Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

Comisión de Hacienda
Carpeta Nº 1410 de 2006
Anexo I al
Repartido Nº 838
Junio de 2007

U S U R A

Normas para atender su problemática

I n f o r m e


Comisión de Hacienda

INFORME

Señores Representantes:

En la actualidad el ordenamiento jurídico uruguayo sobre la usura está integrado por una norma constitucional que la prohibe, (artículo 52 de la Constitución de la República), el Decreto-Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972 con sus modificativas (ej.: los Decretos-Leyes Nº 14.887, de 27 de abril de 1979 y Nº 15.226, de 10 de diciembre de 1981) y la Ley Nº 17.569, de 22 de octubre de 2002. Asimismo está integrado por varias Circulares del Banco Central del Uruguay en aplicación de la normativa vigente. Los textos legales contienen normas relacionadas con lo que se ha dado a llamar "usura civil" y "usura penal".

Como hacíamos referencia, la usura se encuentra prohibida a nivel constitucional:

"Prohíbese la usura. Es de orden público la ley que señale límite máximo al interés de los préstamos. Esta determinará la pena a aplicarse a los contraventores".

Por tanto la falta de reglamentación o los problemas de ésta no pueden ser excusa para hacer efectiva esta prohibición. No obstante, es deber del legislador suplir las insuficiencias de los textos legales a los efectos de una aplicación real de la protección constitucional. Además, está previsto en el citado artículo, que la determinación del límite máximo del interés de los préstamos y el nivel de la pena es materia legal.

Las normas jurídicas a las que hicimos referencia constituyen hasta el día de hoy ese marco legal. En la actualidad es necesario una revisión de los mismos partiendo, entre otros, de un punto de vista de realismo referente a la protección efectiva que genera el mismo.

Al asumir el nuevo Gobierno debió afrontar, entre otras situaciones, la del endeudamiento interno; producto de un modelo económico y de la crisis que el mismo generó. En ese entorno el Poder Ejecutivo, el 17 de mayo de 2005, presentó el "informe para el estudio del endeudamiento interno", el cual preveía "pautas para el reperfilamiento de las deudas, líneas de trabajo para el retorno del crédito y la agenda para el tratamiento del mercado financiero no regulado". En dicho informe, entre otras medidas, el Gobierno se comprometió a un nuevo marco jurídico referente al tema de la Usura.

Como dice el Poder Ejecutivo en la exposición de motivos del proyecto que estamos considerando "desde la crisis económica y financiera del año 2002, se hizo notoria la existencia de situaciones de abuso, en general en contra de la población de más bajos ingresos y menos informada, en un mercado financiero caracterizado por una escasa disponibilidad de crédito".

Compartiendo dicha afirmación, cabe aclarar que los mercados financieros no constituyen un ejemplo típico de mercados en los cuales el libre juego de la oferta y la demanda nos lleve a un óptimo. Además, debemos reconocer la existencia de "problemas de asimetrías de información y la presencia de consumidores o demandantes de crédito que, por su tamaño en el mercado y su capacidad para obtener e interpretar la información relevante, se encuentran en inferioridad de condiciones al momento de solicitar y obtener crédito".

Por lo expuesto, no hay dudas que es precisa la existencia de un nuevo marco legal que nos permita una mejora del bienestar colectivo. La fijación de tasas de interés máximas dará como resultado una protección efectiva para un conjunto importante de la población usuaria de crédito.

El proyecto que tenemos a consideración es el producto del trabajo colectivo de la Comisión de Hacienda y el intercambio con la sociedad civil organizada y los organismos estatales involucrados en el tema, forma de trabajo permanente de vuestra asesora.

El proyecto original remitido por el Poder Ejecutivo ingresó a la Cámara de Senadores, la cual le introdujo modificaciones, como así también lo hizo nuestra Comisión, logrando un texto que, manteniendo la columna vertebral del proyecto, perfecciona el objetivo perseguido.

Por lo expuesto, y los fundamentos que se expresarán en sala sobre el articulado, proponemos a la Cámara aprobar el presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 23 de mayo de 2007.

ALFREDO ASTI
Miembro Informante
EDUARDO BRENTA
JORGE GANDINI
CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ
PABLO PÉREZ GONZÁLEZ
IVÁN POSADA
HÉCTOR TAJAM

PROYECTO DE LEY

TASAS DE INTERÉS Y USURA

CAPÍTULO I

Operaciones comprendidas y tasas de interés

Artículo 1º. (Operaciones comprendidas).- Quedarán sujetas a las disposiciones de la presente ley las operaciones de crédito o asimiladas realizadas por personas físicas o jurídicas. Se entiende por operaciones de crédito aquellas por las cuales una de las partes entrega una cantidad de dinero, o se obliga a entregar bienes o servicios y la otra a pagarla en un momento diferente de aquél en el que se celebra la operación.

A los efectos de la presente ley se asimilan a operaciones de crédito, a modo de ejemplo, las siguientes:

A) El descuento de documentos representativos de dinero.

B) L as operaciones con letras de cambio y con documentos representativos de obligaciones de crédito pagaderos a la vista, a cierto plazo desde la vista, a cierto plazo desde su fecha o a fecha fija.

