Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

 

Comisión de Seguridad Social
Carpeta Nº 2269 de 2007
Repartido Nº 1143
Diciembre de 2007

 

ASIGNACIONES FAMILIARES

 

N o r m a s


 

PODER EJECUTIVO

Montevideo, 3 de setiembre de 2007.

Señor Presidente de la Asamblea General
Don Rodolfo Nin Novoa

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese alto Cuerpo a fin de remitir, para su consideración, un proyecto de ley por el cual se introducen reformas en el sistema de asignaciones familiares.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

——

I) Marco en el que surge la necesidad de la reforma

Uruguay posee una amplia tradición en materia de transferencias monetarias. En particular, en lo que refiere al sistema de Seguridad Social, nuestro país ha edificado un destacado sistema de transferencias fuertemente articulado al mercado formal de trabajo. Pero también en el devenir histórico se han generado mecanismos de protección social para quienes se encuentran en una situación de informalidad o precariedad laboral así como en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.

Dentro del conjunto de transferencias de la Seguridad Social, se encuentran las asignaciones familiares.

Instituidas a través de la Ley Nº 10.449, de 12 de noviembre de 1943, fueron en un principio concebidas como un auxilio para la atención de las cargas familiares de los trabajadores del sector privado, formales y bajo subordinación laboral.

Sucesivas leyes extendieron el régimen a trabajadores inicialmente excluidos, como los rurales, así como a aquellos en situación de desocupación forzosa y a la mayoría de los jubilados y pensionistas, hasta el dictado del Decreto-Ley Nº 15.084, de 30 de noviembre de 1980, que mantuvo, en términos generales, el ámbito subjetivo de aplicación resultante de la referida evolución legislativa.

Por su parte, las Leyes Nº 11.490, de 18 de setiembre de 1950, y Nº 12.801, de 30 de noviembre de 1960, consagraron el beneficio en favor de funcionarios públicos.

En época relativamente reciente, a través de las Leyes Nº 17.139, de 16 de julio de 1999, y Nº 17.758, de 4 de mayo de 2004, se introdujeron reformas en cuanto a la población objetivo, extendiendo la prestación a integrantes de "hogares de menores recursos".

Estas modificaciones constituyeron un paso significativo en la ampliación de la cobertura, dado que se integró a más de 200.000 niños y adolescentes, al tiempo que la prestación comenzó a desempeñar un rol de asistencia frente a situaciones de vulnerabilidad socioeconómica de los hogares. No obstante ello, el sistema ha presentado insuficiencias y debilidades, tanto en los mecanismos que habilitan el acceso a las prestaciones, como en el monto de las mismas y en los incentivos que le son inherentes en materia de educación, por ejemplo.

Esta situación ha sido evidenciada desde distintos ángulos. Pero concretamente, desde la puesta en marcha del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES) a comienzos de 2005, se pudo constatar que una cantidad importante de niños y adolescentes pertenecientes a los hogares más pobres de nuestra sociedad no perciben asignaciones familiares.

A partir de tal comprobación y en el marco del desarrollo de dicho Plan, se logró extender la cobertura a niños y adolescentes que, teniendo el derecho, no lo hacían efectivo. No obstante, si bien se han reducido tales brechas, aún no se ha logrado alcanzar a todos ellos.

Es necesario, pues, un mayor esfuerzo en la expansión de la cobertura del sistema y, especialmente, iniciar un proceso de transformación del mismo a fin de lograr construir un Uruguay socialmente protegido, solidario y equitativo.

Luego de dos años de implementado el PANES, son grandes los logros. La reducción a la mitad de la proporción de personas en situación de indigencia es uno de los aspectos más destacables, así como la disminución de la cantidad de personas en condición de pobreza. No obstante, la presencia de situaciones de privación socioeconómica así como la emergencia de nuevos riesgos sociales siguen siendo relevantes, y su incidencia en hogares con niños y adolescentes constituyen un centro de atención prioritario.

El Plan de Equidad se concibe como un paso sustantivo en la reconfiguración del sistema de protección social uruguayo, atendiendo de forma permanente la nueva matriz de riesgos sociales y procurando, mediante diversas acciones, reducir los niveles de pobreza y evitar la consolidación de los mismos, favoreciendo y estimulando procesos de integración social.

De esta forma, se espera responder a dichas situaciones a través de una Red de Asistencia e Integración Social, que tenga entre sus componentes la presente propuesta de reforma de las asignaciones familiares, con el fin de hacerla más consistente e integral.

La reformulación del sistema de asignaciones familiares cumple un papel fundamental en la construcción de dicha Red. Como se indicara anteriormente, diversos estudios han señalado que la pobreza afecta principalmente a los hogares con niños y adolescentes. En este marco es que se considera que dicha reformulación constituye un instrumento adecuado para cumplir con los objetivos propuestos.

II) Aspectos más remarcables del proyecto

1) La reforma propuesta sustituye el sistema previsto por las Leyes Nº 17.139, de 16 de julio de 1999, y Nº 17.758, de 4 de mayo de 2004, el cual, como queda dicho, si bien representó un avance, evidenció notorias insuficiencias.

Desde luego, no se ven afectados los regímenes de asignaciones familiares comúnmente conocidos como "contributivos", asociados a la formalidad en el empleo, los cuales permanecen incambiados, sin perjuicio de la posibilidad de optar por la prestación prevista en el proyecto (artículo 9º).

