimiento productivo de las principales cadenas industriales y pesqueras, enfatizando en que los productos incorporen mayor valor agregado nacional e innovaciones tecnológicas.

Se promoverán las oportunidades de la agricultura familiar y la pesca y se desarrollarán políticas activas de corte sectorial de apoyo a las cadenas de alimentos.

Se realizarán obras de infraestructura y servicios para la mejora de la oferta turística.

10. Área Programática: Cultura y Deporte

En materia de bienes y servicios culturales, las políticas deberán promover el aumento del nivel de producción y disfrute de los ciudadanos en todo el territorio nacional, desarrollando derechos culturales, calidad y diversidad cultural.

Para ello el gobierno dispondrá de diversos tipos de recursos: fondos concursables de producción e investigación artístico-cultural, participación del sector privado en financiación de proyectos artístico-culturales y fondos iberoamericanos. Se promoverá la descentralización, el fortalecimiento de instituciones culturales y el acceso de jóvenes a la cultura.

Este sistema de fondos e incentivos premiará la producción artística de calidad en todo el territorio nacional y estimulará la investigación, producción de información cultural, competitividad y asociatividad de las industrias culturales.

Asimismo, se incentivará la presencia de la cultura uruguaya en el exterior y el diálogo de la cultura local con expresiones regionales e internacionales.

Se desarrollarán programas específicos de cohesión social, apoyando la creatividad cultural de poblaciones vulnerables mediante usinas artísticas y talleres artístico-culturales.

La Biblioteca Nacional se abocará a la preparación del bicentenario y modernizará el edificio, equipamiento y mobiliario, mejorando la atención al usuario e introduciendo el sistema Aleph de informatización. Se atenderán demandas de información de parlamentarios, organismos estatales, investigadores, estudiantes de nivel terciario y se avanzará en la implementación del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas creado por Ley Nº 18.632.

La institucionalidad cultural contribuye al desarrollo, preservación y difusión del acervo cultural a través de las actividades de diversas instituciones como la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, el Archivo General de la Nación, el Museo Histórico Nacional, el Museo de Historia Natural, el Museo de Antropología y el Observatorio Astronómico, en el marco de un fortalecimiento de la gestión.

En la política de deporte comunitario -con la cooperación del MTD y el MTOP- se desarrollarán políticas transversales de promoción, difusión, estudio, investigación, planificación, dirección, ejecución y monitoreo de la actividad física, la recreación y el deporte para toda la población, en un marco de educación en valores y promoción de hábitos saludables. Se destacan la mejora de infraestructura deportivo-recreativa con programas como las Plazas Siglo XXI, plan de cerramiento de piscinas, construcción de Nuevos Espacios Recreativos Deportivos, campañas de educación en valores e igualdad de género, cooperación para la mejora del parque físico del sector deportivo.

En el deporte de competencia, se diseñará un modelo de desarrollo deportivo competitivo integral, estableciendo las formas de financiación, patrocinio, estímulo, así como las pautas de relacionamiento entre los diferentes actores del deporte.

11. Área Programática: Administración de Justicia

Esta AP comprende la administración, gestión y apoyo de los tribunales de justicia civil y penal. Otro de sus objetivos es la gestión de los servicios de libertad vigilada y libertad condicional (excluyendo la administración de prisiones), así como la representación en nombre del gobierno.

Se desarrollarán cuatro programas importantes: a) asesoramiento, cooperación y representación de los intereses públicos en el sistema de justicia a diversos niveles; b) gestión administrativa y servicios de apoyo a tribunales y defensorías públicas; c) justicia administrativa, a efectos de ejercer la función jurisdiccional en materia contencioso-administrativo; d) la ejecución de la administración de la justicia militar.

12. Área Programática: Asuntos Legislativos

Comprende las funciones orientadas a brindar servicios de administración, gestión y apoyo atinentes a los asuntos del Poder Legislativo. Incluye órganos legislativos en todos los niveles de gobierno, personal asesor, administrativo y político adjunto a las cámaras legislativas, así como, las bibliotecas y otros servicios de consulta que se hallan principalmente al servicio de los órganos legislativos; comisiones y comités permanentes o ad hoc creados por la cámara legislativa o en su nombre.

13. Área Programática: Ciencia, Tecnología e Innovación

La AP Ciencia, Tecnología e Innovación refiere a la investigación básica que consiste en trabajos experimentales o teóricos realizados para adquirir nuevos conocimientos. Entre los programas se destacan dos: el fomento a la investigación académica y apoyo a las ciencias básicas y su divulgación. Esto incluye las transferencias a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y al Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas.

14. Área Programática: Control y Transparencia

Esta AP incluye actividades de control de los asuntos fiscales, financieros y de gestión institucional del Estado, así como de organismos no gubernamentales que reciben fondos públicos; el contralor de las sociedades comerciales y la protección de los derechos del consumidor.

Entre los programas se detallan:

a) control de los asuntos fiscales, financieros y de la gestión institucional del Estado, a través del asesoramiento en materia económico-financiera y de normas y conductas de la función pública;

b) control de la gestión a través de tareas de auditoria, investigación y propuesta de correctivos para el logro de transparencia y confiabilidad en las finanzas públicas;

c) el contralor económico, financiero, de legalidad y de gestión de los organismos que administran o reciben fondos públicos;

d) protección de derechos de los consumidores, que implica controlar y monitorear las relaciones de consumo, educar, asesorar y brindar información al consumidor, así como, sancionar las prácticas anticompetitivas.

15. Área Programática: Medio Ambiente y Recursos Naturales

Esta AP tiene como objetivo el ordenamiento de desechos y aguas residuales; la reducción de la contaminación; la protección de la diversidad biológica y del paisaje; la gestión del territorio; la investigación y desarrollo referidos a la protección del medio ambiente.

Entre los programas más importantes se destacan: el de cambio climático, que elabora respuestas a la variabilidad del clima; el de gestión ambiental y ordenamiento territorial, que promueve el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales, así como la integración productiva y social en el territorio.

16. Área Programática: Registros e Información Oficial

Comprende a la producción, registro y difusión de información general de interés público, estadísticas nacionales generales, cartografía básica, catastro territorial, información meteorológica oficial, custodia y protección de los documentos públicos, así como el registro de identificación de las personas físicas, de su estado civil y hechos vitales.

El área agrupa al Instituto Nacional de Estadística (INE), que tiene como objetivo contribuir al monitoreo y evaluación del impacto de las políticas públicas sobre los hogares y unidades económicas, para la toma de decisiones.

El MDN participa brindando información oficial y documentos de interés público, del Comando General del Ejército, de la Armada y de la Dirección Nacional de Meteorología, en tanto que el MEC aporta la producción, custodia y conservación de la información ciudadana, brindando un acceso adecuado a los registros y archivos.

El Archivo General de la Nación provee los servicios documentales con información oficial autenticada de los ciudadanos, optimizando la gestión y registro, democratizando su acceso y fomentando la integración social.

El MEF integra este sistema a través de la Dirección Nacional de Catastro.

El MTOP debe administrar el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.

El Ministerio del Interior tiene la misión de registrar, gestionar y proteger la información sobre las empresas de seguridad.

17. Área Programática: Servicios Públicos Generales

Esta AP comprende un conjunto de funciones tan variadas como la política exterior, las políticas públicas en derechos humanos, la gestión de fondos públicos, los servicios electorales, la gestión de recursos humanos, las políticas de regulación y control de diversos servicios para resguardar los derechos de los consumidores.

OTRAS NORMAS COMPLEMENTARIAS

Normas tributarias

Se presentan una serie de normas tributarias con los mismos objetivos prioritarios de la Reforma Tributaria: mejorar la equidad, la eficiencia recaudatoria y de facilitación a los contribuyentes y los estímulos a la inversión y el empleo.

Las normas que se agregan refieren a diversos ajustes, básicamente, al nuevo sistema tributario en materia de establecimientos permanentes de entidades de no residentes.

También hay exenciones, un conjunto de normas que refieren a la promoción del mercado de valores, normas de administración tributaria, por ejemplo, en materia de clausura, de donaciones especiales, de contabilidad suficiente respecto a los subsidios de inactividad, de rentas comprendidas en el IRPF, de fuente.

También hay unas cuantas normas referidas a la liquidación de IRPF, a la materia imponible del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto a las Rentas de los No Residentes. Muchas de ellas van en paralelo con los tres tipos de imposición a la Renta que tenemos.

En lo que hace al IVA, se habla de la configuración del hecho generador de espectáculos públicos y hay ajustes de redacción. Se prorroga la facultad al P. Ejecutivo de continuar otorgando a las IAMC un crédito de hasta 6% de IVA sobre sus cuotas mutuales.

En cuanto al IMESI, también hay un par de artículos de ajuste, referidos básicamente a vehículos buscando diferenciar aquellos con destino específico para la actividad productiva para poder beneficiarlos.

Asimismo se hace promoción a la eficiencia energética.

Hay normas nuevas en materia de créditos a las empresas que fabriquen bebidas y utilicen envases retornables con cuidado del medio ambiente.

Como norma más novedosa y que introduce beneficios a los contribuyentes del IRPF, se establecen créditos fiscales en materia de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas para los arrendatarios de inmuebles de hasta el 6% del monto del arrendamiento. Es decir que un 50% de lo que abona el propietario por concepto de IRPF se le va a otorgar como deducción de impuesto a quien paga el IRPF, dando al impuesto un carácter más diferencial por capacidad contributiva (a nivel de gastos personales) y que por ello profundiza aún más la redistribución del ingreso, permitiendo que aquellos que pagan arrendamiento obviamente, no son propietarios vean reducida su carga tributaria en materia de Impuesto a la Renta.

Como contrapartida, se facilita el control de la administración tributaria en lo que hace a los ingresos por la imposición a los rendimientos de capital inmobiliario, precisamente, en materia de arrendamiento. También se habilita al Poder Ejecutivo en esta misma área a conceder créditos y devoluciones para atender a los arrendamientos de temporada, que han sido una particular preocupación de la administración tributaria, ya que hay grandes dificultades para controlarlos.

Asimismo, hay algunas normas con respecto a la tasa consular que se mantiene hasta el próximo periodo de Gobierno.

Normas sobre sociedades

Los artículos que propone el Poder Ejecutivo tienen su fundamento en la mejora del funcionamiento del mercado de valores, en vista de la puesta en práctica de la Ley Nº 18.627, de mercado de valores, que fuera sancionada por el Parlamento en noviembre de 2009. A un año que se sancionara la ley el Poder Ejecutivo está reglamentando diversos aspectos de la norma y atendiendo sugerencias que se ha recibido de los operadores del mercado de valores.

En tal sentido, se modifica artículos de la ley de sociedades comerciales y se derogan o modifican algunos artículos de la ley de mercado de valores.

Se modifica el 247 de la ley de sociedades y restringe el concepto de sociedades anónimas abiertas a aquellas que recurran al ahorro público para la integración de su capital inicial, para aumentar el capital, o coticen sus acciones en bolsa. La diferencia con el artículo original de la ley de sociedades comerciales es que se elimina la consecuencia que se establece en la ley de sociedades, relativa a que cuando una sociedad controlante o controlada sale al mercado y cotiza en un mercado de valores se convierte en abierta, por el mero hecho de que una de las dos se presente a cotizar o recurra al ahorro público para su capital fundacional o para aumentarlo.

Se restablece la vigencia de dos artículos que derogó la ley de mercado de valores, sobre acciones escriturales para el caso de las sociedades que se conocen como cerradas.

Se deroga un artículo de la ley de mercado de valores que establecía una certificación notarial y protocolización del documento de emisión, que genera un costo adicional a la emisión y no agrega absolutamente nada en lo que tiene que ver con la validez y eficacia de ese documento que, además, debe ser presentado preceptivamente ante la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central lo que da fecha cierta.

Se cumple con lo previsto en la ley de mercado de valores que ordena al Poder Ejecutivo adoptar normas de práctica de gobierno corporativo.

Otras modificaciones de la ley de mercado de valores "alivian" las mayorías que la ley de mercado de valores exige para aprobar los contratos que realicen los Directores en actividades que no se relacionan con el giro de la empresa, y la retribución de los Directores.

Por último se habilita la transformación de las asociaciones civiles con personería jurídica que tengan por objeto la actividad propia de una bolsa de valores en sociedades anónimas con acciones nominativas y de capital variable.

Otras Disposiciones

Además de todo lo mencionado, se introducen normas en la búsqueda de dar mayor flexibilidad al Instituto Nacional de Colonización en la adquisición de tierras, sin perjuicio de mantener la adecuada transparencia en esas compras.

Se presentan también varios artículos relativos a la persona pública no estatal Centro para la Inclusión Tecnológica y Social (CITS), que continúa institucionalmente como Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia. Entre otros, se establece que el Poder Ejecutivo podrá solicitar apoyo al Plan Ceibal, buscando el ahorro de costos, para apoyar circunstancias especiales en que se necesite el uso intensivo de equipos informáticos y terminales, tales como elecciones o censos.

Se agregan también disposiciones para culminar los procesos de liquidación del Banco de Crédito, Comercial y Caja Obrera, y facilitar la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) atemperando las pérdidas heredadas de pasadas crisis empresariales.

También se aporta soporte legal incluyendo dentro de las competencias del LATU las actividades que este pueda desarrollar en su parque tecnológico para promover, coordinar y apoyar emprendimientos y empresas.

En conclusión este es nuestro Presupuesto para la continuidad de los cambios. Estamos cumpliendo con lo que le prometimos a la gente en la campaña electoral. Además de priorizar a los que menos tienen, en este presupuesto estamos priorizando también asignaturas pendientes, manteniendo el equilibrio para utilizar la política fiscal como instrumento de Política Macroeconómica al servicio de la sociedad.

Seguimos profundizando la matriz de protección social que configuró el Plan de Equidad, ampliando el papel de las políticas universales para el combate a la pobreza y la desigualdad. Pretendemos mejorar la focalización de las políticas contra la indigencia y a su vez priorizar la creación de viviendas para un espectro amplio de la población que no accede a ella.

Continuamos desarrollando un enfoque de derechos frente al enfoque asistencialista de las políticas sociales típicamente neoliberales. A su vez, priorizamos la seguridad pública como un derecho humano fundamental y una necesidad social, identificándola como una condición esencial para el desarrollo humano sostenible, usando todos los instrumentos con que cuenta el Estado para evitar que se vulneren los derechos de las personas.

Destinamos los recursos necesarios que garantice una educación pública (primaria, secundaria, técnica, universitaria) de calidad, que combata la deserción y el fracaso escolar, buscando al mismo tiempo ampliar la cobertura y descentralizar el acceso a la misma.

Todos estos cambios se irán desarrollando en un país con crecimiento económico sostenido y sustentable, con tasas de desempleo a la baja nunca vistas, con un sistema democrático sólido en dónde los acuerdos entre los partidos políticos nos permitan vislumbrar la fijación de Políticas de Estado que nos alienten a pensar el Uruguay 30 años hacia adelante.

Este es el camino a recorrer y seguramente el camino será nuestra recompensa.

Sala de la Comisión, 5 de octubre de 2010.

ALFREDO ASTI
Miembro Informante
GUSTAVO BERNINI
CARLOS GAMOU
OSCAR GROBA
DOREEN JAVIER IBARRA
ANDRÉS LIMA
GONZALO MUJICA
YERÚ PARDIÑAS
PABLO PÉREZ GONZÁLEZ
ALEJANDRO SÁNCHEZ
IVÁN POSADA, con las salvedades
que se expresan a continuación:

El presente proyecto de ley es el más importante del actual período legislativo. Constituye la expresión financiera del programa de gobierno, donde se trazan los lineamientos fundamentales de la gestión del período, se definen los principales objetivos de políticas económica y social, y especialmente, se determinan las principales prioridades para la asignación del gasto público. En realidad, del nuevo gasto público, porque notoriamente una parte sustancial del gasto del Estado uruguayo está congelada. Sin que haya existido una evaluación de su impacto, de si cumplió con los objetivos propuestos o cual es la valoración de sus resultados, así quedará. De pique, sin más trámite, se dan por buenas las decisiones del pasado que así lo determinaron.

Las prioridades para asignar los recursos públicos recaen fundamentalmente en seis áreas respecto a las cuales, todos los partidos, consideramos estratégicas para consolidar el crecimiento económico de nuestro país, y por ende, la calidad de vida de nuestra gente. De hecho, las políticas de seguridad pública, educación, salud, vivienda, inclusión social, energía e infraestructura son claves para que el desarrollo económico social de nuestro país sea sostenible en el tiempo y sustentable en términos ambientales. Pero además, los documentos suscritos recientemente por todos los partidos reflejaron acuerdos importantes en materia de seguridad, educación, medio ambiente y energía.

Estas coincidencias en cuanto a las prioridades de asignación del gasto público son las que fundamentan el voto en general favorable del proyecto de ley de Presupuesto Nacional. De hecho, la asignación del espacio fiscal proyectado para todo el período de gobierno contenido en el articulado que equivale aproximadamente a 1.080 millones de dólares, se realiza destinando 37% a Educación, 18% a Seguridad, 9% a Salud, 8% a Vivienda, 7% a protección social y 6% a infraestructura. El resto corresponde a Otros incrementos que reciben el 16%.

Vale pues expresar que nuestro voto acompañando en general el proyecto, no va en el sentido de dar por buenas las decisiones del pasado. Es sí una señal política que busca recrear una nueva cultura de gobierno donde el relacionamiento entre los partidos políticos deje a un costado la cáscara y se preocupe por el cerno de las políticas públicas. En veinticinco años, es la primera vez que un partido político que no integra el gobierno decide respaldar en general la propuesta sometida a consideración del parlamento de la República.

No obstante, el Partido Independiente tiene en relación a la propuesta presupuestal varias objeciones en general respecto a la política fiscal prevista para el período 2010-2015.

El escenario macroeconómico y las metas fiscales

Nuestro país tiene ante sí una coyuntura internacional particularmente favorable. Tan favorable que la discusión central entre los analistas económicos es si estamos ante un cambio estructural en la tasa de crecimiento de largo plazo. Nuestro país ha tenido históricamente una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) anual acumulada del orden del 2.5%. Sin embargo, después de la crisis del año 2002, se retomó la senda del crecimiento económico registrando, en el período 2004-2009, una tasa anual del PIB superior al 6%.

Es innegable que la economía mundial ha registrado cambios estructurales determinantes. De hecho, el ingreso de China e India al mercado mundial, con el particular crecimiento de sus PIB a tasas superiores al 10%, ha determinado un incremento sustancial en la demanda de alimentos con su consecuente incremento de precios. En tales circunstancias, la suba de precios de los commodities alimenticios ha sido la principal causa para explicar el crecimiento de nuestro país en los últimos años.