C) El financiamiento de la venta de bienes y servicios otorgando crédito mediante el uso de tarjetas, órdenes de compra u otras modalidades.

Artículo 2º. (Operaciones no comprendidas).- Se consideran operaciones no comprendidas en las disposiciones de la presente ley:

A) Las operaciones entre instituciones de intermediación financiera.

B) Las operaciones que el Banco Central del Uruguay (BCU) concerte con las instituciones de intermediación financiera y demás entidades sujetas a su supervisión.

C) Las emisiones de títulos de deuda realizadas por la Tesorería General de la Nación y el Banco Central del Uruguay.

D) Las emisiones de valores de oferta pública comercializados conforme a lo previsto en la Ley Nº 16.749, de 30 de mayo de 1996.

E) Las operaciones de crédito realizadas entre empresas no financieras que no se originen en relaciones de consumo de acuerdo a lo definido en la Ley Nº 17.250, de 11 de agosto de 2000 cuando el crédito fuera superior al equivalente a 2.000.000 U.I. (dos millones de unidades indexadas).

Artículo 3º. (Tipos de interés).- Sólo se podrán aplicar intereses compensatorios o de mora, los cuales deberán ser pactados en términos claros y precisos en los correspondientes documentos de adeudo.

El interés de mora sólo se aplicará a las operaciones de crédito vencidas e impagas, durante el período en que se hayan producido los atrasos, toda vez que el deudor haya incurrido en mora, de acuerdo con los términos y condiciones pactadas.

En las operaciones de crédito pagaderas en cuotas, los intereses de mora sólo podrán aplicarse sobre el monto de las cuotas vencidas e impagas y no sobre el saldo de deuda total, aun cuando éste fuera exigible.

Artículo 4º. (Expresión y aplicación de las tasas de interés).- Las tasas de interés fijas deberán expresarse en términos efectivos anuales, en porcentaje y con al menos dos decimales. Para su aplicación se utilizará la tasa efectiva equivalente al período de financiación que corresponda. Cuando el pago de las operaciones asimiladas se realice periódicamente, la tasa efectiva anual se calculará anualizando las tasas establecidas para el período de referencia.

En el caso de que se acordaran tasas de interés variables se establecerá una tasa de referencia, la que podrá ser una tasa nominal o efectiva anual y, si correspondiera, el margen pactado sobre la tasa de referencia. Este último se expresará en porcentajes con al menos dos decimales.

A los efectos del cálculo de la tasa efectiva anual y de las tasas de interés de mora, los años se considerarán de trescientos sesenta y cinco días.

Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de las facultades establecidas al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) por el literal e) del artículo 1º de la Ley Nº 9.678, de 12 agosto de 1937; artículo 25 de la Ley Nº 9.808, de 2 de enero de 1939 y artículo 39 de la Ley Nº 13.608, de 8 de setiembre de 1967.

Artículo 5º. (Base de cálculo).- Los intereses sólo se liquidarán sobre los saldos de los capitales efectivamente prestados o de los saldos financiados. No podrán aplicarse simultáneamente la tasa de interés compensatorio y la de mora sobre el mismo importe.

En los casos en que habiéndose pactado operaciones de crédito a ser canceladas en cuotas, se reciban pagos a cuenta dentro del plazo convenido y éstos sean admitidos por el acreedor, los pagos serán descontados del total de la cuota correspondiente a efectos de calcular intereses solamente sobre los saldos impagos.

Lo dispuesto en los incisos precedentes es sin perjuicio de la aplicación de tasas efectivas y de los criterios de imputación a la paga previstos en el Código de Comercio.

CAPÍTULO II

Operativa Tarjetas de Crédito

Artículo 6º. (Devengamiento de intereses en tarjetas de crédito emitidas con finalidad de consumo personal o familiar).- En la utilización de tarjetas de crédito emitidas con finalidad de consumo personal o familiar, las compras de bienes y servicios realizadas entre dos fechas consecutivas de cierre del estado de cuenta, no devengarán intereses entre la fecha de compra o de imputación de gastos en cuenta y la del primer vencimiento del estado de cuenta posterior a la misma, cuando el tarjetahabiente optara por cancelar el total del saldo del estado de cuenta en la fecha de vencimiento. En este caso se entenderá que se ha usado la tarjeta como tarjeta de compra.

Artículo 7º. (Pagos parciales).- Cuando en la fecha de vencimiento el tarjetahabiente optara por realizar un pago parcial del saldo del último estado de cuenta, en cuyo caso se entenderá que se ha usado la tarjeta como tarjeta de crédito, ese pago se aplicará en primer lugar a la cancelación del saldo impago correspondiente a estados de cuenta anteriores si lo hubiere y en segundo lugar al pago de las compras realizadas en el período correspondiente al último estado de cuenta. En este último caso, el pago se aplicará a las compras más antiguas.

Artículo 8º. (Saldos Impagos) El nuevo saldo impago resultante podrá tener dos componentes. Un primer componente (A), si lo hubiere, correspondiente a deudas generadas en períodos de estados de cuenta anteriores al último y un segundo componente (B) correspondiente a la parte impaga de las compras del último estado de cuenta.