La población objetivo de esta reforma son los niños y adolescentes que integren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica (artículo 1º). En tales casos, la incapacidad o seria dificultad para hacer frente a la integración y riesgos sociales demanda el imprescindible apoyo del Estado.

El sistema propuesto se instalará siguiendo un criterio de progresividad, a través de un primer escalón de cobertura para el año 2008, que abarcará hasta 330.000 niños y adolescentes provenientes de los hogares más carenciados de los indicados precedentemente.

Ello supondrá una ampliación de la cobertura hoy vigente, sin perjuicio de que la extensión proseguirá en 2009, cuando alcance a todos los hogares objetivo, amparando hasta 500.000 beneficiarios.

Sobre el punto, el artículo 2º dispone que la determinación de los niveles de vulnerabilidad socioeconómica se realizará de acuerdo a criterios estadísticos conforme a lo que prevea la reglamentación, estableciéndose los factores sustanciales que necesariamente habrán de considerarse.

2) Siendo la asignación familiar una prestación dirigida a los niños y adolescentes, se requiere determinar qué personas o instituciones oficiarán como administradores o atributarios del beneficio, lo que se realiza a través del artículo 3º.

Estudios especializados dan cuenta de que, cuando recae en la mujer la calidad de administrador de transferencias en favor de niños y adolescentes, por lo general la prestación se utiliza más directamente en provecho del beneficiario.

Es por ello que el proyecto da preferencia a la titularidad femenina, lo que de ningún modo supone hacer caso omiso de quién tiene al beneficiario a su cargo, ya que dicha preferencia opera únicamente cuando dos personas de diferente sexo ostentan aquella condición al mismo tiempo.

Por último, en el inciso final del artículo 3º, se prevé la posibilidad de reglamentar procedimientos y medios probatorios alternativos en sede administrativa, a fin de permitir el pago provisorio de la prestación entre tanto se tramita el indispensable certificado judicial que acredite la tenencia material del beneficiario.

3) En atención a los objetivos perseguidos, el proyecto introduce cambios sustantivos en los montos de la prestación: por un lado, se incrementa el monto a transferir y, a la vez, se considera, para cada prestación subsiguiente que reciba el mismo hogar, el número de beneficiarios que lo integran y sus características.

El incremento de los montos procura revertir la situación de que dan cuenta estudios nacionales, en el sentido de que las asignaciones familiares, a pesar de haber logrado una cobertura significativa de la población vulnerable, han tenido un muy escaso o inexistente impacto sobre las situaciones de pobreza e indigencia.

Al considerar el número y características de los beneficiarios para determinar el monto de las prestaciones, se aplica el sistema que la literatura específica denomina como de escala de equivalencia.

Así, por ejemplo, si en un hogar hay solamente un niño asistiendo a educación primaria o menor de 5 años de edad, la base de la prestación de asignaciones familiares será de $ 700. En caso de existir más de un beneficiario, el total de prestaciones que por este concepto recibirá el hogar será el resultado de multiplicar: a) la base de $ 700 por b) el número de beneficiarios elevado al exponente de 0,6. Si, por último, se divide la cifra resultante entre el número de beneficiarios, se obtiene el monto que recibirá cada uno de ellos.

Este tipo de ajuste posee dos grandes virtudes. En primer lugar, reconoce la generación de economías de escala en el gasto de los hogares y, en segundo lugar, hace variar el monto en función del tamaño de los mismos.

A su vez, el proyecto prevé un monto adicional de $ 300, con igual criterio de ajuste, en los casos de beneficiarios que cursen enseñanza media. Esta solución tiene por finalidad reducir la deserción en ese nivel y alentar el avance en el ciclo educativo.

De esta manera se espera estimular la retención en el sistema educativo formal o el retorno al mismo, manteniendo para ello las condicionalidades presentes históricamente en el sistema de asignaciones familiares. Huelga destacar la incidencia que tienen los problemas a nivel educativo sobre el porvenir de los niños y adolescentes, en la medida que la escolaridad se encuentra muy asociada a los desempeños futuros en el mundo del trabajo, amén que condiciona los niveles y la calidad de sus procesos de integración social.

El siguiente cuadro muestra distintas combinaciones posibles de composición y tamaño de hogares comprendidos en el nuevo sistema. Los puntos suspensivos al final representan la existencia de hogares con mayores cantidades de niños y adolescentes, en cuyos casos el patrón de incremento del monto transferido no varía.

Ver cuadro

Asimismo, el proyecto brinda un tratamiento preferencial a los beneficiarios que padezcan una incapacidad física o psíquica que les impida su incorporación a tareas remuneradas, así como a aquellos que se encuentran en programas de atención de tiempo completo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) o en instituciones que mantengan convenios con el mismo. Estos beneficiarios no son considerados para la aplicación del sistema de escala de equivalencia, recibiendo una asignación individual de $ 1.000, en el caso de los primeros, y de $ 700, en el caso de los segundos.

Por último, el artículo 10 establece un mecanismo de revaluación de la prestación, en orden a mantener su poder adquisitivo.

4) Los términos del servicio de la asignación y los requisitos para el otorgamiento y mantenimiento de la misma, guardan concordancia, en lo sustancial, con los previstos en el régimen del Decreto-Ley Nº 15.084, de 30 de noviembre de 1980, y en los de las Leyes Nº 17.139, de 16 de julio de 1999, y Nº 17.758, de 4 de mayo de 2004.