En tal sentido, es probable –aún cuando no haya certezas al respecto- que las economías emergentes como la nuestra continúen creciendo a tasas elevadas. De hecho, la última proyección del FMI conocida el pasado miércoles 5 de octubre, prevé que el PIB de nuestro país crezca 8.5% en el presente año y 5% en 2011, proyecciones por cierto superiores a las previstas por el gobierno de 6.5% y 4.5% respectivamente.

La continuidad del desacople, o sea, crecimiento de las economías emergentes a tasas elevadas, con fuerte crecimiento de la demanda interna, mientras que las economías desarrolladas crecen a tasas de 1% a 2%, con una demanda interna debilitada, altos niveles de desempleo, bajas tasas de interés y un dólar debilitado, parece la más probable en el corto plazo. Si se verifica esta situación, la perspectiva de la economía uruguaya recibirá un impacto positivo por la existencia de una demanda externa con precios sostenidos, como asimismo la posibilidad de acceder al mercado internacional de créditos con tasas de interés bajas. No obstante en este escenario se mantendrá la apreciación de la moneda y continuarán las dificultades en la colocación de las exportaciones a economías desarrolladas.

Otro escenario probable es que haya un acople hacia arriba entre el crecimiento de las economías desarrolladas a tasas de entre 3% y 3.5%, con un dólar que se fortalece y con tasas de interés que suben gradualmente a partir del año 2012, mientras que las economías emergentes prosiguen caracterizándose por la firme demanda externa e interna, lo que acentúa los riesgos de sobrecalentamiento de la economía y la formación de burbujas. En este escenario la economía uruguaya recibiría el impacto positivo del crecimiento de la demanda internacional de los productos que Uruguay exporta, a precios crecientes, aunque en tal caso es probable la existencia de presiones inflacionarias y el encarecimiento del crédito.

En cualquiera de estos dos escenarios la perspectiva de la economía uruguaya es particularmente favorable. Sin embargo, si bien su ocurrencia es menos probable, los analistas consideran como un escenario posible un acople hacia abajo, donde Estados Unidos cae nuevamente en recesión y arrastra a las economías emergentes. Esta situación se caracteriza por el estancamiento de las economías desarrolladas, con riesgo de entrar en deflación, demanda interna debilitada y altas tasas de desempleo, mientras que las economías emergentes arrastradas por la recesión del mundo desarrollado verían reducidas sus expectativas exportadoras, por la caída de la demanda y de los precios de las commodities. Resulta obvio que estas circunstancias impondrían fuertes restricciones al crecimiento de la economía uruguaya, al nivel del crecimiento histórico promedio, o aún por debajo del mismo.

El escenario macroeconómico que sirve de base al gobierno para proyectar el espacio fiscal se alinea en lo fundamental con quienes prevén la continuación del desacople del crecimiento entre las economías emergentes y las desarrolladas. Tal escenario surge del cuadro siguiente que acompañó la exposición de motivos del Poder Ejecutivo.

Sobre la base de estas proyecciones, dando especial relevancia al crecimiento de Brasil y China como motores del crecimiento mundial, con impacto favorable directo en la economía uruguaya, el Poder Ejecutivo plantea el siguiente cuadro de Escenario Macroeconómico para el período 2010-2015.

En el marco de este escenario macroeconómico los objetivos fiscales trazados por el gobierno nos resultan insuficientes, especialmente por la experiencia recogida en el gobierno anterior desde fines de 2008, cuando estalló la crisis mundial, y nuestro país que no había ahorrado recursos para enfrentar esa situación tuvo que recurrir al endeudamiento con organismos internacionales de crédito para tener la posibilidad de aplicar políticas contracíclicas. La propia exposición de motivos del Poder Ejecutivo reconoce que en el año 2009 hubo un "aumento significativo del endeudamiento público en porcentaje del PIB, revirtiendo la marcada tendencia a la baja que se venía registrado hasta ese momento. La deuda pública bruta total pasó de representar el 53% en 2008 a ubicarse en el orden del 69% del PIB en 2009". El Poder Ejecutivo se fija como objetivo una reducción de la deuda pública en relación al PIB del 40%. Más aún compartiendo las proyecciones macroeconómicas, sería deseable que el superávit fiscal primario fuera como mínimo del orden del 3.5% del PIB (ajustando obviamente el espacio fiscal destinado a financiar el nuevo gasto público) como forma de tener un mejor desempeño fiscal, fortaleciendo la consolidación en el tiempo del desarrollo económico social.

Las metas fiscales del gobierno son más bien modestas y se privan de aprovechar una coyuntura favorable para tener, entre otras cosas, un mayor margen para incidir en la pérdida de competitividad derivada de la caída del Tipo de Cambio Real (TCR), especialmente con las economías desarrolladas.

El siguiente cuadro presenta las metas previstas para el período de gobierno 2010-2015.

En la visión del Partido Independiente, la política económica debe procurar evitar los cambios imprevistos. Qué el crecimiento económico no sea conmovido por sacudones cíclicos, sean éstos al alza o la baja, con el consecuente impacto en los objetivos sociales de empleo, equidad y reducción de la pobreza. Por eso pensamos que el manejo de las cuentas públicas debe ser contra cíclico de manera tal que funcione como un estabilizador de la economía.

Es relevante pues dejar en claro que la política fiscal tiene pues una función estabilizadora. El gasto público neto debe incrementarse durante las recesiones y contraerse durante los auges para compensar las fluctuaciones del ciclo económico. Para lograr la consistencia intertemporal de las finanzas públicas es preciso adoptar indicadores que nos permitan medir el comportamiento en el tiempo de diversos agregados fiscales. Por tales razones, vamos a insistir, aunque seguramente sin éxito, en la necesidad de adoptar una regla fiscal para hacer sostenible el crecimiento económico, implementando políticas contra cíclicas que permitan, de acuerdo a la proyección histórica de nuestro crecimiento y la evolución de los principales productos que Uruguay exporta, ahorrar en los períodos de crecimiento (mayor superávit fiscal) para enfrentar con éxito los períodos de crisis.

Es tiempo de que nuestro país se plantee un objetivo de superávit estructural, de forma tal de relacionar la situación fiscal de cada año con el comportamiento cíclico de la economía. Para ello sería necesario definir a priori el nivel de resultado fiscal, para a posteriori resolver la estructura del gasto público y de recaudación del próximo período de gobierno. Fijar previamente el nivel de resultado fiscal y en consecuencia, del endeudamiento público, nos evita que la discusión respecto al nivel del gasto público y de la carga tributaria, se zanje a costa de un mayor déficit del sector público, o lo que es lo mismo, un mayor endeudamiento neto.

La creación de un fondo estructural de reserva va de la mano con una política económica contra cíclica, para echar mano a él en períodos de recesión cuando haya que incrementar el gasto público para mantener el nivel de actividad, y para dotarlo de mayores recursos en los períodos de crecimiento de la economía.

Hay otra confusión que bueno sería aclarar en esta instancia de discusión presupuestal. Un viejo adagio popular postula que no se puede chiflar y comer gofio. En forma equivalente, en política económica, no se puede pedirle al Banco Central que haga política monetaria y exigirle a su vez, que haga política cambiaria.

Si el Banco Central hace política monetaria, la política cambiaria le queda reservada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y ésta deberá ser compatible con los objetivos de la política fiscal y de crecimiento económico. Para nuestra autoridad monetaria el objetivo fundamental es la estabilidad de precios. Felizmente es una lección aprendida. La inflación se comporta en los hechos como un impuesto que castiga más fuertemente a los sectores de asalariados más débiles, transformándose en un fuerte incentivo para la expansión de la informalidad del empleo.

Estamos convencidos que es necesario tender a un Tipo de Cambio Real (TCR) más alto que el actual, dada la incidencia que esta variable tiene en la determinación de la capacidad de competencia de los productos que Uruguay exporta y de la sostenibilidad de la producción local respecto a los bienes y servicios importados. O sea, que el actual nivel de TCR incide directamente en la rentabilidad de producir bienes y servicios transables, y por ende, en la determinación de los niveles y estructura de la inversión y, consecuentemente, en la generación del empleo de calidad. En nuestra visión, las intervenciones del MEF deben orientarse a estabilizar el tipo de cambio real a un nivel que sea estable, previsible, y a la vez remunerador para la producción de bienes y servicios transables. La política cambiaria pues, debe estar en línea con la política fiscal contra cíclica y la generación de superávits fiscales estructurales, es decir medidos con independencia del ciclo económico.

Un TCR que haga competitivas muchas actividades transables traerá tres consecuencias que se observan en todos los países que, en los últimos 40 años, han emprendido este camino. La primera es que la economía se va a aproximar al equilibrio del balance externo del comercio de bienes. La segunda es que, al resurgir los sectores transables no primarios, se va a reducir el desempleo y el empleo de bajos ingresos porque se generarán empleos productivos que podrán pagar salarios altos. La tercera, que posiblemente es aún más importante, es que producir bienes transables permite crecer tecnológicamente y con ello dejar de crear únicamente empleos públicos o en servicios necesariamente pequeños y carentes de la posibilidad de introducir progreso técnico porque están orientados sólo a nuestro minúsculo mercado interno, y en muchos casos apenas al barrio en que operan.

Otras objeciones

El proyecto de ley merece diversas objeciones en relación a las propuestas contenidas en varios de los distintos incisos que componen el Presupuesto Nacional. En primer lugar el Partido Independiente considera inconveniente el incremento de cargos públicos y el nuevo empuje de creación de cargos de particular confianza, donde solo algunos de los previstos tienen verdadera justificación.

A este respecto debe señalarse especialmente que la propuesta de crear Coordinadores Departamentales en el ámbito de la Presidencia de la República, constituye un claro apartamiento de las normas constitucionales. En efecto, el artículo 149 de la Constitución de la República establece que: "El Poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente de la República actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, …". Mal puede entonces designar el Presidente de la República, coordinadores sean éstos departamentales o regionales, que no van a responder al Ministro respectivo sino al propio Presidente, y que eventualmente van a trasmitir órdenes del Presidente a jerarcas departamentales de distintas unidades ejecutoras pertenecientes a los Ministerios, sin que este sea un mandato del Poder Ejecutivo.

El Partido Independiente también rechaza la creación de 18 funciones de Coordinadores Departamentales (increíblemente se llaman igual que los referidos anteriormente) en el ámbito del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Asimismo merece especial rechazo la creación de múltiples cargos de confianza para personal civil en el Ministerio de Defensa que afecta claramente el respeto debido a la organización jerárquica de las Fuerzas Armadas.

En segundo lugar, la propuesta del Poder Ejecutivo no avanza en la anunciada reforma del Estado. Por el contrario, se prevé la creación de cientos de cargos públicos en los diversos Ministerios, y además, en las normas generales sobre funcionarios públicos se crea el contrato temporal de derecho público cuya duración será de tres años, prorrogables por única vez por 18 meses. Se crea pues una nueva categoría de funcionarios, cuya duración en el cargo se corresponde con el período de gobierno. Si realmente resulta necesaria su contratación debieran ser funcionarios del Estado.

En tercer lugar, cabe resaltar que el actual partido de gobierno fue el principal impulsor de la Ley Nº 18.508 de Negociación Colectiva en el Marco de las Relaciones Laborales en el Sector Público. En la citada ley se expresa en su artículo 4º lo siguiente:

Artículo 4º. (Negociación colectiva).- Negociación colectiva en el sector público es la que tiene lugar, por una parte entre uno o varios organismos públicos, o una o varias organizaciones que los representen y, por otra parte, una o varias organizaciones representativas de funcionarios públicos, con el objetivo de propender a alcanzar acuerdos que regulen:

A) Las condiciones de trabajo, salud e higiene laboral.

B) El diseño y planificación de la capacitación y formación profesional de los empleados en la función pública.

C) La estructura de la carrera funcional.

D) El sistema de reforma de la gestión del Estado, criterios de eficiencia, eficacia, calidad y profesionalización.

E) Las relaciones entre empleadores y funcionarios.

F) Las relaciones entre uno o varios organismos públicos y la o las organizaciones de funcionarios públicos correspondientes y todo aquello que las partes acuerden en la agenda de la negociación.

Las partes están obligadas a negociar, lo que no impone la obligación de concretar acuerdos.

Sin embargo, la propuesta del Poder Ejecutivo en esta materia desconoció lo preceptuado en el referido artículo, a partir de lo cual se ha generado una situación de conflicto con los funcionarios públicos que se podría haber evitado si se hubiera cumplido con lo establecido en la ley.

En cuarto lugar, consideramos desacertado la ampliación de las potestades existentes que tendrán a partir de la aprobación de esta ley todos los Ministros para contratar adscriptos. La partida presupuestada prevé que los Ministerios gastarán un monto aproximado de 3,8 millones de dólares.

Por último, el Partido Independiente considera inconveniente las modificaciones introducidas a las competencias de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. Las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo le quitan el principal cometido de esta Unidad, vale decir, regular las actividades referidas a las telecomunicaciones. Lo aprobado supone que el Poder Ejecutivo asume esa competencia que pertenecía a la URSEC.


 

Comisión de Presupuestos,
integrada con la de Hacienda

INFORME EN MINORÍA

Señores Representantes:

El presente es el informe en minoría de los integrantes del Partido Nacional, en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo "Presupuesto Nacional Período 2010-2014".

A continuación se detallan las consideraciones que justifican nuestro voto negativo:

Presentación del Presupuesto

El proyecto de ley Presupuestal presentado, es portador de muchas falencias, queremos hacer una respetuosa pero crítica visión acerca de la forma en que se ha presentado. Es realmente muy difícil tratar el articulado como vino. Al Poder Ejecutivo le lleva un año elaborar el Presupuesto, pero nosotros -los integrantes de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda- sólo tenemos cuarenta y cinco días para considerarlo. A los siete días de haber ingresado al Parlamento, cuando ya consumimos una parte de los cuarenta y cinco días que tenemos, se nos reparte, lo leemos y lo estudiamos en la medida que podemos, pero luego cada Organismo viene a la Comisión y sustituye lo que nos mandó, argumentando que lo que nos mandó no era lo correcto.

Hemos encontrado artículos repetidos, contradictorios, hasta creaciones de un mismo cargo de confianza dos veces. En algunos aspectos no nos cierran los números con la primera información que se nos dio. Se cambiaron los cuadros, por lo que la Secretaría de la Comisión tuvo que trabajar intensamente. A cada momento, en el estudio de la norma presupuestal, teníamos que estar corrigiendo lo que se nos había mandado. Cada Inciso que comparecía a la Comisión se presentaba con un articulado nuevo que presentaba algún cambio del original. Vale la pena mencionar, que la Oficina Nacional del Servicio Civil tuvo que presentarse en dos ocasiones por la cantidad de cambios y modificaciones que se incluían.

Con estos procedimientos que se dieron en toda la etapa de estudio presupuestal, es muy difícil hacer un trabajo acorde a la importancia del tema que estamos tratando.

Es llamativa la evaluación que hacen los sindicatos de la Administración; recibimos un documento, de los gremios vinculados al Ministerio de Economía y Finanzas, en el que realizan afirmaciones muy fuertes de cómo se presentó el Proyecto de Presupuesto, nos preocupa que allí se diga que no ha sido la Contaduría General de la Nación la que ha elaborado este proyecto, cuando es esa Unidad Ejecutora la que tiene responsabilidad en la materia. En ese documento se dice que por resolución del Ministerio, en 2009 esas funciones pasaron a otra oficina, y que esa es la razón por la cual el proyecto de Presupuesto llegó en estas condiciones. Transcribimos parte de estas manifestaciones:

"…Por último, y como evaluación general del proyecto de ley enviado al Parlamento, se debe dejar constancia que por Ley Nº 16.736, artículo 37, Contaduría General de la Nación es el órgano responsable del sistema presupuestario nacional, en sus aspectos técnicos y operativos, asignándosele entre sus cometidos, la preparación del proyecto de ley de Presupuesto Nacional y sus modificaciones; así como lo referente a los procedimientos del proceso de su formulación, su análisis conjuntamente con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el dictado de las normas técnicas para su formulación, modificación, seguimiento y ejecución.

Estos cometidos asignados legalmente no fueron cumplidos ya que la CGN contó con escasa participación en la elaboración de este Presupuesto.

Durante el período del Gobierno anterior se creó en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, la Unidad de Presupuesto Nacional (UPN) del MEF, a la que en el año 2009 y por resolución se le asignaron cometidos que se superponen a los conferidos por el legislador a CGN.

Históricamente, CGN ha tenido un rol preponderante y de jerarquía técnica en el proceso presupuestal.

Esta Unidad Ejecutora es la proveedora natural de la información sobre ejecución presupuestal, siendo además de asesor directo al MEF y a los organismos incluidos en el Presupuesto Nacional.

Esta Contaduría se caracteriza por su especialización en ésta área, pudiendo aportar una base experimentada para que la formulación del presupuesto sea acorde a los principios de ejecución y contabilización, tanto en el sistema presupuestal como en el patrimonial, por las siguientes razones:

- cuenta con infraestructura;

- dotada con un plantel de funcionarios de probada formación presupuestaria y contable;

- administra los sistemas informáticos;

- dispone de la información pormenorizada de la situación de los Incisos.

Este Presupuesto no fue elaborado como habitualmente se realizaba, no se generaron los equipos multidisciplinarios de trabajo a nivel de los Incisos, que permitían contar desde el inicio con asesoramiento técnico y jurídico del personal de CGN especializado en la materia.

Con esta dinámica de trabajo, se obtenía un producto analizado desde varios ángulos técnicos según la disciplina de cada integrante del mismo. En consecuencia, existía un articulado de mejor técnica legislativa acompañado del respectivo costeo, asegurándose una instancia de Errores y Omisiones dirigida a temas puntuales y no a una mala presupuestación del Gasto.

En este presupuesto no existió esta dinámica de trabajo, ya que el mismo fue centralizado por la UPN con menguada participación de CGN.

En esta oportunidad, se instaló una herramienta informática (SPA) para el trabajo de elaboración del proyecto, la que no dio los resultados esperados.

Este proyecto de Presupuesto Nacional, es el más pobre desde el punto de vista técnico de los últimos veinte años, por lo que es necesario informar a esta Comisión cual fue la verdadera participación de estos funcionarios en este proyecto de ley…".

En relación de lo expuesto, el propio Ministro de Economía se excusó reconociendo esta circunstancia, dice el economista Lorenzo:

"...pedimos disculpas por algunas deficiencias que ya anunciábamos en la primera presentación del proyecto de ley de Presupuesto que podían encontrarse en el texto. Como bien decía el señor Diputado Gandini, había artículos repetidos y otros no figuraban.