Para el cálculo de los intereses que se devenguen hasta el siguiente vencimiento del estado de cuenta se procederá de la siguiente forma: el primer componente (A), definido anteriormente, devengará intereses desde la anterior fecha de vencimiento hasta la nueva fecha de vencimiento (o hasta que haga efectivo el pago); el segundo componente (B) devengará intereses, sobre la parte impaga de las compras del último estado de cuenta según lo establecido en el inciso anterior, desde la fecha de cada compra (o desde una fecha promedio ponderada de las mismas) hasta la fecha de vencimiento del siguiente estado de cuenta (o hasta que haga efectivo el pago).

En la eventualidad de que el tarjetahabiente pagara el total del saldo adeudado dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la fecha de vencimiento, a los efectos del devengamiento de intereses se considerará como si hubiera realizado el pago en la fecha de vencimiento. No obstante, podrá exigirse la multa prevista en el artículo 19 de la presente ley.

Artículo 9º. (Otras situaciones).- Devengarán intereses desde la fecha de la operación, aún realizados mediante la utilización de tarjeta de crédito:

A) Los retiros de efectivo.

B) Las operaciones regidas por contratos puntuales con destinos específicos.

CAPÍTULO III

Intereses usurarios

Artículo 10. (Existencia de intereses usurarios).- Para determinar la existencia de intereses usurarios en las operaciones de crédito se calculará la tasa de interés implícita (en términos financieros, tasa interna de retorno) que surge de igualar el valor actualizado de los desembolsos del crédito, con el valor actualizado del flujo de pagos de capital, intereses, compensaciones, comisiones, gastos, seguros u otros cargos por cualquier concepto, incluidas las cláusulas penales; aplicándose en lo pertinente lo dispuesto en el Capítulo IV (exclusiones) de la presente ley.

Para determinar la existencia de intereses usurarios en las operaciones de crédito originadas en la venta de bienes y servicios no financieros realizadas por el propio proveedor se calculará la tasa de interés implícita que surge de igualar el valor del precio de lista del bien o servicio en cuestión al momento de la transacción, con el valor actual del flujo de pagos, intereses, compensaciones, comisiones, gastos, seguros u otros cargos por cualquier concepto, incluidas las cláusulas penales; aplicándose en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 15 de la presente ley.

A efectos de determinar la existencia de intereses usurarios en los casos previstos en los incisos anteriores, el Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la autoridad de aplicación correspondiente, reglamentará las condiciones para que algunas cláusulas penales puedan ser excluidas de este cálculo, en particular en aquellos contratos de compraventa de inmuebles u otros bienes.

El cálculo de la tasa de interés implícita se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Anexo Metodológico que integra la presente ley.

El Poder Ejecutivo por razones fundadas y previo informe favorable del Banco Central del Uruguay (BCU) podrá modificar dicho Anexo dando cuenta a la Asamblea General.

Artículo 11. (Topes máximos de interés).- En las operaciones de crédito en las que el capital efectivamente prestado o, en su caso, el valor nominal del documento descontado, sin incluir intereses o cargos, fuera inferior al equivalente a 2.000.000 U.I. (dos millones de unidades indexadas) se considerará que existen intereses usurarios cuando la tasa implícita superare en un porcentaje mayor al 60% (sesenta por ciento) las tasas medias de interés publicadas por el Banco Central del Uruguay (BCU), correspondientes al trimestre móvil anterior a la fecha de constituir la obligación. En caso de configurarse mora, se considerará que existen intereses usurarios cuando la tasa implícita superare las referidas tasas medias en un porcentaje mayor al 80% (ochenta por ciento).

En las operaciones de crédito en las que el capital efectivamente prestado o, en su caso, el valor nominal del documento descontado, sin incluir intereses o cargos, fuera mayor o igual al equivalente a 2.000.000 U.I. (dos millones de unidades indexadas) se considerará que existen intereses usurarios cuando dicha tasa implícita superare en un porcentaje mayor al 90% (noventa por ciento) las tasas medias de interés publicadas por el Banco Central del Uruguay, correspondientes al trimestre móvil anterior a la fecha de constituir la obligación. En caso de configurarse mora, se considerará que existen intereses usurarios cuando la tasa implícita superare las referidas tasas medias en un porcentaje mayor al 120% (ciento veinte por ciento).

Para determinar el rango en el que se encuentran las sumas que hubieran sido pactadas, a los efectos del cálculo de los límites que se establecen en los dos incisos anteriores, las sumas en moneda extranjera se arbitrarán a dólares estadounidenses, convirtiéndose a moneda nacional a la cotización interbancaria (fondo tipo comprador), y aplicándose el valor de la unidad indexada vigente al momento de convenir la obligación.

Artículo 12. (Determinación de las tasas medias de interés).- A efectos de determinar las tasas medias de interés a que se refiere el artículo 11 de la presente ley para su publicación, el Banco Central del Uruguay (BCU) considerará las operaciones de créditos concedidos a residentes del sector privado no financiero, informadas por las instituciones de intermediación financiera que operan en el mercado local. A estos efectos excluirá aquellas operaciones de crédito que entienda que, por sus características, distorsionan la realidad del mercado.

El Banco Central del Uruguay publicará las tasas medias de interés diferenciando por plazo, moneda, monto, destino del crédito. Asimismo podrá publicar dichas tasas según modalidad y garantías del crédito.