Cabe resaltar, como innovación, la disposición contenida en el artículo 7º, que considera válida, aunque por un término no mayor a un año, la participación de niños o adolescentes en programas de educación no formal brindados por instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación y Cultura, que sean de carácter promocional y comprometan el retorno de aquéllos al sistema formal.

5) A través del artículo 8º se confieren al Banco de Previsión Social, organismo encargado de servir la prestación, las facultades necesarias para verificar y controlar los requisitos de elegibilidad de los beneficiarios y atributarios. Entre otras, cabe destacar la posibilidad de utilizar las bases de datos confeccionadas por el Ministerio de Desarrollo Social en el marco del PANES. Esto permitirá disponer, desde el comienzo, de un importante volumen de información relativa a la población objetivo.

A su vez, y a los efectos de evitar duplicaciones en el pago de beneficios, se faculta al Banco de Previsión Social para solicitar a los organismos públicos todo tipo de información respecto de las asignaciones familiares que abonan a sus funcionarios, quedando dichos organismos obligados a suministrarla. Ello posibilitará la creación de una base de datos unificada de beneficiarios y atributarios de asignaciones familiares.

6) El artículo 13, al tiempo que dispone la derogación de las leyes cuyos regímenes son sustituidos por el consagrado en el proyecto, prevé quiénes deberán necesariamente formalizar una solicitud ante el Banco de Previsión Social para acceder a la prestación.

Asimismo, establece una transición ordenada entre el régimen derogado y el nuevo, de modo que no existan intervalos en que los beneficiarios de uno y otro queden sin la cobertura que por derecho les correspondiere.

Finalmente, se mantiene, para los beneficiarios de la asignación regulada por el Decreto-Ley Nº 15.084 que optaren por la prestación prevista en el proyecto, los derechos a hacer uso del servicio de atención materno infantil a cargo del Banco de Previsión Social.

Saludamos a ese alto Cuerpo con la más alta estima y consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ
RICARDO BERNAL
REINALDO GARGANO
DANILO ASTORI
AZUCENA BERRUTTI
JORGE BROVETTO
VÍCTOR ROSSI
MARTÍN PONCE DE LEÓN
EDUARDO BONOMI
MARÍA J. MUÑOZ
JOSÉ MUJICA
HÉCTOR LESCANO
MARIANO ARANA
MARINA ARISMENDI

 

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. (Ámbitos objetivo y subjetivo).- Créase, a partir del 1º de enero de 2008, un sistema de asignaciones familiares consistente en prestaciones monetarias a servirse mensualmente por el Banco de Previsión Social, en beneficio de niños y adolescentes (artículo 1º de la Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004) que residan en el territorio nacional y que, reuniendo los demás requisitos previstos en la presente ley, integren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica o estén en atención de tiempo completo en establecimientos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay o en instituciones que mantengan convenios con dicho Instituto.

No obstante, la aplicación del sistema será gradual, alcanzando durante el año 2008 hasta 330.000 beneficiarios que, reuniendo los demás requisitos previstos en la presente ley, integren los hogares más carenciados de los comprendidos en el inciso anterior.

A partir del 1º de enero de 2009, la prestación alcanzará hasta 500.000 beneficiarios, quedando el Poder Ejecutivo facultado para incrementar dicha cifra en consideración a la evolución de la situación socioeconómica de la población.

Artículo 2º. (Definiciones de hogares).- A los efectos de esta ley, entiéndese por hogar el núcleo integrado por dos o más personas, vinculadas o no por lazos de parentesco, que conviven bajo un mismo techo y constituyen una familia o una unidad similar a la familia.

La determinación de los hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica así como la del nivel a que refiere el inciso segundo del artículo anterior, se harán conforme a criterios estadísticos de acuerdo a lo que disponga la reglamentación a dictarse por el Poder Ejecutivo, teniéndose en cuenta, entre otros, los siguientes factores: ingresos del hogar, condiciones habitacionales y del entorno, composición del hogar, características de sus integrantes y situación sanitaria.

Artículo 3º. (Administrador o atributario de la prestación).- Son administradores o atributarios del beneficio instituido por la presente ley, las personas con capacidad legal o las instituciones a cuyo cargo estén los beneficiarios. En caso de que dos personas de distinto sexo reúnan tales condiciones, tendrá preferencia la mujer.

Para acreditar los extremos previstos en el inciso anterior, se requerirá la presentación del certificado judicial que avale quién ejerce la tenencia material del beneficiario.

La reglamentación a dictarse por el Poder Ejecutivo podrá establecer procedimientos y medios probatorios alternativos en sede administrativa, a los solos efectos de habilitar el servicio de la prestación en forma provisoria y únicamente durante el lapso que insuma la obtención del referido certificado.

Artículo 4º. (Montos de la prestación).- La asignación instituida por la presente ley tendrá los siguientes montos mensuales por beneficiario, atendiendo al número de los mismos que integren el hogar, al nivel educativo que estén cursando y a la presencia o no de discapacidades:

A) El resultado de multiplicar $ 700 (setecientos pesos uruguayos), por el número de beneficiarios integrantes del hogar que no padecieren incapacidad (numeral 4) del artículo siguiente) elevado al exponente 0,6 (cero coma seis), y de dividir la cifra obtenida entre la cantidad de los mismos.

