Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

 

Comisión de Constitución, Códigos,
Legislación General y Administración

Carpeta Nº 394 de 2010
Repartido Nº 378
Setiembre de 2010

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

 

Modificación en lo referente a las infracciones a la ley penal y creación
del Instituto Nacional de Rehabilitación del Adolescente Infractor


 

PROYECTO DE LEY

TÍTULO I

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

CAPÍTULO I

DE LOS ADOLESCENTES Y LAS INFRACCIONES A LA LEY PENAL

Artículo 1º.- Modifícase lo dispuesto por el artículo 69 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 69. (Infracciones a la ley penal).- A los efectos de este Código son infracciones a la ley penal:

1) Las acciones u omisiones dolosas tentadas o consumadas, cometidas en calidad de autor o coautor o cómplice, tipificadas por el Código Penal y las leyes penales especiales.

2) Las acciones u omisiones culposas consumadas, cometidas en calidad de autor, o coautor, tipificadas por el Código Penal y las leyes penales especiales, cuando el Juez reúna los elementos de convicción suficientes, fundados exclusivamente en el desarrollo de la personalidad psicosocial del infractor; avalado por un equipo técnico, que permita concluir que el adolescente disponía la capacidad cognitiva de las posibles consecuencias de su obrar.

3) Las acciones u omisiones ultraintencionales, en el caso de infracciones gravísimas a la ley penal tal como se definen en el artículo 72".

Artículo 2º.- Suprímase el numeral 10) del artículo 72 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN PROCESAL

Artículo 3º.- Modifícase el numeral 1) del literal A) del artículo 76 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"1) Actuaciones previas al proceso:

A) Cometidos de la autoridad policial.

  Cuando proceda la detención del adolescente conforme a lo establecido en el literal C) del artículo 74, la autoridad aprehensora, bajo su más severa responsabilidad, deberá:

a) Realizar la actuación de modo que menos perjudique a la persona y reputación del adolescente.

b) Poner el hecho de inmediato en conocimiento del Juez, o en un plazo máximo de 2 (dos) horas después de practicada la detención.

c) Hacer conocer al adolescente los motivos de la detención y los derechos que le asisten, especialmente el derecho que tiene de designar defensor.

d) Informar a sus padres o responsables, como forma de asegurar sus garantías y derechos.

e) Si fuere necesario, antes de conducirlo a la presencia del Juez, hará constar lo indispensable para la información de los hechos.

f) Poner al adolescente en presencia del Juez en el plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas (artículo 16 de la Constitución de la República) o, previa autorización de éste, conducirlo dentro del mismo plazo a la dependencia especializada del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay que corresponda.

g) Los traslados interinstitucionales y a la sede judicial deben estar precedidos del correspondiente examen médico. No obstante, la autoridad policial podrá solicitar el examen médico referido inmediatamente después de la detención en cualquier momento, si el adolescente presenta lesiones o pueda presumirse, razonablemente, la existencia de graves alteraciones de salud".

CAPÍTULO III

RÉGIMEN DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD

Artículo 4º.- Modifícase lo dispuesto por el artículo 91 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 91. (Duración de las medidas de privación de libertad).- La medida de privación de libertad tendrá una duración máxima de 5 (cinco) años.

  Sin perjuicio del principio general establecido en el numeral precedente, en caso de infracciones gravísimas a la ley penal cometidas por un mayor de 16 (dieciséis) y menor de 18 (dieciocho) años, dicho término podrá extenderse a 10 (diez) años.

  En ningún caso el adolescente que al llegar a los 18 (dieciocho) años permanece sujeto a medidas, cumplirá lo que le resta en establecimientos destinados a los adultos.

  En situaciones de peligrosidad manifiesta, se adoptarán las medidas que fueren compatibles con la seguridad de la población y los propósitos de recuperación del infractor".

CAPÍTULO IV

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 222 de la Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004, por el siguiente:

"ARTÍCULO 222. (Limitaciones).- La información relativa a niños y adolescentes podrá ser utilizada como base de antecedente una vez alcanzada la mayoría de edad, únicamente en el supuesto en que devenidos en adultos imputables incurriesen en cualquier tipo de delito.