En relación con el destino del crédito, deberán informarse las tasas medias de interés, para, al menos, tres grupos de prestatarios: familias, micro y pequeñas empresas y restantes empresas.

Cuando no se contare con suficiente información para la determinación de las tasas medias de interés según lo establecido en el inciso segundo del presente artículo, el Banco Central del Uruguay podrá optar por la tasa de interés que considere más representativa.

En todos los casos la publicación de tasas medias se acompañará con la publicación de la tasa máxima que corresponda de acuerdo con lo dispuesto por la presente ley.

Artículo 13. (Publicidad comparada de los créditos concedidos por instituciones financieras).- El Banco Central del Uruguay (BCU) publicará periódicamente comparativos de las tasas de interés implícitas y otros aspectos relevantes en los créditos efectivamente otorgados por las instituciones financieras, cooperativas, asociaciones civiles, de modo de informar a los consumidores y promover la transparencia del mercado.

El Área de Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas, publicará periódicamente comparativos de las tasas de interés implícitas y otros aspectos relevantes en los créditos efectivamente otorgados por los proveedores que financien la venta de sus propios bienes o servicios y del resto de las operaciones no controladas por el Banco Central del Uruguay, incluidas las de prestamistas y comisionistas, de modo de informar a los consumidores y promover la transparencia del mercado. En tal sentido, podrá solicitar a los agentes supervisados, la información necesaria o requerirla de los registros públicos correspondientes.

Los organismos mencionados en los incisos anteriores quedan facultados a solicitar a los agentes supervisados información sobre las tasas de interés implícitas -en términos financieros, tasas internas de retorno- pactadas en operaciones crediticias. Los agentes quedan obligados a brindar esta información, calculando dichas tasas implícitas de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo Metodológico que forma parte de la presente ley.

La reglamentación establecerá las sanciones que podrán ser aplicadas a los agentes supervisados en caso de incumplimiento de su obligación de informar lo solicitado por la autoridad de aplicación correspondiente.

Las publicaciones que se detallan en este artículo y en el anterior se realizarán en el Diario Oficial, en al menos dos diarios de circulación nacional y en los sitios web del Banco Central del Uruguay y del Área de Defensa del Consumidor.

CAPÍTULO IV

Exclusiones a los efectos del cálculo de la tasa de interés

Artículo 14. (Operaciones de crédito realizadas por instituciones financieras).- Para la determinación de la tasa de interés implícita en las operaciones de crédito realizadas por instituciones financieras controladas por el Banco Central del Uruguay (BCU) o por la Auditoría Interna de la Nación, se excluirán los siguientes conceptos:

A) El Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los intereses y otros impuestos que legalmente sean de cargo del cliente.

B) Los gastos fijos en los que se incurra para la concesión y administración del crédito por hasta un monto máximo, por cliente, equivalente a 30 U.I. (treinta unidades indexadas) cuando se trate de operaciones realizadas con instituciones financieras legalmente autorizadas a realizar retenciones sobre el sueldo del deudor o mediante el débito automático en una cuenta bancaria del deudor. No podrán excluirse los gastos fijos por la concesión de un nuevo crédito hasta transcurridos sesenta días de la concesión del crédito anterior, salvo que se tratare de créditos revolventes o de sobregiros en cuentas bancarias, en cuyo caso regirá lo que se establece en el literal C) de este artículo. El importe a descontar se distribuirá de la siguiente forma: hasta 10 U.I. (diez unidades indexadas) por la concesión del crédito y hasta 2 U.I. (dos unidades indexadas) por cuota.

C) Los gastos fijos en los que se incurra para la utilización de créditos "revolventes" o sobregiros en las cuentas bancarias en la que los deudores reciben depósitos por sueldos, jubilaciones o pensiones y otras cuentas a la vista acordados en cuentas a la vista en instituciones financieras legalmente autorizadas, por un monto máximo, por utilización, equivalente a 10 U.I. (diez unidades indexadas).

Cuando el crédito eventual surgiera de un cheque devuelto por falta de fondos cuya cobertura excediera la línea de crédito pactada, la reglamentación podrá exceptuar de los topes de interés establecidos en la presente ley.

D) Los gastos fijos en los que se incurra para la concesión y administración del crédito por hasta un monto máximo, por cliente, equivalente a 120 U.I (ciento veinte unidades indexadas) para los créditos concebidos con otras modalidades de pago. No podrán excluirse los gastos fijos, por la concesión de un nuevo crédito hasta transcurridos sesenta días de la concesión del crédito anterior. El importe a descontar se distribuirá de la siguiente forma. hasta 40 U.I. (cuarenta unidades indexadas) por la concesión del crédito y hasta 8 U.I. (ocho unidades indexadas) por cuota.

E) El cargo anual y los recargos por compras en el exterior en el caso de las tarjetas de crédito, en cuyo caso no será de aplicación lo dispuesto en los literales B) y D). También quedará excluido el costo del envío del estado de cuenta cuando fuera optativo para el tarjetahabiente, hasta un monto máximo que podrá fijar el Banco Central del Uruguay.

