Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

 

Comisión de Derechos Humanos
Carpeta Nº 3002 de 2008
Anexo I al
Repartido Nº 1468
Diciembre de 2008

 

INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

 

C r e a c i ó n

 

I n f o r m e


 

Comisión de
Derechos Humanos

INFORME

Señores Representantes:

La Comisión de Derechos Humanos ha considerado el proyecto de ley por el que se propone la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), aprobándolo por la unanimidad de sus integrantes.

En América del Sur, Brasil, Chile y Uruguay son los únicos países que aún no disponen de una Institución Nacional de Derechos Humanos independiente para la defensa, promoción y protección de los derechos humanos.

Desde 1985 se han sucedido, desde diversos sectores políticos, propuestas para establecer la figura del "Defensor del Pueblo" como un organismo de competencia nacional para la protección del ciudadano frente a la estructura estatal, orientado básicamente a controlar los abusos de la burocracia en la relación "administración pública-administrado". Si bien ninguno de dichos proyectos resultó aprobado, sí se han sancionado normativas que incorporan órganos de alcance sectorial restringidos a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad y al contralor de la gestión municipal: Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario y Defensor del Vecino en Montevideo.

El Comité sobre los Derechos del Niño en 1996 sugirió que se den los pasos necesarios para asegurar una coordinación institucional para la protección y promoción de los derechos humanos de los niños y que el Gobierno considerara el establecimiento de un órgano consultivo independiente competente en materia de derechos del niño.

En el 2005, un Grupo de Trabajo integrado por legisladores de todos los partidos políticos que integran nuestro Parlamento, representantes del Poder Ejecutivo, de la sociedad civil y de la academia, con el apoyo del PNUD, elaboró un anteproyecto de ley a partir del cual se inició el proceso de creación de este proyecto de ley que hoy estamos considerando, el que culminará con la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Los tratados internacionales de derechos humanos firmados por Uruguay implican dos obligaciones básicas: evitar que el ejercicio del poder público se constituya en una amenaza o genere menoscabo a los derechos humanos y organizar el gobierno y el Estado de forma tal que sean capaces de garantizar jurídicamente el goce y el pleno ejercicio de los derechos humanos.

En los últimos años se ha generado una enorme acumulación social en la materia, lo que sitúa a Uruguay ante un contexto claramente favorable para consolidar la institucionalización de la defensa, promoción y protección de los derechos humanos por parte del Estado.

El estado actual del debate en Uruguay permite dar un salto cualitativo respecto del nivel de las propuestas históricas en relación con las competencias de un "Defensor del Pueblo" separando las tradicionales funciones de defensa de los derechos de los administrados, por un especial énfasis en la promoción y protección de todos los derechos humanos y, especialmente, en el seguimiento de las obligaciones que los derechos humanos imponen al Estado.

La Institución Nacional de Derechos Humanos, al mantener su distancia real del gobierno, puede aportar una contribución excepcional a los esfuerzos del país por proteger las libertades fundamentales de sus habitantes y por crear una cultura integral en la promoción y plena vigencia de los derechos humanos, en su concepción de un todo interdependiente e indivisible -derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales-, teniendo como cometidos fundamentales observar y controlar la realización efectiva de los derechos humanos en el plano nacional mediante el examen sistemático de la política de derechos humanos de todo el quehacer estatal y, además, intervenir en denuncias sobre violaciones de los derechos humanos.

La Institución Nacional de Derechos Humanos no sustituye ni desplaza las competencias originales de los diversos Poderes del Estado. En ningún caso la Institución Nacional de Derechos Humanos ejercerá función jurisdiccional ni tendrá facultades para revocar actos administrativos; no desempeñará funciones ejecutivas, ni legislativas. Sus cometidos se acotarían a sugerir medios correctivos, efectuar recomendaciones no vinculantes e intervenir en denuncias por violaciones a los derechos humanos, sin interferir con las funciones jurisdiccionales, ejecutivas o legislativas que a los respectivos Poderes correspondan.

Si la analizamos desde distintas perspectivas, podemos observar que:

- Desde el punto de vista jurídico y político, la Institución Nacional de Derechos Humanos se ubica en las tendencias más modernas de puesta en funcionamiento de mecanismos de contralor democrático e independientes, no sólo de los Poderes del Estado, sino también de los servicios que se prestan.

- Desde el punto de vista institucional, la independencia permitirá potenciar la eficacia y la capacidad de incidencia y al mismo tiempo fortalecer la coordinación de los actuales esfuerzos que desde diversos ámbitos se realizan.

- Desde el punto de vista de las políticas públicas, además de cumplir con la tarea del defensor del pueblo, la iniciativa agrega el análisis de las políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos, con el objetivo de realizar aportes en su formulación y ejecución. Ello le permitirá colaborar en el diseño e implementación de las mismas, de forma que ubiquen en su columna vertebral al paradigma de los derechos humanos, ya no sólo como un obligado referente jurídico sino también como el fundamento mismo del actuar estatal y de la cohesión social.

La Institución Nacional de Derechos Humanos se basa en algunos elementos claves:

- Independencia: conforme a los principios de París "será eficaz la institución nacional que pueda actuar en forma independiente del gobierno, de la política partidista y de todas las demás entidades y situaciones que estén en condiciones de influir en su labor".

- Universalidad e interdependencia: el proyecto promueve una concepción universal e interdependiente de los derechos humanos. A su vez, el caso uruguayo reclama cobertura específica para los temas de discriminación, sea ésta de género, raza, capacidades diferentes o generacionales (infancia, adolescencia y vejez), entre otros.

- Pluralidad: la integración de cinco miembros asegura mayor pluralidad y representatividad y permite atender el diseño y la implementación sin desplazar el seguimiento de las denuncias.

- Funcionamiento: se concibe una práctica simple, no burocrática, de alta eficacia y de fácil acceso al usuario, sin formalismos innecesarios. Es esencial la rapidez en la atención de las demandas.

- Participación social: se prevé la realización de una Asamblea Nacional de los Derechos Humanos con amplia participación de actores sociales y estatales.

- Coordinación: La Institución Nacional de Derechos Humanos coordinará sus funciones con el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, los Defensores del Vecino y demás instituciones similares que se creen en el futuro, así como con los organismos de los tres Poderes del Estado vinculados a la temática.

- Contenido educativo: las tareas de promoción, difusión y educación en derechos humanos son esenciales, apuntando a incidir favorablemente en la creación de una "cultura" de derechos humanos.

En síntesis, la razón de la existencia de esta Institución Nacional de Derechos Humanos es la defensa, promoción y protección -en toda su extensión- de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la República y el derecho internacional, desde una institución estatal independiente. La aprobación del presente proyecto de ley será un paso trascendente en la construcción de una cultura integral de los derechos humanos en el Uruguay.

Por lo expuesto, vuestra Comisión asesora recomienda al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley que se informa.

Sala de la Comisión, 3 de diciembre de 2008.

DANIELA PAYSSÉ
Miembro Informante
ALBA M. COCCO SOTO
ANA DE ARMAS
EDGARDO RODRÍGUEZ
CARLOS FREIRA, con salvedades
que expondré en Sala
GONZALO NOVALES, con salvedades
que expondré en Sala

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.