En aquel momento, mencionaba que habíamos inaugurado un sistema. Eso es absolutamente cierto, y no sería justo de mi parte omitir decir que eso explica algunos problemas planteados. Hay otros problemas que no tienen que ver con esto, señor Diputado además de que introdujimos este conjunto de herramientas tecnológicas y procedimientos nuevos, sino con que durante la elaboración de este proyecto de ley de Presupuesto nos vimos enfrentados a una situación muy peculiar, y es que se elaboró en medio de un conflicto del gremio de la Contaduría. Este es un aspecto que pido que todos los integrantes del Parlamento tengan en cuenta porque no es un acontecimiento insignificante en el proceso de elaboración del proyecto de Presupuesto. Los trabajadores habrán tenido sus razones para haber entrado en conflicto, pero el proyecto de Presupuesto se realizó en circunstancias funcionales no comparables a las de otras instancias…".

Es parte del trabajo que tuvimos que realizar, que como bancada del Partido Nacional queremos dejar constancia, que se nos ha dificultado mucho la consideración del Presupuesto, incluso con innumerables aditivos presentados, increíblemente, por la bancada de Gobierno, que es la que generalmente no presenta aditivos, porque había que corregir la iniciativa original.

Es muy importante tener en cuenta lo planteado, para valorar el trabajo de una Comisión que hizo un esfuerzo muy grande para cumplir de la mejor forma con la tarea encomendada.

Análisis macroeconómico

El proyecto de ley de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento es la principal iniciativa del gobierno a estudio del Poder Legislativo en el período de gobierno. Por lo tanto, debemos analizarlo detenidamente, ya que es la proyección económica y financiera de lo que efectivamente se propone hacer durante los próximos 4 años.

En su exposición de motivos, el Ejecutivo vuelve a señalar aspectos que fueron refutados por el Partido Nacional en su informe sobre la Rendición de Cuentas 2009. Se incurre en la defensa del manejo fiscal de la pasada administración cuando es claro que el crecimiento de la deuda pública y del déficit fiscal se debe al "carnaval electoral" desatado por la administración Vázquez. Se afirma sin ningún fundamento científico que la tasa de crecimiento de la economía uruguaya es sensiblemente más alta que la histórica. Es más, parte de ese crecimiento por encima de la tendencia histórica se debe a la alta capacidad ociosa de la economía en recursos físicos y humanos. Se afirma que se aprovechó la bonanza internacional para reducir vulnerabilidades de la economía, lo que desmienten rotundamente las cifras del año 2009 y que todos los ingresos adicionales que tuvo el gobierno se destinaron a aumentar el gasto público. No existen las grandes reformas estructurales que se mencionan, ni las grandes inversiones en infraestructura. En fin, como señalamos en su momento el tono es desmedido y poco realista.

Los principales objetivos que fija el Ejecutivo son compartibles: seguridad, educación y vivienda, aunque debemos señalar que faltan otros muy importantes y que nada se hizo en la pasada administración -ni se proyecta en la actual- para medir con seriedad la eficiencia del gasto. En este sentido, es un triste ejemplo, que pese al esfuerzo fiscal de los últimos 5 años, la situación de la Educación Pública es cada vez peor. Como veremos a continuación, el proyecto presenta otras deficiencias importantes, desde el punto de vista de los supuestos de partida, las proyecciones realizadas, la política fiscal y monetaria.

Los supuestos

El escenario internacional proyectado por el gobierno es tomado de organismos internacionales y empresas financieras. No fue, por tanto, elaborado por el Ejecutivo, lo que es señalado como un mérito. El siguiente cuadro resume los principales supuestos:

Como puede observarse, es un escenario en el que el mundo va a crecer a un promedio de 4,5% entre 2010 y 2015 y un crecimiento algo menor para nuestros principales socios comerciales, Argentina y Brasil. Se espera también un crecimiento en todos los años del precio de algunos commodities como los cereales y la carne.

El siguiente escenario es proyectado por las fuentes citadas por el Ejecutivo como el más probable, de ninguna manera puede ser considerado como información fidedigna para tomar decisiones ciertas. En otras palabras, las técnicas econométricas de proyección siempre se basan en el supuesto de que las cosas van a seguir siendo como son ahora y, en consecuencia, nunca prevén una crisis. Sería imposible que lo hicieran ya que si la economía mundial o regional entra en recesión en 2013, por ejemplo, puede deberse a una crisis política, a un acontecimiento económico imprevisto o a cualquier otro hecho que no estaba considerado en los supuestos de base. Pero como todo indica que los ciclos económicos siguen existiendo, el proyecto debería considerar la eventualidad de que la economía internacional no siguiera en los próximos 5 años creciendo a una tasa como la proyectada.

Pasemos ahora a ver cómo considera el Ejecutivo que se comportarán las principales variables de la economía nacional:

El escenario planteado supone que la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía es de 4%, un fuerte crecimiento de la inversión, el consumo, las exportaciones y las importaciones. Que la tasa de inflación medida por el IPC se estabilizará en el 5%, que el tipo de cambio real (TCR) permanecerá constante y que el Índice Medio de Salarios (IMS) crecerá en promedio a una tasa superior al 3%.

Al igual que en las proyecciones internacionales no se prevén –y no podrían preverse- la ocurrencia de crisis. La crítica relevante es que se establece que el Uruguay ha entrado en una fase de crecimiento superior a la de toda su historia y no se fundamenta por qué. No se realizó ninguna reforma en el Estado, a nivel del sistema financiero o del mercado de capitales, en el mercado de trabajo, en la inserción internacional del Uruguay o en ningún ámbito que avale pensar que esto es así. Por el contrario, las reformas llevadas a cabo desde 2005 han empeorado el clima de negocios y de inversión en el país, como la reforma tributaria o la reforma de la salud. La primera volvió más complejo, burocrático y gravoso el sistema tributario y la segunda centralizó y estatizó el manejo de la salud, con resultados económicos negativos para los centros de atención. El gobierno no puede sostener seriamente que se haya entrado en una fase de crecimiento que es incompatible con la historia del país, con la existencia de los ciclos económicos y con las tasas de crecimiento de nuestros vecinos.

En efecto, la tasa de crecimiento uruguaya desde hace mucho tiempo es muy similar a la de Argentina y Brasil, en general más cerca de la primera. Por lo tanto, si se supone que la tasa de crecimiento de largo plazo de Argentina es del 3% y la de Brasil de 4,1% ¿en que se basa el gobierno para suponer que a partir de ahora vamos a crecer tanto más? Se supone que en los próximos seis años el producto por habitante de Uruguay va a crecer un 27%, el de Argentina un 11,7% y el de Brasil un 19,8%, lo que no parece razonable.

Otro supuesto discutible es el que explícitamente ha señalado el Ministro de Economía y Finanzas, que afirma que el TCR permanecerá constante hasta 2014. En un mundo en el que la fluctuación del dólar, en general a la baja frente a otras divisas fuertes, aparece como un supuesto bastante temerario. Máxime teniendo en cuenta que el gobierno no fue capaz de sostener la caída del dólar de las últimas semanas, pese a las constantes intervenciones. El atraso cambiario que viene sufriendo el país, según las estimaciones oficiales del Banco Central del Uruguay, de más del 10% en el último año y aún mayor en la de algunos centros privados, que afecta notoriamente al sector exportador, parece un fenómeno que el gobierno no logra asimilar. El presupuesto planteado, además, induce a pensar que el atraso cambiario será mayor en el futuro, como veremos en seguida.

También es difícil de justificar que la inflación de largo plazo pase a ser del 5% cuando el Banco Central ha sido persistentemente incapaz de cumplir las metas de inflación que se fija a sí mismo.

Pero el aspecto más grave del proyecto es no prever la posibilidad de la ocurrencia de algún revés económico en los próximos años. Como veremos más adelante, el crecimiento excepcional que se supone que tendrá el país, y por lo tanto, de la recaudación y los ingresos del Estado, se destinarán íntegramente a aumentar el gasto público. Deseamos fervorosamente que se cumplan los pronósticos y nuestro país crezca, pero el gobierno debería tener presente la posibilidad de que eso no ocurra, mediante la creación de una regla fiscal que le posibilite ahorrar cuando el crecimiento es excepcional para poder gastar cuando llegue la época de las vacas flacas, que, tarde o temprano, llegará. Pongamos un ejemplo bien gráfico, que muestra claramente que este Gobierno no se ocupa de tomar previsiones para circunstancias eventualmente adversas: El único artículo que presenta el Ejecutivo, en este sentido, es el referido en el proyecto quinquenal con el Nº 31, por el que se crea el Fondo de Estabilización Energética para prever posibles dificultades en el futuro, en materia energética. Este artículo sería la excepción que confirma la regla, de un gasto desmedido, en el que no se generan reservas con destino a paliar situaciones desfavorables.

No dudamos por lo tanto, en calificar la propuesta del Ejecutivo como de "altamente irresponsable", ya que al querer utilizar todos los recursos que le ingresan en épocas extraordinariamente favorables, está condenando al país a pasar momentos muy malos cuando cambie la fase del ciclo económico. Y en ese momento será tarde para reaccionar. Como la cigarra, estaremos indemnes ante el frío invierno.

La política fiscal

Pasemos ahora a considerar los resultados fiscales previstos por el Ejecutivo en los próximos años:

El gobierno anterior obtuvo resultados fiscales cada vez más negativos con el paso del tiempo. Es así que el resultado primario fue positivo pero cada vez menor, comenzando con un 4% del PIB en 2005 y finalizando en un 1,1%. Pese a que la carga de intereses disminuyó en relación al producto, a medida que se acercaban las elecciones nacionales, la Administración Vázquez fue "abriendo la canilla" y desatando un carnaval electoral, lo que resulta inocultable. Es así que a pesar del fuerte crecimiento del período, indiscutiblemente por encima del crecimiento tendencial, el país mantuvo un déficit inaceptable.

En cuanto a la deuda pública, la situación fue diferente, su baja fue continua en relación al producto hasta el año electoral en que creció abruptamente:

Las razones esgrimidas por el Gobierno como "la crisis financiera internacional" o el "sobrecosto" energético, no resultan creíbles a la luz de otros resultados positivos de la economía y del notorio incremento con fines electorales. Al respecto abundamos en el informe sobre la Rendición de Cuentas del ejercicio 2009.

El gobierno se plantea obtener los siguientes resultados fiscales para el período 2010-2015:

Partiendo de un resultado negativo de 1,2% del PIB en 2010 se pretende llegar a un resultado también negativo de 0,7% en 2015. Como se puede observar, tanto el resultado primario como el pago de intereses se mantendrán bastante estables en el período.

Al igual que en el período anterior, resulta inaceptable que con las tasas de crecimiento de la economía y de la recaudación previstas, se mantenga un resultado fiscal negativo similar al de partida. Y esto suponiendo que no ocurra a nivel internacional ningún evento negativo. En caso de que las previsiones optimistas del Gobierno no se cumplan, el país quedaría en una situación extremadamente vulnerable. Se compromete además, una meta que todos deseamos, que es que el Uruguay vuelva a obtener el grado inversor para poder reducir la carga de intereses de deuda pública que afrontamos.

Lo cierto es que de cumplirse las proyecciones, alcanzaremos el récord de crecer 13 años seguidos a tasas históricamente altas y, paradójicamente, terminaremos un período de excepcional prosperidad con aumento de la deuda pública producto de los desequilibrios fiscales. Es insostenible pensar que luego no llegará un momento de enlentecimiento de la economía o directamente de recesión y si en medio de una prosperidad única tuvimos déficit fiscales acumulativos ¿qué dejamos para ese momento? Estamos apostando contra nuestra propia suerte y la irresponsabilidad en que hoy incurre el Gobierno la terminarán pagando los uruguayos más temprano que tarde.

Un comentario adicional sobre el "espacio fiscal"; este término inventado por el gobierno que viene a significar la plata que le sobra incluso es cuantificado:

En ningún manual de economía ni en ningún otro país del mundo existe la expresión "espacio fiscal", es tan absurdo o vacío como "país productivo" o "mejores normas tributarias", pura retórica.

Al Gobierno no le puede sobrar plata, porque si le sobra la tiene que devolver a los sufridos contribuyentes del Estado uruguayo. No hay en el extenso proyecto de Presupuesto presentado por el Ejecutivo ninguna rebaja impositiva que importe a los uruguayos y de hecho la presión fiscal, que ya es elevada, va a aumentar en el presente período, como surge de los propios números oficiales: los ingresos del sector público no financiero pasarán de 27,7% del PIB en 2009 a 29,6% en 2014 (máximo del período). De nuevo es necesario señalar que la política procíclica y el avance del Estado en la economía en épocas de bonanza anuncian severas dificultades para cuando el viento no nos sea favorable.

Política Monetaria

Es necesario hacer un apunte sobre la política monetaria; dado el resultado fiscal previsto para los próximos años, los supuestos adoptados y las metas fijadas el resultado será que el presupuesto inducirá un atraso cambiario mayor al que ya experimentamos. Esta alerta debe ser hecha para que el gobierno tome las medidas necesarias para revertir esta situación. Si a la situación de deterioro de la competitividad acumulada en los últimos años se suma un mayor atraso cambiario en los próximos años, estaremos comprometiendo a importantes sectores de la vida nacional y las previsiones de crecimiento de nuestras exportaciones.

Es claro que el Gobierno no desea generar esta situación, pero la misma se deduce de los números planteados en el proyecto de Presupuesto nacional. No es un tema que podamos dejar pasar por alto, ya que el país está en condiciones de evitar una situación que conocimos en el pasado y cuyas consecuencias son nefastas.

SECCIÓN I Y SECCIÓN II

Disposiciones generales – Funcionarios

Cargos de Particular Confianza

Reforma del Estado

Tenemos una serie de comentarios que hacer a este proyecto de ley, que es el más importante de todo Gobierno, ya que en la Ley de Presupuesto se fija el Plan Global Nacional del Gobierno.

La Reforma del Estado tan anunciada por el Gobierno anterior y que fuera el "Barco Insignia" de todas las reformas que se habían prometido realizar, se hundió antes de zarpar, pero lo grave fue que no se llegó a conocer su contenido, ni siquiera un índice de la misma.

Este nuevo Gobierno realizó, gran parte de su campaña electoral, con el estandarte de la Reforma del Estado, pero en ningún momento dijo en qué consistiría, simplemente se limitó a destacar la ineficiencia del Estado y a responsabilizar de la misma a los funcionarios públicos. En consecuencia esperábamos que en la Ley de Presupuesto se sentaran las bases de la tan anunciada reforma, pero lamentablemente no ha sido así.

Tomando en consideración lo expuesto y los dichos del Señor Presidente Mujica en cuanto "la estatización es una solución abandonada", era de suponer que la tendencia sería buscar la eficiencia a través de un Estado más pequeño y más profesionalizado. Sin embargo, recorriendo los cientos de artículos que contiene este proyecto de ley, nos encontramos con la paradoja de que lo que se pretende crear es un nuevo Estado basado en una gran burocracia y con características muy particulares.

Por un lado estaría la burocracia actual, que ya cuenta con miles de nuevos funcionarios ingresados durante el Gobierno anterior y especialmente en el último año, y por otro lado una burocracia donde la "confianza" se abre paso frente a la profesionalización y especialización en el desarrollo de las tareas prioritarias y de mayor jerarquía.

A medida que íbamos avanzando en la lectura de los artículos y veíamos la cantidad de partidas que se asignan para cargos de particular confianza, Adscriptos, contrataciones, etc., se nos iba generando una sensación, con reminiscencias de países de otras épocas donde la política partidaria se había infiltrado en la burocracia, que la Reforma del Estado tiene su fundamento en la generación de una burocracia paralela a la existente, totalmente politizada y sin exigir profesionalismo, a través de la cual se dirigirá al Estado desde los Comité de Base.

Los números siguientes demuestran por si solos lo que estamos afirmando:

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

137

177

187

195

198

198

259






A vía de ejemplo, podemos mencionar algunos de los cargos de Particular Confianza que se crean:

. en la Presidencia de República, 3 cargos de Director para la Unidad Nacional de Seguridad Vial, 1 Director Ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional; 3 Coordinadores (de Políticas Territoriales, de Estrategias de Desarrollo y Políticas de Inversión y de los Presupuestos Públicos), además de los 18 cargos de Coordinadores Departamentales;

. en el Ministerio de Defensa 1 Director Nacional de Sanidad y 1 Director para la Red de Asistencia e Integración Social, a los que deben agregarse 1 Director General de Política de Defensa, 1 Director de Fomento Militar, 1 de Asuntos Internacionales, Cooperación y Derecho Humanitario, 1 de Asuntos Jurídicos, Notariales y Derechos Humanos y 1 Director Nacional de Pasos de Frontera;

. en el Ministerio de Salud Pública 1 Director de Programación Estratégica, 1 como Coordinador General de Descentralización además de 1 Director General del Sistema Nacional Integrado de Salud, y en el Ministerio del Interior 1 Director Nacional de Seguridad Policial;

. en el Ministerio de Relaciones Exteriores, 5 cargos de embajadores itinerantes;

. en el Ministerio de Turismo, se crea 1 Director Nacional de Turismo;

. en el Ministerio de Educación y Cultura 1 Director General de la Comisión del Patrimonio;

. en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, 1 Director de Vivienda Rural;

. en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 1 Director Nacional de Planificación y Logística, 1 Coordinador del Área Metropolitana y 1 Director Nacional de Descentralización y Coordinación Departamental.

Reiteramos, no sabemos cuál es la Reforma del Estado, pero sí que hay más gasto. Hay 61 cargos de particular confianza más, lo que representa un incremento de un 88% respecto a los existentes en el 2004. ¿No alcanzaban los 200 existentes?; ¿Saben cuánto cuesta eso? Estos cargos de confianza salen más de US$ 2.000.000 anuales; pero el gasto se incrementa aún más, ya que a la mayoría de los cargos de confianza se les aumentan los sueldos, partiendo de la equiparación del Ministro con un Senador, lo cual incrementa el gasto en más de US$ 1.500.000 anuales.

Respecto a lo ya comentado de la sustitución de la especialización por la confianza, podemos mencionar a vía de ejemplo:

- se transforman en "de particular confianza" los actuales cargos de Auditor Interno de la Nación, las Direcciones del Museo Histórico, de Catastro y de la Pequeña y Mediana Empresa, más la Propiedad Industrial, Energía, el Director Técnico de Proyectos de Desarrollo y el Inspector General del Trabajo.