F) Las primas de los contratos de seguros, provistos por empresas aseguradoras registradas en el Banco Central del Uruguay, que podrá determinar un tope para las mismas.

G) Comisiones por fondos de garantías otorgados por instituciones públicas (estatales o paraestatales). El Banco Central del Uruguay podrá determinar un tope para las mismas.

H) Gastos derivados por aviso de atraso en el pago de cuotas o de gestión extrajudicial de cobro. El Banco Central del Uruguay, establecerá los montos máximos a deducir.

Artículo 15. (Operaciones de crédito realizadas por el propio proveedor).- Para la determinación de la tasa de interés implícita en las operaciones de crédito originadas en la venta de bienes y servicios no financieros, realizadas por el propio proveedor se excluirán los siguientes conceptos:

A) El Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los intereses.

B) Los gastos fijos en los que se incurra para la concesión y administración del crédito hasta un monto máximo de 60 U.I. (sesenta unidades indexadas). El monto a descontar se distribuirá de la siguiente forma: hasta 20 U.I. (veinte unidades indexadas) por la concesión del crédito y hasta 4 U.I. (cuatro unidades indexadas) por cuota. No podrán excluirse los gastos fijos, por la concesión de un nuevo crédito hasta transcurridos sesenta días de la concesión del crédito anterior.

C) Las primas de los contratos de seguros, provistos por empresas aseguradoras registradas en el Banco Central del Uruguay (BCU), que podrá determinar un tope para las mismas.

D) Comisiones por fondos de garantías otorgados por instituciones públicas (estatales o paraestatales).

La reglamentación determinará los montos máximos a deducir.

Artículo 16. (Operaciones de crédito realizadas por cooperativas y asociaciones civiles).- A los efectos del cómputo de la tasa de interés implícita además de las exclusiones previstas en el artículo 14 de la presente ley, las cooperativas y las asociaciones civiles autorizadas a realizar operaciones de crédito podrán excluir el importe de la cuota social hasta un monto máximo equivalente al 10% del tope fijado para la usura en el artículo 11 de la presente ley. El importe así calculado se corresponde con el total de las cuotas sociales durante la vigencia del crédito. No podrá cobrarse un nuevo importe por este concepto mientras esté vigente una operación por la cual ya se abonan cuotas sociales. Este tope sólo podrá ser superado cuando la asociación civil o la cooperativa acredite ante la Auditoría Interna de la Nación que las prestaciones a las que se accede mediante el pago de la cuota mantiene una razonable equivalencia con el monto de la misma.

Asimismo podrán excluir los aportes de capital debidamente documentados de acuerdo a la normativa vigente.

Artículo 17. (Obligaciones de las cooperativas).- Las disposiciones establecidas en el artículo anterior se aplicarán a las operaciones de crédito realizadas por las cooperativas que cumplan simultáneamente con los siguientes requisitos:

A) Que ningún socio, a título individual o conjuntamente con su grupo familiar (considerándose como tal hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad), fuere titular de más del 10% (diez por ciento) de sus partes sociales. En el caso de socios que constituyan personas jurídicas sin fines de lucro, este porcentaje podrá alcanzar un máximo del 15% (quince por ciento) salvo que se tratare de otra institución cooperativa.

B) Que sus pasivos financieros estén contraidos con instituciones supervisadas por el Banco Central del Uruguay (BCU), con instituciones pertenecientes al movimiento cooperativo nacional o internacional, con el Estado o con organismos financieros multilaterales o bilaterales. La Auditoría Interna de la Nación podrá considerar otras fuentes de financiamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

C) Que celebren regularmente sus asambleas ordinarias, para cuya validez y funcionamiento será siempre necesaria la presencia personal de un porcentaje mínimo de socios que establezca la Auditoría Interna de la Nación.

Artículo 18. (Acreditación ante la Auditoría Interna de la Nación).- A los efectos de la verificación del cumplimiento de estas condiciones, las cooperativas deberán acreditar ante la Auditoría Interna de la Nación el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.

La Auditoría Interna de la Nación comunicará periódicamente al Instituto Técnico Forense, al Área de Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco Central del Uruguay (BCU) la nómina de cooperativas que cumplan con las condiciones exigidas.

CAPÍTULO V

Intereses de mora

Artículo 19. (Multa por mora).- Cuando se configurare mora, los montos que se cobraren por concepto de multa se computarán para el cálculo de la tasa de interés implícita definida en el artículo 10 de la presente ley. No obstante, en los siguientes casos, en lugar de los intereses moratorios se podrán admitir penas por incumplimiento superiores a las que surgen de la aplicación de tasa de interés implícita:

A) Cuando el monto máximo por concepto de mora al que habilite el artículo 11 de la presente ley resulte inferior a 50 U.I. (cincuenta unidades indexadas) podrá estipularse, en lugar de los intereses de mora, las siguientes multas según corresponda:

i) Una multa de hasta 50 U.I. (cincuenta unidades indexadas), a aplicarse por atrasos en el cumplimiento de obligaciones con proveedores de bienes y servicios no financieros que se originen en relaciones de consumo de acuerdo a lo definido en la Ley Nº 17.250, de 11 de agosto de 2000.

ii) Una multa de hasta el importe que resultare menor entre el 50% (cincuenta por ciento) del valor del monto impago y hasta 50 U.I. (cincuenta unidades indexadas), a aplicarse por atrasos en el cumplimiento de obligaciones contraídas con proveedores de servicios financieros.