B) En los casos de beneficiarios que se encuentren cursando educación media, se adicionará al monto que les correspondiere conforme al literal anterior, el resultado de multiplicar $ 300 (trescientos pesos uruguayos), por el número de dichos beneficiarios elevado al exponente 0,6 (cero coma seis), y de dividir la cifra obtenida entre la cantidad de los mismos.

C) $ 1.000 (mil pesos uruguayos) en los casos de beneficiarios que padecieren incapacidad conforme a lo previsto por el numeral 4) del artículo siguiente.

En los casos de beneficiarios en atención de tiempo completo en establecimientos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay o en instituciones que mantengan convenios con dicho Instituto, la asignación será de $ 700 (setecientos pesos uruguayos). La reglamentación establecerá el modo en que se aplicará esta asignación en provecho directo del beneficiario, en orden a satisfacer sus necesidades en materia de salud, educación e inserción social.

Artículo 5º. (Término de la prestación).- La asignación familiar prevista por la presente ley se servirá por los períodos que se establecen a continuación:

1) A partir de la constatación fehaciente del estado de gravidez por parte del Banco de Previsión Social y hasta los 14 (catorce) años del beneficiario.

2) Hasta los 16 (dieciséis) años del beneficiario, cuando se compruebe que el mismo no ha podido completar el ciclo de educación primaria a los 14 (catorce) años por impedimento plenamente justificado.

3) Hasta los 18 (dieciocho) años de edad del beneficiario, cuando el mismo curse estudios de nivel superior a los de educación primaria en instituciones docentes estatales o privadas autorizadas por el órgano competente.

4) Cuando el beneficiario padezca de una incapacidad física o psíquica tal que impida su incorporación a todo tipo de tarea remunerada, la prestación se servirá hasta los 18 (dieciocho) años de edad, y continuará sirviéndose a partir de dicha edad por períodos de tres años, con revisión médica al finalizar cada período conforme a lo previsto por el literal D) del artículo siguiente. La percepción del beneficio será incompatible con el cobro de la prestación a que refiere el artículo 43 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995.

Artículo 6º. (Requisitos para el otorgamiento. y el mantenimiento de la percepción de la prestación).- Para recibir la asignación regulada por la presente ley, deberán acreditarse ante el Banco de Previsión Social, con la frecuencia y del modo que establezca la reglamentación, los siguientes extremos:

A) Los ingresos y la composición del hogar que integra el beneficiario.

B) Los demás elementos que caracterizan a dicho hogar como en situación de vulnerabilidad socioeconómica y que lo incluyen en el nivel a que refiere el inciso segundo del artículo 1º, en su caso.

C) La inscripción y concurrencia asidua del beneficiario a institutos docentes estatales o privados autorizados por el órgano competente, excepto en los casos de beneficiarios discapacitados en que se acredite que aquello no es posible, y la periodicidad de controles de asistencia médica brindada a través del sistema público o privado.

D) Tratándose de personas discapacitadas desde el punto de vista físico o psíquico, la discapacidad que impida su incorporación a todo tipo de tarea remunerada. En este caso, el dictamen provendrá de los servicios médicos del Banco de Previsión Social y se realizarán revisiones periódicas ante los mismos servicios médicos cada tres años, a los efectos de evaluar si se mantiene el mismo grado de incapacidad que permita el mantenimiento del pago de la prestación. No obstante, en los casos de niños y adolescentes que padezcan discapacidad psíquica, la misma podrá acreditarse mediante certificación que al efecto expida el Registro creado por la Ley Nº 13.711, de 29 de noviembre de 1968.

Artículo 7º. (Instituciones de educación no formal).- A los efectos de lo previsto en el literal C) del artículo anterior, considéranse incluidas dentro de los institutos docentes privados, a las instituciones de educación no formal que, estando inscriptas en el Registro de Instituciones de Educación No Formal del Ministerio de Educación y Cultura, contribuyan al desarrollo socioeducativo del beneficiario y a su reinserción en el sistema educativo formal, conforme a la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo.

La autoridad competente para autorizar el funcionamiento de dichas instituciones será el Ministerio de Educación y Cultura.

Los niños y adolescentes incluidos en el ámbito subjetivo de la presente ley, que participen en proyectos socioeducativos desarrollados por las referidas instituciones de educación no formal, serán beneficiarios de la asignación siempre que los atributarios se comprometan al reingreso de aquéllos al sistema educativo formal.

Bajo estas condiciones, la asignación se otorgará por una sola vez y por un período no mayor a un año.

Artículo 8º. (Competencias y atribuciones de la Administración).- Compete al Banco de Previsión Social verificar y controlar los requisitos de elegibilidad para ser beneficiario o atributario de la prestación instituida por la presente ley.

A tales efectos, queda facultado para:

A) Realizar las comprobaciones e inspecciones que estime convenientes, a fin de determinar la existencia de las condiciones de acceso y mantenimiento de la prestación.

B) Requerir de los Ministerios de Educación y Cultura y de Salud Pública, de la Administración Nacional de Educación Pública, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y de las instituciones docentes privadas, toda la información necesaria para comprobar la asistencia de los beneficiarios a los centros de educación y los debidos controles médicos, a cuyos efectos los organismos e instituciones indicados quedan obligados a suministrarla.