Además de los cargos de Particular Confianza del Poder Ejecutivo, se asignan importantes partidas anuales, de alrededor de los US$ 4:000.000, para la contratación de Adscriptos a los Señores Ministros, que serían también cargos de confianza de éstos, ya que pueden designarlos en forma directa y sin ningún tipo de requisito especial. De acuerdo a nuestros cálculos y a las remuneraciones que supuestamente deberían percibir, estamos pensando que se contratarían aproximadamente unos 120 Adscriptos distribuidos por Incisos de la siguiente forma:

Por si esto fuera poco, se asignan importantes partidas, aproximadamente US$ 24:000.000, para contratación de personal, sin indicación de cantidad ni retribución, distribuidos en los Incisos de la siguiente forma:

Distribución de partidas anuales en $ 
2 -

Presidencia
3 -

MD
5 -

MEF
6 -

MRREE
7 -

MGAP
8 -

MIEM
9 -

MTD
10 -

MTOP
11 -

MEC
12 -

MSP
13 -

MTSS
14 -

MVOTMA
15 -

MIDES
122 30 24 19 40 110 12 5 32 26 28 36 5




A todo esto debe agregarse un elevadísimo número de creaciones de cargos de carrera, algunos justificables como los del Ministerio del Interior y los del Ministerio de Salud Pública y otros nada razonables.

Luego de efectuar todos estos análisis, nos sentimos como trasladados en el tiempo hacia el vecino país y en la Plaza de Mayo, frente al Cabildo a viva voz reclamar "el Pueblo quiere saber de qué se trata".

Los funcionarios, los cargos y sus salarios

El capítulo de Funcionarios constituye una de las razones fundamentales para votar en contra este Presupuesto quinquenal. No tanto por lo que contiene, que acompañamos en su mayoría, sino sobre todo por su intrascendencia.

El Gobierno pierde una gran y probablemente única oportunidad de hacer lo que debe y además lo que anunció. Esperábamos cambios importantes para comenzar a concretar la tan anunciada Reforma del Estado. Eso fue lo que desde el primer día de su mandato anunció el Presidente de la República. Ni siquiera encontramos una sola mención a los "Servidores Públicos".

Ni siquiera los tímidos cambios que contiene este proyecto de Presupuesto son demasiado innovadores, sino más bien restauradores de sistemas aprobados y utilizados por gobiernos anteriores. Nos referimos a la adaptación del régimen de excedencias de funcionarios cuyo perfil no encuadra en su organismo de origen y la posterior redistribución a otro Inciso respetando sus derechos y remuneración. Acompañamos estos artículos al igual que los que crean el Registro de Vínculos con El Estado y el Sistema de Reclutamiento de los Recursos. Este último francamente insuficiente en relación a lo prometido.

Propusimos sin éxito, como alternativa más completa y efectiva la creación de la Ventanilla Única; un mecanismo más seguro y transparente para asegurar el ingreso de todos los funcionarios públicos por un solo lugar, siempre por concurso y con garantía para todos. El gobierno no aceptó nuestra propuesta, ni el Frente Amplio lo acompañó en Comisión. La ventanilla única propuesta aleja la tentación del jerarca de turno a la hora de los nombramientos y agrega garantías para impedir el favoritismo, al crear un organismo descentralizado y con integración pluripartidaria.

Esto a pesar de lo dicho por el propio Presidente Mujica ni bien asumió. Con fecha 2/3/2010 dijo: "No tenemos un sistema de concurso, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. El concurso masivamente se ha transformado en este país en acomodo, no lo digo cien por ciento, (pero) en un porcentaje importante. La designación con el dedo tiene el coraje de poner la cara y la responsabilidad y el otro acomodo es burocrático, está todo tapado, ni siquiera hay a quien pegarle". Por lo dicho y lo propuesto, aprobado este Presupuesto, el acomodo seguirá.

Se anunció el objetivo de lograr la simplificación de los contratos públicos, sin embargo esta iniciativa tampoco pasó de la intención. Se mantienen la mayoría de los contratos existentes en la actualidad. Se deroga el contrato a término pero renace similar bajo la forma del Contrato Temporal de Derecho Público con duración de seis años. Se sustituyen los contratos zafrales y eventuales por otro de dudosa legalidad, el contrato laboral en el régimen de derecho privado que por supuesto no acompañamos. Se sustituye el contrato de cachet por el artístico, lo que está muy bien porque cierra la canilla a cientos de contrataciones desnaturalizadas en su función original. Sin embargo se crea una nueva categoría de contratos de adscriptos, en ningún lado regulados, los que operan en los hechos como verdaderos cargos de confianza política, incrementando con estos contratos el gasto político pero sin las garantías de los cargos de particular confianza. Esos son creados uno a uno por ley, igual que su retribución. Los adscriptos son creaciones genéricas, o más bien autorizaciones indeterminadas a crearlos, para que cada Ministro contrate los que quiera, sin requisito alguno y con la sola determinación de un tope salarial igual al del Ministro respectivo.

Cuatro millones de dólares por año son destinados a tal fin. Cada Ministro podrá contratar a quienes quiera, sin requisito alguno de idoneidad, ni determinación de la función. Sólo se reedita el tema de la confianza del Ministro que la nombra. ¿Para qué? No se sabe.

Dieciséis millones de dólares en el período para este fin es mucha plata. Este monto alcanzaría para construir los 16 liceos que ANEP fundamenta son necesarios y que el gobierno no recoge por falta de financiamiento. Cientos de amigos políticos serán contratados a costa de 16 liceos. "Educación, educación, educación"; pero…

Otra vez las reestructuras

En el capítulo se deroga de hecho la reforma del sistema escalafonario que fue introducido en la Administración Vázquez, cuando en el año 2007 se crearon los cargos de conducción. Su fracaso auguramos en aquel entonces y por supuesto no acompañamos. Con estas derogaciones convivirán varios sistemas que las reestructuras deberán ordenar.

El gobierno, una vez más, recorre el camino de complicar lo sencillo. Las reestructuras vuelven a ser tema en este Presupuesto. Desde el 2005 el Poder Ejecutivo cuenta con autorización para realizarlas en cada organismo. Transcurrida toda la administración Vázquez no se han concretado y esta administración quiere otros cinco años y algo más de $ 100.000.000 (cien millones de pesos) en el período para acomodar los organismos y en ellos a miles de nuevos funcionarios.

Becarios y pasantes

El gobierno pasado acusó a los anteriores del caos que heredó en materia de funcionarios por la aplicación de la ley que prohibió el ingreso a la función pública y paralelamente el ingreso a través de contrataciones diversas. La Ley de Presupuesto de 2005 en su artículo 7 crea un sistema para regularizar las funciones desnaturalizadas e incorporar como funcionarios a becarios, pasantes, contratados a término y otros que lo venían haciendo de hecho durante años. Miles de funcionarios se regularizaron para ordenar el "caos".

Sin embargo cuando asume este gobierno recibe, sin quejas, la herencia maldita de un caos mayor, 17.000 son los contratos precarios existentes al día de hoy. Donde se adecuó un contratado, ingresó otro en su lugar. En el 2010 hay 23.000 nuevos vínculos laborales más que en el 2005 y los uruguayos pagamos en salarios públicos alrededor de $ 2.000.000 (dos millones de pesos) más que hace cinco años. Es por estas cosas que muchos uruguayos ganan hoy algo más, pero les queda un poco menos.

Tampoco corrió buena suerte un artículo que presentamos, parecido al artículo 7 del 2005, para regularizar becarios, pasantes y contratados a término ingresados en este gobierno, pero desnaturalizados en sus funciones originales. Antes sí, ahora no. Antes era un "caos", ahora "un reclamo no compartido"

El artículo 4º

Este ya famoso artículo recoge la fórmula de ajuste de los salarios públicos. El gobierno diseñó un sistema para asegurar el poder adquisitivo de los salarios públicos, sin cumplir con la ley de Negociación Colectiva, que obliga a negociar con los sindicatos públicos asuntos como este antes de enviarlos al Parlamento.

La fórmula propuesta, compleja y enredada, no es mejor que el sistema actual de ajustes. Ahora si la inflación pasa el 10% opera un "gatillo" automático. Los salarios se ajustan para corregir la pérdida.

El artículo 4º elimina ese gatillo y obliga a las partes a negociar. No lo íbamos a votar, así ingresamos a comisión los cinco diputados blancos de Hacienda y Presupuesto. Pero se nos anunció un acuerdo entre gobierno y sindicato.

Cambiamos entonces de idea y acompañamos. Si los trabajadores prefieren que sus salarios se ajusten como dice el artículo 4º, ¿por qué nos habríamos de oponer? En aras del diálogo sumamos nuestro voto para darle unanimidad al "acuerdo logrado". Un día después, la versión oficial del acuerdo no era correcta y recibimos con asombro la versión sindical: "No hubo acuerdo".

Por tanto y al momento de escribir este informe, el Partido Nacional revisa su posición y la expondrá en Sala cuando se vote el Presupuesto Nacional.

El gasto político y el aparato de particular confianza.

Los cargos públicos, hasta el presente, se pueden dividir en cuatro grandes categorías.

Los Cargos Políticos; el presidente, los legisladores, los Intendentes, los Ministros entre otros.

Los Cargos de Particular Confianza Política; siempre creados por ley, como los directores de Unidades Ejecutoras. Los Cargos Presupuestados de la carrera administrativa y por último otros vínculos laborales con el Estado como arrendamientos de servicio o de obra, becarios, pasantes, eventuales, zafrales y otros.

A partir de ahora hay categorías nuevas y todas políticas y de confianza, aunque su nombre no lo diga.

Los cargos de Particular Confianza Política estrictamente definidos por ley aumentan en 61 nuevos.

Es bueno recordar que al finalizar el gobierno del Partido Nacional la Administración Central tenía 111 Cargos de Confianza Política, ya que se habían derogado 79 de ellos.

La inflación progresista del aparato político lleva a que para el 2011 lleguen a 259 los Cargos de Particular Confianza Política llenados por el Partido de gobierno con personas de su filiación política, sin otro requisito que éste. Para este sólo fin, el Presupuesto se incrementa en unos $ 70.000.000 (setenta millones de pesos) al año por concepto de remuneraciones y cargas sociales.

Ahora se crea una nueva categoría bajo distintos nombres y aún sin ellos, pero todos reuniendo en común la discrecionalidad del jerarca para nombrarlos, la indeterminación de sus remuneraciones y de sus funciones, la indefinición de perfil o idoneidad para el cargo y la confianza del jerarca.

Aquí deben ubicarse los adscriptos a los Ministros y al Presidente de la República que dispondrán para este fin, según el caso, de $ 320.000.000 (trescientos veinte millones de pesos) para el período según el planillado adjunto al Presupuesto, unos US$ 16.000.000 (dieciséis millones de dólares).

También aquí ubicamos a los contratos sin nombre o innombrados, en los que no se identifica qué clase de contrato son, aunque revistan todas las características del Cargo de Particular Confianza Política.

El Ministro de Transporte y Obras Públicas, por el artículo 457, podrá nombrar 18 funciones contratadas de "Coordinador Departamental" de ese Ministerio, cuyo único requisito es la radicación en el departamento y su "competencia" fundamental será la de "B) Son la máxima autoridad administrativa del Ministerio en el Departamento", pasándole por encima y colocándose, por razones políticas, arriba de todos los funcionarios de carrera.

Por último se han creado los "imprescindibles". A lo largo de todo el Presupuesto, se repite una norma que habilita importantes partidas anuales para contratar "funciones imprescindibles hasta tanto no se aprueben las reestructuras", que por cierto están por aprobarse desde el año 2005.

Estas contrataciones suman al año $ 428.000.000 (cuatrocientos veintiocho millones de pesos) y para todo el período $ 1.712.000.000 (mil setecientos doce millones de pesos), unos US$ 85.000.000 (ochenta y cinco millones de dólares).

La tentación es irresistible. ¡La pregunta sigue aún sin respuesta! ¿Cómo funciona hoy el Estado sin tanta gente "imprescindible" que hay que contratar para estos cinco años?

Sumando los nuevos cargos de confianza política, los adscriptos nuevos, los innombrados y los imprescindibles, el Presupuesto destina $ 2.320.000.000 (dos mil trescientos veinte millones de pesos), unos US$ 116.000.000 (ciento dieciséis millones de dólares) en el período para estos contratos políticos.

Con este dinero se pueden hacer muchas cosas. Construir liceos y escuelas de tiempo completo que faltan, hospitales, incluir a los jubilados en el FONASA, mejorar los salarios militares, rebajar el IVA, atender mejor al Poder Judicial, a la ANEP, a la UDELAR o al INAU. Se puede elegir. Plata hay. Pero se usa para otra cosa. Se incrementa el gasto político.

El artículo 75. Así no.

Si alguna duda tuvo la delegación nacionalista en la Comisión fue sobre este artículo, que dispone la equiparación salarial de los Ministros con los Senadores y el aumento vinculado de otros noventa y seis cargos de particular confianza.

Hay argumentos para sostener que un Senador y un Ministro deben ganar igual salario, y algo menos un subsecretario. Seleccionar unos cargos de confianza política y aumentar sus remuneraciones es más discutible. Mucho más aún si discrecionalmente se dispone que unos sí y muchos no.

Pero las dudas han desaparecido en la confusión gubernamental. Al momento de escribir este informe llegan las palabras del Presidente de la República, firmante de estos aumentos, que dice que no solo no los aumentará sino que los rebajará un 15%. Todos lo escuchamos.

Así no. Cuando el gobierno se decida; cuando el Presidente diga una cosa y no la otra sobre este asunto, decidiremos que votar.

Por ahora es no.

Coordinadores Departamentales

Este polémico artículo señalado con el número 87 en el proyecto original que presenta el Poder Ejecutivo, es endeble e inoportuno, no lo creemos necesario y sólo busca claros objetivos políticos electorales de parte del Gobierno.

Se nos dice que tendrá como cometido coordinar y articular las políticas nacionales en el territorio del departamento con el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia de las mismas. Estableciendo que el Poder Ejecutivo reglamentará esta norma en un plazo de 180 días.

Ha sido muy clara la oposición frontal a estos coordinadores departamentales por parte del Partido Nacional, dando sus diferentes puntos de vistas en un tema que admite varias soluciones.

Es un tema jurídico y político y de las dos maneras hay que analizarlo. En Comisión, el Secretario de la Presidencia Dr. Breccia fue muy claro y sincero en este tema, analizó en primer lugar que no es violatorio de las autonomías departamentales basándose en sentencias de la Suprema Corte de Justicia dictadas en este sentido, en donde se entiende que la competencia departamental en nuestro régimen institucional está limitada a la regulación de asuntos que tengan un preciso interés en esa particular región. Y que la intención que se busca es la que claramente se expresa en el texto presentado y no otra.

Este es un punto de vista, pero reconozcamos que el tema tiene un gran factor político y aquí las opiniones serán muchas y todas con su fundamento, pero si vemos algunas declaraciones de integrantes del Gobierno, se intenta con estos Coordinadores que "sean los ojos del Presidente en el Interior".

Esto es claramente una definición política y a estos Coordinadores se le agrega, además, que en casi todos los Incisos hay modalidades similares. En el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se crean 18 cargos de particular confianza para coordinar políticas en los diferentes departamentos. A esto le sumamos los del Ministerio de Vivienda que se crean, los del MIDES que hacen funciones de coordinación, los del Ministerio de Salud Pública que hay un Director de Salud Departamental y aparece un cargo de confianza nuevo que es el Director de Descentralización. Los centros MEC del Ministerio de Cultura, con funciones más particulares pero insertos en cada ciudad en el Interior. Similares funciones tienen en cada Departamento los representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Todos con funciones de coordinar con sus Ministerios políticas nacionales en cada sociedad, creemos que estamos ante un pequeño gabinete en cada comunidad. Se acumulan funciones generando más burocracia que engorda de sobre manera el Estado, sin justificativo aparente en un país donde las comunicaciones están bien desarrolladas, donde en poco más de 6 horas cruzamos el país por tierra, de punta a punta, en donde la tecnología es un apoyo logístico invalorable y hace todo cada vez más fácil, sin importar la distancia.

Podemos dar innumerables argumentos, hacer consideraciones políticas de diferentes matices, podemos sembrar muchas dudas sobre la forma de cómo se va a utilizar políticamente esta función. No es nuestro interés hacer afirmaciones partiendo de presunciones, pero es nuestro deber manifestarnos claramente en contra de estos Coordinadores de políticas departamentales, que, consideramos, inútiles, inconvenientes e inoportunos.

Esperemos que en el Senado de la República se pueda avanzar, rebajando las aspiraciones del Poder Ejecutivo y sobre todo marcando las incompatibilidades de esta nueva función, tal como fue expresado por el señor Diputado Jorge Gandini, que tienda de alguna forma, a transparentar las intensiones del Ejecutivo.

Seguridad

Ministerio de Defensa (Inciso 03)

La perspectiva que ofrecen las normas presupuestales vinculadas al Ministerio de Defensa, no son augurales para las Fuerzas Armadas. El gobierno parece decidido a utilizar el salario como variable de ajuste del denominado "presupuesto militar" sin tener en cuenta que el grueso del personal de las Fuerzas Armadas, tiene ingresos que históricamente se han complementado con servicios de carácter social, que hoy están disminuyendo notoriamente en su calidad, cuando no corren riesgos de, virtualmente, desaparecer.

Esta política salarial en el sector de las Fuerzas Armadas, opera como un desestímulo a la profesionalización, porque también es aplicada al personal del cuadro de Oficiales, cuyo ejercicio de la profesión es cautiva exclusivamente en el ámbito militar.

Las idas y venidas que se produjeron con posterioridad a la presentación del proyecto, en relación a las carencias del mismo en materia salarial, nos eximen de mayores comentarios. En ellas quedó de manifiesto que el Gobierno asume que ha habido un tratamiento diferencial de menoscabo de la actividad militar.

También la nula atención que el Ministerio de Economía prestó a las propuestas del área de la Sanidad Militar, no incluyendo en el texto del proyecto disposiciones que permitan un fortalecimiento de las alicaídas capacidades de esta importante área, a la que están vinculados 160 mil usuarios, muestra la dificultad que el Gobierno tiene para interpretar la importancia de la Defensa, de su personal, de sus profesionales y de los servicios sociales a los que tienen derecho a acceder.

Sanidad Militar, como lo hemos hecho saber al Gobierno, asiste a una crisis cuyas proporciones está afectando su buen funcionamiento y de persistir causará grave daño, no sólo al sistema de salud de las FFAA, sino al sistema de salud en general; es urgente la necesidad de su paulatina corrección.

Este Inciso no escapa a la fiebre de la creación de "cargos de confianza", que configura una "desconfianza" en el personal militar, profesionales de nivel universitario, con especialización y formación específica para la Defensa, en todos los planos de actuación que le competen. La creación de cargos políticos en áreas específicas para la aplicación de conocimientos y experiencia de oficiales de carrera, más allá de la satisfacción del interés político de los proponentes, opera como un desestímulo profesional, cuyas consecuencias serán negativas.

Esta línea, disfrazada de un propósito de dar una mayor condición civil a aspectos de la administración de cuestiones de la defensa, operará en el futuro como una disminución de los espacios del ejercicio profesional del militar y la consideramos negativa.