  Los antecedentes judiciales y administrativos de los niños o adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley, serán únicamente revelados por sus custodios a petición de Juez competente con indicación expresa del delito que se supone cometido".

TÍTULO II

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DEL ADOLESCENTE INFRACTOR

CAPÍTULO I

NATURALEZA JURÍDICA Y COMETIDOS

Artículo 6º.- Créase el Instituto Nacional de Rehabilitación del Adolescente Infractor (IRAI), como servicio descentralizado con personería jurídica y con domicilio legal en Montevideo.

Artículo 7º.- Serán preceptivamente internados en el Instituto Nacional de Rehabilitación del Adolescente Infractor los adolescentes infractores que hayan cometido o se les impute de infracción a la ley penal según lo establecido en el artículo 69 y siguientes del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Artículo 8º.- El Instituto Nacional de Rehabilitación del Adolescente Infractor (IRAI) tendrá los cometidos asignados por el Código de la Niñez y la Adolescencia al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y cualquier otra norma, respecto de los adolescentes infractores de la ley penal o imputados de infracciones a la ley penal.

El Instituto Nacional de Rehabilitación del Adolescente Infractor, además, podrá:

A) Cooperar con los padres, tutores y curadores, para procurar la mejora material, intelectual y moral de los adolescentes infractores o sometidos a proceso, hasta transcurridos 12 (doce) meses de que haya dejado de prestarle alojamiento.

B) Cooperar con el Poder Judicial y toda otra institución pública y privada, en cuanto al cumplimiento de sus cometidos.

Artículo 9º.- Son adolescentes los considerados tales según lo dispuesto por el artículo 1º del Código de la Niñez y la Adolescencia.

CAPÍTULO II

DEL DIRECTORIO

Artículo 10.- El Instituto será administrado por un Directorio de 3 (tres) miembros.

El Directorio será designado por el Poder Ejecutivo, previa venia de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 de la Constitución de la República.

Asimismo, el Instituto contará con un Gerente Ejecutivo y un Secretario General, cargos de particular confianza, y que podrán ser designados y removidos directamente por el Directorio.

El Presidente representará al Directorio.

Artículo 11.- Para el cumplimiento de los cometidos del Instituto, el Directorio tendrá las siguientes facultades:

A) Determinar la organización interna del Instituto.

B) Ejercer la dirección y administración del servicio, dictando para ello las reglamentaciones y resoluciones pertinentes.

C) Proyectar su presupuesto, el que será presentado al Poder Ejecutivo a los efectos dispuestos en el artículo 220 de la Constitución de la República.

D) Ser ordenador primario de gastos e inversiones dentro de los límites de las asignaciones presupuestales correspondientes.

E) Aceptar herencias, legados y donaciones instituidos en su beneficio.

F) Gravar y enajenar los bienes inmuebles y muebles del Instituto, requiriéndose para ello la unanimidad de votos de sus integrantes.

G) Administrar sus bienes y recursos.

H) Proyectar el Reglamento General del Servicio, el que será aprobado por el Poder Ejecutivo.

I) Efectuar las designaciones y destituciones de los funcionarios de sus dependencias.

J) Ejercer la potestad disciplinaria sobre todo el personal del Instituto.

K) Celebrar convenios con entidades públicas o privadas, nacionales, departamentales o locales. Podrá igualmente concertar préstamos o convenios con organismos internacionales, instituciones o gobiernos extranjeros, sin perjuicio de las limitaciones contenidas en el inciso final del artículo 185 de la Constitución de la República.

L) Coordinar la gestión de las instituciones públicas o privadas que cumplan actividades afines a sus competencias.

LL) Ser oído en las solicitudes de personería jurídica de las instituciones de protección al menor infractor de la ley penal.

M) Difundir a todos los niveles y por todos los medios posibles los cometidos y actividades del servicio a su cargo.