C) Utilizar las bases de datos confeccionadas por el Ministerio de Desarrollo Social en el marco del Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social -debiendo dicho Ministerio facilitar dicha utilización-, a los efectos de estar en condiciones de servir la prestación sin dilaciones a quienes estén incluidos en aquéllas y reúnan las condiciones necesarias para ser beneficiarios de la asignación prevista en la presente ley.

D) Requerir del Ministerio de Desarrollo Social la colaboración necesaria para la ejecución de los cometidos previstos en el inciso primero de este artículo así como para la comprobación de los extremos previstos en el literal a) del inciso segundo de esta disposición, quedando dicho Ministerio obligado a prestar dicha asistencia y pudiendo ambos organismos celebrar los convenios interinstitucionales que fueren menester a tales efectos.

E) Solicitar a los organismos públicos todo tipo de información respecto de las asignaciones familiares que abonan a sus funcionarios, quedando dichos organismos obligados a suministrarla.

En caso de comprobarse la falsedad total o parcial de la información proporcionada por los interesados o de no poder verificarse las condiciones que habilitan la percepción de la prestación por causa imputable a éstos, el Banco de Previsión Social procederá a la suspensión del beneficio, sin perjuicio de ejercitar las acciones para recuperar lo indebidamente pagado y de las denuncias penales que eventualmente correspondieren.

Artículo 9º. (Incompatibilidad y opciones).- La percepción de la prestación establecida en la presente ley es incompatible con las previstas por el Decreto-Ley Nº 15.084, de 28 de noviembre de 1980, y por la ley Nº 17.474, de 14 de mayo de 2002, así como con la asignación familiar generada por la calidad de funcionario público del asignatario o atributario y las servidas por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

No obstante, se podrá optar en todo momento por el beneficio previsto en la presente ley, teniendo preferencia el mismo en caso de controversia entre quienes resulten asignatarios o atributarios según los diferentes regímenes.

Artículo 10. (Referencia a valores constantes y ajustes).- Las referencias monetarias del artículo 4º están expresadas en valores constantes correspondientes al mes de enero de 2008.

La prestación será ajustada de conformidad con la variación del Índice de Precios al Consumo, en las mismas oportunidades en que se ajusten las remuneraciones de los funcionarios públicos de la Administración Central.

Artículo 11. (Inembargabilidad e incedibilidad).- La prestación instituida por la presente ley es inalienable e inembargable y toda venta o cesión que se hiciere de ella, cualquiera fuere su causa, será nula.

Artículo 12. (Financiación).- Las erogaciones derivadas de la aplicación de la presente ley serán atendidas por Rentas Generales.

Artículo 13. (Derogaciones y régimen de transición).- Deróganse, a partir del 1º de enero de 2008, las Leyes Nº 17.139, de 16 de julio de 1999, y Nº 17.758, de 4 de mayo de 2004.

En los casos de quienes aspiren a ser beneficiarios de la prestación prevista por la presente ley e integren hogares que no fueron visitados y relevados en el marco del Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social, deberá formularse la correspondiente solicitud ante el Banco de Previsión Social.

Idéntica gestión deberá cumplirse respecto de los potenciales beneficiarios que, habiendo sido visitados y relevados dentro del Plan antedicho, no perciban asignaciones familiares ni integren hogares beneficiarios de Ingreso Ciudadano.

Quienes al 31 de diciembre de 2007 sean beneficiarios de prestaciones concedidas al amparo de las leyes que se derogan, continuarán percibiendo una asignación equivalente a la que recibirían de haberse mantenido vigentes las mismas, hasta que el Banco de Previsión Social se expida respecto de si tienen o no derecho a la establecida por esta ley. No obstante, si estuvieren comprendidos en lo previsto por el inciso segundo de este artículo y no se hubiese formulado la correspondiente solicitud de amparo antes del 1º de julio de 2008, continuarán percibiendo la referida asignación equivalente sólo hasta el 30 de junio de 2008, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso siguiente.

Una vez realizado el control de las condiciones de acceso a la prestación prevista por esta ley, quienes al 31 de diciembre de 2007 fueran beneficiarios de prestaciones concedidas al amparo de las leyes derogadas por la presente, continuarán percibiendo durante el año 2008 una asignación equivalente a la que recibirían de haberse mantenido vigentes las mismas, siempre que integraren hogares no situados en el nivel previsto por el inciso segundo del artículo 1º pero sí en situación de vulnerabilidad socioeconómica conforme a la definición del artículo 2º.

Los postulantes a la asignación estatuida en esta ley, que al 31 de diciembre de 2007 no fueran beneficiarios de prestaciones concedidas conforme a las leyes que se derogan e integraren hogares de las características referidas en el inciso anterior, percibirán durante el año 2008 una asignación idéntica a la establecida en dicho inciso.

A partir del 1º de enero de 2009, las personas comprendidas en lo previsto por los dos incisos anteriores, pasarán a cobrar el beneficio establecido en la presente ley, si conservaren las condiciones de acceso al mismo.

Aquellos beneficiarios de asignaciones familiares reguladas por el Decreto-Ley Nº 15.084, de 28 de noviembre de 1980, respecto de quienes se optare por la prestación establecida en la presente ley, no perderán por tal motivo sus derechos a hacer uso del servicio de atención materno infantil a cargo del Banco de Previsión Social.