B) Cuando se tratare de atrasos en el cumplimiento de obligaciones con proveedores de bienes y servicios no financieros que no se originen en relaciones de consumo de acuerdo con lo definido en la referida Ley Nº 17.250, de 11 de agosto de 2000, caso en el que podrá aplicarse la multa estipulada en el contrato.

Artículo 20. (Intereses moratorios devengados en pequeños créditos).- La generación de intereses moratorios, pactados en deudas originadas en negocios jurídicos de préstamos en efectivo y de financiamiento de bienes y servicios, otorgados a personas físicas o jurídicas cuyo capital inicial sea inferior al equivalente de 20.000 U.I. (veinte mil unidades indexadas) sea cual fuere la moneda pactada, caducará de pleno derecho, sin necesidad de acción alguna a cargo del deudor, a los veinticuatro meses contados a partir de la fecha en que cada obligación devenga exigible, salvo que el acreedor hubiese promovido acción judicial en dicho término. A partir de la caducidad referida, se aplicarán sobre la totalidad de las sumas adeudadas, cualquiera sea su naturaleza, únicamente los ajustes e intereses a que refieren los artículos 1º, 2º y 4º del Decreto-Ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976, salvo en el caso de que la tasa de interés pactada fuera inferior a la resultante de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, en cuyo caso se aplicará la tasa pactada.

Esta disposición se aplicará, inclusive a las obligaciones aún no extinguidas a la fecha de vigencia de la presente ley.

Para determinar si el crédito en cuestión está dentro del límite establecido, las sumas que hubieran sido pactadas en moneda extranjera se arbitrarán a dólares estadounidenses convirtiéndose a moneda nacional a la cotización interbancaria (fondo tipo comprador), y aplicándose el valor de la unidad indexada vigente al momento de convenir la obligación.

CAPÍTULO VI

Usura civil y penal

Artículo 21. (Usura civil).- Configurada la usura conforme a lo dispuesto en la presente ley, caducará el derecho a exigir el cobro de intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos de cualquier naturaleza, salvo las costas y costos por el crédito subsistente.

El cobro de las costas y costos no será preceptivo cuando el deudor o su fiador hubieran consignado lo que estimaban adeudar y el magistrado lo considere razonable al resolver la excepción de usura.

Asimismo, deberán descontarse del crédito subsistente a ejecutar, los intereses, compensaciones, comisiones, gastos, u otros cargos de cualquier naturaleza ya cobrados. Los jueces deberán comunicar a la autoridad administrativa competente la identidad del infractor.

Artículo 22. (Usura penal).- El que en una operación de crédito, aprovechando la necesidad, la ligereza o inexperiencia de una persona, le hiciere dar o prometer, para sí o para otros, intereses usurarios, tal como se definen en el artículo 10 de la presente ley, será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.

La misma pena se aplicará:

A) Al que procurare, adquiriere, transfiriere o consiguiere para otro un crédito, cobrando o haciéndose prometer para sí o para otro, una comisión usuraria por su mediación.

B) Al que adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito usurario.

Serán circunstancias agravantes de los delitos, señalados precedentemente:

A) La actividad profesional o habitual como oferente de crédito, prestamista o comisionista.

B) La aceptación o exigencia de recaudos o garantías de carácter extorsivo.

C) La intención de obtener un provecho económico excesivo para sí o para otros.

D) La inclusión como capital de lo que corresponda a intereses u otros cargos.

E) La simulación del préstamo o de las cantidades documentadas bajo una forma jurídica diversa.

Artículo 23. (Excepciones).- Incorpórase a las excepciones previstas por el artículo 108 del Decreto-Ley Nº 14.701, la usura civil, (artículo 21 de la presente ley).

En los casos en que exista usura, ésta será relevada de oficio aplicándose la sanción dispuesta en el artículo 21 de la presente ley.

CAPÍTULO VII

Control y sanciones

Artículo 24. (Autoridad de aplicación).- El control del cumplimiento de las disposiciones de esta ley estará a cargo del Banco Central del Uruguay (BCU) en lo que respecta a las empresas de intermediación financiera (artículos 1º y 2º del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982) y a las demás personas físicas y jurídicas que realicen regularmente operaciones crediticias; el Área de Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas tendrá competencia en lo que respecta al crédito comercial otorgado por proveedores de bienes y servicios no financieros en el marco de relaciones de consumo y en el resto de los casos en general.

Artículo 25. (Sanciones).- Cuando las actuaciones administrativas del Banco Central del Uruguay (BCU) o del Área de Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas -según corresponda de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la presente ley- concluyeran que existieron intereses usurarios, se intimará administrativamente la devolución inmediata a los deudores de la porción pagada que excediera a los montos máximos que surjan de lo establecido en la presente ley. Vencido el plazo de intimación- se hayan devuelto o no los intereses cobrados en exceso-, previa vista, el órgano de aplicación se pronunciará sobre la responsabilidad de autores y otros partícipes, aplicando las sanciones que correspondan.

Las sanciones consistirán en:

A) Apercibimiento.