N) Los bienes muebles e inmuebles del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, afectados a los cometidos que se le asignan por transferencia del INAU.

Artículo 12.- El Directorio podrá celebrar contratos a término para el arrendamiento de un servicio u obra determinada, cuando el servicio así lo requiera. Quienes, en tal virtud, presten servicios o realicen obras, no revestirán la calidad de funcionarios públicos.

Artículo 13.- El Directorio podrá contratar personal eventual a fin de cubrir las necesidades por vacantes en los servicios de asistencia directa al menor. El número máximo de personas que podrán estar contratadas en este régimen será de 50 (cincuenta); la Contaduría General de la Nación habilitará los créditos necesarios para atender su remuneración transfiriendo las economías correspondientes a los cargos vacantes que den lugar a tal contratación.

Artículo 14.- Dentro de los 60 (sesenta) días contados a partir del siguiente a la promulgación de la presente ley, se procederá a designar al Directorio, el que deberá contar con notoria solvencia técnica para el desarrollo de sus cometidos.

El Directorio cesará al término de cada Período de Gobierno, así como lo harán el Gerente Ejecutivo y el Secretario General.

La remuneración del Directorio será la misma que actualmente reciben los integrantes del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, la que se mantendrá hasta la aprobación de la norma presupuestal correspondiente.

CAPÍTULO III

DEL PATRIMONIO

Artículo 15.- El patrimonio estará constituido por todos los bienes que adquiera o reciba a cualquier título.

Artículo 16.- El Instituto dispondrá de los siguientes recursos:

A) Las partidas que se le asignen por las normas de carácter presupuestal.

B) Los frutos naturales y civiles de sus bienes.

C) Las donaciones, herencias y legados que reciba. El Directorio aplicará los bienes recibidos en la forma indicada por el testador o donante y de conformidad a los fines del servicio a su cargo.

D) Los recursos asignados al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay respecto de los cometidos que se le asignan por la presente ley.

Artículo 17.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 90 (noventa) días.

El plazo señalado será de 30 (treinta) días a los efectos de lo dispuesto en el literal D) del artículo 16 de la presente ley.

Montevideo, 22 de setiembre de 2010.

GUSTAVO BORSARI BRENNA
Representante por Montevideo
PEDRO SARAVIA
Representante por Cerro Largo
LUIS ALBERTO LACALLE POU
Representante por Canelones
JAIME MARIO TROBO
Representante por Montevideo
NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO
Representante por Maldonado
ANA LÍA PIÑEYRÚA
Representante por Montevideo
MARIO SILVERA
Representante por Treinta y Tres
RODOLFO CARAM
Representante por Artigas
AMIN NIFFOURI
Representante por Canelones
JOSÉ ANDRÉS AROCENA
Representante por Florida
VERÓNICA ALONSO
Representante por Montevideo
GERARDO AMARILLA
Representante por Rivera
PABLO ITURRALDE VIÑAS
Representante por Montevideo
GONZALO NOVALES
Representante por Soriano
JAVIER GARCÍA
Representante por Montevideo
ALBERTO CASAS
Representante por San José
MIGUEL OTEGUI
Representante por Paysandú
DANIEL MAÑANA
Representante por Río Negro
JOSÉ CARLOS CARDOSO
Representante por Rocha
CARMELO VIDALÍN
Representante por Durazno
RICARDO BEROIS
Representante por Flores

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia, su cumplimiento y ejecución han demostrado la necesidad de proceder a determinados ajustes en su texto, en atención a la realidad a la cual está llamado a regular e impactar y a la evolución que ha tenido la misma en estos últimos años.

En efecto esa realidad está exhibiendo diariamente, que un número creciente de menores actuando por sí o con la complicidad, instigación o participación de mayores de edad, cometen delitos graves o gravísimos, actuando en la mayoría de los casos bajo el influjo de drogas, en especial pasta base.