Quienes al 31 de diciembre de 2007, contando con 18 (dieciocho) o más años de edad y padeciendo discapacidad, sean beneficiarios de asignaciones concedidas al amparo de las leyes que se derogan, podrán acceder a las prestaciones previstas en la presente ley en las condiciones establecidas para las personas discapacitadas.

Cuando deba formularse la correspondiente solicitud ante el Banco de Previsión Social para acceder a la prestación prevista en la presente ley, los haberes sólo se devengarán a partir de aquélla. No obstante, en estos casos, no se devengarán dichas asignaciones antes del 1º de abril de 2008.

Artículo 14. (Declaración interpretativa).- Declárase, con carácter de interpretación auténtica, que las referencias al régimen general que se efectúan en los incisos tercero del artículo 1º y primero del artículo 2º, de la Ley Nº 17.474, de 14 de mayo de 2002, aluden al estatuido por el Decreto-Ley Nº 15.084, de 28 de noviembre de 1980.

Artículo 15. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del término de treinta días siguientes al de su promulgación.

Montevideo, 3 de setiembre de 2007.

RICARDO BERNAL
REINALDO GARGANO
DANILO ASTORI
AZUCENA BERRUTTI
JORGE BROVETTO
VÍCTOR ROSSI
MARTÍN PONCE DE LEÓN
EDUARDO BONOMI
MARÍA J. MUÑOZ
JOSÉ MUJICA
HÉCTOR LESCANO
MARIANO ARANA
MARINA ARISMENDI

 

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. (Ámbitos objetivo y subjetivo).- Establécese, a partir del 1º de enero de 2008, un sistema de asignaciones familiares consistente en prestaciones monetarias a servirse mensualmente por el Banco de Previsión Social, en la forma que determine la reglamentación, en beneficio de niños y adolescentes (artículo 1º de la Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004) que residan en el territorio nacional y que, reuniendo los demás requisitos previstos en la presente ley, integren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica o estén en atención de tiempo completo en establecimientos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay o en instituciones que mantengan convenios con dicho instituto.

No obstante, la aplicación del sistema será gradual, alcanzando durante el año 2008 hasta 330.000 beneficiarios que, reuniendo los demás requisitos previstos en la presente ley, integren los hogares más carenciados de los comprendidos en el inciso anterior.

A partir del 1º de enero de 2009, la prestación alcanzará hasta 500.000 beneficiarios, quedando el Poder Ejecutivo facultado para incrementar dicha cifra en consideración a la evolución de la situación socioeconómica de la población.

Artículo 2º. (Definiciones de hogares).- A los efectos de esta ley, entiéndese por hogar el núcleo integrado por dos o más personas, vinculadas o no por lazos de parentesco, que conviven bajo un mismo techo y constituyen una familia o una unidad similar a la familia.

La determinación de los hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica así como la del nivel a que refiere el inciso segundo del artículo anterior, se harán conforme a criterios estadísticos, teniéndose en cuenta, entre otros, los siguientes factores: ingresos del hogar, condiciones habitacionales y del entorno, composición del hogar, características de sus integrantes y situación sanitaria.

La reglamentación establecerá claramente las condiciones para acceder al beneficio y en caso de ser más de uno, indicará la ponderación de cada uno de ellos.

Artículo 3º. (Administrador o atributario de la prestación).- Son atributarios o administradores del beneficio instituido por la presente ley, las personas con capacidad legal o las instituciones, a cuyo cargo estén los beneficiarios. En caso de que dos personas de distinto sexo reúnan tales condiciones, tendrá preferencia la mujer.

Para acreditar los extremos previstos en el inciso anterior, se requerirá la presentación del certificado judicial que avale quién ejerce la tenencia efectiva del beneficiario.

La reglamentación a dictarse por el Poder Ejecutivo podrá establecer procedimientos y medios probatorios alternativos en sede administrativa, a los solos efectos de habilitar el servicio de la prestación en forma provisoria y únicamente durante el lapso que insuma la obtención del referido certificado.

Artículo 4º. (Montos de la prestación).- La asignación instituida por la presente ley tendrá los siguientes montos mensuales por beneficiario, atendiendo al número de los mismos que integren el hogar, al nivel educativo que estén cursando y a la presencia o no de discapacidades:

A) el resultado de multiplicar $ 700 (setecientos pesos uruguayos), por el número de beneficiarios integrantes del hogar que no padecieren incapacidad (numeral 4) del artículo siguiente) elevado al exponente 0,6 (cero coma seis), y de dividir la cifra obtenida entre la cantidad de aquellos;

B) en los casos de beneficiarios que se encuentren cursando educación media, se adicionará al monto que les correspondiere conforme al literal anterior, el resultado de multiplicar $ 300 (trescientos pesos uruguayos), por el número de dichos beneficiarios elevado al exponente 0,6 (cero coma seis), y de dividir la cifra obtenida entre la cantidad de los mismos;

C) $ 1.000 (mil pesos uruguayos) en los casos de beneficiarios que padecieren incapacidad conforme a lo previsto por el numeral 2) del artículo siguiente.

En los casos de beneficiarios en atención de tiempo completo en establecimientos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay o en instituciones que mantengan convenios con dicho instituto, la asignación será de $ 700 (setecientos pesos uruguayos). La reglamentación establecerá el modo en que se aplicará esta asignación en provecho directo del beneficiario, en orden a satisfacer sus necesidades en materia de salud, educación e inserción social.