Sin perjuicio de compartir la necesidad de redimensión de nuestras Fuerzas Armadas, estimamos que la misma debe operar como resultado de acciones de política cuyo propósito quede claramente de manifiesto y no ofrezca flancos a otras interpretaciones. Precisamente en el capítulo de la profesionalización y el ingreso del personal, así como de las prestaciones sociales, se pierde en esta ocasión, una gran oportunidad.

Ministerio del Interior (Inciso 04)

El capítulo del Ministerio del Interior adquiere, en esta instancia presupuestal, una importancia relevante. En la administración pasada, los persistentes reclamos que realizara el Partido Nacional para que se atendiera especialmente la situación salarial y profesional del personal policial, no tuvieron eco en el Gobierno. Otras eran las prioridades señaladas, y el ingreso policial quedó relegado. Tampoco se instrumentó un mecanismo definitivo de finalización, aunque tomara tiempo, del perverso sistema de "servicio extraordinario" que es conocido como "222" y que llegó a constituirse en parte sustancial del salario policial. A ello se sumaron la aprobación de medidas legislativas modificativas del régimen de ascensos que, como lo señaláramos, afectaban el normal desarrollo de la carrera policial. El sistema carcelario, dependiente del Ministerio del Interior, sostenía su decadencia y su estado de situación y el proceso de deterioro, llegó a ser histórico.

Mencionados estos casos como ejemplos de una deriva inconsistente y negativa, el nuevo gobierno, invitó a las fuerzas políticas de oposición a analizar la situación de la Seguridad en general, instancia en la cual el Partido Nacional no escatimó decisión ni escondió propuesta alguna de las que entiende necesario formular, para contribuir con un proceso de mejora de la calidad de un servicio elemental para la convivencia democrática, como lo es la Seguridad.

Las normas que incluyen el capítulo del Interior, representan la presupuestación de algunos de los acuerdos alcanzados en esta materia. No debe olvidarse que el Gobierno pidió al Parlamento, la aprobación de una ley "de emergencia" en esta materia, en la que se incluyo la posibilidad de acceder a recursos extraordinarios y previos a la ejecución del Presupuesto a estudio, para llevar adelante medidas rápidas.

En lo relativo al ingreso del personal policial, el proyecto presenta una evolución en el salario, a la que se debe agregar la previsión de aumentos para el personal de la Administración Pública Central en general, permite avizorar una mejora del ingreso real. Sin perjuicio de la bondad de esta propuesta, el propósito de llegar a niveles acordes a la importancia de la función y la dedicación a la misma, difícilmente se logrará en el presente período. Se establece un mecanismo de disminución de la carga horaria de servicios extraordinarios (222) que puede realizar el personal, cuyo propósito es plausible, en cuyo horizonte no está la finalización de este régimen inconveniente. Se incluye además, una disposición que establece que los nuevos ingresos, aunque con limitaciones, también pueden realizar este tipo de servicios cuando debería haberse aprovechado la circunstancia para eliminarlo definitivamente del horizonte laboral y sustituirlo por otros mecanismos.

El Gobierno insiste en el mecanismo de modificar la legislación orgánica policial en instancias presupuestales, lo que constituye, a nuestro juicio, un grave error.

Nuevamente proyecta modificaciones en el régimen de ascensos, creando un sistema anormal y fuera de regla, que ofrece sospechas de orientación y no acompaña el propósito que se manifiesta de profesionalizar la carrera y respetar normas objetivas y respetuosas de la formación, y la gestión del personal. No estamos de acuerdo con la sanción de normas orgánicas en la instancia presupuestal. Asimismo la tendencia que inunda este proyecto de Presupuesto, de crear infinidad de cargos de confianza, también tiene su capítulo en el Ministerio del Interior, con resultados negativos a nuestro juicio.

El proyecto recoge, y es justo destacarlo, algunas recomendaciones resultado de los acuerdos de Seguridad, en algunos casos, medidas que cuando en la administración del Partido Nacional se plantearon, convocaron la reacción más firme de parte de los liderazgos e izquierda. El caso paradigmático es el de la adjudicación de la jurisdicción nacional a la Guardia Republicana, un mecanismo lógico de adecuar la utilización de una fuerza especial en todo el territorio nacional sin obstáculos y cuando las necesidades lo requieran.

Ministerio de Economía y Finanzas (Inciso 05)

En este Inciso, se hace necesario destacar que se vuelve a aumentar (lo hizo la Administración Vázquez) el número de cargos de confianza, contratos, adjuntos y funciones, con muy buenas remuneraciones de la Unidad Ejecutora Dirección General Impositiva, cuyo objetivo -bajar la evasión fiscal- fue alcanzado con la plantilla de funcionarios que ya tiene. De un 40% de evasión en 2002, pasó a un 16,9% en 2009. Nivel que está muy poco por encima de los promedios mundiales de evasión fiscal. Nos preguntamos cuánto más podemos bajar ese nivel, aumentando aun más la cantidad de funcionarios de mayor promedio salarial entre los públicos.

Se está fortaleciendo una Unidad recaudadora con notorias diferencias salariales con los demás funcionarios del mismo Inciso y de la Administración en general. Se cumple aquello tan generalizado de la función pública, que "cuanto más cerca estés de la caja mejor es tu salario".

En este Inciso, además, se refuerza los recursos que se le otorga al Fondo de Garantía IAMC, duplicándolo: 128:000.000UI (cientos veintiocho millones de Unidades Indexadas). Seguramente para salvar situaciones financieras desfavorables de alguna Institución de asistencia médica, como se hizo con el CASMU.

Queremos advertir, algunas disposiciones que se establecen en esta norma presupuestal, que hacen al funcionamiento de la Dirección General de Aduanas:

Como muy bien decía nuestro compañero Diputado Pablo Abdala en Comisión, los artículos que hacen referencia a la Aduana, muchos de ellos no hacen a la forma más adecuada de legislar sobre temas aduaneros tan importantes y que no son de naturaleza presupuestal.

Uno es el tema que se debate desde el período de gobierno anterior y refiere a declaraciones aduaneras con relación a los ingresos de mercaderías a Zona Franca, que motivó un sumario del entonces Director de Aduanas señor Prato. Parecería que el origen de esta norma, estaría motivado en aquellos hechos que todavía están en proceso de resolución.

En otro artículo se sugieren importantes cambios en cuanto a la composición y participación del Fondo Integrado por el producido de las multas; se elimina la participación de los denunciantes que era del 40%. En este tema recibimos el reclamo del Sindicato y nos parece de sustento los planteamientos que se hacen en este aspecto. Ya que antes participaban todos los funcionarios y ahora lo harían sólo algunos.

Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (Inciso 07)

En este Inciso lo mejor que puede hacer el Gobierno es dejar funcionar de la mejor forma a la actividad productiva del país que ha sido la gran generadora del desarrollo económico uruguayo, fuente y motivo del gran aumento de nuestro PBI.

El agro representa el 70% de la exportaciones del país, la agricultura creció a un ritmo del 9% en los últimos seis años, mientras que el resto de los sectores lo hizo al 4.1%.

A esto, agregamos la preocupación que existe sobre la pérdida de productores en el sector Granjero, fundamentalmente explotado por agricultores familiares, y sus dificultades para permanecer en la tierra.

En este sentido el Ministerio deberá potenciar políticas sociales en el Agro que son diferentes a las políticas Agropecuarias en general.

Se crea la Dirección General de Desarrollo Rural, para paliar la difícil situación de algunos productores familiares, estableciendo subsidios diferenciales, para promover el acceso a la tierra, financiar asistencia técnica, promover practicas de manejo, etc. Todas políticas que se han venido ejecutando en los diferentes programas de ese Ministerio desde hace años y que tenemos el deber de apoyar con una clara definición de políticas sociales en el Agro.

En lo demás, el Ministerio tiene que coordinar e interactuar con la actividad privada, en el diseño de instrumentos para generar la estabilidad -en términos de productividad- a largo plazo sobre un recurso natural que no es renovable.

Compatibilizar los cambios tecnológicos importantes en la medida que los eslabones de la cadena, sean capaz de identificar sinergia o generar los instrumentos que sean confiables, predecibles y estables al decir del señor Ministro, para avanzar en mecanismos que le agreguen eficiencia a los recursos naturales que el país tiene.

Un ejemplo de esto es la carne, que desde el 2003 no para de crecer en producción, mientras baja el área destinada.

Adjunto cuadro de ranking de países exportadores, según FAO.

Por último, nos gustaría conocer la opinión del señor Ministro de Ganadería sobre el aditivo presentado por la bancada de Gobierno, sobre la puesta en funcionamiento de una Comisión Especial que trabajará con el objetivo de poner en actividad -otra vez- el Frigorífico Nacional. Repetir nefastos antecedentes en la órbita del Estado, que sólo han servido para generar pérdidas, ineficiencia, ausencia de controles, etc.; elementos todos que llevaron a triste final conocido. Hablar de esto en los momentos históricos de producción que el país tiene, es retroceder en la máquina del tiempo, por lo que mucho tiene de conservador y nada de progresista.

Ministerio de Industria (Inciso 08)

Este Inciso presenta en el Presupuesto líneas de acciones claras con respecto a la política energética, de minería y de telecomunicaciones.

En esta presentación gráfica, el Ministerio presenta sus propuestas, que hacen a las principales líneas de acción de esa Secretaría de Estado.

Entendemos de importancia este articulado que atiende a la reforma del Código de Minería. Nos parece muy interesante y desafiante que el Ministerio se embarque en una tarea de estas características, pero consideramos totalmente inoportuno hacer este tratamiento en una ley de carácter Presupuestal. Por lo que, en acuerdo, todos los Partidos Políticos entendieron oportuno elevar dicho estudio a la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos de la Cámara de Representantes para el estudio especifico de esta norma tan importante y polémica que hace al Ordenamiento Jurídico nacional.

URSEC - URSEA

En lo que tiene que ver con los artículos correspondientes a la URSEA y a la URSEC establecen y es una novedad muy peligrosa un sometimiento de la facultad regulatoria a las políticas que en tal sentido dicte el Poder Ejecutivo.

El artículo 122 propuesto en el proyecto original, cuando se refiere a la URSEA, dice: "Las competencias comprendidas en el artículo anterior, se cumplirán de conformidad con los siguientes objetivos, siguiendo las políticas fijadas por el Poder Ejecutivo, (...)". No se refiere a la política energética, a la política con relación al agua o a la trasmisión o distribución de energía eléctrica, se refiere a la política de carácter regulatorio porque las entidades reguladoras se dedican, precisamente, a regular y no a definir la política energética. Algo similar sucede con la URSEC y esto nos parece muy preocupante.

En lo que concierne a la energía, y específicamente a la relación entre el Poder Ejecutivo y la URSEA, en cuanto a la distinción de los roles que a cada una corresponden, estos cometidos que se establecen para la Dirección Nacional de Energía calzan de una manera peligrosa.

Empresas Públicas

Con relación a las Empresas Públicas, debemos decir que la utilización de sus resultados (utilidades), según el proyecto, serán utilizadas por el Gobierno Central durante todo el quinquenio que viene para la financiación del Presupuesto nacional.

El Gobierno Central incluye una proyección de ingresos del Sector Público No Financiero (Empresas Públicas) de $ 2.609 millones de pesos anuales entre 2010 y 2014, un total de 652 millones de dólares en el quinquenio, y básicamente las que más aportan son las empresas generadoras de energía.

Debe recordarse que en el Presupuesto anterior, cuando la época de la sequía, las pérdidas de UTE tuvieron un impacto importante en el déficit presupuestal ya que son las empresas generadoras de energía las que llevan la mayor ponderación en el aporte al Gobierno. ¿Estamos fuera del alcance de una nueva situación como la vivida en 2006 y en 2008? ¿Alcanzará el nuevo fondo que se crea, de 31 millones de dólares, para contener esa pérdida?

Nosotros entendemos que no se puede considerar la existencia de un "espacio fiscal" con dinero de estas Empresas Públicas. El dinero que generan estas empresas debe ser volcado al contribuyente por una mejora en la tarifa de consumo, y no para pagar los gastos del Gobierno.

Aquí las empresas son funcionales al Gobierno y no a su objetivo de generación de energía con eficiencia y eficacia.

Apoyamos la creación de un Fondo de Estabilización Energética, con el objetivo de reducir el impacto de los déficit hídricos.

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Inciso 10)

Los cometidos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas son eje fundamental para el desarrollo productivo del país y se encuentran enmarcados en una propuesta estratégica del Poder Ejecutivo, por lo que la presentación que adjuntamos marca gráficamente los lineamientos generales por donde va a transitar la política de infraestructura en materia vial del Gobierno para los próximos 5 años.

Nuestro análisis:

Los montos expresados en la página 286 (Inversiones-cuadro 24-Total del Presupuesto) del Tomo III – Gastos Corrientes e Inversiones del proyecto de Presupuesto Nacional, período 2010-2014, remitido por el Poder Ejecutivo, son mayores a los valores que se detallan en el artículo 480 del mismo proyecto de ley. En el último inciso del artículo, se faculta al Poder Ejecutivo a incrementar los montos referidos en función de los ingresos del Gobierno Central.

AÑO CUADRO PROYECTO
PRESUPUESTO
2011-2014
TOPE ARTÍCULO
480
DIFERENCIA % REAL DE
EJECUCIÓN
2011 $ 6.061 $ 4.200 $ 1.861 69,29%
2012 $ 6.061 $ 4.400 $ 1.661 72,59%
2013 $ 6.061 $ 4.600 $ 1.461 75,89%
2014 $ 6.061 $ 4.800 $ 1.261 79,19%

*En pesos constantes del año 2010.

Como se puede apreciar en la tabla adjunta, el MTOP realmente puede ejecutar un porcentaje promedio anual de un 74% de lo proyectado. De no incrementar el Poder Ejecutivo los montos, la diferencia (ahorro) que tendría el gobierno sería de $ 6.244 millones (USD 305 millones).

Teniendo en cuenta los compromisos que está asumiendo el Gobierno en el presente proyecto de Presupuesto, es muy probable que este dinero no llegue a las arcas del MTOP. En consecuencia habrá muchas obras de vialidad, incluidas en el Plan de Obras del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que no se realizarán.

Este análisis surge de la propuesta original del Poder Ejecutivo, pero debemos aclarar que a último momento en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, la bancada del oficialismo redujo los montos otorgados por el artículo 480 del proyecto original en 20 millones de pesos por año. Esto hace que se reduce aun más las propuestas planteadas por el Ministro en la Comisión y la diferencia del cuadro adjunto es mayor.

Plan de Obras del MTOP

En este proyecto no se incluye, como corresponde para quien debe controlar, el Plan de Obras que el Ministerio de Transporte realizará en el quinquenio. Como ejemplo podemos decir que los legisladores no sabemos cuál será la intervención del MTOP en el Departamento de Artigas o en cualquier otro punto del país. Entonces, ¿qué controlaremos, qué obras prioriza el Ministro de Transporte realizar en el quinquenio, cuándo será la intervención en vialidad, transporte, edificaciones, infraestructura comunitaria?

En el tema ferroviario el señor Ministro deja constancia que no se ha llegado a una conclusión definitiva, se está en pleno proceso de discusión, por lo que cuando se puedan definir propósitos se informará al Parlamento.

Es importante dejar como constancia que el señor Ministro nos expresa en Comisión que con respecto al tema vial hay varios instrumentos. Una parte es la netamente Presupuestal, que es la que analizamos en los cuadros adjuntos, otra es las concesiones que hace el Ministerio habitualmente y otra es la inversión que pueden hacer los privados.

El Ministro manifiesta en Comisión lo siguiente: "…Intentamos recorrer algunas experiencias de colaboración público-privado, no sólo para la red principal sino también para cierta caminería rural, que nos permitirá avanzar en la mejora de la calidad y en el desembolso menor de algunas ayudas que damos en general..."

De aquí surgen claramente las líneas de acción que el Ministro tendrá en este quinquenio en una de las áreas más importantes del desarrollo del Uruguay productivo que todos aspiramos.

En relación a lo presentado las aspiraciones son bien intencionadas, pero de dudoso cumplimiento en vista de la asignación establecida.

En otro punto que queremos hace referencia es que podemos estar de acuerdo con áreas de Planificación y Logística, incorporándoles competencias y articulando con empresas públicas en la promoción de la inversión privada, pero no sería necesario generar tanta burocracia para dar cumplimiento a estos fines y es en este sentido, que no votamos los artículos que acompañan esta propuesta.

Estamos totalmente en desacuerdo con la propuesta de creación de la Unidad de Descentralización y Coordinación Departamental que contará con un cargo de confianza y 18 funciones de coordinadores Departamentales para dieciocho departamentos. En un país tan chico como el nuestro, con las comunicaciones tan desarrolladas no se justifica de ninguna manera un gasto de este tipo. Los antecedentes de coordinación entre el Ministerio y los Departamentos siempre se han realizado de muy buena forma a través de los técnicos regionales y las Intendencias. El Gobierno – con el impuesto que le cobra a los contribuyentes- genera un gasto de 18 millones de pesos anuales, lo que hace un gasto final del quinquenio de 90 millones de pesos (4 millones 500 mil dólares aproximadamente). Cuando hablamos de distribuir recursos en forma eficiente esto es un claro ejemplo de dinero mal gastado en beneficio no se sabe de quién.

Educación

En materia de Educación el Uruguay se juega gran parte de su futuro, el Presidente de la República en su discurso de asunción en el Parlamento Nacional, marcó con mucho énfasis este tema, repitiendo "educación, educación y educación" como corolario del desarrollo del país.

Es por eso que en este proyecto de ley Presupuestal se comprometen recursos muy importantes para la Educación. El país ha logrado amplios e importantes consensos en materia educativa, el conocimiento devenga herramientas fundamentales para el desarrollo integral del país y el abatimiento de altos niveles de desigualdad social.

Para el Partido Nacional, -en tanto Partido de la oposición-, el contenido de los acuerdos que sobre Educación el país alcanzó el pasado verano, se han transformado en la hoja de ruta del proyecto educativo nacional.

El Presidente del CODICEN dijo, en la Comisión, que estamos en tiempos de amplios consensos y, por lo tanto, los acuerdos alcanzados que fueron ratificados por el Presidente de la República y por los partidos políticos de la oposición; marcan sin duda, un hecho muy relevante para la vida del país y los mismos deben tener un correlato presupuestal.

Es obvio que aquellos acuerdos tienen otros efectos que no se ven reflejados en el Presupuesto y se verán en la gestión de los organismos de la educación.

Hemos revisado y comparado la propuesta que hace la ANEP y el acuerdo que sobre Educación alcanzaron los cuatro partidos y hemos encontrado coincidencias y diferencias. Nos parece que están contenidos algunos aspectos, por ejemplo, en materia de objetivos. El documento de acuerdo partidario establece objetivos, que son casi un reflejo de las propuestas. En materia de objetivos podemos decir que existen muchas coincidencias y, por lo tanto, las debemos señalar.