Conscientes de este estado de situación, que hoy todos los uruguayos perciben con intranquilidad y temor, es que se proponen modificaciones a la actual redacción del Código de la Niñez y la Adolescencia, aprobado en setiembre de 2004.

Esas modificaciones de ninguna forma pretenden ignorar los compromisos asumidos por nuestro país en materia de protección de los derechos y garantías de los menores de 18 años consignados en la Convención de los Derechos del Niño y normas de las Naciones Unidas sobre la materia, sino que por el contrario mantienen la arquitectura general del Código vigente, adaptándola a la nueva realidad sobre la cual en relación a la minoridad infractora ésta debe aplicarse, de modo de lograr un doble resultado, el logro de una sociedad más segura y la rehabilitación de los adolescentes que delinquen reiteradamente.

Y es persiguiendo ese doble propósito que el proyecto, en sus artículos 1º y 2º establece modificaciones al texto del artículo 69 del Código antes referido a fin de hacer más abarcativo el ámbito de la responsabilidad penal juvenil allí establecido.

En efecto, la norma proyectada considera como infracciones a la ley penal las "acciones u omisiones dolosas tentadas o consumadas cometidas en calidad de autor, coautor o cómplice, tipificadas en el Código Penal y las leyes penales especiales".

Esa redacción y la derogación prevista en el artículo 2º de dicho cuerpo legal, respecto del inciso 10 del artículo 72 del mismo, implican la penalización de la tentativa, y la participación en calidad de cómplice en todo tipo de infracciones a la ley penal y no solo a aquellas que el artículo precitado califica de gravísimas.

Se persigue con ello el propósito de desalentar este tipo de conductas, que diariamente causan graves daños a personas y bienes, generando además una sensación de indefensión en los ciudadanos y de virtual impunidad respecto de los menores responsables, de aquellos tipos delictivos más corrientes, que hoy no pueden ser objeto de sanción alguna, ni siquiera amonestación o simple conducción a la sede judicial, como la tentativa o la complicidad en los hurtos.

Por su parte el artículo 3º que regula el procedimiento policial en aquellos casos en que se investigue la responsabilidad de adolescentes, modifica el régimen vigente con el objeto de facilitar la obtención de evidencias probatorias, para elevarlas al Juez especializado a sus efectos.

Para ello, se amplía de 12 a 24 horas el plazo previsto en el literal f) del artículo 76 del Código respectivo, con que cuenta la autoridad policial para poner a disposición del Juez al adolescente detenido.

Asimismo en la nueva redacción propuesta para el inciso g) del referido artículo 76, se dispone que a diferencia del texto actual, el examen médico allí establecido no debe realizarse en forma inmediata a la detención, sino en forma previa a los traslados interinstitucionales y a la sede judicial, salvo en el caso en que el adolescente presente lesiones o pueda presumirse la existencia de graves alteraciones de salud, viabilizando el trámite policial de investigación de los supuestos hechos delictivos.

El artículo 4º del proyecto recoge como principio general, el término de duración de las medidas de privación de libertad, consagrado en el actual artículo 91 con un máximo de 5 años, pero habilitando al Juez Letrado de Adolescentes a extenderlo a 10 años en caso de configurarse infracciones gravísimas a la ley penal cometidas por mayores de 16 y menores de 18 años.

Por otra parte, se propone una modificación de lo dispuesto por el artículo 222 del Código de la Niñez y la Adolescencia. La norma, que como parte de un conjunto articulado podía estar bien inspirada, no ayuda al bien que se persigue. Protege con exceso a una parte considerada "débil" de la sociedad y castiga con dureza al resto. La sociedad debe tener en cuenta los hechos graves y violentos cometidos por integrantes del universo que la Ley Nº 17.823 ampara, para abordar el combate a la delincuencia.

Se propone que "la información relativa a niños y adolescentes podrá ser utilizada como base de antecedentes una vez alcanzada la mayoría de edad, únicamente en el supuesto de que, devenidos en adultos imputables, incurriesen en cualquier tipo de delito". A la vez consignamos que "los antecedentes judiciales y administrativos" de quienes "hayan estado en conflicto con la ley", sólo podrán revelarse a "petición de Juez competente, con indicación expresa del delito que se supone cometido".