Artículo 5º. (Término de la prestación).- La asignación familiar prevista por la presente ley se servirá por los períodos que se establecen a continuación:

1) A partir de la constatación fehaciente del estado de gravidez por parte del Banco de Previsión Social y:

A) Hasta los 14 (catorce) años del beneficiario en todos los casos.

B) Hasta los 16 (dieciséis) años del beneficiario, cuando se compruebe que el mismo no ha podido completar el ciclo de educación primaria a los 14 (catorce) años por impedimento plenamente justificado.

C) Hasta los 18 (dieciocho) años de edad del beneficiario, cuando el mismo curse estudios de nivel superior a los de educación primaria en instituciones de enseñanza estatales o privadas autorizadas por el órgano competente.

2) Cuando el beneficiario padezca de una incapacidad física o psíquica tal que impida su incorporación a todo tipo de tarea remunerada, la prestación se servirá hasta los 18 (dieciocho) años de edad, y continuará sirviéndose a partir de dicha edad por períodos de tres años, con revisión médica al finalizar cada período conforme a lo previsto por el literal D) del artículo siguiente. La percepción del beneficio será incompatible con el cobro de la prestación a que refiere el artículo 43 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995.

Artículo 6º. (Requisitos para el otorgamiento y el mantenimiento de la percepción de la prestación).- Para recibir la asignación regulada por la presente ley, deberán acreditarse ante el Banco de Previsión Social, con la frecuencia y del modo que establezca la reglamentación, los siguientes extremos:

A) Los ingresos y la composición del hogar que integra el beneficiario.

B) Los demás elementos que caracterizan a dicho hogar como en situación de vulnerabilidad socioeconómica y que lo incluyen en el nivel a que refiere el inciso segundo del artículo 1º, en su caso.

C) La inscripción y concurrencia asidua del beneficiario a institutos de enseñanza estatales o privados autorizados por el órgano competente, excepto en los casos de beneficiarios discapacitados en que se acredite que aquello no es posible, y la periodicidad de controles de asistencia médica brindada a través del sistema público o privado.

D) Tratándose de personas discapacitadas desde el punto de vista físico o psíquico, la discapacidad debe impedir su incorporación a todo tipo de tarea remunerada. En este caso, el certificado provendrá de los servicios médicos del Banco de Previsión Social y se realizarán revisiones periódicas ante los mismos servicios médicos cada tres años, a los efectos de evaluar si se mantiene el mismo grado de incapacidad que permita el mantenimiento del pago de la prestación. No obstante, en los casos de niños y adolescentes que padezcan discapacidad psíquica, la misma podrá acreditarse mediante certificación que al efecto expida el Registro creado por la Ley Nº 13.711, de 29 de noviembre de 1968.

Artículo 7º. (Instituciones de educación no formal).- A los efectos de lo previsto en el literal C) del artículo anterior, considéranse incluidas dentro de los institutos de enseñanza privados, a las instituciones de educación no formal que, estando inscriptas en el Registro de Instituciones de Educación No Formal del Ministerio de Educación y Cultura y autorizadas por el mismo, contribuyan al desarrollo socioeducativo del beneficiario y a su reinserción en el sistema educativo formal, conforme a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

Los niños y adolescentes incluidos en el artículo 1º de la presente ley, que participen en proyectos socioeducativos desarrollados por las referidas instituciones de educación no formal, serán beneficiarios de la asignación siempre que los atributarios se comprometan al reingreso de aquéllos al sistema educativo formal.

Bajo estas condiciones, la asignación se otorgará por una sola vez y por un período no mayor a un año.

Artículo 8º. (Competencias y atribuciones de la Administración).- Compete al Banco de Previsión Social verificar y controlar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para ser beneficiario o atributario o administrador de la prestación instituida por la presente ley.

A tales efectos, queda facultado para:

A) Realizar las comprobaciones e inspecciones que estime convenientes, a fin de determinar la existencia de las condiciones de acceso y mantenimiento de la prestación.

B) Requerir de los Ministerios de Educación y Cultura y de Salud Pública, de la Administración Nacional de Educación Pública, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y de las instituciones de enseñanza privadas y de las instituciones de atención a la salud, toda la información necesaria para comprobar la asistencia de los beneficiarios a los centros de educación y los debidos controles médicos, a cuyos efectos los organismos e instituciones indicados quedan obligados a suministrarla.

C) Utilizar las bases de datos confeccionadas por el Ministerio de Desarrollo Social en el marco del Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social. Dicho Ministerio deberá facilitar su utilización, a efectos de servir la prestación sin dilaciones a quienes reúnan las condiciones necesarias para ser beneficiarios de la asignación prevista en la presente ley.

D) Requerir del Ministerio de Desarrollo Social la colaboración necesaria para la ejecución de los cometidos previstos en el inciso primero de este artículo así como para la comprobación de los extremos previstos en el literal a) del inciso segundo de esta disposición, quedando dicho Ministerio obligado a prestar dicha asistencia y pudiendo ambos organismos celebrar los convenios interinstitucionales que fueren menester a tales efectos.

E) Solicitar a los organismos públicos todo tipo de información respecto de las asignaciones familiares que abonan a sus funcionarios, quedando dichos organismos obligados a suministrarla.