B) Apercibimiento dando a publicidad la resolución en el sitio web del órgano de aplicación, con su publicación a costa del infractor en dos diarios de circulación nacional.

C) Multa que se determinará entre una cantidad mínima de 10.000 U.I. (diez mil unidades indexadas) y una cantidad máxima por el monto que fuere superior de los siguientes valores:

i) 20:000.000 U.I. (veinte millones de unidades indexadas).

ii) El equivalente a tres veces el monto correspondiente a la porción pagada en exceso a los montos máximos que surjan de lo establecido en la presente ley.

Las sanciones podrán aplicarse independiente o conjuntamente según resulte de las circunstancias del caso. A efectos de su determinación, se tomará en cuenta: la entidad de la infracción; el grado de participación de los responsables; la intencionalidad; la condición de reincidente; y la actitud asumida durante el desarrollo de las actuaciones administrativas. Todo ello sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que correspondieran.

El acto administrativo firme que determina la sanción aplicable, constituirá, en su caso, Título Ejecutivo.

Artículo 26. (Ámbito judicial).- Una vez trabado el embargo y decretada la citación de excepciones de deudores por incumplimiento de obligaciones documentadas en los títulos individualizados en los numerales 3, 4 y 5 del artículo 353 y en los numerales 2 y 3 del artículo 377 del Código General del Proceso, los jueces deberán disponer la remisión de los antecedentes al Instituto Técnico Forense o al órgano que el Poder Judicial determine a fin de que, en el plazo de quince días hábiles, verifique si se persigue el cobro de intereses usurarios, tal como se definen en el artículo 10 (Existencia de intereses usurarios) de la presente ley.

No será preceptiva la remisión de los antecedentes al Instituto Técnico Forense en los siguientes casos:

A) Los títulos cuyo monto nominal original pactado supere el equivalente a 50.000 U.I. (cincuenta mil unidades indexadas).

B) Los cheques bancarios y letras de cambio.

C) Los vales, pagarés y conformes cuyo acreedor sea una institución de intermediación financiera.

En los casos en que exista usura, ésta será relevada de oficio aplicándose la sanción dispuesta en el artículo 21 de la presente ley.

CAPÍTULO VIII

Disposiciones generales

Artículo 27. (Información al fiador).- En las operaciones de crédito por montos de hasta 2.000.000 U.I. (dos millones de unidades indexadas) cualquier incumplimiento del deudor deberá ser comunicado de forma fehaciente al fiador, si lo hubiese, dentro del plazo de 60 (sesenta) días de verificado el mismo. El incumplimiento de esta obligación impedirá toda acción contra el fiador hasta que se acredite haber cumplido con la misma. Si la comunicación se realizara después de transcurridos 60 (sesenta) días hábiles del plazo establecido sólo podrá reclamarse al fiador el pago de interés de mora desde el momento de la comunicación. Se exceptúa del deber de brindar la comunicación referida en la presente disposición, a los fiadores o garantes personales que revistan o hayan revestido en carácter de directores, representantes o administradores de personas jurídicas, por las obligaciones por éstas asumidas.

Artículo 28. (Constancias en el documento de adeudo).- En todo documento de adeudo representativo de operaciones de crédito pactadas a tasas de interés fijas deberá distinguirse, con precisión, la suma que corresponde al capital prestado o financiado de la que corresponde a intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos pactados por cualquier concepto.

En todo documento de adeudo representativo de operaciones de crédito pactadas a tasas de interés variables o tasas de interés fijas revisables periódicamente, se cumplirá con lo dispuesto en el inciso anterior sobre la base de las tasas de interés vigentes al momento de realizarse la operación.

El acreedor deberá entregar copia al deudor de todos los documentos suscritos.

Artículo 29. (Carácter).- La presente ley es de orden público.

Artículo 30. (Vigencia).- Las disposiciones de esta ley se aplicarán a las obligaciones contraídas con posterioridad a su entrada en vigencia, salvo lo previsto en el artículo 20 de la presente ley.

Artículo 31. (Derogaciones).- Deróganse los artículos 7º, 8º, 11 y 15 de la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972, con sus modificativas; el Decreto-Ley Nº 14.887, de 27 de abril de 1979; la Ley Nº 17.471, de 29 de abril de 2002; y la Ley Nº 17.569, de 22 de octubre de 2002.

Sala de la Comisión, 23 de mayo de 2007.

ALFREDO ASTI
Miembro Informante
JORGE GANDINI
CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ
PABLO PÉREZ GONZÁLEZ
IVÁN POSADA
HÉCTOR TAJAM


ANEXO

METODOLÓGICO

DETERMINACIÓN DE LA TASA IMPLÍCITA

DEFINIDA EN EL ARTÍCULO 10

Para la determinación de la tasa implícita a la que hace referencia el artículo 10, en términos financieros TIR o tasa interna de retorno, se define la siguiente fórmula:

donde:

ü D representa los desembolsos del préstamo que recibe el deudor en cada momento del tiempo;

ü G representa los gastos fijos de concesión y administración del crédito que el acreedor puede descontar del cómputo de la tasa de acuerdo al literal b) del artículo 14;

ü P representa todos los pagos que realiza el deudor en cada momento del tiempo;

ü Los subíndices 0, 1, 2,...,n representan los diferentes momentos del tiempo, de forma tal que D0 es el desembolso inicial que recibe el deudor, G0 es la suma de hasta 10 U.I. de gastos fijos de concesión y administración del crédito que el acreedor puede excluir del cómputo de la tasa de interés implícita al momento inicial de conceder el préstamo y P0 es el pago que el deudor hace, si lo hubiere, en el momento de recibir el monto inicial.