Hay también algunas coincidencias que saludamos en materia de acciones concretas, por ejemplo, en relación a las escuelas de tiempo completo. En el acuerdo partidario se planteaba el objetivo de 300 escuelas de tiempo completo, y el proyecto que presenta la ANEP define que eso se alcanzará según el plan de inversión y de ejecución continua en 2016, lo que parece un tiempo razonable y, diría, auspicioso. Todos alentamos que la ANEP haya comprometido un esfuerzo de tal magnitud para alcanzar esa meta que, para nosotros, es muy importante.

Pero también encontramos cosas que no reflejan estrictamente los acuerdos partidarios y debemos señalarlo. Nos referimos a los artículos 5º y 6º de la propuesta de la ANEP, en los que se refleja la implementación del nuevo Instituto Terciario Superior y el Instituto Universitario de Educación.

Entendemos que hay una asignación presupuestaria para la preparación de estas dos instituciones, de estos dos formatos de estructura dentro de la ANEP, pero debemos manifestar que el acuerdo político alcanzado por todos los partidos políticos, ratificado por el Presidente de la República y comprometido políticamente por el Gobierno, establece constituir como Entes Autónomos al Instituto Universitario de Educación creado por el artículo 84 de la ley y al Instituto Terciario Superior. Es decir que el Presupuesto de la ANEP define un camino, pero no dice nada respecto a esto que para nosotros es muy importante y que refiere a la creación de dos Entes Autónomos nuevos en el marco del acuerdo político.

El Presupuesto es, en líneas generales, la asignación de recursos y, obviamente -además de analizar los objetivos que describieron las autoridades de la Enseñanza en la Comisión- es muy importante analizar los recursos, estudiar los números y ver cuánto dinero se va a gastar y cómo se va a distribuir en función de la propuesta que hace la ANEP.

El debate político en el país respecto al volumen de asignación de recursos ha sido muy fuerte en los últimos tiempos. El Gobierno planteó y todos estuvimos de acuerdo destinar un porcentaje del 4,5% del PBI a la Enseñanza. En ese momento ya hace cinco años, el Partido Nacional señaló que era tan importante establecer relaciones entre el Presupuesto de Educación y el PBI como lo era establecer relaciones entre el Gasto Público global y lo que se gasta en Educación, porque el PBI es un número muy importante, pero el Gobierno tiene una participación relativa en el crecimiento del PBI; es un protagonista más. Pero es protagonista fundamental, principalísimo, en establecer cuántos recursos define en su Presupuesto. Y el documento presupuestal presentado define un volumen de recursos que está en el eje de los US$ 9.500:000.000, para hablar en términos globales.

Hace cinco años nosotros decíamos que nos interesaba saber cuánta plata asignábamos del Presupuesto público, es decir cuánto iba a la Educación, de los recursos que se definen en el Presupuesto. El Gobierno de Vázquez definió un peso cada cuatro; así fue en el período pasado. De cada cuatro pesos que gastaba el Estado, uno se destinó a educación: 25% del Presupuesto público. En el año 2009 terminamos destinando a la educación el 24,33% para ser más precisos del gasto público.

Esta es la comparación que queremos hacer. Este Presupuesto respecto a aquél disminuye y arranca en el 22,89%. Y lo que se ha establecido para el final del período es llegar al 23,97% del Presupuesto global. Es decir que se arranca por debajo de la asignación presupuestal del Gobierno del Dr. Vázquez que, terminó en 24,33%, comparada con el gasto público global, con todo lo que gasta el Estado que, sin duda, tiene un presupuesto significativo que, si lo comparamos con el crecimiento de la década, es impresionante: estamos en casi US$ 9.500:000.000 de gasto global.

Cuando hablamos de un 25%, de un peso de cada cuatro, en términos relativos estamos hablando del mismo número de inicio de la década del noventa. En el Presupuesto quinquenal del año 1990 –hacemos referencia al año 1990 porque muchos documentos, incluido el de la ANEP, terminan con una serie de cuadros donde se comparan los Presupuestos a partir del año 1990, la distribución de recursos para educación era de un peso cada cuatro. En el año 1990, el 25% de los gastos presupuestales para el quinquenio estaban destinados a Educación. Esta es una puntualización que queríamos hacer porque es una forma de observar la asignación presupuestal que, desde nuestro punto de vista, tiene mucha relevancia porque es allí donde efectivamente se define la voluntad política del Gobierno que se ve reflejada en los recursos que distribuye en su Presupuesto y en toda la estructura del Estado.

Hay otro aspecto, que queremos señalar y es una diferencia entre el Presupuesto propuesto por el Poder Ejecutivo y el Presupuesto presentado por ANEP, que arranca en el primer año en 16,44%. Para hablar en términos claros y globales estamos diciendo que la ANEP pide US$ 176:000.000 más que lo que ofrece el Poder Ejecutivo para el año 2011 y termina pidiendo US$ 289:000.000 más de lo que ofrece el Poder Ejecutivo para el 2014. Es decir que estamos hablando de una diferencia que arranca en 14% y termina en el 20%.

Por eso, de mantenerse esta diferencia van a faltar recursos para ejecutar la propuesta que presentó ANEP y algo de lo propuesto va a caer y se tendrá que reasignar Programas, de acuerdo a las facultades que el Organismo tiene.

Para terminar con este inciso agregamos cuadros comparativos de lo manifestado.

COMPARATIVO PRESUPUESTO ANEP
2011 2012 2013 2014

ANEP $ 28.885 $ 30.978 $ 32.915 $ 35.423
PE $ 25.197 $ 26.695 $ 28.329 $ 29.358

DIFERENCIA (EN PESOS DE 2010) $ 3.688 $ 4.283 $ 4.586 $ 6.065

T/C $ 21 $ 21 $ 21 $ 21

DIFERENCIA (EN DÓLARES DE 2010) USD 176 USD 204 USD 218 USD 289

DIFERENCIA EN PORCENTAJES
(s/enviado por P Ejecutivo)

14,64% 16,04% 16,19% 20,66%
MONEDA DE REFERENCIA: EN MILLONES DE PESOS DE 2010
EN MILLONES DE DÓLARES DE 2011

PORCENTAJE DE PBI

AÑO BASE

2009 2010 2011 2012 2013 2014

PBI (evolución s/PE) pesos corrientes $ 711.137 $ 799.016 $ 885.405 $ 969.956 $ 1.058.854 $ 1.155.939
índice de deflacción 1,000 1,060 1,117 1,172 1,231

PBI (evolución s/PE) pesos constantes 2010 $ 799.016 $ 835.288 $ 868.358 $ 903.459 $ 939.024

Gasto en ANEP (según PE) pesos ctes 2010 $ 25.197 $ 26.695 $ 28.329 $ 29.358
% ANEP / PBI (según PE) pesos ctes 2010 3,02% 3,07% 3,14% 3,13%


Gasto en ANEP (según ANEP) pesos ctes 2010

$ 28.885

$ 30.978

$ 32.915

$ 35.423

% ANEP / PBI (según ANEP) pesos ctes 2010 3,46% 3,57% 3,64% 3,77%

MONEDA DE REFERENCIA:

EN MILLONES DE DÓLARES DE 2011
EN MILLONES DE PESOS DE 2010

Universidad (UDELAR)

En materia educativa terciaria, la Universidad de la República cumple una función muy importante en la vida del país. Según manifestó el Rector en Comisión, la ejecución del último año fue relevante; los fondos que provienen de Rentas Generales ascienden a $ 5.000:000.000, si le sumamos los fondos que provienen del Fondo de Solidaridad y los recursos propios, suman un total $ 5.578:000.000. De los fondos que provienen de rentas generales se utilizan un 80% en retribuciones.

Como surge de lo manifestado por el señor Rector y de los cuadros presentados, en el ejercicio anterior se prestó especial atención a la problemática salarial de los docentes y de los funcionarios, es por eso que se dedicó el 70% del incremento para salarios, donde a groso modo se puede ver un incremento del 57% y del 59%, respectivamente.

También aquí vemos un desfasaje muy importante entre lo que solicita el Organismo y la propuesta del Ejecutivo. La Universidad presenta un Presupuesto que termina en 1.04% del PBI al final del período, esto implicará un aumento respecto del Presupuesto pasado, en comparación con el PBI; la propuesta del Ejecutivo congela 0.70% del PBI el Presupuesto universitario. En términos netos, la diferencia es importante tal cual surge de los cuadros adjuntos, donde como conclusión -de aprobarse la propuesta del Ejecutivo- muchas de las acciones proyectadas por la UDELAR, quedarán por el camino.

Estas son algunas de las interrogantes planteadas, esperemos que la Universidad en el quinquenio, pueda cumplir la mayor cantidad de metas propuestas, descentralizando la educación terciaria, acercándola a todo el país, tal cual fueron los objetivos planteados; y que alcance, además, el logro de una evaluación adecuada que tienda a mejorar la calidad de los graduados que está generando.

COMPARATIVO PRESUPUESTO UDELAR
2011 2012 2013 2014

Proyecto remitido por UDELAR $ 7.072 $ 8.127 $ 9.012 $ 9.803
Proyecto remitido por P Ejecutivo $ 5.985 $ 6.119 $ 6.321 $ 6.527

DIFERENCIA UDELAR-Pej (en pesos de 2010) $ 1.087 $ 2.008 $ 2.691 $ 3.276

T/C - Setiembre 2010 $ 21 $ 21 $ 21 $ 21

DIFERENCIA UDELAR-PEj (dólares de 2010) USD 52 USD 96 USD 128 USD 156

DIFERENCIA EN PORCENTAJES
(UDELAR/P Ejecutivo)
18,16% 32,82% 42,57% 50,19%
MONEDA DE REFERENCIA: EN MILLONES DE PESOS DE 2010
EN MILLONES DE DÓLARES DE 2011


PRESUPUESTO UDELAR EN PORCENTAJE DE PBI
Moneda: millones de $ y de U$S 

AÑO BASE

2009 2010 2011 2012 2013 2014
PBI (evolución s/PE)
pesos corrientes
$ 711.137 $ 799.016 $ 885.405 $ 969.956 $ 1.058.854 $ 1.155.939
índice de deflacción 0,938 1,000 1,060 1,117 1,172 1,231
PBI (evolución s/PE)
pesos constantes 2010

$ 758.142

$ 799.016

$ 835.288

$ 868.358

$ 903.459

$ 939.024

Pto de UDELAR (según PE)
pesos ctes 2010
$ 5.529 $ 5.852 $ 5.985 $ 6.119 $ 6.321 $ 6.527
% UDELAR / PBI (según PE)
pesos ctes 2010

0,73%

0,73%

0,72%

0,70%

0,70%

0,70%

TOTAL GASTO (sin Incisos 20,21 y 22)
pesos 2010
$ 120.100 $ 126.158 $ 139.795 $ 143.742 $ 147.030 $ 150.044
% UDELAR /TOTAL GASTO
(según PE) pesos ctes 2010
4,60%
4,64%
4,28%
4,26%
4,30%
4,35%

Gasto en UDELAR (según UDELAR)
pesos ctes 2010
$ 5.529 $ 5.852 $ 7.072 $ 8.127 $ 9.021 $ 9.803
% UDELAR / PBI (según UDELAR)
pesos ctes 2010

0,73%

0,73%

0,85%

0,94%

1,00%

1,04%

TOTAL GASTO (sin Incisos 20,21 y 22)
pesos 2010
$ 120.100 $ 126.158 $ 139.795 $ 143.742 $ 147.030 $ 150.044
% UDELAR /TOTAL GASTO
(s/UDELAR) pesos ctes 2010
4,60% 4,64% 5,06% 5,65% 6,14% 6,53%

El año 2009 son gastos ya ejecutados por el gobierno de Tabaré Vázquez
El año 2010 son gastos proyectados y ejecutados por el gobierno de José Mujica


PRESUPUESTO TOTAL
(remitido por PE)


AÑO BASE


2009 2010 2011 2012 2013 2014
PBI (evolución s/PE)
pesos corrientes
$ 711.137 $ 799.016 $ 885.405 $ 969.956 $ 1.058.854 $ 1.155.939
índice de deflacción 1,000 1,060 1,117 1,172 1,231
PBI (evolución s/PE)
pesos constantes 2010

$ 799.016

$ 835.288

$ 868.358

$ 903.459

$ 939.024

TOTAL PRESUPUESTO
(pesos constantes 2010)

$ 189.520

$ 212.761

$ 219.310

$ 225.693

$ 231.798

Inciso 20 - Intereses y
otros gastos deuda
$ 18.902 $ 20.838 $ 21.675 $ 22.854 $ 24.181
Inciso 21 - Subsidios y
subvenciones
$ 2.355 $ 8.326 $ 8.388 $ 8.431 $ 8.433
Inciso 22 - Transferencias
a la Seguridad social
$ 42.105 $ 43.802 $ 45.505 $ 47.378 $ 49.140
SUBTOTAL INCISOS 20 a 22

$ 63.362

$ 72.966

$ 75.568

$ 78.663

$ 81.754

TOTAL PRESUPUESTO (sin inc. 20 a
22) pesos ctes 2010
$ 126.158 $ 139.795 $ 143.742 $ 147.030 $ 150.044

 

Salud

En el Inciso 12 - Ministerio de Salud Pública e Inciso 29 - Administración de Servicio de Salud (ASSE), se encuentra la dirección de la política de salud propuesta por el Poder Ejecutivo.

En los artículos presentados se muestra una clara intensión de coacción sobre la actividad que realizan los prestadores de salud. Vestida, con frecuencia, de un ropaje de coordinación, de supervisión, cuando no es más que una intervención lisa y llana, en desmedro de la libertad de los prestadores de salud.

En los primeros artículos, referidos en el proyecto original con los números 522 y 523, queda claramente demostrado lo dicho. A la información vigente que está establecida en el artículo 14 de la Ley Nº 18.211, donde se señala que las entidades deben probar su caudal de usuarios, recursos humanos, planta física, equipamiento y, entre otras, el estado económico financiero, se le agregan más exigencias sin límite, sujetas sólo a criterio del Ministerio de Salud Pública.

El artículo 22 de la mencionada ley, estableció que las cuotas deberán pagarse siempre que se entregue información asistencial y económica financiera. Lo que se hace ahora con esta propuesta, es una superposición de obligaciones, se agregan normas que se cruzan con las anteriores y se agregan términos que son de una generalidad absoluta, en donde las entidades quedarán sujetas a cualquier obligación que establezca dicha Secretaría de Estado, incluida la relativa a Cuentas Nacionales.

No tiene límite en el proyecto de ley, por lo que es claramente inconstitucional. Cualquier empresa está amparada por el ordenamiento jurídico comercial, principio básico del derecho de reserva, que emana de la Constitución de la República.

El artículo referido en el proyecto original con el número 523, establece que el Ministerio otorgará el correspondiente certificado que acredite el adecuado cumplimiento de las obligaciones que emanan del artículo anterior. Pero se invierte claramente la carga de la prueba en caso de que el Ministerio constate un error en los datos informados, que se podrá retener, por parte de esa Secretaría de Estado, el certificado respectivo. Será el prestador que tendrá que demostrar su inocencia, sin un acto firme, sin la posibilidad de defensa "su día ante el Tribunal" al decir del maestro Dr. Eduardo Couture. El Ministerio retiene el certificado que habilita al cobro de las cápitas, violando normas del debido proceso fundamental en nuestro ordenamiento jurídico.

Queríamos señalar estos artículos, como muestra clara de lo que buscan las autoridades de la salud, donde el eje central de la propuesta está basado en un contralor ilimitado, dependiendo de la voluntad del jerarca de turno.

En el artículo que se presenta en el proyecto original con el número 549, también se encuentra una discrecionalidad absoluta por parte del jerarca. Todas la inversiones en equipamiento sanitario – entiéndase sin límites- que realice los prestadores integrales y/o parciales de salud, estarán sujetas a la aprobación previa del Ministerio de Salud Pública. Al establecer la norma "todas", desde un manómetro para tomar la presión arterial, hasta un tomógrafo, tendrán que estar sujetos a la voluntad del jerarca. Esa fue la voluntad del Ejecutivo. Debemos aclarar que por aditivo de la bancada de Gobierno, se corrige en algo la propuesta original, rigiendo solo para equipos médicos de alto o mediano porte.

Otro artículo a destacar de la Administración de los Seguros de Salud, es el que en forma inaceptable se le descontará hasta el 50% de las pensiones y jubilaciones a los internados en las Colonias Dr. Bernardo Etchepare y Santín C. Rossi, para una mejor hospitalidad en el Centro.

Por más que ASSE sea el Administrador del incapaz, es inadmisible que, para una mejor hospitalidad, se le descuente la mitad de lo que percibe cada internado. El Partido Nacional propuso que dicho dinero se utilizara en gastos personales del internado y no tuvo andamiento.

Vemos con preocupación la eliminación de algunas Unidades Ejecutoras en el interior del país y la estrategia de cómo se llevará a cabo. Estas Unidades estaban divididas por categorías, según las cuales se le otorgaba determinado presupuesto. Con este proyecto se pretende que pasen a depender de una Red de Atención Primaria de Salud y -por más que se nos dijo en Comisión que es sólo un cambio administrativo-, nos deja muchas dudas su futuro funcionamiento, como quién prestará los servicios de aquéllas Unidades Ejecutoras.

En otro orden, encontramos una muy mala solución en el artículo por el cual se distribuyen los ahorros generados en el gasto de contratación externa del CTI en Unidades de Medicina Intensiva, los cuales se repartirán entre los funcionarios de dichas unidades. Es altamente peligroso que el personal que tenga a su cargo la gestión y administración de la situación de internación de los pacientes en circunstancias especiales, se vea eventualmente seducido en ahorrar en una cama de CTI, si dicho ahorro se va a repartir a fin de año entre ellos mismos.

A grandes rasgos, esos serían los puntos críticos fundamentales de estos Incisos, con un aumento muy importante de cargos y contratos que van en igual dirección del resto de los Organismos, con un aumento expansivo en el gasto burocrático de cada Dependencia.

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Inciso 14)

Según informó la Ministra en su comparecencia en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el MVOTMA fue uno de los Ministerios seleccionados para iniciar las pruebas piloto para la Reforma del Estado. Ya realizamos los comentarios correspondientes a lo que el Gobierno considera "Reforma" y entendemos que no hay planteada en el presente proyecto de Presupuesto ninguna reforma sustancial del Estado uruguayo.

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En cuanto al MVOTMA tenemos que existen 110 cargos vacantes, pero se solicita una partida de $ 36 millones anuales para financiar la modificación en la estructura de puestos y que incluyen para contrataciones "imprescindibles", que se encuentran a lo largo del articulado, por $ 12 millones.