En caso de comprobarse la falsedad total o parcial de la información proporcionada por los interesados o de no poder verificarse las condiciones que habilitan la percepción de la prestación por causa imputable a éstos, el Banco de Previsión Social procederá a la suspensión del beneficio, sin perjuicio de ejercitar las acciones para recuperar lo indebidamente pagado y de las denuncias penales que eventualmente correspondieren.

Artículo 9º. (Incompatibilidad y opciones).- La percepción de la prestación establecida en la presente ley es incompatible con las previstas por el decreto-ley Nº 15.084, de 28 de noviembre de 1980 y por la Ley Nº 17.474, de 14 de mayo de 2002, así como con la asignación familiar generada por la calidad de funcionario público del asignatario o atributario y las servidas por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

No obstante, se podrá optar en todo momento por el beneficio previsto en la presente ley, teniendo preferencia el mismo en caso de controversia entre quienes resulten asignatarios o atributarios según los diferentes regímenes.

Artículo 10. (Referencia a valores constantes y ajustes).- Las referencias monetarias del artículo 4º están expresadas en valores constantes correspondientes al mes de enero de 2008.

La prestación será ajustada de conformidad con la variación del Índice de Precios al Consumo, en las mismas oportunidades en que se ajusten las remuneraciones de los funcionarios públicos de la Administración Central.

Artículo 11. (Inembargabilidad e incedibilidad).- La prestación instituida por la presente ley es inalienable e inembargable y toda venta o cesión que se hiciere de ella, cualquiera fuere su causa, será nula.

Artículo 12. (Financiación).- Las erogaciones derivadas de la aplicación de la presente ley serán atendidas por Rentas Generales.

Artículo 13. (Derogaciones y régimen de transición).- Deróganse, a partir del 1º de enero de 2008, las Leyes Nº 17.139, de 16 de julio de 1999 y Nº 17.758, de 4 de mayo de 2004.

En los casos de quienes aspiren a ser beneficiarios de la prestación prevista por la presente ley e integren hogares que no fueron visitados y relevados en el marco del Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social, deberá formularse la correspondiente solicitud ante el Banco de Previsión Social.

Idéntica gestión deberá cumplirse respecto de los potenciales beneficiarios que, habiendo sido visitados y relevados dentro del Plan antedicho, no perciban asignaciones familiares ni integren hogares beneficiarios de Ingreso Ciudadano.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso siguiente, quienes al 31 de diciembre de 2007 sean beneficiarios de prestaciones concedidas al amparo de las leyes que se derogan, continuarán percibiendo una asignación equivalente a la que recibirían de haberse mantenido vigentes las mismas, hasta que el Banco de Previsión Social se expida respecto de si tienen o no derecho a la establecida por esta ley. No obstante, si estuvieren comprendidos en lo previsto por el inciso segundo de este artículo y no se hubiese formulado la correspondiente solicitud de amparo antes del 1º de julio de 2008, continuarán percibiendo la referida asignación equivalente sólo hasta el 30 de junio de 2008.

Una vez realizado el control de las condiciones de acceso a la prestación prevista por esta ley, quienes al 31 de diciembre de 2007 fueran beneficiarios de prestaciones concedidas al amparo de las leyes derogadas por la presente, continuarán percibiendo durante el año 2008 una asignación equivalente a la que recibirían de haberse mantenido vigentes las mismas, siempre que integraren hogares no situados en el nivel previsto por el inciso segundo del artículo 1º pero sí en situación de vulnerabilidad socioeconómica conforme a la definición del artículo 2º de la presente ley.

Los postulantes a la asignación estatuida en esta ley, que al 31 de diciembre de 2007 no fueran beneficiarios de prestaciones concedidas conforme a las leyes que se derogan e integraren hogares de las características referidas en el inciso anterior, percibirán durante el año 2008 una asignación idéntica a la establecida en dicho inciso.

A partir del 1º de enero de 2009, las personas comprendidas en lo previsto por los dos incisos anteriores, pasarán a cobrar el beneficio establecido en la presente ley, si conservaren las condiciones de acceso al mismo.

Aquellos beneficiarios de asignaciones familiares reguladas por el decreto-ley Nº 15.084, de 28 de noviembre de 1980, respecto de quienes se optare por la prestación establecida en la presente ley, no perderán por tal motivo sus derechos a hacer uso del servicio de atención materno infantil a cargo del Banco de Previsión Social.

Quienes al 31 de diciembre de 2007, contando con 18 (dieciocho) o más años de edad y padeciendo discapacidad, sean beneficiarios de asignaciones concedidas al amparo de las leyes que se derogan, podrán acceder a las prestaciones previstas en la presente ley en las condiciones establecidas para las personas discapacitadas.

Cuando deba formularse la correspondiente solicitud ante el Banco de Previsión Social para acceder a la prestación prevista en la presente ley, los haberes sólo se devengarán a partir de aquélla. No obstante, en estos casos, no se devengarán dichas asignaciones antes del 1º de abril de 2008.

Artículo 14. (Declaración interpretativa).- Declárase, con carácter de interpretación auténtica, que las referencias al régimen general que se efectúan en los incisos tercero del artículo 1º y primero del artículo 2º, de la Ley Nº 17.474, de 14 de mayo de 2002, aluden al estatuido por el decreto-ley Nº 15.084, de 28 de noviembre de 1980.

Artículo 15. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del término de treinta días siguientes al de su promulgación.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 4 de diciembre de 2007.



HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI
Secretario
RODOLFO NIN NOVOA
Presidente

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.