Nos parece que de esta forma se restablece el equilibrio social. El menor, al ser inimputable, no es castigado por el delito cometido, pero, si delinque luego de trasponer la frontera de los 18 años, aquel delito o delitos cometidos, contarán como antecedente. Creemos que, para una sociedad asediada como la nuestra, es una solución justa.

Las soluciones propuestas en el presente proyecto de ley, también importarán dotar de mayores recursos del Estado con destino a la custodia y rehabilitación real de los adolescentes infractores, asignando nuevos instrumentos institucionales, materiales y humanos especializados, con la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación del Adolescente Infractor como Servicio Descentralizado.

El resultado de la aprobación de este proyecto de ley repercutirá favorablemente en el Instituto Nacional del Menor y Adolescente, ya que alivia sus muy amplios y variados cometidos y competencias, transfiriendo todas aquellas que refieran a adolescentes infractores al nuevo instituto que se crea.

Es así que el Estado contará con dos instrumentos especializados respecto de adolescentes. El INAU destinado a menores y adolescentes desamparados y que requieran de protección resultante de su situación. Y por otro lado el IRAI destinado a la rehabilitación del adolescente infractor, el cual se especializará en su educación y formación al trabajo, con atención de su salud física y mental, apoyos psicológicos y médicos, etcétera.

La realidad impone la necesidad de proceder a determinadas modificaciones del Código de la Niñez y la Adolescencia y de instaurar un proceso de rehabilitación del adolescente infractor, lo cual se promueve en este proyecto de ley.

Los adolescentes participan en actos que constituyen infracciones a la ley penal con total y plena conciencia de lo que están haciendo. La sociedad en que se han formado ya les ha otorgado todos los medios a su alcance para tener una evaluación de la conducta que realizan y de las consecuencias de la misma.

Asimismo, el Estado no ha podido responder hasta el presente en la forma más adecuada a la gravedad de la situación, y ha podido responder en forma adecuada a proteger los intereses que se vinculan.

Por un lado, el interés de la sociedad de ser protegida ante la frecuente vulneración de la integridad física y de la propiedad de sus integrantes. Y por otro lado, el interés de protección y rehabilitación del propio agente activo de la conducta, el adolescente infractor.

Este proyecto de ley procura, en forma equilibrada, proteger ambos intereses relacionados en la problemática del adolescente infractor, otorgando nuevas herramientas e instrumentos para la protección de la víctima y del victimario, del agredido y del agresor, al cual el Estado debe otorgar la oportunidad de su conversión mediante los recursos necesarios.

Montevideo, 22 de setiembre de 2010.

GUSTAVO BORSARI BRENNA
Representante por Montevideo
PEDRO SARAVIA
Representante por Cerro Largo
LUIS ALBERTO LACALLE POU
Representante por Canelones
JAIME MARIO TROBO
Representante por Montevideo
NELSON RODRÍGUEZ SERVETTO
Representante por Maldonado
ANA LÍA PIÑEYRÚA
Representante por Montevideo
MARIO SILVERA
Representante por Treinta y Tres
RODOLFO CARAM
Representante por Artigas
AMIN NIFFOURI
Representante por Canelones
JOSÉ ANDRÉS AROCENA
Representante por Florida
VERÓNICA ALONSO
Representante por Montevideo
GERARDO AMARILLA
Representante por Rivera
PABLO ITURRALDE VIÑAS
Representante por Montevideo
GONZALO NOVALES
Representante por Soriano
JAVIER GARCÍA
Representante por Montevideo
ALBERTO CASAS
Representante por San José
MIGUEL OTEGUI
Representante por Paysandú
DANIEL MAÑANA
Representante por Río Negro
JOSÉ CARLOS CARDOSO
Representante por Rocha
CARMELO VIDALÍN
Representante por Durazno
RICARDO BEROIS
Representante por Flores

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