ü D1, D2,...,Dn son los sucesivos desembolsos que recibe el deudor, si los hubiere, y P1, P2,...,Pn son los sucesivos pagos que realiza el deudor. G1, G2,...,Gn son los sucesivos gastos fijos de administración del crédito que el acreedor puede excluir del cómputo de la tasa de interés implícita por hasta 2 U.I. por cuota y por un total de 20 U.I.

La tasa implícita o TIR se calcula sobre la base del valor de tal que ambos lados de la ecuación (#1) sean iguales, de forma que la siguiente expresión sea igual a cero:

El valor de i no puede ser despejado directamente de la ecuación (# 2), sino que se debe proceder en forma iterativa sobre la base de un valor inicial. Sin embargo, los software de planillas electrónicas más difundidos (Excel, Lotus, Qpro, etcétera) incluyen funciones para el cálculo automático de la TIR.

Para expresar la tasa hallada en términos de tasa efectiva anual (TEA) debe realizarse la siguiente transformación al valor de i que surge de la ecuación (#2):

(#3) [ (1 + i)T - 1] x 100

donde:

T = 1 si los diferentes momentos del tiempo 0, 1, 2,..n son años;

T = 2 si los diferentes momentos del tiempo 0, 1, 2,...n son semestres;

T = 3 si los diferentes momentos del tiempo 0, 1, 2,...n son cuatrimestres;

T = 4 si los diferentes momentos del tiempo 0, 1, 2,...n son trimestres;

T = 6 si los diferentes momentos del tiempo 0, 1, 2,...n son bimestres;

T = 12 si los diferentes momentos del tiempo 0, 1, 2,...n son meses;

T = 365 si los diferentes momentos del tiempo 0, 1, 2,...n son días.

En los casos en que de acuerdo a la legislación vigente los intereses de la operación financiera estuvieran gravados por el Impuesto al Valor Agregado, u otros impuestos legalmente a cargo del deudor, deberá excluirse el componente de impuestos a los intereses y calcular la TIR correspondiente al flujo de fondos resultante.

Ejemplo

Préstamo a una familia en moneda nacional de $ 3.000 pagadero en diez cuotas mensuales y consecutivas de $ 340. Al momento de recibir el crédito el deudor abona $ 100 por gastos. Se trata de un préstamo donde los intereses no están alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado y en el que, a los efectos del cobro del servicio de la deuda, la institución financiera acreedora tiene el beneficio de la retención legal sobre el sueldo del deudor o del débito automático de las cuotas en una cuenta bancaria del deudor.

Valor de la U.I. el día de la concesión del crédito (8 de setiembre de 2006): 1,5792 pesos (valor que cambia en forma diaria). En este ejemplo, se le otorgó a la U.I. un valor constante en el tiempo, lo que presupone una tasa de inflación cero para el período.

De acuerdo a las definiciones de la fórmula (#1):

D0 = $ 3.000
G0 = $ 15,79 (equivalente a 10 U.I. x 1,5792)
P0 = $ 100

D1 = D2 = D3 = D4 = D5 = D6 = D7 = D8 = D9 = D10 = 0 ya que no se pactaron desembolsos adicionales al inicial recibido en el momento 0.

G1 = G2 = G3 = G4 = G5 = G6 = G7 = G8 = G9 = G10 = $ 3,16 (equivalente a 2 U.I. x 1,5792).

P1 = P2 = P3 = P4 = P5 = P6 = P7 = P8 = P9 = P10 = $ 340 (valor de la cuota mensual pactada, no existiendo pagos por otros conceptos).

El valor de i que cumple con la ecuación (#2) es i = 0,02714.

Para expresar el valor de i en términos de tasa efectiva anual, se usa la fórmula (#3), con T =12 por tratarse de pagos mensuales:

[ (1 + 0,02714)12 -1] x 100 = 37,89%

Resultado: la tasa de interés implícita pactada es 37,89% efectiva anual.

Para determinar la existencia de intereses usurarios la tasa de 37,89% debe ser comparada con la que publique el Banco Central del Uruguay correspondiente a moneda nacional, a plazo menor de un año para familias vigente al momento de haberse otorgado el crédito.

Por tratarse de un capital prestado menor a 2.000.000 U.I. la tasa hallada de 37,89% no podrá superar en más de 60% (1,6 veces) la tasa de referencia publicada por el Banco Central del Uruguay. De modo tal que si el crédito hubiera sido concedido en setiembre de 2006, cuando la tasa media de interés informada por el Banco Central para operaciones de crédito en moneda nacional a las familias a plazo menor de un año era 33,14%, la tasa máxima admitida hubiera sido 33,14% x 1,6 = 53,02%, por lo cual en este ejemplo no se hubiera configurado una violación de la ley de usura.

Línea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.