Actualmente hay 21 oficinas en el interior del país con 75 funcionarios, de los cuales, nos explicó la Ministra, 32 son administrativos y 43 son técnicos.

Pero la intención del Ministerio es la creación de 4 Regionales para fortalecer los equipos técnicos que interactúen en las zonas de influencia.

Generan en esas Regionales, donde habría responsables de Ambiente, Vivienda y Aguas, además de Supervisor Administrativo. El costo solicitado para esta reestructura es de $ 4.660.000 por año, más los costos de cada uno de los 48 cargos técnicos y administrativos por oficina Regional. Nos preguntamos -habiendo en el Parlamento Representantes nacionales del interior del país que vienen a diario a sus despachos en Montevideo-, ¿son tan largas las distancias en el país como para tener el MVOTMA cuatro oficinas regionales y 21 oficinas locales? ¿No es un incremento de la burocracia gubernamental? ¿Es este tipo de Reforma la que beneficiará al país?

A continuación el mapa con las oficinas regionales y las sedes regionales. Recordar que aún faltan las 21 oficinas locales.

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MEVIR – Dr. Alberto Gallinal

Al respecto de MEVIR- Dr. Alberto Gallinal, el Ministerio acciona sobre esta institución de una manera no vista antes, con la creación del cargo de "Director de Vivienda Rural", que tendrá carácter de particular confianza y ocupará el cargo de Presidente de la Comisión Honoraria del MEVIR – Dr. Alberto Gallinal.

De esta forma la institución MEVIR – Dr. Alberto Gallinal, se estaría burocratizando y se estaría interviniendo en ella, ya que su Presidente está jerárquicamente sometido a órdenes por parte del Director Nacional de Vivienda, el subsecretario del Ministerio y de la Ministra.

Entendemos que la institución MEVIR – Dr. Alberto Gallinal, funciona bien en cuanto a su tarea. Entendemos que por la problemática que hoy tiene para su administración, su Presidente no debe ser honorario, pero de ahí a someterlo jerárquicamente al Ministerio no estamos de acuerdo.

Ministerio de Desarrollo Social (Inciso 15)

Articulado del proyecto Original:

• Incremento de partidas presupuestales para programas

Uruguay Trabaja: 160 millones de pesos

Apoyo Alimentario: 1.324 millones de pesos

Emprendimientos productivos: 298 millones de pesos

Centros Educativos Abiertos: 40 millones de pesos

Artículo 593

• Presupuesto para políticas de infancia y adolescencia

363,6 millones de pesos

Artículos 594 y 595

• Creación del SIIAS

Artículo 597

• Creación de cargos

Director de Infamilia, escalafón Q

Artículo 596 (859 mil por año)

20 cargos técnicos en ciencias sociales para OTES

Artículo 599 (13,5 millones por año)

14 cargos técnicos en informática

Artículo 601 (17 millones por año)

12 cargos técnicos en informática y ciencias sociales y

1 administrativo en 2012 para el SIIAS

Artículo 601 (10 millones por año)

• Contrapartida local por donación Fort. Institucional BID

Artículo 598 (1,5 millones de pesos)

• Incremento en el presupuesto de suministros

Artículo 600 (4,4 millones de pesos por año)

• Reasignación de créditos existentes para contratos laborales

Artículo 602

• Se autorizan gastos de promoción social

Artículo 603

• Partida para arreglo de la fachada

Artículo 604 (20 millones de pesos 2011 y 20 millones de pesos 2012)

Nuestro análisis

La presentación el Ministerio de Desarrollo Social enumera, en líneas generales, las políticas sociales que tendrá el Poder Ejecutivo en los próximos cinco años.

El Partido Nacional está de acuerdo con los lineamientos establecidos, pero según el informe del Gobierno anterior, con el personal existente se desarrollaron buenas políticas acorde a la importancia de Inciso. Por lo que no encontramos razones para el incremento de personal, cargos de confianza, imprescindibles y adscriptos al Ministro, que incrementan sustancialmente los gastos de funcionamiento en detrimento de la políticas sociales del Ministerio.

Esta Secretaría de Estado tiene una norma de excepción en este Presupuesto, que trasciende la normativa general, expresamente limitada por este Poder Ejecutivo. En contra de la disposición general que se establece en el Capítulo II, en el MIDES, los contratos laborales se podrán acumular con cualquier otra función o cargo público.

Encontramos totalmente desmedido el gasto de un millón de dólares para la reforma de la fachada del edificio sede del Ministerio, totalmente superficial el objetivo, en contraposición del objetivo básico y fundamental de esa Secretaría de Estado.

Poder Judicial

En el siguiente cuadro se observan las diferencias entre las propuestas sobre el proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Judicial y el Ejecutivo (en millones de pesos).

  2011 2012 2013 2014
         
Proyecto remitido por PODER JUDICIAL $ 699 $ 696 $ 685 $ 682
Proyecto remitido por P Ejecutivo
$ 187
$ 248
$ 304
$ 345
DIFERENCIA PJ-Pej (en pesos de 2010)
$ 511
$ 447
$ 381
$ 337
T/C - Setiembre 2010
$ 21
$ 21
$ 21
$ 21
DIFERENCIA PJ-PEj (dólares de 2010)
USD 24
USD 21
USD 18
USD 16
DIFERENCIA EN PORCENTAJES
(P. JUDICIAL/P Ejecutivo)
273,15%
180,29%
125,18%
97,76%

Como puede observarse, las diferencias entre el Presupuesto planteado por el Poder Judicial y el Ejecutivo son importantes al comienzo del período (2011) pero se van reduciendo año a año.

El Poder Judicial debe jerarquizarse dado que es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático republicano. La propuesta del Ejecutivo sin llegar a colmar las necesidades del Judicial, representa un avance en el logro de un presupuesto justo, aunque no lo alcance. En la medida que la situación fiscal del país lo permita deberá atenderse aquellas áreas presupuestales que puedan ayudar a que el sistema judicial funcione en forma más eficiente, a través de juzgados especializados, profesionalización de sus funciones y acortamiento de los procesos.

Corte Electoral

De acuerdo a los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo y por la Corte Electoral se puede elaborar el siguiente cuadro que muestra las diferencias entre ambos.

  2011 2012 2013 2014
Corte Electoral 286159207 282638767 284328885 402327785
Poder Ejecutivo 58700000 65140000 75800000 89700000
Diferencia 227459207 217498767 208528885 312627785

Como puede observarse existe una gran diferencia entre el presupuesto elaborado por la Corte Electoral y el Poder Ejecutivo, de $ 227.459.207 en 2011 y que llega a $ 312.627.785 en 2014.

Esta diferencia es muy importante, siendo una de las mayores que se han visto en el trámite actual para la elaboración del Presupuesto nacional, entre la propuesta de un organismo y la finalmente recogida por el Ejecutivo.

De acuerdo a lo declarado, en su concurrencia ante el Poder Legislativo, por los señores Ministros de la Corte Electoral, el presupuesto del Poder Ejecutivo no va a permitir llevar adelante algunos procesos de modernización considerados estratégicos. En particular, no va a poder desarrollarse le proceso de digitalización del Registro Cívico nacional, por lo que el único registro que seguirá existiendo (con todos los riesgos que esto implica) es el de papel. Esto es especialmente grave dado que el edificio en que se conserva esta documentación vital se inunda y ya ha ocurrido un episodio que ha llevado a la pérdida de credenciales cívicas.

Otro aspecto importante de la modernización que no va a poder implementarse es el facilitar el voto de los discapacitados. Sin el proceso de digitalización mencionado, no van a poder agruparse en circuitos especialmente preparados, las personas que padezcan algún tipo de dificultad, lo que constituye una afrenta para nuestro país en pleno siglo XXI.

Finalmente, un aspecto también relevante es que la digitalización permitirá conocer los resultados electorales la noche misma de la elección. Actualmente es necesario realizar, especialmente en el interior del país, largos traslados de actas y urnas que demoran innecesariamente la recolección de los datos. En la situación presente son las empresas encuestadoras las que terminan proclamando los resultados ante la opinión pública, lo que no es admisible para el prestigio de la Corte Electoral.

Por todo lo expuesto pensamos que debe atenderse en mayor medida que la recogida por el Poder Ejecutivo la propuesta de la Corte Electoral, de forma que nuestro sistema electoral, además de seguir teniendo la seguridad que todos le reconocemos, tenga las condiciones tecnológicas imprescindibles acordes al tiempo que vivimos.

COMPARATIVO PRESUPUESTO TRIBUNAL DE CUENTAS

2011

2012

2013

2014

Proyecto remitido por Corte Electoral $ 286 $ 282 $ 284 $ 402
Proyecto remitido por P Ejecutivo
$ 59
$ 65
$ 76
$ 90
DIFERENCIA CE-Pej (en pesos de 2010) $ 227 $ 217 $ 208 $ 312
T/C - Setiembre 2010 $ 21 $ 21 $ 21 $ 21
DIFERENCIA CE-PEj (dólares de 2010) USD 11 USD 10 USD 10 USD 15
MONEDA DE REFERENCIA: EN MILLONES DE PESOS DE 2010
EN MILLONES DE DÓLARES DE 2010

 

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inciso 27)

En el último período de Gobierno se verificó un crecimiento en la franja de niños de cero a cinco años de casi un 80% (medido de junio 2004 a junio 2009), llegando a más de 45.000 niños y niñas atendidos.

El principal factor de crecimiento de la franja, se da por el incremento de los CAIF, que en el mes de octubre del año 2009 atendió 42.231 niños y niñas. Si a este número, le agregamos los centros diurnos del INAU, que es el sistema de atención a la primera infancia, se totalizan 43.865 niños atendidos en todo el país.

La meta de 43.000 niños fue la fijada en su momento para el INAU por el Plan de Equidad.

Quisiéramos decir que durante el pasado verano, los partidos políticos con representación parlamentaria, encontramos puntos de coincidencia que se plasmaron en un documento referido a las políticas educativas y sociales, ese documento incluyó asuntos que tienen que ver especialmente con el INAU.

En dicho documento figura muy especialmente, la estrategia de los CAIF, ya que el acuerdo identificó con toda claridad que una de las acciones más importantes – sino la más relevante- es corregir las inequidades en el primer tramo etario, entre los cero y tres años ya que aquí es donde comienzan los problemas que luego veremos en el sistema educativo. Aquí es donde comienzan los problemas de aprendizaje, deserción y desatención.

La políticas públicas en esta franja etaria son responsabilidad del INAU, además de las que lleva a cabo directamente, lo son también las que lleva a cabo a través de convenios. Es muy importante que así lo haga.

En el referido documento acordado entre los partidos con representación parlamentaria, rescatamos la extensión de los CAIF hasta llegar a la cobertura del primer quintil mas pobre de la población en un cien por cien. Esa estrategia de tener un sistema de atención a través de los CAIF, ha sido realmente exitosa y por supuesto que todos los partidos políticos compartimos que son un instrumento realmente eficaz para la atención de niños y niñas de ese tramo etario.

Por lo tanto, nos congratula que entre las prioridades del INAU esté la de profundizar la inserción de los CAIF, en el marco del Programa de atención a la infancia y la familia carenciada, creados en el gobierno del Partido Nacional y de indudable significación social de este sector tan vulnerable de la sociedad uruguaya. Es nuestro deseo que dentro de cinco años, ojalá que antes, digamos que los niños pertenecientes al primer quintil de la población más pobre, estén cubiertos en un cien por ciento.

Gobiernos Departamentales

El Congreso de Intendentes trabajó con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con la delegación del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Economía y Finanzas. De todos los puntos que se plantearon se logró un acuerdo con respecto a lo que establece el artículo 214 de la Constitución.

Se mantiene el 3,33% con un piso de $ 5.000:000.000 y con un compromiso de gestión, que las Intendencias tienen la obligación de cumplir para poder recibir ese porcentaje. El compromiso de gestión es a partir del 1º de enero de 2011 e implica estar al día en el pago de consumos corrientes de UTE, OSE y ANTEL. En el caso de que alguna Intendencia no cumpla con ese compromiso de gestión, el porcentaje será de 2,9% (no se refiere a las deudas anteriores que tengan las Intendencias sino a los consumos corrientes de UTE, OSE y ANTEL).

Otro acuerdo tiene que ver con el artículo 298 de la Constitución, relativo al fondo presupuestal destinado al desarrollo del Interior. Se logró pasar de $ 550:000.000 a $ 750:000.000. Eso se ve reflejado en el artículo 718 del proyecto original, al establecerse la forma de distribución entre el Poder Ejecutivo y las Intendencias. Antes, el 75% se ejecutaba por el Poder Ejecutivo y el 25% se ejecutaba por las Intendencias. Ahora, el 75% se baja a 66,65%, por lo que la participación de las Intendencias pasa del 25% al 33,35%. Este es el resultado del pasaje de $ 550:000.000 a $ 750:000.000.

Por otra parte, en los dos Programas de caminería se lograron acuerdos: Uno es el Programa 008, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y el otro es el Programa de Caminería Forestal, que se terminó en 2009 y se logró reincorporar en 2010, quedando para todos los años.

El descuento de la cuota del Congreso está en el articulado donde será debitada de la partida nacional.

Al final del artículo 480 del proyecto original presentado, está la partida de $ 150:000.000 que corresponde al Fondo Forestal que, hasta ahora, se lograba año a año. Es decir, el Congreso tenía que hacer la gestión pertinente ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que esa partida se efectivizara año a año.

El otro punto es que, con relación al 3,33% establecido en el artículo 214 de la Constitución, se mantiene lo mismo que se había acordado para el Presupuesto anterior. Se determina un mínimo; es decir que las Intendencias, cumpliendo esos compromisos de gestión, van a recibir todos los años $ 5.000:000.000 como mínimo, aun cuando el 3,33% represente un monto inferior. Para aquellas que no puedan cumplir, si bien se baja el porcentaje al 2,9%, también se asegura el piso de $ 4.500:000.000.

El piso era de $ 3.400:000.000, que actualizado representaba $ 4.400:000.000 o $ 4.500:000.000, es decir, a los mismos valores a que están los $ 5.000:000.000. Se logró obtener una mejora en cuanto al piso.

Con respecto al Fondo de Incentivo de la Gestión de los Municipios, el acuerdo consiste en 14 partidas de $ 40.000 anuales por cada Municipio. A todos los Municipios se les otorga una partida igual. Esto está previsto en el artículo 719 del proyecto original. De acuerdo con la Ley de Descentralización, esto se remitirá a los Gobiernos Departamentales, según la cantidad de Municipios que tenga cada uno.

En cuanto al incremento de este Fondo, la ejecución siempre va a estar a cargo del Gobierno Departamental, no del Municipio. El acuerdo es que en la Comisión Sectorial se destinará un porcentaje de este incremento de $ 200:000.000 a obras a realizar en territorio de los actuales 89 Municipios. Este acuerdo también se hizo con el Poder Ejecutivo.

Además, como el subsidio del alumbrado ya estaba determinado por ley, en carácter permanente, se mantiene esa modificación presupuestal de 2007. Es decir, se mantiene el subsidio del 30% del alumbrado, con las condiciones establecidas en aquel momento.

En este aspecto la aspiración del Partido Nacional es poder lograr que las Intendencias Departamentales pasen a ser consideradas con tarifas de gran consumidor.

La bancada del Partido Nacional presentó un aditivo -que no fue votado- donde las Intendencias Departamentales pagarían como tarifa por concepto de suministro de energía eléctrica, la tarifa de gran consumidor vigente a la fecha de generarse el consumo.

Este en concreto, fue el planteamiento presentado y realizado al señor Ministro de Economía, donde se nos responde que el problema está en los costos operativos de UTE y esto es un tema que está en la ley de Marco Energético

Queremos dejar planteado este tema, porque nos parece importante que se busque de alguna forma una solución, a esta situación, que creemos es totalmente injusta para con los Gobiernos Departamentales y que hacen a la calidad de vida y seguridad de cada comunidad. El Partido Nacional seguirá trabajando en este sentido.

Sección Recursos y Disposiciones Varias

Los aspectos de mayor destaque que presentan las Secciones de Recursos y Disposiciones Varias son los que se expresan a continuación:

En primer lugar es necesario destacar que nada de lo que se expresa en dichas secciones es de materia presupuestal.

Para tomar una referencia aclaramos que los números indicados todos son del proyecto original presentado por el Poder Ejecutivo, que cambiarán en relación al trabajo de Comisión.

El artículo 732 del proyecto original facilita la posibilidad de utilizar documentación extranjera en los convenios de doble tributación.

El artículo 734 viene a corregir errores actualmente existentes.

El artículo 735 exime de IRAE en ciertos casos. No se percibe su fundamento, y además se presta para la arbitrariedad.

El artículo 738 marcaba tratamientos tributarios diferentes para la empresas aeroagrícolas, gracias a un buen acuerdo de los miembros de la Comisión se dejó sin efecto para estas empresas, la propuesta del Ejecutivo por lo que seguirán manteniendo la exoneración establecida en el artículo 52 del Título 4 del Texto Ordenado 1996.

El artículo 739 deja sin explicar por qué excluye las enajenaciones de participaciones de capital, pero en todo caso no debe ser como interpretación, porque da carácter retroactivo a la norma. Ello por sí sólo será fuente de litigios.

En la última frase del artículo 740 se mejoran las garantías procesales.

El artículo 741 aumenta las exoneraciones parciales.

El artículo 743 otorga facultades al PE para determinar la cantidad de ejercicios a tributar por IRAE.

El artículo 744 Excluye rentas (subsidios) del IRPF, por lo que no acompañamos la propuesta.

El artículo 745, que se corrige con un aditivo de la bancada de Gobierno, señala cambios del criterio de la fuente, además de establecer disposiciones que derivan en mayor costo para el cobro del tributo, y ningún beneficio para el Fisco.

El artículo 747 no permite tributar por núcleo familiar si uno es contribuyente de IRAE, IRNR, IMEBA o IASS. Nuevamente no se establecen los fundamentos.

El artículo 751 aclara la norma vigente, sin cambiar la sustancia.

El artículo 753, es sensato ya que exonera las ganancias por diferencias de cambio. Igual concepto puede decirse del artículo 754.

El artículo 755 aumenta exoneración.

El artículo 756 aumenta exoneraciones.

El artículo 757 Excluye del IRPF pagos en especie.

El artículo 758 Refiere a atribución de renta. La delegación es inconstitucional e inconveniente

El artículo 760 grava a los cooperativistas.

El artículo 761 Impide a los Escribanos Públicos la deducción de aportes jubilatorios.

El artículo 762 contiene una delegación al Poder Ejecutivo, que es inconstitucional, a la vez que inconveniente.

El artículo 765 son variaciones al IRPF que demuestran, una vez más que no es un impuesto a la renta.

El artículo 766 señala cambio del criterio de la fuente, además de establecer disposiciones que derivan en mayor costo para el cobro del tributo, y ningún beneficio para el Fisco.

El artículo 771 parece sensato, ya que señala que el I.V.A. se genera al finalizar la obra.

Esto es parte de un estudio de algunas normas de esta sección que fue muy dificultoso su estudio por ser normas muy especiales que no tendrían que venir en una ley de carácter Presupuestal.

Incorporación de Jubilados al FONASA

El Partido Nacional propuso, durante el trámite parlamentario cumplido en la Comisión, la incorporación gradual de los pasivos al FONASA. El tema había sido previamente analizado, tanto en la comparecencia del señor Ministro de Economía, como en la del señor Ministro de Salud Pública. En ambas instancias, el Poder Ejecutivo ratificó el compromiso del Gobierno en el sentido indicado, en el entendido de que la iniciativa aumentaría el déficit del Sistema Nacional Integrado de Salud, pero ello no generaría impactos no previstos en la medida en que dicha incorporación observara determinada cadencia.

En esa misma línea, los suscritos presentamos un aditivo al articulado, a los efectos de propiciar el ingreso de los jubilados y pensionistas al FONASA según el siguiente cronograma: aquellos que tienen pasividades inferiores a las 3 BPC, lo harían el 1º de enero de 2011; entre 3 y 6 BPC, el 1º de julio del mismo año; y por encima de las 6 BPC, el 1º de enero de 2012. La propuesta fue razonable y sensata, recogía el tipo de solución esbozado por la Administración en Comisión, pero, sin embargo, no fue apoyada por la mayoría.

Es evidente que la situación actual, en la materia, revela una evidente inequidad. Mientras más de 300 mil pasivos aguardan, los nuevos jubilados y pensionistas se incorporan al sistema en forma simultánea a su retiro, y otros 170 mil gozan del beneficio desde 2008. El planteo del Partido Nacional procuraba, al menos, dar fecha cierta y certeza a aquellos que esperan el cumplimiento del compromiso del Gobierno.

ALGUNAS DE NUESTRAS PROPUESTAS

Una actitud constructiva inspiró nuestro trabajo durante todo el debate presupuestal.

Son innumerables los aportes realizados para mejorar la redacción de muchos artículos, inclusive de varios que no acompañamos.

También propusimos cambios diversos para mejorar la principal ley del Gobierno, con la mejor disposición, aunque con prioridades diferentes.

Creemos importante mencionar algunos de ellos:

Inclusión en la ley. LA incorporación gradual de los jubilados y pensionistas al FONASA, tal como lo comprometió este gobierno.

Duplicar las asignaciones familiares para los niños del medio rural, tal como lo manifestó el Presidente de la República recogiendo los proyectos de los Diputados blancos Bertil Bentos (legislatura pasada) y Gonzalo Novales (en este período).

Creación de la Ventanilla Única para el ingreso a la función pública, recogiendo el proyecto de ley del Diputado Pablo Abdala.

Construcción del Hospital del Cerro, para atender al oeste del Departamento de Montevideo.

Edificación del Nuevo Hospital Pasteur en lugar de remodelarlo.

Regularizar a becarios y pasantes cuyas funciones originales y plazos de contratación han sido desnaturalizados.

Derogación del IRPF a los alquileres de vivienda familiar y los intereses a los préstamos hipotecarios para construcción y refacción de viviendas para rebajar alquileres y facilitar el acceso a la vivienda, recogiendo el proyecto del Diputado Jorge Gandini.

Inclusión en la ley un incremento salarial de $ 1.000 para el personal subalterno de las Fuerzas Armadas, tal como se comprometieron verbalmente a otorgar los Ministros de Economía y Defensa pero que no consagra la ley, que solo establece $ 2.000 de aumento para todo el período.

Asignación de mayores recursos a la ANEP para cumplir "con los compromisos permanentes asumidos por el Organismo desde inicios de la década del 90"; según lo establece el artículo 3º del Mensaje de ese Organismo.

Inclusión del consumo eléctrico de los Gobiernos Departamentales, particularmente el de alumbrado público, en la categoría de Grandes Consumidores en el tarifario de UTE.

Paulatina equiparación de los salarios del personal de salud de sanidad militar con el resto del sector público para detener el deterioro de la calidad de la atención en el Hospital Militar, propuesta por el Diputado José Carlos Cardoso.

Creación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Gestión Pública, recogida de un proyecto elaborado por el Diputado Jorge Gandini.

Mejoras en las condiciones para los promitentes compradores de MEVIR, para que cumplido el pago del crédito, se convirtieran en propietarios del inmueble y del padrón, iniciativa del Diputado Miguel Otegui.

Creación y financiación de un Fondo para la Infraestructura del Instituto de Rehabilitación del Menor Infractor.

Extensión en las exoneraciones impositivas para la prensa del interior, propuesta por el Diputado Ricardo Berois.

Incorporación de nuevas instituciones sociales en el fondo de Subsidios y Subvenciones así como de otros en el régimen tributario del artículo 79 del texto ordenado 1996, impulsado por el Diputado Miguel Otegui.

   Salvo estas cuatro últimas iniciativas, que fueron recogidas por la Comisión, los anteriores fueron rechazados y volverán a ser presentados en Sala.

REASIGNACIONES Y DIFERENTES PRIORIDADES

Las propuestas del Partido Nacional fueron acompañadas del recorte cuidadoso de gastos innecesarios, superfluos o políticos que permiten financiarlas.

El trabajo realizado, que se incorpora a continuación en una planilla que recoge el resumen por Inciso, permite ahorrar la suma de $ 1.003.000.000 (mil tres millones de pesos) anuales, lo que significa $ 4.000.000.000 (cuatro mil millones de pesos) en el período, unos US$ 200.000.000 (doscientos millones de dólares).

AHORRO ANUAL
INCISO PESOS DOLARES
FUNCIONARIOS 72.000.000 3.600.000
PRESIDENCIA 133.700.000 6.685.000
DEFENSA 36.980.000 1.849.000
INTERIOR 600.000 30.000
ECONOMIA Y FINANZAS 64.500.000 3.225.000
RELACIONES EXTERIORES 30.800.000 1.540.000
GANADERIA 78.500.000 3.925.000
INDUSTRIA 110.000.000 5.500.000
TURISMO Y DEPORTE 22.950.000 1.147.500
TRANSPORTE 44.900.000 2.245.000
EDUCACIÓN 165.434.484 8.271.724
SALUD PÚBLICA 54.700.000 2.735.000
TRABAJO 37.400.000 1.870.000
MVOTMA 13.000.000 650.000
MIDES 54.500.000 2.725.000
ASSE 83.000.000 4.150.000
TOTAL AHORRO ANUAL $ 1.002.964.484 USD 50.148.224

Contamos con el detalle artículo por artículo del cuadro que antecede, que está a disposición de quien lo solicite.

Esto demuestra que los nacionalistas, con estos mismos recursos, si hubiéramos dispuesto gastarlos en su totalidad, habríamos hecho cosas diferentes.

Pero también demuestra que el trabajo realizado por la delegación en la Comisión ha sido serio, responsable y constructivo.

No queremos terminar este Informe sin destacar el trabajo serio y al extremo de sus posibilidades que realizaron durante estos últimos cuarenta días los funcionarios de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; sin cuya labor incansable y su conocimiento y profesionalismo hubiera sido imposible culminar a tiempo la tarea encomendada.

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que sólo gracias a esa labor, el proyecto de Presupuesto Nacional -más allá de su contenido-, llega al Cuerpo con una calidad mucho mayor en la técnica legislativa de cómo ingresó hace cuarenta días atrás a esta Casa.

Reconocer del mismo modo la dedicación de taquígrafos, funcionarios de Sala y otros funcionarios que colaboraron sin anteponer límites ni horarios.

Por último, hacer una mención a la calidad del debate político -intenso y por momentos duro-, pero siempre respetuoso y constructivo.

Sala de la Comisión, 5 de octubre de 2010.

RICARDO BEROIS
Miembro Informante
PABLO D. ABDALA
JOSÉ CARLOS CARDOSO
JORGE GANDINI
MIGUEL OTEGUI

 

Comisión de Presupuestos,
integrada con la de Hacienda

INFORME EN MINORÍA

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda ha analizado el proyecto de ley de Presupuesto 2011/2014, remitido por el Poder Ejecutivo, y en atención a las consideraciones que se pasan a exponer se aconsejará el rechazo en general del mismo, sin perjuicio de acompañar algunas disposiciones particulares que se comparten.

Escenario y proyecciones en las que se basa el Presupuesto.

El Presupuesto enviado toma como base un crecimiento de la producción uruguaya de 6.5% en 2010, de 4.5% en 2011 y de 4% anual a partir de 2012, con un crecimiento mundial de 4.6% en 2010, 4.3% en 2011 y de entre 4.4% y 4.6% en los años siguientes; con crecimientos anuales de las exportaciones de 9-10% y de 11%-12%, entre 2011 y 2015. En este crecimiento se asume una China creciendo entre 9.5 y 10.5% anual y Estados Unidos entre 2.4% y 3.3% anual. Por su parte un comercio mundial creciendo 9% en 2010 y entre 6.3% y 6.9% anual entre 2011 y 2015. ¿Es posible este crecimiento? Es posible. ¿Estamos seguros de alcanzarlo? Analistas internacionales de prestigio, consideran que las expectativas de crecimiento han venido bajando en los últimos meses. Las perspectivas de crecimiento global para el segundo semestre de 2010 han sido bajadas nuevamente y se sitúan ahora en 2.3%. Se alerta que esto aumenta el riesgo de deflación, aunque se aclara que este no se considera el escenario más probable. El informe afirma además que está aumentando el riesgo de que las economías maduras de Europa y Norte América, tengan junto con Japón una década de bajo crecimiento y deflación (caída de precios).

En un escenario como este, correspondería ser cauto a la hora de comprometer aumentos permanentes del gasto público. Como cualquier jefe de familia, se debería gastar lo necesario, pero con cautela. Con más razón el Estado, que tiene la posibilidad de modificar anualmente los gastos en futuras Rendiciones de Cuenta, en la medida que la situación siga siendo favorable para Uruguay.

Compartimos lo afirmado en la página 16 del Mensaje y Exposición de Motivos del Presupuesto Nacional de que "sería irresponsable comprometer recursos anticipadamente", cuando existen las Rendiciones de Cuentas para comprometer recursos adicionales. Pero si nos hubiese tocado elaborar el presupuesto, hubiésemos tomado como escenario base, uno algo más conservador, de forma de evitar generar expectativas que si el mundo se complica terminan inevitablemente en aumentos de impuestos que termina pagando "Doña María" o en licuaciones de las mejoras prometidas y del poder adquisitivo general de la población, vía inflación.

Como consecuencia del escenario de crecimiento proyectado, el Gobierno espera un aumento de ingresos incluyendo BPS (entre 2010 y 2014) de $ 44.912 millones (constantes de 2010). Se espera además una mejora del resultado primario (antes de intereses) de $ 2.609 en el mismo período. En suma, una mejora total de ingresos de $ 47.521 millones.

A pesar de lo dicho, el Gobierno asume un escenario optimista para proyectar los futuros ingresos y luego toma hasta el último peso imaginado y lo compromete en gastos que en su casi totalidad son de naturaleza permanente. No deja margen para aplicar políticas anticíclicas que nos puedan proteger en coyunturas más complicadas. No deja margen para generar políticas que de manera genuina acerquen recursos para defender la competitividad de la producción nacional (especialmente de los sectores exportadores no beneficiados por el boom de precios de algunas materias primas) de forma de asegurar el trabajo de los uruguayos. Desestima la fuerte reversión de expectativas y realidades en el mundo desarrollado de los últimos meses (producción que se resiste a subir, desempleo que se resiste a bajar y temores de deflación).

Apostar al desacople (países en vías de desarrollo que sigan creciendo a altas tasas en un escenario de estancamiento del mundo desarrollado) es un proyecto demasiado arriesgado. Es indudable que los flujos de capitales buscando mejores alternativas pueden impulsar inicialmente un fuerte crecimiento en nuestros países y en el sudeste asiático. Pero en un escenario de estancamiento prolongado en el mundo desarrollado, es falaz pensar que países fuertemente dependientes de sus exportaciones, puedan mantener altos crecimientos indefinidamente.

El condicionamiento de las partidas previstas a partir del año 2012, a que se cumplan las proyecciones realizadas en el equipo económico, prevista en el artículo 85 y ese tímido intento de "regla fiscal" que contienen los aditivos propuestos a dicho artículo, nada solucionan dado que una vez comprometidos los gastos de funcionamiento y realizadas las nuevas contrataciones, será muy difícil reducir dichos gastos y ajustarlos a los nuevos pronósticos.

Reforma del Estado. Se postergan una vez más los grandilocuentes anuncios del Poder Ejecutivo referidos a encarar una reforma del Estado a fondo. El proyecto en consideración no incluye normas al respecto y, por el contrario, aumenta el peso del Estado y la burocracia, a través de la creación de miles de empleos, el incremento de los gastos de funcionamiento y la asignación de cuantiosos recursos para reestructurar los diferentes incisos y unidades ejecutoras, sin que las mismas estén aún proyectadas. Sin dudas, a partir de este Presupuesto, el Estado tendrá una estructura más grande y la sociedad civil que es quien lo financia y sostiene, tendrá un mayor peso sobre sus hombros.

Flexibilización inconstitucional de las normas presupuestales. El proyecto en análisis incluye múltiples disposiciones que delegan en forma inconstitucional en el Poder Ejecutivo la asignación de recursos, la creación de cargos, los incrementos salariales. Los artículos 85, numeral 4º, 86, 214 y 215 se ven vulnerados en forma reiterada por disposiciones que establecen partidas globales que el PE podrá reasignar a su antojo, partidas que tienen diferente finalidad (contrataciones, aumentos salariales, creación de cargos, etcétera) y que el PE por si podrá modificar. No se cumple con el mandato constitucional de establecer el número de cargos, los escalafones y los sueldos, porque se otorgan partidas globales para el manejo discrecional del Poder Ejecutivo. Se inicia un proceso de desmantelamiento de la estructura de cargos aprobada por el Gobierno anterior, se anuncia una nueva estructura escalafonaria, pero no se establecen normas al respecto.

Además, se crea una nueva modalidad de prestación de servicios en el ámbito público, llamada "contrato laboral" que se prevé se rija por las normas del Derecho Laboral, contraviniendo las disposiciones de los artículos 58 y 59 de la Constitución.

Concentración de poder en la Presidencia de la República. Normas de diferente naturaleza incluidas en el proyecto, tienen un objetivo común: incrementar el poder y la incidencia de la Presidencia de la República no solo en el Poder Ejecutivo, sino en la propia sociedad uruguaya. Así, normas como la designación de coordinadores departamentales, o la mayor injerencia de la Presidencia y oficinas dependientes en las materias inherentes a la URSEA y a la URSEC, en desmedro de estas unidades reguladoras, son prueba fehaciente de ello.

Creación de cargos de confianza y miles de nuevos cargos de funcionarios públicos.

Se crean decenas de cargos de particular confianza, cientos de cargos de asesores y adscriptos del Presidente y de los Ministros y miles de cargos y contratos cuyo número, perfil y nivel retributivo es imposible cuantificar o conocer, debido a que en forma inconstitucional se han dejado dichas definiciones en manos del Poder Ejecutivo.

La política impositiva. Se insiste en seguir "perfeccionando" un impuesto inconveniente (el IRPF) que entendemos debería ser derogado. Las rebajas de impuestos (2 puntos de IVA, aumento de los mínimos no imponibles y de las deducciones del IRPF) y complemento de cuota mutual, anunciadas en la exposición de motivos, no se comprometen en el articulado y son cuestionadas por estos días por diversos sectores del oficialismo. Se incursiona en el cambio de los criterios de fuentes para gravar las rentas, modificando las reglas de juego de las últimas décadas, generando incertidumbre a los inversores.

Más gasto no es igual a mayor calidad y eficiencia.

Somos partidarios de mejorar la calidad del gasto público, a partir de un mejor aprovechamiento de los recursos que, por definición, son limitados. Apenas se vislumbran tímidas propuestas de recursos ligados a objetivos, pero no existe una política general decidida, al respecto.

La ineficiencia en la ejecución del gasto ha sido un problema insoluble hasta el momento.

Ha quedado absolutamente comprobado en estos últimos cinco años que el aumento de los recursos para la enseñanza no implica una mejora de la gestión de los niveles educativos de nuestros jóvenes y niños.

Por el contrario, a pesar del gran esfuerzo realizado por la sociedad uruguaya derivando mayores recursos para ANEP y UDELAR, la ineficiencia en la ejecución del gasto ha sido palmaria: deterioro de los locales, escasas obras nuevas, mínimo crecimiento de las escuelas de tiempo completo, falta de seguridad y violencia en los centros de enseñanza, además de pobres niveles alcanzados en las mediciones de los resultados del sistema educativo uruguayo.

El Presupuesto en estudio nada hace por corregir las deficiencias del sistema educativo, no innova, no estimula la excelencia y la superación de los niveles actuales. En cambio, repite lo hecho en el gobierno anterior, más recursos a cambio de nada, sin contrapartida, sin mediciones, sin exigencias de resultados.

Desnaturalización del rol de la Corporación Nacional para el Desarrollo. La CND, persona pública no estatal, ajena a la estructura del Estado Central, pasa a asumir una especie de tercerización de la gestión de contrataciones de los diferentes Incisos, en un marco de disminución de los controles estatales, de flexibilización de las normas de contratación establecidas en el TOCAF y con exclusión de la responsabilidad política y funcional de quienes tienen a su cargo la ejecución de los Programas previstos en el Presupuesto.

Inconsistencias entre el Presupuesto y el "discurso" del Gobierno. El Presupuesto incurre en fuertes inconsistencias con el discurso y las propuestas que se realizan desde los más altos cargos de gobierno. Para muestra, alcanza con el reciente anuncio del Presidente de promover una reducción en los salarios de los cargos de confianza, cuando en el Presupuesto se promueve un aumento histórico en los mismos, equiparando los sueldos de los Ministros de los Senadores, y lo que es peor, excluyendo expresamente de dicho aumento a los Jueces y Fiscales.

Ni que hablar, de las innumerables declaraciones del Presidente referidas a que "no entraría nadie más al Estado hasta que se hiciera su reforma" y en el Presupuesto se prevén miles de nuevos ingresos.

Por último, se votarán afirmativamente diversas normas cuya redacción y objetivos se comparte, en particular se coincide con la prioridad fijada por el Poder Ejecutivo en materia de vivienda, así como en la asignación de recursos y reformas propuestas para el Ministerio del Interior derivadas del acuerdo interpartidario.

Sala de la Comisión, 5 de octubre de 2010.

GERMÁN CARDOSO
Miembro Informante
ANÍBAL GLOODTDOFSKY

Línea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.